Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

Memoria EN_REDADA

Recibí en mi correo eléctrónico un mail de mi amiga Marta, con quien mantengo una amistad que ha enlazado nuestras memorias militantes y femeninas uniéndonos en una red de sororidad más allá del tiempo y el espacio.

Marta me envía una historia de otras mujeres, de mujeres militantes, y me escribe:

“Queridxs colegas, amigxs

avanzan el semestre y otras ocupacionesc  y con ello vuestra carga de trabajo, pero espero que pueden encontrar unos minutos para leelr estos conmovedores momentos de mujeres choras http://martazabaleta.blogspot.co.uk/2017/02/argentinalas-fotos-de-josefina-por.html
de Argentina.

Se puede aprender tanto de ellas.
Abrazos.

Abro el enlace que Marta,economista, académica y poeta exiliada argentina en el Reino Unido me ha compartido y me encuentro con esta imagen que abre mi memoria de mujer una vez joven y madre de una hija una vez viva…

Leo la nota en la fuente y me lanzo a buscar en la web a estas dos mujeres con la sensación de escarbar en una historia cuyas raíces se hunden en mi propia historia, en la de Marta y en la de tantas otras mujeres que militan y militaron en Latinoamérica trascendiendo su tiempo y su espacio.
y repito, como dice Marta, se puede aprender tanto de ellas.
RESISTENCIAS
Las fotos de Josefina

Voy a empezar por el final: de la mesa frente a la que estaba sentada tomó el collar de cuentas redondas, grandes, estriadas en rojo, y se lo sujetó al cuello. Después recogió las fotos que había mostrado, se paró y salió entre los aplausos de quienes la escuchamos del otro lado del vidrio. Cuando la abracé, sin saber quién contenía a quién, sentí las cuentas incrustándose en el pecho de las dos.

Ella se llama Josefina, el collar era de su mamá, lo rescató la mañana siguiente a su secuestro, cuando volvió a ese departamento con la puerta arrancada para cubrir la vergüenza de estar en bombacha con una remera roja, un jean y unas zapatillas. Tenía siete años, le faltaba un mes para cumplir los ocho, su hermano uno y medio y los dos habían dormido en la casa de una vecina a la que la patota le golpeó la puerta para dejarlos como un paquete.

“¡Qué voy a hacer con estos chicos!”, se había desesperado la mujer y ella guardó esa frase y ese tono por décadas, hasta que encontró a la vecina que ahora tiene nombre y es Susana, hasta que pudieron poner en común aquella noche larga del 6 de diciembre de 1977. “La encontré y la traje para acá”, dijo Josefina y una risa sosegada, tal vez de alivio, tal vez de complicidad, como un aflojarse del lazo que nos unía a quienes la escuchábamos, anduvo de boca en boca.

Josefina declaró el miércoles, en el juicio de lesa humanidad que tiene entre las víctimas a su madre, Vibel -Virginia- Casalaz. Josefina es una de esas amigas entre las que nos salvamos la vida, aunque el devenir de las cosas nos mantengan a distancia más tiempo del que desearíamos. A lo largo de los más de 20 años que llevamos de amistad, junto con Raquel y con Alba, ese núcleo duro de complicidad femenina, nos sacamos muchas fotos juntas, antes de que se llamaran “selfies”, las cuatro con las sonrisas incandescentes. Esta vez también hubo foto, en el subsuelo de los tribunales federales, en ese sitio sin ningún ángel en la calle Comodoro Py; habíamos llorado todas, Jose en el lugar de los testigos, el resto sosteniendo a la distancia esa entereza, todas esas palabras que supo enhebrar, buscadas y encontradas en noches de insomnio, en los días de la militancia en H.I.J.O.S., extraídas de diálogos con sobrevivientes, con sus amores; escritas también, ella que sabe hacerlo como pocas. Las sonrisas, a pesar del llanto, volvieron a capturar la luz en la imagen.

El collar que tanto le gustaba a su madre no fue lo único que rescató Josefina del departamento violentado. También se llevó una bolsita con fotos que les sirvió a los policías que la fueron a buscar al día siguiente para preguntarle por todas y cada una de las personas amadas que ahí aparecían. Ella estaba prevenida, iba a segundo grado en la misma escuela a pesar de los cambios de casa a que obligaba la persecución con un nombre falso, María José Roldán. No identificó a nadie. Las fotos siguieron su camino con ella, el primer viaje lo hicieron en la valijita con la que iba al colegio y que la acompañó en los dos días que pasó en la casa de una mujer policía, separada de su hermano al que se llevó un hombre de la misma fuerza. ¿A qué se debió esa separación por género? ¿Por qué no los dejaron juntos? Josefina no se acuerda casi nada de esos dos días, estaba enferma de hepatitis y sin duda la memoria da respiro, espacios de olvido necesarios para seguir adelante con la sucesión de los días. La noche del secuestro, por ejemplo, termina para ella con la imagen de su madre yéndose en el ascensor con esos tipos jóvenes y con armas largas que recuerda. “Mi mamá me tendría que haber dicho algo en ese momento, eso es lo que yo sentía, me tendría que haber dado una última instrucción”, dijo frente al tribunal y cerró: “Pero según me contó la vecina, cuando yo salí de ahí estaba en el piso, boca abajo, encañonada”.

No tenía instrucciones pero rescató los bienes preciados de su madre, el collar, las fotos que eran un resguardo de la vida cotidiana: playas, sonrisas, besos que no podían perderse en la huida aun a riesgo de convertirse en delación involuntaria. ¿Cuánto sabía la niña de todo lo que iba a perder como para que antes que sus juguetes guardara la bolsita de las fotos?

–Polo no es un nombre -le dijo el comisario de la 35 a la niña de 7 que había dado apodo, apellido y ocupación de su abuelo, “un fabricante de soda de Tres Arroyos”.

–Usted búsquelo que lo va a encontrar -contestó ella y así fue, constatando una vez más la enorme maquinaria del plan sistemático para la desaparición de personas no sólo represiva, también burocrática. Una burocracia dócil que ahora pretende aplicarse al conteo de los cuerpos que nos faltan. Nombrar es una cuestión de poder, decir 30 mil  y que haya acuerdo es el poder que hemos ido acumulando a lo largo de cuatro décadas y es lo que está en disputa.

Mientras escucho a mi amiga, pegada al vidrio que nos separa con la ilusión de encontrar sus ojos como si hiciera falta para sostenerla cada vez que amenaza con quebrarse, pienso con deseo en el lugar que ocupa. Yo también quiero acusar, quiero que llegue la hora del juicio por lo que le hicieron a mi madre y a sus compañeros y compañeras de cautiverio. Cuando promediaba el año pasado y se supo que no sucedería en octubre como habían prometido, y después, cuando tampoco habría fecha designada para marzo, empezó a circular entre los querellantes la lista de testigos que tendrían que adelantarse en testimoniar porque la dentellada de la muerte ya les está mordiendo los talones. 85, 87, 90, 95 años se leía junto a algunos nombres. Alguien anotó en ese intercambio de correos que su madre ya no podría declarar porque el ejercicio de memoria había destrozado sus neuronas. Hace 13 años que presentamos la querella. En ese tiempo todos y todas nos convertimos en otros, en otras, guardando a la vez quienes fuimos para no perder detalle cuando nos den la palabra. La impotencia se come el fin de la impunidad que ya no podemos declamar.

Antes de escuchar a Josefina, en un cuarto intermedio que tensa nuestra paciencia, Raquel me dice con ojos húmedos: “Siento que nos están tomando el pelo, ya no le encuentro sentido”. Es una descarga de derrota que no va a acatar, aunque las dos sabemos de qué habla. La Justicia, con esos pies de plomo, ya no puede llamarse así. Y sin embargo.

“¿Pudiste reconstruir…?”, es la primera parte de la pregunta que se repite para que Josefina de cuenta de lo que sabe de su madre, de su destino después del secuestro. Ella contesta una y otra vez, sobre los testimonios leídos, los diálogos ansiosos que persiguen un dato más, por nimio que fuera. Todo el trabajo lo hicimos las víctimas y quienes se comprometieron con nuestro duelo, el inmenso duelo acuoso de un país entero que todavía sigue evaluando el tamaño de las heridas que dejó el terrorismo de Estado. ¿Dónde están los papeles, los organigramas, los números de ellos, los ejecutores? ¿Dónde ocultaron los cuerpos? ¿Por qué a ellos se les permite todavía ahora ocultarse?

Hubiera querido que estén aquí los acusados, para interpelarlos. Quiero decir que yo pienso todas las noches en el cuerpo torturado y violado de mi madre. Y los represores piensan que así le hicieron bien a la patria. -dijo Josefina y tomó el collar de su madre de la mesa frente a la que estaba sentada y se lo puso, recogió sus fotos y enjugó sus lágrimas. Para que se vea y que se sepa: aun cuando le arrebataron tanto no pudieron quitarle todo.

En otro espacio virtual leo acerca de esta hija militante de la memoria:

UN COLLAR DE CERÁMICA

La estridencia de los camiones que pasan por encima apenas le permiten hablar a Josefina Giglio. Pero no grita, no lo quiere hacer en este lugar.

Josefina Giglio señala el retrato de su madre dentro de un cartel en el lugar donde estaba ubicado el centro de tortura El Atlético.

Madre de dos niños e hija de desaparecidos, intenta hallar el retrato de su madre en el afiche que está colgado sobre las ruinas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético, que está -estaba- ubicado debajo de la autopista 25 de mayo de la capital argentina.

Aquí está Coca, mirá- señala la foto de Virginia Isabel Cazalas, su madre, entre las centenares de imágenes de personas impresas sobre una sábana como recuerdo de quienes estuvieron presos aquí.

Josefina está acá porque este fue el último lugar donde, según testimonios de otros detenidos sobrevivientes, su madre fue vista por última vez.

A principios de 1978, cuando tenía 8 años, se la arrebataron de la casa en donde vivían clandestinos en Buenos Aires. Desapareció, lo mismo que había ocurrido con su padre un año antes.

Y desde entonces los anda buscando, a ella y a él, sin éxito.

Virginia Isabel Cazalas, más conocida como “Coca”, era la madre de Josefina.

Josefina es una de los muchos hijos que todavía no pudieron reunirse con los huesos.

