El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

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Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

El COVEMA y la monja misteriosa

Alejandra Matus.

 

El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

–No es un buen día para salir –dijo él.

–Menos para andar contigo –bromeó ella.

Amistad en el Campus Oriente
Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

«Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

«¡Bájate, conchetumadre!»
Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

«Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

«A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

La silla giratoria
Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

«En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

«Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

«Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

«Cállate, huevón»
La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

«Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

«Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

«Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

«Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

La monja
A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

«Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

«Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

Sin temor
Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


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Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

covema.cl

Jara falleció producto de los golpes que recibió.

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El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

Resultado de imagen para Cecilia Alzamora

Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

“Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

subirCaso emblemático

La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

“Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

“Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

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2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

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Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

  • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

    http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

 

 

Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

Leer artículo completo

Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

“Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

EFE. Archivo.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

“Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

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Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

“Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

Cómo se permitió la desclasificación

Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

“Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

por 19 diciembre 2016

Artista Francisco
¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

Segunda fase del proyecto (sep 2015)

Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

Artista simula tortura

Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

Imagen de reflejo

De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

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Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

Rinconada

Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

Historia de persecución

Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

“También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

Noche de horrores

Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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-Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

– Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

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Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

Lucha sin descanso

La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

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Familia Gallardo responde a Matías del Río y al periodismo que pretende desviar la atención de temas de Derechos Humanos

Vicepresidente, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Hace una semana, el periodista de TVN Matías del Río publicó una pregunta en Twitter sobre si se deberían respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Esta es la respuesta de Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo, brutalmente asesinada en noviembre de 1975.

/ villagrimaldi.cl/ villagrimaldi.cl

Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy miembro sobreviviente de la Familia Gallardo, familia brutalmente torturada y asesinada en noviembre de 1975, la cual es conocida además por el Montaje de Rinconada de Maipú. No entraré en los detalles de que han envuelto nuestro caso porque ya han sido ampliamente difundidos por los medios.

 

Me quiero centrar en lo que esconde la pregunta que levanta el conductor de noticias de TVN Matías del Río al hacer la pregunta en la red social del pajarito.

Sabemos que una pregunta deja al descubierto una realidad, pero inmediatamente deja oculta otras realidades y en este contexto lo que el periodista hace es dejar oculta las preguntas relativas al avance en materia de Verdad, Justicia y Memoria. Es curioso, porque jamás le he escuchado una palabra respecto de estos temas.

Antes de poner el tema de los Derechos Humanos de los Violadores de Derechos Humanos como discusión en la opinión pública, me gustaría saber su opinión como periodista sobre las medidas que orientan los avances en Justicia. Me gustaría que pudiera realizar preguntas tales como los grados de satisfacción de los familiares respecto de la espera de más de 40 años de Justicia para que después de investigar y sancionar las condenas sean mucho menores que los tiempos de espera. Que pudiera preguntar sobre el destino final de los Detenidos Desaparecidos, ya que sólo el 8% de sus restos ha sido identificado y y devuelto a sus familiares para ser enterrados cumpliendo con el rito funerario. Me gustaría que este periodista pudiera preguntarle a los propios perpetradores de estos crímenes que sentían al momento de infringir tormentos en los centros de detención clandestinos, cuando interrogaban a hombres y mujeres amarrados o colgados, cuando los torturaban frente a familiares, cuando les amenazaban con torturar a su hijos/as. Preguntarles que sienten al haber traicionado a la patria cumpliendo órdenes de Estados extranjeros, ya que como sabemos a estas alturas, las órdenes vinieron del país del Norte. Preguntar por los miles de agentes de la DINA y la CNI, que siguen estando al amparo de las fuerzas armadas. Otra pregunta pertinente en el actual contexto es qué políticas públicas ha impulsado el Estado como garantía de No Repetición de los crímenes de Lesa Humanidad.

En resumen, hay una tremenda cantidad de preguntas que se encuentran pendientes incluyendo muchas respecto de las políticas de reparación, etc. Todas estas preguntas me parece son fundamentales para solidificar la Democracia y que son anteriores a la pregunta hecha por el periodista Matías del Río. Curioso por decirlo menos, ya que antaño el periodismo jugó a favor de la violaciones de Derechos Humanos. Vaya que si lo sabemos nosotros como familia afectada, y hoy un periodista pretende desviar la atención de los temas relevantes para la convivencia democrática. Curioso, por decirlo menos.

24.11.2016

Manuel Guerrero por libertad condicional a asesino de su padre: “Si esto no es impunidad, pues qué es lo que es”

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, que constituyó el Caso Degollados.

Por @eldesconcierto

Agencia UnoAgencia Uno

Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

Aquí te dejamos íntegra su misiva:

“Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamentalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecuencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

La violencia política sexual práctica regular de tortura contra las mujeres. Sitio de Memoria a la Venda Sexy.

