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Dictaduras en Latinoamérica: la impunidad no cierra heridas

JUNE 14, 2014 

La historia de América Latina esta sembrada de crueles dictaduras militares. El saldo: miles de muertos, torturados y desaparecidos. El juicio al dictador es la forma en que la democracia hace justicia y cierra heridas, pero la mayoría han quedado impunes.

 

Castigo al dictador 12Noelia Ceballos Terron

Mexicana residente en UK.,Psicóloga, maestra, pedagoga, dependienta y limpiadora son solo algunas de las facetas que Mabel ha tenido en su vida laboral. Tras diez años en el Reino Unido ya ha terminado su doctorado en educación que le permite dedicarse a su pasión, la investigación, que combina con una intensa actividad como militante en la organizaciones sociales latinoamericanas. –

 

En la segunda mitad del siglo XX, 18 países de América Latina han conocido en algún momento la violencia de las dictaduras militares. Son 31 los dictadores que han llevado las riendas de esos países sin respeto alguno a los valores democráticos ni a los derechos humanos.

El enjuiciamiento de los responsables de las miles de muertes, torturas y desapariciones que tuvieron lugar durante esos regímenes es lo que más reclaman las víctimas y sus familias como reparación moral a su sufrimiento.

Las cifras en toda la región son difíciles de determinar, pero se pueden estimar más de 470.000 afectados, incluyendo muertos, desaparecidos, torturados y presos políticos.Castigo al dictador 17

En total diez dirigentes enfrentaron juicios por los delitos cometidos en su día. Y cinco siguen cumpliendo condena o están siendo procesados.

Pero un balance que revela que más de la mitad de los dictadores terminaron sus días sin rendir cuentas.  Ello es porque la impunidad es un fenómeno que se ha dado en el área de América Central y del Sur con más frecuencia que a nivel global.

Según revela un estudio de Abel Escribá Folch en la Revista Mexicana de Sociología, tan solo un 31% de los dictadores que gobernaron entre 1946 y 2000, en todo el mundo, permanecieron impunes. Hoy, cuatro ex-dictadores viven sus últimos años sin haber conocido la cárcel.

Ríos Montt

Los dos últimos presidentes de la dictadura militar en El Salvador siguen vivos lejos de su país. Se trata de Arturo Armando Molina, que gobernó de 1972 a 1977, y de Carlos Humberto Romero, que protagonizó el final del régimen de 1977 a 1979. Se cree que el primero reside entre Miami y Panamá, mientras que el segundo viviría en los Estados Unidos tras un primer exilio en Guatemala.

Por su parte, el militar Guillermo Rodríguez Lara, que ostentó el poder del gobierno ecuatoriano entre 1972 y 1976, lleva en la actualidad una vida retirado de la política ysin temor de enfrentarse a juicio alguno, en sus propiedades agrícolas.

Otro caso es el del guatemalteco Ríos Montt. Acusado de genocidio, sus víctimas de etnia maya que fueron asesinadas durante su mandato (1982-1983) ascienden a 1.771. El 10 de mayo de 2013 un tribunal de Guatemala condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad del país anuló la sentencia por desobediencia y desacato del tribunal que la emitió. Hoy este genocida sigue en libertad.

Castigo al dictador 8- Juicio a VidelaCondenas

A pesar de todo, cinco de los responsables de las atrocidades que marcaron el siglo XX suramericano están pagando por lo que hicieron.

La justicia argentina ha sido una de las más duras. Todos los presidentes que estuvieron a la cabeza del país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri murieron reclusos).

Esto fue posible gracias a la abolición en el 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a todos los responsables de crímenes durante la dictadura (se calcula que entre 1976 y 1983, 30.000 personas fueron desaparecidas).

Castigo al dictador 14De Reynaldo Benito Bignone, último presidente de la dictadura argentina, se sabe que ingresó en la cárcel en 2010 a la edad de 82 años para cumplir una pena de 25 años, que posteriormente se ha extendido a cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, en Panamá fue Noriega el último déspota que dirigió el país centroamericano: de 1983 a 1989, pero fue extraditado en 2011 para cumplir una pena de 60 años por el asesinato de once panameños durante su gobierno. Esta condena se produjo tras 19 años en penales de Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. La cifra de víctimas de esta dictadura asciende a 107.

Otro de los casos que terminaron con condena fue la del peruano Alberto Fujimori. Durante sus mandatos, de 1990 al 2000, el entonces presidente fue responsable de ordenar el asesinato de civiles con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Fue hallado culpable de crímenes como los de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, por lo que el 7 de abril del 2009 inició una pena de 25 años de prisión, a sus 70 años.

Castigo al dictador 3Bolivia se suma a una breve lista de países que han logrado meter entre rejas a sus dictadores. A pesar de que Hugo Banzer, quien mantuvo al país bajo su yugo entre 1971 y 1978 causando la desaparición de 150 presos políticos, murió impune, otro déspota boliviano rinde cuentas a la justicia. Es Luis García Meza, gobernante entre 1980 y 1981, período durante el cual ordenó asesinar a miembros de la oposición. Por ello cumple desde 1995 una pena de 30 años en el centro de Chonchocoro, en el altiplano boliviano.

Hay casos como el de Haití en que no es fácil someter al antiguo dictador a la justicia. Aunque finalmente, en febrero de 2013, un tribunal haitiano obligó a Jean-Claude “Babydoc” Duvalier a presentarse ante el juez. Desde entonces se enfrenta a un proceso en el que se le acusa de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo ha transcurrido un año sin que Duvalier haya vuelto a presentarse a ninguna sesión. Las víctimas durante su mandato (1971-1986) se cifran en unas 30.000 personas detenidas, muertas y exiliadas.

Reparaciones a víctimas

Castigo al dictador 11Parte del proceso de recuperación de un país tras un episodio de violencia es restablecer los hechos lo más objetivamente posible, para señalar a responsables y reconocer los daños causados a las víctimas.

El modo que más se ha extendido en América Central y del Sur son las Comisiones de la Verdad. Según la organización Amnistía Internacional, entre 1974 y 2007 se crearon estos grupos en 28 países alrededor del mundo. La mitad fueron países latinoamericanos.

La labor de estas comisiones, creadas por decisión gubernamental y con un mandato de tiempo limitado, es investigar los ataques a los derechos humanos de los ciudadanos por el aparato del Estado.

Castigo al dictador 5De los 18 estados que conocieron dictaduras militares en Latinoamérica, 14 han puesto en marcha dichas Comisiones, recibiendo denuncias y testimonios de víctimas de la represión y sus familiares. Los casos son examinados uno a uno para verificar la condición de víctima, y así cifrar los afectados. Las recomendaciones más comunes de los informes finales son el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y las reparaciones económicas.

A pesar de ello, tan solo ocho gobiernos latinoamericanos conceden indemnizaciones a los afectados por la violencia de estos regímenes.

Argentina es uno de ellos. Entre 1991 y 2004 el Congreso aprobó tres leyes que indemnizan a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio. De este modo, las familias de los desaparecidos fueron resarcidas con 224.000 dólares. Los ex-convictos recibieron 74,66 pesos por día de encierro. Los hijos nacidos durante la detención tuvieron acceso a una compensación de entre 70.000 y 245.000 pesos.

Castigo al dictador 16El estado paraguayo dio el paso de crear su Comisión de Verdad y Justicia en el 2003. Así se estableció la cifra de 20.090 víctimas directas de la represión de Stroessner.

En 2011 el gobierno gastó 9,4 millones de dólares en las reparaciones económicas a víctimas y familiares de desaparecidos bajo la dictadura. Pero desde entonces, más de 2.400 víctimas reconocidas no han percibido la ayuda prometida.

Otra de las naciones que reconoce el derecho a la reparación es Chile: prisioneros políticos, funcionarios públicos despedidos, y víctimas de tortura y los desaparecidos perciben pensiones anuales de entre 2.314 y 2.648 dólares de por vida, desde la ley de 2004. Además, se les incluye en el sistema público de salud. Los beneficios se extienden a los hijos de las víctimas, quienes gozan de educación gratuita y están exentos de realizar el servicio militar obligatorio.

La modalidad varía en Perú, donde las principales reparaciones son colectivas. A finales de 2013, 1.946 comunidades habían recibido 100.000 soles para proyectos de desarrollo económico Pero las poblaciones no lo consideran como una reparación por la violencia sufrida durante el conflicto. Recientemente el ejecutivo ha dado salida a una indemnización de 10.000 soles a padres y cónyuges de las víctimas. Aunque hasta ahora sólo una quinta parte de los casi 79.000 beneficiarios reconocidos la han percibido.

Castigo al dictador 15El plan para el reconocimiento de las víctimas puesto en marcha por Uruguay es más extenso. Además de dotar a 277 familiares y víctimas de la dictadura con 15.000 dólares por los daños causados, también les presta asistencia médica gratuita así como psicológica.

En cambio, en Bolivia, pese a la aprobación de una partida de 3,6 millones de dólares para sus 6.221 víctimas del despotismo de Hugo Banzer y Luis García Meza, la ley prevé que solo un 20% de los afectados se beneficien de la ayuda.

A la cola se encuentran estados como Guatemala que, con un lastre de 200.000 fallecidos por la violencia, especialmente durante el genocidio maya a manos de Ríos Montt: no concede compensación económica de ningún tipo.

Memoria histórica pendiente

La memoria histórica es un concepto que crea polémica. El reconocimiento por parte de las instituciones de lo ocurrido en el pasado y los daños provocados, así como la promoción de acciones para esclarecer el pasado son bien acogidas por aquellos que creen que un pueblo debe mantener viva su memoria para no volver a cometer los mismos errores.

Castigo al dictador 4En América Latina, la voluntad política por preservar esta memoria se ha extendido en los últimos años, aunque no es mayoritaria en la región. Un solo país, Venezuela, cuenta con una ley de memoria histórica.

Y menos de la mitad de las antiguas dictaduras han visto al jefe del Estado u otros agentes de la administración pedir perdón por los crímenes del pasado, cosa que ha sucedido únicamente en 7 países.

Las exhumaciones son otro de los temas pendientes para las familias y las víctimas, pues la mitad de estos estados todavía no realiza las investigaciones forenses necesarias para la identificación y la restitución de los restos.

Aún así, la conmemoración simbólica de las víctimas es la forma más frecuente en que dichos países mantienen viva la historia. En 11 de las 18 ex-dictaduras es posible encontrar monumentos, museos y centros para la memoria y los derechos humanos.

Castigo al dictador 10El caso de Argentina es llamativo. Es el estado con mayor índice de condenas por crímenes contra los derechos humanos, y donde más se ha perseguido a los responsables de la dictadura. Sin embargo, ningún presidente desde la vuelta a la democracia en 1983 ha pedido oficialmente disculpas a las víctimas. El único gesto de reconocimiento fue la instauración del Día Nacional por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo.

En el caso de Chile, el proceso de exhumaciones sigue abierto y ha tenido gran repercusión en casos como el del poeta Pablo Neruda.

El perdón por la actitud de la administración durante el período Pinochet todavía no ha llegado por parte del gobierno, pero los jueces se disculparon públicamente el pasado 5 de octubre por sus “acciones y omisiones” al negar protección a quienes denunciaron la represión entre 1973 y 1990.

La nación guatemalteca también recibió las disculpas del ex-presidente Álvaro Colom por el genocidio cometido sistemáticamente por los aparatos estatales entre 1960 y 1996. Y en mayo pasado un tribunal resolvió que el presidente deberá volver a disculparse con la etnia ixil. El Ejército y los ministros de Gobernación y Defensa deben todavía sumarse a la declaración.

Paraguay es otra de las naciones que está trabajando a favor de los derechos de las víctimas y los familiares. El pasado 14 de febrero liberó una partida de 72.600 dólares para la identificación de 20 cadáveres, que se sumaron a los 72.400 dólares que se destinaron el pasado mes de agosto a la Dirección de Reparaciones y Memoria Histórica.

Castigo al dictador 1Además, en 2008 el presidente Fernando Lugo salió públicamente a pedir perdón a las víctimas de la persecución de Stroessner.

Colombia, Honduras, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Haití son los países que menos trabajo han hecho a favor de su memoria colectiva por las dictaduras del pasado.

En esas condiciones, las víctimas de la violencia del Estado están lejos de hallar consuelo para cerrar heridas.

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¿Podríamos cantar también: ”nada escapa, nada muere, nadie olvida”?

Nadie olvida, nada escapa, nada muere.
Patricia Moscoso
Publicado: 6 agosto, 2014

Son 114 los aparecidos. 114 de quinientos: un quinto de los bebés que se sabe nacieron en cautiverio bajo los regímenes dictatoriales de la Argentina que se iniciaron en 1976 y terminaron poco después de la derrota en las Islas Malvinas, en 1983. Este martes Estela Barnes de Carloto, presidenta y fundadora de las Abuelas de Plaza de Mayo, recibió la noticia de que el examen de ADN solicitado por un joven pianista que tenía dudas acerca de su identidad había sido positivo. Lo supo temblando de emoción, según relató la jueza María Servini de Cubría que le dio la noticia de que el nieto que había estado buscando durante 36 años existía y quería encontrarse con ella.

Laura Carloto, la hija de Estela y Guido, fue secuestrada en La Plata estando embarazada. El 25 de agosto de 1978 la policía entregó su cuerpo asesinado a sus padres, pero del bebé nunca más se supo hasta ahora. Tan larga espera y búsqueda fructificó por decisión del propio Ignacio Hurban nombre que le dieron sus padres de adopción, al cual su madre biológica dio el mismo nombre de su abuelo, Guido. “Él nos buscó, y se cumplió lo que decimos siempre: ellos nos van a buscar a nosotras”, dijo su abuela hoy. “Nosotras no hacemos más que reclamar memoria, verdad y justicia” declaró a la prensa que celebró con ella la noticia “La recuperación de la identidad de Guido es una reparación para él, para la familia y para todos los argentinos (…) Otras abuelas tienen que sentir lo que siento yo: lo que yo quería era no morirme sin abrazarlo”.

A mediados de los años 80, mientras trabajaba en la revista APSI supe de las abuelas y estando en Buenos Aires partí a conocerlas. Me impresionó entonces la enorme convicción de su demanda, la inquebrantable decisión de esperar hasta que aparecieran. Hace dos años pude ver un documental de David, Coco, Blauestein acerca de las abuelas y los nietos, la búsqueda y el encuentro. “Botín de guerra” estrenada en el año 2000 en Argentina. Allí está detallado el espanto y el dolor de la pérdida, pero también la dulzura; porque junto con mantener viva la búsqueda y la denuncia, las abuelas celebran y bailan al son de la música interpretada por artistas argentinos (Los Pericos, Gustavo Ceratti, y también los nietos encontrados) con un estribillo que ha sido una especie de consigna para esta larga espera “Nada escapa, nada muere, nadie olvida”.

Botín de Guerra

Botín de Guerra

Batallas contra el olvido

La noticia de la aparición del nieto perdido de la presidenta de las Abuelas ha coincidido casi con la presentación en Chile del libro “No hay memoria sin ayer. Batallas por la memoria histórica en el Cono sur” editado por el historiador norteamericano Peter Winn y coescrito por el argentino Federico Lorenz , el uruguayo Aldo Marchesi y otro estadounidense, Steve Stern, especialista en América Latina.

Se trata de un proyecto de gran envergadura que abarca investigaciones en tres países: Argentina, Uruguay y Chile. “Nuestro objetivo es explorar las distintas dimensiones de la memoria histórica y relacionarlas entre sí” señala en el prólogo del libro Peter Winn, añadiendo que “se trata de evaluar cómo esos avances en la memoria histórica han contribuido a la construcción de una cultura política pro derechos humanos que pueda asegurar un futuro democrático del «Nunca más».”

La publicación editada por LOM consta de cuatro capítulos. En el primero, Winn y Lorenz analizan las memorias de la violencia política y la dictadura militar en Argentina (1976-1983). En el segundo, Aldo Marchesi se refiere al caso uruguayo (cuya dictadura cívico militar se extendió entre 1973 a 1985). Finalmente, Winn y Stern escriben acerca del “tortuoso” camino chileno a la memorialización.

Junto con consultar numerosas fuentes y revisar abundante bibliografía en cada uno de los países, los investigadores estudiaron los textos del historiador francés Pierre Nora y de Maurice Halbwachs, sociólogo y psicólogo social judío francés muerto en un campo de concentración. Ambos trabajaron en el concepto de memoria histórica como una construcción social.