Por eso tal vez sus peregrinaciones a las ruinas de Club Atlético, como un mecanismo para no olvidar ante la tierra abierta de las excavación arqueológica que se realiza ahora en este lugar antes utilizado para la tortura y que quedó sepultado cuando se construyó la autopista.

“En esto hay como dos partes: primero estás como esperando, como detenido en el tiempo esperando a que vuelvan, y después hay un momento en que comenzás a buscar”, dice Josefina.

“Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, Josefina Giglio, hija de desaparecidos.

“Siempre estás buscando”.

“Había una época en que había una publicidad en la tele y el actor era igual a mi papá. Igual. Y mi papá había estudiado teatro, entonces yo decía ‘por ahí le dieron un golpe en la cabeza, se olvidó quién es y es ese actor’. Escribí al canal y todo. Nunca nadie me contestó, obviamente… Después, mi búsqueda en serio comenzó cuando de grande empecé la universidad”.

Su despertar universitario fue también el inicio de una misión colectiva: la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), algo así como una versión filial de lo que hacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue fundada en 1994, cuando muchos de los hijos de los desaparecidos cumplieron la mayoría de edad.

El centro clandestino de detención Club Atlético funcionaba a pocas cuadras de la cancha del popular equipo de fútbol Boca Juniors.

Con ellos logró, dice, “democratizar el dolor”. Con ellos lloró, protestó en las calles.

Estudió a fondo la historia de sus padres para intentar encontrar pistas: las impresiones del sulfuro de plata en las fotografías, la tinta aplastada en las hojas de las cartas. Algo que le permitiera entender quiénes eran, por qué habían luchado, qué sentido había tenido su muerte casi segura.

Y ha visto, como un tren que pasa de largo en una estación, cómo a otros compañeros de militancia el EAAF les han restituido los restos de sus padres, mientras ella los sigue esperando.

“Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, cuenta y se ríe. La carcajada le suelta la mirada que aguarda tras unos anteojos gruesos de carey. La idea le enciende una chispa.

“Tendría algo así como un amuleto, un deseo de hacerme un colgante con ellos”, continúa sonriente.

“La tierra contiene como un útero los huesos que esperan”, se lee en uno de los cuadros de las oficinas del EAAF.

Josefina ya tiene un collar.

Al día siguiente del secuestro en el verano del 78, cuando le dieron permiso para entrar al departamento de donde se habían llevado a Virginia para buscar algunas cosas, la única pertenencia de su madre que se llevó fue un collar de cerámica que habían comprado juntas en la feria de Plaza Francia.

“Pensaba dárselo cuando volviera”.

Durante estos años ha elaborado mil conjeturas, pero a pesar de su empeño hay cuentas que no puede obviar: el EAAF sólo tiene restos óseos de unas 600 personas y siguen hallándose algunos centenares más, pero el número queda muy lejos de los 30.000 desaparecidos que calculan las organizaciones de derechos humanos e incluso de los 10.000 que reconocen las fuentes más conservadoras.

Y a muchos de ellos, se sabe, los tiraron al Río de la Plata y al mar desde los llamados “vuelos de la muerte”.

“Durante mucho tiempo tenía la sensación de ser hija de un agujero negro y los huesos siento que me permiten esa continuidad: yo soy esos huesos, voy a ser esos huesos. Recuperar esa continuidad que se cortó. Uno cree que una tibia y un peroné son innecesarios, hasta que te das cuenta de que son una fuente de alivio y te darían un cierre”, reclama.

Una fila india de camiones interrumpe la charla hasta el punto de suspenderla. Pero antes de irse ella mira el abismo de las excavaciones: dice que siempre busca algún objeto, alguna presilla, un pedazo de herencia que le debe el destino.

Para tenerlo mientras llegan los huesos.

Y es así que en mi transito virtual encuentro una noticia de hace cuatro días, una fotografía de dos hijos – Josefina y Francisco – hijos de Virginia y Carlos, huérfanos por el terrorismo de Estado en la Argentina que una vez nos acogio a mis hijos y a mi, donde vivimos la segunda dictadura a las que hemos sobrevivido.

Carlos y Vibel –el padre y la madre de Josefina, Coco y Coca para sus compañeros de partido- militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Carlos era arquitecto, había caído el 19 de mayo de 1976 en una reunión del partido en Combate de los Pozos y Pavón, por un vecino que lo denunció. Cuando intentaba huir por la terraza, fue herido en una pierna y cayó al pozo de luz. Nunca más se supo de él. Desde entonces, Vibel –psicoanalista- peregrinaba entre una sombra y la otra mirándose las espaldas. Los militares la alcanzaron un año y medio después, en un departamento de Belgrano R. No estaba sola: Josefina tenía 7 años, Francisco uno y medio. Estaban además otros militantes del PCML. Los militares lo llamaron Operativo Escoba.

“Entre que se llevan a mi padre, el 19 de mayo de 1976, y caemos con mi madre el 5 de diciembre de 1977, hubo un dispositivo de pinzas para buscarla. La noche del 8 de junio se llevaron en La Plata a mi abuela paterna, Tecla, a mi tío que estaba con ella, en Tres Arroyos a Polo, y en Mones Casón, cerca de Carlos Casares, a mi tío Oscar Bossier, el cuñado de mi padre”.

http://memoria.telam.com.ar/noticia/-un-brigadier-dijo-que-mama-era-la-mujer-mas-buscada-_n3809

Necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio

Josefina y Francisco Giglio declararon en el juicio por los crímenes cometidos en el llamado circuito ABO.

Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Cazalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el Banco por sobrevivientes. “Vebel”, como la llamaban en su familia. “Coca”, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del Ejército. Estaba en camisón. Josefina, de siete años, y Francisco, de año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con sus abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que había desaparecido en mayo del ‘76. Con cuarenta, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó de que los acusados no presencien el juicio. “No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado. Y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria”, remató, sobreponiéndose al llanto, que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada la aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá, y que había colocado en la mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso.

“Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo”, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de “Coca” completó la selección de fotografías entregadas al TOF que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estrado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos que su mamá siempre llevaba de casa a casa y ese collar de perlas grandotas, que “a ella le gustaba mucho” y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado.

Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freyre con dos compañeros de militancia: Mariano Montequón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. “Mi mamá estaba en camisón, y así se la llevan, y yo estaba en bombacha”, contó.

Sientieron que rompían la puerta de entrada. “Yo me escondí porque no quería que me vieran, mi mamá pidió cambiarse pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina”, siguió. Aún hoy, le extraña que ella no le haya dado “alguna instrucción” antes de que se la llevaran.

Años después se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que “tres jóvenes de civil” le pidieron que cuidara a ella y a Francisco “hasta que llegara la Policía”. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito ABO.

Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el Ejército llamó “Escoba” y que barrió con casi todos los militantes del PCML.

Al otro día, la policía los llevó a buscar ropa al departamento reventado por el Ejército. “Cuando esta mujer que dijo ser asistente social pero que no aparece en ningún registro me vio con la bolsa de fotos, me sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba ‘¿este quién es? ¿y éste quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada”.

Tenía siete años Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución, un mes antes. “Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con dos hijos y escapando”, relató Josefina.

Tres días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, los fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vibel los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar el departamento de Freyre: lo secuestraron a él –permaneció un mes en Vesubio–; a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio.

El relato de Francisco fue menos detallista. El tenía un año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. “Llegó la democracia y todos pensábamos que los iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de quince. Y luego, para mi fiesta de egresados”, intentó explicar ella, que comparó al gobierno de Raúl Alfonsín con “la esperanza”; al indulto de Carlos Menem con “el abismo” y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. “Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que en vez de discutir la cantidad de desaparecidos debería estar buscando los restos de mi padre y de otros”.

Francisco lo analizó desde la figura del “desaparecido”, esa que “produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda”.

Ambos saben que no volverán, por eso ven una posibilidad de “cierre” en la recuperación de los restos. “Necesito recuperar los restos de mis padres – dijo Francisco– sería de alguna manera reencontrarme con ellos”.

Josefina también reclamó los restos: “Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos. Y que le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años, ya es tiempo”.

2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

  • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

    http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

 

 

Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

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Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

“Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

EFE. Archivo.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

“Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

Resultado de imagen para Scarlett Mathieu

Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

“Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

Cómo se permitió la desclasificación

Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

“Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

por 19 diciembre 2016

Artista Francisco
¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

Segunda fase del proyecto (sep 2015)

Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

Artista simula tortura

Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

Imagen de reflejo

De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

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Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

Rinconada

Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

Historia de persecución

Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

“También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

Noche de horrores

Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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-Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

– Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

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Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

Lucha sin descanso

La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

Familia Gallardo responde a Matías del Río y al periodismo que pretende desviar la atención de temas de Derechos Humanos

Vicepresidente, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Hace una semana, el periodista de TVN Matías del Río publicó una pregunta en Twitter sobre si se deberían respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Esta es la respuesta de Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo, brutalmente asesinada en noviembre de 1975.

/ villagrimaldi.cl/ villagrimaldi.cl

Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy miembro sobreviviente de la Familia Gallardo, familia brutalmente torturada y asesinada en noviembre de 1975, la cual es conocida además por el Montaje de Rinconada de Maipú. No entraré en los detalles de que han envuelto nuestro caso porque ya han sido ampliamente difundidos por los medios.

 

Me quiero centrar en lo que esconde la pregunta que levanta el conductor de noticias de TVN Matías del Río al hacer la pregunta en la red social del pajarito.

Sabemos que una pregunta deja al descubierto una realidad, pero inmediatamente deja oculta otras realidades y en este contexto lo que el periodista hace es dejar oculta las preguntas relativas al avance en materia de Verdad, Justicia y Memoria. Es curioso, porque jamás le he escuchado una palabra respecto de estos temas.

