Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

Memoria EN_REDADA

Recibí en mi correo eléctrónico un mail de mi amiga Marta, con quien mantengo una amistad que ha enlazado nuestras memorias militantes y femeninas uniéndonos en una red de sororidad más allá del tiempo y el espacio.

Marta me envía una historia de otras mujeres, de mujeres militantes, y me escribe:

“Queridxs colegas, amigxs

avanzan el semestre y otras ocupacionesc  y con ello vuestra carga de trabajo, pero espero que pueden encontrar unos minutos para leelr estos conmovedores momentos de mujeres choras http://martazabaleta.blogspot.co.uk/2017/02/argentinalas-fotos-de-josefina-por.html
de Argentina.

Se puede aprender tanto de ellas.
Abrazos.

Abro el enlace que Marta,economista, académica y poeta exiliada argentina en el Reino Unido me ha compartido y me encuentro con esta imagen que abre mi memoria de mujer una vez joven y madre de una hija una vez viva…

Leo la nota en la fuente y me lanzo a buscar en la web a estas dos mujeres con la sensación de escarbar en una historia cuyas raíces se hunden en mi propia historia, en la de Marta y en la de tantas otras mujeres que militan y militaron en Latinoamérica trascendiendo su tiempo y su espacio.
y repito, como dice Marta, se puede aprender tanto de ellas.
RESISTENCIAS
Las fotos de Josefina

Voy a empezar por el final: de la mesa frente a la que estaba sentada tomó el collar de cuentas redondas, grandes, estriadas en rojo, y se lo sujetó al cuello. Después recogió las fotos que había mostrado, se paró y salió entre los aplausos de quienes la escuchamos del otro lado del vidrio. Cuando la abracé, sin saber quién contenía a quién, sentí las cuentas incrustándose en el pecho de las dos.

Ella se llama Josefina, el collar era de su mamá, lo rescató la mañana siguiente a su secuestro, cuando volvió a ese departamento con la puerta arrancada para cubrir la vergüenza de estar en bombacha con una remera roja, un jean y unas zapatillas. Tenía siete años, le faltaba un mes para cumplir los ocho, su hermano uno y medio y los dos habían dormido en la casa de una vecina a la que la patota le golpeó la puerta para dejarlos como un paquete.

“¡Qué voy a hacer con estos chicos!”, se había desesperado la mujer y ella guardó esa frase y ese tono por décadas, hasta que encontró a la vecina que ahora tiene nombre y es Susana, hasta que pudieron poner en común aquella noche larga del 6 de diciembre de 1977. “La encontré y la traje para acá”, dijo Josefina y una risa sosegada, tal vez de alivio, tal vez de complicidad, como un aflojarse del lazo que nos unía a quienes la escuchábamos, anduvo de boca en boca.

Josefina declaró el miércoles, en el juicio de lesa humanidad que tiene entre las víctimas a su madre, Vibel -Virginia- Casalaz. Josefina es una de esas amigas entre las que nos salvamos la vida, aunque el devenir de las cosas nos mantengan a distancia más tiempo del que desearíamos. A lo largo de los más de 20 años que llevamos de amistad, junto con Raquel y con Alba, ese núcleo duro de complicidad femenina, nos sacamos muchas fotos juntas, antes de que se llamaran “selfies”, las cuatro con las sonrisas incandescentes. Esta vez también hubo foto, en el subsuelo de los tribunales federales, en ese sitio sin ningún ángel en la calle Comodoro Py; habíamos llorado todas, Jose en el lugar de los testigos, el resto sosteniendo a la distancia esa entereza, todas esas palabras que supo enhebrar, buscadas y encontradas en noches de insomnio, en los días de la militancia en H.I.J.O.S., extraídas de diálogos con sobrevivientes, con sus amores; escritas también, ella que sabe hacerlo como pocas. Las sonrisas, a pesar del llanto, volvieron a capturar la luz en la imagen.

El collar que tanto le gustaba a su madre no fue lo único que rescató Josefina del departamento violentado. También se llevó una bolsita con fotos que les sirvió a los policías que la fueron a buscar al día siguiente para preguntarle por todas y cada una de las personas amadas que ahí aparecían. Ella estaba prevenida, iba a segundo grado en la misma escuela a pesar de los cambios de casa a que obligaba la persecución con un nombre falso, María José Roldán. No identificó a nadie. Las fotos siguieron su camino con ella, el primer viaje lo hicieron en la valijita con la que iba al colegio y que la acompañó en los dos días que pasó en la casa de una mujer policía, separada de su hermano al que se llevó un hombre de la misma fuerza. ¿A qué se debió esa separación por género? ¿Por qué no los dejaron juntos? Josefina no se acuerda casi nada de esos dos días, estaba enferma de hepatitis y sin duda la memoria da respiro, espacios de olvido necesarios para seguir adelante con la sucesión de los días. La noche del secuestro, por ejemplo, termina para ella con la imagen de su madre yéndose en el ascensor con esos tipos jóvenes y con armas largas que recuerda. “Mi mamá me tendría que haber dicho algo en ese momento, eso es lo que yo sentía, me tendría que haber dado una última instrucción”, dijo frente al tribunal y cerró: “Pero según me contó la vecina, cuando yo salí de ahí estaba en el piso, boca abajo, encañonada”.

No tenía instrucciones pero rescató los bienes preciados de su madre, el collar, las fotos que eran un resguardo de la vida cotidiana: playas, sonrisas, besos que no podían perderse en la huida aun a riesgo de convertirse en delación involuntaria. ¿Cuánto sabía la niña de todo lo que iba a perder como para que antes que sus juguetes guardara la bolsita de las fotos?

–Polo no es un nombre -le dijo el comisario de la 35 a la niña de 7 que había dado apodo, apellido y ocupación de su abuelo, “un fabricante de soda de Tres Arroyos”.

–Usted búsquelo que lo va a encontrar -contestó ella y así fue, constatando una vez más la enorme maquinaria del plan sistemático para la desaparición de personas no sólo represiva, también burocrática. Una burocracia dócil que ahora pretende aplicarse al conteo de los cuerpos que nos faltan. Nombrar es una cuestión de poder, decir 30 mil  y que haya acuerdo es el poder que hemos ido acumulando a lo largo de cuatro décadas y es lo que está en disputa.