Declaración PúblicaEl día ayer, en los salones de la Biblioteca Nacional se declaró a la Venda Sexy, la casa de tortura, en donde los agentes de la DINA realizaron, en el período 1974 1975, las más inhumanas prácticas de tortura y sevicias sexuales en contra de las prisioneras políticas que allí fueron recluidas. La violencia política sexual se transformó en práctica regular de tortura contra las mujeres, y dio a la Venda Sexy un lugar particular en el articulación del aparato represivo de la dictadura cívico-militar.Hoy, 41 años más tarde y luego de una larga y ardua lucha, fundamentalmente de las mujeres que allí fueron torturadas, después de años de movilización por visualizar esta particular y recurrente forma de represión, como fue la violencia política sexual, el estado de Chile reconoce como La memoria y el reconociemiento de los/as sobrevivientes hacen parte intergrante del proceso de reparación para quienes sufrieron las violación de sus derechos fundamentalres durante la dictadura cívico-militar. La movilización de las mujeres ha significado que en la declaración realizada el miércoles 11 de Mayo, se haya hecho especial mención a que en este sitio de memoria se pondrá especial interés a los temas de género.Guardar para las generaciones actuales y futuras los lugares en donde el escarnio, la tortura y las violaciones sexuales de hombres y mujeres, la desaparición y las ejecusiones pasaron a ser un trato sistemático de los aparatos represivos y de los agentes del estado, permiten dar una señal clara y definitiva para que el Nunca más, el fin a la Impunidad y el castigo a los culpables de los delitos de lésa humanidad, sean armas fundamental en la reconstrucción de una cierta convivencia nacional de respeto a los derechos humanos.¡¡¡ JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES AHORA !!!¡¡¡HONOR Y GLORIA ETERNA A NUESTRAS COMPAÑERAS DETENIDAS DESAPARECIDAS, EJECUTADAS Y EXPLOSIONADAS!!!¡¡¡ QUE VIVAN LAS MUJERES QUE LUCHAN !!!¡¡¡ POR LA VERDAD, CON LA VERDAD, HASTA VENCER !!!ASOCIACIÓN MUTUAL DE EX PRESOS Y PRESAS POLITICAS DEL MIR Y DE LA RESISTENCIA POPULARSantiago 12 de Mayo de 1016

Origen: (78) Beatriz Bataszew

 

Mutual Mujeres MIR

Yo fui torturada…verbalizar lo sucedido

Yo fui torturada…verbalizar lo sucedido
Susana Atxaerandio Ex presa política vasca
 
Yo fui torturada
Por fortuna, también hay un sector creciente de la sociedad que sabe que se tortura y actúa en consecuencia, hay medios de comunicación que publican nuestros testimonios, organizaciones que con gran valentía trabajan para la erradicación de la tortura, instituciones internacionales que han emitido importantes dictámenes sobre esa práctica.
 
