Rugbistas argentinos desaparecidos en dictadura.la Voces de sus hijxs y amigos

Rugbistas argentinos desaparecidos en dictadura.la Voces de sus hijxs y amigos
Soy madre de tres rugbistas chilenos y abuela de otros dos. He conocido desde décadas un montón de jugadores y he compartido con ellos en las graderías, en los tercer tiempo y en vacaciones. Sé que los rugbistas forman unos de esos extraños grupos en que se producen y entablan profundos lazos de afecto, compañerismo,fraternidad sin que por lo general los unan lazos de familia. Son un grupo de pertenencia que mantiene unidos a hombres desde la infancia hasta los últimos años, incluyendo en sus afectos a sus esposas e hijos. Es por ello que esta historia caló muy hondo en mí, porque puedo imaginar perfectamente cuan profundos eran los vínculos que este deporte y la militancia unió a estos deportistas.
Agradezco a Carola Ochoa, que una vez publicada la primera nota acerca de los rugbistas argentinos desaparecidos me hizo llegar a través de facebook esta que ahora  comparto y que lleva el horror a un grado difícil de aceptar.

Una lista que no para de crecer

La sanjuanina Carola Ochoa, con la colaboración de familiares, amigos y compañeros de esos rugbiers y su tarea de investigación exhaustiva, logró confeccionar una nómina que hoy alcanza el centenar de casos.

Hernán Rocca, uno de lo tantos rugbiers desaparecidos, va en busca de la pelota.

Una mujer, casi de la nada y solo con su compromiso militante armó un registro de jugadores de rugby desaparecidos que no tiene precedentes. Carola Ochoa vive en San Juan, habla pausado y menciona con orgullo su trabajo social en Villa Hipódromo. Quizá no tenga idea del valor de su tarea: su pesquisa constante, la búsqueda de un nombre, de un club, del dato que esclarece. Hizo crecer la lista con la colaboración de familiares, amigos y compañeros de esos rugbiers que hoy pueblan sus archivos. Una cifra todavía imprecisa que ya superó con holgura a los 52 que son homenajeados en un torneo nacional que ella misma creó. Hoy casi duplicó la cifra. Pero además de su paciencia tibetana para juntar historias –todas reunidas en su página de Facebook– Carola consiguió que nos hiciéramos de nuevo una pregunta: ¿cómo pudo ser que tantos jóvenes que abrazaron ideales revolucionarios en los años 70 eligieran al rugby como deporte?

La respuesta no la tiene ella ni tampoco nosotros. Podríamos hacer elucubraciones sobre la matriz solidaria del juego. La época convulsionada que los encontró en la lucha. Las coincidencias en el estudio, la pasión por el rugby y sobre todo, su identificación con diferentes proyectos políticos. Eran montoneros, comunistas, guevaristas, maoístas, trotskistas. Ochoa hilvanó sus perfiles con el hilo conductor del deporte. Hizo tanto en tan poco tiempo que hasta ella misma está sorprendida. Y confiesa que se sacó de encima los prejuicios con el ambiente del rugby cuando se entusiasmó al unir las historias de sus desaparecidos.

Ahora cuenta desde su provincia: “Esta iniciativa empezó cuando Fernando Sandoval, un profesor y militante de los Derechos Humanos en Chubut, me invitó a formar parte del grupo organizador en el país de La Carrera de Miguel para traerla a San Juan. Fue durante una capacitación de tres días en Puerto Madryn, con Elvira Sanchez, hermana de Miguel, y los referentes nacionales”.

Después –confiesa en su largo correo– leyó el libro Deporte, desaparecidos y dictadura publicado en 2006 y reeditado en 2010. Una pieza encaja en la otra hasta formar un mecano que Ochoa contribuyó a extender por todo el país. Dice que en San Juan no hay jugadores de rugby desaparecidos, pero buscó y chequeó las identidades de casi noventa casos confirmados. La nómina según ella ya supera los cien. En ese número hay quienes representaban a clubes que también desaparecieron como sus deportistas. Atahualpa Rugby Club o Central Buenos Aires, el club donde jugaban los alumnos y ex alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires.

Uno de los más entusiastas colaboradores de la sanjuanina es el ex puma Eliseo Branca. Gran jugador del CASI de San Isidro y su entrenador campeón en 2005 después de veinte años sin títulos. También se sumó Martín Sharples, tercera línea del club Porteño y atleta. Dos condiciones que no lo definen totalmente porque además es un militante comprometido que perdió una pierna en un accidente de moto. Y juega al rugby con una prótesis. Martín –confiesa Carola– la convenció de que en determinado momento debía ponerle una cifra al torneo de rugby que imaginaba. De ahí surgió el 52. Pero se quedó demasiado corta porque seguiría topándose con más casos.

“En 2015, cuando vi por internet el video de Ensenada RC. Rugby Social, conocí a integrantes de la comisión directiva: Gabriel Merayo, Germán Fisser y Ana Garcia Munitis. Me invitaron a La Plata para explicarles mi proyecto” cuenta la sanjuanina. La capital bonaerense será escenario el domingo 13 de noviembre de una jornada que seguramente Carola jamás olvidará. En el Colegio Nacional Rafael Hernández que homenajeó a sus alumnos desaparecidos colocándoles sus nombres a las aulas –varios de ellos jugaban al rugby– se realizará una jornada con doce talleres sobre derechos humanos, memoria, literatura e inclusión en el deporte de la ovalada, entre otros temas.

El sábado 12 se disputará un partido de seven y otro de veteranos en homenaje a los jugadores desaparecidos. Veinte de ellos integraron distintos planteles de La Plata Rugby Club entre las décadas del 60 y 70. La institución los recuerda en una placa colocada en su sede de Gonnet hace unos años. Sobre la historia de esta tragedia, el periodista Claudio Gómez escribió un magnífico libro: Maten al rugbier. También se filmaron un par de documentales en Brasil e Italia. Y una miniserie sobre deportistas desaparecidos les dedicó un capítulo a los del club canario –se los conoce así por su camiseta amarilla– que se estrenó en Canal Encuentro en 2015.

Otra mujer, la periodista del diario La Capital de Rosario Laura Vilche también aportó en sus investigaciones las historias de los jugadores desaparecidos de aquella ciudad. Si Ochoa encontró solo en la capital bonaerense 41 casos repartidos entre La Plata Rugby, Universitario, Los Tilos y San Luis, desde la segunda ciudad del país le aportaron dieciocho historias más de sus clubes Old Resian, Jockey, Duendes, Universitario y Logaritmo.

La organizadora de esta movida que recorrió nuestra amplia geografía sueña con repetir la jornada del próximo fin de semana en San Juan, una provincia sin tradición rugbística. Ella no quiere olvidarse de todos sus colaboradores, de quienes la acompañan en la búsqueda de más datos, más fotos, más nombres que coincidan con esas fotos que, de no ser por ella, estarían guardadas en el cajón de alguna cómoda, dispersas, quién sabe dónde. El resultado es una contribución a la memoria de un deporte que sufrió como ninguno el terrorismo de Estado. Un registro que estimulará nuevas investigaciones porque en cada caso hay una historia que merece completarse.