Mientras escucho a mi amiga, pegada al vidrio que nos separa con la ilusión de encontrar sus ojos como si hiciera falta para sostenerla cada vez que amenaza con quebrarse, pienso con deseo en el lugar que ocupa. Yo también quiero acusar, quiero que llegue la hora del juicio por lo que le hicieron a mi madre y a sus compañeros y compañeras de cautiverio. Cuando promediaba el año pasado y se supo que no sucedería en octubre como habían prometido, y después, cuando tampoco habría fecha designada para marzo, empezó a circular entre los querellantes la lista de testigos que tendrían que adelantarse en testimoniar porque la dentellada de la muerte ya les está mordiendo los talones. 85, 87, 90, 95 años se leía junto a algunos nombres. Alguien anotó en ese intercambio de correos que su madre ya no podría declarar porque el ejercicio de memoria había destrozado sus neuronas. Hace 13 años que presentamos la querella. En ese tiempo todos y todas nos convertimos en otros, en otras, guardando a la vez quienes fuimos para no perder detalle cuando nos den la palabra. La impotencia se come el fin de la impunidad que ya no podemos declamar.

Antes de escuchar a Josefina, en un cuarto intermedio que tensa nuestra paciencia, Raquel me dice con ojos húmedos: “Siento que nos están tomando el pelo, ya no le encuentro sentido”. Es una descarga de derrota que no va a acatar, aunque las dos sabemos de qué habla. La Justicia, con esos pies de plomo, ya no puede llamarse así. Y sin embargo.

“¿Pudiste reconstruir…?”, es la primera parte de la pregunta que se repite para que Josefina de cuenta de lo que sabe de su madre, de su destino después del secuestro. Ella contesta una y otra vez, sobre los testimonios leídos, los diálogos ansiosos que persiguen un dato más, por nimio que fuera. Todo el trabajo lo hicimos las víctimas y quienes se comprometieron con nuestro duelo, el inmenso duelo acuoso de un país entero que todavía sigue evaluando el tamaño de las heridas que dejó el terrorismo de Estado. ¿Dónde están los papeles, los organigramas, los números de ellos, los ejecutores? ¿Dónde ocultaron los cuerpos? ¿Por qué a ellos se les permite todavía ahora ocultarse?

Hubiera querido que estén aquí los acusados, para interpelarlos. Quiero decir que yo pienso todas las noches en el cuerpo torturado y violado de mi madre. Y los represores piensan que así le hicieron bien a la patria. -dijo Josefina y tomó el collar de su madre de la mesa frente a la que estaba sentada y se lo puso, recogió sus fotos y enjugó sus lágrimas. Para que se vea y que se sepa: aun cuando le arrebataron tanto no pudieron quitarle todo.

En otro espacio virtual leo acerca de esta hija militante de la memoria:

UN COLLAR DE CERÁMICA

La estridencia de los camiones que pasan por encima apenas le permiten hablar a Josefina Giglio. Pero no grita, no lo quiere hacer en este lugar.

Josefina Giglio señala el retrato de su madre dentro de un cartel en el lugar donde estaba ubicado el centro de tortura El Atlético.

Madre de dos niños e hija de desaparecidos, intenta hallar el retrato de su madre en el afiche que está colgado sobre las ruinas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético, que está -estaba- ubicado debajo de la autopista 25 de mayo de la capital argentina.

Aquí está Coca, mirá- señala la foto de Virginia Isabel Cazalas, su madre, entre las centenares de imágenes de personas impresas sobre una sábana como recuerdo de quienes estuvieron presos aquí.

Josefina está acá porque este fue el último lugar donde, según testimonios de otros detenidos sobrevivientes, su madre fue vista por última vez.

A principios de 1978, cuando tenía 8 años, se la arrebataron de la casa en donde vivían clandestinos en Buenos Aires. Desapareció, lo mismo que había ocurrido con su padre un año antes.

Y desde entonces los anda buscando, a ella y a él, sin éxito.

Virginia Isabel Cazalas, más conocida como “Coca”, era la madre de Josefina.

Josefina es una de los muchos hijos que todavía no pudieron reunirse con los huesos.

Por eso tal vez sus peregrinaciones a las ruinas de Club Atlético, como un mecanismo para no olvidar ante la tierra abierta de las excavación arqueológica que se realiza ahora en este lugar antes utilizado para la tortura y que quedó sepultado cuando se construyó la autopista.

“En esto hay como dos partes: primero estás como esperando, como detenido en el tiempo esperando a que vuelvan, y después hay un momento en que comenzás a buscar”, dice Josefina.

“Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, Josefina Giglio, hija de desaparecidos.

“Siempre estás buscando”.

“Había una época en que había una publicidad en la tele y el actor era igual a mi papá. Igual. Y mi papá había estudiado teatro, entonces yo decía ‘por ahí le dieron un golpe en la cabeza, se olvidó quién es y es ese actor’. Escribí al canal y todo. Nunca nadie me contestó, obviamente… Después, mi búsqueda en serio comenzó cuando de grande empecé la universidad”.

Su despertar universitario fue también el inicio de una misión colectiva: la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), algo así como una versión filial de lo que hacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue fundada en 1994, cuando muchos de los hijos de los desaparecidos cumplieron la mayoría de edad.

El centro clandestino de detención Club Atlético funcionaba a pocas cuadras de la cancha del popular equipo de fútbol Boca Juniors.

Con ellos logró, dice, “democratizar el dolor”. Con ellos lloró, protestó en las calles.

Estudió a fondo la historia de sus padres para intentar encontrar pistas: las impresiones del sulfuro de plata en las fotografías, la tinta aplastada en las hojas de las cartas. Algo que le permitiera entender quiénes eran, por qué habían luchado, qué sentido había tenido su muerte casi segura.

Y ha visto, como un tren que pasa de largo en una estación, cómo a otros compañeros de militancia el EAAF les han restituido los restos de sus padres, mientras ella los sigue esperando.

“Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, cuenta y se ríe. La carcajada le suelta la mirada que aguarda tras unos anteojos gruesos de carey. La idea le enciende una chispa.

“Tendría algo así como un amuleto, un deseo de hacerme un colgante con ellos”, continúa sonriente.