Y estamos nosotros y nosotras
Al igual que Amaia, Juan, Onintze… Hemos sido miles de personas en Euskal Herria hemos descendido al infierno. Tenemos constancia además de que trece no regresaron.
Para quienes sobrevivimos a la tortura nos resulta muy difícil describir lo que sucede durante el periodo de incomunicación, porque roza la locura, acaricia la irracionalidad más absoluta, te desliza hacia el sufrimiento en todas sus dimensiones. La experiencia más brutal jamás vivida. Rememorarlo, algo inevitable, te obliga a situarte fuera, a verlo desde cierta distancia, porque volver mentalmente al agujero provoca un dolor insoportable. Revivirlo evoca de nuevo la situación de indefensión a manos de tus captores.
Hace ya muchos años Eva Forest apuntaba la importancia vital de hacer público el testimonio, no sólo para constatar la existencia de la tortura, sino porque pone palabras a hechos que permiten estudiarla y analizarla en el contexto en que se produce. Me aconsejaron que tratase de escribir y verbalizar lo que había sucedido durante el periodo de incomunicación. Por un lado para interponer, si yo estaba dispuesta, una denuncia judicial. Sí que recibí apoyo técnico jurídico. Sí que recibí ayuda amiga que me hizo minimizar las secuelas psíquicas. Fue un buen consejo, desde el aspecto terapéutico.
Así, mientras tomaba diariamente antiinflamatorios que me calmaran las secuelas de los continuos golpes, relajantes musculares para aliviar el dolor de las posturas forzadas durante esos días, mientras me aplicaba una pomada para curar las marcas de electrodos, mientras padecía insomnio o cuando me despertaba sobresaltada por las pesadillas, escribí mi relato.
El mío, diferente al de Nekane, al de Iñaki, al de Rosana…
Intento expresar con nombres, adverbios, adjetivos hechos únicos, experiencias tan presentes pero irrepetibles como un relato cronológico: llegaron de madrugada, me sacaron de la cama, practicaron el registro, me condujeron al cuartel, las amenazas, los golpes… Describo las técnicas que se han empleado contra mí: me pusieron la bolsa, me aplicaron electrodos, me obligaron a desnudarme… y en la mayoría de los casos sientes que trasladas un relato que, aunque es fiel evidencia de lo sucedido, no acaba de explicar todo lo sentido, no agota lo vivido durante esos interminables días. Sientes la impotencia de no poder exponer esas vivencias en su total dimensión.
Te enfrentas ahora a otro calvario: el impacto que tendrá este testimonio que ahora exteriorizas. Cuando Aitor, Ainara, César… le dijeron al Juez, todavía en régimen de incomunicación, que habían sido torturados, miró hacia otro lado, intentó cambiar la dirección del interrogatorio, pidió al secretario que no apuntara los extremos que le estaban siendo revelados, no requirió un examen médico que pudiera plasmar las marcas o que pudiera evidenciar otras marcas invisibles: nunca abrió una investigación. Y es que la tortura en los últimos -al menos- treinta años de práctica, ha contado con todo un sistema de impunidad, impidiendo su demostración pública. Salvo cuando los torturadores y torturadoras, funcionarios y -no hay que olvidarlo- funcionarias públicas han hecho mal su trabajo y la persona que «custodian» tiene que ingresar de urgencia en un hospital porque está a punto de morir, o se pueden documentar marcas visibles que hacen que el caso trascienda a la opinión pública. Desgraciadamente, en la gran mayoría de los casos queda en el olvido. Pero cada torturado, cada torturada, Jokin, Laura, Eneko… son la viva evidencia de lo que ha sucedido. ¿Se atreverían, mirándonos a los ojos, a acusarnos de seguir consignas? ¿Sostendrían, cara a cara, que nuestra vivencia personal e irrepetible es mentira?
Llegué a la conclusión de que mi testimonio, nuestro testimonio, no interesa porque somos la viva confirmación de que esta práctica se utiliza hoy en día y que no ha dejado de ser utilizada por el Estado. Y esto sucede porque hay jueces que firman detenciones incomunicadas, agentes especializados para aplicar la tortura de forma científica, sistemática y efectiva; porque hay gobiernos que conceden indultos a los agentes condenados por torturas; porque hay médicos y médicas forenses que, a pesar de tener evidencias de que se están produciendo torturas, no actúan con responsabilidad; porque hay medios de comunicación que tras hacerse eco de nuestras detenciones, grabar la salida de nuestros domicilios y filtrar informaciones policiales durante la incomunicación, no publican nuestros testimonios o no contrastan la información; porque la clase política, que se llena la boca al hablar de derechos humanos, no nos recibe o nos dice que no hay pruebas, que seguimos consignas, manuales… Pero también porque hay una parte de la sociedad a la que le resulta incómodo pensar que hoy en día se tortura y se muestra adormecida ante las evidencias.
Pero, por fortuna, también hay un sector creciente de la sociedad que sabe que se tortura y actúa en consecuencia, hay medios de comunicación que publican nuestros testimonios, organizaciones que con gran valentía trabajan para la erradicación de la tortura, instituciones internacionales como el Tribunal Europeo de Derechos Humanos o la ONU, nada sospechosos de parcialismos, que han emitido importantes dictámenes sobre esa práctica.
Y estamos nosotros y nosotras: Manu, Lorea, Unai… para romper ese muro de silencio que rodea a esta gran lacra social. Sin olvidaros a todas y todos los que nos habéis acompañado en este difícil camino de denuncia.
La tortura forma parte ya de nuestra experiencia vital. Y se convierte en la energía que impulsa a acabar con ella. Así nos hacemos conscientes del gran trabajo que queda por hacer, de cuantificación, de reparación, justicia y verdad. Para nosotros y nosotras es demasiado tarde. Sólo nos anima el objetivo último de que vosotros, Eneritz, Iratxe, Joxean… jamás paséis por una experiencia semejante de violencia inhumana, degradante y brutal.
VER
Conversaciones el 15 de marzo de 2013, el Museo de San Telmo ‘Ankulegi XVI. Conferencia de la antropología: Violencia Escenario ‘parte del ciclo. Los participantes Laura Tejero Tabernero, María Carballo López, Susana Atxaerandio Alesanco y Caterina eran Gamundi Canyelles. / Los trabajos se llevaron a cabo en el 15 de marzo de 2013 El Museo San Telmo dentro del ciclo ‘Jornada de Antropología Ankulegi XVI: Escenarios de la violencia’. Los participantes Laura Tejero Tabernero, María Carballo López, Susana Atxaerandio Gamundi Alesanco y Caterina Canyelles.