El primer acercamiento que tuve con los casos de los rugbiers desaparecidos de La Plata fue por una nota que publiqué en el diario Perfil el 24 de marzo de 2006. Había leído sobre el tema (algún escrito de Gustavo Veiga en Página/ 12), pero esa tarde, cuando viajé por primera vez hasta el club en Gonnet, la historia me conmovió. Los anfitriones fueron Raúl Barandiarán, ex compañero de cinco jugadores-militantes, y dos hijas, Ana Balut y Verónica Sánchez Viamonte.
De aquella nota conservo un puñado de recuerdos; quiero rescatar dos. El primero es que después de desgrabar las entrevistas y reunir el material estuve un par de días dando vueltas sin poder arrancar. Escribía y borraba, una y otra vez; no aparecía un comienzo que me conformara. Tenía la mejor historia para contar —lo sabía—, pero el teclado se resistía. El compromiso y la exigencia que sentía eran desmedidos, algo que con otros temas no me ocurría. Al final la entregué, claro, forzado por los tiempos del cierre. El otro recuerdo que me quedó es que, cuando salió publicada, seguí insatisfecho: tenía la certeza de que el tema abarcaba una dimensión que excedía las dos páginas de un diario.
Tuvo que pasar un tiempo para que me decidiera a llevar esas historias a un libro. Una vez que arranqué fueron dos años intensos de búsquedas, viajes y escritura. Los rugbiers desaparecidos de La Plata se convirtieron en una obsesión. Y durante ese lapso pasaron cosas. Cuando empecé a fines de 2012, los casos eran diecisiete. Seis meses después, una investigación de Julián Axat —hijo de Rodolfo, uno de los rugbiers desaparecidos— reveló dos casos más. Al año, en una charla con un ex jugador del club, descubrí el vigésimo. La investigación influyó hasta en mis hábitos más cotidianos. Repetí hasta el hartazgo la canción que menos había escuchado de Virus. Conseguí un disco de Agapornis solo porque la banda está integrada por jugadores de LPRC.
No recuerdo en estos dos años haber leído un libro que no tuviera que ver con la militancia en los setenta. Y con las películas me ocurrió algo parecido.
Mientras yo buscaba a hijos, hermanos, amigos y compañeros, La Plata sufrió la peor inundación de su historia que —entre otros desastres— provocó ochenta y nueve muertos. Y seguí atento dos juicios por delitos de lesa humanidad. En la causa por el Circuito Camps condenaron a prisión perpetua a dieciséis militares y a un civil, el represor y ex ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Jaime Smart. Y por el centro clandestino de detención La Cacha recibieron perpetua quince genocidas, entre ellos, el ex policía Miguel Osvaldo Etchecolatz.
Una tarde estaba escribiendo mientras en la tele hablaba la presidenta Cristina Fernández. Yo trataba de resolver alguna historia mientras ella lanzaba el canal gratuito DeporTV en un acto en Tecnópolis. Su voz, apenas un rumor de fondo, entraba en segundo plano. Hasta que empezó a enumerar: “Santiago Sánchez Viamonte, Mariano Montequín, Moura, Rocca, Marcelo Bettini…”.Mis dedos se frenaron sobre el teclado. Sorprendido, giré la cabeza: era ella, la presidenta, recordando a esos muchachos que ya formaban parte de mi rutina. Horas después, YouTube completó la parte del discurso que me había perdido. Todavía vestida de negro, Cristina detalló: “Los deportistas desaparecidos después del golpe del 24 de marzo de 1976 me impactaron como ciudadana, como militante y como vecina de la ciudad de La Plata, porque de La Plata Rugby Club, que era uno de los mejores cuadros de rugby, no era el mío, pero era uno de los mejores cuadros de rugby de La Plata, si no el mejor, dicen algunos, desaparecieron dieciocho jugadores, muchos de los cuales eran muy amigos míos, conocidos”.
Una hija me confesó que se inventó recuerdos. Otra, que cuando piensa en sus padres los representa en una foto, que no puede imaginarlos en movimiento. Y otra, que está convencida de que suele tener conflictos con sus parejas porque es hija de desaparecidos. Una hermana me mostró un cinturón con manchas de sangre y marcas de balas. Un hermano me confió que su memoria borró todo lo que ocurrió aquellos años. Otro, que a su casa iba el delator que se había infiltrado en la agrupación. Una madre me detalló el encuentro que los represores le permitieron tener con su hijo para que se despidieran. Un padre, en el rol de juez, le tomó declaración a un genocida.
Un compañero del club me dijo que durante años fantaseaba con que sus amigos llegaban caminando por la playa de San Bernardo. Hay una habitación que sigue intacta. A un ex militante de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), Independiente le salvó la vida. Y un ex dirigente del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) me reconoció que tuvo que aceptar, resignado, que la mayoría de las caídas se produjeron por delaciones. En LPRC hubo veinte casos, pero las historias los exceden.
La reconstrucción de fragmentos de las vidas de las víctimas me llevó a enfrentarme con episodios del presente tan complejos e intensos como aquellos que se vivieron en los años de militancia. El 29 de junio de 1978 murió el último rugbier. Pero el genocidio no se cerró.

Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

Memoria EN_REDADA

Recibí en mi correo eléctrónico un mail de mi amiga Marta, con quien mantengo una amistad que ha enlazado nuestras memorias militantes y femeninas uniéndonos en una red de sororidad más allá del tiempo y el espacio.

Marta me envía una historia de otras mujeres, de mujeres militantes, y me escribe:

“Queridxs colegas, amigxs

avanzan el semestre y otras ocupacionesc  y con ello vuestra carga de trabajo, pero espero que pueden encontrar unos minutos para leelr estos conmovedores momentos de mujeres choras http://martazabaleta.blogspot.co.uk/2017/02/argentinalas-fotos-de-josefina-por.html
de Argentina.

Se puede aprender tanto de ellas.
Abrazos.

Abro el enlace que Marta,economista, académica y poeta exiliada argentina en el Reino Unido me ha compartido y me encuentro con esta imagen que abre mi memoria de mujer una vez joven y madre de una hija una vez viva…

Leo la nota en la fuente y me lanzo a buscar en la web a estas dos mujeres con la sensación de escarbar en una historia cuyas raíces se hunden en mi propia historia, en la de Marta y en la de tantas otras mujeres que militan y militaron en Latinoamérica trascendiendo su tiempo y su espacio.
y repito, como dice Marta, se puede aprender tanto de ellas.
RESISTENCIAS
Las fotos de Josefina

Voy a empezar por el final: de la mesa frente a la que estaba sentada tomó el collar de cuentas redondas, grandes, estriadas en rojo, y se lo sujetó al cuello. Después recogió las fotos que había mostrado, se paró y salió entre los aplausos de quienes la escuchamos del otro lado del vidrio. Cuando la abracé, sin saber quién contenía a quién, sentí las cuentas incrustándose en el pecho de las dos.

Ella se llama Josefina, el collar era de su mamá, lo rescató la mañana siguiente a su secuestro, cuando volvió a ese departamento con la puerta arrancada para cubrir la vergüenza de estar en bombacha con una remera roja, un jean y unas zapatillas. Tenía siete años, le faltaba un mes para cumplir los ocho, su hermano uno y medio y los dos habían dormido en la casa de una vecina a la que la patota le golpeó la puerta para dejarlos como un paquete.

“¡Qué voy a hacer con estos chicos!”, se había desesperado la mujer y ella guardó esa frase y ese tono por décadas, hasta que encontró a la vecina que ahora tiene nombre y es Susana, hasta que pudieron poner en común aquella noche larga del 6 de diciembre de 1977. “La encontré y la traje para acá”, dijo Josefina y una risa sosegada, tal vez de alivio, tal vez de complicidad, como un aflojarse del lazo que nos unía a quienes la escuchábamos, anduvo de boca en boca.

Josefina declaró el miércoles, en el juicio de lesa humanidad que tiene entre las víctimas a su madre, Vibel -Virginia- Casalaz. Josefina es una de esas amigas entre las que nos salvamos la vida, aunque el devenir de las cosas nos mantengan a distancia más tiempo del que desearíamos. A lo largo de los más de 20 años que llevamos de amistad, junto con Raquel y con Alba, ese núcleo duro de complicidad femenina, nos sacamos muchas fotos juntas, antes de que se llamaran “selfies”, las cuatro con las sonrisas incandescentes. Esta vez también hubo foto, en el subsuelo de los tribunales federales, en ese sitio sin ningún ángel en la calle Comodoro Py; habíamos llorado todas, Jose en el lugar de los testigos, el resto sosteniendo a la distancia esa entereza, todas esas palabras que supo enhebrar, buscadas y encontradas en noches de insomnio, en los días de la militancia en H.I.J.O.S., extraídas de diálogos con sobrevivientes, con sus amores; escritas también, ella que sabe hacerlo como pocas. Las sonrisas, a pesar del llanto, volvieron a capturar la luz en la imagen.

El collar que tanto le gustaba a su madre no fue lo único que rescató Josefina del departamento violentado. También se llevó una bolsita con fotos que les sirvió a los policías que la fueron a buscar al día siguiente para preguntarle por todas y cada una de las personas amadas que ahí aparecían. Ella estaba prevenida, iba a segundo grado en la misma escuela a pesar de los cambios de casa a que obligaba la persecución con un nombre falso, María José Roldán. No identificó a nadie. Las fotos siguieron su camino con ella, el primer viaje lo hicieron en la valijita con la que iba al colegio y que la acompañó en los dos días que pasó en la casa de una mujer policía, separada de su hermano al que se llevó un hombre de la misma fuerza. ¿A qué se debió esa separación por género? ¿Por qué no los dejaron juntos? Josefina no se acuerda casi nada de esos dos días, estaba enferma de hepatitis y sin duda la memoria da respiro, espacios de olvido necesarios para seguir adelante con la sucesión de los días. La noche del secuestro, por ejemplo, termina para ella con la imagen de su madre yéndose en el ascensor con esos tipos jóvenes y con armas largas que recuerda. “Mi mamá me tendría que haber dicho algo en ese momento, eso es lo que yo sentía, me tendría que haber dado una última instrucción”, dijo frente al tribunal y cerró: “Pero según me contó la vecina, cuando yo salí de ahí estaba en el piso, boca abajo, encañonada”.

No tenía instrucciones pero rescató los bienes preciados de su madre, el collar, las fotos que eran un resguardo de la vida cotidiana: playas, sonrisas, besos que no podían perderse en la huida aun a riesgo de convertirse en delación involuntaria. ¿Cuánto sabía la niña de todo lo que iba a perder como para que antes que sus juguetes guardara la bolsita de las fotos?

–Polo no es un nombre -le dijo el comisario de la 35 a la niña de 7 que había dado apodo, apellido y ocupación de su abuelo, “un fabricante de soda de Tres Arroyos”.

–Usted búsquelo que lo va a encontrar -contestó ella y así fue, constatando una vez más la enorme maquinaria del plan sistemático para la desaparición de personas no sólo represiva, también burocrática. Una burocracia dócil que ahora pretende aplicarse al conteo de los cuerpos que nos faltan. Nombrar es una cuestión de poder, decir 30 mil  y que haya acuerdo es el poder que hemos ido acumulando a lo largo de cuatro décadas y es lo que está en disputa.