“La tierra contiene como un útero los huesos que esperan”, se lee en uno de los cuadros de las oficinas del EAAF.

Josefina ya tiene un collar.

Al día siguiente del secuestro en el verano del 78, cuando le dieron permiso para entrar al departamento de donde se habían llevado a Virginia para buscar algunas cosas, la única pertenencia de su madre que se llevó fue un collar de cerámica que habían comprado juntas en la feria de Plaza Francia.

“Pensaba dárselo cuando volviera”.

Durante estos años ha elaborado mil conjeturas, pero a pesar de su empeño hay cuentas que no puede obviar: el EAAF sólo tiene restos óseos de unas 600 personas y siguen hallándose algunos centenares más, pero el número queda muy lejos de los 30.000 desaparecidos que calculan las organizaciones de derechos humanos e incluso de los 10.000 que reconocen las fuentes más conservadoras.

Y a muchos de ellos, se sabe, los tiraron al Río de la Plata y al mar desde los llamados “vuelos de la muerte”.

“Durante mucho tiempo tenía la sensación de ser hija de un agujero negro y los huesos siento que me permiten esa continuidad: yo soy esos huesos, voy a ser esos huesos. Recuperar esa continuidad que se cortó. Uno cree que una tibia y un peroné son innecesarios, hasta que te das cuenta de que son una fuente de alivio y te darían un cierre”, reclama.

Una fila india de camiones interrumpe la charla hasta el punto de suspenderla. Pero antes de irse ella mira el abismo de las excavaciones: dice que siempre busca algún objeto, alguna presilla, un pedazo de herencia que le debe el destino.

Para tenerlo mientras llegan los huesos.

Y es así que en mi transito virtual encuentro una noticia de hace cuatro días, una fotografía de dos hijos – Josefina y Francisco – hijos de Virginia y Carlos, huérfanos por el terrorismo de Estado en la Argentina que una vez nos acogio a mis hijos y a mi, donde vivimos la segunda dictadura a las que hemos sobrevivido.

Carlos y Vibel –el padre y la madre de Josefina, Coco y Coca para sus compañeros de partido- militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Carlos era arquitecto, había caído el 19 de mayo de 1976 en una reunión del partido en Combate de los Pozos y Pavón, por un vecino que lo denunció. Cuando intentaba huir por la terraza, fue herido en una pierna y cayó al pozo de luz. Nunca más se supo de él. Desde entonces, Vibel –psicoanalista- peregrinaba entre una sombra y la otra mirándose las espaldas. Los militares la alcanzaron un año y medio después, en un departamento de Belgrano R. No estaba sola: Josefina tenía 7 años, Francisco uno y medio. Estaban además otros militantes del PCML. Los militares lo llamaron Operativo Escoba.

“Entre que se llevan a mi padre, el 19 de mayo de 1976, y caemos con mi madre el 5 de diciembre de 1977, hubo un dispositivo de pinzas para buscarla. La noche del 8 de junio se llevaron en La Plata a mi abuela paterna, Tecla, a mi tío que estaba con ella, en Tres Arroyos a Polo, y en Mones Casón, cerca de Carlos Casares, a mi tío Oscar Bossier, el cuñado de mi padre”.

http://memoria.telam.com.ar/noticia/-un-brigadier-dijo-que-mama-era-la-mujer-mas-buscada-_n3809

Necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio

Josefina y Francisco Giglio declararon en el juicio por los crímenes cometidos en el llamado circuito ABO.

Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Cazalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el Banco por sobrevivientes. “Vebel”, como la llamaban en su familia. “Coca”, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del Ejército. Estaba en camisón. Josefina, de siete años, y Francisco, de año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con sus abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que había desaparecido en mayo del ‘76. Con cuarenta, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó de que los acusados no presencien el juicio. “No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado. Y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria”, remató, sobreponiéndose al llanto, que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada la aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá, y que había colocado en la mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso.

“Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo”, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de “Coca” completó la selección de fotografías entregadas al TOF que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estrado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos que su mamá siempre llevaba de casa a casa y ese collar de perlas grandotas, que “a ella le gustaba mucho” y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado.

Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freyre con dos compañeros de militancia: Mariano Montequón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. “Mi mamá estaba en camisón, y así se la llevan, y yo estaba en bombacha”, contó.

Sientieron que rompían la puerta de entrada. “Yo me escondí porque no quería que me vieran, mi mamá pidió cambiarse pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina”, siguió. Aún hoy, le extraña que ella no le haya dado “alguna instrucción” antes de que se la llevaran.

Años después se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que “tres jóvenes de civil” le pidieron que cuidara a ella y a Francisco “hasta que llegara la Policía”. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito ABO.

Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el Ejército llamó “Escoba” y que barrió con casi todos los militantes del PCML.

Al otro día, la policía los llevó a buscar ropa al departamento reventado por el Ejército. “Cuando esta mujer que dijo ser asistente social pero que no aparece en ningún registro me vio con la bolsa de fotos, me sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba ‘¿este quién es? ¿y éste quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada”.

Tenía siete años Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución, un mes antes. “Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con dos hijos y escapando”, relató Josefina.

Tres días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, los fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vibel los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar el departamento de Freyre: lo secuestraron a él –permaneció un mes en Vesubio–; a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio.

El relato de Francisco fue menos detallista. El tenía un año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. “Llegó la democracia y todos pensábamos que los iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de quince. Y luego, para mi fiesta de egresados”, intentó explicar ella, que comparó al gobierno de Raúl Alfonsín con “la esperanza”; al indulto de Carlos Menem con “el abismo” y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. “Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que en vez de discutir la cantidad de desaparecidos debería estar buscando los restos de mi padre y de otros”.

Francisco lo analizó desde la figura del “desaparecido”, esa que “produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda”.

Ambos saben que no volverán, por eso ven una posibilidad de “cierre” en la recuperación de los restos. “Necesito recuperar los restos de mis padres – dijo Francisco– sería de alguna manera reencontrarme con ellos”.

Josefina también reclamó los restos: “Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos. Y que le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años, ya es tiempo”.