Training Torturers: The School of the Americas

Training Torturers: The School of the AmericasMarjorie CohnIn the most developed countries (France, the United States), some terrible schools have trained soldiers for years to the subtleties of the cruellest torture techniques. Marjorie Cohn is studying the School of the Americas history from where have come out some terrible war criminals. To limit the spread of Communism in the 60s and the 70s, the United States has supported the biggest Latin American dictatorships by training their leaders to counteract the enemies of the regime. Almost 60 000 soldiers, officers and civilians had become torturers experts when they went out of the School of Americas. Today, the school activities remain unclear. No investigation has been opened to highlight the managers responsibilities.Importing torture techniques it had used in the Phoenix program in Vietnam – including waterboarding, electric shock, assassination, kidnapping, and summary execution – the United States trained Latin American strongmen how to maintain control. Manuals that explained how to use torture to neutralize enemies were brought to the School from the U.S. Army intelligence training center at Fort Huachuca, Arizona. “The U.S. Army School of the Americas … is a school that has run more dictators than any other school in the history of the world.” – Representative Joseph Kennedy [1]A few years ago, during a visit to Buenos Aires, I visited the Plaza de Mayo. Old women carrying large photographs of their dead children marched around the square as they have done every Thursday since April 1977. One woman told me how her 18-year-old daughter, clad in a nightgown, was abducted in the middle of the night. She had criticized government policies at the university. Her body was found near a creek. Other women related stories of how their children were “disappeared” and tortured. These mothers continue to demand that the military tell them what happened to their loved ones. During the time they were kidnapped, the United States supported the Argentine dictatorship in its “dirty war.” In the late 1970s and early 1980s, Leopoldo Galtieri led the military junta in Argentina, when some 30,000 people were disappeared and killed. Galtieri was a graduate of the School of the Americas.A School for CounterinsurgencyThe School was established in 1946 in the Panama Canal Zone; it was called the Latin American Training Center-Ground Division. In 1963, it became the U.S. Army School of the Americas. It suspended operations in September 1984 pursuant to the 1977 Panama Canal Treaty. The School of the Americas (SOA) reopened three months later at Fort Benning, Georgia, where a U.S. military base is located. Due to negative publicity about the School, SOA was cosmetically renamed Western Hemisphere Institute for Security Cooperation (WHINSEC) in 2001.Since it opened, more than 59,000 military, police, and civilians from 23 Latin American and Caribbean countries have been trained at the School. Many went on to disappear, torture, and murder their people. “In fact,” according to a 1995 Los Angeles Times editorial, “it is hard to think of a coup or human rights outrage that has occurred in [Latin America] in the past 40 years in which alumni of the School of the Americas were not involved” [2].During the Cold War, the United States used Latin American dictatorships as proxies to counter revolutions and keep the region “safe” from communism. The 1959 Cuban revolution, the 1970 election of Salvador Allende in Chile, and the 1979 Nicaraguan revolution were pivotal moments for the anti-communist U.S. foreign policy in Latin America.Another significant development that influenced U.S. policy was Vatican II in the early 1960s, which led to reform in the Catholic Church and liberation theology. In a break from past practice, the church began to align itself with the poor, focusing on inequality that led to hunger and misery. This is the role the church played in Guatemala in the mid-1980s, which led to the kidnapping and torture of Sister Dianna Ortíz, described below.The United States armed military governments, provided them with money and loans, and used diplomatic pressure and threats to ensure loyalty to U.S. interests. Training military tyrants to repress their own populations was cheaper and easier than sending in U.S. troops. The primary goal of the United States in Latin America during this period was to maintain stability for U.S. investment.Importing torture techniques it had used in the Phoenix program in Vietnam – including waterboarding*, electric shock, assassination, kidnapping, and summary execution – the United States trained Latin American strongmen how to maintain control. Manuals that explained how to use torture to neutralize enemies were brought to the School from the U.S. Army intelligence training center at Fort Huachuca, Arizona.As the United States supported these dictatorships and trained them to use vicious tactics against their people, both sides enga

Origen: Training Torturers: The School of the Americas

a nuestros hijos no los buscó nadie, porque ellos eran cómplices de los militares.

10-8-2013|12:15|DERECHOS HEBE DE BONAFINI
…a nuestros hijos no los buscó nadie, porque ellos eran cómplices de los militares. Ellos sabían todo, incluso donde estaban. Yo fui a denunciar que mi hijo estaba en la Comisaría 5ta y les pedí que por favor fueran a buscarlo. Y un juez me dijo: “No, señora, yo no voy, porque si entro y los matan a todos, la culpa de la muerte de su hijo va a ser mía”. Eso me contestó el juez [Héctor Carlos] Adamo de La Plata. Increíble. Una iba a contarles a los jueces lo que se iba enterando y estos desgraciados no hacían nada. Entonces yo fui a la Comisaría y entré a los gritos porque me dijeron que mi hijo estaba ahí. Me dieron una paliza terrible y me sacaron a la calle. No es lo mismo que vaya un juez a que hubiera ido yo. No sé si los íbamos a salvar, no lo sé, pero esa es la justicia que tuvimos. Más que Justicia, era Injusticia.

¿Las cosas podrían haber sido diferentes con otro tipo de jueces?