Mientras escucho a mi amiga, pegada al vidrio que nos separa con la ilusión de encontrar sus ojos como si hiciera falta para sostenerla cada vez que amenaza con quebrarse, pienso con deseo en el lugar que ocupa. Yo también quiero acusar, quiero que llegue la hora del juicio por lo que le hicieron a mi madre y a sus compañeros y compañeras de cautiverio. Cuando promediaba el año pasado y se supo que no sucedería en octubre como habían prometido, y después, cuando tampoco habría fecha designada para marzo, empezó a circular entre los querellantes la lista de testigos que tendrían que adelantarse en testimoniar porque la dentellada de la muerte ya les está mordiendo los talones. 85, 87, 90, 95 años se leía junto a algunos nombres. Alguien anotó en ese intercambio de correos que su madre ya no podría declarar porque el ejercicio de memoria había destrozado sus neuronas. Hace 13 años que presentamos la querella. En ese tiempo todos y todas nos convertimos en otros, en otras, guardando a la vez quienes fuimos para no perder detalle cuando nos den la palabra. La impotencia se come el fin de la impunidad que ya no podemos declamar.

Antes de escuchar a Josefina, en un cuarto intermedio que tensa nuestra paciencia, Raquel me dice con ojos húmedos: “Siento que nos están tomando el pelo, ya no le encuentro sentido”. Es una descarga de derrota que no va a acatar, aunque las dos sabemos de qué habla. La Justicia, con esos pies de plomo, ya no puede llamarse así. Y sin embargo.

“¿Pudiste reconstruir…?”, es la primera parte de la pregunta que se repite para que Josefina de cuenta de lo que sabe de su madre, de su destino después del secuestro. Ella contesta una y otra vez, sobre los testimonios leídos, los diálogos ansiosos que persiguen un dato más, por nimio que fuera. Todo el trabajo lo hicimos las víctimas y quienes se comprometieron con nuestro duelo, el inmenso duelo acuoso de un país entero que todavía sigue evaluando el tamaño de las heridas que dejó el terrorismo de Estado. ¿Dónde están los papeles, los organigramas, los números de ellos, los ejecutores? ¿Dónde ocultaron los cuerpos? ¿Por qué a ellos se les permite todavía ahora ocultarse?

Hubiera querido que estén aquí los acusados, para interpelarlos. Quiero decir que yo pienso todas las noches en el cuerpo torturado y violado de mi madre. Y los represores piensan que así le hicieron bien a la patria. -dijo Josefina y tomó el collar de su madre de la mesa frente a la que estaba sentada y se lo puso, recogió sus fotos y enjugó sus lágrimas. Para que se vea y que se sepa: aun cuando le arrebataron tanto no pudieron quitarle todo.

En otro espacio virtual leo acerca de esta hija militante de la memoria:

UN COLLAR DE CERÁMICA

La estridencia de los camiones que pasan por encima apenas le permiten hablar a Josefina Giglio. Pero no grita, no lo quiere hacer en este lugar.

Josefina Giglio señala el retrato de su madre dentro de un cartel en el lugar donde estaba ubicado el centro de tortura El Atlético.

Madre de dos niños e hija de desaparecidos, intenta hallar el retrato de su madre en el afiche que está colgado sobre las ruinas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético, que está -estaba- ubicado debajo de la autopista 25 de mayo de la capital argentina.

Aquí está Coca, mirá- señala la foto de Virginia Isabel Cazalas, su madre, entre las centenares de imágenes de personas impresas sobre una sábana como recuerdo de quienes estuvieron presos aquí.

Josefina está acá porque este fue el último lugar donde, según testimonios de otros detenidos sobrevivientes, su madre fue vista por última vez.

A principios de 1978, cuando tenía 8 años, se la arrebataron de la casa en donde vivían clandestinos en Buenos Aires. Desapareció, lo mismo que había ocurrido con su padre un año antes.

Y desde entonces los anda buscando, a ella y a él, sin éxito.

Virginia Isabel Cazalas, más conocida como “Coca”, era la madre de Josefina.

Josefina es una de los muchos hijos que todavía no pudieron reunirse con los huesos.

Por eso tal vez sus peregrinaciones a las ruinas de Club Atlético, como un mecanismo para no olvidar ante la tierra abierta de las excavación arqueológica que se realiza ahora en este lugar antes utilizado para la tortura y que quedó sepultado cuando se construyó la autopista.

“En esto hay como dos partes: primero estás como esperando, como detenido en el tiempo esperando a que vuelvan, y después hay un momento en que comenzás a buscar”, dice Josefina.

“Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, Josefina Giglio, hija de desaparecidos.

“Siempre estás buscando”.

“Había una época en que había una publicidad en la tele y el actor era igual a mi papá. Igual. Y mi papá había estudiado teatro, entonces yo decía ‘por ahí le dieron un golpe en la cabeza, se olvidó quién es y es ese actor’. Escribí al canal y todo. Nunca nadie me contestó, obviamente… Después, mi búsqueda en serio comenzó cuando de grande empecé la universidad”.

Su despertar universitario fue también el inicio de una misión colectiva: la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), algo así como una versión filial de lo que hacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue fundada en 1994, cuando muchos de los hijos de los desaparecidos cumplieron la mayoría de edad.

El centro clandestino de detención Club Atlético funcionaba a pocas cuadras de la cancha del popular equipo de fútbol Boca Juniors.

Con ellos logró, dice, “democratizar el dolor”. Con ellos lloró, protestó en las calles.

Estudió a fondo la historia de sus padres para intentar encontrar pistas: las impresiones del sulfuro de plata en las fotografías, la tinta aplastada en las hojas de las cartas. Algo que le permitiera entender quiénes eran, por qué habían luchado, qué sentido había tenido su muerte casi segura.

Y ha visto, como un tren que pasa de largo en una estación, cómo a otros compañeros de militancia el EAAF les han restituido los restos de sus padres, mientras ella los sigue esperando.

“Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, cuenta y se ríe. La carcajada le suelta la mirada que aguarda tras unos anteojos gruesos de carey. La idea le enciende una chispa.

“Tendría algo así como un amuleto, un deseo de hacerme un colgante con ellos”, continúa sonriente.

“La tierra contiene como un útero los huesos que esperan”, se lee en uno de los cuadros de las oficinas del EAAF.

Josefina ya tiene un collar.

Al día siguiente del secuestro en el verano del 78, cuando le dieron permiso para entrar al departamento de donde se habían llevado a Virginia para buscar algunas cosas, la única pertenencia de su madre que se llevó fue un collar de cerámica que habían comprado juntas en la feria de Plaza Francia.

“Pensaba dárselo cuando volviera”.

Durante estos años ha elaborado mil conjeturas, pero a pesar de su empeño hay cuentas que no puede obviar: el EAAF sólo tiene restos óseos de unas 600 personas y siguen hallándose algunos centenares más, pero el número queda muy lejos de los 30.000 desaparecidos que calculan las organizaciones de derechos humanos e incluso de los 10.000 que reconocen las fuentes más conservadoras.

Y a muchos de ellos, se sabe, los tiraron al Río de la Plata y al mar desde los llamados “vuelos de la muerte”.

“Durante mucho tiempo tenía la sensación de ser hija de un agujero negro y los huesos siento que me permiten esa continuidad: yo soy esos huesos, voy a ser esos huesos. Recuperar esa continuidad que se cortó. Uno cree que una tibia y un peroné son innecesarios, hasta que te das cuenta de que son una fuente de alivio y te darían un cierre”, reclama.

Una fila india de camiones interrumpe la charla hasta el punto de suspenderla. Pero antes de irse ella mira el abismo de las excavaciones: dice que siempre busca algún objeto, alguna presilla, un pedazo de herencia que le debe el destino.

Para tenerlo mientras llegan los huesos.

Y es así que en mi transito virtual encuentro una noticia de hace cuatro días, una fotografía de dos hijos – Josefina y Francisco – hijos de Virginia y Carlos, huérfanos por el terrorismo de Estado en la Argentina que una vez nos acogio a mis hijos y a mi, donde vivimos la segunda dictadura a las que hemos sobrevivido.

Carlos y Vibel –el padre y la madre de Josefina, Coco y Coca para sus compañeros de partido- militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Carlos era arquitecto, había caído el 19 de mayo de 1976 en una reunión del partido en Combate de los Pozos y Pavón, por un vecino que lo denunció. Cuando intentaba huir por la terraza, fue herido en una pierna y cayó al pozo de luz. Nunca más se supo de él. Desde entonces, Vibel –psicoanalista- peregrinaba entre una sombra y la otra mirándose las espaldas. Los militares la alcanzaron un año y medio después, en un departamento de Belgrano R. No estaba sola: Josefina tenía 7 años, Francisco uno y medio. Estaban además otros militantes del PCML. Los militares lo llamaron Operativo Escoba.

“Entre que se llevan a mi padre, el 19 de mayo de 1976, y caemos con mi madre el 5 de diciembre de 1977, hubo un dispositivo de pinzas para buscarla. La noche del 8 de junio se llevaron en La Plata a mi abuela paterna, Tecla, a mi tío que estaba con ella, en Tres Arroyos a Polo, y en Mones Casón, cerca de Carlos Casares, a mi tío Oscar Bossier, el cuñado de mi padre”.

http://memoria.telam.com.ar/noticia/-un-brigadier-dijo-que-mama-era-la-mujer-mas-buscada-_n3809

Necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio

Josefina y Francisco Giglio declararon en el juicio por los crímenes cometidos en el llamado circuito ABO.

Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Cazalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el Banco por sobrevivientes. “Vebel”, como la llamaban en su familia. “Coca”, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del Ejército. Estaba en camisón. Josefina, de siete años, y Francisco, de año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con sus abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que había desaparecido en mayo del ‘76. Con cuarenta, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó de que los acusados no presencien el juicio. “No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado. Y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria”, remató, sobreponiéndose al llanto, que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada la aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá, y que había colocado en la mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso.

“Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo”, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de “Coca” completó la selección de fotografías entregadas al TOF que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estrado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos que su mamá siempre llevaba de casa a casa y ese collar de perlas grandotas, que “a ella le gustaba mucho” y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado.

Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freyre con dos compañeros de militancia: Mariano Montequón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. “Mi mamá estaba en camisón, y así se la llevan, y yo estaba en bombacha”, contó.

Sientieron que rompían la puerta de entrada. “Yo me escondí porque no quería que me vieran, mi mamá pidió cambiarse pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina”, siguió. Aún hoy, le extraña que ella no le haya dado “alguna instrucción” antes de que se la llevaran.

Años después se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que “tres jóvenes de civil” le pidieron que cuidara a ella y a Francisco “hasta que llegara la Policía”. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito ABO.

Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el Ejército llamó “Escoba” y que barrió con casi todos los militantes del PCML.

Al otro día, la policía los llevó a buscar ropa al departamento reventado por el Ejército. “Cuando esta mujer que dijo ser asistente social pero que no aparece en ningún registro me vio con la bolsa de fotos, me sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba ‘¿este quién es? ¿y éste quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada”.

Tenía siete años Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución, un mes antes. “Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con dos hijos y escapando”, relató Josefina.

Tres días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, los fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vibel los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar el departamento de Freyre: lo secuestraron a él –permaneció un mes en Vesubio–; a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio.

El relato de Francisco fue menos detallista. El tenía un año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. “Llegó la democracia y todos pensábamos que los iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de quince. Y luego, para mi fiesta de egresados”, intentó explicar ella, que comparó al gobierno de Raúl Alfonsín con “la esperanza”; al indulto de Carlos Menem con “el abismo” y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. “Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que en vez de discutir la cantidad de desaparecidos debería estar buscando los restos de mi padre y de otros”.

Francisco lo analizó desde la figura del “desaparecido”, esa que “produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda”.

Ambos saben que no volverán, por eso ven una posibilidad de “cierre” en la recuperación de los restos. “Necesito recuperar los restos de mis padres – dijo Francisco– sería de alguna manera reencontrarme con ellos”.

Josefina también reclamó los restos: “Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos. Y que le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años, ya es tiempo”.

El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

DestacadoEl Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

El COVEMA y la monja misteriosa

Alejandra Matus.

 

El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

–No es un buen día para salir –dijo él.

–Menos para andar contigo –bromeó ella.

Amistad en el Campus Oriente
Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

«Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

«¡Bájate, conchetumadre!»
Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

«Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

«A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

La silla giratoria
Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

«En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

«Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

«Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

«Cállate, huevón»
La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

«Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

«Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

«Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

«Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

La monja
A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

«Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

«Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

Sin temor
Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


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Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

covema.cl

Jara falleció producto de los golpes que recibió.

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El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

Resultado de imagen para Cecilia Alzamora

Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

“Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

subirCaso emblemático

La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

“Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

“Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

“Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

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“Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

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2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

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Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

  • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

    http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

 

 

Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

Leer artículo completo

Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

“Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

EFE. Archivo.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

“Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

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Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

“Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

Cómo se permitió la desclasificación

Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

“Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

por 19 diciembre 2016

Artista Francisco
¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

Segunda fase del proyecto (sep 2015)

Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

Artista simula tortura

Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

Imagen de reflejo

De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

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Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

Las voces de los Hijxs.Pablo Sepúlveda Allende : arresten a Henry Kissinger.

DestacadoLas voces de los Hijxs.Pablo Sepúlveda Allende : arresten a Henry Kissinger.

“Querida Noruega, arresta a Henry Kissinger, el hombre que planeó el golpe de Estado en el que mi abuelo fue asesinado”

Nieto de Allende pide arresto de Kissinger en Oslo por golpe militar en Chile.

Una familia que marcó la Historia reciente de Chile. Los Allende – Bussi y sus descendientes.

Pablo es hijo de Carmen Paz Allende, hija mayor del presidente Salvador Allende y de Héctor Sepúlveda; sobrino de Isabel Allende Bussi, presidenta del PSCH y ex presidenta del Senado. Pablo es primo hermano de Maya Fernández Allende, hija de Beatriz, la Tati, todos ellos figuras políticas.Su prima  Marcia Tambutti, hija de Isabel filmó la historia de la familia en su documental Mi abuelo Allende .

Es médico y vive en Venezuela .

(Noticia publicada en medios nacionales e internacionales)

 

por 11 diciembre 2016

Nieto de Allende pide arresto de Kissinger en Oslo por golpe militar en Chile
“A un gobierno que afirma defender la paz y los derechos humanos, como hace el noruego, ¿es mucho pedirle que un criminal de guerra con responsabilidad directa en genocidio, tortura y golpes de Estado sea declarado persona non grata o sea detenido y llevado ante la justicia según la ley internacional?”, consta en la carta.

Un nieto del expresidente Salvador Allende reclamó hoy a las autoridades noruegas que arresten al exsecretario de Estado de Estados Unidos Henry Kissinger, presente en Oslo estos días, por su apoyo al golpe militar de 1973 en Chile.

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Kissinger viajó a Noruega por invitación del Instituto Nobel y la Universidad de Oslo, asistió ayer a la entrega del premio de la Paz al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos -con quien mantuvo una reunión privada-, y hoy pronunciará una conferencia con Zbigniew Brzezinski, antiguo consejero del expresidente Jimmy Carter.

El acto, que tiene el apoyo del Instituto Nobel, se celebrará en un aula de la universidad, y el hecho de que “ninguna de las víctimas de sus crímenes de guerra y políticas criminales” puedan intervenir, ni vayan a ser nombradas, es lo que ha convencido a Pablo Sepúlveda Allende de mandar una carta a esas instituciones.

En , carta que hoy reproduce el conservador  Aftenposten.no-el principal diario de ese país nórdico-, Sepúlveda Allende se muestra “conmocionado” por el “homenaje” a Kissinger, que considera una “ofensa”. (leer carta completa)

“A un gobierno que afirma defender la paz y los derechos humanos, como hace el noruego, ¿es mucho pedirle que un criminal de guerra con responsabilidad directa en genocidio, tortura y golpes de Estado sea declarado persona non grata o sea detenido y llevado ante la justicia según la ley internacional?”, consta en la carta.

Sepúlveda Allende pregunta también al Instituto Nobel si nadie en esta institución tiene “el valor y la moral suficientes” para retirarle a Kissinger el Nobel que se le otorgó en 1973 por el acuerdo de paz en Vietnam y reparar una “injusticia histórica” en vez de homenajearlo con un acto que es “una vergüenza histórica”.

El nieto del expresidente chileno resalta que está “bien documentada” la participación de Kissinger en el golpe de Pinochet y otros golpes y “campañas de terror político” en Sudamérica y en otras partes del mundo.

“Noruega les abrió las puertas a miles de chilenos que huían de un régimen de terror, por eso es incomprensible que Kissinger sea recibido y homenajeado en Noruega con motivo de la entrega del Nobel de la Paz”, escribe Sepúlveda Allende.

Para mayor información

 Amy Goodman

Kerry, Kissinger y el otro 11 de septiembre

El único motivo por el que se debería buscar a Henry Kissinger es para llevarlo ante la justicia, al igual que Pinochet.

Henry Kissinger and Augusto Pinochet

Mientras la intervención militar del Presidente Barack Obama en Siria parece haberse postergado por el momento, llama la atención que el Secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, se haya reunido el 11 de septiembre con uno de sus predecesores, Henry Kissinger, supuestamente para hablar de la estrategia de las próximas negociaciones sobre Siria con funcionarios rusos. La reunión entre Kerry y Kissinger y la oposición pública al ataque a Siria, que ambos apoyan, deberían mirarse a través del espejo de lo sucedido el 11 de septiembre, pero de 1973.

Aquel día, hace 40 años, el presidente democráticamente electo de Chile, Salvador Allende, fue derrocado violentamente mediante un golpe de Estado que contó con el apoyo de Estados Unidos. El General Augusto Pinochet asumió el control del país y dio inicio a diecisiete años de un régimen militar de terror, en el que más de 3.000 chilenos fueron asesinados y desaparecidos, alrededor del mismo número de personas que murieron el 11 de septiembre de 2001. Allende, que era socialista, contaba con mucho apoyo popular en su país, pero sus políticas eran el anatema de las élites de Chile y Estados Unidos, por lo que el entonces Presidente estadounidense, Richard Nixon, y su Secretario de Estado y asesor de seguridad nacional, Henry Kissinger, apoyaron el intento de derrocarlo.

El papel que desempeñó Kissinger en la planificación del golpe de Estado en Chile en 1973 queda más claro a medida que pasan los años y surgen nuevos documentos, que el propio Kissinger intentó mantener en secreto. Peter Kornbluh, de la organización sin fines de lucro National Security Archive (Archivo de Seguridad Nacional), ha revelado las pruebas durante años, y recientemente actualizó su libro “Pinochet: los archivos secretos”.

El archivo Pinochet

Kornbluh* me dijo que Kissinger “fue el principal responsable de idear la política para derrocar a Allende e incluso de apoyar a Pinochet y las violaciones de los derechos humanos que ocurrieron durante su régimen”. Afirmó que Kissinger “presionó a Nixon para que asumiera una política agresiva, pero encubierta, para lograr derrocar a Allende, desestabilizar su capacidad de gobernar y generar lo que Kissinger denominó ‘un clima golpista’”.