Antes de poner el tema de los Derechos Humanos de los Violadores de Derechos Humanos como discusión en la opinión pública, me gustaría saber su opinión como periodista sobre las medidas que orientan los avances en Justicia. Me gustaría que pudiera realizar preguntas tales como los grados de satisfacción de los familiares respecto de la espera de más de 40 años de Justicia para que después de investigar y sancionar las condenas sean mucho menores que los tiempos de espera. Que pudiera preguntar sobre el destino final de los Detenidos Desaparecidos, ya que sólo el 8% de sus restos ha sido identificado y y devuelto a sus familiares para ser enterrados cumpliendo con el rito funerario. Me gustaría que este periodista pudiera preguntarle a los propios perpetradores de estos crímenes que sentían al momento de infringir tormentos en los centros de detención clandestinos, cuando interrogaban a hombres y mujeres amarrados o colgados, cuando los torturaban frente a familiares, cuando les amenazaban con torturar a su hijos/as. Preguntarles que sienten al haber traicionado a la patria cumpliendo órdenes de Estados extranjeros, ya que como sabemos a estas alturas, las órdenes vinieron del país del Norte. Preguntar por los miles de agentes de la DINA y la CNI, que siguen estando al amparo de las fuerzas armadas. Otra pregunta pertinente en el actual contexto es qué políticas públicas ha impulsado el Estado como garantía de No Repetición de los crímenes de Lesa Humanidad.

En resumen, hay una tremenda cantidad de preguntas que se encuentran pendientes incluyendo muchas respecto de las políticas de reparación, etc. Todas estas preguntas me parece son fundamentales para solidificar la Democracia y que son anteriores a la pregunta hecha por el periodista Matías del Río. Curioso por decirlo menos, ya que antaño el periodismo jugó a favor de la violaciones de Derechos Humanos. Vaya que si lo sabemos nosotros como familia afectada, y hoy un periodista pretende desviar la atención de los temas relevantes para la convivencia democrática. Curioso, por decirlo menos.

24.11.2016

Manuel Guerrero por libertad condicional a asesino de su padre: “Si esto no es impunidad, pues qué es lo que es”

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, que constituyó el Caso Degollados.

Por @eldesconcierto

Agencia UnoAgencia Uno

Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

Aquí te dejamos íntegra su misiva:

“Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamentalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecuencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

El “Pelao” Carmona, periodista asesinado e impunidad en delitos de lesa humanidad.

El “Pelao” Carmona, periodista asesinado e impunidad en delitos de lesa humanidad.

A juzgar por la injusticia latente, la pinche “reconciliación” no fue sino una forma de garantizar mucha impunidad. El caso del asesinato del periodista Augusto Carmona es la prueba flagrante…

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Augusto Carmona

Augusto Carmona y la justicia ¿sólo por hoy?


Por Lucía Sepúlveda Ruiz


En los mismos días aciagos de junio en que con la venia de la Corte Suprema volvían a las calles cinco criminales de lesa humanidad, la Corte de Apelaciones confirmó seis de las siete condenas impuestas por el ministro Leopoldo Llanos a los responsables del asesinato por la espalda de Augusto Carmona Acevedo, ocurrido el 7 de diciembre de 1977.

El padre de mi hija Eva María, mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial, era un alto dirigente del MIR, periodista, ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de Punto Final. El crimen fue presentado en los medios como un enfrentamiento.

Mi hija Eva María Carmona y yo, recibimos la sentencia con sentimientos contradictorios, valorando sobre todo que la Corte no rebajó las condenas de 10 años y un día a los principales inculpados: Miguel Krassnoff, Manuel Provis, Enrique Sandoval, José Fuentes, Luis Torres y Basclay Zapata, aunque exculpó a la agente Teresa Osorio, también agente de la CNI.

No nos sentimos con ánimo de celebrar nada, pero atesoramos las expresiones de aprecio y cariño recibidas tras el fallo judicial. Habíamos esperado un año y medio desde el fallo de primera instancia en la demanda contra Augusto Pinochet y quienes resultaren responsables. El genocida general no pagó por ningún crimen. Y el más importante procesado, Odlanier Mena, jefe de la CNI, eludió una segura condena por este asesinato, suicidándose.

En la historia sin fin de espera por justicia, la Corte Suprema puede tomarse quizás otro año y medio. Pero, ojo: hay genocidas que ya abandonaron Punta Peuco, premiados por no colaborar jamás con la justicia. Estas decisiones impresentables no se conocen, en medio de una agenda social copada por la incesante represión con que el Estado encara el movimiento social estudiantil y la lucha mapuche; por los escándalos de la corrupción, los desastres ambientales y el clamor de territorios devastados por el extractivismo.

Cuando conozcamos el fallo definitivo, Krassnoff y sus secuaces estarán más viejos y podrían acogerse a los llamados “beneficios carcelarios”. ¿Cómo celebrar ahora, cuando el poder corrompe al extremo de generar alianzas espurias entre la UDI y senadores de la Nueva Mayoría?

Es el nuevo truco con el que la Corte Suprema (con Dolmetsch a la cabeza), coludida con Bachelet, parlamentarios (por la Nueva Mayoría Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta, Tuma), un sector de la jerarquía eclesiástica (el jesuita Montes y el obispo Goic), y las fuerzas armadas están imponiendo con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado Nunca Más y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos.

El 15 de junio, el abogado de Krassnoff reivindicó ante la Corte su actuar como CNI contra el “terrorismo”. Los genocidas no se arrepienten ni han sido degradados. No les bastó tener atención médica en el Hospital Militar, ni cárcel especial ni pensión millonaria y costosos abogados. Quienes aplicaron el terrorismo de Estado son hoy reos privilegiados en el sistema carcelario.

Sin embargo el libreto oficial invierte el razonamiento lógico y los victimiza, en un novedoso montaje que incluye enmascarar el “perdón” como si este se extendiera a una inexistente lista de reos comunes de avanzada edad y condiciones similares.

¿Cómo celebrar esta sentencia esperada durante 39 años, durante los cuales fallecieron los padres de Augusto? Sus dos hijas, Eva y Alejandra, han debido reconstruirse emocionalmente frente a la ausencia paterna y la indiferencia del Estado. Hoy la impunidad se cuela mostrando la falsedad del perdón farfullado una vez por algún juez. El movimiento de derechos humanos atajó los más diversos proyectos de ley orientados a exculpar a los criminales, y sigue bregando por justicia.

Según cifras oficiales, sólo 344 criminales han sido condenados con sentencia ejecutoriada. Más de la mitad de ellos, (181) tuvo penas alternativas como ir a firmar a una comisaría. A diciembre de 2015, permanecían en Punta Peuco sólo 110 agentes de un total de 117 que cumplían prisión. Es paradojal que en Estados Unidos un fallo responsabilice a Pedro Barrientos por el homicidio de Víctor Jara, mientras en Chile no hay siquiera gotas de justicia para centenares de casos de ejecutados y desaparecidos.

Exigimos justicia, por “el Pelao Carmona” y por todos los caídos, pero también por las nuevas generaciones que luchan por un Chile diferente, junto a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales conscientes. El cierre de Punta Peuco y el traslado de los criminales de lesa humanidad a cárceles comunes es una tarea urgente. La degradación de los criminales de lesa humanidad, y el fin del grotesco chorreo de impunidad que salpica nuestra ya cuestionada democracia, son imperativos éticos que de no ser realizados envilecerán aun más a la clase política y la institucionalidad.


(columna publicada originalmente en Punto Final Nº 855, el 8 de julio, con el título “Augusto Carmona demanda justicia”).

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

07 DE MARZO DE 2013
EXCLUSIVO DN!ES
Dirty war 1

Escuche/Vea/Lea (en inglés)



JUAN GONZÁLEZ:

El martes pasado comenzó un histórico juicio en Argentina, que podría revelar nuevos detalles sobre la estrategia coordinada de seis países latinoamericanos, en las décadas de 1970 y 1980, para eliminar disidentes políticos. Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos gobiernos colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.

El plan fue impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet y existe evidencia de que la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger fueron cómplices del mismo desde sus inicios. Al menos 25 generales del ejército están imputados en la causa, y se espera contar con el testimonio de más de 500 personas. En agosto, un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que propio Kissinger sea interrogado. El Gobierno de Obama no respondió.

AMY GOODMAN: Este juicio se está llevando a cabo en Buenos Aires, donde un antiguo taller mecánico fue convertido en un centro de tortura. Argentina es el país donde más personas extranjeras fueron asesinadas en el marco de la Operación Cóndor. Esto está sucediendo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Uruguay derogara una ley que hubiera permitido juicios similares en ese país.

Para ampliar esta información, nos acompaña John Dinges, autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur”, que recopila entrevistas e informes de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos mantenidos en secreto. Antes de eso, Dinges trabajó para la National Public Rario, y como periodista independiente en Latinoamérica. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

John Dinges, bienvenido a Democracy Now!

JOHN DINGES: Encantado de estar aquí. Gracias.

AMY GOODMAN: Háblanos de la importancia de este juicio que está teniendo lugar en Argentina.
JOHN DINGES: Bueno, ya se han hecho varios juicios, y éste se remonta a la detención de Pinochet en Londres, en 1998. Eso desató una avalancha de pruebas, que atravesaron Europa y dieron lugar a juicios en muchos lugares, como Roma, París, Argentina y Chile, pero todos más pequeños que éste. Aquí hay 25 personas acusadas. Por desgracia —o por suerte, quizás— muchas de las personas implicadas en esto ya han muerto, o están muy viejos; muchos de los jefes máximos. Pero aquí hay 25 argentinos y un uruguayo, todos con cargos militares, quienes participaron directamente en las acciones de la Operación Cóndor.

Se trata de algo histórico, ya que vamos a escuchar las declaraciones de 500 testigos. Y no es algo habitual en el sistema jurídico latinoamericano. Esto se está haciendo realmente público ahora que escuchamos los testimonios. Antes sólo declaraban ante los jueces a puertas cerradas, y luego, alguna gente podía llegar a leer esos testimonios, pero no llegaba a ser realmente público. Esta vez es realmente público. Y al parecer, gran parte del juicio está siendo grabado. Así que es la primera vez que toda la población va a poder va a escuchar los detalles de esta serie tan terrible de atrocidades, que tanta gente ha matado.

JUAN GONZÁLEZ: John, para quienes nunca han oído hablar de la Operación Cóndor o saben poco sobre ella, ¿podrías hablarnos sobre sus orígenes? ¿Cómo comenzó, que países o gobiernos la encabezaron?