2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

  • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

    http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

 

 

Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

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Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

“Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

EFE. Archivo.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

“Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

Resultado de imagen para Scarlett Mathieu

Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

“Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

Cómo se permitió la desclasificación

Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

“Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

por 19 diciembre 2016

Artista Francisco
¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

Segunda fase del proyecto (sep 2015)

Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

Artista simula tortura

Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

Imagen de reflejo

De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

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Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

Rinconada

Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

Historia de persecución

Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

“También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

Noche de horrores

Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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-Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

– Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

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Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

Lucha sin descanso

La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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El “Pelao” Carmona, periodista asesinado e impunidad en delitos de lesa humanidad.

El “Pelao” Carmona, periodista asesinado e impunidad en delitos de lesa humanidad.

A juzgar por la injusticia latente, la pinche “reconciliación” no fue sino una forma de garantizar mucha impunidad. El caso del asesinato del periodista Augusto Carmona es la prueba flagrante…

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Augusto Carmona

Augusto Carmona y la justicia ¿sólo por hoy?


Por Lucía Sepúlveda Ruiz


En los mismos días aciagos de junio en que con la venia de la Corte Suprema volvían a las calles cinco criminales de lesa humanidad, la Corte de Apelaciones confirmó seis de las siete condenas impuestas por el ministro Leopoldo Llanos a los responsables del asesinato por la espalda de Augusto Carmona Acevedo, ocurrido el 7 de diciembre de 1977.

El padre de mi hija Eva María, mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial, era un alto dirigente del MIR, periodista, ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de Punto Final. El crimen fue presentado en los medios como un enfrentamiento.

Mi hija Eva María Carmona y yo, recibimos la sentencia con sentimientos contradictorios, valorando sobre todo que la Corte no rebajó las condenas de 10 años y un día a los principales inculpados: Miguel Krassnoff, Manuel Provis, Enrique Sandoval, José Fuentes, Luis Torres y Basclay Zapata, aunque exculpó a la agente Teresa Osorio, también agente de la CNI.

No nos sentimos con ánimo de celebrar nada, pero atesoramos las expresiones de aprecio y cariño recibidas tras el fallo judicial. Habíamos esperado un año y medio desde el fallo de primera instancia en la demanda contra Augusto Pinochet y quienes resultaren responsables. El genocida general no pagó por ningún crimen. Y el más importante procesado, Odlanier Mena, jefe de la CNI, eludió una segura condena por este asesinato, suicidándose.

En la historia sin fin de espera por justicia, la Corte Suprema puede tomarse quizás otro año y medio. Pero, ojo: hay genocidas que ya abandonaron Punta Peuco, premiados por no colaborar jamás con la justicia. Estas decisiones impresentables no se conocen, en medio de una agenda social copada por la incesante represión con que el Estado encara el movimiento social estudiantil y la lucha mapuche; por los escándalos de la corrupción, los desastres ambientales y el clamor de territorios devastados por el extractivismo.

Cuando conozcamos el fallo definitivo, Krassnoff y sus secuaces estarán más viejos y podrían acogerse a los llamados “beneficios carcelarios”. ¿Cómo celebrar ahora, cuando el poder corrompe al extremo de generar alianzas espurias entre la UDI y senadores de la Nueva Mayoría?

Es el nuevo truco con el que la Corte Suprema (con Dolmetsch a la cabeza), coludida con Bachelet, parlamentarios (por la Nueva Mayoría Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta, Tuma), un sector de la jerarquía eclesiástica (el jesuita Montes y el obispo Goic), y las fuerzas armadas están imponiendo con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado Nunca Más y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos.

El 15 de junio, el abogado de Krassnoff reivindicó ante la Corte su actuar como CNI contra el “terrorismo”. Los genocidas no se arrepienten ni han sido degradados. No les bastó tener atención médica en el Hospital Militar, ni cárcel especial ni pensión millonaria y costosos abogados. Quienes aplicaron el terrorismo de Estado son hoy reos privilegiados en el sistema carcelario.

Sin embargo el libreto oficial invierte el razonamiento lógico y los victimiza, en un novedoso montaje que incluye enmascarar el “perdón” como si este se extendiera a una inexistente lista de reos comunes de avanzada edad y condiciones similares.

¿Cómo celebrar esta sentencia esperada durante 39 años, durante los cuales fallecieron los padres de Augusto? Sus dos hijas, Eva y Alejandra, han debido reconstruirse emocionalmente frente a la ausencia paterna y la indiferencia del Estado. Hoy la impunidad se cuela mostrando la falsedad del perdón farfullado una vez por algún juez. El movimiento de derechos humanos atajó los más diversos proyectos de ley orientados a exculpar a los criminales, y sigue bregando por justicia.

Según cifras oficiales, sólo 344 criminales han sido condenados con sentencia ejecutoriada. Más de la mitad de ellos, (181) tuvo penas alternativas como ir a firmar a una comisaría. A diciembre de 2015, permanecían en Punta Peuco sólo 110 agentes de un total de 117 que cumplían prisión. Es paradojal que en Estados Unidos un fallo responsabilice a Pedro Barrientos por el homicidio de Víctor Jara, mientras en Chile no hay siquiera gotas de justicia para centenares de casos de ejecutados y desaparecidos.

Exigimos justicia, por “el Pelao Carmona” y por todos los caídos, pero también por las nuevas generaciones que luchan por un Chile diferente, junto a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales conscientes. El cierre de Punta Peuco y el traslado de los criminales de lesa humanidad a cárceles comunes es una tarea urgente. La degradación de los criminales de lesa humanidad, y el fin del grotesco chorreo de impunidad que salpica nuestra ya cuestionada democracia, son imperativos éticos que de no ser realizados envilecerán aun más a la clase política y la institucionalidad.


(columna publicada originalmente en Punto Final Nº 855, el 8 de julio, con el título “Augusto Carmona demanda justicia”).

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

07 DE MARZO DE 2013
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Dirty war 1

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JUAN GONZÁLEZ:

El martes pasado comenzó un histórico juicio en Argentina, que podría revelar nuevos detalles sobre la estrategia coordinada de seis países latinoamericanos, en las décadas de 1970 y 1980, para eliminar disidentes políticos. Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos gobiernos colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.

El plan fue impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet y existe evidencia de que la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger fueron cómplices del mismo desde sus inicios. Al menos 25 generales del ejército están imputados en la causa, y se espera contar con el testimonio de más de 500 personas. En agosto, un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que propio Kissinger sea interrogado. El Gobierno de Obama no respondió.

