119 de Nosotros y el papel de la Prensa. Operación Colombo.

A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”
foto Luis Fernando Arellano (Kallejero)
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A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”

22 Julio 2016

Lucía Sepúlveda Ruiz

/ periodismosanador.blogspot.com

Dirigiéndose con voz desgarrada a estudiantes de derecho de la U de Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo, les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años, era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.

El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por Familiares y Amigos de los 119, junto a Actuar Colectivo y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio, los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales. La DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil.

Presentes

Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras. Los estudiantes de derecho aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

“Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política “excéntrico: Disidencias, soberanías, performance” que se desarrolló en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta “Tejiendo memorias” en Londres 38 mientras que la performance del Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.

Los sobrevivientes vieron por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Álamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y desmemoria oficial.

carmen bueno

Se llamaban María

Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López. Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.

Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total, 47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico, o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica, hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.

Justicia en cámara lenta

A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas 44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor desarrollada posteriormente por la DINA junto a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.

Además, hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores, en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros. Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado.

La primera sentencia de la Corte Suprema por estos crímenes fue dictada en 2004, confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17 condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.

colombo

Juicios sin castigo

La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que todo era insólito. Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno – trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores. El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.

El truco de la “Media Prescripción”

Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, aplicó la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

 

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Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, joven estudiante de la USACH.

La justicia ni se asoma por la Bandera, en el caso del dirigente poblacional Gary Olmos Guzmán, ni investiga aun el caso del estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Álamos.

Cartas bajo la manga

Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán), Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Álamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentes Alejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.

Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Águila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.

Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche.

cuadro 1 sentencias a firme

cuadro 2 final

Foto principal: Los 119 en frontis U Chile. A 30 Años. Adriana Goñi.-

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“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

07 DE MARZO DE 2013
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JUAN GONZÁLEZ:

El martes pasado comenzó un histórico juicio en Argentina, que podría revelar nuevos detalles sobre la estrategia coordinada de seis países latinoamericanos, en las décadas de 1970 y 1980, para eliminar disidentes políticos. Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos gobiernos colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.

El plan fue impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet y existe evidencia de que la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger fueron cómplices del mismo desde sus inicios. Al menos 25 generales del ejército están imputados en la causa, y se espera contar con el testimonio de más de 500 personas. En agosto, un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que propio Kissinger sea interrogado. El Gobierno de Obama no respondió.

AMY GOODMAN: Este juicio se está llevando a cabo en Buenos Aires, donde un antiguo taller mecánico fue convertido en un centro de tortura. Argentina es el país donde más personas extranjeras fueron asesinadas en el marco de la Operación Cóndor. Esto está sucediendo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Uruguay derogara una ley que hubiera permitido juicios similares en ese país.

Para ampliar esta información, nos acompaña John Dinges, autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur”, que recopila entrevistas e informes de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos mantenidos en secreto. Antes de eso, Dinges trabajó para la National Public Rario, y como periodista independiente en Latinoamérica. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

John Dinges, bienvenido a Democracy Now!

JOHN DINGES: Encantado de estar aquí. Gracias.

AMY GOODMAN: Háblanos de la importancia de este juicio que está teniendo lugar en Argentina.
JOHN DINGES: Bueno, ya se han hecho varios juicios, y éste se remonta a la detención de Pinochet en Londres, en 1998. Eso desató una avalancha de pruebas, que atravesaron Europa y dieron lugar a juicios en muchos lugares, como Roma, París, Argentina y Chile, pero todos más pequeños que éste. Aquí hay 25 personas acusadas. Por desgracia —o por suerte, quizás— muchas de las personas implicadas en esto ya han muerto, o están muy viejos; muchos de los jefes máximos. Pero aquí hay 25 argentinos y un uruguayo, todos con cargos militares, quienes participaron directamente en las acciones de la Operación Cóndor.

Se trata de algo histórico, ya que vamos a escuchar las declaraciones de 500 testigos. Y no es algo habitual en el sistema jurídico latinoamericano. Esto se está haciendo realmente público ahora que escuchamos los testimonios. Antes sólo declaraban ante los jueces a puertas cerradas, y luego, alguna gente podía llegar a leer esos testimonios, pero no llegaba a ser realmente público. Esta vez es realmente público. Y al parecer, gran parte del juicio está siendo grabado. Así que es la primera vez que toda la población va a poder va a escuchar los detalles de esta serie tan terrible de atrocidades, que tanta gente ha matado.

JUAN GONZÁLEZ: John, para quienes nunca han oído hablar de la Operación Cóndor o saben poco sobre ella, ¿podrías hablarnos sobre sus orígenes? ¿Cómo comenzó, que países o gobiernos la encabezaron?

JOHN DINGES: Bueno, fue una iniciativa chilena. Augusto Pinochet tenía dominada a la oposición. El golpe de Estado fue en 1973, y para 1974 ya no había casi oposición interna. Pero mucha gente que había formado parte del anterior Gobierno, que él había derrocado, se había marchado al extranjero. Un general importante vivía en Argentina. Dirigentes políticos, como por ejemplo Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador en EE. UU. –que era alguien que solía comer con Henry Kissinger- vivía en Washington. Había gente desparramada por diferentes lugares, en Europa y en toda Latinoamérica, y Pinochet quería ir tras ellos. Así que organizó la Operación Cóndor.

Y convenció a los otros países —Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay— para que se sumaran, con el argumento de que existían acciones guerrilleras que los amenazaban a todos conjuntamente. Y de hecho, hubo una organización guerrillera llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por diferentes grupos armados que luchaban contra esos gobiernos. Entonces, la idea de Pinochet era colaborar para perseguir a esta gente. Y así lo hicieron.

La mayor parte de los exiliados chilenos estaban en Argentina, que fue el último país en ver derrocado su gobierno civil. Allí la dictadura militar se inició en marzo de 1976, y el Plan Cóndor se creó a finales de 1975. Así que ya estaban preparados. Y cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, comenzaron a matar a cientos de personas, a estas personas extranjeras. Es interesante que hayas mencionado a Automotores Orletti. Este es el taller mecánico que fue utilizado como centro de tortura, y ahí es donde retenían a los presos de otros países.

AMY GOODMAN: Con Democracy Now! hemos visitado ese taller. Quiero leer parte de un documento desclasificado, un informe de la CIA que muestra que funcionarios estadounidenses sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban ampliando sus redes de acción con la Operación Cóndor. Cito: “Están uniendo fuerzas para erradicar la ‘subversión’ … una palabra que, cada vez más, se refiere a la disidencia no violenta, de parte de la izquierda y centro-izquierda”.

Esto se relaciona con otro documento que tú conseguiste, John Dinges, de la agencia de inteligencia chilena, conocida como DINA. En él se detalla el número de muertos y desaparecidos registrado por la inteligencia argentina. Es un cable enviado por el representante de la DINA en Buenos Aires que dice, cito, que “está enviando una lista de todos los muertos,” que incluía el conteo oficial y extraoficial de muertos. Entre 1975 y mediados de 1978, según él, cito: “suman 22.000 entre muertos y desaparecidos”. Háblanos sobre el número de muertos y qué es lo que sabía EE.UU.

JOHN DINGES: Bueno, vamos primero con Estados Unidos. En este período, los años setenta, Estados Unidos fue un patrocinador importante de las dictaduras militares que derrocaron, en algunos casos a gobiernos democráticos y en otros a gobiernos civiles tambaleantes. Como fuera, el resultado fueron gobiernos como el de Videla, el de Pinochet o el de Banzer en Bolivia, que mataban a sus ciudadanos impunemente. El gobierno de EE. UU. sabía de estos asesinatos masivos. Y mantuvo una actitud esquizofrénica y maquiavélica hacia esta situación. Realmente no querían a los comunistas en el gobierno, y la democracia parecía estar dando lugar a gobiernos comunistas. De hecho, el presidente de izquierda Salvador Allende fue elegido democráticamente, e instaló en Chile un gobierno civil y revolucionario. Y por eso, Pinochet lo derrocó. Estados Unidos tenía pánico ante la posibilidad de que esto se extendiera en Latinoamérica, por lo que apoyó la llegada de las dictaduras.

Cuando comenzaron los asesinatos masivos, EE. UU. sabía que eso estaba sucediendo. Se enteraron de la Operación Cóndor poco después de su creación. No hay pruebas de que supieran de su existencia en el momento en que se creó. Sí hay pruebas de que lo sabían un par de meses después de iniciadas sus operaciones. Pero sin duda tenían conocimiento de que estas cosas estaban sucediendo. Y si nos fijamos en las transcripciones de las reuniones entre Henry Kissinger y estos jefes militares de Argentina y de Chile, de las que tenemos registro, ¿qué es lo que dicen en privado? Algo así como: “Apoyamos lo que están haciendo. Entendemos que tienen que hacer valer su autoridad. Hagan lo posible por liberar algunos presos, porque el Congreso me está presionando mucho, los demócratas están queriendo hacer que yo defienda los derechos humanos. Así que les pido un esfuerzo, pero entiendo lo que están haciendo”.

Y en una ocasión, dos semanas después de que Kissinger visitase Santiago, se realizó la segunda reunión más importante entre todos los países del Cóndor para hablar sobre el plan. Y en esa reunión, en junio de 1976, se aprobaron operaciones de asesinatos fuera de Latinoamérica. Y el primero de estos asesinatos tuvo lugar en Washington DC. Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores chileno, fue asesinado en las calles de Washington.

AMY GOODMAN: Es una historia asombrosa. De hecho, tú has escrito un libro sobre el tema.

JOHN DINGES: En realidad he escrito dos libros. Uno es sobre el asesinato, en el que, por primera vez, incluí un capítulo sobre el descubrimiento de la Operación Cóndor. No tenía muchos detalles. Incluso, en cierta medida, fui mal informado por el Departamento de Estado.

Años más tarde, después de que Pinochet fuese detenido en Londres, hubo una avalancha de documentos, que incluían 60.000 páginas de material, que se hicieron públicos por orden del presidente Clinton. Entonces pude investigar realmente y entender lo sucedido desde el punto de vista de EE. UU. Pero también en Latinoamérica se revelaron muchos documentos. Y creo que eso es aún más importante, porque si sólo tuviéramos documentos estadounidenses, siempre alguien podía decir “bueno, ese es el punto de vista de EE.UU. sobre estos asuntos.” Pero lo que pasaba realmente en esos gobiernos latinoamericanos…

AMY GOODMAN: Explícanos cómo fue que Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, fueron asesinados en las calles de Washington DC, en Estados Unidos, en 1976.

JOHN DINGES: Pinochet inició esta operación poco después de aquella reunión con Kissinger. Menos de un mes después, dio la orden para esto. Enviaron a un agente que hacía varios años trabajaba para la DINA, Michael Townley, que era estadounidense. No creo que fuera casualidad que le encargaran esto a un agente estadounidense, ya que, obviamente, cuando se comenzó a sospechar de ellos, dijeron: “Ah, este tipo trabaja para la CIA“. Y mucha gente está dispuesta a creer que siempre es la CIA quien está detrás de estas cosas. De hecho, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda decían “fue la CIA.” No hay pruebas de que Townley trabajara para la CIA, pero es seguro que trabajaba para los chilenos.

Se juntó con algunos cubanos en Nueva Jersey, cubanos anticastristas, y fueron a Washington. Townley se metió debajo del auto y puso una bomba que él mismo había construido, que se activaba con uno de esos antiguos beepers. Siguieron el auto por la Avenida Massachusetts y en Sheridan Circle, bien cerca de la embajada de Chile, pulsaron el botón y lo mataron. Ronni Moffitt era la esposa de Michael Moffitt, que era asistente de Orlando. Ella iba en el asiento delantero del auto y por eso murió. Michael sobrevivió y Orlando, por supuesto, murió inmediatamente.

AMY GOODMAN: Townley estuvo algunos años en la cárcel. Y entonces…

JOHN DINGES: A Townley lo entregaron los chilenos. La historia de cómo se resolvió este caso es increíble. En general se asumía que en EE. UU. no se iba a investigar el caso muy a fondo. Pero quienes pensaron eso estaban equivocados. El FBI realizó una extensa investigación, resolvió el caso, obtuvo fotos de los implicados. Esa larga historia yo la cuento en el libro. Cuando identificaron a las personas que habían ido a EE. UU. para llevar esto a cabo, fueron a Chile y pidieron la cooperación del Gobierno de Pinochet. Y Pinochet tenía dos opciones: matar a Townley —y hay pruebas de que ese era uno de los planes— o entregarlo. Y finalmente lo entregaron. Lo llevaron a Estados Unidos, y comenzó a declarar. Y ahí hubo otra avalancha de información, que provino de Michael Townley. Él todavía vive en Estados Unidos. Estuvo sólo cinco años en prisión.