JOHN DINGES: Bueno, fue una iniciativa chilena. Augusto Pinochet tenía dominada a la oposición. El golpe de Estado fue en 1973, y para 1974 ya no había casi oposición interna. Pero mucha gente que había formado parte del anterior Gobierno, que él había derrocado, se había marchado al extranjero. Un general importante vivía en Argentina. Dirigentes políticos, como por ejemplo Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador en EE. UU. –que era alguien que solía comer con Henry Kissinger- vivía en Washington. Había gente desparramada por diferentes lugares, en Europa y en toda Latinoamérica, y Pinochet quería ir tras ellos. Así que organizó la Operación Cóndor.

Y convenció a los otros países —Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay— para que se sumaran, con el argumento de que existían acciones guerrilleras que los amenazaban a todos conjuntamente. Y de hecho, hubo una organización guerrillera llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por diferentes grupos armados que luchaban contra esos gobiernos. Entonces, la idea de Pinochet era colaborar para perseguir a esta gente. Y así lo hicieron.

La mayor parte de los exiliados chilenos estaban en Argentina, que fue el último país en ver derrocado su gobierno civil. Allí la dictadura militar se inició en marzo de 1976, y el Plan Cóndor se creó a finales de 1975. Así que ya estaban preparados. Y cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, comenzaron a matar a cientos de personas, a estas personas extranjeras. Es interesante que hayas mencionado a Automotores Orletti. Este es el taller mecánico que fue utilizado como centro de tortura, y ahí es donde retenían a los presos de otros países.

AMY GOODMAN: Con Democracy Now! hemos visitado ese taller. Quiero leer parte de un documento desclasificado, un informe de la CIA que muestra que funcionarios estadounidenses sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban ampliando sus redes de acción con la Operación Cóndor. Cito: “Están uniendo fuerzas para erradicar la ‘subversión’ … una palabra que, cada vez más, se refiere a la disidencia no violenta, de parte de la izquierda y centro-izquierda”.

Esto se relaciona con otro documento que tú conseguiste, John Dinges, de la agencia de inteligencia chilena, conocida como DINA. En él se detalla el número de muertos y desaparecidos registrado por la inteligencia argentina. Es un cable enviado por el representante de la DINA en Buenos Aires que dice, cito, que “está enviando una lista de todos los muertos,” que incluía el conteo oficial y extraoficial de muertos. Entre 1975 y mediados de 1978, según él, cito: “suman 22.000 entre muertos y desaparecidos”. Háblanos sobre el número de muertos y qué es lo que sabía EE.UU.

JOHN DINGES: Bueno, vamos primero con Estados Unidos. En este período, los años setenta, Estados Unidos fue un patrocinador importante de las dictaduras militares que derrocaron, en algunos casos a gobiernos democráticos y en otros a gobiernos civiles tambaleantes. Como fuera, el resultado fueron gobiernos como el de Videla, el de Pinochet o el de Banzer en Bolivia, que mataban a sus ciudadanos impunemente. El gobierno de EE. UU. sabía de estos asesinatos masivos. Y mantuvo una actitud esquizofrénica y maquiavélica hacia esta situación. Realmente no querían a los comunistas en el gobierno, y la democracia parecía estar dando lugar a gobiernos comunistas. De hecho, el presidente de izquierda Salvador Allende fue elegido democráticamente, e instaló en Chile un gobierno civil y revolucionario. Y por eso, Pinochet lo derrocó. Estados Unidos tenía pánico ante la posibilidad de que esto se extendiera en Latinoamérica, por lo que apoyó la llegada de las dictaduras.

Cuando comenzaron los asesinatos masivos, EE. UU. sabía que eso estaba sucediendo. Se enteraron de la Operación Cóndor poco después de su creación. No hay pruebas de que supieran de su existencia en el momento en que se creó. Sí hay pruebas de que lo sabían un par de meses después de iniciadas sus operaciones. Pero sin duda tenían conocimiento de que estas cosas estaban sucediendo. Y si nos fijamos en las transcripciones de las reuniones entre Henry Kissinger y estos jefes militares de Argentina y de Chile, de las que tenemos registro, ¿qué es lo que dicen en privado? Algo así como: “Apoyamos lo que están haciendo. Entendemos que tienen que hacer valer su autoridad. Hagan lo posible por liberar algunos presos, porque el Congreso me está presionando mucho, los demócratas están queriendo hacer que yo defienda los derechos humanos. Así que les pido un esfuerzo, pero entiendo lo que están haciendo”.

Y en una ocasión, dos semanas después de que Kissinger visitase Santiago, se realizó la segunda reunión más importante entre todos los países del Cóndor para hablar sobre el plan. Y en esa reunión, en junio de 1976, se aprobaron operaciones de asesinatos fuera de Latinoamérica. Y el primero de estos asesinatos tuvo lugar en Washington DC. Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores chileno, fue asesinado en las calles de Washington.

AMY GOODMAN: Es una historia asombrosa. De hecho, tú has escrito un libro sobre el tema.

JOHN DINGES: En realidad he escrito dos libros. Uno es sobre el asesinato, en el que, por primera vez, incluí un capítulo sobre el descubrimiento de la Operación Cóndor. No tenía muchos detalles. Incluso, en cierta medida, fui mal informado por el Departamento de Estado.

Años más tarde, después de que Pinochet fuese detenido en Londres, hubo una avalancha de documentos, que incluían 60.000 páginas de material, que se hicieron públicos por orden del presidente Clinton. Entonces pude investigar realmente y entender lo sucedido desde el punto de vista de EE. UU. Pero también en Latinoamérica se revelaron muchos documentos. Y creo que eso es aún más importante, porque si sólo tuviéramos documentos estadounidenses, siempre alguien podía decir “bueno, ese es el punto de vista de EE.UU. sobre estos asuntos.” Pero lo que pasaba realmente en esos gobiernos latinoamericanos…

AMY GOODMAN: Explícanos cómo fue que Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, fueron asesinados en las calles de Washington DC, en Estados Unidos, en 1976.

JOHN DINGES: Pinochet inició esta operación poco después de aquella reunión con Kissinger. Menos de un mes después, dio la orden para esto. Enviaron a un agente que hacía varios años trabajaba para la DINA, Michael Townley, que era estadounidense. No creo que fuera casualidad que le encargaran esto a un agente estadounidense, ya que, obviamente, cuando se comenzó a sospechar de ellos, dijeron: “Ah, este tipo trabaja para la CIA“. Y mucha gente está dispuesta a creer que siempre es la CIA quien está detrás de estas cosas. De hecho, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda decían “fue la CIA.” No hay pruebas de que Townley trabajara para la CIA, pero es seguro que trabajaba para los chilenos.

Se juntó con algunos cubanos en Nueva Jersey, cubanos anticastristas, y fueron a Washington. Townley se metió debajo del auto y puso una bomba que él mismo había construido, que se activaba con uno de esos antiguos beepers. Siguieron el auto por la Avenida Massachusetts y en Sheridan Circle, bien cerca de la embajada de Chile, pulsaron el botón y lo mataron. Ronni Moffitt era la esposa de Michael Moffitt, que era asistente de Orlando. Ella iba en el asiento delantero del auto y por eso murió. Michael sobrevivió y Orlando, por supuesto, murió inmediatamente.

AMY GOODMAN: Townley estuvo algunos años en la cárcel. Y entonces…

JOHN DINGES: A Townley lo entregaron los chilenos. La historia de cómo se resolvió este caso es increíble. En general se asumía que en EE. UU. no se iba a investigar el caso muy a fondo. Pero quienes pensaron eso estaban equivocados. El FBI realizó una extensa investigación, resolvió el caso, obtuvo fotos de los implicados. Esa larga historia yo la cuento en el libro. Cuando identificaron a las personas que habían ido a EE. UU. para llevar esto a cabo, fueron a Chile y pidieron la cooperación del Gobierno de Pinochet. Y Pinochet tenía dos opciones: matar a Townley —y hay pruebas de que ese era uno de los planes— o entregarlo. Y finalmente lo entregaron. Lo llevaron a Estados Unidos, y comenzó a declarar. Y ahí hubo otra avalancha de información, que provino de Michael Townley. Él todavía vive en Estados Unidos. Estuvo sólo cinco años en prisión.

AMY GOODMAN: Y ahí entró en el programa de protección de testigos.

JOHN DINGES: Estuvo en protección de testigos por un tiempo. Por lo que sé, ya no lo está. Actualmente vive en la zona centro-oeste de EE.UU. Y bueno, él ha cooperado. No sé si tiene algún remordimiento sobre su pasado, pero ha colaborado con muchas investigaciones desde su encarcelamiento.

JUAN GONZÁLEZ: John, me gustaría preguntarte sobre un personaje fuera de lo común del que hablas en el libro, y sus esfuerzos para poner fin a la Operación Cóndor: Ed Koch, el recientemente fallecido alcalde de Nueva York, que en esa época era un joven congresista demócrata, y empezó a hacer muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, haciendo enojar a nuestro propio gobierno. ¿Podrías hablarnos de eso?

JOHN DINGES: Ed Koch, una figura muy querida en esta ciudad. Realmente, todo el mundo que ha tratado con él ha tenido la misma experiencia. Cuando estaba investigando esta historia, él cooperó gustosamente conmigo. Y vino a la fiesta de lanzamiento de mi libro. Así que también lo quiero. Ed Koch era congresista y fue impulsor de una enmienda a una ley, que permitiera suspender la ayuda militar a Uruguay. Los uruguayos eran parte de la Operación Cóndor. Esto fue en 1976. Y laCIA descubrió eso, creo que lo descubrieron porque los uruguayos lo comentaron frente a ellos, dijeron que iban a convencer a los chilenos para que fueran a Washington a matar a Koch. No sabemos si eso se llegó a poner en marcha. Pero George Bush, que era el jefe de la CIA en aquel momento, llamó a Ed Koch y le dijo —es maravilloso escuchar a Ed Koch contar esta historia— le dijo: “Tengo que contarte algo: Hay un complot para asesinarte”. Ed Koch preguntó si le iban a ofrecer protección. Y ellos dijeron: “No, no. Ese no es nuestro trabajo. Somos la CIA. Sólo te estamos avisando, te toca a ti ocuparte de tu propia seguridad”. Ed Koch no sabía que esto era parte de la Operación Cóndor. Pensaba que era cosa de algún exaltado de la dictadura.