AMY GOODMAN: Este juicio se está llevando a cabo en Buenos Aires, donde un antiguo taller mecánico fue convertido en un centro de tortura. Argentina es el país donde más personas extranjeras fueron asesinadas en el marco de la Operación Cóndor. Esto está sucediendo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Uruguay derogara una ley que hubiera permitido juicios similares en ese país.

Para ampliar esta información, nos acompaña John Dinges, autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur”, que recopila entrevistas e informes de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos mantenidos en secreto. Antes de eso, Dinges trabajó para la National Public Rario, y como periodista independiente en Latinoamérica. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

John Dinges, bienvenido a Democracy Now!

JOHN DINGES: Encantado de estar aquí. Gracias.

AMY GOODMAN: Háblanos de la importancia de este juicio que está teniendo lugar en Argentina.
JOHN DINGES: Bueno, ya se han hecho varios juicios, y éste se remonta a la detención de Pinochet en Londres, en 1998. Eso desató una avalancha de pruebas, que atravesaron Europa y dieron lugar a juicios en muchos lugares, como Roma, París, Argentina y Chile, pero todos más pequeños que éste. Aquí hay 25 personas acusadas. Por desgracia —o por suerte, quizás— muchas de las personas implicadas en esto ya han muerto, o están muy viejos; muchos de los jefes máximos. Pero aquí hay 25 argentinos y un uruguayo, todos con cargos militares, quienes participaron directamente en las acciones de la Operación Cóndor.

Se trata de algo histórico, ya que vamos a escuchar las declaraciones de 500 testigos. Y no es algo habitual en el sistema jurídico latinoamericano. Esto se está haciendo realmente público ahora que escuchamos los testimonios. Antes sólo declaraban ante los jueces a puertas cerradas, y luego, alguna gente podía llegar a leer esos testimonios, pero no llegaba a ser realmente público. Esta vez es realmente público. Y al parecer, gran parte del juicio está siendo grabado. Así que es la primera vez que toda la población va a poder va a escuchar los detalles de esta serie tan terrible de atrocidades, que tanta gente ha matado.

JUAN GONZÁLEZ: John, para quienes nunca han oído hablar de la Operación Cóndor o saben poco sobre ella, ¿podrías hablarnos sobre sus orígenes? ¿Cómo comenzó, que países o gobiernos la encabezaron?

JOHN DINGES: Bueno, fue una iniciativa chilena. Augusto Pinochet tenía dominada a la oposición. El golpe de Estado fue en 1973, y para 1974 ya no había casi oposición interna. Pero mucha gente que había formado parte del anterior Gobierno, que él había derrocado, se había marchado al extranjero. Un general importante vivía en Argentina. Dirigentes políticos, como por ejemplo Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador en EE. UU. –que era alguien que solía comer con Henry Kissinger- vivía en Washington. Había gente desparramada por diferentes lugares, en Europa y en toda Latinoamérica, y Pinochet quería ir tras ellos. Así que organizó la Operación Cóndor.

Y convenció a los otros países —Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay— para que se sumaran, con el argumento de que existían acciones guerrilleras que los amenazaban a todos conjuntamente. Y de hecho, hubo una organización guerrillera llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por diferentes grupos armados que luchaban contra esos gobiernos. Entonces, la idea de Pinochet era colaborar para perseguir a esta gente. Y así lo hicieron.

La mayor parte de los exiliados chilenos estaban en Argentina, que fue el último país en ver derrocado su gobierno civil. Allí la dictadura militar se inició en marzo de 1976, y el Plan Cóndor se creó a finales de 1975. Así que ya estaban preparados. Y cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, comenzaron a matar a cientos de personas, a estas personas extranjeras. Es interesante que hayas mencionado a Automotores Orletti. Este es el taller mecánico que fue utilizado como centro de tortura, y ahí es donde retenían a los presos de otros países.

AMY GOODMAN: Con Democracy Now! hemos visitado ese taller. Quiero leer parte de un documento desclasificado, un informe de la CIA que muestra que funcionarios estadounidenses sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban ampliando sus redes de acción con la Operación Cóndor. Cito: “Están uniendo fuerzas para erradicar la ‘subversión’ … una palabra que, cada vez más, se refiere a la disidencia no violenta, de parte de la izquierda y centro-izquierda”.

Esto se relaciona con otro documento que tú conseguiste, John Dinges, de la agencia de inteligencia chilena, conocida como DINA. En él se detalla el número de muertos y desaparecidos registrado por la inteligencia argentina. Es un cable enviado por el representante de la DINA en Buenos Aires que dice, cito, que “está enviando una lista de todos los muertos,” que incluía el conteo oficial y extraoficial de muertos. Entre 1975 y mediados de 1978, según él, cito: “suman 22.000 entre muertos y desaparecidos”. Háblanos sobre el número de muertos y qué es lo que sabía EE.UU.

JOHN DINGES: Bueno, vamos primero con Estados Unidos. En este período, los años setenta, Estados Unidos fue un patrocinador importante de las dictaduras militares que derrocaron, en algunos casos a gobiernos democráticos y en otros a gobiernos civiles tambaleantes. Como fuera, el resultado fueron gobiernos como el de Videla, el de Pinochet o el de Banzer en Bolivia, que mataban a sus ciudadanos impunemente. El gobierno de EE. UU. sabía de estos asesinatos masivos. Y mantuvo una actitud esquizofrénica y maquiavélica hacia esta situación. Realmente no querían a los comunistas en el gobierno, y la democracia parecía estar dando lugar a gobiernos comunistas. De hecho, el presidente de izquierda Salvador Allende fue elegido democráticamente, e instaló en Chile un gobierno civil y revolucionario. Y por eso, Pinochet lo derrocó. Estados Unidos tenía pánico ante la posibilidad de que esto se extendiera en Latinoamérica, por lo que apoyó la llegada de las dictaduras.