La complicidad cívico-militar las Madres siempre la denunciamos, tiene que ver con eso. Los militares no se mandaron solos. Si no hubieran tenido jueces tan corruptos, que todavía están hoy algunos en actividad, los 30.000 desaparecidos estarían vivos. O al menos, si no hubieran sido tan corruptos, muchos se hubieran salvado.

El 23 de septiembre de 2010 la Asociación Madres de Plaza de Mayo hizo un juicio ético y político a los jueces cómplices de la dictadura.

Sí, lo hemos hecho varias veces. Al no haber juicios, mucho antes del 2010 empezamos a desenmascarar a los cómplices. Hicimos el primero en la época de Alfonsín, le hicimos un Juicio a las Juntas en la Plaza. Después uno en Quilmes a los médicos, donde estaba [Jorge Antonio] Bergés, un médico de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Más adelante hicimos otro en La Plata justamente para hablarle a Adamo. Y ahora les hicimos uno a los cómplices de la Justicia[1], la Iglesia y el periodismo. Siempre hacemos juicios éticos porque sentimos que ya que no conseguíamos que caminara la justicia había que visibilizarlo, para que la gente supiera que cuando decís que era una dictadura “cívico-militar”, quiénes eran los “civiles”.

En diciembre se cumplen 30 años de la creación de la CONADEP. ¿Cuál fue la posición de la Asociación en aquel momento?

Nosotras no estuvimos de acuerdo, porque primero ante los tribunales ya había de todo. ¿Qué necesidad había de investigar todo otra vez por un camino no judicial? Pero claro, Alfonsín pensaba inventar todo un aparato para demostrar que estaba haciendo algo. La CONADEP tuvo cosas muy jodidas. A mí me llamaron para preguntarme en qué agrupación estaban mis hijos, no para buscarlos, y yo les dije que no les iba a decir, porque encima se los llevaron por revolucionarios.

¿Qué significó la llegada de Néstor Kirchner al gobierno de la Nación?

Bueno, como que llegó El Salvador, “el salvador de la Patria”. En realidad, en un primero momento no nos dimos cuenta. Yo creo que todavía no nos dimos cuenta de todo lo que hizo. Todavía no nos dimos cuenta de todos sus discursos. Yo cada vez que los leo digo “¡Ésto no lo escuchamos! ¿Cuándo lo dijo?”. Me cuesta recordarlo. Por eso ahora a Cristina la escucho con tanta atención, porque a Néstor no lo escuchamos con mucha atención y dijo cosas importantísimas. Era como natural todo lo que hacía. Y no, porque las cosas que dijo fueron de muchísima profundidad. Él me quería mucho, siempre me acariciaba y me decía: “Seguí siendo así tan… -¿cómo me decía?- políticamente incorrecta”.

Las Madres se involucraron activamente en la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual…

Los medios siempre estuvieron en contra de las Madres, no sé a favor de quién pero en contra de las Madres siempre. Nos dilapidaron, nos ensuciaron. Para nosotras nunca existieron los grandes medios de comunicación. Por eso tenemos una radio, por eso tenemos una revista, tuvimos un diario, tuvimos que inventar todo eso para que nos visibilizara la gente. Sino, éramos invisibles. Si hubiese sido por los medios éramos invisibles. A las Madres nos dieron cualquier cantidad de honoris causa en Europa, aquí, en todas partes. ¿Alguna vez salió publicado? No. Nunca sale nada, tampoco yo hago lo que hago para salir en el diario.

¿Qué opina sobre el proceso de integración regional que ha vivido en la última década Sudamérica?

Es impresionante. Yo soy muy amiga de todos los presidentes de la región. A Correa Néstor lo conoció porque yo lo traje, Correa siempre me iba a escuchar cuando yo iba a hablar a Ecuador. Fui una gran amiga de Chávez. Lo mató el laburo, el trabajo, toda la corrupción que tenía siempre encima, los problemas que tenía que solucionar. Los quiero mucho a ellos. A Evo ni te cuento, lo conozco de cuando caminaba desde las minas. Así que me parece importantísima la unidad de la región, el surgimiento de la UNASUR. Porque al final se está logrando lo que buscaban nuestros hijos, ¿no?, la unidad latinoamericana.

¿Cuál es su opinión sobre el reciente proceso de democratización de la justicia?

Me parece maravilloso y necesario, es una experiencia que va a ir mucho más allá de nuestros juicios éticos y políticos. Está basado en principios democráticos impresionantes, que nunca imaginábamos que llegarían a la Justicia argentina. Toda esta democratización de la justicia y el avance que se pueda lograr en los diferentes ámbitos es en beneficio de todos. De los pibes, de las víctimas del gatillo fácil, de tantos grupos. La verdad es que yo ni soñaba con ver ésto que estoy viendo. El otro día cuando estuve con Cristina le dije “Mirá, Cristina, aunque a vos te parezca mentira las Madres estamos siendo felices. No soñábamos con ser felices y uno tiene felicidad porque peleamos tantos años por esto y ahora ver que la Justicia se va a reformar, que los juicios por violaciones a los derechos humanos se están haciendo, que los genocidas son condenados”. Más allá de todo lo que pasa, que te ensucian, que te agreden, te dicen de todo. Yo contra eso no peleo, porque yo ni les discuto, no respondo jamás a ninguna agresión.