Tiempo después, durante mi investigación pude hablar con una de las personas que participó en esto, uno de los uruguayos. Y sí, fue una típica movida del Plan Cóndor, aunque no llegaron a matar a nadie, por suerte. Pero fue el típico modus operandi. Con el fin de cubrir sus huellas, un país usaba los agentes de otro país para hacer el trabajo sucio, en las operaciones planeadas para fuera de América Latina. Dentro de América Latina, tenían una manera mucho más sistemática y eficaz de funcionamiento. Se perseguía a los disidentes de cada lugar, en cualquier país donde estuvieran, Perú, Brasil, Uruguay y principalmente Argentina. Y ahí la metodología era simple: capturarlos, secuestrarlos, torturarlos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Muy pocas personas han sobrevivido a la Operación Cóndor, casi nadie. Es muy difícil encontrar un sobreviviente.

JUAN GONZÁLEZ: Y aún así, muchos de los líderes de los nuevos gobiernos populistas que hay ahora en América Latina surgieron de algunas de las organizaciones perseguidas por el Cóndor. Especialmente en Uruguay, donde el presidente es un ex Tupamaro. Y en toda la región, esos disidentes son ahora parte del aparato de gobierno de sus países.

JOHN DINGES: Hace dos semanas, estuve en Bolivia y entrevisté a una persona del Ministerio de Comunicaciones, una de las tantísimas personas de pueblos indígenas que forman parte del gobierno de Morales. Y él contó que su padre había estado preso. Había estado exiliado en Chile, y cuando llegó el golpe de Estado fue encarcelado, estuvo siete meses preso, y fue torturado. Y en esa misma oficina hablé con otra persona, que también había participado en la resistencia boliviana en la década de 1980, y antes, su padre había estado involucrado con el grupo que luchaba junto al Che Guevara en 1960.

Estos son revolucionarios, pero son un tipo diferente de revolucionarios. Están igual de comprometidos, creo, pero sin tomar las armas. Creo que se dan cuenta de que esa forma de lucha no se ha llevado a revoluciones triunfantes, entonces me siento muy optimista sobre lo que está pasando con este grupo de gobiernos ahora.

AMY GOODMAN: Por último, hay un cable del Departamento de Estado, de 1978 que, según la cubierta de tu libro, dice: “Kissinger explicó que en su opinión el gobierno argentino había hecho un excelente trabajo en la erradicación de las fuerzas terroristas”. ¿Qué significa que los jueces hayan pedido el testimonio de Kissinger y que el gobierno de Obama no haya respondido?

JOHN DINGES: A Kissinger lo han llamado a declarar muchas veces. En mi libro hablo de una vez en la que sí respondió, creo que era un pedido de Francia. Y básicamente, negó todo. Es algo muy frustrante. Para mí era claro que todo lo que dijo eran mentiras, no hay otra palabra para ello, estaba mintiendo. O sea, los documentos dicen una cosa y Kissinger dijo otra cosa. Y él sabía lo que decían los documentos. En Estados Unidos nunca se ha permitido que un funcionario público sea juzgado en otros países. No somos miembros de la ICC.

AMY GOODMAN: La Corte Penal Internacional (por sus siglas en inglés).

JOHN DINGES: Sí, la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún juicio en el exterior que haya puesto a un estadounidense en el banquillo de los acusados. Hubo un intento en Italia, pero por supuesto, ningún imputado apareció. En Estados Unidos, por uno u otro motivo, tanto los demócratas como los republicanos proteger a nuestros violadores de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Simplemente así se manejan.

AMY GOODMAN: ¿Describirías a Henry Kissinger como un violador de los derechos humanos?

JOHN DINGES: Sí, absolutamente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y cuál es importancia de esta historia de externalizar la lucha contra el terrorismo, de modo de no dejar huellas de la propia participación, en relación con la guerra actual contra el terrorismo en los Estados Unidos?

JOHN DINGES: Bueno, yo estaba escribiendo mi primer capítulo cuando pasó lo del 9/11, en mi casa en Washington. Y en el final del libro, que termina con una referencia al 9/11, digo que esto no es algo que estemos condenados a repetir. Y lo digo haciendo la comparación entre la guerra contra el terrorismo de la década de 1970 y la guerra actual contra el terrorismo, lanzada por el presidente Bush. Pensaba que habíamos aprendido la lección de no copiar los métodos de los enemigos, o de aquellos que han demostrado ser violadores de los derechos humanos. Pero desafortunadamente, creo que hemos hecho eso muchas veces.

La discusión actual sobre el uso de aviones no tripulados me parece aterradora; porque me cuesta distinguir entre lo que fue la Operación Cóndor, con menos tecnología, y lo que es el uso de aviones no tripulados, que básicamente lo que hacen es entrar en otro país, incluso con el permiso de ese país —así era en general también en la Operación Cóndor— perseguir a la gente, y matarla. Ahora bien, la justificación es: “Pero eran criminales. Estaban en combate”. Eso puede o no ser cierto, pero al final quien lo determina es la misma persona que aprieta el gatillo.

Creo que es importante poner esto en discusión. Y tal vez en un juicio como éste, que se remonta a los años 70, la gente dice: “Bueno, así fueron las dictaduras en la década de 1970”. Pero la tendencia del Estado a creer que es válido actuar contra sus enemigos de la manera más eficaz posible se mantiene vigente, y claramente no se limita a las dictaduras.

AMY GOODMAN: Queremos darte las gracias, John Dinges, por haber estado con nosotros. John Dinges es autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur.” Antes de eso, trabajó en la National Public Radio, NPR, y como periodista independiente en América Latina. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Traducido por Javier Pérez. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.


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La violencia política sexual práctica regular de tortura contra las mujeres. Sitio de Memoria a la Venda Sexy.

Declaración PúblicaEl día ayer, en los salones de la Biblioteca Nacional se declaró a la Venda Sexy, la casa de tortura, en donde los agentes de la DINA realizaron, en el período 1974 1975, las más inhumanas prácticas de tortura y sevicias sexuales en contra de las prisioneras políticas que allí fueron recluidas. La violencia política sexual se transformó en práctica regular de tortura contra las mujeres, y dio a la Venda Sexy un lugar particular en el articulación del aparato represivo de la dictadura cívico-militar.Hoy, 41 años más tarde y luego de una larga y ardua lucha, fundamentalmente de las mujeres que allí fueron torturadas, después de años de movilización por visualizar esta particular y recurrente forma de represión, como fue la violencia política sexual, el estado de Chile reconoce como La memoria y el reconociemiento de los/as sobrevivientes hacen parte intergrante del proceso de reparación para quienes sufrieron las violación de sus derechos fundamentalres durante la dictadura cívico-militar. La movilización de las mujeres ha significado que en la declaración realizada el miércoles 11 de Mayo, se haya hecho especial mención a que en este sitio de memoria se pondrá especial interés a los temas de género.Guardar para las generaciones actuales y futuras los lugares en donde el escarnio, la tortura y las violaciones sexuales de hombres y mujeres, la desaparición y las ejecusiones pasaron a ser un trato sistemático de los aparatos represivos y de los agentes del estado, permiten dar una señal clara y definitiva para que el Nunca más, el fin a la Impunidad y el castigo a los culpables de los delitos de lésa humanidad, sean armas fundamental en la reconstrucción de una cierta convivencia nacional de respeto a los derechos humanos.¡¡¡ JUICIO Y CASTIGO A LOS CULPABLES AHORA !!!¡¡¡HONOR Y GLORIA ETERNA A NUESTRAS COMPAÑERAS DETENIDAS DESAPARECIDAS, EJECUTADAS Y EXPLOSIONADAS!!!¡¡¡ QUE VIVAN LAS MUJERES QUE LUCHAN !!!¡¡¡ POR LA VERDAD, CON LA VERDAD, HASTA VENCER !!!ASOCIACIÓN MUTUAL DE EX PRESOS Y PRESAS POLITICAS DEL MIR Y DE LA RESISTENCIA POPULARSantiago 12 de Mayo de 1016

Origen: (78) Beatriz Bataszew

 

Mutual Mujeres MIR

Testimonios acusan a Cheyre.

Testimonios acusan a Cheyre.

Informe delata participación de Cheyre en “La Caravana de La Serena”

Diario Uchile | Jueves 24 de septiembre 2015 

http://radio.uchile.cl/2015/09/24/informe-delata-participación-de-cheyre-en-la-caravana-de-la-serena

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Claves: ,

En mayo de 2015, un informe de Policía de Investigaciones recogió siete testimonios que daban cuenta de la relación de Juan Emilio Cheyre con torturas cometidas en el caso conocido como “La Caravana de la Serena”. La investigación derivada de la Caravana de la Muerte ya tuvo su primer enfrentamiento en tribunales, cuando en octubre de 2013, la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones rechazó procesar al ex comandante en jefe del Ejército.

Sin embargo, y pese a que en el argumento de Cheyre se insiste en citar la resolución de la Corte de Apelaciones cuando se le consulta por su responsabilidad en los hechos,The Clinic reveló que nuevos testigos habrían interpuesto querellas, la primera en mayo de 2014 por los familiares de Carlos Enrique Alcayaga Varela. A esta, se suman al proceso testimonios de víctimas de torturas cometidas en el Regimiento Arica (Hoy Infantería n° 21 de Coquimbo), quienes buscan poder reabrir el proceso en contra de Cheyre, Ariosto Lapostol y al médico Guido Díaz Paci “así como de todos los que resulten responsables, en su calidad de autor, cómplice o encubridor, de los delitos de secuestro calificado seguido de homicidio calificado” de los 15 prisioneros políticos que fueron acribillados en ese recinto militar.

El abogado querellante Cristián Cruz explica que existen antecedentes para solicitar el procesamiento del general en retiro. “Cheyre siempre descolló por el trato a los presos, era quien manejaba el destino de los detenidos, y quien se paseaba constantemente por la fiscalía militar en tiempos de guerra, por eso es visto por una multiplicidad de personas en un período extenso de tiempo”.

Según los relatos contenidos en las declaraciones de las víctimas, Cheyre es recordado como un hombre “severo” y temido por todos. Entre los episodios narrados recuerdan torturas ordenadas por el ex comandante en jefe del Ejército. Algunas de ellas, la utilización de corriente en los genitales, golpes y amedrentamientos de todo tipo.