Es a esa suerte de edificación a la que se refieren los autores de este libro en las conclusiones del mismo. Desde que terminaron las dictaduras se ha avanzado en los diferentes países afectados por la Operación Cóndor (plan ideado por Augusto Pinochet para coordinar a las policías represivas militares de Argentina, Chile, Uruguay, Perú y Paraguay) y cual más cual menos ha logrado recuperar su historia y levantar sitios de memoria. Sin embargo, para consolidad estos avances y lograr efectivamente que no se repitan los hechos horrorosos- detenciones, torturas, desapariciones no solamente de padres , sino también de hijos y de nietos- es preciso , dicen, un empoderamiento de la sociedad civil que tenga clara conciencia del concepto de “terrorismo de Estado” y se levante fuertemente contra la persecución por ideas políticas, las violaciones de la integridad corporal y otras formas de tortura , los secuestros, las ejecuciones sumarias.

El año pasado, al cumplirse 40 años del golpe de estado en Chile, hubo una suerte de destape general: vimos en televisión pública “imágenes prohibidas”, escuchamos testimonios nunca antes oídos, leímos en libros relatos que antes solamente se conocían en forma fragmentaria.

Los movimientos estudiantiles de 2011, cuyo vigor releva el texto de Winn y Stern, nuevamente dejaron en evidencia que algunos métodos usados bajo dictadura en Chile podían seguirse aplicando en democracia y que una pedagogía de la memoria y del respeto a los derechos de las personas sigue siendo una tarea pendiente.

¿Con cuanta convicción podríamos cantar también: ”nada escapa, nada muere, nadie olvida”?

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Lanzan libro sobre las batallas por la memoria histórica en

http://https://www.youtube.com/watch?feature=player_detailpage&v=MPAIRq0F3BU[/e

http://https://imagenesparamemoriar.com/2013/09/10/40-anos-golpe-de-estado-1973-un-trauma-no-superado-que-se-transmite-ademas-a-las-nuevas-generaciones/´119-bernardo-jmarcha-con-su-padre

Un reconocimiento necesario. Los exiliados y la lucha contra la dictadura

Un reconocimiento necesario. Los exiliados y la lucha contra la dictadura

La lucha de los exiliados contra la dictadura http://www.elmostrador.cl/opinion/2014/07/14/la-lucha-de-los-exiliados-contra-la-dictadura/ DIEGO AVARIA Doctor en Relaciones Internacionales, The Graduate Institute Geneva. Ha sido diplomático, profesor en Stanford e investigador en Columbia University He seguido con mucho interés las Conversaciones sobre el exilio que se realizan en el Museo de la Memoria. Para aquellos que se han perdido las presentaciones y para los que vivimos en el exterior, se puede acceder a las grabaciones a través de la página web del museo. http://www.museodelamemoria.cl/conversaciones-sobre-el-exilio-una-apuesta-por-el-testimonio/ Quisiera sumarme al debate, centrándome en un aspecto sobre el cual no se ha escrito suficientemente, a saber, la contribución de los exiliados para que Chile volviera a la democracia. En efecto, realizaron una destacada labor de denuncia y solidaridad en el exterior para derrotar a la dictadura. La represión contra el liderazgo de la Unidad Popular, así como el intento fallido de varios partidos de resistir como organizaciones clandestinas (debido a que fueron diezmados), transformaron a los exiliados en el más efectivo frente de lucha contra la dictadura, al menos hasta 1982. Pinochet usó el destierro para sofocar la acción política, pero una vez afuera los exiliados se organizaron y crearon asociaciones de solidaridad con Chile en los países de acogida. La principal actividad fue, sin duda, la de denunciar a la dictadura y las violaciones a los derechos humanos en Chile, a través de marchas, actos públicos y cartas a los diarios. Gracias a toda esta estrategia mediática, los comités de solidaridad consiguieron movilizar a las sociedades, los gobiernos y los parlamentos de los países de acogida a favor de su causa. Ayudaron a salvar a prisioneros o compatriotas perseguidos, mediante campañas ante gobiernos y organismos internacionales. Muchas veces financiaron directamente la salida de esos chilenos en peligro de muerte. Realizaron huelgas de hambre como expresión de protesta ante algún hecho inaceptable que ocurría en Chile o para salvar vidas de nacionales presos y en peligro de muerte o desaparición. En innumerables ocasiones se realizaron peñas, recitales, presentaciones de teatro u otras actividades, a las que asistía numeroso público, que arrojaban beneficios considerables. El dinero recolectado luego era enviado a Chile, para sustentar a familiares de prisioneros políticos, a viudas o hijos de desaparecidos, así como para costear el trabajo de los partidos políticos y las actividades que se realizaban contra la dictadura militar. Los exiliados crearon y establecieron vínculos con organizaciones políticas, culturales, religiosas, sociales, entre otras, y se insertaron en ellas para aportar al desarrollo de la causa chilena. La amplia gama de actividades mezclaba muchas veces la acción propiamente política con las actividades culturales, sindicales, deportivas u otras. En efecto, gracias a las diversas manifestaciones culturales se dio a conocer Chile a un público más masivo y se logró sensibilizar a la opinión pública internacional respecto a las violaciones de los derechos humanos, lo que mantuvo y aumentó la solidaridad en múltiples países. Por otro lado, los exiliados realizaron innumerables marchas de protesta, por las calles de múltiples ciudades del mundo, contra la dictadura y en solidaridad con los chilenos que en el país luchaban por la democracia. Los tradicionales desfiles de protesta los días 11 de septiembre de cada año se realizaron por todas las capitales del mundo frente a las embajadas y consulados chilenos. Fue muy importante el lobby que realizaron los exiliados en varios países con los organismos internacionales para mantener la vigilancia de los derechos humanos. Consiguieron que la Asamblea General de la ONU condenara, por amplia mayoría, la violación de los derechos humanos en Chile. Las condenas sucesivas a lo largo de los 17 años de dictadura contribuyeron al aislamiento internacional de la junta militar. Por cierto, la solidaridad de los exiliados se mantuvo con el plebiscito de 1988 y la subsiguiente elección presidencial. Colaboraron con dinero para estas campañas y efectuaron un cabildeo intenso y eficaz ante organismos internacionales, gobiernos y parlamentarios de todo el mundo, para que participaran como testigos y garantizaran la realización limpia de estos procesos eleccionarios. En Chile aún se ignora la magnitud de la solidaridad internacional contra la dictadura, obtenida gracias al trabajo incansable de los exiliados. Sin su compromiso con la suerte del país, probablemente la dictadura militar habría sido mucho más duradera. Es más, la constante lucha de los exiliados aportó considerablemente a la derrota de la dictadura, lo que debiera ser debidamente reconocido. Relacionados “El  exilio es un quiebre en las biografías” señaló Loreto Rebolledo, académica de la Universidad de Chile que ayer estuvo moderando en el Museo de la Memoria el segundo conversatorio sobre el exilio y el impacto en la vida de las personas. Con la participación de María Elena Acuña, quien salió del país a los cinco años con sus hermanos más pequeños con destino a Costa Rica; Anita Soto, militante del MIR que se exilió en Dinamarca; Antonio Maldonado, quien luego de sobrevivir a dos fusilamientos y vivir el asesinato de su padre y un hermano, lo sacan del país rumbo a  Bélgica, y Uca Silva, quien tuvo un largo periplo entre Argentina, Canadá y Ecuador, continuó el ciclo “Conversaciones sobre el exilio” que se extenderá hasta fines de agosto en el Museo de la Memoria. Los testimonios de cada uno de los participantes y del público asistente, pusieron el acento en la perdida de las raíces al llegar a otro país, la dificultad de aprender otra lengua, el desarraigo de los hijos que nacieron o crecieron en el exilio y especialmente el impacto que significó en los proyectos familiares. Uca Silva lo retrata muy bien al decir que “en cada país se iba perdiendo algo de Chile”. Los cambios en la vida de las personas fueron a todo nivel. Los niños que debieron adaptarse a culturas e idiomas muy diferentes y los adultos que pasaron de tener una carrera política a trabajar como obreros o en tareas de servicios. Para María Elena Acuña salir a temprana edad del país implicó la añoranza permanente por cosas simples como los juegos o el disfrute por una torta de milhojas, no obstante la sensación de tranquilidad que daba el país de acogida iba aminorando esa perdida. Se estima que alrededor de 240 mil chilenos salieron del país como exiliados y llegaron a cerca de 60 países. Son al menos tres generaciones las que hoy se ven impactadas por la problemática del exilio: la de los propios exiliados, la de sus padres y la de sus hijos. Para Antonio Maldonado lo peor del exilio es que rompe con todo, es un estado que requiere de muchas adaptaciones y cambios como aprender a hablar de nuevo. En su retorno a Chile, el viaje del aeropuerto al centro lo conectó con su lengua materna y se emocionó de solo leer los cárteles publicitarios que fue observando en el trayecto. En tanto, Anita Soto relató que sus hijas estuvieron tres meses en silencio y luego comenzaron a comunicarse en danés. El retorno para ella implicó juntar pedazos de su vida como un mosaico. “Por muchos años cada vez que pasaba por un aeropuerto me quebraba, cada aeropuerto significaba reducir tu vida a unas maletas”, concluyó Uca Silva. “Conversaciones sobre el exilio” es una oportunidad única para escuchar testimonios de chilenos que vivieron el exilio y el retorno. En cada sesión se aborda una temática especial, por ejemplo, en próximos encuentros se hablará del impacto del exilio en la política y sobre la producción cultural en el exilio. Biblioteca Digital Museo de la Memoria y Derechos Humanos http://www.museodelamemoria.cl/centro-de-documentacion/biblioteca-digital/ http://www.cedocmuseodelamemoria.cl/buscador Nº de coincidencias: 573 – &&&&&&&&&&&&&&&&&&} Relacionado https://imagenesparamemoriar.com/2013/11/11/exilio-chileno-e-historiografia-la-izquierda-exiliada-hugo-cancino-universidad-de-aalborg/ Abarzua , Héctor Fernando: “Por una historia del exilio”, Araucaria de Chile, No.  7, 1979, pp.145-149 Acuña, María Elena: Género y Generación en la trasmisión de la memoria, en: http:// http://www.uchile.cl/facultades/filosofía/publicaciones/cyber/19/macuna.html https://imagenesparamemoriar.com/2013/11/15/los-exiliados-chilenos-1973/  

The Politics of Exile in Latin America.

 

 MARIOSZNAJDERand LUISRONIGER: New York:CambridgeUniversityPress, 2009.The Poltics of Exile in Latin America de Mario Sznajder y Luis Roniger constituye el primer estudio sistemático que aborda a escala continental el exilio político en América Latina. Impresiona tanto el arco temporal histórico del estudio como el riguroso marco teórico que presenta. Su fecundo abordaje multifocal trasciende enfoques políticos de exclusión que provocó el autoritarismo en un solo país o la biografía historicista de algunos ilustres exiliados. Por primera vez es posible leer una lograda síntesis histórica -desde la época colonial hasta el presente- que contextualiza política y sociológicamente los itinerarios de los exiliados al interior de los países latinoamericanos y los destinos europeos, además de otras latitudes del mundo. Munidos de una variada información empírica proveniente de fuentes primarias y secundarias, los autores creen necesario desentrañar el origen del exilio en los imperios ibéricos, examinando desde las prácticas coloniales portuguesas de castigo y las prácticas de expulsión españolas y portuguesas por razones judiciales y sociales, hasta el detenido análisis de la expatriación como práctica de exclusión/regulación en los estados independientes poscoloniales. Mediante un abordaje analítico, los autores muestran que el exilio político, institucionalizado por elites de caudillos y oligarquías conservadoras/liberales durante el siglo XIX, sirvió de mecanismo de dominación sobre las masas, evitando un juego destructivo, en la era de las guerras civiles y del faccionalismo típicos de los “caudillo-states“. Los casos del expatriado O’Higgins, el tránsito de San Martín de la expatriación a su elección de ser un exiliado europeo y el ‘extrañamiento’ con que se penalizó al general Santander, vicepresidente de la Gran Colombia, son analizados brillantemente. En particular, el libro echa luz sobre la experiencia y retorno, durante el siglo XIX, de los exiliados políticos que contribuyeron de un modo decisivo en la formulación de nuevas ideas para comprender el ámbito de la política de los estados-nación emergentes, su misma noción de soberanía y el mecanismo regulatorio de la acción política. En esa dirección, el tercer capítulo resulta iluminador a fin de comprender el modo en que, fruto de la experiencia existencial e intelectual en el destierro, los exiliados de las elites elaboraron una cultura política fuera de la patria, donde descubrían lúcidamente el desfasaje entre las fronteras de la ciudadanía estatal proscripta y la identidad nacional reelaborada desde el destierro. Un ejemplo de ello fue la tensión entre la idea de estados confederados imaginados por exiliados en los años post-independencia, con ideas nuevas en torno a identidades colectivas para la formación estatal en la fragmentada realidad de países en pugna con fronteras territoriales. Es el caso de emigrados peruanos en Chile que se oponían a la Confederación Peruano-Boliviana liderada por el general Andrés de Santa Cruz. Un aporte analítico valioso del temprano exilio en el siglo XIX es ofrecido a través del formato conceptual que los autores denominan “a three-tiered structure“, conformado por la dinámica que opera para los exiliados entre el ámbito de sus comunidades de exilio, el país huésped receptor y la madre patria expulsora a la cual anhelan retornar. Ese formato permite analizar las posibilidades abiertas ante los exiliados para jugar un rol importante en el nivel de la política transregional y continental, en distintos clusters regionales (Chile-Argentina-Bolivia-Perú; además: Paraguay-Argentina-Uruguay-Brasil; y también: México-América Central-Caribe y Estados Unidos) . El formato triangular acude también a la historia de las ideas de algunos exiliados latinoamericanos que imaginaban componentes cívicos, primordiales y pan-nacionales de las nuevas identidades e imaginarios colectivos. En tal sentido, ha sido muy apropiada la inclusión de algunas reflexiones del diario del intelectual chileno Benjamín Vicuña Mackenna, durante su exilio en la década de 1850 a través de países latinoamericanos y de Europa. Asimismo, resulta fascinante la inclusión de las ideas panamericanistas del exiliado colombiano José María Caicedo y las del paradigmático intelectual portorriqueño, el “maestro” Eugenio María de Hostos y Bonilla, quien procuraba crear la Confederación Antillana (Cuba, Puerto Rico y República Dominicana), países en los que ejerció enorme influencia cultural y cívica. El capítulo cuarto examina los sitios de exilios, especialmente el caso de Chile y su interacción con la elite política e intelectual liberal latinoamericana luego de las primeras décadas de la independencia, desde los proscriptos por el rosismo como Vicente Fidel López, Sarmiento, Alberdi y Bartolomé Mitre, hasta los venezolanos Andrés Bello y Francisco Michelena. París es el sitio europeo analizado como la meca cultural de exiliados latinoamericanos desde la época de la independencia, mientras que México es focalizado como un sitio latinoamericano importante para los exiliados durante el siglo XX, primero españoles y más tarde del Cono Sur. El examen minucioso de la política de asilo de las repúblicas latinoamericanas revela que no hubo correlación entre nivel avanzado de democracia y disposición gubernamental de recibir exiliados (como en el caso temprano de asilo político dado por el régimen autoritario de Rodríguez de Francia al uruguayo Artigas, aislado completamente en Paraguay); pero los autores no se limitan a analizar el exilio desde la perspectiva del tipo de estado expulsor/excluyente, sino examinan las opciones de asilo y rutas posibles de refugio desde la perspectiva de los mismos exiliados. El capítulo quinto se ocupa de explicar la transformación del anterior exilio político en tanto desplazamiento-destierro-ostracismo de una selecta elite durante el siglo XIX y la emergencia de un masivo fenómeno social de exclusión ciudadana que condujo a la formación de comunidades de latinoamericanos expatriados en el siglo XX. Conceptualmente, al anterior formato analítico se agrega un cuarto componente estructural, a fin de entender cómo las redes internacionales empiezan a cumplir un rol importante desde la Segunda Guerra Mundial, como reguladores de acuerdos de asilo a escala mundial. Mediante el “four-tiered structure“, el capítulo sexto explora las variadas dinámicas de comunidades de exiliados, sus vínculos condiásporas de connacionales y el rol que juegan a nivel político en la arena internacional para influir en el rumbo tomado por los regímenes de sus respectivos países. Los casos examinados son los exiliados brasileros y lasdiásporas argentina, chilena y uruguaya. Hasta ahora, cada una de estasdiásporas de fugitivos de la represión en el Cono Sur fueron estudiadas de modo particular según el origen nacional (caso que los autores conocen muy bien); gracias al libro deSznajder yRoniger podemos saber mucho más de sus mutuas dinámicas, enriquecidas desde una perspectiva de análisis comparativo a nivel socio-político. Un fascinante capítulo que combina datos empíricos y cualitativos se ocupa de la extensión y lasimplicancias políticas de losexilios de presidentes latinoamericanos desde la época de la Independencia hasta el presente. De la sólida base de datos construida, ahora sabemos que más de un cuarto de todos aquellos que ocuparon la primera magistratura de países latinoamericanos conocieron el exilio, antes o después de ejercer la investidura presidencial. Finalmente, el libro se cierra enfocando la decisiva cuestión de si con el retorno de lademocratización y el de los expatriados se clausuraría el fenómeno del exilio en países latinoamericanos. Las agudas reflexiones de los autores (que ya habían estudiado en un libro seminal anterior el fenómeno del legado del autoritarismo en lademocratización de países del Cono Sur) se agrupan en dos órdenes de problemas de diferente naturaleza e igualmente importantes. Por un lado, la cuestión del impacto que tuvo sobre el proceso de la transición democrática la experiencia de los exiliados, quienes, desde la arenatransnacional, pudieron conocer innovadoras formas de pensar la política, la sociedad, la cultura, la nación, las vías alternativas a la modernidad, los desafíos de género y deetnicidad, además de las identidades colectivas. Por el otro lado, el capítulo final pone en foco una asignatura pendiente desde el punto de vista de lademocratización actual de la vida política: en qué medida el exilio ha sido también una de las ominosas formas de violación de los derechos humanos, junto con la tortura, la desaparición, los asesinatos y otros formas canonizadas de los crímenes del terrorismo de estado. El reciente artículo deSilvinaJensen apunta precisamente a este tema. Los autores recuerdan que entre las tareas pendientes de las emergentes democracias latinoamericanas en dirección a la inclusión social y la reparación judicial, moral y material, también se debe tomar en cuenta a los exiliados políticos que sufrieron de exclusión institucionalizada, Más aun, una de las conclusiones importantes del libro es que la misma democracia -no sólo las dictaduras- ha promovido el exilio y exclusión de líderes y militantes de la oposición, ya que varios estados democráticos no han podido liberarse del legado de una cultura política emboscada declientelismo, autoritarismo, polarización, favoritismo,faccionalismo, persecución, intolerancia a la crítica y la disidencia, además de la falsa percepción populista del adversario como enemigo irreconciliable. En síntesis, se trata de un libro que abre nuevos rumbos teóricos y líneas analíticas para la agenda retrospectiva y prospectiva de investigación del exilio, así como también para ampliar los estudios de la emigración como práctica de exclusión informal de ciudadanos que se sienten amenazados de vivir en aquellos países democráticos que sufrendisrupciones graves por factores socio-económicos, étnicos, de seguridad y demográficos.