AMY GOODMAN: Y ahí entró en el programa de protección de testigos.

JOHN DINGES: Estuvo en protección de testigos por un tiempo. Por lo que sé, ya no lo está. Actualmente vive en la zona centro-oeste de EE.UU. Y bueno, él ha cooperado. No sé si tiene algún remordimiento sobre su pasado, pero ha colaborado con muchas investigaciones desde su encarcelamiento.

JUAN GONZÁLEZ: John, me gustaría preguntarte sobre un personaje fuera de lo común del que hablas en el libro, y sus esfuerzos para poner fin a la Operación Cóndor: Ed Koch, el recientemente fallecido alcalde de Nueva York, que en esa época era un joven congresista demócrata, y empezó a hacer muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, haciendo enojar a nuestro propio gobierno. ¿Podrías hablarnos de eso?

JOHN DINGES: Ed Koch, una figura muy querida en esta ciudad. Realmente, todo el mundo que ha tratado con él ha tenido la misma experiencia. Cuando estaba investigando esta historia, él cooperó gustosamente conmigo. Y vino a la fiesta de lanzamiento de mi libro. Así que también lo quiero. Ed Koch era congresista y fue impulsor de una enmienda a una ley, que permitiera suspender la ayuda militar a Uruguay. Los uruguayos eran parte de la Operación Cóndor. Esto fue en 1976. Y laCIA descubrió eso, creo que lo descubrieron porque los uruguayos lo comentaron frente a ellos, dijeron que iban a convencer a los chilenos para que fueran a Washington a matar a Koch. No sabemos si eso se llegó a poner en marcha. Pero George Bush, que era el jefe de la CIA en aquel momento, llamó a Ed Koch y le dijo —es maravilloso escuchar a Ed Koch contar esta historia— le dijo: “Tengo que contarte algo: Hay un complot para asesinarte”. Ed Koch preguntó si le iban a ofrecer protección. Y ellos dijeron: “No, no. Ese no es nuestro trabajo. Somos la CIA. Sólo te estamos avisando, te toca a ti ocuparte de tu propia seguridad”. Ed Koch no sabía que esto era parte de la Operación Cóndor. Pensaba que era cosa de algún exaltado de la dictadura.

Tiempo después, durante mi investigación pude hablar con una de las personas que participó en esto, uno de los uruguayos. Y sí, fue una típica movida del Plan Cóndor, aunque no llegaron a matar a nadie, por suerte. Pero fue el típico modus operandi. Con el fin de cubrir sus huellas, un país usaba los agentes de otro país para hacer el trabajo sucio, en las operaciones planeadas para fuera de América Latina. Dentro de América Latina, tenían una manera mucho más sistemática y eficaz de funcionamiento. Se perseguía a los disidentes de cada lugar, en cualquier país donde estuvieran, Perú, Brasil, Uruguay y principalmente Argentina. Y ahí la metodología era simple: capturarlos, secuestrarlos, torturarlos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Muy pocas personas han sobrevivido a la Operación Cóndor, casi nadie. Es muy difícil encontrar un sobreviviente.

JUAN GONZÁLEZ: Y aún así, muchos de los líderes de los nuevos gobiernos populistas que hay ahora en América Latina surgieron de algunas de las organizaciones perseguidas por el Cóndor. Especialmente en Uruguay, donde el presidente es un ex Tupamaro. Y en toda la región, esos disidentes son ahora parte del aparato de gobierno de sus países.

JOHN DINGES: Hace dos semanas, estuve en Bolivia y entrevisté a una persona del Ministerio de Comunicaciones, una de las tantísimas personas de pueblos indígenas que forman parte del gobierno de Morales. Y él contó que su padre había estado preso. Había estado exiliado en Chile, y cuando llegó el golpe de Estado fue encarcelado, estuvo siete meses preso, y fue torturado. Y en esa misma oficina hablé con otra persona, que también había participado en la resistencia boliviana en la década de 1980, y antes, su padre había estado involucrado con el grupo que luchaba junto al Che Guevara en 1960.

Estos son revolucionarios, pero son un tipo diferente de revolucionarios. Están igual de comprometidos, creo, pero sin tomar las armas. Creo que se dan cuenta de que esa forma de lucha no se ha llevado a revoluciones triunfantes, entonces me siento muy optimista sobre lo que está pasando con este grupo de gobiernos ahora.

AMY GOODMAN: Por último, hay un cable del Departamento de Estado, de 1978 que, según la cubierta de tu libro, dice: “Kissinger explicó que en su opinión el gobierno argentino había hecho un excelente trabajo en la erradicación de las fuerzas terroristas”. ¿Qué significa que los jueces hayan pedido el testimonio de Kissinger y que el gobierno de Obama no haya respondido?

JOHN DINGES: A Kissinger lo han llamado a declarar muchas veces. En mi libro hablo de una vez en la que sí respondió, creo que era un pedido de Francia. Y básicamente, negó todo. Es algo muy frustrante. Para mí era claro que todo lo que dijo eran mentiras, no hay otra palabra para ello, estaba mintiendo. O sea, los documentos dicen una cosa y Kissinger dijo otra cosa. Y él sabía lo que decían los documentos. En Estados Unidos nunca se ha permitido que un funcionario público sea juzgado en otros países. No somos miembros de la ICC.

AMY GOODMAN: La Corte Penal Internacional (por sus siglas en inglés).

JOHN DINGES: Sí, la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún juicio en el exterior que haya puesto a un estadounidense en el banquillo de los acusados. Hubo un intento en Italia, pero por supuesto, ningún imputado apareció. En Estados Unidos, por uno u otro motivo, tanto los demócratas como los republicanos proteger a nuestros violadores de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Simplemente así se manejan.

AMY GOODMAN: ¿Describirías a Henry Kissinger como un violador de los derechos humanos?

JOHN DINGES: Sí, absolutamente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y cuál es importancia de esta historia de externalizar la lucha contra el terrorismo, de modo de no dejar huellas de la propia participación, en relación con la guerra actual contra el terrorismo en los Estados Unidos?

JOHN DINGES: Bueno, yo estaba escribiendo mi primer capítulo cuando pasó lo del 9/11, en mi casa en Washington. Y en el final del libro, que termina con una referencia al 9/11, digo que esto no es algo que estemos condenados a repetir. Y lo digo haciendo la comparación entre la guerra contra el terrorismo de la década de 1970 y la guerra actual contra el terrorismo, lanzada por el presidente Bush. Pensaba que habíamos aprendido la lección de no copiar los métodos de los enemigos, o de aquellos que han demostrado ser violadores de los derechos humanos. Pero desafortunadamente, creo que hemos hecho eso muchas veces.

La discusión actual sobre el uso de aviones no tripulados me parece aterradora; porque me cuesta distinguir entre lo que fue la Operación Cóndor, con menos tecnología, y lo que es el uso de aviones no tripulados, que básicamente lo que hacen es entrar en otro país, incluso con el permiso de ese país —así era en general también en la Operación Cóndor— perseguir a la gente, y matarla. Ahora bien, la justificación es: “Pero eran criminales. Estaban en combate”. Eso puede o no ser cierto, pero al final quien lo determina es la misma persona que aprieta el gatillo.

Creo que es importante poner esto en discusión. Y tal vez en un juicio como éste, que se remonta a los años 70, la gente dice: “Bueno, así fueron las dictaduras en la década de 1970”. Pero la tendencia del Estado a creer que es válido actuar contra sus enemigos de la manera más eficaz posible se mantiene vigente, y claramente no se limita a las dictaduras.

AMY GOODMAN: Queremos darte las gracias, John Dinges, por haber estado con nosotros. John Dinges es autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur.” Antes de eso, trabajó en la National Public Radio, NPR, y como periodista independiente en América Latina. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Traducido por Javier Pérez. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.


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Los homenajes y recuerdos constituyen una necesidad del presente

Los homenajes y recuerdos constituyen una necesidad del presente

Jaccard1A 40 años del golpe, la abogada Paulina Veloso recuerda la desaparición en Buenos Aires de quien en 1977 era su esposo, el estudiante chileno suizo Alexei Jaccard. Junto con reivindicar el rol que en aquellos años jugaron los militantes de izquierda que arriesgaron sus vidas por recuperar la democracia, Veloso entrega detalles de la investigación judicial que sitúa el asesinato de Jaccard en el cuartel Simón Bolívar de la DINA. Los agentes que lo detuvieron y torturaron no olvidaron nunca al joven de 25 años –los calcetines que pidió, su nariz perfilada–, pero la familia espera más: quiere saber la verdad de lo ocurrido y recuperar sus restos.

El recuerdo y los homenajes que hemos conocido en estos días, lamentablemente, no cambiarán la vida de nuestros muertos, pero sí las nuestras.

Siempre pensé que en nuestra Patria faltaba el momento de poder compartir, más allá de nuestros cercanos, la tragedia vivida en todas sus dimensiones. Sólo cuando los otros, los que estuvieron en la vereda del frente, puedan compartir, en cierta forma, el sentimiento de la pena y el horror, podremos de verdad reconstruirnos en una historia común.

Sólo cuando los otros, los que estuvieron en la vereda del frente, puedan compartir, en cierta forma, el sentimiento de la pena y el horror, podremos de verdad reconstruirnos en una historia común.

Ciertamente, los relatos que hemos escuchado en este último tiempo ayudan a que los familiares y cercanos a las víctimas se reencuentren y se fortalezcan en su dolor y pena acumulada. Ya ese solo hecho es valioso y sanador. Pero también, puede ayudar a que quienes estuvieron en el otro lado de la historia entiendan mejor este asunto humano de pérdidas y sufrimientos, con toda la profundidad posible; y de este modo pudiéremos encontrarnos, no en las ideas políticas e ideologías, sino en aquel sustento común de convicciones actuales de las sociedades democráticas que son el respeto a los derechos humanos. Ello es una necesidad del presente.

En ese propósito, comparto con ustedes este relato de pequeño homenaje a una de las víctimas, Alexei Jaccard, quien el 17 de mayo de 1977, o sea sólo hace 36 años, fue detenido en Buenos Aires, en una operación conjunta de las policías argentina y chilena, permaneciendo desde entonces desaparecido.

Tenía entonces 25 años y estudiaba en la Universidad de Ginebra.

Alexei era un joven idealista, muy fuertemente comprometido con las ideas de igualdad y libertad del ser humano, que amaba a Chile, que le gustaba la vida sencilla, cercana a la naturaleza, y se conmovía profundamente con la música y la poesía. Creía que el ser humano tenía el derecho de forjar su destino. No tenía precisamente un espíritu de suicida, sin embargo siempre fue una persona valiente y generosa, quizás incluso confiaba demasiado en sus propios recursos de sobrevivencia. Esta breve descripción de una muy bella persona en todo su extenso sentido, es la introducción necesaria que explica por qué Alexei, quien gozaba de la tranquila vida de estudiante en la hermosa Ginebra, estuvo dispuesto a participar en una operación peligrosa: en la lucha política clandestina del Partido Comunista, donde militaba, que finalmente lo llevaría a su desaparición.

En aquella época, los militantes de los partidos políticos de izquierda intentaban reorganizarse clandestinamente, mantener viva la organización, la estructura partidaria. Esa fue la primera tarea que asumen los partidos políticos en Chile, desde el mismo septiembre de 1973, en un intento por sobrevivir a la represión y para algún día retomar la senda democrática. En esa época, quienes participaban en dichos actos, extremadamente limitados, tenían una idea de urgencia, de necesidad imperiosa, aunque existía cierta conciencia de las propias limitaciones y claramente masticaban el peligro.

Por muchos años hicimos gestiones políticas y acciones judiciales destinadas a obtener un reconocimiento de la detención de Alexei, pensando que podía ser liberado. Desconocíamos que el exterminio no era sólo una consigna, en verdad se aplicaba sistemáticamente.

La historia aún no ha reconocido todo el valor y la importancia de aquella primera actividad de organización clandestina, que se lleva a cabo desde el año 1973. Ciertamente, sin esos prematuros gestos de oposición no hubiere sido posible la acción posterior que llevó a la organización y acción de los pobladores, de las federaciones de estudiantes, de los sindicatos y organizaciones gremiales; y finalmente a la masificación de los actos de protestas, básicamente producidos en la década del 80; todo lo cual –ya es bueno reconocerlo–  es el sustento material que posibilitó la derrota a la dictadura.

Hablar de Alexei permite recordar la historia de la dictadura en Chile. Pero también, y sobre todo,   valorar y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que se arriesgaron y entregaron su vida, con una enorme convicción y coraje, en aquellos primeros tiempos post dictadura, cuando el silencio y el miedo nos acompañaban cotidianamente.