¿Por qué?

Porque me parece que si nosotros pensamos que ellos instalan la noticia, porque quieren hablar de eso y nosotros lo repetimos, estamos haciendo lo que ellos quieren. Instando lo que ellos quieren instalar. Me parece equivocado cuando algunos programas de televisión que no pertenecen a los grandes medios económicos hacen eso. Si no queremos que una mentira se instale, no la tenemos que repetir nosotros.

¿Cómo explica la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la Nación que declaró inconstitucional la Ley que democratizaba el Consejo de la Magistratura?

La Corte es cómplice. Con excepción de Zaffaroni. Son cómplices de lo que pasó antes y de lo que está pasando ahora. Ellos apoyan a la derecha, no sé si apoyan a Clarín y a Magnetto, pero al Pueblo seguro que no. Ellos nunca estuvieron para el Pueblo. Siempre están con los poderosos. Por eso se llama “Suprema Corte de Justicia”, pero no es ni Suprema ni hace Justicia.

Previo al dictado de la sentencia, las Madres enviaron una carta al Tribunal pidiendo que fallara a favor del pueblo.

Sí, les pedimos que por primera vez fallaran defendiendo los intereses del Pueblo. Ya en el 2010 cuando hicimos el primer acto en Tribunales por la Ley de Medios, dije que los jueces de la Corte Suprema eran unos turros. Y como hice un discurso muy fuerte muchos se enojaron. Pero la verdad es que me quedé corta, muy corta diciéndoles turros.

¿Le parece que a partir del fallo de la Corte Suprema está clausurada la posibilidad de la participación del Pueblo en la elección de los jueces o quedan caminos para explorar?

Yo pienso que siempre hay que seguir luchando. Porque si nosotras no hubiéramos creído en la lucha y en la calle estaríamos muertas. Nosotras seguimos creyendo que los pueblos solucionan los problemas en la calle, no en los tribunales. De eso estoy convencida. En los tribunales se puede lograr algo pero solo si el pueblo ayuda en la calle. Por lo menos, así lo vemos nosotras.

 

Para leer una versión ampliada de esta entrevista: www.infojus.gov.ar

 


[1]Entre los “imputados” se encontraban los magistrados Eduardo Rafael Riggi, Luis Francisco Miret, Otilio Romano, Wagner Gustavo Mitchell, Juan Martín Romero Victorica, Liliana Elena Catucci, Víctor Hermes Brusa, Pedro Cornelio Federico Hooft, Norberto Giletta, Guillermo Rivarola, Luis María Fernández, Luis María Vera Candiotti, Juan Carlos Marchetti, Julio Demetrio Petra, Carlos Pereyra González, Alicia María Di Donato, Nicasio Dibur, Abel Bonorino Peró, Horacio Enrique Prack, Néstor Luis Montezanti, Justo Rovira, Alfredo Bisordi, Adolfo Gabrielli, Horacio Heredia, Abelardo Rossi, Alejandro Caride, Federico Videla Escalada, Emilio Miguel Daireaux, Elías Guatavino, Jorge Gabriel García Collins, Eduardo Vocos Conesa, Guillermo Federico Madueño, Mario Héctor Pena, Leopoldo José Russo, Héctor Carlos Adamo, Eduardo Marquardt, Miguel Ángel Almeyra Nazar, Martín Anzoátegui, Amelia Lidia Berraz de Vidal, Oscar Hermelo, Norberto Quantín, Luisa Martha Riva Aramayo, Juan Carlos Rodríguez Basavilbaso, Rafael Sarmiento, Ricardo Gregorio Rongo y Luis Rueda.

Prontuario deBárbara Tosi, argentina de 1 año de edad…

Hay al menos otros 25 casos que ocurrieron durante el terrorismo de Estado

La dictadura le armó un prontuario policial cuando era una beba de un año

El 2 de enero de 1977, las fuerzas represivas rosarinas mataron a la madre de Bárbara Peters Tosi. A ella la llevaron detenida después del operativo a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí le hicieron un prontuario: “Me tomaron como huellas las patitas”, dice hoy en una entrevista con Infojus Noticias. Ese documento fue presentado como prueba para que su caso y el crimen de su mamá sean juzgados en la megacausa Feced.

  • Fotos: Matías Sarlo.