Leonardo Senkman

Universidad Hebrea de Jerusalén

1.    Luis Roniger y Mario Sznajder, The Legacy of Human Rights in the Southern Cone, Oxford University Press, 1999; publicado en portugués con agregados por Ed. Perspectiva, São Paulo, 2004; y en castellano por Ed. Al Margen, La Plata, Argentina, 2005. 2.    Silvina Jensen, “¿Por qué sigue siendo políticamente incorrecto hablar de Exilio? La dificultosa inscripción del exilio en las memorias sobre el pasado reciente argentino (1983-2007)”, Páginas (revista digital de la Escuela de Historia, Universidad Nacional de Rosario), 1 (2008): 131-148. http://www1.tau.ac.il/eial/index.php?option=com_content&task=view&id=295&Itemid=179  

Red Charquican.cl

Como “buen ex-exiliado” que soy, yo también quiero hacer mi aporte a este intercambio de ideas y opiniones respecto al exilio…y a los exiliados del MIR…

Antes de salir de Chile me junté con dos compañeros…los únicos con los que tenia un mínimo contacto después de pasar 9 meses en diferentes campos de concentración. Ellos me informaron que partir al exilio seria considerado TRAIDOR… (hermoso titulo para quien no había traicionado a nadie !!!).

A mi llegada a Lyon, Francia, me puse de inmediato en contacto con aquellos que ma habían precedido y que estaban organizando en esta ciudad las actividades contra el régimen del dictador y al mismo tiempo en la bûsqueda de recursos para el partido. Sin pensarlo dos veces…y pese a mi situación de traidor, me incorporé de lleno a estas labores. Nuestras actividades fueron múltiples no solo contra la dictadura chilena sino también contra todos los regímenes dictatoriales que regían en ésa época en América Latina.

Numerosas fueron las actividades organizadas para juntar fondos…los que nunca fueron rechazados por el MIR…pese a venir de parte de un “traidor”…muy por el contrario !!!

Numerosas también fueron las personas que a nuestra solicitud respondieron positivamente y fueron a Chile por razones puntuales, entre otras, tratar de obtener la libertad de algún preso, inquirir sobre la situación de otros…o simplemente llevar dinero !!!

Creo que modestamente ayudamos, con nuestro granito de arena, en el combate contra la dictadura. Yo no pido ningún reconocimiento, me basta con tener mi conciencia tranquila, pero pienso que es importante que esto se sepa…y no tener que escuchar nuevamente, peses a los 40 años transcurridos, NOSOTROS LOS QUE NOS QUEDAMOS….como si los que nos fuimos hubiéramos abandonado la lucha !!!”

Pedro de Lyon
estimado compañero,estando de acuerdo con todo lo que dice le falto una parte muy importante y que siempre es olvidada,la decicion de cientos de compañeros del mir que estaban en el exilio y que tomaron la desicion de prepararse y retornar a chile a combatir a la dictadura,de esto no se habla y se trata de ocultar,seria bueno que en la cosa de recuperar la memoria se hablara tambien de todos estos compañeros que dejaron sus vidas para que chile recuperara su libertad por ellos por el momento son heroes anonimos cuya historia es conocida unicamente por los sobrevivientes que ya se estan poniendo viejos y empesando a morir,un fraternal abrazo a todos y todas “
,flaco theo

 

 

 

Uruguay: Denuncia “el cuerpo de las mujeres fue utilizado como botín de guerra”,

Uruguay: Denuncia de Beatriz Benzano y Clarel de los Santos

DURANTE LA DICTADURA, EL CUERPO DE LAS MUJERES FUE USADO COMO BOTÍN DE GUERRA

30 junio 2013

El horror, el horror

La última dictadura, de la que se cumplen 40 años este jueves, dejó víctimas silenciosas, como las mujeres ex presas, que sufrieron abusos y violencia sexual.
Durante la última dictadura uruguaya, “el cuerpo de las mujeres fue utilizado como botín de guerra”, afirma Beatriz Benzano, quien décadas después del régimen promovió, junto a otras ex presas políticas, la primera demanda colectiva por violencia sexual ejercida contra las detenidas en ese periodo.

Lo que hicieron los militares con las mujeres detenidas fue “un crimen de guerra”, asegura Beatriz, ex monja que luego militó en el Movimiento de Liberación Nacional-Tupamaros (MLN).

“El cuerpo de la mujer era usado como botín de guerra, en los cuarteles nos entregaban a la tropa para que hicieran lo que quisieran con nosotras. Y como campo de batalla, por eso lo hacían delante de compañeros o esposos”, relata Beatriz, quien estuvo encarcelada entre 1972 y 1976.

Ella es una de las 28 ex presas políticas que presentaron en octubre de 2011 una denuncia contra más de un centenar de militares, policías, médicos y enfermeros que participaron de las torturas y abusos sexuales contra las detenidas.

La denuncia sostiene que las detenidas sufrieron especialmente “en su condición de mujeres”.

El ensañamiento era mayor “por el hecho de ser mujeres y por ser ellos una institución tan jerarquizada, autoritaria y machista”, sostiene Beatriz. “No podían tolerar que nosotras nos hubiéramos salido del rol tradicional de esposas, madres, amas de casa”.

“La desnudez forzada era lo primero que nos hacían, al llegar al cuartel nos arrancaban la ropa. En esa situación de vulnerabilidad e indefensión empezaban a torturarnos y a hacer algunas prácticas de violencia sexual”, recuerda, con la mirada empañada.

Cientos de denuncias

Si bien hay unos 15 condenados en los últimos años en Uruguay por delitos cometidos durante la dictadura –entre ellos los ex dictadores Gregorio Álvarez y el fallecido Juan María Bordaberry-, todos fueron culpados por el delito de homicidio.

Con el regreso de la democracia en 1985 y la aprobación un año después de una ley que frenó las investigaciones sobre los crímenes de la dictadura, los detenidos callaron las torturas.

“Lo que hicimos fue pelear por memoria y verdad, tratar de encontrar a los desaparecidos, nos parecía que era lo más urgente”, señaló Benzano.

Luego que la Corte Interamericana de Derechos Humanos ordenara en 2011 a Uruguay investigar y juzgar los delitos de la dictadura, las ex presas evaluaron que ahora sí podían denunciar. Pero se toparon con la gran dificultad para hablar del tema.

“Hablamos con más de un centenar de compañeras, invitándolas a hacer la denuncia, algunas que sabíamos que habían sido violadas, y al final quedamos 28 haciendo la denuncia. Hay compañeras del grupo que jamás lo habían hablado con su compañero o durante 30 años de terapia no se lo habían dicho al terapeuta ni a nadie”, relata Beatriz.

Un proceso similar vivieron 90 ex presos y ex presas que presentaron una denuncia separada, también en 2011, por las torturas y tratos degradantes cometidos en las prisiones uruguayas, que llegaron a albergar unos 6.000 presos políticos.

También en este caso, “más allá de identificar a los responsables y castigarles por un delito cometido, para nosotros lo fundamental es que se avance en la jurisprudencia en el país para que este tipo de delitos nunca más ocurran. Y que si ocurren, que haya instrumentos jurídicos reales y efectivos para castigarlos”, dijo a la AFP Clarel de los Santos, ex detenido y uno de los impulsores de esta denuncia.

De los Santos sostiene que “durante muchos años se negó que la tortura hubiera existido, una parte importante de la población no creyó”.

“Por eso nos parece ponerlo en el tapete: que existió tortura, que la tortura generó secuelas en una cantidad de gente que nunca pudo rehabilitarse, que en general cambió para siempre a las personas que fueron torturadas. Aunque hayan hecho esfuerzos por canalizar su vida no fue lo mismo”, enfatizó.

Beatriz coincide en que la sociedad uruguaya ha recibido las denuncias sobre torturas “con asombro, como si nunca hubieran oído hablar (de esto)”.

“Creo que también todo el mundo trató de olvidar lo peor: el horror del terrorismo de Estado”, sostiene. “Que estaban todos los cuarteles y las comisarías del país convertidos en centros de tortura y de exterminio, con cuerpos colgados del aire, balanceándose como muñecos, desnudos siempre. Cuerpos tirados, amontonados, mugrientos, sangrientos, desfigurados por los golpes en la cara, en todo el cuerpo, en los genitales, donde se ensañaban, ultrajados, pisoteados”.

Ambas denuncias están actualmente en la Suprema Corte de Justicia (SCJ), para que el máximo tribunal resuelva si se pliega al pedido de la defensa de los acusados, que sostienen que los delitos prescribieron, basándose en un fallo emitido por la propia SCJ para otro caso este año.

Sin embargo, en estos dos casos las víctimas aseguran que seguirán adelante.

“Es urgente, no podemos dejar ese fardo a las generaciones venideras”, dice Beatriz. “Los hijos y los nietos de ellos oyen que sus padres o abuelos siguen reivindicando lo que hicieron. El trabajo es de justicia pero también por un nunca más”.

(Fuente: AFP)
enviado por
ddhhuruguayxs.argentina@gmail.com

servido por red-latina-sin-fronteras 

Cine chileno. El Edificio de los chilenos. Desacralización de la militancia heroica,

Hijxs de la Memoria Chile 

Tamara Vidaurrazaga ( hija de Ignacio y Soledad) es periodista, tiene un magíster de genero y es candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos. Investiga sobre las organizaciones que propugnaron la lucha armada en los setenta latinoamericanos, especialmente respecto de las mujeres que participaron en ellas. Últimamente ha investigado sobre las memorias de los hijos/as de militantes. Tiene una hija y le gusta el suchi.

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Tamara Vidaurrazaga es periodista, tiene un magíster de genero y es candidata a doctora en Estudios Latinoamericanos. Investiga sobre las organizaciones que propugnaron la lucha armada en los setenta latinoamericanos, especialmente respecto de las mujeres que participaron en ellas. Últimamente ha investigado sobre las memorias de los hijos/as de militantes. Tiene una hija y le gusta el suchi.

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SSA51666 (Photo credit: Memoria Urgente)
Desde Otro Lugar

La Memoria de “los hijos de” en el documental El Edificio de los chilenos.

http://www.lafuga.cl/desde-otro-lugar/647


“El vacío es un camino que sólo se llena al recorrerlo”, son las palabras con las que comienza el documental El edificio de los chilenos de Macarena Aguiló. Y haberlo hecho, es la manera en que su autora y protagonista, llena el vacío de su vida tras el abandono por parte de su padre y madre, para luchar en Chile contra la dictadura de Pinochet. Partiendo desde la biografía de la propia autora, el documental narra la historia del “Proyecto Hogares” del Movimiento de Izquierda Revolucionaria, MIR, pensado para reemplazar el cuidado paterno y materno de niños y niñas cuyos progenitores regresaron a combatir clandestinamente a Chile a fines de los años ‘70.

El edificio de los chilenos, no es la obra de una investigadora aséptica del periodo, sino de una hija de militantes del MIR, organización político militar que resistió a la dictadura de Pinochet. Antes niña, ahora mujer, creció con el peso de progenitores héroes de la izquierda latinoamericana, víctimas de la represión, con la responsabilidad de ser lo suficientemente buena descendiente de tamaños personajes.

Su relato, y los relatos que entretejen poco a poco la narración audiovisual, humanizan a los progenitores -y con ello al resto de los y las militantes de las izquierdas de los setenta- cuyas imágenes se debaten en la dicotomía héroe/víctima, complejizándolos a través de los rasgos de humanidad que nos entregan, para aportar a la reconstrucción de una memoria que solo recientemente ha sido contada.

Macarena reconstruye una memoria otra del periodo, la de “los hijos de”, que no eligieron su lugar en la historia, pero fueron fuertemente influenciados por las decisiones maternas/paternas. Lo hace de manera crítica, sabiendo también que tiene el permiso por el lugar que ocupa en la historia –es hija de- pero también porque fue claramente víctima de la dictadura, lo que le da el permiso social para incurrir en un acto de desacralización de la militancia heroica, relato que prima todavía al interior de la izquierda chilena. Macarena no solo fue víctima al vivir el abandono materno/paterno, sino también al ser secuestrada siendo niña, por agentes de la represión dictatorial como forma de presionar a su padre para que se entregara.

Esta obra rompe con la dicotomía público-privado, y con el tácito acuerdo de hablar de los aspectos públicos de la militancia, poniendo la inflexión en los sucesos y consecuencias de las decisiones tomadas en las vidas íntimas de los militantes de la época y de las misma narradora-protagonista en la actualidad.

En el recorrido de la narración hay una búsqueda evidente por reconstruir la propia biografía a través de las memorias de un país dolorido y todavía silenciado en este plano, puesto que las miradas críticas respecto de como se vivieron las militancias y la forma en que se memorializa a los protagonistas de los setenta, ya sea que estén vivos o muertos; todavía resultan incipientes.

Humanización de la militancia

Cuando Macarena habla de sí misma, habla de las consecuencias que para ella y otros hijos e hijas de militantes, tuvieron y siguen teniendo las decisiones que sus progenitores tomaron. Está refiriéndose a una generación anterior que creyó en la revolución como un hecho tangible y posible, como señala Claudia Gilman (2003)cuando se refiere al concepto de época. Según Gilman la época se termina cuando la revolución deja de ser posible y se transforma en utopía. Es desde este tiempo actual, en que la revolución dejó de ser concreta para transformarse en utopía que la narradora de este documental mira hacia el pasado, ese pasado en que la revolución se produciría de manera inmediata, por lo que, para sus progenitores, valía la pena dejar todo lo personal en pos del objetivo urgente y colectivo: la revolución socialista.

El documental se refiere a la generación militante de sus progenitores, transgrediendo la dicotomía víctima/héroe, que ha sido construida desde las izquierdas. La noción de víctimas responde a un primer momento en el que era necesario exigir verdad y justicia y dejar en claro las atrocidades de las violaciones a los derechos humanos cometidas por las dictaduras chilena y argentina. En esta etapa se silencian los aspectos combativos de estos protagonistas, reconstruyendo sus biografías esencialmente en torno a las represiones de las que fueron víctimas, con el fin de dejar en claro socialmente que las acciones del Estado habían sido desmedidas e inhumanas.