Cuando comenzaron los asesinatos masivos, EE. UU. sabía que eso estaba sucediendo. Se enteraron de la Operación Cóndor poco después de su creación. No hay pruebas de que supieran de su existencia en el momento en que se creó. Sí hay pruebas de que lo sabían un par de meses después de iniciadas sus operaciones. Pero sin duda tenían conocimiento de que estas cosas estaban sucediendo. Y si nos fijamos en las transcripciones de las reuniones entre Henry Kissinger y estos jefes militares de Argentina y de Chile, de las que tenemos registro, ¿qué es lo que dicen en privado? Algo así como: “Apoyamos lo que están haciendo. Entendemos que tienen que hacer valer su autoridad. Hagan lo posible por liberar algunos presos, porque el Congreso me está presionando mucho, los demócratas están queriendo hacer que yo defienda los derechos humanos. Así que les pido un esfuerzo, pero entiendo lo que están haciendo”.

Y en una ocasión, dos semanas después de que Kissinger visitase Santiago, se realizó la segunda reunión más importante entre todos los países del Cóndor para hablar sobre el plan. Y en esa reunión, en junio de 1976, se aprobaron operaciones de asesinatos fuera de Latinoamérica. Y el primero de estos asesinatos tuvo lugar en Washington DC. Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores chileno, fue asesinado en las calles de Washington.

AMY GOODMAN: Es una historia asombrosa. De hecho, tú has escrito un libro sobre el tema.

JOHN DINGES: En realidad he escrito dos libros. Uno es sobre el asesinato, en el que, por primera vez, incluí un capítulo sobre el descubrimiento de la Operación Cóndor. No tenía muchos detalles. Incluso, en cierta medida, fui mal informado por el Departamento de Estado.

Años más tarde, después de que Pinochet fuese detenido en Londres, hubo una avalancha de documentos, que incluían 60.000 páginas de material, que se hicieron públicos por orden del presidente Clinton. Entonces pude investigar realmente y entender lo sucedido desde el punto de vista de EE. UU. Pero también en Latinoamérica se revelaron muchos documentos. Y creo que eso es aún más importante, porque si sólo tuviéramos documentos estadounidenses, siempre alguien podía decir “bueno, ese es el punto de vista de EE.UU. sobre estos asuntos.” Pero lo que pasaba realmente en esos gobiernos latinoamericanos…

AMY GOODMAN: Explícanos cómo fue que Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, fueron asesinados en las calles de Washington DC, en Estados Unidos, en 1976.

JOHN DINGES: Pinochet inició esta operación poco después de aquella reunión con Kissinger. Menos de un mes después, dio la orden para esto. Enviaron a un agente que hacía varios años trabajaba para la DINA, Michael Townley, que era estadounidense. No creo que fuera casualidad que le encargaran esto a un agente estadounidense, ya que, obviamente, cuando se comenzó a sospechar de ellos, dijeron: “Ah, este tipo trabaja para la CIA“. Y mucha gente está dispuesta a creer que siempre es la CIA quien está detrás de estas cosas. De hecho, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda decían “fue la CIA.” No hay pruebas de que Townley trabajara para la CIA, pero es seguro que trabajaba para los chilenos.

Se juntó con algunos cubanos en Nueva Jersey, cubanos anticastristas, y fueron a Washington. Townley se metió debajo del auto y puso una bomba que él mismo había construido, que se activaba con uno de esos antiguos beepers. Siguieron el auto por la Avenida Massachusetts y en Sheridan Circle, bien cerca de la embajada de Chile, pulsaron el botón y lo mataron. Ronni Moffitt era la esposa de Michael Moffitt, que era asistente de Orlando. Ella iba en el asiento delantero del auto y por eso murió. Michael sobrevivió y Orlando, por supuesto, murió inmediatamente.

AMY GOODMAN: Townley estuvo algunos años en la cárcel. Y entonces…

JOHN DINGES: A Townley lo entregaron los chilenos. La historia de cómo se resolvió este caso es increíble. En general se asumía que en EE. UU. no se iba a investigar el caso muy a fondo. Pero quienes pensaron eso estaban equivocados. El FBI realizó una extensa investigación, resolvió el caso, obtuvo fotos de los implicados. Esa larga historia yo la cuento en el libro. Cuando identificaron a las personas que habían ido a EE. UU. para llevar esto a cabo, fueron a Chile y pidieron la cooperación del Gobierno de Pinochet. Y Pinochet tenía dos opciones: matar a Townley —y hay pruebas de que ese era uno de los planes— o entregarlo. Y finalmente lo entregaron. Lo llevaron a Estados Unidos, y comenzó a declarar. Y ahí hubo otra avalancha de información, que provino de Michael Townley. Él todavía vive en Estados Unidos. Estuvo sólo cinco años en prisión.

AMY GOODMAN: Y ahí entró en el programa de protección de testigos.

JOHN DINGES: Estuvo en protección de testigos por un tiempo. Por lo que sé, ya no lo está. Actualmente vive en la zona centro-oeste de EE.UU. Y bueno, él ha cooperado. No sé si tiene algún remordimiento sobre su pasado, pero ha colaborado con muchas investigaciones desde su encarcelamiento.

JUAN GONZÁLEZ: John, me gustaría preguntarte sobre un personaje fuera de lo común del que hablas en el libro, y sus esfuerzos para poner fin a la Operación Cóndor: Ed Koch, el recientemente fallecido alcalde de Nueva York, que en esa época era un joven congresista demócrata, y empezó a hacer muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, haciendo enojar a nuestro propio gobierno. ¿Podrías hablarnos de eso?

JOHN DINGES: Ed Koch, una figura muy querida en esta ciudad. Realmente, todo el mundo que ha tratado con él ha tenido la misma experiencia. Cuando estaba investigando esta historia, él cooperó gustosamente conmigo. Y vino a la fiesta de lanzamiento de mi libro. Así que también lo quiero. Ed Koch era congresista y fue impulsor de una enmienda a una ley, que permitiera suspender la ayuda militar a Uruguay. Los uruguayos eran parte de la Operación Cóndor. Esto fue en 1976. Y laCIA descubrió eso, creo que lo descubrieron porque los uruguayos lo comentaron frente a ellos, dijeron que iban a convencer a los chilenos para que fueran a Washington a matar a Koch. No sabemos si eso se llegó a poner en marcha. Pero George Bush, que era el jefe de la CIA en aquel momento, llamó a Ed Koch y le dijo —es maravilloso escuchar a Ed Koch contar esta historia— le dijo: “Tengo que contarte algo: Hay un complot para asesinarte”. Ed Koch preguntó si le iban a ofrecer protección. Y ellos dijeron: “No, no. Ese no es nuestro trabajo. Somos la CIA. Sólo te estamos avisando, te toca a ti ocuparte de tu propia seguridad”. Ed Koch no sabía que esto era parte de la Operación Cóndor. Pensaba que era cosa de algún exaltado de la dictadura.