“En el lugar me ordenan sacarme la camisa y corbata, y comenzaron los golpes de pies puños y en reiteradas ocasiones me golpeaban con un objeto contundente tipo martillo pequeño en los codos; asimismo recuerdo que me cortaron el pecho con una cuchilla (tipo Gillette) obligándome a persignarme; me quemaron el pecho con cigarrillo y fósforos, todo esto mofándose de mi religión: me tiraron a un pozo con fecas, con la finalidad de ahogarme; simulaciones de fusilamientos, esta situación duró toda la tarde, fue lo más duro que he vivido, me golpearon brutalmente”, se recoge en uno de los relatos, cuya orden habría dado el propio Cheyre.

En la conclusión del documento, se explica que los testimonios tendrían veracidad, sobre todo porque en ellos la figura de Juan Emilio Cheyre es transversal. “Dejando establecido que el oficial tenía injerencia y mando sobre los detenidos, lo cual se sustenta en que varios testigos lo conocían con anterioridad al día 11 de septiembre del año 1973, producto de las diferentes reuniones de trabajo gubernamentales que se sostenían en conjunto con el comandante Ariosto Lapostol Orrego, quien siempre era acompañado por el teniente Juan Emilio Cheyre Espinoza”.

En su declaración, el hoy miembro del directorio del Servel insistió en que el tema había quedado zanjado en 2013: “He recibido sus preguntas, las que de acuerdo a su requerimiento original aludirían al caso que lleva la ministra Patricia González. Al respecto, puedo señalar que no tengo responsabilidad alguna en los hechos en que se me intenta involucrar, que los tribunales nunca me han imputado participación directa o indirecta en este caso, y que ello fue ratificado de manera unánime por la Quinta Sala de la Corte de Apelaciones de Santiago en octubre de 2013”, dijo por correo electrónico a The Clinic.

Al, finalizar el correo, Cheyre dijo que agradecía el interés y la oportunidad de expresar “a través de su medio mi firme compromiso con la justicia y la verdad”.

SOY OFELIA MORENO VIUDA DE GALLARDO. Justicia y Verdad 27 años después.

SOY OFELIA MORENO VIUDA DE GALLARDO.   Justicia y Verdad 27 años después.

 Los crímenes de la dictadura siguen saliendo al aire. Las ánimas siguen penando y reclamando verdad y justicia.

LaTercera

Exigen celeridad a la justicia y disculpas de TVN/Canal 13

Por Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

Disculpas de los grandes medios como Canal 13 y Televisión Nacional (TVN) por sus noticias falsas sobre el inexistente enfrentamiento de la Rinconada de Maipú, que en 1975 encubrió seis asesinatos, y mayor celeridad de la justicia en los procesos de crímenes de lesa humanidad, exigieron familiares y cercanos de las víctimas.

Veintisiete años tardó el procedimiento de la justicia chilena para dictar sentencia de primera instancia en este caso, después de 39 años y 8 meses del asesinato de los hijos, hijas y amigos del entorno del tornero Alberto Recaredo Gallardo Pacheco y de su esposa Ofelia Moreno, cuya familia fue diezmada durante la noche del 18 al 19 de noviembre de 1975 por un equipo de exterminio de la dictadura cívico militar.

Familia Gallardo Moreno

El jefe de hogar, Alberto Recaredo, entonces de 63 años, pereció en la madrugada del 19 de noviembre pero aún hoy lo sobrevive su esposa Ofelia, de 90.

La sentencia podría marcar un comienzo de justicia y reparación al sufrimiento de los sobrevivientes de esta familia, cuyos miembros valoran el fallo del juez especial Leopoldo Llanos Sagristá “como fruto del arduo trabajo de diversos jueces, abogados y testigos”, y “por sobre todo … el empuje y valentía de nuestra amada madre y abuela Ofelia, hoy de 90 años, quien hace 24 días se debate entre la vida y la muerte internada en el hospital”.

http://http://www.24horas.cl/nacional/la-ultima-condena-de-manuel-contreras-rinconada-de-maipu-1742218

Victimarios mueren de viejos
Sin embargo, la justicia parece estar llegando con notorio atraso. Muchos creen que la justicia demora deliberadamente, esperando que mueran los victimarios y las víctimas de delitos de lesa humanidad cometidos hace más de 40 años. “Para que la Justicia sea plena debe ser oportuna y proporcional al daño causado”, dijo Alberto Rodríguez Gallardo, portavoz del grupo, también detenido en 1975 junto a su madre Catalina Ester Gallardo Moreno, aunque sólo tenía seis meses. Las familias y amigos de las víctimas hicieron una demostración el viernes en la sede del Poder Judicial, Palacio de Justicia, para llamar la atención ante la escasa cobertura de prensa que ha tenido la sentencia de 95 páginas emitida el 27 de julio.

“Esta tardanza de los tribunales nos parece inaceptable, ya que vemos como nuestros familiares y los propios asesinos se mueren en medio de tanta demora. No estamos culpando a los jueces que han llevado el caso, sino el andamiaje institucional heredado de la dictadura cívico militar y los intereses mezquinos y fácticos que éste contiene”, añadió.

El “andamiaje institucional” incluye también a los grandes medios de información, en particular a la televisión del Estado (TVN) y Canal 13 de la Universidad Católica, propagandistas activos de la puesta en escena del falso enfrentamiento en terrenos agrícolas de la periferia oeste de la ciudad, el predio Rinconada de Maipú, inventado para encubrir el asesinato múltiple perpetrado en el extremo opuesto de la urbe, al este y al pie de la Cordillera, en el campo de torturas y exterminio conocido como Villa Grimaldi.

En 1975, periodistas de todos los medios hicieron vagos “reportajes” a la maleza y los arbustos rurales e incluso pergeñaron supuestas entrevistas a “testigos”, principalmente menores, para ilustrar el pretendido escenario del “enfrentamiento” y adornar el texto oficial que la dictadura ordenó redactar a los periodistas de la Dirección Nacional de Comunicación Social (Dinacos). La utilería y el guión para la tele lo aportó la Dirección Nacional de Inteligencia (Dina), dirigida por Manuel Contreras.

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http://https://video-mia1-1.xx.fbcdn.net/hvideo-xpa1/v/t42.1790-2/758560_10201908250247256_746169250_n.mp4?efg=eyJybHIiOjU5NSwicmxhIjoxMDgzfQ%3D%3D&oh=95b8d3da16953d85629686159c951969&oe=55C2E44F

El periodista conductor de noticias de TVN Julio López Blanco, con un impecable traje de calle, mostró en cuclillas sobre el pasto de La Rinconada un puñado de cápsulas vacías de proyectiles percutados (”vainillas”, en el lenguaje chileno) como prueba suficiente de que allí hubo un reciente enfrentamiento de la Dina con “terroristas”, mientras su jefe Roberto Araya describía cómo ocurrieron las supuestas acciones y daba a conocer la lista de “extremistas muertos” en el “enfrentamiento”, que eran precisamente las víctimas asesinadas esa misma madrugada en Villa Grimaldi.

La tríada Dinacos, Dina y periodistas de la dictadura incluso reportó un “herido” entre sus filas, con nombre y apellido, pero que nunca fue mostrado. Mirando las noticias de televisión, los familiares se enteraron que sus hijas, hijos, hermanos y hermanas no sólo estaban muertos, sino que además todos eran “delincuentes, extremistas, terroristas…”, en vez de profesoras, vendedores, torneros, gente de trabajo… Todavía hoy sienten que la familia fue escarnecida por los medios que alteraron la verdad y, de paso, difamaron e hicieron víctima de calumnia e infamia a todos sus miembros.

El burdo recurso del falso “enfrentamiento” fue tan recurrente como “el intento de fuga” en el encubrimiento de cientos de asesinatos a lo largo de los 17 años de la dictadura militar-civil implantada por la clase propietaria de Chile que utilizó a los militares para derribar a Salvador Allende en 1973.

Los mismos de siempre
El fallo condenó a 20 años de prisión a cinco militares que ya se encuentran presos desde hace varios años por su participación en numerosas otros atentados contra los derechos humanos. Por ejemplo, el general Juan Manuel Guillermo Contreras Sepúlveda, fundador de la Dina y principal promotor de los delitos de lesa humanidad perpetrados en Chile por la dictadura de militares formados por EEUU en la Escuela de las Américas y civiles de extrema derecha, acumula más de 500 años de prisión, mientras moribundo recibe gratis en el Hospital Militar la atención médica financiada con fondos públicos que el Estado le negó a sus víctimas.

Los demás sicarios de este caso también están presos en la misma cárcel especial de Punta Peuco, donde se alojaba Contreras antes de ser trasladado al hospital: Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo, Miguel Krassnoff Martchenko y Basclay Zapata Reyes, todos “autores de los delitos de homicidio calificado de Alberto Recaredo Gallardo Pacheco, Catalina Ester Gallardo Moreno, Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, Luis Andrés Gangas Torres, Manuel Lautaro Reyes Garrido y Pedro Blas Cortes Jelvez”.

Los hechos de 1975
“Nuestra detención y la de nuestros familiares asesinados cambió para siempre el curso de nuestras vidas”, relató Alberto Rodríguez Gallardo. “Fuimos detenidos por agentes de la Dina que irrumpieron violentamente en nuestros hogares entre las 10 y las 11 de la noche del 18 de noviembre de 1975, sin ninguna consideración con las mujeres embarazadas ni con los niños”, añadió Alberto, detenido también esa terrible noche siendo un lactante de 6 meses.

Según su relato, Catalina, Mónica y Alberto Recaredo (el abuelo) fueron entregados a la DINA por la Policía de Investigaciones (PDI) y llevados al centro clandestino de exterminio Villa Grimaldi. Los testigos y sobrevivientes que estaban detenidos ese día recuerdan la noche del 18 de noviembre de 1975 como “la más horrible de que se tenga memoria en ese lugar”. Escucharon golpes de apertura y cierre del portón, voces destempladas pidiendo agua y aceite hirviendo y los gritos desgarradores de Catalina, Mónica y Alberto Recaredo. “Era el horror y la bestialidad desatada de unos seres humanos en contra de otros seres humanos indefensos”, dijo Alberto.

Esa noche los esbirros derrocharon la sevicia que fortalecieron en la Escuela de las Américas. “El reconocimiento posterior de los cuerpos dejó en evidencia la brutalidad del crimen”, explicó. Mónica fue reconocida en el Instituto Médico Legal junto al feto de su bebé salido de su vientre; Catalina se encontraba con las cuencas de sus ojos vacías, se los habían arrancado; y nuestro padre y abuelo Alberto Recaredo prácticamente despedazado”.