Con victimización nos referimos a la reducción de la víctima a este rol unívoco y homogéneo, noción en la que se desconoce otras aristas de quienes sin lugar a dudas se convirtieron en víctimas, pero a la vez jugaron roles como combatientes y articuladores de proyectos de vida subversivos al sistema hegemónico.

El relato que sigue al de la victimización, es el del heroísmo. Una memoria que se refiere a la generación protagonista de los setenta esencialmente como militantes y combatientes que eligieron un proyecto de vida y sociedad por el que incluso estuvieron dispuestos a perder la vida. Este relato reivindica el proyecto revolucionario de esta generación como algo posible y deseable no solo en ese pasado reciente, sino también en nuestro presente y futuro. Por heroísmo entendemos aquella memoria que -al contrario de la victimización- recuerda a los protagonistas de las luchas de los setenta y ochenta como héroes que nunca se equivocaron y cuyo proyecto puede y debe emularse sin críticas ni cuestionamientos.

En El edificio de los chilenos se evidencia una subversión a esta posibilidad dicotómica de memorias sobre los y las militantes, reconstruyendo un relato en el que estos personajes se humanizan y por tanto se vuelven más complejos, llenos de zonas grises.

No es la gesta pública -ni el martirio producto de ésta- lo que se narra, sino las consecuencias que el sueño revolucionario implicó en la vida privada de los descendientes de los protagonistas de la época revolucionaria. Los otrora héroes del documental caen ante la pregunta de la nueva generación que no desea necesariamente ser heroica pero tuvieron que serlo a la fuerza: ¿por qué nos abandonaron? Los adultos responsables de las decisiones de antaño se vuelven humanos ante esta pregunta e incluso lloran. Algunos no se perdonan lo hecho, otros no saben qué decir. Ninguno repite la excusa de antaño “por todos los niños del mundo”, la excusa ya no es tan poderosa en los cuerpos concretos de los abandonados, cuando se da en medio de la derrota política. El sacrificio ha sido estéril. Algunos progenitores nunca volvieron y aún así la revolución ansiada no ganó.

Transgresión público/privado y tránsito de lo individual a lo colectivo

En esta obra se produce un tránsito desde la propia biografía hacia una historia colectiva, transgrediendo además la dicotomía público/privado y el acuerdo tácito de referirse a la militancia setentista solo en términos de la gesta pública, obviando cómo lo público y lo privado se influenciaron mutuamente en este periodo.

Se evidencia una autorreferencia constante a la propia historia, a los documentos personales, a los recuerdos íntimos, aportes que reiteradamente devuelven al documental la veracidad de la historia. Son las cartas que escribe la madre de Macarena tras dejarla a cargo de los “padres sociales” del “Proyecto Hogares”, las fotografías de Cuba, su diario de vida, los dibujos infantiles y los recortes de la época.

La historia de Aguiló es también la de un colectivo de infantes dejados en el proyecto hogares en Cuba, y la de un número no contabilizado de menores que fueron abandonados por padres y madres que priorizaron por el compromiso de la militancia en Chile. De su relato Aguiló salta al relato de sus hermanos sociales, de sus hermanos sociales a otros ex niños/as que vivieron la experiencia, de ellos a sus padres biológicos y sociales, a los padres de otros, a quienes planearon el proyecto sin tener hijos en él.

El documental transgrede uno de los conceptos más enclaustrantes para occidente: la dicotomía público-privado (Pateman, 1996), puesto que complejiza una memoria de lo público a través de los recuerdos personales. Los militantes dejan de ser reconstruidos desde sus labores en lo público: el trabajo por la revolución, y más bien se rehace la historia de cómo en lo cotidiano tuvieron que tomar opciones dolorosas que implicaron a otros/as, quienes heredaron las consecuencias de esas decisiones. Relato que es incipientemente contado porque resulta más doloroso aún que los dolores públicos de la revolución perdida.

El deber ser de una generación pospuesta por el proyecto revolucionario

La transparencia de Aguiló, las dudas y dolores expuestos y la inconformidad ante el deber ser heredado por ser hija de militantes, facilitan la empatía con los relatos y las verdades allí puestas en discusión.

Son parte de una generación pospuesta por la revolución inminente. La urgencia de ésta fue tan grande que para el héroe-militante la lucha pública-abstracta fue el ejercicio fundamental y ante el cual todos los demás dejó de ser prioritario. Se rompió así el orden “natural-cultural” en el que los hijos-concretos son primordiales, sobre todo en el caso de las mujeres quienes transgredieron en mayor medida el deber ser sexo genérico, dejando atrás el rol de madres abnegadas.

Macarena y el colectivo de infantes de quien se reconstruye la historia, son víctimas invisibilizadas de dictaduras que pusieron a una generación de adultos entre la disyuntiva de luchar o hacer la vista gorda. Luchar con armas o políticamente. Mantenerse al lado de los hijos/as o posponerlos hasta el supuesto triunfo.

Pertenecen a una generación que supieron lo que es un segundo lugar en la vida de sus padres y madres, cediendo sin chistar un espacio que culturalmente les correspondía, siendo sacrificados por los adultos como exigencia para lograr la ansiada revolución, revolución que finalmente fue derrotada en Chile, haciendo aún más trágica la opción de lo colectivo por sobre lo personal.

En la obra se leen silencios incómodos que evidencian un trauma colectivo y aún invisible. No son combatientes escogiendo su lugar en la historia. No pudieron decidir por qué bando optarían. Ni dar un paso al lado. La decisión fue tomada por otros, adultos, que con sus determinaciones guiaron la historia individual y colectiva de esta generación pospuesta por el proyecto revolucionario.

Aguiló devela no solo lo que significa ser hoy “hija de”, sino lo que les implicó en sus infancias este deber ser, el mandato a cumplir para merecer el cartel de hijas de revolucionarios, exigencia que se le hace a estos niños y niñas, herederos de los sueños revolucionarios de sus progenitores.

“Queríamos hacer niños nuevos”, dice una madre social entrevistada para el documental de Aguiló, refiriéndose a cómo fue en estos infantes que los y las militantes plasmaron el sueño guevarista de formar el “hombre nuevo”. La exigencia entonces era ser los mejores en todo, como le recomendaba el “Che” Guevara a su hija Hilda en una de sus cartas desde Bolivia: la mejor en los estudios, la más solidaria, la mejor hija y hermana, formando así a la verdadera revolucionaria.

Evidentemente el ser hijos/as de la vanguardia le entregaba a estos pequeños/as- protagonistas del documental- la tarea de ser también vanguardia en la conformación de pequeños “hombres nuevos” que se formarían en Cuba, el país de la revolución y los sueños guevaristas per se. Margarita Marchi, la madre biológica de Aguiló, define claramente qué querían lograr con los hijos/as del “Proyecto Hogares”: “queríamos niños con capacidad subversiva y resistencia frente al capitalismo”.

Este “nuevo hombre” debía ser ante todo ejemplar, y eso es lo que se le pedía a los descendientes dejados en Cuba: ejemplaridad ante sus “hermanos sociales” pequeños, porque eran la encarnación del heroísmo de sus progenitores, como recuerda Aguiló en su documental cuando señala: “comencé por comerme toda la comida, algo que mi madre no había logrado en años”.

Se le pide a esos niños/as “compañerismo”, se los hace responsables de una elección que a todas luces es adulta, se los trata como pares dentro de la revolución. No son seres a los que hay que proteger solamente, sino también a los que se les puede exigir un sacrificio por una causa que no escogieron, sino que fue heredada.

La obra transita entre la aceptación del deber ser en tanto “hijos de” y la crítica al lugar que les tocó en la historia por las decisiones de sus progenitores. Y eso es lo que hace de este documental un aporte que complejiza la memoria de la militancia y sus consecuencias.

La niña madura y el deber ser se confrontan con la crítica que necesariamente hace Aguiló al reconstruir descarnadamente su historia, con los ojos de una adulta que -aun compartiendo sueños con sus padres- tiene claridad sobre los dolores que hasta el presente acarrea por no haber tenido derecho a rabietas. Reconoce lo bueno de la experiencia en los relatos de la vida colectiva en Cuba, y se sabe abandonada en las palabras de unos de los padres que dejó a sus hijos entonces. Transita entre estos dos sentires, como el documental se mueve entre la dulzura e inocencia del proyecto que intento colectivizar la “familia partidaria” y el dolor del desapego, el desgarro del abandono y la proximidad de la muerte de quienes estaban lejos: los padres y madres.

Esta obra devela una memoria crítica que recién comienza a visibilizarse en Chile. Hablan de lo que ha permanecido mudo, porque sin duda fue lo más doloroso de la revolución derrotada: los sacrificios que parecen haber sido estériles y sin embargo continúan acarreando costos para la generación pospuesta por un sueño incumplido.

La narradora se instala en un lugar crítico de manera atrevida y subversiva, transgresión que es posible en buena parte porque -aún siendo un tema todavía sensible- proviene de una protagonista de esta historia. La crítica de Macarena no sería igualmente recibida si no fuera ella misma hija de las decisiones militantes de sus progenitores. Esta memoria crítica hacia la militancia todavía se encuentra en un lugar incipiente, todavía es posible solo dependiendo de quien la hace. Aun es complejo referirse críticamente a la militancia, sobre todo a cómo las decisiones políticas de esta militancia tuvieron consecuencias en las vidas no solo de la generación de los setenta, sino también en la de sus hijos e hijas.¿Cuánto faltará para que la militancia pueda ser vista de manera crítica por todos y todas sin tener que mostrar las medallas que nos autoricen a hablar del tema?

Hace unos meses pude entrevistar a Aleida Guevara, la “hija de” por excelencia. Habló con convicción de que nunca se sintió pospuesta por su padre, el “Che”, y que comprende la urgencia de la entrega del guerrillero, porque hoy le permite disfrutar de una vida digna en medio de una revolución triunfante. Habló con toda la convicción del mundo, sin embargo cuando le pregunté si su padre le había hecho falta, le cayeron lágrimas y respondió: “Siempre me hace falta. Tengo más años que los que él tenía cuando lo asesinaron, y todavía me hace falta”.

Bibliografía

Gilman Claudia. Entre la pluma y el fusil. Debates y dilemas del escritor revolucionario en América Latina, Siglo XXI editores: Buenos Aires, 2003.

Guevara Ernesto, “El socialismo y el hombre en Cuba”, Marcha, Montevideo, 1965, versión electrónica tomada de Ernesto Che Guevara, Escritos y discursosTomo 8, Editorial de Ciencias Sociales, La Habana, 1977.

Jelin Elizabeth, Los trabajos de la memoria, España, Siglo Veintiuno editores, 2001.

Pateman, Carol “Criticas feministas a la dicotomía público-privado”, en Castells Carmen, Perspectivas feministas en teoría política, Barcelona, Piados, 1996.


 

Material de Consulta. Testimonios de Nietos – Video y Textos

Material de Consulta

Testimonios de Nietos – Video

MICROS: “Acá estamos – Historias de nietos que recuperaron su identidad.”

Este ciclo de documentales busca contar el camino que transitaron los nietos restituidos por las Abuelas de Plaza de Mayo hasta conocer su verdadero origen y encontrarse con sus familias legítimas. Separados violentamente de sus madres al nacer, entregados en su mayoría a personas cercanas a la dictadura, estos hombres y mujeres le ponen la voz y el cuerpo a sus propias historias en las que se mezclan lo íntimo y personal con lo político y social.

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Micro 1: Ezequiel Rochistein y Mariana Zaffaroni resumen su largo proceso de búsqueda, en un instante de “iluminación” que les reveló su verdadera identidad.

 

 

 

Micro 2: Catalina De Sanctis y Marcos Suárez Vedoya narran lo importante que fue estar acompañados durante la búsqueda de su verdadera identidad.

 

 

 

Micro 3: Leonardo Fossati, Gabriel Cevasco y Matías Reggiardo Tolosa narran que a pesar de vivir durante muchos años como en una ficción, la verdad se les reveló como único modo de liberación.

 

 

 

Micro 4: Martín Amarilla y Juan Pablo Moyano tras haber sido criados en la mentira, conocieron el amor al recuperar sus verdaderas identidades

 

 

 

Micro 5: Pedro Nadal y Leonardo Fossati cuentan cómo al conocer su identidad recuperaron también su verdadera historia.

 

 

 

Micro 6: Carlos D´Elía y Victoria Montenegro cuentan cómo fueron recuperando de a poco su historia robada a partir de los relatos de sus familiares.

 

 

 

Micro 7: Catalina De Sanctis y Martín Amarilla cuentan cómo a pesar de los miedos y la culpa pudieron acercarse a Abuelas y hacerse cargo de su verdadera identidad.

 

 

 

Micro 8: Victoria Montenegro, Carlos D´Elía y Pedro Nadal cuentan cómo los liberó conocer la verdad.

 

 

 

Testimonios Nietos (2006)

Un grupo de nietos cuentan cómo se animaron a acercarse a Abuelas y cuáles fueron los pasos que siguieron hasta conocer su verdadera identidad.

 

 

 

Un grupo de nietos que recuperaron su verdadera identidad cuentan cómo empezó su búsqueda

Ellos son: Leonardo Fossati, Pedro Nadal, Gustavo Godoy, Manuel Gonçalves, Juan Cabandié.

 

 

 

 

Un grupo de nietos que recuperaron su verdadera identidad cuentan qué significó para ellos conocer la verdad

Ellos son: Pedro Nadal, Manuel Gonçalves, Juan Cabandié, Leonardo Fossati.

 

 

 

 

Un grupo de nietos que recuperaron su verdadera identidad cuentan cómo fue para ellos y sus hijos vincularse con su verdadera familia

Ellos son: Gustavo Godoy, Leonardo Fossati, Pedro Nadal, Manuel Gonçalves, Tatiana Sfiligoy

 

 

 

 

Un grupo de nietos que recuperaron su verdadera identidad le hablan a los nietos que aún viven con la identidad falseada

Ellos son: Leonardo Fossati, Manuel Gonçalves, Pedro Nadal, Gustavo Godoy, Tatiana Sfiligoy, Juan Cabandié,

 

 
Gustavo Godoy

conoció su verdadera identidad el 4 de diciembre de 2003

 
Manuel Gonçalves

recuperó su identidad en agosto de 1997

 
Belén Altamiranda

conoció su verdadera identidad el 29 de junio de 2007

 
Leonardo Fossati

conoció su verdadera identidad el 11 de agosto de 2005

 
Claudia Poblete

fue restituida el 7 de febrero de 2000

 
Horacio Pietragalla

recuperó su identidad el 4 de abril de 2003

 
Macarena Gelman

conoció su verdadera identidad en junio de 2000

 
Gabriel Cevasco

recuperó su identidad en octubre de 2000

 
Francisco Madariaga Quintela

conoció su verdadera identidad el 17 de febrero de 2010

 
Juan Cabandié

conoció su verdadera identidad el 26 de enero de 2004

 
José Sabino Abdala

recuperó su identidad en diciembre de 1993

 
Victoria Grisonas

fue localizada en 1979

 
Rodolfo Pérez Roisinblit

conoció su verdadera identidad en junio de 2000

 
Matías Espinoza

confirmó su identidad en junio de 2009

 
Sebastián Casado

conoció su verdadera identidad el 9 de febrero de 2006

 
Juan Manuel Goya

encontró a su hermano el 28 de julio de 2008

   

 

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Victoria Montenegro conoció su verdadera identidad el 5 de agosto de 2001. En un relato descarnado nos cuenta cómo a través de diez años fue incorporando la verdad hasta lograr aceptar su nueva identidad. La entrevista fue realizada en octubre de 2010.

 

 

Segunda parte de la entrevista a Victoria Montenegro. Octubre de 2010.

 

 

Testimonios de Nietos – Texto

 PEDRO LUIS NADAL GARCÍA
“Saber mi verdadera identidad no tiene precio”

 VICTORIA DONDA PÉREZ
“La identidad para mí es algo que está en permanente construcción”

 VICTORIA RUIZ DAMERI
“El alivio fue enterarme que no había sido un abandono”

 ANDRÉS LABLUNDA
“Cuando recuperé mi identidad cambió mi vida, volví a nacer”

 ELENA GALLINARI ABINET
“Fui localizada gracias a mi abuela que se dedicó a buscarme”

 MARÍA EUGENIA SAMPALLO BARRAGÁN
“El momento del encuentro con mi familia y con mi identidad fue muy feliz”

 

La Dictadura en el Cine. La generación de los Hijos.

http://www.memoriaabierta.org.ar/ladictaduraenelcine/index.html

A mediados de los 90, los hijos aparecen en la escena cinematográfica con sus propias demandas e interpretaciones sobre lo acontecido a sus padres en los 70, asumiendo el protagonismo, y en muchos casos también la dirección, de documentales y ficciones.