El régimen de Pinochet tenía muy claro que era muy importante eliminar ese trabajo clandestino prematuro a efectos de destruir la posibilidad de organización de aquellos partidos políticos. De manera que, después de las detenciones masivas del año 1973 que permitieron tener el control político de la situación, generar el miedo masivo y la sumisión consecuente en el conjunto de la población, la represión ya desde 1974 se dirigió básicamente a eliminar las personas y desarticular las organizaciones políticas claves que pudieren liderar la oposición y que en esa época intentaban rearmarse.

En esa persecución atroz, el Partido Comunista perdió casi íntegramente dos directivas nacionales completas. Entre los años 1976 a 1977, fueron detenidos uno a uno los dirigentes. Ahora sabemos que hubo, además, un centro de detenidos de exterminio, destinado sólo a militantes comunistas que participan en esa tarea de organización: el cuartel ubicado en la calle Simón Bolívar, que dirigía el mismo Manuel Contreras. Allí llegó Alexei, desde Buenos Aires, probablemente el mes de mayo de 1977.

Ese año, en medio del caos interno por la pérdida de las cabezas políticas, desde el exilio los dirigentes del Partido Comunista habían programado la instalación de una nueva directiva que se formaría en Buenos Aires. Sin embargo,la instalación de ese equipo fracasó, siendo detenidos y hechos desaparecer todos los que participarían en esa operación, incluido Alexei.

En ese entonces no sabíamos que Alexei devendría en un desaparecido. Teníamos aquella ingenuidad que se produce frente a actos que por su extrema crueldad resultan inimaginables. No conocíamos, como lo sabemos hoy día, los alcances de la política represiva de la “desaparición”. De allí que por muchos años hicimos gestiones políticas y acciones judiciales destinadas a obtener un reconocimiento de la detención de Alexei, pensando que podía ser liberado en algún momento. Desconocíamos que el exterminio no era sólo una consigna, en verdad se aplicaba sistemáticamente.

En ese momento de crueldad e inhumanidad infinita, Alexei apeló a un simple gesto de solidaridad humana. El recuerdo de los calcetines nos ha traído, otra vez, a Alexei a nuestras vidas presentes.

En ese contexto, en Suiza se organizó un grupo de estudiantes, amigos, y profesores de la Universidad de Ginebra, quienes protestaron e hicieron cientos de gestiones dirigidas a los gobiernos de Argentina y Chile para obtener la liberación de Alexei. En esos actos tuvo una participación muy destacada quien era entonces Rector de la Universidad, don Justin Thorends, profesor de derecho quien no podía siquiera imaginar que en pleno siglo XX alguien  pudiere ser detenido y su detención jamás ser reconocida por gobierno alguno, simplemente volatilizarse. Posteriormente, la Universidad de Ginebra decidió que su auditorio de ciencias sociales, en el espléndido edificio que alberga esos estudios, llevare su nombre. Lo mismo decidió, algunos años más tarde,  el consejo municipal de la comuna de Sainte Croix, lugar de origen de su familia.

Por su parte, inmediatamente después de saber la noticia de la detención, entablamos recursos de amparo en Buenos Aires y en Santiago, y posteriormente se interpuso una querella criminal. Todo fue inútil. Fracasaban así las posibilidades que normalmente otorga el derecho.

En verdad la liberación no era posible. Supimos recién ahora por el curso de la investigación judicial que actualmente lleva el ministro de corte Mario Carroza, que Alexei había sido ejecutado, muy probablemente el mismo año 1977, en el cuartel de Simón Bolívar, en Santiago.

Pero sólo ahora, por las actuales investigaciones judiciales, sabemos que Alexei fue traído desde Buenos Aires y llevado al cuartel de Simón Bolívar. Por las declaraciones de los agentes de la policía que trabajaron en ese cuartel, ahora interrogados, hemos sabido que Alexei llegó herido y fue atendido por un médico, cuya identidad desconocemos.  Venía junto a otros dos detenidos. Probablemente son los comunistas Ricardo Ramírez y Héctor Velázquez. Los agentes, todos los cuales están procesados, evitan hablar de las torturas y no se refieren a los detenidos por sus nombres. Pero en sus relatos van identificando a Alexei con una serie de datos que lo hacen inconfundible. Afirman que Alexei, a quien identifican como “el noruego” –seguramente confundiendo Noruega con Suiza–, traía dinero para el Partido Comunista. Incluso refieren la cantidad de dólares precisa que llevaba consigo. Recuerdan que Alexei tenía 25 años, que era alto, dicen –medía 1 metro 83 centímetros–, y tenía un año de casado. Todo lo cual coincide exactamente con la realidad. Además, una agente recuerda que tenía una nariz muy perfilada, lo cual también era cierto. Pero quizás una de las declaraciones más impresionantes para la familia es aquella de una agente que recuerda que Alexei una noche le pidió calcetines porque tenía frío en los pies. Declara que ella se los llevó al día siguiente, sin embargo él ya no estaba en su celda. Según otro agente, Alexei fue eliminado con gas.

Leer en las declaraciones que constan en un expediente judicial que Alexei había pedido calcetines me produjo una emoción muy profunda. Primero, porque ese hecho me lleva a reconocerlo totalmente: Alexei siempre tenía frío en los pies. Reconocí sus palabras pidiendo calcetines. Sin embargo, quizás lo más importante es conocer que incluso en aquellas circunstancias de extremo apremio, soledad y trato cruel, Alexei creyó en la posibilidad de un gesto humano, pedirle a uno de sus carceleros una pequeña ayuda que, además, según nos cuentan, llegó, aunque tarde. Alexei creía infinitamente en la bondad y generosidad espontánea del ser humano. Por ello, en ese momento de crueldad e inhumanidad infinita, Alexei apeló a un simple gesto de solidaridad humana. El recuerdo de los calcetines nos ha traído, otra vez, a Alexei a nuestras vidas presentes.

Llama la atención que a más de 30 años de aquellos hechos, agentes de la policía secreta se acuerden, por ejemplo, de la nariz perfilada de Alexei. Cómo habrán impactado en las vidas y en los recuerdos de aquellos agentes todos esos tenebrosos momentos en que ellos fueron los protagonistas activos del exterminio, que los lleve a acordarse del detalle de la nariz de uno de los tantos detenidos que ellos torturaron. Y cómo ha podido ocurrir que hayan guardado toda esa valiosa información hasta ahora.

Necesitamos imperiosamente como familia, al igual que las otras familias de los detenidos desaparecidos, conocer el detalle de la verdad de lo ocurrido, así como encontrar sus restos.

En fin, es cierto que estos agentes no declararon espontáneamente. Más bien, mientras no se supo de la existencia de este cuartel secreto, pudieron aparentemente mantener una vida normal, insertos en el Chile cotidiano. Sólo porque uno de los agentes habló ante la policía reconociendo este centro de detención, a comienzos del año 2007, instado por una paciente y permanente investigación judicial y policial sobre todos estos hechos, los agentes de ese centro de exterminio fueron arrestados y obligados a declarar. Y fueron uno a uno reconociendo los hechos que ahora hemos ido conociendo. Así se supo que en ese centro de detención se torturó y asesinó a los máximos dirigentes del Partido Comunista. Esta parte de la verdad que ahora aparece nos muestra la importancia de los procesos judiciales en Chile, aún en curso, y la necesidad que ellos se mantengan hasta que la verdad, cuan completa sea posible, se obtenga.

Además de la necesidad histórica para Chile de conocer lo ocurrido en ese centro de detención, necesitamos imperiosamente como familia, al igual que las otras familias de los detenidos desaparecidos, conocer el detalle de la verdad de lo ocurrido, así como encontrar sus restos, tarea a la que está actualmente avocada la investigación. Esa es parte de la verdad a la que aspiramos, que es por lo demás, aún posible de obtener, y que permite confirmar que el problema de los desaparecidos también es un problema del presente.

Ofrecer un homenaje y dar a conocer estos hechos es parte de nuestro compromiso con los nuestros y, ciertamente, con el Chile del futuro.

+A 40 años del golpe contra Salvador Allende

Jaccard: la historia de una de las 22 víctimas chilenas del Plan Cóndor

Alexei Vladimir Jaccard Siegler fue secuestrado en la Argentina en 1977. Su caso es uno de los más emblemáticos de las 22 víctimas chilenas cuya desaparición o muerte está siendo investigada en el juicio del Plan Cóndor que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.

  • Jaccard había venido a la Argentina con plata para financiar al Partido Comunista chileno.

Por: Laureano Barrera y Franco Lucatini

El 16 de mayo de 1977, Alexei Vladimir Jaccard Siegler pisó el aeropuerto de Ezeiza con 20.000 dólares en la valija para financiar al Partido Comunista chileno. Era la escala obligada de un viaje desde Suiza hasta su país natal, pero desconocía que los servicios de inteligencia de ambos países le pisaban los talones y que nunca llegaría a cruzar la Cordillera de los Andes. Fue secuestrado por la Policía Federal el día siguiente en el Hotel Bristol de Buenos Aires, junto a dos camaradas del PC chileno: Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, el encargado de organización y finanzas en Buenos Aires, y Héctor Heraldo Velásquez Mardones. Junto a los comunistas chilenos, cayeron cinco argentinos que componían el Comité de Solidaridad con Chile en Argentina y los iban a alojar en su paso por la capital. Desde ese día, los ocho continúan desaparecidos.

Jaccard era chileno suizo. La embajada suiza en Argentina pidió a las autoridades argentinas que investigara su paradero. La Federal y la empresa aérea informaron que Jaccard había abordado el vuelo n° 630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino nro. 6.701.432, con destino a Santiago de Chile el día 26 de mayo de 1977. Pero no era cierto. Según la investigación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que en 1992 elaboró el Informe Rettig –un correlato del Nunca Más de la CONADEP argentina-, Jaccard fue detenido por la Policía Federal y trasladado a la ESMA.

Ahora, se intentará corroborar en el megajuicio sobre el Plan Cóndor que comenzó en marzo pasado ante el Tribunal Oral Federal Nº 1.

El fiscal del juicio, Pablo Ouviña, contó a Infojus Noticias que “ante la presión suiza, se montó toda una parodia haciendo circular su DNI por el mundo para justificar que había viajado”. Lo mismo sucedió con Ricardo Ramírez: cuando la Cancillería argentina le requirió información a la Policía Internacional de Chile, se dijo que Ramírez había realizado varios viajes en el exterior entre 1977 y 1983, aunque de eso no hay constancias.

El Cóndor al banquillo

El caso de Jaccard es uno de los más emblemáticos de las veintidós víctimas chilenas cuya desaparición o muerte está siendo investigada en el juicio del Plan Cóndor que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. En los 22 secuestros de chilenos en Argentina, juega un rol crucial la conexión entre los servicios secretos argentinos y la DINA chilena, y el intercambio de información confidencial entre las fuerzas armadas de ambos países.

El juicio recorre el cautiverio y las torturas de 106 argentinos, chilenos, brasileros, uruguayos, paraguayos y bolivianos. La instrucción se realizó en tres etapas, a partir de investigaciones en 2008, 2011 y 2012, que fueron elevándose paulatinamente al juicio que hoy se sustancia en el Tribunal Oral Federal Nº 1. Se busca probar no sólo los crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad de los veintidós imputados, sino que hubo una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.

Justicia trasandina

En Chile, el panorama de juzgamiento de los delitos contra la humanidad ha tenido sus bemoles, más allá de la sensación de impunidad que se derrama de las expresiones de Sebastián Piñera, su jefe de Estado. Sin embargo, hasta 2011 habían sido condenadas más de trescientas personas por violaciones a los derechos humanos. De todas ellas, setenta estaban cumpliendo su condena.

En 2001 se nombraron jueces especiales de primera instancia para impulsar estas investigaciones, que desde 1998 no han parado de aumentar. En Argentina, la Causa 13 – el Juicio a las Juntas- se convirtió en el primer juicio por delitos cometidos por las dictaduras del Cono Sur. En Chile, las causas avanzan, aunque como en todo el continente, a paso cansino.

En octubre de 1998, el entonces juez español Baltasar Garzón aplicó la figura jurídica de la “competencia universal” ante delitos contra la humanidad y ordenó que Augusto Pinochet fuese procesado por los crímenes cometidos bajo su gobierno. Pinochet se encontraba en Londres, y las autoridades británicas debatieron su extradición. Tras seis días de haber sido enviada la orden del magistrado, las autoridades británicas procedieron al arresto domiciliario de Pinochet, que se mantuvo hasta marzo de 2000, cuando “por razones humanitarias” fue autorizado a regresar a Chile.

Murió en diciembre de 2006. Impune.