Tiempo después, durante mi investigación pude hablar con una de las personas que participó en esto, uno de los uruguayos. Y sí, fue una típica movida del Plan Cóndor, aunque no llegaron a matar a nadie, por suerte. Pero fue el típico modus operandi. Con el fin de cubrir sus huellas, un país usaba los agentes de otro país para hacer el trabajo sucio, en las operaciones planeadas para fuera de América Latina. Dentro de América Latina, tenían una manera mucho más sistemática y eficaz de funcionamiento. Se perseguía a los disidentes de cada lugar, en cualquier país donde estuvieran, Perú, Brasil, Uruguay y principalmente Argentina. Y ahí la metodología era simple: capturarlos, secuestrarlos, torturarlos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Muy pocas personas han sobrevivido a la Operación Cóndor, casi nadie. Es muy difícil encontrar un sobreviviente.

JUAN GONZÁLEZ: Y aún así, muchos de los líderes de los nuevos gobiernos populistas que hay ahora en América Latina surgieron de algunas de las organizaciones perseguidas por el Cóndor. Especialmente en Uruguay, donde el presidente es un ex Tupamaro. Y en toda la región, esos disidentes son ahora parte del aparato de gobierno de sus países.

JOHN DINGES: Hace dos semanas, estuve en Bolivia y entrevisté a una persona del Ministerio de Comunicaciones, una de las tantísimas personas de pueblos indígenas que forman parte del gobierno de Morales. Y él contó que su padre había estado preso. Había estado exiliado en Chile, y cuando llegó el golpe de Estado fue encarcelado, estuvo siete meses preso, y fue torturado. Y en esa misma oficina hablé con otra persona, que también había participado en la resistencia boliviana en la década de 1980, y antes, su padre había estado involucrado con el grupo que luchaba junto al Che Guevara en 1960.

Estos son revolucionarios, pero son un tipo diferente de revolucionarios. Están igual de comprometidos, creo, pero sin tomar las armas. Creo que se dan cuenta de que esa forma de lucha no se ha llevado a revoluciones triunfantes, entonces me siento muy optimista sobre lo que está pasando con este grupo de gobiernos ahora.

AMY GOODMAN: Por último, hay un cable del Departamento de Estado, de 1978 que, según la cubierta de tu libro, dice: “Kissinger explicó que en su opinión el gobierno argentino había hecho un excelente trabajo en la erradicación de las fuerzas terroristas”. ¿Qué significa que los jueces hayan pedido el testimonio de Kissinger y que el gobierno de Obama no haya respondido?

JOHN DINGES: A Kissinger lo han llamado a declarar muchas veces. En mi libro hablo de una vez en la que sí respondió, creo que era un pedido de Francia. Y básicamente, negó todo. Es algo muy frustrante. Para mí era claro que todo lo que dijo eran mentiras, no hay otra palabra para ello, estaba mintiendo. O sea, los documentos dicen una cosa y Kissinger dijo otra cosa. Y él sabía lo que decían los documentos. En Estados Unidos nunca se ha permitido que un funcionario público sea juzgado en otros países. No somos miembros de la ICC.

AMY GOODMAN: La Corte Penal Internacional (por sus siglas en inglés).

JOHN DINGES: Sí, la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún juicio en el exterior que haya puesto a un estadounidense en el banquillo de los acusados. Hubo un intento en Italia, pero por supuesto, ningún imputado apareció. En Estados Unidos, por uno u otro motivo, tanto los demócratas como los republicanos proteger a nuestros violadores de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Simplemente así se manejan.

AMY GOODMAN: ¿Describirías a Henry Kissinger como un violador de los derechos humanos?

JOHN DINGES: Sí, absolutamente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y cuál es importancia de esta historia de externalizar la lucha contra el terrorismo, de modo de no dejar huellas de la propia participación, en relación con la guerra actual contra el terrorismo en los Estados Unidos?

JOHN DINGES: Bueno, yo estaba escribiendo mi primer capítulo cuando pasó lo del 9/11, en mi casa en Washington. Y en el final del libro, que termina con una referencia al 9/11, digo que esto no es algo que estemos condenados a repetir. Y lo digo haciendo la comparación entre la guerra contra el terrorismo de la década de 1970 y la guerra actual contra el terrorismo, lanzada por el presidente Bush. Pensaba que habíamos aprendido la lección de no copiar los métodos de los enemigos, o de aquellos que han demostrado ser violadores de los derechos humanos. Pero desafortunadamente, creo que hemos hecho eso muchas veces.

La discusión actual sobre el uso de aviones no tripulados me parece aterradora; porque me cuesta distinguir entre lo que fue la Operación Cóndor, con menos tecnología, y lo que es el uso de aviones no tripulados, que básicamente lo que hacen es entrar en otro país, incluso con el permiso de ese país —así era en general también en la Operación Cóndor— perseguir a la gente, y matarla. Ahora bien, la justificación es: “Pero eran criminales. Estaban en combate”. Eso puede o no ser cierto, pero al final quien lo determina es la misma persona que aprieta el gatillo.

Creo que es importante poner esto en discusión. Y tal vez en un juicio como éste, que se remonta a los años 70, la gente dice: “Bueno, así fueron las dictaduras en la década de 1970”. Pero la tendencia del Estado a creer que es válido actuar contra sus enemigos de la manera más eficaz posible se mantiene vigente, y claramente no se limita a las dictaduras.

AMY GOODMAN: Queremos darte las gracias, John Dinges, por haber estado con nosotros. John Dinges es autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur.” Antes de eso, trabajó en la National Public Radio, NPR, y como periodista independiente en América Latina. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Traducido por Javier Pérez. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.