El régimen de Pinochet fue violento, represivo y un aliado cercano de Estados Unidos. Pinochet formó alianzas con otros regímenes militares de América del Sur, que crearon el “Plan Cóndor”, una campaña de terrorismo de Estado y asesinatos coordinados en Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay. El Plan Cóndor incluso llegó a las calles de Washington D.C. cuando, el 21 de septiembre de 1976, el ex embajador chileno en Estados Unidos durante el gobierno de Allende, Orlando Letelier, fue asesinado junto a su asistente, un ciudadano estadounidense llamado Ronni Moffitt, en un atentado con coche bomba perpetrado por la policía secreta de Pinochet en la zona de las embajadas, a apenas unas cuadras de la Casa Blanca.

Finalmente, tras la creciente condena mundial y la resistencia no violenta dentro del país, el régimen de Pinochet se vio obligado a realizar un plebiscito en el que se decidiría si Pinochet debía continuar como dictador en Chile. La población rechazó al gobierno de Pinochet con un “NO” rotundo, y dio paso a la actual era democrática en Chile.

Al menos dos ciudadanos estadounidenses fueron asesinados durante el golpe de 1973. Charles Horman y Frank Teruggi viajaron a Chile para ser testigos de la experiencia democrática que se estaba desarrollando en el país. Trabajaban como escritores y periodistas. Su secuestro y asesinato por parte de las fuerzas de Pinochet, con la posible colaboración del Gobierno estadounidense, fueron representados en la película “Desaparecido” del director Costa Gavras, con Jack Lemmon y Sissy Spacek como protagonistas. En Chile, la película “Desaparecido” fue prohibida por el régimen de Pinochet. Con motivo del 40 aniversario del golpe de Estado, la viuda de Charles Horman, Joyce Horman, realizó una ceremonia conmemorativa en la ciudad de Nueva York. El evento fue organizado por la fundación Charles Horman Truth Foundation y atrajo a cientos de personas, muchas de las cuales formaron parte del Gobierno de Allende, perdieron familiares durante la dictadura, o se vieron obligadas a exiliarse de Chile durante aquellos terribles años.

Entre los asistentes estaba Juan Garcés, un ciudadano español que fue asesor personal del Presidente Allende. Garcés estaba con Allende en el Palacio de la Moneda el 11 de septiembre de 1973. Poco antes de que el palacio fuera bombardeado por la fuerza aérea, Allende acompañó a Garcés a la puerta y le dijo que saliera y le contara al mundo lo que había sucedido aquel día.

Allende murió durante el golpe, y Garcés apenas logró escapar de Chile con vida. Años después presentó una denuncia penal contra Pinochet, y finalmente logró que se lo arrestara en Gran Bretaña en 1998, donde Pinochet permaneció detenido durante 504 días. Si bien finalmente Pinochet pudo regresar a Chile, más tarde fue procesado allí y tuvo que afrontar un juicio y la prisión. Murió en 2006 bajo arresto domiciliario a los 91 años de edad.

Hoy en día, Juan Garcés considera que hay alarmantes similitudes entre la represión en Chile y las actuales políticas estadounidenses: “Realizan entregas extraordinarias, ejecuciones extrajudiciales. Tienen centros de detención secretos. El recurso de habeas corpus es ineficaz. Me preocupa mucho que los mismos métodos que se utilizaron en Chile durante la dictadura, con el conocimiento y el apoyo del Gobierno de Nixon y Kissinger, ahora se estén utilizando en muchos países, con otra excusa, con el apoyo de Estados Unidos. Considero que es algo muy peligroso para todos”.

En lugar de reunirse con Kissinger para buscar asesoramiento, John Kerry debería apoyar la paz y consultar a personas como Garcés, que han dedicado su vida a luchar por esa causa. El único motivo por el que se debería buscar a Henry Kissinger es para llevarlo ante la justicia, al igual que Pinochet.

The Pinochet File

*Peter Kornbluh

Peter Kornbluh dirige el Proyecto de Documentación de Cuba y Chile del Archivo de Seguridad Nacional. Él es el autor de la Bahía de Cochinos desclasificados: El informe secreto de la CIA en la invasión de Cuba y The Pinochet File: Un Dossier desclasificados en Atrocidad y rendición de cuentas y un co-autor (con Laurence Chang) de la Crisis de los Misiles de 1962: Un Nacional Archivo de seguridad Documentos lector y (con Malcolm Byrne) de El escándalo Irán-Contras: La Historia desclasificados , todos publicados por The New Press. Vive en Washington, DC

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

07 DE MARZO DE 2013
EXCLUSIVO DN!ES
Dirty war 1

Escuche/Vea/Lea (en inglés)



JUAN GONZÁLEZ:

El martes pasado comenzó un histórico juicio en Argentina, que podría revelar nuevos detalles sobre la estrategia coordinada de seis países latinoamericanos, en las décadas de 1970 y 1980, para eliminar disidentes políticos. Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos gobiernos colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.

El plan fue impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet y existe evidencia de que la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger fueron cómplices del mismo desde sus inicios. Al menos 25 generales del ejército están imputados en la causa, y se espera contar con el testimonio de más de 500 personas. En agosto, un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que propio Kissinger sea interrogado. El Gobierno de Obama no respondió.

AMY GOODMAN: Este juicio se está llevando a cabo en Buenos Aires, donde un antiguo taller mecánico fue convertido en un centro de tortura. Argentina es el país donde más personas extranjeras fueron asesinadas en el marco de la Operación Cóndor. Esto está sucediendo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Uruguay derogara una ley que hubiera permitido juicios similares en ese país.

Para ampliar esta información, nos acompaña John Dinges, autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur”, que recopila entrevistas e informes de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos mantenidos en secreto. Antes de eso, Dinges trabajó para la National Public Rario, y como periodista independiente en Latinoamérica. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

John Dinges, bienvenido a Democracy Now!

JOHN DINGES: Encantado de estar aquí. Gracias.

AMY GOODMAN: Háblanos de la importancia de este juicio que está teniendo lugar en Argentina.
JOHN DINGES: Bueno, ya se han hecho varios juicios, y éste se remonta a la detención de Pinochet en Londres, en 1998. Eso desató una avalancha de pruebas, que atravesaron Europa y dieron lugar a juicios en muchos lugares, como Roma, París, Argentina y Chile, pero todos más pequeños que éste. Aquí hay 25 personas acusadas. Por desgracia —o por suerte, quizás— muchas de las personas implicadas en esto ya han muerto, o están muy viejos; muchos de los jefes máximos. Pero aquí hay 25 argentinos y un uruguayo, todos con cargos militares, quienes participaron directamente en las acciones de la Operación Cóndor.

Se trata de algo histórico, ya que vamos a escuchar las declaraciones de 500 testigos. Y no es algo habitual en el sistema jurídico latinoamericano. Esto se está haciendo realmente público ahora que escuchamos los testimonios. Antes sólo declaraban ante los jueces a puertas cerradas, y luego, alguna gente podía llegar a leer esos testimonios, pero no llegaba a ser realmente público. Esta vez es realmente público. Y al parecer, gran parte del juicio está siendo grabado. Así que es la primera vez que toda la población va a poder va a escuchar los detalles de esta serie tan terrible de atrocidades, que tanta gente ha matado.

JUAN GONZÁLEZ: John, para quienes nunca han oído hablar de la Operación Cóndor o saben poco sobre ella, ¿podrías hablarnos sobre sus orígenes? ¿Cómo comenzó, que países o gobiernos la encabezaron?

JOHN DINGES: Bueno, fue una iniciativa chilena. Augusto Pinochet tenía dominada a la oposición. El golpe de Estado fue en 1973, y para 1974 ya no había casi oposición interna. Pero mucha gente que había formado parte del anterior Gobierno, que él había derrocado, se había marchado al extranjero. Un general importante vivía en Argentina. Dirigentes políticos, como por ejemplo Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador en EE. UU. –que era alguien que solía comer con Henry Kissinger- vivía en Washington. Había gente desparramada por diferentes lugares, en Europa y en toda Latinoamérica, y Pinochet quería ir tras ellos. Así que organizó la Operación Cóndor.

Y convenció a los otros países —Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay— para que se sumaran, con el argumento de que existían acciones guerrilleras que los amenazaban a todos conjuntamente. Y de hecho, hubo una organización guerrillera llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por diferentes grupos armados que luchaban contra esos gobiernos. Entonces, la idea de Pinochet era colaborar para perseguir a esta gente. Y así lo hicieron.

La mayor parte de los exiliados chilenos estaban en Argentina, que fue el último país en ver derrocado su gobierno civil. Allí la dictadura militar se inició en marzo de 1976, y el Plan Cóndor se creó a finales de 1975. Así que ya estaban preparados. Y cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, comenzaron a matar a cientos de personas, a estas personas extranjeras. Es interesante que hayas mencionado a Automotores Orletti. Este es el taller mecánico que fue utilizado como centro de tortura, y ahí es donde retenían a los presos de otros países.

AMY GOODMAN: Con Democracy Now! hemos visitado ese taller. Quiero leer parte de un documento desclasificado, un informe de la CIA que muestra que funcionarios estadounidenses sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban ampliando sus redes de acción con la Operación Cóndor. Cito: “Están uniendo fuerzas para erradicar la ‘subversión’ … una palabra que, cada vez más, se refiere a la disidencia no violenta, de parte de la izquierda y centro-izquierda”.