“Padre,Es posible que algún día te denuncie”……..Hijo de represor argentino

“Padre,Es posible que algún día te denuncie”……..Hijo de represor argentino
Será ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal nº 1 , Córdoba

Promesa de un hijo a un padre represor: “Es posible que algún día te denuncie”

Luis Alberto Cayetano Quijano falleció mientras era juzgado por los delitos cometidos durante la represión ilegal en Córdoba.

  • Fotos: Leo Vaca.

Por: Laureano Barrera

El represor Luis Alberto Cayetano Quijano murió la mañana del sábado 2 de mayo, en una casa donde cumplía prisión preventiva. Luis Alberto Quijano recibió la noticia de una de sus dos hijas, que lo vio en Facebook y lo llamó por teléfono. “¿Sabías que murió el abuelo?”, preguntó. Quijano hijo dice que no sintió nada, ni bueno ni malo. Esa noche encendió una vela y rezó “para que Dios se apiade de su alma”.

Quijano estaba siendo juzgado por 158 privaciones ilegítimas de la libertad agravadas, 154 imposiciones de tormentos agravados, 98 homicidios calificados, 5 imposiciones de tormentos seguidas de muerte y la sustracción de un menor de 10 años durante la represión ilegal en Córdoba. Mañana miércoles Quijano hijo declarará ante el Tribunal Oral en lo Criminal Federal Nº 1  de Córdoba para contar su versión de la historia.

Antes de declarar, Quijano contó a Infojus Noticias cómo fueron algunos de aquellos días junto a su padre: cuando lo obligaba a destruir la documentación de los secuestros en el Destacamento de Inteligencia donde era segundo jefe, a escuchar grabaciones de sesiones de tortura, o a esperarlo armado por las noches a que volviera de los operativos. Una imagen todavía lo persigue en sus pesadillas: cuarenta hombres y mujeres desnudos, vendados y con las manos atadas, tirados en colchones de tropa en la cuadra de La Perla.

Quijano habla a borbotones, saltando de un tema al otro, intercalando objetos, fotos y documentos. Como si el acto de enunciarlo pudiera atenuar su residuo tóxico.

“La casa que compró mi padre con la plata robada en la dictadura”

Vive en un barrio de Villa Carlos Paz, Córdoba. Entre las casas serranas se destaca una amplia y blanca, con ángulos abruptos, pisos en desnivel y ventanales enormes, construida sobre la pendiente de la sierra.

—Esa— dice Quijano- es la casa que compró mi padre con la plata robada en la dictadura.

La insistencia de su madre y dos balazos anónimos que entraron por la ventana una mañana de 2013 —uno perforó el colchón donde dormía—, lo convencieron de irse. En el terreno de al lado, que alguna vez fue el patio de la casa blanca, Luis Quijano hijo construyó la suya. Sobria, con dos plantas de ladrillo a la vista, menos pretenciosa que la que había habitado con su familia.

—Mi padre siempre fue un neurótico, de reacciones excesivas. Mi infancia fueron palizas y golpes. Y la adolescencia lo mismo.

Quijano hijo nació en 1961 en Las Palmas, un paraje en el corazón de Chaco, y su infancia fue un peregrinaje incierto detrás de los destinos militares de su padre. En 1964, Buenos Aires. En 1970, Escuadrón 18, Las Lomitas, Formosa. En 1971, Córdoba. Dos años después, Buenos Aires otra vez. En 1975, Córdoba era un hervidero y operaba el Comando Libertaores de America las la Triple A Cordobesa, Quijano pidió el pase ahí para combatir a la “subversión”. En 1976, después del Golpe de Estado, fue asignado al Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército. “Lo pidió Menéndez, porque él tenía muchos compañeros de Inteligencia que lo recomendaron”.

Con el tiempo me he dado cuenta que de chico era autista. Vivía tal infierno con mi padre, tanta cagada a palos, que me encerraba en mi propio mundo.

Un día sus padres discutían. Quijano era un chico de cinco o seis años y siguió la pelea con miedo, desde un rincón. Cuando el padre pasó al lado suyo, le pegó una patada en el estómago que lo dejó sin aire.

—Vos arruinaste mi matrimonio— le dijo.

Tanto tiempo después, Quijano sigue sin comprender esa agresión.

—Mi madre y mi padre siempre discutieron mucho, pero ella estaba muy cómoda porque era la mujer de un milico. Después se hizo la víctima y una vez, delante de su actual pareja, dijo que no sabía que mi padre salía a hacer procedimientos. Que creía que hacía guardias en Gendarmería. Yo le pregunté ‘¿y cuándo traía los fajos de guita y los dejaba sobre la cama, alhajas, tapados de piel, televisores? ¿Eso también era de las guardias de Gendarmería?’

“No tienen que dejar a ninguno vivo”

Según Quijano hijo, Martha Celia Foukal integraba una “comisión” junto a las esposas del “Sordo” Jorge Exequiel Acosta y del difunto segundo jefe del Destacamento, Hermes Rodríguez, que compraba algodón para las secuestradas de La Perla. Una noche, después de la cena, Quijano padre contó que su camarada Arnaldo “Chuby” López, se había puesto en pareja con una secuestrada. Su esposa se escandalizó.

No tienen que dejar a ninguno vivo. Los van a denunciar— presagió.

Ahora, Quijano hijo no duda en llamarla cómplice. “Ella administró la guita que se robó mi viejo. Primero hicieron una casa en Tanti, y en el año ’80, con parte de la plata que se había afanado mi viejo –tenían monedas de oro y dólares- compraron la casa de acá al lado”. Quijano dice que habló del botín de guerra durante la instrucción, y asegura que ahora volverá a hacerlo ante el Tribunal Oral.

Trabajar con el padre

En 1976, Quijano hijo tenía 15 años y se hizo amigo de un joven del gimnasio que hacía karate. Unos días más tarde, su padre llegó con una foto del joven. Al dorso tenía el nombre “Kent” escrito en lápiz.

Sos un pelotudo, es del ERP. Ahora te van a secuestrar a vos para extorsionarme a mí.

A partir de ese día, lo obligó a trabajar en el Destacamento de Inteligencia 141. Era su primer empleo y nunca cobró un sueldo. Pasaba jornadas enteras picando pasaportes, títulos universitarios, partidas de nacimiento de familias secuestradas y desaparecidas. También se planificaban asesinatos, bombardeos y secuestros.

—Habían hecho hacer pozos atrás de la Brigada. Los llevaban, los mataban y los enterraban.

—¿En la Brigada dónde?

—En todo el predio del Cuerpo de Ejército. El trayecto del camino de Córdoba hasta Carlos Paz, incluso hasta el lago, es todo terreno de los militares. Es un campo inmenso. Después, cuando llegó la época de la democracia, sé por mi padre que trajeron unas máquinas no sé de dónde, desenterraban todo lo que había y lo molían. Me dijo ‘no van a encontrar nunca nada, ahí’. Año ochenta y pico.

En el Destacamento, el hijo solía ver al padre -uno de los segundos jefes-, a Hermes Rodríguez –el otro-, al “Sordo” Acosta, al “Negrito” Pereyra. “Había tipos que casi no estaban: Palito Romero, el “Chuby” López, “Tejerina” Texas. Ellos eran torturadores”.

—Desde chico había armas en casa y yo jugaba con ellas. Sabía que era un arma cargada, descargada. Aprendí a tirar sólo. A los catorce o quince años yo armaba y desarmaba una pistola como nada, y andaba siempre armado con una 45. En el auto iba con una escopeta.

Cuatro visitas a La Perla

En cuatro ocasiones, entre julio y noviembre de 1976, Quijano padre hizo que su hijo lo acompañara al centro clandestino más grande de Córdoba. La primera vez dejó el auto estacionado cerca del puesto de guardia de Gendarmería (era la fuerza que vigilaba el perímetro del predio). Bajó y habló con los gendarmes. La segunda llegaron hasta la parte de atrás con el auto, donde había un garaje. Quijano padre hizo bajar al hijo, que ahí vio un cuarto con una cama metálica y una mesa. “Recuerdo el olor fétido que salía de ese lugar. Como a pañal cagado. Después supe que en ese lugar era donde interrogaban gente”.

Al lado había un galpón enorme lleno de coches y muebles: televisores, combinados. Quijano padre sacó un paquete envuelto en una manta y atado con un cable, y le pidió que lo guardara en el baúl. Nunca supo qué era.

La tercera vez fue inolvidable. La relata mecánicamente, como las melodías de las cajitas musicales.

Entré a una galería que recorrimos. Había gente en el destacamento. Fuimos a una especie de hall donde había un par de oficinas, una mesa con un tipo sentado que se paró y se puso a hablar con mi viejo. Creo que era el “Chuby”. Ahí estaba la cuadra. En un momento miro, adentro de la cuadra y estaban las colchonetas, los colchones de tropa, y la gente arriba: envueltos con vendas, atados de pies y manos. De algunos se notaba que estaban desnudos y tapados con una frazada. Yo estaba mirando hasta que mi viejo me dijo : “dejá de mirar, pelotudo”.

La cuarta vez se metió caminando. Llegó a un pasillo largo, antes de entrar a la cuadra y a las oficinas. Su padre hablaba con el “Sordo” Acosta.

El último encuentro

En 1983, Quijano hijo se fue a estudiar a la Escuela de Gendarmería, en Buenos Aires. El resto de su familia –Quijano padre, Foukal, su hermana menor- vivían en la casa blanca de Carlos Paz que habían comprado en 1982 y restaurado después. Fue una forma de alejarse de ellos, intentar olvidar su trágica historia. En 1995 pidió la baja en la fuerza y viajó a Europa, donde trabajó en albañilería y conoció a una joven bielorrusa, hija de un teniente coronel soviético, su actual esposa.

En 2007 vinieron de visita y Quijano hijo vio a Quijano padre por última vez. Preso desde 2004 por los crímenes del pasado, discutieron por una escopeta que tenía en su prisión domiciliaria.

Es posible que algún día te denuncie. Yo sufrí mucho por culpa tuya. En aquél momento yo buscaba tu aprobación y mirá lo que me hiciste hacer— le dijo.

Su padre, viejo e imperturbable, lo desafió a que lo hiciera.

—Yo sé que nunca me quisiste –dijo el hijo-. Pero yo en este momento ya tampoco te quiero a vos—, le dijo.

Le juró que era la última vez que le veía la cara.

Cumplió esa parte.

SH/MEL

Que esta historia, la historia del trosko Fuentes, no quede en el olvido. Entrevista a su hermana Sonia

Que esta historia, la historia del trosko Fuentes, no quede en el olvido. Entrevista a su hermana Sonia

Entrevista a Fondo a Sonia Fuentes, hermana del “trosko Fuentes”

http://www.laizquierdadiario.com/Entrevista-a-Fondo-a-Sonia-Fuentes-hermana-del-trosco-fuentes

Entrevista a Fondo a Sonia Fuentes, hermana del “trosko Fuentes”

Ángela Gallardo Suárez
Periodista, Universidad de Santiago de Chile

Entrevista a Fondo a Sonia Fuentes, hermana del “trosko Fuentes”

Ana Lopez
@analopezd Historiadora

Entrevista a Fondo a Sonia Fuentes, hermana del “trosko Fuentes”

Nicolás Carvajal
Reportero LID Chile

Hablar con Sonia es hablar con alguien llena de vida, de risas, también de alegría y de tristeza. Nos preguntó varias veces cómo se veía en cámara y nos pidió que esta historia, la historia del trosko Fuentes, no quede en el olvido.

Es la primera vez que Sonia habla de su hermano, la primera vez que comparte los recuerdos sobre su niñez y adolescencia, sobre sus padres y familiares. La historia que nos cuenta Sonia es la que ella vivió junto a Jorge, como se llamaba su hermano, pero a quién todos conocían como el trosko Fuentes. También es la historia de los testigos que lo vieron en diferentes campos de concentración, de quiénes escucharon sus canciones en Villa Grimaldi, también de quiénes distinguieron su cuerpo lastimado y supieron de la tortura y el ensañamiento que los militares tuvieron con él. La historia de Jorge es también la historia de los miles de detenidos desaparecidos que dejó la dictadura de Pinochet y sus colaboradores.

Presentamos en esta primera parte los recuerdos de Sonia sobre los primeros años de la vida de Jorge, quién nació en 1948, de su preocupación por los trabajadores y los pobres; “siempre tuvo la preocupación de porque en este mundo había gente tan pobre y porque los gobiernos… no se ocupaba más de ellos”, de su interés y motivación por luchar por una sociedad distinta.

Jorge militó en las Juventudes Comunistas, según recuerda Sonia y más tarde en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria, al que conoció estudiando en la Universidad en Concepción, donde también fue dirigente. A Jorge se lo conoció como el “trosko Fuentes”, por su simpatía con el pensamiento de León Trotsky.