Argenmex, exiliados hijos(2007)

Argenmex. 20 años. La historia ésta (1996)

Botín de guerra(1999)

Buenos Aires viceversa (1996)

Cautiva (2003)

Che vo cachai(2003)

Ciudad del sol(2001)

Cordero de Dios(2008)

Das Lied in Mir(2010)

De l´ Argentine(1986)

Desembarcos(1988)

Destino final (2008)

Diario argentino(2006)

El despertar de L.(2000)

El nombre de las flores (2008)

En memoria de los pájaros (200

Historizar el Pasado Vivo. “Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”,

Prólogo

 

Esta publicación se ocupa del pasado vivo, del que forma parte de los recuerdos de muchos y que su carácter dramático convierte en un problema moral duradero para la conciencia nacional. A ese pasado vivo y violento la gente se refiere hoy como “la memoria”. ¿Puede “la memoria” llegar a ser un objeto de conocimiento histórico? ¿Sabrán los historiadores e historiadoras que han vivido esos sucesos recientes dramáticos y que a veces han sido sus actores explicarlo con objetividad? ¿Qué conocimientos históricos pueden aportarse a tan escasa distancia de los acontecimientos, cuando la documentación es aún incompleta y ese pasado sigue siendo una tarea inconclusa? ¿Y por qué “historizar” los tiempos que vivimos? ¿En qué aspectos el trabajo sobre el pasado reciente difiere del trabajo sobre un período más remoto?

Historizar el pasado vivo explora estas cuestiones a través de treinta y cuatro estudios, en los que colaboraron no sólo historiadores sino también investigadores en ciencias sociales –antropólogos, politólogos, psicólogos y sociólogos–, así como filósofos, juristas y defensores de los derechos humanos. El carácter multidisciplinario de la publicación da cuenta de una realidad: los historiadores distan de tener el monopolio del pasado difícil. Su trabajo se lleva a cabo en sinergia con muchas otras personas que, en la actualidad, se ocupan de ese pasado.

Asumir lo ocurrido quiere decir encarar una serie de tareas. Las personas que se hacen cargo de ellas pertenecen, en muchos casos, a lo que se da en llamar movimiento por los derechos humanos: abogadas y abogados, juristas, psicólogos, periodistas de investigación, jueces, investigadores policiales, antropólogos forenses, religiosos y laicos de las diferentes iglesias, médicos legistas… y la lista podría seguir. A través de las asociaciones de víctimas, nacionales y locales, también la sociedad civil se moviliza para descubrir la verdad de lo sucedido y reunir pruebas, reparar agravios y penalizar a los culpables, defender a las víctimas y asistirlas, asegurar el recuerdo de lo que pasó y preservar sus huellas tangibles. Ese trabajo multiforme que la sociedad efectúa sobre su pasado constituye en sí mismo un activo campo de investigaciones en ciencias sociales al que se suele aludir con el término “memoria histórica”.

En ese contexto, Historizar el pasado vivo se asignó como tema principal el trabajo de los historiadores e historiadoras; en otras palabras, el tratamiento propiamente histórico del pasado: cómo reconstruirlo de manera verídica y comenzar a explicarlo resituándolo en la larga duración de la historia nacional, y cómo contribuir a la formación de una conciencia histórica en el público gracias al rigor de los conocimientos aportados.

Historizar el pasado vivo tiene como campo primordial de interés América Latina, donde una decena de países atravesaron un período de gran violencia política en la segunda mitad del siglo XX. La meta de la publicación es, en primer lugar, alentar en el continente el estudio histórico de las rupturas catastróficas del pasado nacional cuya memoria sigue viva.

El pasado difícil, sin embargo, también representa una apuesta para el conocimiento histórico fuera de América Latina. Es el pasado de la Segunda Guerra Mundial y de los regímenes totalitarios cuya caída precipitó el final de la Guerra Fría. En otros lugares, se trata de prolongadas guerras civiles, períodos de represión masiva (algunos de ellos basados en una discriminación de orden étnico, religioso, etcétera) de los que los países comienzan a salir en nuestros días.

Hemos querido, por tanto, inscribir esta historia latinoamericana reciente en formación dentro de un campo más amplio, a la vez en el plano de la historia y de la memoria. Historizar el pasado vivo presenta en español textos de especialistas de renombre mundial como John Dower, Jan Gross, Paul Ricœur y Henry Rousso. Éstos contribuyeron a mostrar lo que se hace en otros lugares en torno de situaciones comparables y a partir de preocupaciones similares. 

Era igualmente importante dar a conocer fuera de América Latina el trabajo que se lleva a cabo en América Latina. Creemos, en efecto, que los casos latinoamericanos presentados en la publicación son importantes a escala de la historia universal de nuestro tiempo, y que los trabajos de gran calidad que ella reúne merecen ser mejor conocidos más allá del continente. Por eso se ha previsto un acceso sistemático al contenido sucinto de la publicación en inglés.

Tres países de América Latina han constituido nuestro centro de interés: la Argentina, donde el “Proceso de Reorganización Nacional” encabezado por las juntas militares resultó ser una operación integral de represión (1976-1983); Chile, que sufrió durante diecisiete años la dictadura del general Pinochet (1973-1990), y el Perú, donde terrorismo y contrainsurrección hicieron estragos en las comunidades rurales del centro y sur andino y provocaron el derrumbe de la democracia (1980-2000). Pero las cuestiones sobre la historización del pasado violento que examina la publicación conciernen asimismo a otros países latinoamericanos: Guatemala y El Salvador en América Central, Brasil, Uruguay y Paraguay en el Cono Sur.

BREVE HISTORIA DEL PROYECTO

 

El proyecto de Historizar el pasado vivo nació en Chile. Junto con él, la Argentina y el Perú se convirtieron en los países de referencia. Decir algunas palabras de esa elección es mostrar que la presencia del pasado en la sociedad y la actualidad puede invitar a los historiadores e historiadoras a ver de otra manera la función y las prioridades de su oficio. Permítasenos, para ello, evocar el final de la década de 1990 en Chile.

El gobierno de la transición democrática se preocupaba por entonces de que los manuales de historia de la escuela primaria y secundaria incluyeran una exposición sucinta pero honesta de los hechos. Algunos colegas participaron a la sazón en la elaboración de esos nuevos libros de texto; otros, con posterioridad, integrarían las comisiones encargadas de otorgarles el aval del Ministerio de Educación. A partir de un “contenido mínimo” determinado por éste, se trataba de explicar a los alumnos chilenos el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973 y la dictadura pinochetista. Ahora bien, esas cuestiones no se incluían aún ni en la enseñanza ni en los programas de investigación de las universidades. Esta situación puso abruptamente a varios de nosotros, historiadores, frente a una laguna. Y nos resolvió a alentar la escritura de la historia reciente en la universidad.

Las primeras inspiraciones en la materia nos vinieron de España y Francia, con la revista de historia contemporánea Ayer y la obra Écrire l’histoire du temps présent, publicada por el Institut d’histoire du temps présent (www.ihtp.cnrs.fr). También debe mencionarse la charla dada por el historiador norteamericano Steve J. Stern en la sede de Flacso-Chile (www.flacso.cl) sobre sus investigaciones, que iban a resultar en la publicación del libro Remembering Pinochet’s Chile. Esos ejemplos demostraban que era posible abordar el pasado vivo enfocando temas delimitados con claridad y con la ayuda de categorías críticas y abandonar así el universo semántico estereotipado y polarizado en el cual solía aprehenderse la dictadura en Chile.

Sobrevino entonces el remezón de la detención de Pinochet en Londres. En 1999 se publicó el “Manifiesto de historiadores” de Sergio Grez y Gabriel Salazar, que refutaba la historia oficial elaborada durante la dictadura y recordaba las condiciones en que los demás historiadores habían tenido que trabajar durante diecisiete años. Ese mismo año apareció, en el Journal of Latin American Studies, un artículo de Alexander Wilde, “Irruptions of Memory”, y Memoria para un nuevo siglo editado por Mario Garcés y Julio Pinto. Estas publicaciones inauguraron los estudios sobre la presencia del pasado en la política chilena y la historia reciente del país. Investigaciones metódicas sobre la historia reciente del país comenzaron a presentarse en los congresos de historia.

El retorno de la democracia también vio a las universidades salir de un largo período de aislamiento intelectual. A escala continental se esbozaba una integración regional, facilitada, entre otras cosas, por el hecho de que los vuelos entre Santiago de Chile y Buenos Aires aumentaban su frecuencia y disminuían sus precios. Diez años después del retorno de la democracia, Luis Alberto Romero publicó su Breve historia de la Argentina contemporánea, que allanó el camino hacia la historia reciente del país. El último capítulo de ese libro está dedicado al Proceso, que el historiador argentino situaba en un ciclo de violencia iniciado con anterioridad.

Las impresiones traídas de Buenos Aires sugerían que el pasado reciente se debatía allí más abiertamente que en la sociedad chilena. La Escuela de Mecánica de la Armada, ese gran complejo de la Marina que había sido uno de los centros clandestinos de detención de más triste fama, aparecía en los circuitos turísticos de la ciudad, y en los quioscos del aeropuerto se encontraba el informe de la comisión argentina de la verdad, Nunca más. Fundada en 2000, la revista Puentes no tardó en imponerse como una instancia de la reflexión naciente sobre la memoria histórica en la Argentina.

Todo esto nos dio la idea de examinar en conjunto, argentinos y chilenos, la cuestión de la historización del pasado cercano. No para hacer historia comparada propiamente dicha, sino para reflexionar mejor entre varios sobre un objetivo que era común, y hacerlo a partir de situaciones diferentes. El proyecto de una publicación se concretó en momentos en que nuestros amigos argentinos vivían las horas más sombrías de la crisis económica de 2001-2002. La calurosa recepción que brindaron al proyecto fue, por ello, tanto más alentadora.

La introducción de internet en las universidades chilenas fue la otra gran innovación de fines de la década de 1990. Durante los tumultuosos meses que vivió el Perú en 1999-2000, Cecilia Blondet, del Instituto de Estudios Peruanos de Lima (www.iep.org.pe), se encargaba de enviar periódicamente el boletín de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos. Esto permitió seguir día a día la reelección fraudulenta de Fujimori, la espiral de escándalos en torno de su acólito Montesinos y el repudio de la sociedad civil hacia ambos, guiada en esa actitud por los organismos de derechos humanos.

Entre 2001 y 2003 sesionó en el Perú una comisión de la verdad. Este organismo (www.cverdad.org.pe) fue el quinto del continente en entregar un informe final, luego de los documentos elaborados por las comisiones de la Argentina (1983-1984), Chile (1990-1991), El Salvador (1992-1993) y Guatemala (1997-1999). El International Center for Transitional Justice (www.ictj.org) define una comisión de la verdad como una “investigación oficial de los patrones de abuso del pasado que procura establecer un registro histórico preciso de los acontecimientos”. No podría explicarse con más claridad por qué este tipo de entidad es del interés de los historiadores. La Comisión de la Verdad y Reconciliación peruana incluía en su plana mayor un número sin precedentes de antropólogos e historiadores. Algunos habían trabajado en el tema de Sendero Luminoso desde la década de 1980, y en condiciones peligrosas. Uno de ellos, Carlos Iván Degregori, tenía su asiento en la comisión.

De allí surgió la idea de pedir a colegas que participaban de los trabajos de la comisión de la verdad peruana que contribuyeran con la publicación proyectada. A principios de 2003 hice una visita a la comisión. El clima de colmena laboriosa que reinaba en su sede central de la avenida Salaberry y el interés demostrado por nuestros colegas en la propuesta que les llevábamos –pese al cansancio que se leía en sus rostros– hicieron de aquel encuentro un momento memorable.

Dos meses después de la presentación del informe final de la comisión de la verdad peruana, en octubre de 2003, un taller que reunía principalmente a investigadores argentinos, chilenos y peruanos y a otros especialistas de esos países se celebró en el Institute of Latin American Studies (hoy parte del Institute for the Study of the Americas, ISA, www.americas.sas.ac.uk) de la Universidad de Londres. La concurrencia al taller londinense fue numerosa y atenta. Lo cual recuerda, por si hiciera falta, la vitalidad de los latinoamericanistas en el Reino Unido. Los trabajos presentados en Londres constituirían el núcleo de la presente publicación. Ésta se organizó luego en el Centro de Ética de la Universidad Alberto Hurtado (www.uahurtado.cl), la universidad jesuita de Chile.

CONTENIDO DE HISTORIZAR EL PASADO VIVO

 

Historizar el pasado vivo contiene un trabajo liminar seguido de otros treinta y tres distribuidos en siete secciones, cada una de las cuales está precedida por su introducción.

Nuestro capítulo liminar, “Verdad y memoria: escribir la historia de nuestro tiempo”, abreva en numerosos ejemplos –y ante todo en los que son tema de investigación en los trabajos siguientes– para recordar la motivación marcada y duradera de los historiadores e historiadoras del mundo occidental por escribir la historia de su tiempo y lo que entienden por ello. Exploramos, por otra parte, las circunstancias en las cuales comienza a constituirse en América Latina una historiografía sobre el pasado difícil, las tradiciones a las que es posible asociarla y las formas que le son propias.

En la sección “Verdad, justicia, memoria”, el filósofo Paul Ricœur, la socióloga y filósofa Marie-Claire Lavabre y el jurista Juan Méndez dan cuenta del universo semántico en el que hoy se aborda el pasado cercano y reflexionan sobre las significaciones asumidas por las palabras clave “verdad” y “memoria” en cada ámbito.

Que el conocimiento histórico progresa gracias a la multiplicación de buenos estudios de caso es una verdad comprobada y destacada en muchas ocasiones. Es lo queHistorizar el pasado vivo se ha propuesto demostrar en lo concerniente a América Latina por medio de las colaboraciones reunidas. Las tres secciones respectivamente dedicadas a la Argentina, Chile y el Perú, ofrecen en cada oportunidad un estado de la cuestión historiográfica y bibliográfica y varias monografías históricas complementadas con los trabajos de otros estudiosos del pasado reciente.

Así, en la sección “Argentina: el tiempo largo de la violencia política”, se encontrarán los trabajos de Luis Alberto Romero, Mauricio Chama, Martín Obregón, Federico Guillermo Lorenz, Carlos Acuña y Catalina Smulovitz, y Hugo Vezzetti.

La sección “Chile: los caminos de la memoria y de la historia” reúne las colaboraciones de Peter Winn, Mario Garcés, Manuel Gárate-Chateau, Elizabeth Lira, Katherine Hite y Alexander Wilde.

Por su parte, la sección “Perú: investigar veinte años de violencia reciente” está constituida por los capítulos de Peter Klarén, Carlos Iván Degregori, Nelson Manrique, Ponciano del Pino, Pablo Sandoval y Coletta Youngers.

En la sección “Archivos para un pasado reciente y violento: Argentina, Chile, Perú”, Federico Guillermo Lorenz traza un estado de las fuentes de archivos que pueden consultarse en el caso argentino; Jennifer Herbst, junto con Patricia Huenuqueo, hacen otro tanto para Chile, mientras que Ruth Elena Borja Santa Cruz se encarga de la misma tarea para el Perú.

La elección de los trabajos que aparecen en la sección “El pasado vivo: casos paralelos y precedentes” tuvo como guía la inquietud de ampliar el campo a la vez temporal y geográfico de nuestra reflexión: Jan Gross sobre Polonia, Michael Geyer sobre Alemania, John Dower sobre los Estados Unidos y el Japón, Kenneth Serbin sobre Brasil y Henry Rousso sobre Francia se ocupan de un pasado reciente pero anterior a 1970. Estos historiadores ilustran, según los casos, itinerarios y temas de investigación, cuestiones de método e interpretación, objetivos éticos y evolución historiográfica en el estudio del pasado reciente a escala mundial.

Historizar el pasado vivo aborda, por último, el sentido de responsabilidad inseparable del trabajo en torno de temas que pesan sobre la conciencia colectiva. En la sección “Historia reciente y responsabilidad social”, los aportes de Arturo Taracena Arriola para Guatemala, Joan del Alcàzar desde España y para Chile, Mark McGovern y Patricia Lundy para el Ulster y Julissa Mantilla Falcón para el Perú transmiten sus experiencias de situaciones en las que tuvieron que poner sus competencias al servicio de la memoria histórica, ayudar a establecer la verdad pública acerca del pasado y aplicar a situaciones específicas, actuales y prácticas, su oficio.