Esto se relaciona con otro documento que tú conseguiste, John Dinges, de la agencia de inteligencia chilena, conocida como DINA. En él se detalla el número de muertos y desaparecidos registrado por la inteligencia argentina. Es un cable enviado por el representante de la DINA en Buenos Aires que dice, cito, que “está enviando una lista de todos los muertos,” que incluía el conteo oficial y extraoficial de muertos. Entre 1975 y mediados de 1978, según él, cito: “suman 22.000 entre muertos y desaparecidos”. Háblanos sobre el número de muertos y qué es lo que sabía EE.UU.

JOHN DINGES: Bueno, vamos primero con Estados Unidos. En este período, los años setenta, Estados Unidos fue un patrocinador importante de las dictaduras militares que derrocaron, en algunos casos a gobiernos democráticos y en otros a gobiernos civiles tambaleantes. Como fuera, el resultado fueron gobiernos como el de Videla, el de Pinochet o el de Banzer en Bolivia, que mataban a sus ciudadanos impunemente. El gobierno de EE. UU. sabía de estos asesinatos masivos. Y mantuvo una actitud esquizofrénica y maquiavélica hacia esta situación. Realmente no querían a los comunistas en el gobierno, y la democracia parecía estar dando lugar a gobiernos comunistas. De hecho, el presidente de izquierda Salvador Allende fue elegido democráticamente, e instaló en Chile un gobierno civil y revolucionario. Y por eso, Pinochet lo derrocó. Estados Unidos tenía pánico ante la posibilidad de que esto se extendiera en Latinoamérica, por lo que apoyó la llegada de las dictaduras.

Cuando comenzaron los asesinatos masivos, EE. UU. sabía que eso estaba sucediendo. Se enteraron de la Operación Cóndor poco después de su creación. No hay pruebas de que supieran de su existencia en el momento en que se creó. Sí hay pruebas de que lo sabían un par de meses después de iniciadas sus operaciones. Pero sin duda tenían conocimiento de que estas cosas estaban sucediendo. Y si nos fijamos en las transcripciones de las reuniones entre Henry Kissinger y estos jefes militares de Argentina y de Chile, de las que tenemos registro, ¿qué es lo que dicen en privado? Algo así como: “Apoyamos lo que están haciendo. Entendemos que tienen que hacer valer su autoridad. Hagan lo posible por liberar algunos presos, porque el Congreso me está presionando mucho, los demócratas están queriendo hacer que yo defienda los derechos humanos. Así que les pido un esfuerzo, pero entiendo lo que están haciendo”.

Y en una ocasión, dos semanas después de que Kissinger visitase Santiago, se realizó la segunda reunión más importante entre todos los países del Cóndor para hablar sobre el plan. Y en esa reunión, en junio de 1976, se aprobaron operaciones de asesinatos fuera de Latinoamérica. Y el primero de estos asesinatos tuvo lugar en Washington DC. Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores chileno, fue asesinado en las calles de Washington.

AMY GOODMAN: Es una historia asombrosa. De hecho, tú has escrito un libro sobre el tema.

JOHN DINGES: En realidad he escrito dos libros. Uno es sobre el asesinato, en el que, por primera vez, incluí un capítulo sobre el descubrimiento de la Operación Cóndor. No tenía muchos detalles. Incluso, en cierta medida, fui mal informado por el Departamento de Estado.

Años más tarde, después de que Pinochet fuese detenido en Londres, hubo una avalancha de documentos, que incluían 60.000 páginas de material, que se hicieron públicos por orden del presidente Clinton. Entonces pude investigar realmente y entender lo sucedido desde el punto de vista de EE. UU. Pero también en Latinoamérica se revelaron muchos documentos. Y creo que eso es aún más importante, porque si sólo tuviéramos documentos estadounidenses, siempre alguien podía decir “bueno, ese es el punto de vista de EE.UU. sobre estos asuntos.” Pero lo que pasaba realmente en esos gobiernos latinoamericanos…

AMY GOODMAN: Explícanos cómo fue que Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, fueron asesinados en las calles de Washington DC, en Estados Unidos, en 1976.

JOHN DINGES: Pinochet inició esta operación poco después de aquella reunión con Kissinger. Menos de un mes después, dio la orden para esto. Enviaron a un agente que hacía varios años trabajaba para la DINA, Michael Townley, que era estadounidense. No creo que fuera casualidad que le encargaran esto a un agente estadounidense, ya que, obviamente, cuando se comenzó a sospechar de ellos, dijeron: “Ah, este tipo trabaja para la CIA“. Y mucha gente está dispuesta a creer que siempre es la CIA quien está detrás de estas cosas. De hecho, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda decían “fue la CIA.” No hay pruebas de que Townley trabajara para la CIA, pero es seguro que trabajaba para los chilenos.

Se juntó con algunos cubanos en Nueva Jersey, cubanos anticastristas, y fueron a Washington. Townley se metió debajo del auto y puso una bomba que él mismo había construido, que se activaba con uno de esos antiguos beepers. Siguieron el auto por la Avenida Massachusetts y en Sheridan Circle, bien cerca de la embajada de Chile, pulsaron el botón y lo mataron. Ronni Moffitt era la esposa de Michael Moffitt, que era asistente de Orlando. Ella iba en el asiento delantero del auto y por eso murió. Michael sobrevivió y Orlando, por supuesto, murió inmediatamente.

AMY GOODMAN: Townley estuvo algunos años en la cárcel. Y entonces…

JOHN DINGES: A Townley lo entregaron los chilenos. La historia de cómo se resolvió este caso es increíble. En general se asumía que en EE. UU. no se iba a investigar el caso muy a fondo. Pero quienes pensaron eso estaban equivocados. El FBI realizó una extensa investigación, resolvió el caso, obtuvo fotos de los implicados. Esa larga historia yo la cuento en el libro. Cuando identificaron a las personas que habían ido a EE. UU. para llevar esto a cabo, fueron a Chile y pidieron la cooperación del Gobierno de Pinochet. Y Pinochet tenía dos opciones: matar a Townley —y hay pruebas de que ese era uno de los planes— o entregarlo. Y finalmente lo entregaron. Lo llevaron a Estados Unidos, y comenzó a declarar. Y ahí hubo otra avalancha de información, que provino de Michael Townley. Él todavía vive en Estados Unidos. Estuvo sólo cinco años en prisión.

AMY GOODMAN: Y ahí entró en el programa de protección de testigos.

JOHN DINGES: Estuvo en protección de testigos por un tiempo. Por lo que sé, ya no lo está. Actualmente vive en la zona centro-oeste de EE.UU. Y bueno, él ha cooperado. No sé si tiene algún remordimiento sobre su pasado, pero ha colaborado con muchas investigaciones desde su encarcelamiento.

JUAN GONZÁLEZ: John, me gustaría preguntarte sobre un personaje fuera de lo común del que hablas en el libro, y sus esfuerzos para poner fin a la Operación Cóndor: Ed Koch, el recientemente fallecido alcalde de Nueva York, que en esa época era un joven congresista demócrata, y empezó a hacer muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, haciendo enojar a nuestro propio gobierno. ¿Podrías hablarnos de eso?

JOHN DINGES: Ed Koch, una figura muy querida en esta ciudad. Realmente, todo el mundo que ha tratado con él ha tenido la misma experiencia. Cuando estaba investigando esta historia, él cooperó gustosamente conmigo. Y vino a la fiesta de lanzamiento de mi libro. Así que también lo quiero. Ed Koch era congresista y fue impulsor de una enmienda a una ley, que permitiera suspender la ayuda militar a Uruguay. Los uruguayos eran parte de la Operación Cóndor. Esto fue en 1976. Y laCIA descubrió eso, creo que lo descubrieron porque los uruguayos lo comentaron frente a ellos, dijeron que iban a convencer a los chilenos para que fueran a Washington a matar a Koch. No sabemos si eso se llegó a poner en marcha. Pero George Bush, que era el jefe de la CIA en aquel momento, llamó a Ed Koch y le dijo —es maravilloso escuchar a Ed Koch contar esta historia— le dijo: “Tengo que contarte algo: Hay un complot para asesinarte”. Ed Koch preguntó si le iban a ofrecer protección. Y ellos dijeron: “No, no. Ese no es nuestro trabajo. Somos la CIA. Sólo te estamos avisando, te toca a ti ocuparte de tu propia seguridad”. Ed Koch no sabía que esto era parte de la Operación Cóndor. Pensaba que era cosa de algún exaltado de la dictadura.

Tiempo después, durante mi investigación pude hablar con una de las personas que participó en esto, uno de los uruguayos. Y sí, fue una típica movida del Plan Cóndor, aunque no llegaron a matar a nadie, por suerte. Pero fue el típico modus operandi. Con el fin de cubrir sus huellas, un país usaba los agentes de otro país para hacer el trabajo sucio, en las operaciones planeadas para fuera de América Latina. Dentro de América Latina, tenían una manera mucho más sistemática y eficaz de funcionamiento. Se perseguía a los disidentes de cada lugar, en cualquier país donde estuvieran, Perú, Brasil, Uruguay y principalmente Argentina. Y ahí la metodología era simple: capturarlos, secuestrarlos, torturarlos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Muy pocas personas han sobrevivido a la Operación Cóndor, casi nadie. Es muy difícil encontrar un sobreviviente.