Recordemos que el MIR se fundó a partir de la fusión entre el grupo trotskista que dirigía Luis Vitale y Humberto Valenzuela (Partido Obrero Revolucionario, luego Partido Socialista Popular), con Vanguardia Revolucionaria Marxista, dirigida por Miguel Enríquez y el Movimiento 3 de Noviembre de Clotario Blest. El grupo de Valenzuela y Vitale será posteriormente expulsado del MIR, a medida que la política y la fracción de Miguel Enríquez asumían la hegemonía del MIR, que terminó actuando entre el distanciamiento y el apoyo crítico a la Unidad Popular.

El trosko Fuentes estuvo relacionado con el trabajo sindical y campesino del MIR, Sonia recuerda sus viajes a Lota, para trabajar con los mineros y también su vuelco a los Cordones Industriales, en el norte del país, lugar donde lo encontró el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.

Los Cordones Industriales fueron organismos que surgieron a mediados de 1972 y se consolidaron producto del paro patronal de octubre de ese año, al que los trabajadores enfrentaron con la coordinación territorial y política entre las fábricas de diferentes sectores, dando origen a los Cordones Cerrillos Maipú, Vicuña Mackena, San Joaquín y otros. El MIR, si bien tuvo un incipiente trabajo en los Cordones Industriales, en realidad impulsaba la formación de Comandos Comunales, a los que los Cordones debían integrarse.


El “problema” que rodea a las asociaciones de derechos humanos: “hallar los huesos de los detenidos desaparecidos”

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14/09/2014 |Por Mario López Moya

La difícil tarea de encontrar los restos de detenidos desaparecidos, se debe a una política expresa de la dictadura destinada causar dolor a las familias y dificultar la identificación. A pesar de ello, las familias de las víctimas han encontrado las formas de obtener del estado democrático un apoyo en la búsqueda de verdad y justicia

Patricio Bustos es, sin dudas, un personaje especial. Mientras estudiaba medicina en Concepción y militaba en el MIR., lo sorprendió el Golpe de Estado. Si bien en una primera etapa logró salvar ileso, luego fue detenido y pasó “por 7 lugares de horror: Villa Grimaldi, Clínica Santa Lucía, Cuatro Álamos, Tres Álamos, Puchuncaví, Silva Palma y el lugar donde me operaron”, recuerda.
Llama la atención entre otras cosas su estilo pausado, íntegro, sereno y con mirada de futuro. “Estoy renovado -señala-, aunque nunca tanto”. Lleva ya 7 años al frente del Servicio Médico Legal (SML), donde ha debido enfrentar gobiernos de distinta visión. Fue designado por la Presidenta Bachelet en su primer mandato y ratificado luego por el expresidente Piñera y nuevamente por Bachelet, en su segundo mandato.
Ha sido un importante aporte (vital, reconoce una fuente de los familiares de víctimas de la dictadura) en la causa de encontrar e identificar restos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero no puede dejarse de lado que él, junto a su mujer, también fueron víctimas de la represión. En un diálogo sincero, no exento de emoción, por instantes, habló con Cambio21 y nos dio, en un mes tan simbólico en la causa de los derechos humanos, una visión distinta, una mirada que vale la pena conocer.
Un proceso lento
“No ha sido un problema de medios, no me quejo -señala-, pero sí hay que tener en cuenta varios elementos para entender por qué es lento el proceso, más de lo que uno quisiera. Los hechos ocurrieron hace 41 años. En ese periodo comenzaron los secuestros, los crímenes, las torturas”.
“¿Qué hace la dictadura cuando se encuentran los Hornos de Lonquén? -se pregunta-, la dictadura, de puño y letra, promueve el ‘retiro de televisores’, que no es otra cosa que la exhumación y el ocultamiento de los restos”.
Las trabas
“Recuerdo que cuando en esta oficina, al lado nuestro -indica el doctor Bustos-, un ministro al entregar una identificación (de restos), dijo ‘aquí estamos quebrándole la mano, a la acción de encubrimiento más grande de la historia de Chile, la operación ‘retiro de televisores’“.
“Otro caso -señala-, es la Operación Cóndor, o el tráfico de detenidos implementado por las dictaduras de América Latina. No puedo dejar de recordar el caso de Jorge Fuentes Alarcón, con quien estuve y fue secuestrado en Paraguay y luego llegó a Argentina… y lo encontré más tarde en Villa Grimaldi en septiembre de 1975 y luego desaparece en enero de 1976″.
“Las dificultades para dar con los detenidos desaparecidos, es aquello que nos impide identificarlos. No es un tema de genética ni de antropología ni de tanatología, es un tema de historia de Chile y tiene que ver con la acción de encubrimiento más grande, que no es obra solo de la dictadura cívico-militar, como estructura, es parte de todos aquellos que pudieron hacer algo y no lo hicieron”, manifiesta.
Los familiares
“Nuestro tema no es de dónde sacar ADN, el tema es encontrar los huesos. Los avances que nosotros tenemos se deben a los familiares, tanto de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados Políticos, de las mujeres de Calama, que recorrieron el desierto buscando las osamentas, de quienes dieron la lucha en Chihuío, en Paine, en Lonquén, en el Patio 29, en fin”.
“Ellos han sido la fortaleza ética que ha permitido que en Chile las agrupaciones de familiares de víctimas interpelen al estado democrático, para que responda por lo que hizo el estado terrorista. Las dificultades entonces no están ni en la técnica ni en la ciencia. Los recursos de que disponemos son los adecuados para hacer nuestra labor de avanzar en el proceso de identificación de víctimas”.
Los errores
Fuerte resultó en su momento tener que decirle a un familiar cuyos restos habían sido “identificados”, que hubo un error en eso. Que pertenecían a otra persona. Por eso el rol que han jugado las agrupaciones de familiares de víctimas ha sido vital para el doctor Bustos.
“Los errores en identificación de restos de detenidos desaparecidos se produce porque, por un lado las técnicas disponibles en su momento, no tenían la precisión de que disponemos hoy día, por otro lado, hay que recordar que en octubre de 1973 el SML se encontraba intervenido por un delegado militar. Tampoco puede olvidarse que al salir el dictador se nos entregaron todos los servicios públicos desmantelados y el SML no fue la excepción”, asegura.
“Hemos identificado más de la mitad de los 124 esqueletos chilenos del patio 29, entre ellos dos extranjeros, sin embargo no nos sentimos contentos, si bien estamos tranquilos en lo que estamos haciendo el día de hoy pues lo que estamos haciendo es en base a la genética, que es certera científicamente”.
Los dinamitaron, quemaron, ocultaron
“Cuando teníamos condiciones favorables, como datos de las familias, cuerpos completos, etc., que permitieran identificar personas, pudimos hacerlo mediante otros métodos que no eran los genéticos, y hay casos en que están muy bien hechos. Eso sucedió con ejecutados políticos en general. Pero no hay que olvidar que en el caso de los detenidos desaparecidos en particular, hubo grandes dificultades debido a los ocultamientos de restos, a que los enterraron de más de uno ‘para ahorrar’, como señaló el dictador”.
“Nosotros estamos enfrentando un problema de degradación de ADN, pues los cuerpos fueron trasladados, ocultados una y otra vez, dinamitados, expuestos al sol del desierto, enterrados quemados, etc.”, manifiesta Bustos.
“No busques más, lo encontramos”
“Decirle a un familiar, éste es tu ser querido que estabas buscando, lo describo como un momento de tranquilidad respecto a la certeza, porque humanamente, no solo como valor, sino que más todavía, cuando uno representa una institución de este tipo, se tiene que trabajar con la verdad y decir… estoy en condiciones de hacer este proceso y quizás obtener un resultado, pero nunca asegurar un resultado antes de tener la certeza científica, esa es la tranquilidad que uno le transmite a las personas”.
“Para los familiares el dolor de la pérdida se ratifica y se abre un proceso no solo de duelo, sino que se abren mayores posibilidades de aplicar justicia y uno espera que ello suceda”, reflexiona Bustos.

todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río

Plan Cóndor: duro testimonio de una sobreviviente

Por Julio Algañaraz

La viuda de un desaparecido italouruguayo declaró, vía teleconferencia desde el consulado argentino en Roma, en el juicio que se lleva a cabo por la Operación Cóndor.

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Cristina Mihura con la foto de Bernardo Arnone, frente al consulado argentino en Roma donde presto declaración por Operación Condor en video conferencia con magistrados Baires. (Víctor Sokolowicz)

Roma, corresponsal – 27/11/13 – 08:41

Cristina Mihura, viuda de undesaparecido italouruguayo, reclamó justicia en el juicio por la Operación Cóndor ante los magistrados argentinos que ayer la interrogaron por teleconferencia en el consulado de nuestro país en Roma, donde ella reside.

La tristemente célebre Operación Cóndor, que unió en la máquina de secuestrar, torturar y asesinar a cientos de latinoamericanos por parte las dictaduras militares asociadas en una feroz represión en los años setenta y ochenta, tuvo un escenario central en Argentina, un garage llamado Automotores Orletti.

Entre el 23 de setiembre y el 4 de octubre de 1976, 26 uruguayos que se habían exiliado en Buenos Aires fueron apresados. Veintitres eran adultos y tres niños, dos de los cuales fueron después hallados en Chile y el tercero en laArgentina.

Solo aparecieron los restos de tres de los 26 desaparecidos uruguayos. Bernardo Arnone fue secuestrado en la calle el 1 de octubre de 1976.

Cristina Mihura logró salvarse y llegar a Suecia. En abril de 1977 inició la campaña internacional, que continúa hasta hoy. Escribió a la Acnur, un organismo de las Naciones Unidas, iniciando una lucha épica para obtener la verdad de la desaparición de su marido, Bernardo Arnone, y la recuperación de sus restos, hasta ahora sin resultado.

Mihura continúa su batalla por la justicia que amplía a todos los desaparecidos uruguayos durante la dictadura.

“Después de tantas querellas judiciales –dice- todavía no sé si está en Argentina, si se lo llevaron a Uruguay o lo tiraron al río. Quiero saber que pasó. Losmilitares lo saben pero ni siquiera anónimamente nos dicen algo. Es un revanchismo feroz. Yo quisiera que así como la justicia argentina ha investigado brillantemente algunos casos, también lo hiciera lajusticia de Uruguay”

Durante más de dos horas Mihura fue interrogada y escuchada por los fiscales argentinos Pablo Ouviña y Mercedes Moguilansky. Cristina dió muchos detalles e información, ya que es una de las principales promotoras, desde hace una década, de otro proceso Cóndor, que intenta llevar a cabo la fiscalía italiana de Roma contra los militares y civiles de Uruguay, Chile, Boilivia y Perú.

La viuda de Bernardo Arnone se mostró muy agradecida y emocionada con la labor de los magistrados argentinos. “Lamento que haya pasado tanto tiempo, porque de muchas cosas me olvidé. Pero es la primera vez que me dejan decir todo lo que sé o he sabido. A los fiscales les trasmití el clima de absoluto terror en que vivíamos”.

 

 

La Dictadura en el Cine. La generación de los Hijos.

http://www.memoriaabierta.org.ar/ladictaduraenelcine/index.html

A mediados de los 90, los hijos aparecen en la escena cinematográfica con sus propias demandas e interpretaciones sobre lo acontecido a sus padres en los 70, asumiendo el protagonismo, y en muchos casos también la dirección, de documentales y ficciones.

Argenmex, exiliados hijos(2007)

Argenmex. 20 años. La historia ésta (1996)

Botín de guerra(1999)

Buenos Aires viceversa (1996)

Cautiva (2003)

Che vo cachai(2003)

Ciudad del sol(2001)

Cordero de Dios(2008)

Das Lied in Mir(2010)

De l´ Argentine(1986)

Desembarcos(1988)

Destino final (2008)

Diario argentino(2006)

El despertar de L.(2000)

El nombre de las flores (2008)

En memoria de los pájaros (200

IPPDH MERCOSUR En la web se podrá acceder a documentos del Plan Condor

En la web se podrá acceder a documentos del Plan Condor

Lunes 12 De Agosto 2013
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dictadoresMediante una guía online, se disponen de una “potente” herramienta de consulta de fácil acceso para conocer y estudiar las operaciones militares en la región en la decada del ’70 contra disidentes políticos a quienes se secuestró y asesinó en centros de tortura.

Por INFOnews

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH), lanzó la primera guía de archivos y fondos Documentales sobre las violaciones en el Cono Sur, en particular los realizados en el marco de la llamada Operación Cóndor.