Así concebido, Historizar el pasado vivo se dirige ante todo a un público universitario, a los docentes y estudiantes que se plantean las mismas preguntas que los autores de la publicación. Algunos están aislados, viven lejos de los grandes centros urbanos o en un medio poco receptivo a sus inquietudes. Por otra parte, no abundan en América Latina las publicaciones impresas sobre las cuestiones debatidas desde hace poco. Y las que existen no siempre son accesibles, aunque sólo sea por razones económicas.

Estas desventajas constituyen los avatares cotidianos de muchos investigadores latinoamericanos en la actualidad. Conscientes de ello, hemos querido ofrecer a la mayor cantidad posible un conjunto de trabajos elaborados por especialistas, que proponen puntos de vista variados y datos sustanciales para la historización del pasado reciente en América Latina y el mundo. Por eso la Fundación Ford (www.fordfound.org) contribuyó con generosidad a la producción de una publicación que no tiene fines de lucro sino que apunta a la máxima difusión de los conocimientos, rápida y sin costos.

El formato electrónico respondía a nuestros objetivos. Los universitarios comienzan a utilizarlo en la región, donde, como en otros lugares, sirve para poner en circulación trabajos en curso. Pero la web también puede y debe permitir engrosar la biblioteca de los investigadores, con la condición de que una publicación universitaria electrónica y las partes que la componen respeten las normas de publicación científica internacional válidas para los trabajos impresos. El ACLS E-Book Project (www.historyebook.org) y, más cerca de nosotros, la biblioteca virtual del portal Cholonautas (www.cholonautas.edu.pe/biblioteca) nos alentaron a reincidir con Historizar el pasado vivo, luego de publicar El género en la historia(www.americas.sas.ac.uk/publications/genero/genero.htm).

Estas diversas exigencias no dejan de causar una prolongación de los plazos de revisión y por lo tanto de publicación. Hemos corrido el riesgo de que así sucediera. Como resultado, Historizar el pasado vivo pone de una sola vez en la web el equivalente a seis libros de trescientas páginas cada uno.

AGRADECIMIENTOS

 

Historizar el pasado vivo debe mucho y a mucha gente. Ante todo a mis colegas miembros del comité editorial, que brindaron con generosidad su experiencia y su tiempo en repetidas oportunidades: Carlos Iván Degregori, Elizabeth Lira, Alfredo Riquelme, Luis Alberto Romero, Rachel Sieder y Steve Stern, así como Mario Garcés, Iván Hinojosa, Peter Klarén y Peter Winn. Mi agradecimiento, igualmente, a Cath Collins, María Eliza Fernández, Manuel Gárate, Federico Lorenz, Claudio Rolle, Xavier Rousseau, Rodrigo Sandoval, María Elena Valenzuela, Alfred y Waltraud Wagner.

Por la preparación del taller de Londres estamos particularmente en deuda con James Dunkerley y Karen Perkins, del ILAS (ISA). Y por la participación en sus trabajos, con Temma Kaplan, Rosaria Stabili, Meg Crahan, Claudio Barrientos, Lilia Ana Bertoni y Robin Kirk. En la Universidad Alberto Hurtado, nuestra gratitud a Tony Misfud, S. J., Elizabeth Lira, Verónica Anguita, Pablo Salvat y Pablo Concha, S. J., por su apoyo a lo largo de todo el proyecto.

A Patricia Valdez y su equipo de Memoria Abierta en Buenos Aires (www.memoriaabierta.org.ar), así como a Henry Rousso, Dominique Veillon, Anne-Marie Pathé y Jean Astruc, del Institut d’histoire du temps présent, agradecemos la recepción brindada en esas instituciones de referencia en materia de pasado reciente y memoria. Gracias, también, a Pablo Sandoval, Rosa Vera y el equipo de Cholonautas (www.cholonautas.edu.pe), Ramón Pajuelo y Rafael Nova, del Instituto de Estudios Peruanos de Lima (www.iep.org.pe), y a César Gutiérrez Muñoz, Iván Hinojosa y Nelson Manrique, de la Universidad Católica del Perú (www.pucp.edu.pe). Otro estímulo para nuestro trabajo ha sido el seminario de posgrado sobre la historia del tiempo presente dictado en la Universidad de Chile, gracias a la invitación de Jorge Hidalgo y Orlando Silva (www.filosofia.uchile.cl/postgrado/).

Debemos expresar también nuestra gratitud a los responsables de las siguientes instituciones, por la recepción que nos brindaron: María Paz Vergara de la Fundación de la Vicaría de la Solidaridad (www.vicariadelasolidaridad.cl), Viviana Díaz de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (www.afdd.cl), Javier Couso y Felipe González de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales (www.udp.cl/derecho), en Santiago de Chile; Ruth Borja del Centro de Información para la Memoria Colectiva y los Derechos Humanos en la Defensoría del Pueblowww.ombudsman.gob.pe, Ernesto de la Jara Basombrío del Instituto de Defensa Legal (www.idl.org.pe), y Sofía Macher de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (www.dhperu.org), en Lima; a Darío Olmo y el Equipo Argentino de Antropología Forense, a quienes conocí cuando trabajaban en Córdoba, Mirta Bonnin del Museo Antropológico de la Universidad Nacional de Córdoba, el equipo de la Comisión Provincial por la Memoria (www.comisionporlamemoria.org) y Mauricio Chama y Martín Obregón en La Plata, en la Argentina, Dieter Strauss entonces en el Goethe-Institut de Santiago y Rudolf Barth entonces en el Goethe-Institut de Buenos Aires.

Nos sentimos igualmente agradecidos a Louis Joinet y Roberto Garretón, expertos ante la Comisión de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (www.ohchr.org); a Gaby Oré-Aguilar cuando se desempeñaba en la Oficina Regional para el Cono Sur y los Países Andinos de la Fundación Ford, a Elizabeth Acha y Julissa Mantilla que trabajaron en la sede central de la Comisión de la Verdad y Reconciliación del Perú, y a Juan Méndez, Louis Bickford y Susana Grego del International Center for Transitional Justice de Nueva York.

Nos complace mencionar el interés que mostraron en este proyecto Eric Hershberg, del Social Science Research Council (www.ssrc.org), y Elizabeth Jelin, del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES), Núcleo de Estudios sobre la Memoria (www.ides.org.ar/grupoestudios/memoria), de Buenos Aires; Joan del Alcàzar, del Departament d’Història Contemporània de la Universitat de València (www.uv.es/hcontemp); Perrine Canavaggio, del Conseil International des Archives (www.ica.org); María Eugenia Barrientos y Patricia Huenuqueo, del Archivo Nacional de Chile (www.dibam.cl/archivo_nacional); Kaydee McCann y Tracy North de la Hispanic Division en la Library of Congress (http://lcweb2.loc.gov/hlas); Zbigniew Gluza y Alicja Wancerz-Gluza de la Fundacja Osrodka Karta (www.karta.org.pl/) y José Zalaquett, del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile (www.cdh.uchile.cl).

Estamos en deuda con Ron Musto y Eileen Gardiner, pioneros del History E-Book y siempre dispuestos a compartir su saber, por los muchos consejos recibidos. Y con Konrad Jarausch, Irene Grudzínska-Gross, Edward Linenthal, Mary McAuley y Julio Pinto por habernos puesto sobre la pista de preciosas referencias. Agradecemos a las siguientes editoriales y revistas universitarias por habernos permitido generosamente la reproducción de capítulos o artículos: Instituto de Estudios Peruanos (IEP), Princeton University Press, Ediciones Nueva Visión y WOLA Publications, así como el Journal of Latin American Studies, Raison Présente y Annales: Histoire, Sciences Sociales.

Estamos profundamente agradecidos a Barry Gaberman, Augusto Varas y Martín Abregú, todos los cuales conocen por experiencia propia la lucha por la verdad y la justicia, y a la Fundación Ford, por su generoso e inclaudicable apoyo, sin el que este proyecto no podría haberse completado y, tal vez, ni siquiera empezado.

Por el entusiasmo, la competencia y la paciencia que demostraron en la consecución del proyecto, nuestro vivo agradecimiento a María Florencia Ferreexecutive producer de la publicación, y a Jennifer Herbst, socia y pilar de esta empresa desde el taller de Londres. Igualmente a Aníbal Giacone, Horacio Pons, Ana Romero, Nicolás Troha, Amaray Cochero, Andrés Tatavitto, Conrado Ferre, Elena del Yerro, Silvana Ferraro, Eleonora Sakayeva, Ana Sirinian y Florencia Bonavera, en Buenos Aires, y a Frida del Campo, en Santiago de Chile.

Por último, a Alexander Wilde, colaborador de la publicación en tantos sentidos, gracias más allá de las palabras por haber acompañado su producción con inteligencia y afecto.

Anne Pérotin-Dumon

Traducción de Horacio Pons

Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor.

Los Archivos del Horror del Operativo Cóndor

Escrito por  Da Redação

Los esqueletos en los armarios de los dictadores de derecha, que gobernaron América Latina durante los años setenta, son literalmente reales. Cuando en Paraguay salieron a la luz los enormes archivos secretos de la policía, resultó evidente la existencia de una campaña de terror coordinada internacionalmente. Ahora, los EE.UU., que apoyaron a los dictadores, estarían ayudando a quienes están intentando depurar los registros documentales de unas 50.000 personas asesinadas, 30.000 desaparecidos y 400.000 encarcelados.

Por Stella Calloni

Una mañana de diciembre de 1992, el juez paraguayo José Fernández y el profesor y ex prisionero político Martín Almada, entraron a la estación de policía de Lambaré, suburbio de Asunción, a buscar los archivos policiales de Almada. Lo que encontraron en su lugar fueron décadas de historia documental sobre la represión en Paraguay y otros países. También encontraron registros de la cooperación de la inteligencia estadounidense con las dictaduras de la región, incluida la paraguaya.

Los “Archivos del Horror”, tal como fueron conocidos desde entonces, se han convertido en una clave para descifrar la historia reciente de América Latina. Los archivos detallan el destino de cientos, quizá miles, de latinoamericanos secretamente secuestrados, torturados y asesinados por los regímenes derechistas de los años setenta. También ofrecen una pista en papel que confirma la existencia de una conspiración escurridiza y sanguinaria entre los servicios de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay para rastrear y eliminar a los adversarios políticos con independencia de las fronteras nacionales. Ahora es posible completar el esbozo del “Operativo Cóndor”, tal como se conocía a esta red ilícita.

Pero debido a que los archivos plantean una amenaza a los hombres que organizaron y llevaron a cabo la represión hemisférica, se están realizando esfuerzos para eliminarlos o depositarlos en manos “seguras”. Algunos de los documentos ya han desaparecido y existen sutiles maniobras para sustraer a los restantes del control legal y periodístico.

Cuando Fernández y Almada entraron en la comisaría de Lambaré, desenterraron una montaña desordenada de amarillentos y deteriorados papeles, archivos, cartas y registros que describían las actividades de la policía y la inteligencia militar durante la recientemente derrocada dictadura de Stroessner. Una búsqueda similar, realizada pocos días después en el cuartel general de la Policía Técnica paraguaya (contraparte del FBI estadounidense), sacó, a la luz más documentos reveladores. En total, se han rescatado unas cuatro toneladas de documentación.

Algunas fotografías y registros incluían el país de origen de los prisioneros. Muchos eran de Argentina, Brasil o Chile. Los periodistas autorizados a buscar entre los caóticos archivos se apresuraron a fotocopiar cartas y documentos. Los primeros datos confirmaban el arresto y asesinato de políticos paraguayos cuya “desaparición” había sido continuamente negada por la dictadura, además de la entrega e intercambio de prisioneros con otros países, particularmente Argentina, Chile y Uruguay.

La justicia tardía llega al Paraguay

Paraguay, un país de cuatro millones de habitantes situado en el centro de América del Sur, tiene una larga tradición de aislamiento introspectivo con extravagantes y veleidosos dictadores. El General Alfredo Stroessner, que tomó el poder con un golpe en 1954, impuso una estructura social feudal y represiva y ofreció su hospitalidad a nazis sin residencia fija y traficantes de drogas bien conectados.

El despiadado aparato represivo del dictador controló con eficiencia a una población mayormente atemorizada. Pero en febrero de 1989, la era de 35 años de Stroessner llegó a su fin. El General fue derrocado por su amigo, pariente político y segundo al mando, General Andrés Rodríguez, y huyó al Brasil como exiliado.

Martín Almada, un conocido profesor y figura política, se puso bajo la mira de la policía secreta de Stroessner en 1974, cuando publicó un discurso doctoral crítico sobre la educación en Paraguay. Fue arrestado y acusado de “terrorismo” y vinculación con los comunistas paraguayos. Fue torturado antes de pasar los siguientes tres años en el conocido campo de concentración Emboscada. Su esposa de 33 años murió de un ataque al corazón tras recibir una llamada telefónica en la que los torturadores reproducían sus gritos. |1| Tras su liberación en 1977, se marchó al exilio pero después de la caída de Stroessner, Almada inició los procedimientos legales contra sus perseguidores.

Mediante una provisión de la nueva Constitución paraguaya post-Stroessner, Almada presentó un mandato de habeas data, que permite que las personas accedan a sus registros policiales. A través de sus propias investigaciones privadas y una carta anónima, Almada se enteró que algunos documentos relacionados con su caso podían encontrarse en la comisaría de Lambaré |2|. Actuando con discreción y cuidado, Almada pasó esta información al juez Fernández, que ordenó el registro.

Los documentos se convirtieron en un acontecimiento político y generaron órdenes de detención contra primeras figuras del régimen de Stroessner, además de oficiales militares de Argentina y Uruguay. La temida cabeza de los detectives de Stroessner, Pastor Coronel, está actualmente encarcelado en Paraguay, al igual que el jefe de estado mayor y titular de la inteligencia militar de Stroessner, General Benito Guanes Serrano. El jefe de la Policía Técnica, Antonio Campos Alum, se reunió con el dictador en el exilio; ambos están actualmente citados por los tribunales paraguayos como “acusados en rebeldía” y “fugitivos de la justicia paraguaya” |3|.

El caso Inzaurralde-Santana.

Un informe de Pastor Coronel a Stroessner, fechado el 16 de mayo de 1977, ha demostrado ser crucial para la producción de un extraordinario caso legal. En 1973, Gustavo Edison Inzaurralde huyó a Paraguay tras ser arrestado y torturado por su pertenencia a una organización combativa uruguaya antigubernamental. Cuando fue arrestado en Paraguay, el 28 de marzo de 1977, se estaba preparando para exiliarse en Suecia y reunirse con su esposa, embarazada de siete meses. En cambio, el “desapareció” después de ser apresado por militares argentinos.

El informe revela que las autoridades paraguayas entregaron a Inzaurralde, a su compatriota Nelson Rodolfo Santana y a tres argentinos, a un capitán de la armada argentina y todos oficiales de inteligencia argentinos. El Coronel informó a Stroessner de la “gratitud” de los militares argentinos y uruguayos por haber permitido que dos agentes de los servicios de inteligencia argentina (SIDE) y un oficial uruguayo interrogaran [torturaran] a los prisioneros en Asunción |4| .

Con esta información en la mano, las familias de Santana e Inzaurralde iniciaron los procedimientos legales en Paraguay. En junio de 1993, el juez Arnulfo Arias inculpó en el caso al jefe de la inteligencia militar, Guanes Serrano, y al jefe de la Policía Técnica, Campos Alum. Guanes Serrano admitió ante el tribunal los intercambios extrajudiciales de presos políticos entre Argentina, Chile, Paraguay y Uruguay durante los años setenta. Campos Alum testificó que “el intercambio de prisioneros era frecuente en la región” e identificó como principales colaboradores a los oficiales argentinos y uruguayos mencionados en el informe de Coronel |5|.

EN un paso sin precedentes, el juez Arias decidió entonces someter a juicio también a oficiales militares extranjeros. En marzo de 1994 comenzó un juicio singular. Doce agentes de seguridad militares –cinco paraguayos, seis argentinos y un uruguayo– fueron acusados por “abuso de autoridad, privación ilegal de la libertad, tortura y secuestro” |6|.

Almada y los dos uruguayos desaparecidos forman parte de los miles de perseguidos por los regímenes militares derechistas del Cono Sur (Argentina, Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay) durante los años setenta. Mientras que muchos de los crímenes fueron estrictamente asuntos internos, otros implicaron la cooperación de oficiales de inteligencia y militares más allá de las fronteras nacionales. Con el nombre en clave del Operativo Cóndor, los dictadores del Cono Sur se embarcaron en una empresa de alcance hemisférico para neutralizar o eliminar a los adversarios detectados. Y al llevar a cabo su tarea, no diferenciaron entre oposición violenta y disenso pacífico.

El Cono Sur durante los años setenta.