JUAN GONZÁLEZ: Y aún así, muchos de los líderes de los nuevos gobiernos populistas que hay ahora en América Latina surgieron de algunas de las organizaciones perseguidas por el Cóndor. Especialmente en Uruguay, donde el presidente es un ex Tupamaro. Y en toda la región, esos disidentes son ahora parte del aparato de gobierno de sus países.

JOHN DINGES: Hace dos semanas, estuve en Bolivia y entrevisté a una persona del Ministerio de Comunicaciones, una de las tantísimas personas de pueblos indígenas que forman parte del gobierno de Morales. Y él contó que su padre había estado preso. Había estado exiliado en Chile, y cuando llegó el golpe de Estado fue encarcelado, estuvo siete meses preso, y fue torturado. Y en esa misma oficina hablé con otra persona, que también había participado en la resistencia boliviana en la década de 1980, y antes, su padre había estado involucrado con el grupo que luchaba junto al Che Guevara en 1960.

Estos son revolucionarios, pero son un tipo diferente de revolucionarios. Están igual de comprometidos, creo, pero sin tomar las armas. Creo que se dan cuenta de que esa forma de lucha no se ha llevado a revoluciones triunfantes, entonces me siento muy optimista sobre lo que está pasando con este grupo de gobiernos ahora.

AMY GOODMAN: Por último, hay un cable del Departamento de Estado, de 1978 que, según la cubierta de tu libro, dice: “Kissinger explicó que en su opinión el gobierno argentino había hecho un excelente trabajo en la erradicación de las fuerzas terroristas”. ¿Qué significa que los jueces hayan pedido el testimonio de Kissinger y que el gobierno de Obama no haya respondido?

JOHN DINGES: A Kissinger lo han llamado a declarar muchas veces. En mi libro hablo de una vez en la que sí respondió, creo que era un pedido de Francia. Y básicamente, negó todo. Es algo muy frustrante. Para mí era claro que todo lo que dijo eran mentiras, no hay otra palabra para ello, estaba mintiendo. O sea, los documentos dicen una cosa y Kissinger dijo otra cosa. Y él sabía lo que decían los documentos. En Estados Unidos nunca se ha permitido que un funcionario público sea juzgado en otros países. No somos miembros de la ICC.

AMY GOODMAN: La Corte Penal Internacional (por sus siglas en inglés).

JOHN DINGES: Sí, la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún juicio en el exterior que haya puesto a un estadounidense en el banquillo de los acusados. Hubo un intento en Italia, pero por supuesto, ningún imputado apareció. En Estados Unidos, por uno u otro motivo, tanto los demócratas como los republicanos proteger a nuestros violadores de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Simplemente así se manejan.

AMY GOODMAN: ¿Describirías a Henry Kissinger como un violador de los derechos humanos?

JOHN DINGES: Sí, absolutamente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y cuál es importancia de esta historia de externalizar la lucha contra el terrorismo, de modo de no dejar huellas de la propia participación, en relación con la guerra actual contra el terrorismo en los Estados Unidos?

JOHN DINGES: Bueno, yo estaba escribiendo mi primer capítulo cuando pasó lo del 9/11, en mi casa en Washington. Y en el final del libro, que termina con una referencia al 9/11, digo que esto no es algo que estemos condenados a repetir. Y lo digo haciendo la comparación entre la guerra contra el terrorismo de la década de 1970 y la guerra actual contra el terrorismo, lanzada por el presidente Bush. Pensaba que habíamos aprendido la lección de no copiar los métodos de los enemigos, o de aquellos que han demostrado ser violadores de los derechos humanos. Pero desafortunadamente, creo que hemos hecho eso muchas veces.

La discusión actual sobre el uso de aviones no tripulados me parece aterradora; porque me cuesta distinguir entre lo que fue la Operación Cóndor, con menos tecnología, y lo que es el uso de aviones no tripulados, que básicamente lo que hacen es entrar en otro país, incluso con el permiso de ese país —así era en general también en la Operación Cóndor— perseguir a la gente, y matarla. Ahora bien, la justificación es: “Pero eran criminales. Estaban en combate”. Eso puede o no ser cierto, pero al final quien lo determina es la misma persona que aprieta el gatillo.

Creo que es importante poner esto en discusión. Y tal vez en un juicio como éste, que se remonta a los años 70, la gente dice: “Bueno, así fueron las dictaduras en la década de 1970”. Pero la tendencia del Estado a creer que es válido actuar contra sus enemigos de la manera más eficaz posible se mantiene vigente, y claramente no se limita a las dictaduras.

AMY GOODMAN: Queremos darte las gracias, John Dinges, por haber estado con nosotros. John Dinges es autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur.” Antes de eso, trabajó en la National Public Radio, NPR, y como periodista independiente en América Latina. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Traducido por Javier Pérez. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.


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Escribir el dolor para ser resiliente. Leandra Guzman

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Somos, fuimos,seremos migrantes. Chilenos en Suecia

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Camila Salazar Atias  criminóloga nacida en Chile, criada en Lund, Suecia , una de las principales expertas en el campo de la actividad relacionada con las pandillas. Grado de la Universidad John Jay de Justicia Criminal, Nueva York. Donde también hizo tres años de estudio de investigación etnográfica con una de las bandas callejeras más grandes del mundo, el Todopoderoso América King y Queen Nation. Desde 1997 trabajó con cuestiones relativas a la construcción de las bandas y la identidad de las pandillas. . Camila ha establecido y dirige el Centro Sueco para obtener información sobre subculturas destructivos (CIDES), cuya misión es contrarrestar el desarrollo de las bandas, y se centran en las estrategias exitosas. Camila ya ha hecho posible que los miembros de la banda a abandonen sus vidas destructivas y comiencen de nuevo. Sus esfuerzos y perseverancia ha mejorado la vida de muchos jóvenes que ahora están viviendo sin el temor de constantes amenazas y violencia. Por el momento se desempeña como jefe de programas sociales Fryshuset, una de las casas  más grandes del mundo  de la juventud con más de 60 programas diferentes. Además, da conferencias, hace la promoción,  habla en publico, modera,  en los medios de comunicación. Ella es parte de diversos grupos de expertos y de referencia, escribe artículos en libros y los medios de comunicación, así como se encuentra en el Directorio de Samba.

Camila es una apasionado de dar a la gente una oportunidad temor honesto en la vida, el valor y la igualdad  Camila recibió en 2015 el prestigioso premio internacional Anna Lindh .

 

Camila Salazar Atías is a criminologist born in Chile, raised in Lund and one of Sweden´s foremost experts in the field of gang related activity. Degree from John Jay College of Criminal Justice, New York. Where she also did three years of ethnographic research study with one of the world’s largest street gangs, The Almighty Latin King and Queen Nation. Has since 1997 worked with issues concerning the construction of gangs and gang identity.. Camila has established and runs the Swedish center for information on destructive sub-cultures (CIDES) whose mission is to counteract the development of gangs, and focus on exit strategies. Camila has since made it possible for gang members to leave their destructive lives and start anew. Her efforts and perseverance has improved the lives of many young people who are now living without the fear of constant threats and violence. At the moment she works as head of social programs at Fryshuset, on of the worlds largest youth houses with more then 60 different programs. In addition, she lectures, does advocacy, moderate, pubic speaking, figures in media. She Is involved in various expert and reference groups, writes articles in books and media as well as sits in Samba’s Board of Directors.
Camila is passionate about giving people an honest fear chance in life, everybody’s equal value and equality.
Camila received in 2015 the prestigious international Anna Lindh Prize for her work.Camila salazar. Perfil Linkedin

 

Prontuario deBárbara Tosi, argentina de 1 año de edad…

Hay al menos otros 25 casos que ocurrieron durante el terrorismo de Estado

La dictadura le armó un prontuario policial cuando era una beba de un año

El 2 de enero de 1977, las fuerzas represivas rosarinas mataron a la madre de Bárbara Peters Tosi. A ella la llevaron detenida después del operativo a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí le hicieron un prontuario: “Me tomaron como huellas las patitas”, dice hoy en una entrevista con Infojus Noticias. Ese documento fue presentado como prueba para que su caso y el crimen de su mamá sean juzgados en la megacausa Feced.

  • Fotos: Matías Sarlo.

Por: Julieta Benedetto

“Me tomaron como huellas las patitas, son del tamaño de las de Simón, mi hijo, que tiene la misma edad que yo en ese momento”. Bárbara Peters Tosi es hija de militantes montoneros desaparecidos. No se refiere a su partida de nacimiento, sino al prontuario policial que le hicieron cuando tenía poco más de un año, el 2 de enero de 1977. Fue después de presenciar, en la casa de la calle 2 del Barrio Gráfico de Rosario, entre festejos de Año Nuevo, el asesinato de su mamá, Clotilde Rosa Tosi, y de tres compañeros de militancia: Cristina y Leonardo Bettanin y Roque Julio Maggio.

La caratula dice “Prontuario de Tosi Bárbara”. Impresiona ver las huellas de sus pies chiquitos: ocupan menos de la mitad del espacio destinado para el registro de las huellas dactilares. “Imagino que es la huella que se les toma a los bebés, no sé”, dice Bárbara en una entrevista con Infojus Noticias.  La siguiente página tiene información de su mamá y datos personales de la beba: “Estatura: 0.60 cmts”. Al lado hay un detalle de rasgos faciales -cutis, pelo, cejas, nariz- señalados sobre opciones preimpresas. A los recién nacidos, en las nurseries les toman las huellas de sus pies como registro de nacido vivo. Queda como marca de identidad, en las historias clínicas de los niños, y de las madres. En estos legajos, ¿cuál habrá sido el objetivo?