Junto a los tres miembros de la familia Gallardo en el falso “enfrentamiento” participaron otros tres detenidos, Manuel Reyes Garrido, Pedro Cortés Jelvez y Luis Gangas. También padecieron la barbarie, fueron colgados, quemados con agua y aceite hirviendo y rematados a golpes de pies y puños. “Los cuerpos de todos ellos fueron llevados a los cerros de la Rinconada de Maipú, donde se ejecuta la segunda parte de este monstruoso crimen, es decir, el montaje comunicacional elaborado por Dinacos en complicidad con TVN y Canal 13, que con sus cámaras mostraron a Chile y al mundo un “violento enfrentamiento entre elementos subversivos y agentes de seguridad” que supuestamente habría tenido lugar allí minutos antes”, relató Alberto.

Montaje comunicacional
En este proceso, por primera vez la justicia chilena se interesó de manera seria en el rol de los medios de información en operaciones de encubrimiento de asesinatos fabricando noticias falsas para intentar cambiar la narrativa de los hechos con la invención de falsos enfrentamientos, como el de Rinconada de Maipú. La versión del “enfrentamiento” apareció en papel como un comunicado de Dinacos. Fue reproducido tal cual por El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa y los demás medios impresos de la época, controlados todos por la dictadura cívico militar. La puesta en escena “in situ” para la tele corrió por cuenta de los canales 13 UC y TVN.

Alejandro Solís, otro de los jueces que intervino en la causa, solicitó al Colegio de Periodistas el expediente del Tribunal de Ética que expulsó de la orden profesional a Carlos Roberto Araya Silva. Su sucesor, Leopoldo Llanos, también citó a declarar a numerosos periodistas y camarógrafos, entre otros en la sentencia aparecen citados Manfredo Mayol, Vicente Pérez Zurita, Claudio Sánchez y Julio López Blanco, también sancionados por el Colegio por su participación en el montaje. En 2012, Solís decidió procesar a Araya como encubridor.

“Sabemos que al menos Roberto Araya era agente Dina y eso está acreditado en el fallo”, explicó Alberto Gallardo. Araya Silva era un locutor de San Antonio, amigo y compadre de Manuel Contreras, quien era jefe del regimiento Tejas Verdes. La Dina infiltró a Araya como “periodista” en un cargo de jefatura en Prensa de TVN y, a la vez, se hizo miembro del Colegio de Periodistas, pero en 2006 fue expulsado de por vida por el Tribunal de Ética de la orden. Falleció en 2012.

Contreras muere
Desde que se sabe que es inminente la muerte de Contreras en el hospital de los militares –que se financia con fondos públicos–, en el país donde la justicia actúa “en la medida de lo posible” mucho se discute si el archi-criminal recibirá o no los honores castrenses reservados a los generales, o si asistirán o no a su entierro altos oficiales del ejército y autoridades del gobierno, como ocurrió en el entierro de su jefe Pinochet.

La familia Gallardo se sumó a las voces que vienen exigiendo romper los pactos de silencio que guardan secretos, como el destino de los desaparecidos, al interior de las fuerzas armadas, y de los civiles cómplices y encubridores de crímenes de lesa humanidad. “Ya no es creíble que sólo un puñado de militares fueran capaces de sostener una dictadura por 17 años”, dijo Alberto Rodríguez. También exigen que sean degradados los oficiales que, como Contreras, cumplen prisión por asesinato.

SOY OFELIA MORENO VIUDA DE GALLARDO

Me llamo Ofelia Moreno, tengo 82 años.

Desde el año 1980 llegué a vivir a un lugar rural de Renca -hoy ya casi no queda nada de rural; este fue un cambio muy fuerte en mi vida, por las condiciones económicas y emocionales que tuve que enfrentar.

Me crié en el barrio del sector Brasil; me casé muy joven con Alberto Gallardo; de ésta unión nacieron cuatro hijos. En el mes de Noviembre de 1975 cambió mi vida radicalmente, como a continuación les paso a narrar.

El 18 de noviembre de 1975, encontrándome en reunión del colegio como apoderado de mi nieta Viviana, llegó mi marido para avisarme que debía retirarme porque en casa había problemas; cuando salí del establecimiento me doy cuenta que iban dos personas siguiéndonos quienes nos hicieron subir a un auto -cosa que me sorprendió mucho porque el colegio quedaba a cuadra y media de mi domicilio; cuando iba a entrar a mi hogar me detienen otros hombres, que me mostraban unas fotos familiares que yo tenía guardadas y me di cuenta que habían hurgado entre mis cosas más personales de donde escogieron las fotos. A la vez preguntaban cuál de ellos era mi hijo Roberto; la misma pregunta le hicieron a mi esposo y a mi otro hijo: Guillermo y su niñita (Viviana); como Roberto no aparecía en ninguna de esas fotos, se molestaron y comentaban en voz alta “allá van a hablar”. Enseguida nos hicieron subir al vehículo que usaban, llevándonos al Cuartel Central de Investigaciones; allí fuimos separados en el pasillo; interrogados por separado; a mí me interrogó un funcionario que llevaba una ametralladora en la mano -según decía, estaba dispuesto a todo y por lo tanto –me conminaba- debía contestarle con la verdad a sus preguntas; entre otras preguntas que me hizo, recuerdo, que preguntó por el color político que tenían. Yo le pregunté ¿qué hizo Roberto; porqué lo buscan…? El funcionario se negó a contestarme, diciéndome: “Yo, hago las preguntas”.

Para aclarar un poco más debo decir que Roberto, para el año ‘73, necesitando para un trabajo, su licencia del servicio militar cumplido, se presentó a solicitarla y fue obligado a integrarse a hacerlo, porque no se le reconocieron los trámites que había hecho en su momento; ya que, para entonces, radicábamos en el extranjero. Todos creímos, que esta situación estaba solucionada, desde Argentina –lugar donde vivimos por 14 años, donde realizó trámites, por 3 años, ante las autoridades pertinentes.

Mi familia en el momento de éstos desagradables hechos estaba compuesta por:
Alberto Gallardo, mi esposo, 63 años; profesión Tornero Mecánico.
Guillermo Gallardo, mi hijo mayor, 32 años. Limitado por enfermedad, y su hija, Viviana, 9 años de edad.
Catalina Gallardo, hija. 29 años. Profesión: Secretaria Ejecutiva de Manpower. Casada con Rolando Rodríguez Cordero. 29 años. Empleado de Correos y Telégrafos. Juntos tuvieron un hijo: Alberto, 6 meses de edad.
Roberto Gallardo, hijo. 26 años. Empleado Particular. Casado con Mónica Pacheco Sánchez –embarazada de 3 meses. 26 años. Profesora básica de Idioma en una escuela de Quilicura.
Isabel Gallardo, hija menor. 18 años. Estudiante nocturna, 1 hijo.

Las dos parejas participaban en la Juventud Obrera Católica donde se conocieron y se casaron poco después, casi en la misma fecha, ambas parejas.
Mónica perdió a su primer hijo, estando con 8 meses de embarazo, producto de la inseguridad que se vivía, en esos meses posteriores al golpe de estado, ya que Roberto estaba haciendo el Servicio Militar Obligatorio.
Todos estábamos muy preocupados con el momento político que se estaba viviendo, me refiero al año 1973.

En Investigaciones…

Vi llegar a Investigaciones a casi toda mi familia, menos a Roberto. En ese lugar Catalina me pasó su guagüita a la que estaba amamantando; en un momento nos juntaron en una dependencia a mi hija Isabel, a Guillermo y su hijita y a mi nieto de 6 meses. Nos llevaron allí los funcionarios que estaban de turno. Como no veía a mi marido pregunté dónde estaba; uno de los guardias mentirosamente me contestó que “lo habían dejado irse a su domicilio”. Esto me tranquilizó porque él no estaba bien de salud.

Por segunda vez nos trasladaron de lugar –a los mismos que nombre antes- nos llevaban a donde tenían a la gente detenida en horas de toque de queda. En esos momentos, por el pasillo ví a mi nuera Mónica vuelta para la pared; llorando, también vi el abrigo verde –que yo misma arreglé- de mi hija Caty, en el suelo, cerca de ella.
No quiero recordar esa noche tan negra y angustiosa.

En la madrugada sentimos llamar a mi esposo; había estado en un calabozo, todo el tiempo; nosotros y él nos sorprendimos mucho, recuerdo que dijo “¿Cómo, todavía están aquí?. Esa fue la última vez que lo vimos con vida. En el lugar donde nos tenían se sentía el llanto de mi hija y de Mónica; a mi nieto lo tuvimos toda la noche sin alimento ni pañales para cambiarle; no se nos permitió –a pesar que yo pedí- que me nos dieran la atención que necesitaba la guagüa. Llegó la mañana; como a las nueve nos trasladaron al lugar por donde habíamos llegamos; allí nos esperaba el que me interrogó -después me enteré que se llama Ernesto Baeza Michelsen, en ese tiempo director de investigaciones y muy ligado a Villa Grimaldi. Recuerdo que dijo: “Quedan uds. en libertad –señalando con el dedo-. Sepa Ud. sra. que su hijo (Roberto) hace dos días que está muerto, y al resto de su familia vaya a reclamarla a la DINA”. Nos quedamos espantados con esta noticia. Atinamos sólo a salir llorando, afirmándonos unos a otros. Tomamos un taxi; fuimos a casa de mi hija Isabel -que vivía en Almirante Barroso, para retirar el bolso del niño de Caty y luego nos fuimos a mi hogar con la ilusión de encontrar allá a los que faltaban; no había nadie, nos preparamos una leche de desayuno; luego yo me quedé con los dos niños. Isabel y Guillermo salieron a buscar información de qué se podía hacer por ellos; les aconsejaron que informaran lo ocurrido en el Comité Por la Paz. Así lo hicieron; Allí se les indicó que fueran a la morgue para confirmar la muerte de Roberto; también se les indicó que era necesario hacer un recurso de amparo por los demás integrantes de la familia para confirmar los arrestos.