La guía se convierte así en una potente herramienta que permite acceder a documentos útiles para la investigación -judicial y administrativa-, estudio e interpretación de las violaciones de los derechos humanos en Latinoamerica.

 ¿Cómo funciona la Guía?

Se prevén dos modos de acceso.Por un lado, ingresando al apartado Búsqueda de archivos y fondos documentales, se pueden realizar búsquedas a partir de filtros por país, por institución depositaria, y por fondo documental.

Desde esta misma sección, también se puede ingresar directamente a la normativa que regula el acceso a los distintos fondos

Por otro lado, entrando directamente a la Guía, se puede ingresar a la base de datos, donde el menú ofrece la posibilidad de acceder a las descripciones a través de listados de “Fondos documentales” o de “Instituciones depositarias/custodiadoras”, a la vez que posibilita realizar búsquedas avanzadas y entrecruzamientos de los distintos campos previstos.

El Instituto de Políticas Públicas en Derechos Humanos del Mercosur (IPPDH) es un organismo regional creado por el Consejo del Mercado Común del MERCOSUR en 2009, con sede permanente en la Ciudad de Buenos Aires, Argentina.

Tiene como funciones principales la cooperación técnica, la investigación, la capacitación y el apoyo a la coordinación de políticas regionales en derechos humanos. A su vez, trabaja en el diseño, implementación, evaluación y consolidación de las políticas públicas de derechos humanos como eje fundamental de la identidad, el desarrollo y la integración de los países plenos y asociados del Mercosur.

 Guía Acervo Documental Cóndor

Video institucional

Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor.

Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor

Escrito por  Da Redação

Los esqueletos en los armarios de los dictadores de derecha, que gobernaron América Latina durante los años setenta, son literalmente reales. Cuando en Paraguay salieron a la luz los enormes archivos secretos de la policía, resultó evidente la existencia de una campaña de terror coordinada internacionalmente. Ahora, los EE.UU., que apoyaron a los dictadores, estarían ayudando a quienes están intentando depurar los registros documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.

Por Stella Calloni

Una mañana de diciembre de 1992, el juez paraguayo José Fernández y el profesor y ex prisionero político Martín Almada, entraron a la estación de policía de Lambaré, suburbio de Asunción, a buscar los archivos policiales de Almada. Lo que encontraron en su lugar fueron décadas de historia documental sobre la represión en Paraguay y otros países. También encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya.

Los “Archivos del Horror”, tal como fueron conocidos desde entonces, se han convertido en una clave para descifrar la historia reciente de América Latina. Los archivos detallan el destino de cientos, quizá miles, de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años setenta. También ofrecen una pista en papel que confirma la existencia de una conspiración escurridiza y sanguinaria entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. Ahora es posible completar el esbozo del “Operativo Cóndor”, tal como se conocía a esta red ilícita.

Pero debido a que los archivos plantean una amenaza a los hombres que organizaron y llevaron a cabo la represión hemisférica, se están realizando esfuerzos para eliminarlos o depositarlos en manos “seguras”. Algunos de los documentos ya han desaparecido y existen sutiles maniobras para sustraer a los restantes del control legal y periodístico.

Cuando Fernández y Almada entraron en la comisaría de Lambaré, desenterraron una montaña desordenada de amarillentos y deteriorados papeles, archivos, cartas y registros que describían las actividades de la policía y la inteligencia militar durante la recientemente derrocada dictadura de Stroessner. Una búsqueda similar, realizada pocos días después en el cuartel general de la Policía Técnica paraguaya (contraparte del FBI estadounidense), sacó, a la luz más documentos reveladores. En total, se han rescatado unas cuatro toneladas de documentación.

Algunas fotografías y registros incluían el país de origen de los prisioneros. Muchos eran de Argentina, Brasil o Chile. Los periodistas autorizados a buscar entre los caóticos archivos se apresuraron a fotocopiar cartas y documentos. Los primeros datos confirmaban el arresto y asesinato de políticos paraguayos cuya “desaparición” había sido continuamente negada por la dictadura, además de la entrega e intercambio de prisioneros con otros países, particularmente Argentina, Chile y Uruguay.

La justicia tardía llega al Paraguay

Paraguay, un país de cuatro millones de habitantes situado en el centro de América del Sur, tiene una larga tradición de aislamiento introspectivo con extravagantes y veleidosos dictadores. El General Alfredo Stroessner, que tomó el poder con un golpe en 1954, impuso una estructura social feudal y represiva y ofreció su hospitalidad a nazis sin residencia fija y traficantes de drogas bien conectados.

El despiadado aparato represivo del dictador controló con eficiencia a una población mayormente atemorizada. Pero en febrero de 1989, la era de 35 años de Stroessner llegó a su fin. El General fue derrocado por su amigo, pariente político y segundo al mando, General Andrés Rodríguez, y huyó al Brasil como exiliado.

Martín Almada, un conocido profesor y figura política, se puso bajo la mira de la policía secreta de Stroessner en 1974, cuando publicó un discurso doctoral crítico sobre la educación en Paraguay. Fue arrestado y acusado de “terrorismo” y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes de pasar los siguientes tres años en el conocido campo de concentración Emboscada. Su esposa de 33 años murió de un ataque al corazón tras recibir una llamada telefónica en la que los torturadores reproducían sus gritos. |1| Tras su liberación en 1977, se marchó al exilio pero después de la caída de Stroessner, Almada inició los procedimientos legales contra sus perseguidores.

Mediante una provisión de la nueva Constitución paraguaya post-Stroessner, Almada presentó un mandato de habeas data, que permite que las personas accedan a sus registros policiales. A través de sus propias investigaciones privadas y una carta anónima, Almada se enteró que algunos documentos relacionados con su caso podían encontrarse en la comisaría de Lambaré |2|. Actuando con discreción y cuidado, Almada pasó esta información al juez Fernández, que ordenó el registro.

Los documentos se convirtieron en un acontecimiento político y generaron órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de oficiales militares de Argentina y Uruguay. La temida cabeza de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, está actualmente encarcelado en Paraguay, al igual que el jefe de estado mayor y titular de la inteligencia militar de Stroessner, General Benito Guanes Serrano. El jefe de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, se reunió con el dictador en el exilio; ambos están actualmente citados por los tribunales paraguayos como “acusados en rebeldía” y “fugitivos de la justicia paraguaya” |3|.

El caso Inzaurralde-Santana.

Un informe de Pastor Coronel a Stroessner, fechado el 16 de mayo de 1977, ha demostrado ser crucial para la producción de un extraordinario caso legal. En 1973, Gustavo Edison Inzaurralde huyó a Paraguay tras ser arrestado y torturado por su pertenencia a una organización combativa uruguaya antigubernamental. Cuando fue arrestado en Paraguay, el 28 de marzo de 1977, se estaba preparando para exiliarse en Suecia y reunirse con su esposa, embarazada de siete meses. En cambio, el “desapareció” después de ser apresado por militares argentinos.

El informe revela que las autoridades paraguayas entregaron a Inzaurralde, a su compatriota Nelson Rodolfo Santana y a tres argentinos, a un capitán de la armada argentina y todos oficiales de inteligencia argentinos. El Coronel informó a Stroessner de la “gratitud” de los militares argentinos y uruguayos por haber permitido que dos agentes de los servicios de inteligencia argentina (SIDE) y un oficial uruguayo interrogaran [torturaran] a los prisioneros en Asunción |4| .

Con esta información en la mano, las familias de Santana e Inzaurralde iniciaron los procedimientos legales en Paraguay. En junio de 1993, el juez Arnulfo Arias inculpó en el caso al jefe de la inteligencia militar, Guanes Serrano, y al jefe de la Policía Técnica, Campos Alum. Guanes Serrano admitió ante el tribunal los intercambios extrajudiciales de presos políticos entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años setenta. Campos Alum testificó que “el intercambio de prisioneros era frecuente en la región” e identificó como principales colaboradores a los oficiales argentinos y uruguayos mencionados en el informe de Coronel |5|.

EN un paso sin precedentes, el juez Arias decidió entonces someter a juicio también a oficiales militares extranjeros. En marzo de 1994 comenzó un juicio singular. Doce agentes de seguridad militares –cinco paraguayos, seis argentinos y un uruguayo– fueron acusados por “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura y secuestro” |6|.

Almada y los dos uruguayos desaparecidos forman parte de los miles de perseguidos por los regímenes militares derechistas del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) durante los años setenta. Mientras que muchos de los crímenes fueron estrictamente asuntos internos, otros implicaron la cooperación de oficiales de inteligencia y militares más allá de las fronteras nacionales. Con el nombre en clave del Operativo Cóndor, los dictadores del Cono Sur se embarcaron en una empresa de alcance hemisférico para neutralizar o eliminar a los adversarios detectados. Y al llevar a cabo su tarea, no diferenciaron entre oposición violenta y disenso pacífico.

El Cono Sur durante los años setenta.

Alfredo Stroessner ya había estado en el poder durante una década cuando los generales derechistas brasileños interrumpieron la democracia de dicho país en 1964. Se aseguró el cargo en su feudo sin salida al mar, a medida que el resto del Cono Sur descendía hacia un torbellino de inestabilidad política y terror de Estado.

El resultado del golpe y contragolpe de Bolivia desembocó en la dictadura derechista de Hugo Bánzer en 1971. El golpe de Pinochet de 1973 en Chile interrumpió el experimento socialista de Salvador Allende. Ese mismo año, la prolongada democracia de Uruguay finalizó cuando el presidente Juan María Bordaberry clausuró el Parlamento y encaminó al país hacia la dictadura. La violencia política tras el retorno y la muerte de Juan Perón desembocó en la perversa dictadura militar derechista argentina en 1976.

Los crecientes niveles de represión dejaron a la región plagada de refugiados y exiliados políticos. Unos cuatro millones de personas huyeron de sus hogares buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos |7| . Tras los golpes de Chile y Uruguay, millares buscaron asilo en Argentina, reuniéndose con los cientos de miles de paraguayos que ya estaban allí. Mientras tanto, los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y Paraguay. La región era el escenario de un frenético ir y venir de refugiados. Pero, a medida que se fue expandiendo la ola de dictaduras militares, quedaron de lado las viejas tradiciones de santuarios para los exiliados políticos. El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos –la mayoría en Argentina– y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños |8| . No obstante, estas cantidades sólo aluden a la espeluznante realidad de los estados ilegales.

Descenso a la brutalidad.

La caída del Cono Sur en el salvajismo se originó en la crisis política y geopolítica y en la ideología común compartida por los regímenes militares de la región. Estados Unidos desempeñó un papel crítico en todas estas causas. La Guerra Fría proporcionaba el contexto global para un anticomunismo patológico y Estados Unidos ofreció formación ideológica y militar a sus aliados latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región se mostraron muy receptivas. De hecho, desarrollaron una visión mundial abiertamente totalitaria con consecuencias mortales.

El entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino, almirante César Augusto Guzzetti manifestó sin reservas esta perspectiva en una entrevista de 1976: “No existe una subversión de derecha o terrorismo de ese tipo. El cuerpo de la sociedad está afectado por una enfermedad que corroe las entrañas y forma anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que el microbio. La acción del anticuerpo desaparecerá cuando el Gobierno controle y destruya a la guerrilla” |9|.

Los países del Cono Sur se enfrentaron de hecho a desafíos armados provenientes de la izquierda. En Uruguay, los Tupamaros asestaron unos golpes políticos espectaculares. En Argentina, el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo y los peronistas de izquierda Montoneros se implicaron en una lucha despiadada contra las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte de la derecha peronista. En Bolivia, Hugo Bánzer pudo hacerse con el poder sólo tras un sangriento enfrentamiento con los populistas de izquierda alineados con su predecesor, el general Juan Torres |10|.

Los militares brasileños aplastaron un alzamiento armado de la izquierda hacia finales de los años sesenta. Su situación recordaba la de Chile; en ambos casos, los movimientos de guerrilla no surgieron hasta después de que un gobierno militar represivo se hiciera con el poder.

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad en todos estos países fue mucho más allá que derrotar a las guerrillas. Estaban implicados en una guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera que desafiara el statu quo, estuviera armado o no. En consecuencia, enfermeras, profesores, estudiantes, trabajadores, artistas, actores, periodistas e incluso políticos de la oposición democrática pasaron a ser vistos como los “microbios” de Guzzetti.

Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede haber plantado la semilla que desembocaría en el Operativo Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte brasileños con argentinos y uruguayos |11|.

Estados Unidos hizo algo más que simplemente organizar encuentros. La división de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipo eléctrico de tortura a brasileños y uruguayos y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano |12|. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado, en Texas |13|.

El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial.