Alfredo Stroessner ya había estado en el poder durante una década cuando los generales derechistas brasileños interrumpieron la democracia de dicho país en 1964. Se aseguró el cargo en su feudo sin salida al mar, a medida que el resto del Cono Sur descendía hacia un torbellino de inestabilidad política y terror de Estado.

El resultado del golpe y contragolpe de Bolivia desembocó en la dictadura derechista de Hugo Bánzer en 1971. El golpe de Pinochet de 1973 en Chile interrumpió el experimento socialista de Salvador Allende. Ese mismo año, la prolongada democracia de Uruguay finalizó cuando el presidente Juan María Bordaberry clausuró el Parlamento y encaminó al país hacia la dictadura. La violencia política tras el retorno y la muerte de Juan Perón desembocó en la perversa dictadura militar derechista argentina en 1976.

Los crecientes niveles de represión dejaron a la región plagada de refugiados y exiliados políticos. Unos cuatro millones de personas huyeron de sus hogares buscando un refugio seguro, mayormente en los países vecinos |7| . Tras los golpes de Chile y Uruguay, millares buscaron asilo en Argentina, reuniéndose con los cientos de miles de paraguayos que ya estaban allí. Mientras tanto, los argentinos buscaban seguridad en Bolivia y Paraguay. La región era el escenario de un frenético ir y venir de refugiados. Pero, a medida que se fue expandiendo la ola de dictaduras militares, quedaron de lado las viejas tradiciones de santuarios para los exiliados políticos. El tributo generado por la represión en el Cono Sur fue de unos 50.000 asesinatos, 30.000 desaparecidos –la mayoría en Argentina– y 400.000 encarcelados. Entre los asesinados y los desaparecidos se cuentan unos 3.000 niños |8| . No obstante, estas cantidades sólo aluden a la espeluznante realidad de los estados ilegales.

Descenso a la brutalidad.

La caída del Cono Sur en el salvajismo se originó en la crisis política y geopolítica y en la ideología común compartida por los regímenes militares de la región. Estados Unidos desempeñó un papel crítico en todas estas causas. La Guerra Fría proporcionaba el contexto global para un anticomunismo patológico y Estados Unidos ofreció formación ideológica y militar a sus aliados latinoamericanos. Las fuerzas armadas de la región se mostraron muy receptivas. De hecho, desarrollaron una visión mundial abiertamente totalitaria con consecuencias mortales.

El entonces Ministro de Relaciones Exteriores argentino, almirante César Augusto Guzzetti manifestó sin reservas esta perspectiva en una entrevista de 1976: “No existe una subversión de derecha o terrorismo de ese tipo. El cuerpo de la sociedad está afectado por una enfermedad que corroe las entrañas y forma anticuerpos. Estos anticuerpos no pueden considerarse del mismo modo que el microbio. La acción del anticuerpo desaparecerá cuando el Gobierno controle y destruya a la guerrilla” |9|.

Los países del Cono Sur se enfrentaron de hecho a desafíos armados provenientes de la izquierda. En Uruguay, los Tupamaros asestaron unos golpes políticos espectaculares. En Argentina, el marxista Ejército Revolucionario del Pueblo y los peronistas de izquierda Montoneros se implicaron en una lucha despiadada contra las fuerzas de seguridad y los escuadrones de la muerte de la derecha peronista. En Bolivia, Hugo Bánzer pudo hacerse con el poder sólo tras un sangriento enfrentamiento con los populistas de izquierda alineados con su predecesor, el general Juan Torres |10|.

Los militares brasileños aplastaron un alzamiento armado de la izquierda hacia finales de los años sesenta. Su situación recordaba la de Chile; en ambos casos, los movimientos de guerrilla no surgieron hasta después de que un gobierno militar represivo se hiciera con el poder.

Sin embargo, la respuesta de las fuerzas de seguridad en todos estos países fue mucho más allá que derrotar a las guerrillas. Estaban implicados en una guerra santa contra la izquierda, que para ellos incluía a cualquiera que desafiara el statu quo, estuviera armado o no. En consecuencia, enfermeras, profesores, estudiantes, trabajadores, artistas, actores, periodistas e incluso políticos de la oposición democrática pasaron a ser vistos como los “microbios” de Guzzetti.

Estados Unidos proporcionó la inspiración, el financiamiento y la asistencia técnica para la represión y puede haber plantado la semilla que desembocaría en el Operativo Cóndor. La CIA facilitó una mayor coordinación entre los servicios de inteligencia de la región. Un historiador atribuye a un operativo de la CIA el haber acordado los primeros encuentros entre oficiales de seguridad argentinos y uruguayos para discutir la vigilancia de los exiliados políticos. La CIA también organizó encuentros entre líderes de los escuadrones de la muerte brasileños con argentinos y uruguayos |11|.

Estados Unidos hizo algo más que simplemente organizar encuentros. La división de Servicios Técnicos de la CIA suministró equipo eléctrico de tortura a brasileños y uruguayos y ofreció información sobre cuánta descarga podría soportar un cuerpo humano |12|. Los agentes de seguridad latinoamericanos también recibieron formación para la fabricación de bombas, de parte de la CIA, en las instalaciones de la Agencia de Seguridad Pública (OPS) del Departamento de Estado, en Texas |13|.

El asesoramiento y la ayuda de Estados Unidos facilitaron la coordinación entre los servicios de inteligencia regionales. Esta cooperación hizo posible el intercambio de información y prisioneros e incluso asesinatos conjuntos. Un exiliado político podía ser mantenido como rehén o secuestrado y llevado a través de las fronteras, torturado y desaparecido, sin ninguna autorización judicial.

Paradójicamente, la moderación aplicada en la CIA tras su descubrimiento parcial en los informes del comité Church and Pike, de 1974-75, podrían haber favorecido la creación del Operativo Cóndor. La administración Carter se opuso a la postura de la CIA “anulando todas las solicitudes de inteligencia presentes en América Latina. La cooperación de la CIA ha sido muy valiosa para todas las dictaduras militares desde el final de la Segunda Guerra Mundial, pero el Gobierno estadounidense comenzó a tener reservas acerca de solicitudes de colaboración tras varios escándalos, principalmente provocados por Chile” |14| .

Si la administración de Carter no estaba dispuesta a ayudar a las dictaduras, éstas lo estaban y podían ayudarse a sí mismas.

Primeros avistamientos del Cóndor.

Aunque en 1976 el Cono Sur ya estaba inundado con la sangre de miles de víctimas del terrorismo de Estado, tres asesinatos de alto nivel provocaron los primeros rumores sobre una conspiración internacional contra la izquierda. En todos los casos, las víctimas eran prominentes exiliados chilenos. En septiembre de 1974, el Ministro de Defensa de Salvador Allende, general Carlos Partas, y su esposa, fueron asesinados en Buenos Aires cuando explotó una bomba bajo su coche. Las autoridades argentinas no investigaron el caso |15| . En octubre de 1975, el vicepresidente de Allende y líder de los demócratas cristianos chilenos, Bernardo Leighton, y su esposa, sobrevivieron milagrosamente a un intento de asesinato en Roma. Los investigadores italianos comenzaron a seguir el hilo de una red internacional que vinculaba a los servicios de seguridad del Cono Sur con neofascistas de su país |16| .

A mediados de 1976, estos intentos de asesinato de alto nivel, así como los relatos horrendos que provenían del Cono Sur, comenzaron a generar la atención de la prensa mundial. El periodista británico Richard Gott, que había investigado las denuncias de familiares de víctimas, llamó a la represión como “algo parecido a la Operación Fénix [en Vietnam]. las personas con capacidad de inspirar y unir a la nación en una campaña para resistir a las fuerzas de ocupación, son quitados del medio uno a uno”, escribió. Gott culpó a Washington, declarando que el entonces Secretario de Estado, Henry Kissinger “debía conocer [quién era responsable]” |17|.

Pero fue el asesinato de Orlando Letelier, ex Ministro de Defensa y de Relaciones Exteriores de Allende, en la Embassy Row de Washington, en septiembre de 1976, lo que puso al descubierto las piezas del Operativo Cóndor. Un coche bomba colocado por el ubicuo Townley y un grupo de terroristas cubanos anti-castristas, asesinó a Letelier y a su secretaria, Ronni Moffitt. El marido de Moffitt, Michael, que estaba viajando en el asiento trasero, sobrevivió, y deambulando aturdido por el lugar gritaba que “¡Fueron los fascistas chilenos! ¡Hijos de puta!” |18|.

Por supuesto, Michael Moffitt estaba en lo cierto, aunque los fiscales estadounidenses emplearían dos años antes de poder llevar el caso a los tribunales. Townley y los cubanos fueron finalmente declarados culpables de los asesinatos. También fueron procesados el general Manuel Contreras, director de la DINA, y otros dos oficiales |19|.

El asesinato de Letelier produjo un escándalo que terminó por abrir las puertas que ocultaban las operaciones encubiertas en América Latina. Ahora los rumores se confirmaban parcialmente. Uno de los primeros informes provino del agregado legal de Estados Unidos en Buenos Aires, el agente especial del FBI Robert Scherrer. Una semana después de la muerte de Letelier, Scherrer envió un cable al cuartel general del FBI dando nombre y describiendo la operación:

“El “Operativo Cóndor” es el nombre en clave para la recolección, intercambio y almacenamiento de información secreta relativa a los denominados “izquierdistas”, comunistas y marxistas, que se estableció recientemente entre los servicios de inteligencia en América del Sur, con el fin de eliminar las actividades terroristas marxistas en la región. Además, “Operativo Cóndor” tiene previstas operaciones conjuntas contra objetivos terroristas en los países miembros. Una tercera fase, y más secreta, del “Operativo Cóndor” implica la formación de grupos especiales de los países miembros, que deberán viajar por cualquier parte del mundo hacia países no-miembros, para llevar a cabo castigos incluido el asesinato contra terroristas o simpatizantes de organizaciones terroristas de los países miembros del “Operativo Cóndor”. Por ejemplo, en el caso de que un terrorista o simpatizante de una organización terrorista de un país miembro del “Operativo Cóndor” se encontrara en un país europeo, se enviaría un grupo especial del “Operativo Cóndor” para localizar y vigilar al objetivo. Cuando hubiera terminado la operación de localización y vigilancia, se enviaría un segundo grupo del “Operativo Cóndor” para llevar a cabo el castigo real contra el objetivo. Los grupos especiales serían provistos de documentación falsa de los países miembros del “Operativo Cóndor” |20| .

De acuerdo con un informe reservado del Comité de Relaciones Externas del Senado, de 1979 y basado en archivos de la CIA, “Esa operación en ‘fase tres’ fue planificada en 1974 a raíz del asesinato del Embajador boliviano en París, de un oficial chileno en Medio Oriente y de un agregado uruguayo en París. Por lo tanto, Cóndor planificó una operación destinada a asesinar a tres izquierdistas europeos bien conocidos, uno de los cuales era el notorio Carlos [el recientemente capturado Illich Ramírez Sánchez]. El plan fue desbaratado” después de que la CIA lo descubriera y “advirtiera a los Gobiernos de los países en los que probablemente tendrían lugar los asesinatos –Francia y Portugal–, que a su vez advirtieron a los posibles objetivos”. El operativo fue aparentemente suspendido y se negó su existencia |21|.

Pero ninguno de estos datos salió a la luz hasta mucho después. Aunque cada vez eran más los testimonios de una cooperación interfronteriza para el secuestro, tortura y asesinato de cientos de personas, salvo por lo difundido a partir de las investigaciones del asesinato de Letelier, las pruebas de la existencia de Cóndor eran excepcionales |22|. Hacia finales de los años setenta, el Cono Sur se encontraba en lo más profundo de la represión y sólo un reducido grupo de activistas y periodistas se atrevía a hacer frente a los regímenes militares. Y, a medida que las dictaduras titubearon y finalmente cayeron durante los años ochenta, los débiles gobiernos civiles que les sucedieron, sancionaron leyes de amnistía que pusieron en discusión toda investigación seria de esta Asesinatos S.A. Internacional |23|.

Estaba claro que se estaba desarrollando algún tipo de operación clandestina, principalmente por la acumulación de denuncias de familiares de las víctimas. Pero los testimonios se desvanecían en el laberinto de los sistemas judiciales despreocupados de los derechos humanos. La impunidad era la regla inviolable del día. Durante los años siguientes, parecía que los operativos Cóndor nunca se enfrentarían a una investigación legal.

Documentación del Operativo Cóndor.

El descubrimiento de los archivos paraguayos cambió todo el panorama. Los archivos descubiertos ofrecen en cantidad una esbozo documental de los orígenes, los propósitos y la organización del Operativo Cóndor.

Durante 1975, a instancias de los chilenos, los servicios de inteligencia del Cono Sur codificaron la cooperación informal que ya existía. Los archivos contienen una carta del general Contreras de la DINA al general paraguayo Guanes Serrano, denominando “Primer Encuentro de Trabajo de Inteligencia Nacional” a lo que se convertiría en Cóndor. Contreras ofrecía las instalaciones de la DINA como el cuartel general para “la centralización de la información sobre los antecedentes de personas, organizaciones y otras actividades conectadas directa o indirectamente con la subversión. En líneas generales, sería algo similar a la Interpol instalada en París, pero dedicada a la subversión”, escribió |24|.

El encuentro convocado en la carta de Contreras tuvo lugar en el cuartel general de la DINA, en Santiago, en octubre de 1975. Los asistentes fueron los jefes de la inteligencia militar de Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay. Un mes más tarde, Contreras recibió a Guanes Serrano y al jefe de la policía paraguaya, Francisco Brites. En esa reunión, ellos implementaron el Operativo Cóndor, configurando “un banco de datos, un centro de información y talleres”. Con el inofensivo término de “talleres” se aludía realmente a las sesiones de planificación de los grupos multilaterales de agentes encargados de vigilar, arrestar, encarcelar, torturar y “repatriar” a opositores de los diferentes regímenes |25|. Uno de los documentos más significativos que explica el método de operación de Cóndor, detallaba un encuentro secreto en Asunción, en 1978. Con Guanes Serrano como anfitrión y la presencia de oficiales argentinos y paraguayos, el “Segundo Encuentro Bilateral de Inteligencia” afinó los mecanismos para el intercambio de prisioneros e información secreta |26|. Guanes Serrano informó a Stroessner que “la primera fase era el intercambio de información sobre el enemigo [exiliados políticos]. La segunda fase correspondía a la investigación del objetivo y la tercera fase a la detención [secuestro] y traslado del objetivo a su país de origen” |27| .

Guanes Serrano destacó que los intercambios de prisioneros tendrían lugar directamente entre los servicios de inteligencia y que los agregados militares de las embajadas actuarían como enlace. Otros documentos de los archivos confirman que los agregados militares de las embajadas de los países implicados, eran realmente el conducto por el cual viajaban los informes de inteligencia |28|.

A finales de 1993, los investigadores encontraron una nota fechada en Chile en 1978. En este documento típico del trabajo cotidiano de Cóndor, “Cóndor Uno” advierte a “Cóndor Dos” para que lleve a cabo una “vigilancia de un encuentro de izquierdistas argentinos y paraguayos en la provincia norteña de Salta, Argentina, en la frontera con Bolivia” |29| . “Cóndor Uno” no era otro que Contreras y “Cóndor Dos” era el nombre en clave de Guanes Serrano |30|.

Otros documentos solicitan la captura de chilenos, bolivianos, argentinos, paraguayos y brasileños e informan sobre otras figuras políticas latinoamericanas. Uno de estos casos fue la detención en Paraguay del ciudadano chileno Jorge Fuentes Alarcón, posteriormente entregado por la policía paraguaya a un oficial chileno en mayo de 1978 |31|.

Uno de los documentos más perjudiciales incluye una entrada en un cuaderno de notas del jefe de la Policía Técnica paraguaya, Antonio Campos Alum. Este cuaderno quedó abandonado cuando Campos Alum dejó Paraguay tras ser acusado de haber torturado personalmente a prisioneros, y lista los nombres de oficiales de policía y militares argentinos, bolivianos, chilenos y uruguayos que participaron en la represión internacional |32|.

Tomado en su conjunto, loas archivos paraguayos aportan una prueba documental irrefutable de la existencia del Operativo Cóndor. También pueden proporcionar una base para el enjuiciamiento de quienes cometieron crímenes, suponiendo la existencia de los políticos.

Gente de la misma calaña.

Los archivos paraguayos aportan una nueva y reveladora luz sobre la implicación de Estados Unidos con los servicios represivos del Cono Sur, especialmente –pero no sólo– el de Paraguay.