No se pudo confirmar nada y los recursos no sirvieron tampoco. Esa tarde como a las seis, dieron un avance noticioso; allí se informaba de un enfrentamiento en Rinconada de Maipú, donde unos extremistas fueron abatidos y nombraban al resto de mi familia que faltaba; diciendo que se enfrentaron con organismos de seguridad; mostrando un lugar por la TV que ya era conocido porque había sido mostrado en otras ocasiones. Yo no creí tal noticia porque lo vivido desde la tarde anterior fue muy distinto; pensé que era una falsedad, para que Roberto apareciera; quedando con la preocupación de saber cual sería su falta. Transcurridos los días sin saber de ellos; los buscamos; fuimos a tribunales de justicia donde en lugar de explicación nos corrían con amenazas. Gracias a las gestiones hechas por la Sra. abogada Fabiola Letelier, quien andaba en busca de detenidos desaparecidos en la morgue, por casualidad, los encontró a ellos y exigió la entrega de sus cuerpos. El 11 de Diciembre llegaron a mi domicilio para avisarme que los
entregaban, para sepultarlos de inmediato en el Cementerio General; en urnas selladas; solamente se podían reconocer sus rostros; tarea difícil por lo desfigurados que quedaron. Eran los cuerpos de mi hijo Roberto, su esposa Mónica con un embarazo de 3 meses; mi hija Catalina y su papá Alberto Gallardo.

No sé cuanto tiempo pasó, llegaron otra vez a mi hogar cuatro jóvenes de civil armados. En esa ocasión revisaron nuevamente mi hogar y me llevaron sin rumbo; pero los hombres en el trayecto me hicieron acompañarlos primero a la casa de mi hija Isabel; ella no estaba; le revisaron todo; se llevaron varios libros; según ellos estaba prohibido tenerlos; me subieron a una camioneta y me cubrieron la vista. No sé el tiempo, cuando llegamos a un lugar, me ayudaron a bajar, me llevaron a una pieza; un hombre me interrogó; yo relaté lo que viví con mi familia; la distorsión de los medios de comunicación; preguntó por mi yerno Rolando y por otra persona; en esa ocasión me hicieron escuchar la voz de Roberto –grabada en casset- desafiándolos; pedía que lo mataran; que no lo siguieran maltratando.
Después de no sé cuánto tiempo que estuve con ese hombre, me dijo: “Sra., a su casa llegaron unos patos malos que embarraron a su familia”. Me preguntó por una persona. No lo conozco, le dije. Y me dijo que si lo veía que lo hiciera saber. Yo pregunté a donde, y me dijo a cualquier comisaría. -Lejos estaba yo de delatar a nadie; pero quise saber en qué lugar estaba. También les dijo a los agentes que estaban presentes que me devolvieran, dejándome por el camino… estos se hicieron los buenitos y me llevaron hasta mi domicilio, donde me destaparon la vista.
Pasado algún tiempo, me enteré por testigos que a mi familia los tuvieron detenidos en Villa Grimaldi; fueron vistos por otros detenidos tanto estando con vida y como también muertos; después de torturados, tirados en un patio.

Once meses después de estos hechos, fue baleado, a las 8 de la noche, mi yerno Rolando y un joven llamado Mauricio. Esto ocurrió en Macul con Los Plátanos, según las noticias por negarse a mostrar su identificación; de esto me caben serias dudas por las mentirosas versiones que publicaron los medios en la ocasión anterior.

En el año 1978, se formó la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, de la que formé parte. Eramos un montón de mujeres sufriendo y buscando nuevas alternativas; para continuar nuestra búsqueda de justicia; de los medios
de sobrevivencia; el apoyo y el poder compartir solidariamente. Todos éramos víctimas del abuso de poder de la dictadura de Pinochet.
Los casos nuevos de abusos y crímenes se sucedían a diario. Nuestro quehacer fue muy duro; acompañando, denunciando situaciones dolorosas, haciendo recordatorios de las víctimas, ayunos, testimonios. De esa manera mi caso ha sido conocido en varias partes del mundo.

En el caso de mi familia, aquí en Santiago se ha presentado una querella criminal pero no hay justicia; siguen mintiendo; en un careo que me hicieron tener con Baeza Michelsen, él negó en mi cara lo que había sucedido. Dijo no conocer mi caso, y que si yo lo hubiera buscado él me habría apoyado, siendo que él fue el causante de mi tragedia.

En el Informe Rettig están reconocidos los casos como abusos de poder ejercidos por organismos represivos del estado.

Por los míos y por todas las víctimas, tanto huérfanos, viudas, madres, hermanos; seres mutilados; etc. por todos ellos: EXIJO JUSTICIA.

Retomando mi historia en la llegada a Renca y motivada por lo que aquí relato, me integré de inmediato a la iglesia; recuerdo que, me tocó conocer otra realidad diferente, personas muy humildes; sufridas; llenas de necesidades; no menos tristes que nosotros; mucha pobreza; humillación; como creyente que soy, y motivada en el compromiso que mis hijos tuvieron, comencé a trabajar en la iglesia del sector, integrándome a unos talleres de formación que se daban -tanto de tipo eclesial como social, para capacitarme y solidarizar con otros. En esto me fui comprometiendo más y más hasta que pude entregar catequesis familiar y atención a enfermos; siendo un tiempo también encargada de cobrar el 1% para la Iglesia –conocido como “el cobro del Calis”.
Aprendíamos harto en los talleres. En lo social, asistí a los talleres para dirigentes poblacionales y recibí capacitación en DD.HH. También nos especializamos en artesanía; tejidos; se formaron cooperativas “Comprando Juntos”; ollas comunes; apoyamos colonias urbanas para niños, etc. En nuestros encuentros se compartían las necesidades y problemas y se combatían con dinámicas grupales; dramatización teatral; analizábamos como actuar en los casos de persecución de la que éramos objeto y que era ejercida con mucha violencia, por la dictadura militar contra nuestro pueblo. Y analizábamos porqué sucedía todo esto.

Con nuestro propio esfuerzo y apoyadas por la Vicaría Norte y por una organización llamada Missio nos ayudábamos con la mercadería y con ropa y hacíamos beneficios para juntar dinero para comprar materiales para los talleres. Con lo poquito que nos quedaba de excedente compartíamos canastas familiares entre los integrantes del taller o se usaba el dinero para sacar de apuro en casos apremiantes. Para mí fue muy saludable, todo esto, porque me sentía útil; acogiendo todas las ideas de las integrantes, le salíamos al paso a las necesidades más apremiantes.
Así como creyente participé en talleres como “Profundizando en la Fe”, ampliados, jornadas, “Servicio al hermano”, misiones, etc.; diversos servicios de la Iglesia. En el año 1982 motivada por tantas situaciones de necesidad y violencia que veíamos, formamos un grupo de personas: El Comité de Defensa por La Vida. Este comité nació entre el quehacer de los talleres, la actividad de la iglesia, y la defensa ante los atropellos por las violaciones a los DD.HH, sobre todo por la violencia y las muertes que ocasionaban los militares contra los pobladores durante las jornadas de protesta nacional; solidarizábamos con personas perseguidas; ampliando así nuestra mirada; apoyábamos denuncias por violaciones a los DD.HH.; visitábamos a los presos políticos; acompañábamos funerales de personas caídos en las protestas; denunciábamos allanamientos; y nos movilizábamos. También hacíamos jornadas de información y formación en los Derechos Humanos –tan atropellados; las que fueron muy importantes para aprender a defender nuestros derechos y conocer lo que es la participación activa en la solución de los problemas; en la reflexión de vida y en el cuestionamiento diario de los abusos de los que éramos objetos; aprendimos a ser creativos y a hacer conciencia, por ejemplo, de la situación de la mujer -anulada por los maltratos recibidos, sometida, en lo personal; a veces sin trabajo. También sacábamos un boletín quincenal que se distribuía en el colegio de El Perejil -donde estudiaba mi nieto y donde me desempeñé en la directiva del curso y en el centro de apoderados; trabajé en el apoyo a niños en extrema pobreza y en peligro de caer en las drogas; apoyando colonias urbanas y festejos de navidad; en ocasiones facilité mi domicilio para convivencias de fin de año, ya fuera del colegio, de familiares de ejecutados políticos o de Iglesia -particularmente el año del terremoto de 1985. Trabajé en organizar los recordatorios en memoria de mi familia asesinada, tanto como en otras actividades de DD.HH. así como movilizaciones pacíficas y marchas, por ejemplo, hacia el patio 29 del Cementerio General o en los aniversarios para el Día Internacional de La Mujer en que se recordaba especialmente a las mujeres Asesinadas; y así tantos otros actos.

También recibí extranjeros en mi casa, que nos visitaban porque les interesaba conocer nuestra realidad y las crueldades que se vivían en Chile bajo la dictadura.

Quiero aprovechar estas líneas para expresar mi gratitud a todas las personas que nos acompañaron en esos momentos de sufrimiento, por las violaciones a los Derechos Humanos y continúan aún en ese caminar.
A mí me sirvió para crecer como persona, y recuperar mi dignidad. Considero que aporté en todo lo que me fue posible, y lo hice siempre en homenaje a mi familia y a todas las valiosas vidas violadas y mutiladas, que con su esfuerzo nos dieron fuerzas y empuje para continuar.
Para ellos HONOR Y GLORIA por siempre. Ellos no morirán ¡jamás!.
Gracias.
Ofelia Moreno vda. de Gallardo.

119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

Destacado119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad

El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119” en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.

La Segunda

“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.

Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia,revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido

. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.

detención Contreras
detención Contreras

Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto.

Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)

Tipo de sentencia 29 Casos
Absueltos todos los criminales, Prescripción total 1 Jacqueline Binfa (2009)
Media prescripción =   criminales sin pena efectiva o rebaja a sólo 5 años y 1 día 10 Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C, Claudio Silva P
Sentencias de menos de 8 años y 1 día 5 S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S, Fernando Peña
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA 14 M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras, Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González, Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara, Miguel Angel Sandoval.

Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de julio de 2015

Cuadro 2: Las 90 causas restantes

Estado de la Causa y Cantidad casos Casos
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes, Eduardo Miranda, Víctor Villarroel.
30 sentencias primerainstancia Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara,   Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
15   con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la condena) Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.
25 con procesamientos (en espera de acusación) M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace poco. Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo.

Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015

La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es periodista
www.periodismosanador.blogspot.com

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