Paradójicamente, la moderación aplicada en la CIA tras su descubrimiento parcial en los informes del comité Church and Pike, de 1974-75, podrían haber favorecido la creación del Operativo Cóndor. La administración Carter se opuso a la postura de la CIA “anulando todas las solicitudes de inteligencia presentes en América Latina. La cooperación de la CIA ha sido muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno estadounidense comenzó a tener reservas acerca de solicitudes de colaboración tras varios escándalos, principalmente provocados por Chile” |14| .

Si la administración de Carter no estaba dispuesta a ayudar a las dictaduras, éstas lo estaban y podían ayudarse a sí mismas.

Primeros avistamientos del Cóndor.

Aunque en 1976 el Cono Sur ya estaba inundado con la sangre de miles de víctimas del terrorismo de Estado, tres asesinatos de alto nivel provocaron los primeros rumores sobre una conspiración internacional contra la izquierda. En todos los casos, las víctimas eran prominentes exiliados chilenos. En septiembre de 1974, el Ministro de Defensa de Salvador Allende, general Carlos Partas, y su esposa, fueron asesinados en Buenos Aires cuando explotó una bomba bajo su coche. Las autoridades argentinas no investigaron el caso |15| . En octubre de 1975, el vicepresidente de Allende y líder de los demócratas cristianos chilenos, Bernardo Leighton, y su esposa, sobrevivieron milagrosamente a un intento de asesinato en Roma. Los investigadores italianos comenzaron a seguir el hilo de una red internacional que vinculaba a los servicios de seguridad del Cono Sur con neofascistas de su país |16| .

A mediados de 1976, estos intentos de asesinato de alto nivel, así como los relatos horrendos que provenían del Cono Sur, comenzaron a generar la atención de la prensa mundial. El periodista británico Richard Gott, que había investigado las denuncias de familiares de víctimas, llamó a la represión como “algo parecido a la Operación Fénix [en Vietnam]. las personas con capacidad de inspirar y unir a la nación en una campaña para resistir a las fuerzas de ocupación, son quitados del medio uno a uno”, escribió. Gott culpó a Washington, declarando que el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger “debía conocer [quién era responsable]” |17|.

Pero fue el asesinato de Orlando Letelier, ex Ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Allende, en la Embassy Row de Washington, en septiembre de 1976, lo que puso al descubierto las piezas del Operativo Cóndor. Un coche bomba colocado por el ubicuo Townley y un grupo de terroristas cubanos anti-castristas, asesinó a Letelier y a su secretaria, Ronni Moffitt. El marido de Moffitt, Michael, que estaba viajando en el asiento trasero, sobrevivió, y deambulando aturdido por el lugar gritaba que “¡Fueron los fascistas chilenos! ¡Hijos de puta!” |18|.

Por supuesto, Michael Moffitt estaba en lo cierto, aunque los fiscales estadounidenses emplearían dos años antes de poder llevar el caso a los tribunales. Townley y los cubanos fueron finalmente declarados culpables de los asesinatos. También fueron procesados el general Manuel Contreras, director de la DINA, y otros dos oficiales |19|.

El asesinato de Letelier produjo un escándalo que terminó por abrir las puertas que ocultaban las operaciones encubiertas en América Latina. Ahora los rumores se confirmaban parcialmente. Uno de los primeros informes provino del agregado legal de Estados Unidos en Buenos Aires, el agente especial del FBI Robert Scherrer. Una semana después de la muerte de Letelier, Scherrer envió un cable al cuartel general del FBI dando nombre y describiendo la operación:

“El “Operativo Cóndor” es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados “izquierdistas”, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región. Además, “Operativo Cóndor” tiene previstas operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, del “Operativo Cóndor” implica la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros del “Operativo Cóndor”. Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro del “Operativo Cóndor” se encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial del “Operativo Cóndor” para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo del “Operativo Cóndor” para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros del “Operativo Cóndor” |20| .

De acuerdo con un informe reservado del Comité de Relaciones Externas del Senado, de 1979 y basado en archivos de la CIA, “Esa operación en ‘fase tres’ fue planificada en 1974 a raíz del asesinato del Embajador boliviano en París, de un oficial chileno en Medio Oriente y de un agregado uruguayo en París. Por lo tanto, Cóndor planificó una operación destinada a asesinar a tres izquierdistas europeos bien conocidos, uno de los cuales era el notorio Carlos [el recientemente capturado Illich Ramírez Sánchez]. El plan fue desbaratado” después de que la CIA lo descubriera y “advirtiera a los Gobiernos de los países en los que probablemente tendrían lugar los asesinatos –Francia y Portugal–, que a su vez advirtieron a los posibles objetivos”. El operativo fue aparentemente suspendido y se negó su existencia |21|.

Pero ninguno de estos datos salió a la luz hasta mucho después. Aunque cada vez eran más los testimonios de una cooperación interfronteriza para el secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas, salvo por lo difundido a partir de las investigaciones del asesinato de Letelier, las pruebas de la existencia de Cóndor eran excepcionales |22|. Hacia finales de los años setenta, el Cono Sur se encontraba en lo más profundo de la represión y sólo un reducido grupo de activistas y periodistas se atrevía a hacer frente a los regímenes militares. Y, a medida que las dictaduras titubearon y finalmente cayeron durante los años ochenta, los débiles gobiernos civiles que les sucedieron, sancionaron leyes de amnistía que pusieron en discusión toda investigación seria de esta Asesinatos S.A. Internacional |23|.

Estaba claro que se estaba desarrollando algún tipo de operación clandestina, principalmente por la acumulación de denuncias de familiares de las víctimas. Pero los testimonios se desvanecían en el laberinto de los sistemas judiciales despreocupados de los derechos humanos. La impunidad era la regla inviolable del día. Durante los años siguientes, parecía que los operativos Cóndor nunca se enfrentarían a una investigación legal.

Documentación del Operativo Cóndor.

El descubrimiento de los archivos paraguayos cambió todo el panorama. Los archivos descubiertos ofrecen en cantidad una esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del Operativo Cóndor.

Durante 1975, a instancias de los chilenos, los servicios de inteligencia del Cono Sur codificaron la cooperación informal que ya existía. Los archivos contienen una carta del general Contreras de la DINA al general paraguayo Guanes Serrano, denominando “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional” a lo que se convertiría en Cóndor. Contreras ofrecía las instalaciones de la DINA como el cuartel general para “la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión. En líneas generales, sería algo similar a la Interpol instalada en París, pero dedicada a la subversión”, escribió |24|.

El encuentro convocado en la carta de Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la DINA, en Santiago, en octubre de 1975. Los asistentes fueron los jefes de la inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un mes más tarde, Contreras recibió a Guanes Serrano y al jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites. En esa reunión, ellos implementaron el Operativo Cóndor, configurando “un banco de datos, un centro de información y talleres”. Con el inofensivo término de “talleres” se aludía realmente a las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y “repatriar” a opositores de los diferentes regímenes |25|. Uno de los documentos más significativos que explica el método de operación de Cóndor, detallaba un encuentro secreto en Asunción, en 1978. Con Guanes Serrano como anfitrión y la presencia de oficiales argentinos y paraguayos, el “Segundo Encuentro Bilateral de Inteligencia” afinó los mecanismos para el intercambio de prisioneros e información secreta |26|. Guanes Serrano informó a Stroessner que “la primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo [exiliados políticos]. La segunda fase correspondía a la investigación del objetivo y la tercera fase a la detención [secuestro] y traslado del objetivo a su país de origen” |27| .

Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían lugar directamente entre los servicios de inteligencia y que los agregados militares de las embajadas actuarían como enlace. Otros documentos de los archivos confirman que los agregados militares de las embajadas de los países implicados, eran realmente el conducto por el cual viajaban los informes de inteligencia |28|.

A finales de 1993, los investigadores encontraron una nota fechada en Chile en 1978. En este documento típico del trabajo cotidiano de Cóndor, “Cóndor Uno” advierte a “Cóndor Dos” para que lleve a cabo una “vigilancia de un encuentro de izquierdistas argentinos y paraguayos en la provincia norteña de Salta, Argentina, en la frontera con Bolivia” |29| . “Cóndor Uno” no era otro que Contreras y “Cóndor Dos” era el nombre en clave de Guanes Serrano |30|.

Otros documentos solicitan la captura de chilenos, bolivianos, argentinos, paraguayos y brasileños e informan sobre otras figuras políticas latinoamericanas. Uno de estos casos fue la detención en Paraguay del ciudadano chileno Jorge Fuentes Alarcón, posteriormente entregado por la policía paraguaya a un oficial chileno en mayo de 1978 |31|.

Uno de los documentos más perjudiciales incluye una entrada en un cuaderno de notas del jefe de la Policía Técnica paraguaya, Antonio Campos Alum. Este cuaderno quedó abandonado cuando Campos Alum dejó Paraguay tras ser acusado de haber torturado personalmente a prisioneros, y lista los nombres de oficiales de policía y militares argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos que participaron en la represión internacional |32|.

Tomado en su conjunto, loas archivos paraguayos aportan una prueba documental irrefutable de la existencia del Operativo Cóndor. También pueden proporcionar una base para el enjuiciamiento de quienes cometieron crímenes, suponiendo la existencia de los políticos.

Gente de la misma calaña.

Los archivos paraguayos aportan una nueva y reveladora luz sobre la implicación de Estados Unidos con los servicios represivos del Cono Sur, especialmente –pero no sólo– el de Paraguay.

Los paraguayos siempre han acusado a Estados Unidos de ayudar a la policía secreta de Stroessner. Un grupo de oficiales militares estadounidenses enviados bajo los auspicios de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) fiscalizó la formación de la Policía Técnica. Los ex prisioneros del régimen declararon varias veces que oficiales estadounidenses los habían interrogado en Paraguay |33|. Basado en dichos informes, el historiador paraguayo Aníbal Miranda acusa a los Estados Unidos de haber ayudado en la represión, en 1959, de un movimiento guerrillero anti-Stroessner instalado en Argentina |34|.

Ahora han aparecido pruebas concretas sobre la cooperación y formación estadounidense con la policía secreta del dictador. Una carpeta de los archivos contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel estadounidense Robert Thierry. Thierry sirvió como “asesor sobre administración pública” de la AID (entonces la Administración de Cooperación Internacional) para el Ministerio del Interior y supervisó la formación de la Policía Técnica.

Una carta del Ministro de Relaciones Exteriores solicitaba que Thierry permaneciera durante dos años más para asesora a la Policía Técnica |35|. En una de las respuestas de Thierry se mostraba la relación profesor-alumno:

Con respecto a la jefatura de Asuntos Técnicos, usted ha recibido la formación suficiente. Estoy seguro de que bajo la dirección de Antonio Campos Alum, esta pequeña pero poderosa organización continuará aportando el mismo servicio, altamente satisfactorio, que ha tenido desde su creación. Sugiero que continúe las conversaciones con el Director de la Misión de Operaciones de Estados Unidos en Paraguay, con el fin de establecer algún programa similar sobre Seguridad Pública |36|.

Otros documentos demuestran que la Policía Técnica continuó siendo el principal vínculo entre los servicios de inteligencia estadounidenses y Paraguay |37|. Dicha cooperación continuó durante el período del Operativo Cóndor. El hombre del FBI en el Cono Sur, el agente especial Robert Scherrer, que vivía en Buenos Aires, trabajó de forma regular y directa con Campos Alum. En 1974, informó a Campos Alum sobre un festival realizado en un teatro de México y listó los nombres de todos los asistentes latinoamericanos. El siguiente paso de la policía paraguaya fue dirigir las investigaciones sobre el movimiento cultural paraguayo |38|.

En otra carta escrita dos años más tarde, Scherrer solicitó a Campos Alum información sobre un Raúl Valentín Quintana porque, explicaba, el FBI creía que Quintana era un “agente cubano”. Esas solicitudes de información tenían serias consecuencias en la gente inocente. “Ahora sabemos por qué varias familias con el apellido Quintana fueron perseguidas y encarceladas”, destacó Martín Almada |39|.

También la CIA trabajó con los paraguayos. El entonces Director delegado, Vernon Walters, visitó el país a principios de 1976 para entrevistarse con el jefe de estado mayor de Stroessner, Conrado Pappalardo, y otros altos oficiales |40|. Pocas semanas de después, Pappalardo le diría al Embajador estadounidense, George Landau, que Walters había aprobado un intento frustrado por obtener pasaportes falsos para dos agentes de la DINA chilena. Pappalardo dijo que estaba actuando bajo órdenes directas de Stroessner, que a su vez estaba haciendo un favor a Pinochet. Los chilenos, Armando Fernández Larios y Michael Townley, pensaban utilizar los pasaportes falsos para viajar a Estados Unidos como parte de su misión de asesinar a Orlando Letelier |41|.