Los paraguayos siempre han acusado a Estados Unidos de ayudar a la policía secreta de Stroessner. Un grupo de oficiales militares estadounidenses enviados bajo los auspicios de la Agencia Internacional para el Desarrollo (USAID) fiscalizó la formación de la Policía Técnica. Los ex prisioneros del régimen declararon varias veces que oficiales estadounidenses los habían interrogado en Paraguay |33|. Basado en dichos informes, el historiador paraguayo Aníbal Miranda acusa a los Estados Unidos de haber ayudado en la represión, en 1959, de un movimiento guerrillero anti-Stroessner instalado en Argentina |34|.

Ahora han aparecido pruebas concretas sobre la cooperación y formación estadounidense con la policía secreta del dictador. Una carpeta de los archivos contiene correspondencia entre ministros paraguayos y el coronel estadounidense Robert Thierry. Thierry sirvió como “asesor sobre administración pública” de la AID (entonces la Administración de Cooperación Internacional) para el Ministerio del Interior y supervisó la formación de la Policía Técnica.

Una carta del Ministro de Relaciones Exteriores solicitaba que Thierry permaneciera durante dos años más para asesora a la Policía Técnica |35|. En una de las respuestas de Thierry se mostraba la relación profesor-alumno:

Con respecto a la jefatura de Asuntos Técnicos, usted ha recibido la formación suficiente. Estoy seguro de que bajo la dirección de Antonio Campos Alum, esta pequeña pero poderosa organización continuará aportando el mismo servicio, altamente satisfactorio, que ha tenido desde su creación. Sugiero que continúe las conversaciones con el Director de la Misión de Operaciones de Estados Unidos en Paraguay, con el fin de establecer algún programa similar sobre Seguridad Pública |36|.

Otros documentos demuestran que la Policía Técnica continuó siendo el principal vínculo entre los servicios de inteligencia estadounidenses y Paraguay |37|. Dicha cooperación continuó durante el período del Operativo Cóndor. El hombre del FBI en el Cono Sur, el agente especial Robert Scherrer, que vivía en Buenos Aires, trabajó de forma regular y directa con Campos Alum. En 1974, informó a Campos Alum sobre un festival realizado en un teatro de México y listó los nombres de todos los asistentes latinoamericanos. El siguiente paso de la policía paraguaya fue dirigir las investigaciones sobre el movimiento cultural paraguayo |38|.

En otra carta escrita dos años más tarde, Scherrer solicitó a Campos Alum información sobre un Raúl Valentín Quintana porque, explicaba, el FBI creía que Quintana era un “agente cubano”. Esas solicitudes de información tenían serias consecuencias en la gente inocente. “Ahora sabemos por qué varias familias con el apellido Quintana fueron perseguidas y encarceladas”, destacó Martín Almada |39|.

También la CIA trabajó con los paraguayos. El entonces Director delegado, Vernon Walters, visitó el país a principios de 1976 para entrevistarse con el jefe de estado mayor de Stroessner, Conrado Pappalardo, y otros altos oficiales |40|. Pocas semanas de después, Pappalardo le diría al Embajador estadounidense, George Landau, que Walters había aprobado un intento frustrado por obtener pasaportes falsos para dos agentes de la DINA chilena. Pappalardo dijo que estaba actuando bajo órdenes directas de Stroessner, que a su vez estaba haciendo un favor a Pinochet. Los chilenos, Armando Fernández Larios y Michael Townley, pensaban utilizar los pasaportes falsos para viajar a Estados Unidos como parte de su misión de asesinar a Orlando Letelier |41|.

Otro ejemplo de la cooperación de la CIA con Paraguay ocurrió al año siguiente. Una advertencia firmada por Guanes Serrano y dirigida a las “naciones amigas”, describe a un venezolano de nombre Omar Rossel como un “terrorista”. Guanes cita a la “CIA (USA)” como su fuente |42|.

Incluso después de que el Operativo Cóndor hubiera golpeado en Washington y que Estados Unidos hubiera supuestamente movilizado al FBI y a la CIA para resolver los asesinatos de Letelier y Moffitt, el director del FBI, Clarence Kelley, envió una aduladora carta, con el sello del FBI, a Campos Alum: “En estas Navidades, deseo hablar en nombre de todos mis colaboradores y agradecerle de todo corazón la cooperación que ustedes, con tanta buena voluntad, han proporcionado al FBI. Deseándole lo mejor de las cosas, que merece con creces |43|.”

Cabe recordar que Campos Alum se encuentra fugitivo, acusado de graves violaciones de los derechos humanos, crímenes que cometió antes, durante y después de esta época. El FBI, gracias al agente especial Scherrer, estaba al tanto de los crímenes de Campos Alum en la época en que se escribió esta carta.

El hecho de que Estados Unidos y Paraguay fueran aliados no impidió que la inteligencia militar paraguaya espiara a políticos estadounidenses que, en su opinión, interferían los asuntos internos de Paraguay. Los archivos incluyen un informe enviado al jefe de detectives, Pastor Coronel, por un informante desde Buenos Aires. El informante había asistido e informado sobre un encuentro en Buenos Aires entre el senador Edward Kennedy (diputado por Massachusetts) y representantes del Acuerdo Nacional, una coalición que agrupaba a los grupos opositores paraguayos |44|.

Estados Unidos, por supuesto, también estaba interesado en obtener información acerca de sus propios adversarios. Una carta del agregado legal en Buenos Aires, Calvin Clegg, solicitaba la ayuda de Pastor Coronel sobre una organización “subversiva”:

Adjunto un informe reservado, enviado por la oficina del FBI en Nueva York. El informe describe la historia y antecedentes del Consejo Mundial para la Paz, una organización que sirve como instrumento político del Partido Comunista de la Unión Soviética. Le ruego que examine sus archivos buscando toda información relacionada con el Consejo Mundial para la Paz en su país que esté dirigido contra Estados Unidos o sus ciudadanos |45|.

En una entrevista reciente, el líder del partido opositor Liberal Radical Auténtico, Domingo Laino, recordó que durante una de sus muchas detenciones fue interrogado por Campos Alum, que se jactaba acerca de unas fotografías que lo mostraban con uniforme militar estadounidense |46|. Los alardes de Campos Alum tendrían, de hecho, cierta base. Los archivos incluyen el curriculum vitae de Campos Alum, que lista su formación especial sobre contrainsurgencia en bases militares estadounidenses y la asistencia a cursos de la DEA acerca de legislación sobre las drogas |47|.

Una carpeta con la faja “Confidencial” contenía un manual de Fort Gulick (base militar estadounidense en la Zona del Canal de Panamá, anteriormente sede de la Escuela de las Américas) producido para la formación de las fuerzas armadas de Estados Unidos para “interrogadores como referencia para interrogatorios de campo” |48|. La misma carpeta, en un apartado titulado “instrucción en la Escuela de las Américas”, contiene un manual que instruye a los “interrogadores” sobre cómo mantener vivas y con capacidad de respuesta a las víctimas de un shock eléctrico. El manual recomienda remojar los cuerpos y cabezas d ellas víctimas con agua de mar e incluye un boceto que muestra cómo debería llevarse a cabo este “tratamiento” |49| . Esta carpeta también incluye una carta del entonces Embajador de Estados Unidos, Timothy Towell, en la que da instrucciones a la policía paraguaya y adjunta otro manual para interrogatorios |50|.

Los paraguayos toman la iniciativa.

En mayo de 1993, el profesor Almada y otros parientes de los asesinados o “desaparecidos” en Paraguay, enviaron una carta al presidente Clinton exigiendo una compensación por las víctimas de la represión en Paraguay. Ellos alegan que el régimen de Stroessner “fue asesorado por oficiales militares estadounidenses, que instruyeron a los principales torturadores, y que la persecución se incluyó dentro de la guerra entre Estados Unidos y la Unión Soviética, que produjo un genocidio en América del Sur” |51|.

Pero el Embajador de Estados Unidos, Jonathan Glassman, en respuesta a la carta, manifestó que Estados Unidos no tenía nada que ver con la represión en Paraguay. Meses más tarde, antes de que las pruebas de los archivos comenzaran a divulgarse poco a poco, Glassman rechazó acusaciones similares, que él atribuía a “acusaciones terroristas con el fin de justificar los ataques a oficiales estadounidenses fuera del país” |52|.

“Incluso habiendo dicho eso”, dijeron los familiares, “la Embajada de Estados Unidos nunca podría haber permanecido ignorante de lo que estaba sucediendo en el país y nosotros hemos visto documentos de funcionarios como Scherrer que conocían la existencia del Operativo Cóndor” |53|.

Actualmente, seis altos oficiales de la policía paraguaya y un general están prisión a causa de los archivos |54|. Y Francisco de Vargas, miembro de la Comisión de Derechos Humanos del parlamento paraguayo, dijo que tenía testimonios orales que acusaban a 12 generales, al ex Ministro del Interior, Sabino Montanaro, y a dos ex diputados, de ordenar el asesinato de cuatro prisioneros políticos en 1976. Las víctimas fueron asesinadas tras haber estado en prisión durante dos años.

Mientras tanto, el avance de los juicios paraguayos se ha hecho agotadoramente lento. En el caso Inzaurralde, ninguno de los oficiales extranjeros inculpados se ha preocupado por presentarse. Los intentos de obtener su extradición han sido infructuosos. Y los miembros de la familia de Inzaurralde se han quejado en una carta abierta de los numerosos obstáculos que impiden el avance de la justicia.

¿Quién vigilará a los custodios?

Cuando AID ofreció 40 millones de dólares para microfilmar los archivos, Faustino Centurión, y otros diputados del ala disidente del Partido Colorado, declararon públicamente su desacuerdo. “No podemos aceptar que el Gobierno de Estados Unidos, que entrenó a la policía que persiguió a quienes lucharon por la democracia, ahora quiera ayudar con la microfilmación”, dijo. A pesar de las protestas, AID está asesorando al Centro de Documentación en Paraguay.

Ni se ha perdido la conciencia. Cuando, a finales de 1993, los periodistas volvieron a revisar los archivos, se habían separado archivos y carpetas con temas militares, fuera del alcance de los periodistas, porque los jueces consideraban que “era sólo un asunto de la policía”. Las pruebas documentales más importantes acerca del Operativo Cóndor han comenzado a ponerse de lado con rapidez. También están en peligro los documentos que contienen la correspondencia entre los servicios de Estados Unidos y la dictadura paraguaya.

La Comisión de Derechos Humanos paraguaya continuará investigando en forma conjunta con organizaciones semejantes de la región. Sus líderes dicen que Washington “debe realizar un acto responsable y abrir sus propios archivos, de manera que sea posible reconstruir la tragedia de miles de víctimas en América Latina”.

El jefe de estado mayor del ejército argentino y miembro de la Junta, general Roberto Viola, intentando evadir las preguntas acerca del reino del terror en el Cono Sur, dijo en 1979: “Están los muertos, los heridos, los encarcelados y los que están ausentes para siempre. No pidan explicaciones donde no las hay”. Viola estaba equivocado. Existen las explicaciones, existen las personas que son culpables y, gracias a los “Archivos del Horror”, a algunas de ellas se les ha aplicado al menos una justicia parcial.

Notas finales:

1. Jack Epstein, “A History of a Dirty War: Paraguay’s Secret Police ‘Horror Files’ Come to Light”, Cleveland Plain Dealer, 13 de junio de 1993, p. 1C

2. Patrick John Buffe, “Une multinationale de la Terrour sous les ailes du Condor”, Journal de Geneve et Gazette de Lausanne, 7 de julio de 1993, p. 2

3. Ximena Ortúzar, “A Common Market of Terror”, World Press Review, mayo de 1993.

4. Boccia Paz et al, op. cit., Paraguayan Archives, Libro A1, p. 131, Informe de Pastor Coronel al presidente Stroessner, 16 de mayo de 1977. Los argentinos eran el capitán de la armada José Abdala y los agentes del SIDE teniente Angel (o Luis) Spada y José Monte. El uruguayo era el capitán Carlos Calcagno.

5. Citado en Agencia France Presse, “Jefe militar de Stroessner admite que hubo intercambio de prisioneros”, La Jornada (ciudad de México), 24 de junio de 1993, p. 46

6. Los argentinos acusados son los tenientes Angel (o Luis) Spada y Juan Carlos Camicha, el capitán de marina José Abdala y los agentes del SIDE José Montenegro, Alejandro Stada y Juan Manuel Berret. Abdala y Camicha también están acusados por el Centro de Estudios Legales y Sociales argentino por participar en torturas en dicho país. El uruguayo acusado es el coronel Carlos Calcagno, que se está oponiendo a una orden de extradición paraguaya. Lucas Guagnini, “Citarán en Paraguay a militares argentinos por la represión ilegal”, Clarín (Buenos Aires), 19 de diciembre de 1993, p. 14

7. Informe de la Comisión de Derechos Humanos de Argentina (Buenos Aires, Comisión de Derechos Humanos de Argentina), febrero de 1990

8. Ibid

9. Ibid, pp. 124-42, 242. La OPS se estableció bajo la cobertura de la Agencia para el Desarrollo Internacional (AID) del Departamento de Estado en 1962. Estaba dirigida por el oficial de la CIA, Byron Engle, y se integraba mayormente con oficiales de operativos de la CIA que tenían la cobertura de la OPS. Ibid, pp. 48-9, 58, 124-25, 233-35; y Michael Klare, War Without End: American Plannings for the Next Vietnams (Nueva York, Alfred Knopf, 1972), pp. 241-69.

10. Rogelio García Lupo, El Paraguay de Stroessner (Buenos Aires: Ediciones B, colección Reporteros, 1989), p. 149

11. No sólo las autoridades argentinas no respondieron, sino que están directamente implicadas en el asesinato. La bomba fue transportada por Michael Vernon Townley, nacido en Estados Unidos y agente de la DINA, el organismo de inteligencia chilena. Fue ayudado por miembros de Milicia, un grupo derivado de la Alianza Argentina Anticomunista (Triple A), utilizado por la inteligencia argentina (SIDE). Consultar Martin Andersen, Dossier Secreto: Argentina’s Desaparecidos and the Myth of the “Dirty War” (Boulder, Colorado: Westview, 1993), p. 119

12. El supuesto asesino de Leighton era miembro de Avanguardia Nazionale, una organización paramilitar neofascista italiana, encabezada por Stefano Della Chiaie. La organización de Della Chiaie fue contratada para el atentado por Townley. Taylor Branch y Eugene M. Propper, Labyrinth (Nueva York: Viking, 1982), pp. 305-9. Della Chiaie es conocido por su protagonismo en la violencia política derechista en Italia y en América Latina. Sobre Italia, consulte Arthur E. Rowse, “Gladio: The Secret U.S. War to Subvert Italian Democracy”, CovertAction, núm. 49, verano de 1994. Sobre Della Chiaie en Argentina, consulte Andersen, op. cit., cap. 10 y 20.

13. Richard Gott, “Shots and Plots”, The Guardian (Londres), 4 de junio de 1976, p. 17

14. Taylor y Propper, op. cit., p. 23

15. Sin embargo, el Gobierno chileno se negó a detenerlos. Tras el cambio de régimen en Chile, en 1991, Contreras y el general Pedro Espinoza fueron finalmente juzgados en Chile y condenados por los asesinatos de Letelier y Moffitt. Contreras fue sentenciado a siete años de prisión y Espinoza a seis años, pero ambos permanecen en libertad mientras apelan a la Corte Suprema chilena. El ciudadano estadounidense Townley gestionó una reducción de pena negociada y ahora está en el Programa Federal de Protección a Testigos

16. Cable del agente especial del FBI, Robert Scherrer, 28 de septiembre de 1976

17. Jack Andersen y Michael Binstein, “How the CIA Spared Carlos the Jackal”, Washington Post, 22 de agosto de 1994, p. C12. El mismo día, el Post citó a una fuente de la CIA no identificada que afirmaba que una “contribución clave de la CIA en el éxito francés” para capturar a Carlos, había consistido en seguir a Carlos a través de cuatro continentes durante 20 años y

La periodista argentina Stella Calloni es editora en El Día Latinoamericano (Ciudad de México) y corresponsal en América del Sur para La Jornada (Ciudad de México). Ha escrito numerosos trabajos sobre política latinoamericana y actualmente está preparando un libro de relatos. Cuando los documentos mencionados fueron consultados por la autora en Asunción, Paraguay, aún no estaban catalogados y clasificados. Sin embargo, a mediados de 1994 se publicó una selección de los archivos en Boccia Paz, Myriam Angélica González y Rosa Palau Aguilar ediciones, Es mi informe: Los archivos secretos de la Policía de Stroessner (Asunción: Centro de Documentación y Estudios, 1994). Los documentos mencionados en este artículo que han sido catalogados por Boccia Paz, et al, utilizarán las clasificaciones CDE.

Última modificação em Ter, 19 de Junho de 2012 19:30

Da Redação

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