Lo primero que se piensa es que no puede ser el prontuario de una beba de un año, que es una equivocación. No lo es. Este registro de ingreso y permanencia en dependencias policiales de niños no es único: lo encontraron y recuperaron de un archivo a punto de ser destruido, junto a otros 25 prontuarios similares. A Clara Anahí Mariani, quien permanece desaparecida, también cuando tenía meses de vida le hicieron, en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), un legajo de antecedentes.

“Las detenían, las registraban como hijas de subversivos. Era un procedimiento habitual. Tiene que ver con la ideología de las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado”, explicó a Infojus Noticias Nadia Schujman, abogada querellante de HIJOS Rosario y directora provincial de Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

El prontuario de Bárbara fue presentado como cuerpo de prueba para que su caso y el crimen de su mamá sean juzgados en la megacausa denominada Feced. Bárbara explicó que condenar a los responsables de estos delitos será complejo, porque aún no hay testigos que puedan identificar a quiénes estuvieron involucrados.

Clotilde tenía 25 años cuando fue asesinada. Militó desde adolecente en la UES, después en la JUP y luego en Montoneros. Había ido a Cuba a entrenarse y tenía grado de responsabilidad en la organización. Tuvo a su única hija en diciembre de 1975, fruto de su relación con Carlos Livieres Bank, abogado penalista y oficial montonero. Dos meses después del nacimiento de Bárbara, fue herido y desparecido en la ciudad de Santa Fe.

***

Elba Juana Bettanin, una de las sobrevivientes del operativo en el que mataron a la mamá de Bárbara, declaró en diciembre de 1983 en Rosario, una vez restituida la democracia. Contó qué pasó el domingo 2 de enero de 1977 en la casa del Barrio Gráfico. Dijo que estaban festejando el Año Nuevo con su hijo, Leonardo Bettanin, dueño de casa. También  Roque Maggio con su hija Paula, de 2 años. Clotilde y Bárbara. Cristina Bettanin con su esposo Jaime Colmenares. Y María Inés Luchetti, nuera de Elba, embarazada de ocho meses, con sus hijas Mariana, de 3, y Carolina, de 1 año.

“Eran como las 17. Todos dormían la siesta. Yo era la única que estaba despierta. De pronto veo saltar de las casas linderas y de los fondos personas vestidas con ropa tipo café con leche. Al ver eso grité. Jaime salió corriendo hasta la puerta y lo agarró la policía”, dijo Elba en la justicia. Los uniformados les gritaron, a través de megáfonos, que tenían tres minutos para salir. Pasado ese tiempo, empezaron a disparar.

María Inés, en su primera declaración testimonial en 1984, relató que la policía las retuvo en el jardín, en la parte de atrás de la casa. Leonardo salió al patio y empezaron los tiros. “Disparan con armas largas y también dispara un policía que nos estaba custodiando a nosotras, rodilla en tierra, con una pistola. Las criaturas comienzan a llorar por el ruido de los disparos. Nos obligan a saltar un muro que da a calle Los Gráficos. Nos llevan a un carro de asalto, con mi cuñada agonizante”. Cristina murió en el traslado. También fueron asesinados Roque y Clotilde. Jaime sigue desaparecido. María Inés estuvo detenida por casi un año en el centro clandestino del Servicio de Informaciones, en la Jefatura de Policía de Rosario. Parió en cautiverio a su hijita, llamada Cristina Inés, en homenaje a su cuñada.

María Inés le contó a Bárbara que, al subir al carro de la policía, la alzó y empezó a gritar “acá está Barbarita, acá está Barbarita”, para ver si la reconocía alguno de los vecinos. Sabía que Clotilde tenía familia en el Barrio Gráfico. Así era: Olga Noemí Tosi, Mery, una hermana, vivía en la manzana contigua. “Era cosa de mandinga: en ese momento, como ellos estaban clandestinos, no le blanquearon a la familia donde estaban. Mi mamá estaba conmigo, a metros de donde vivía su hermana, sin decirle”, explica hoy Bárbara.

***

Una de las hojas del prontuario, tipiada a máquina, dice: “Rosario, 3 de enero de 1977 (…) se recepciona en la Sección Femenina de esta dependencia a la menor Bárbara Tosi, argentina de 1 año de edad”. Y debajo, con fecha 5 de enero, “fue entregada a su tía, Olga Noemí Tosi de Peters”. Y luego una hoja más, donde su abuelo Jacinto relata que “el 3 de enero de 1977 procedieron a reconocer el cadáver de su hija y desde entonces practican diligencias para dar con la niña a la que hallaron el día de la fecha en esta sección”.

Los chicos que quedaron huérfanos por el terrorismo de Estado tuvieron contextos y destinos familiares diferentes. En muchos casos fueron los tíos quienes quedaron a cargo de ellos. Es el caso de Bárbara: su tía Mery y su esposo Carlos Peters se convirtieron en su familia adoptiva. Bárbara cuenta que no hace tanto ató cabos y se dio cuenta que vivió hasta sus 12 años en el barrio donde había perdido a su mamá, a pocos metros de donde había sido secuestrada. “No en la misma manzana, sino en la de enfrente. Siempre digo que voy a ir a reconocer la casa y no lo hago. Es loco que yo viví ahí siempre. Y como bien barrio que era, estábamos todo el tiempo en la calle, jugábamos y nos metíamos en las casas abandonadas, yo sé que esa casa estuvo abandonada. Capaz jugué ahí y todo”.

En 1988, Bárbara empezó a escribir un diario íntimo con letra redonda y garabateada que aún conserva. En esas páginas hizo dibujos, corazones, y pegó figuritas, calcomanías. Hay relatos de sus aventuras con amigas del barrio. Escribe sobre sus primeros amores. Luego la letra se pone alargada, trágica, triste, y dice “a un día de enterarme de la verdadera muerte de mis padres”. “A los 11 años me contaron que a mis padres los habían matado. No me dieron detalles, pero nunca me mintieron al respecto. Pero yo no sabía de la dictadura ni que había desaparecidos. Proceso de Reorganización Nacional enseñaban en el Adoratrices, el colegio de monjas al que me mandaron, que detesto prácticamente como a los militares. Recién cuando entré en la Facultad me enteré de la dictadura”, relata hoy Bárbara.

En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario conoció a Valeria Brech, con quien descubrió que su papá estaba desaparecido. Con ella se acercó a HIJOS, que estaba en plena formación, en 1996. Allí también conoció a Loli Araya: se hicieron amigas y después descubrieron que sus madres también lo habían sido. La militancia en HIJOS estuvo atravesada por el arte. En 1998 Bárbara se encontró con el teatro y su vida se articuló alrededor de ese núcleo. Desde entonces forma parte del grupo de teatro “Hijos de Roche”, que dirige Romina Mazzadi Arró. “El teatro me ha dado un lugar de pertenencia, desde que empecé a actuar tengo el mismo grupo, que me contuvo y me permitió transitar todos estos lugares sin tener que gritar a la nada. Gritando desde determinados lugares. Sabiendo hacia donde gritaba, por lo menos”, dice.

Bárbara reflexiona sobre el lugar que ocupa el arte en su vida. Dice que de chica se “encerraba y escribía”. Cuenta: “Escribía las cosas que me pasaban, tremendas. Víctimas fuimos generaciones completas. Creo que me salvó el arte, mis amigos, mi marido. Lo artístico es para mí un refugio y un modo de vivir. Eso, creo, me puso en otro lugar, me salvó del lugar de víctima, tan feo. Que nunca quise tener, que no tengo.”

JB/RA

“Resistencia y lucha de mujeres en dictadura”  (Extracto)

“Resistencia y lucha de mujeres en dictadura” 	 (Extracto)

Hna Karoline MeyerEn esta historia sabemos el rol importante de las mujeres y sus resistencias en dictadura.
Aquellas que –obligadas- tuvieron que partir al exilio, las que se quedaron y se organizaron en poblaciones, en organizaciones sociales, las que salieron a la calle, las que fueron torturadas, las feministas que nos dijeron “es posible alcanzar la democracia”, las pobladoras y aquellas que desde la Iglesia protegieron a los más vulnerables. Y tantas otras.

Verdeolivo

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A 40 años del Golpe de Estado, la memoria histórica es todavía un campo de tensiones, reinterpretaciones y búsquedas por la verdad. Es necesario rescatar el proceso de resistencia de las mujeres ante la violencia institucional e institucionalizada, sus luchas y su trabajo por alcanzar la democracia.
Septiembre llegó con todo. Las historias de luchas y resistencias de miles de chilenos/as remecieron a buena parte de la sociedad, incluso más allá de nuestras fronteras. La conmemoración de los 40 años del Golpe de Estado se tiñó de un matiz distinto, porque “hoy nadie puede negar la historia reciente de Chile”.

Observamos a una ciudadanía ávida de verdad y justicia, aquella que han demandado por años los familiares de las víctimas de la dictadura cívico-militar de Pinochet. La misma que han hecho suya abogados/as de derechos humanos, críticos del actuar de magistrados que nunca se pusieron en el lugar de las…

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