Por: Julieta Benedetto

“Me tomaron como huellas las patitas, son del tamaño de las de Simón, mi hijo, que tiene la misma edad que yo en ese momento”. Bárbara Peters Tosi es hija de militantes montoneros desaparecidos. No se refiere a su partida de nacimiento, sino al prontuario policial que le hicieron cuando tenía poco más de un año, el 2 de enero de 1977. Fue después de presenciar, en la casa de la calle 2 del Barrio Gráfico de Rosario, entre festejos de Año Nuevo, el asesinato de su mamá, Clotilde Rosa Tosi, y de tres compañeros de militancia: Cristina y Leonardo Bettanin y Roque Julio Maggio.

La caratula dice “Prontuario de Tosi Bárbara”. Impresiona ver las huellas de sus pies chiquitos: ocupan menos de la mitad del espacio destinado para el registro de las huellas dactilares. “Imagino que es la huella que se les toma a los bebés, no sé”, dice Bárbara en una entrevista con Infojus Noticias.  La siguiente página tiene información de su mamá y datos personales de la beba: “Estatura: 0.60 cmts”. Al lado hay un detalle de rasgos faciales -cutis, pelo, cejas, nariz- señalados sobre opciones preimpresas. A los recién nacidos, en las nurseries les toman las huellas de sus pies como registro de nacido vivo. Queda como marca de identidad, en las historias clínicas de los niños, y de las madres. En estos legajos, ¿cuál habrá sido el objetivo?

Lo primero que se piensa es que no puede ser el prontuario de una beba de un año, que es una equivocación. No lo es. Este registro de ingreso y permanencia en dependencias policiales de niños no es único: lo encontraron y recuperaron de un archivo a punto de ser destruido, junto a otros 25 prontuarios similares. A Clara Anahí Mariani, quien permanece desaparecida, también cuando tenía meses de vida le hicieron, en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), un legajo de antecedentes.

“Las detenían, las registraban como hijas de subversivos. Era un procedimiento habitual. Tiene que ver con la ideología de las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado”, explicó a Infojus Noticias Nadia Schujman, abogada querellante de HIJOS Rosario y directora provincial de Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

El prontuario de Bárbara fue presentado como cuerpo de prueba para que su caso y el crimen de su mamá sean juzgados en la megacausa denominada Feced. Bárbara explicó que condenar a los responsables de estos delitos será complejo, porque aún no hay testigos que puedan identificar a quiénes estuvieron involucrados.

Clotilde tenía 25 años cuando fue asesinada. Militó desde adolecente en la UES, después en la JUP y luego en Montoneros. Había ido a Cuba a entrenarse y tenía grado de responsabilidad en la organización. Tuvo a su única hija en diciembre de 1975, fruto de su relación con Carlos Livieres Bank, abogado penalista y oficial montonero. Dos meses después del nacimiento de Bárbara, fue herido y desparecido en la ciudad de Santa Fe.

***

Elba Juana Bettanin, una de las sobrevivientes del operativo en el que mataron a la mamá de Bárbara, declaró en diciembre de 1983 en Rosario, una vez restituida la democracia. Contó qué pasó el domingo 2 de enero de 1977 en la casa del Barrio Gráfico. Dijo que estaban festejando el Año Nuevo con su hijo, Leonardo Bettanin, dueño de casa. También  Roque Maggio con su hija Paula, de 2 años. Clotilde y Bárbara. Cristina Bettanin con su esposo Jaime Colmenares. Y María Inés Luchetti, nuera de Elba, embarazada de ocho meses, con sus hijas Mariana, de 3, y Carolina, de 1 año.

“Eran como las 17. Todos dormían la siesta. Yo era la única que estaba despierta. De pronto veo saltar de las casas linderas y de los fondos personas vestidas con ropa tipo café con leche. Al ver eso grité. Jaime salió corriendo hasta la puerta y lo agarró la policía”, dijo Elba en la justicia. Los uniformados les gritaron, a través de megáfonos, que tenían tres minutos para salir. Pasado ese tiempo, empezaron a disparar.

María Inés, en su primera declaración testimonial en 1984, relató que la policía las retuvo en el jardín, en la parte de atrás de la casa. Leonardo salió al patio y empezaron los tiros. “Disparan con armas largas y también dispara un policía que nos estaba custodiando a nosotras, rodilla en tierra, con una pistola. Las criaturas comienzan a llorar por el ruido de los disparos. Nos obligan a saltar un muro que da a calle Los Gráficos. Nos llevan a un carro de asalto, con mi cuñada agonizante”. Cristina murió en el traslado. También fueron asesinados Roque y Clotilde. Jaime sigue desaparecido. María Inés estuvo detenida por casi un año en el centro clandestino del Servicio de Informaciones, en la Jefatura de Policía de Rosario. Parió en cautiverio a su hijita, llamada Cristina Inés, en homenaje a su cuñada.