Otro ejemplo de la cooperación de la CIA con Paraguay ocurrió al año siguiente. Una advertencia firmada por Guanes Serrano y dirigida a las “naciones amigas”, describe a un venezolano de nombre Omar Rossel como un “terrorista”. Guanes cita a la “CIA (USA)” como su fuente |42|.

Incluso después de que el Operativo Cóndor hubiera golpeado en Washington y que Estados Unidos hubiera supuestamente movilizado al FBI y a la CIA para resolver los asesinatos de Letelier y Moffitt, el director del FBI, Clarence Kelley, envió una aduladora carta, con el sello del FBI, a Campos Alum: “En estas Navidades, deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces |43|.”

Cabe recordar que Campos Alum se encuentra fugitivo, acusado de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes que cometió antes, durante y después de esta época. El FBI, gracias al agente especial Scherrer, estaba al tanto de los crímenes de Campos Alum en la época en que se escribió esta carta.

El hecho de que Estados Unidos y Paraguay fueran aliados no impidió que la inteligencia militar paraguaya espiara a políticos estadounidenses que, en su opinión, interferían los asuntos internos de Paraguay. Los archivos incluyen un informe enviado al jefe de detectives, Pastor Coronel, por un informante desde Buenos Aires. El informante había asistido e informado sobre un encuentro en Buenos Aires entre el senador Edward Kennedy (diputado por Massachusetts) y representantes del Acuerdo Nacional, una coalición que agrupaba a los grupos opositores paraguayos |44|.

Estados Unidos, por supuesto, también estaba interesado en obtener información acerca de sus propios adversarios. Una carta del agregado legal en Buenos Aires, Calvin Clegg, solicitaba la ayuda de Pastor Coronel sobre una organización “subversiva”:

Adjunto un informe reservado, enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe describe la historia y antecedentes del Consejo Mundial para la Paz, una organización que sirve como instrumento político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le ruego que examine sus archivos buscando toda información relacionada con el Consejo Mundial para la Paz en su país que esté dirigido contra Estados Unidos o sus ciudadanos |45|.

En una entrevista reciente, el líder del partido opositor Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, recordó que durante una de sus muchas detenciones fue interrogado por Campos Alum, que se jactaba acerca de unas fotografías que lo mostraban con uniforme militar estadounidense |46|. Los alardes de Campos Alum tendrían, de hecho, cierta base. Los archivos incluyen el curriculum vitae de Campos Alum, que lista su formación especial sobre contrainsurgencia en bases militares estadounidenses y la asistencia a cursos de la DEA acerca de legislación sobre las drogas |47|.

Una carpeta con la faja “Confidencial” contenía un manual de Fort Gulick (base militar estadounidense en la Zona del Canal de Panamá, anteriormente sede de la Escuela de las Américas) producido para la formación de las fuerzas armadas de Estados Unidos para “interrogadores como referencia para interrogatorios de campo” |48|. La misma carpeta, en un apartado titulado “instrucción en la Escuela de las Américas”, contiene un manual que instruye a los “interrogadores” sobre cómo mantener vivas y con capacidad de respuesta a las víctimas de un shock eléctrico. El manual recomienda remojar los cuerpos y cabezas d ellas víctimas con agua de mar e incluye un boceto que muestra cómo debería llevarse a cabo este “tratamiento” |49| . Esta carpeta también incluye una carta del entonces Embajador de Estados Unidos, Timothy Towell, en la que da instrucciones a la policía paraguaya y adjunta otro manual para interrogatorios |50|.

Los paraguayos toman la iniciativa.

En mayo de 1993, el profesor Almada y otros parientes de los asesinados o “desaparecidos” en Paraguay, enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo una compensación por las víctimas de la represión en Paraguay. Ellos alegan que el régimen de Stroessner “fue asesorado por oficiales militares estadounidenses, que instruyeron a los principales torturadores, y que la persecución se incluyó dentro de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que produjo un genocidio en América del Sur” |51|.

Pero el Embajador de Estados Unidos, Jonathan Glassman, en respuesta a la carta, manifestó que Estados Unidos no tenía nada que ver con la represión en Paraguay. Meses más tarde, antes de que las pruebas de los archivos comenzaran a divulgarse poco a poco, Glassman rechazó acusaciones similares, que él atribuía a “acusaciones terroristas con el fin de justificar los ataques a oficiales estadounidenses fuera del país” |52|.

“Incluso habiendo dicho eso”, dijeron los familiares, “la Embajada de Estados Unidos nunca podría haber permanecido ignorante de lo que estaba sucediendo en el país y nosotros hemos visto documentos de funcionarios como Scherrer que conocían la existencia del Operativo Cóndor” |53|.

Actualmente, seis altos oficiales de la policía paraguaya y un general están prisión a causa de los archivos |54|. Y Francisco de Vargas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento paraguayo, dijo que tenía testimonios orales que acusaban a 12 generales, al ex Ministro del Interior, Sabino Montanaro, y a dos ex diputados, de ordenar el asesinato de cuatro prisioneros políticos en 1976. Las víctimas fueron asesinadas tras haber estado en prisión durante dos años.

Mientras tanto, el avance de los juicios paraguayos se ha hecho agotadoramente lento. En el caso Inzaurralde, ninguno de los oficiales extranjeros inculpados se ha preocupado por presentarse. Los intentos de obtener su extradición han sido infructuosos. Y los miembros de la familia de Inzaurralde se han quejado en una carta abierta de los numerosos obstáculos que impiden el avance de la justicia.

¿Quién vigilará a los custodios?

Cuando AID ofreció 40 millones de dólares para microfilmar los archivos, Faustino Centurión, y otros diputados del ala disidente del Partido Colorado, declararon públicamente su desacuerdo. “No podemos aceptar que el Gobierno de Estados Unidos, que entrenó a la policía que persiguió a quienes lucharon por la democracia, ahora quiera ayudar con la microfilmación”, dijo. A pesar de las protestas, AID está asesorando al Centro de Documentación en Paraguay.

Ni se ha perdido la conciencia. Cuando, a finales de 1993, los periodistas volvieron a revisar los archivos, se habían separado archivos y carpetas con temas militares, fuera del alcance de los periodistas, porque los jueces consideraban que “era sólo un asunto de la policía”. Las pruebas documentales más importantes acerca del Operativo Cóndor han comenzado a ponerse de lado con rapidez. También están en peligro los documentos que contienen la correspondencia entre los servicios de Estados Unidos y la dictadura paraguaya.

La Comisión de Derechos Humanos paraguaya continuará investigando en forma conjunta con organizaciones semejantes de la región. Sus líderes dicen que Washington “debe realizar un acto responsable y abrir sus propios archivos, de manera que sea posible reconstruir la tragedia de miles de víctimas en América Latina”.

El jefe de estado mayor del ejército argentino y miembro de la Junta, general Roberto Viola, intentando evadir las preguntas acerca del reino del terror en el Cono Sur, dijo en 1979: “Están los muertos, los heridos, los encarcelados y los que están ausentes para siempre. No pidan explicaciones donde no las hay”. Viola estaba equivocado. Existen las explicaciones, existen las personas que son culpables y, gracias a los “Archivos del Horror”, a algunas de ellas se les ha aplicado al menos una justicia parcial.

Notas finales:

1. Jack Epstein, “A History of a Dirty War: Paraguay’s Secret Police ‘Horror Files’ Come to Light”, Cleveland Plain Dealer, 13 de junio de 1993, p. 1C

2. Patrick John Buffe, “Une multinationale de la Terrour sous les ailes du Condor”, Journal de Geneve et Gazette de Lausanne, 7 de julio de 1993, p. 2

3. Ximena Ortúzar, “A Common Market of Terror”, World Press Review, mayo de 1993.

4. Boccia Paz et al, op. cit., Paraguayan Archives, Libro A1, p. 131, Informe de Pastor Coronel al presidente Stroessner, 16 de mayo de 1977. Los argentinos eran el capitán de la armada José Abdala y los agentes del SIDE teniente Angel (o Luis) Spada y José Monte. El uruguayo era el capitán Carlos Calcagno.

5. Citado en Agencia France Presse, “Jefe militar de Stroessner admite que hubo intercambio de prisioneros”, La Jornada (ciudad de México), 24 de junio de 1993, p. 46

6. Los argentinos acusados son los tenientes Angel (o Luis) Spada y Juan Carlos Camicha, el capitán de marina José Abdala y los agentes del SIDE José Montenegro, Alejandro Stada y Juan Manuel Berret. Abdala y Camicha también están acusados por el Centro de Estudios Legales y Sociales argentino por participar en torturas en dicho país. El uruguayo acusado es el coronel Carlos Calcagno, que se está oponiendo a una orden de extradición paraguaya. Lucas Guagnini, “Citarán en Paraguay a militares argentinos por la represión ilegal”, Clarín (Buenos Aires), 19 de diciembre de 1993, p. 14

7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Argentina (Buenos Aires, Comisión de Derechos Humanos de Argentina), febrero de 1990

8. Ibid

9. Ibid, pp. 124-42, 242. La OPS se estableció bajo la cobertura de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Departamento de Estado en 1962. Estaba dirigida por el oficial de la CIA, Byron Engle, y se integraba mayormente con oficiales de operativos de la CIA que tenían la cobertura de la OPS. Ibid, pp. 48-9, 58, 124-25, 233-35; y Michael Klare, War Without End: American Plannings for the Next Vietnams (Nueva York, Alfred Knopf, 1972), pp. 241-69.

10. Rogelio García Lupo, El Paraguay de Stroessner (Buenos Aires: Ediciones B, colección Reporteros, 1989), p. 149

11. No sólo las autoridades argentinas no respondieron, sino que están directamente implicadas en el asesinato. La bomba fue transportada por Michael Vernon Townley, nacido en Estados Unidos y agente de la DINA, el organismo de inteligencia chilena. Fue ayudado por miembros de Milicia, un grupo derivado de la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A), utilizado por la inteligencia argentina (SIDE). Consultar Martin Andersen, Dossier Secreto: Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the “Dirty War” (Boulder, Colorado: Westview, 1993), p. 119

12. El supuesto asesino de Leighton era miembro de Avanguardia Nazionale, una organización paramilitar neofascista italiana, encabezada por Stefano Della Chiaie. La organización de Della Chiaie fue contratada para el atentado por Townley. Taylor Branch y Eugene M. Propper, Labyrinth (Nueva York: Viking, 1982), pp. 305-9. Della Chiaie es conocido por su protagonismo en la violencia política derechista en Italia y en América Latina. Sobre Italia, consulte Arthur E. Rowse, “Gladio: The Secret U.S. War to Subvert Italian Democracy”, CovertAction, núm. 49, verano de 1994. Sobre Della Chiaie en Argentina, consulte Andersen, op. cit., cap. 10 y 20.

13. Richard Gott, “Shots and Plots”, The Guardian (Londres), 4 de junio de 1976, p. 17

14. Taylor y Propper, op. cit., p. 23

15. Sin embargo, el Gobierno chileno se negó a detenerlos. Tras el cambio de régimen en Chile, en 1991, Contreras y el general Pedro Espinoza fueron finalmente juzgados en Chile y condenados por los asesinatos de Letelier y Moffitt. Contreras fue sentenciado a siete años de prisión y Espinoza a seis años, pero ambos permanecen en libertad mientras apelan a la Corte Suprema chilena. El ciudadano estadounidense Townley gestionó una reducción de pena negociada y ahora está en el Programa Federal de Protección a Testigos

16. Cable del agente especial del FBI, Robert Scherrer, 28 de septiembre de 1976

17. Jack Andersen y Michael Binstein, “How the CIA Spared Carlos the Jackal”, Washington Post, 22 de agosto de 1994, p. C12. El mismo día, el Post citó a una fuente de la CIA no identificada que afirmaba que una “contribución clave de la CIA en el éxito francés” para capturar a Carlos, había consistido en seguir a Carlos a través de cuatro continentes durante 20 años y

La periodista argentina Stella Calloni es editora en El Día Latinoamericano (Ciudad de México) y corresponsal en América del Sur para La Jornada (Ciudad de México). Ha escrito numerosos trabajos sobre política latinoamericana y actualmente está preparando un libro de relatos. Cuando los documentos mencionados fueron consultados por la autora en Asunción, Paraguay, aún no estaban catalogados y clasificados. Sin embargo, a mediados de 1994 se publicó una selección de los archivos en Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar ediciones, Es mi informe: Los archivos secretos de la Policía de Stroessner (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994). Los documentos mencionados en este artículo que han sido catalogados por Boccia Paz, et al, utilizarán las clasificaciones CDE.

Última modificação em Ter, 19 de Junho de 2012 19:30

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