María Inés le contó a Bárbara que, al subir al carro de la policía, la alzó y empezó a gritar “acá está Barbarita, acá está Barbarita”, para ver si la reconocía alguno de los vecinos. Sabía que Clotilde tenía familia en el Barrio Gráfico. Así era: Olga Noemí Tosi, Mery, una hermana, vivía en la manzana contigua. “Era cosa de mandinga: en ese momento, como ellos estaban clandestinos, no le blanquearon a la familia donde estaban. Mi mamá estaba conmigo, a metros de donde vivía su hermana, sin decirle”, explica hoy Bárbara.

***

Una de las hojas del prontuario, tipiada a máquina, dice: “Rosario, 3 de enero de 1977 (…) se recepciona en la Sección Femenina de esta dependencia a la menor Bárbara Tosi, argentina de 1 año de edad”. Y debajo, con fecha 5 de enero, “fue entregada a su tía, Olga Noemí Tosi de Peters”. Y luego una hoja más, donde su abuelo Jacinto relata que “el 3 de enero de 1977 procedieron a reconocer el cadáver de su hija y desde entonces practican diligencias para dar con la niña a la que hallaron el día de la fecha en esta sección”.

Los chicos que quedaron huérfanos por el terrorismo de Estado tuvieron contextos y destinos familiares diferentes. En muchos casos fueron los tíos quienes quedaron a cargo de ellos. Es el caso de Bárbara: su tía Mery y su esposo Carlos Peters se convirtieron en su familia adoptiva. Bárbara cuenta que no hace tanto ató cabos y se dio cuenta que vivió hasta sus 12 años en el barrio donde había perdido a su mamá, a pocos metros de donde había sido secuestrada. “No en la misma manzana, sino en la de enfrente. Siempre digo que voy a ir a reconocer la casa y no lo hago. Es loco que yo viví ahí siempre. Y como bien barrio que era, estábamos todo el tiempo en la calle, jugábamos y nos metíamos en las casas abandonadas, yo sé que esa casa estuvo abandonada. Capaz jugué ahí y todo”.

En 1988, Bárbara empezó a escribir un diario íntimo con letra redonda y garabateada que aún conserva. En esas páginas hizo dibujos, corazones, y pegó figuritas, calcomanías. Hay relatos de sus aventuras con amigas del barrio. Escribe sobre sus primeros amores. Luego la letra se pone alargada, trágica, triste, y dice “a un día de enterarme de la verdadera muerte de mis padres”. “A los 11 años me contaron que a mis padres los habían matado. No me dieron detalles, pero nunca me mintieron al respecto. Pero yo no sabía de la dictadura ni que había desaparecidos. Proceso de Reorganización Nacional enseñaban en el Adoratrices, el colegio de monjas al que me mandaron, que detesto prácticamente como a los militares. Recién cuando entré en la Facultad me enteré de la dictadura”, relata hoy Bárbara.

En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario conoció a Valeria Brech, con quien descubrió que su papá estaba desaparecido. Con ella se acercó a HIJOS, que estaba en plena formación, en 1996. Allí también conoció a Loli Araya: se hicieron amigas y después descubrieron que sus madres también lo habían sido. La militancia en HIJOS estuvo atravesada por el arte. En 1998 Bárbara se encontró con el teatro y su vida se articuló alrededor de ese núcleo. Desde entonces forma parte del grupo de teatro “Hijos de Roche”, que dirige Romina Mazzadi Arró. “El teatro me ha dado un lugar de pertenencia, desde que empecé a actuar tengo el mismo grupo, que me contuvo y me permitió transitar todos estos lugares sin tener que gritar a la nada. Gritando desde determinados lugares. Sabiendo hacia donde gritaba, por lo menos”, dice.

Bárbara reflexiona sobre el lugar que ocupa el arte en su vida. Dice que de chica se “encerraba y escribía”. Cuenta: “Escribía las cosas que me pasaban, tremendas. Víctimas fuimos generaciones completas. Creo que me salvó el arte, mis amigos, mi marido. Lo artístico es para mí un refugio y un modo de vivir. Eso, creo, me puso en otro lugar, me salvó del lugar de víctima, tan feo. Que nunca quise tener, que no tengo.”

JB/RA

119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

Destacado119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad

El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119” en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.

La Segunda

“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.

Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia,revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido

. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.

detención Contreras
detención Contreras

Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto.

Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)

Tipo de sentencia 29 Casos
Absueltos todos los criminales, Prescripción total 1 Jacqueline Binfa (2009)
Media prescripción =   criminales sin pena efectiva o rebaja a sólo 5 años y 1 día 10 Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C, Claudio Silva P
Sentencias de menos de 8 años y 1 día 5 S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S, Fernando Peña
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA 14 M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras, Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González, Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara, Miguel Angel Sandoval.

Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de julio de 2015

Cuadro 2: Las 90 causas restantes

Estado de la Causa y Cantidad casos Casos
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes, Eduardo Miranda, Víctor Villarroel.
30 sentencias primerainstancia Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara,   Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
15   con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la condena) Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.
25 con procesamientos (en espera de acusación) M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace poco. Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo.

Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015

La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es periodista
www.periodismosanador.blogspot.com

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