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LAS EJECUCIONES DE OCTUBRE DE 1973 EN TIERRA DEL FUEGO: Impunidad

LAS EJECUCIONES DE OCTUBRE DE 1973 EN TIERRA DEL FUEGO:
LAS MUERTES DE C. BAIGORRI, G. CARCAMO, R. GONZÁLEZ Y J. PARRA

Elie Valencia

Hace 31 años la dictadura militar ejecutó cuatro prisioneros políticos en Tierra del Fuego, Magallanes. En Octubre de 1973 fueron asesinados los prisioneros políticos Jorge Parra, Carlos Baigorri, Germán Cárcamo, Ramón González que habían sido secuestrado por personal militar. La Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación de 1991 (Informe Rettig) documenta estos cuatro casos como muertes cometidas por agentes o personas al servicio del Estado en Tierra del Fuego en Octubre de 1973. Nadie ha sido juzgado por estos crímenes en Magallanes.
La primera de estas ejecuciones ocurrió el 24 de octubre de 1973. Ese día fue ejecutado Jorge Manuel Parra Alarcón en Cerro Sombrero. Jorge Parra tenia 38 años y era militante socialista. Trabajaba en la Empresa Nacional del Petróleo (ENAP), donde se desempeñaba como jefe de talleres de mecánica en Cerro Sombrero. A la fecha del golpe militar, Parra se encontraba en comisión de servicio en la planta de Maipú de ENAP. Regresó a Cerro Sombrero a mediados de Octubre de 1973. Fue secuestrado por personal militar el 15 de Octubre de 1973 en su trabajo y fue llevado a una casa particular en Cerro Sobrero, que el Ejercito usaba como centro de detención y tortura de prisioneros políticos en esta área. En ese recinto Parra fue sometido a continuos maltratos y torturas. El 24 de Octubre fue asesinado a balazos por un oficial militar cuando Parra intentaba resistirse a las torturas que era sometido. El Informe Rettig dice textualmente:

En ese lugar, fue permanentemente maltratado y vejado por sus aprehensores. Conforme a testimonios estimados verosímiles el día 24 de Octubre, cuando estaba siendo maltratado por un oficial, Jorge Parra intentó defenderse dándole un golpe a aquél. El oficial disparó, dejándolo malherido. Desde ese Recinto se le trasladó a Porvenir, lugar al que llegó muerto. El certificado de defunción señala como causa de la muerte, shock por hemorragia, heridas penetrantes a bala con compromiso de órganos vitales.

La dictadura militar en la región, a través del El Bando Nº 24 de la Jefatura de Fuerzas en Tierra del Fuego, indicó que a Jorge Parra se le dio muerte por haber atacado a un oficial mientras se le sometía a un interrogatorio. Los militares nunca entregaron el cuerpo de Jorge Parra a su familia.

En la conclusión sobre la muerte de Parra, el Informe Rettig índica que :

Es convicción de esta Comisión que Jorge Parra fue víctima de grave atentado a los Derechos Humanos, específicamente al derecho a la vida, toda vez que no resulta justificada la acción del oficial, dada la evidente falta de equivalencia entre la acción de un detenido desarmado, con sus capacidades físicas disminuidas por los malos tratos, y la reacción del agente del Estado que disparó sobre él; existían medios más racionales y proporcionados para reducir a un detenido desarmado que darle muerte con un arma de fuego. Finalmente la Comisión tiene presente el hecho que sus restos no se hayan entregado a sus familiares para ser sepultado, lo que hace presumir precisamente un ánimo de ocultamiento.

Las otras tres ejecuciones de la dictadura militar en Tierra del Fuego ocurrieron el 30 de Octubre de 1973. Ese día fueron ejecutados Carlos Raúl Baigorri Hernández, Germán Simón Cárcamo Carrasco y Ramón Domingo González Ortega en el Regimiento Caupolicán de Porvenir. Estos tres prisioneros no pertenecían a un mismo partido u organización política. Habían sido secuestrados por personal militar en forma separada, y posteriormente estuvieron detenidos juntos en el Regimiento Caupolicán.
Carlos Baigorri era profesor de la Escuela Fiscal No 39 de Porvenir. Tenía 31 anos. Era dirigente comunista del área. Germán Cárcamo era empleado de la Sociedad de Construcciones y Operaciones Agropecuarias (SOCOAGRO), y era secretario del sindicato local de esta empresa. Tenia 24 años y era militante socialista. Ramón González era empleado del Servicio de Impuestos Internos y habia sido Interventor de la Cooperativa Pescadores de Tierra del Fuego (COPETIF) entre 1971-1973. Tenia 37 años y no tenía militancia política.
Text Box: La versión entregada sobre estos asesinatos por la dictadura en la región fue publicada el 31 de Octubre de 1973 en el diario La Prensa Austral. Esta noticia estipula que tres extremistas que estaban detenidos en el Regimiento Caupolicán fueron muertos en un intento de fuga. Se indica que los prisioneros se habían fugado el 29 de octubre a las 24.00 horas y habían sido ubicados por patrullas militares a unos 20 kilómetros de Porvenir. Se indica que “los extremistas no hicieron caso a la voz de alto, y los soldados dispararon resultando los tres muertos.” El comandante del Regimiento Caupolicán era el Coronel Augusto Reiger Rago y el segundo comandante era el Mayor Ciro Jofré Niño de Zepeda.

 

 

 
Según testimonios presentados ante la Comisión Rettig, estos prisioneros políticos habrían sido fusilados en el Regimiento Caupolicán con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora. Estas declaraciones estipulan que el día 30 de octubre de 1973 estos tres prisioneros fueron sacados del lugar donde estaban encerrados y llevados por tres suboficiales al Polígono del regimiento. Entre las 3 y 4 de la madrugada de ese día, los militares hicieron correr a los prisioneros y les dispararon hasta darles muerte.
Solamente después de tres días de las ejecuciones, los restos de las víctimas fueron entregados en urnas selladas, donde no se pudieran ver sus cuerpos, para sus sepultura. Los ataúdes de Baigorri y de Cárcamo fueron entregados a compañeros de trabajo y fueron sepultados en el Cementerio de Porvenir, bajo vigilancia militar, el 2 de Noviembre de 1973. Los restos de González fueron trasladados a Punta Arenas y sus funerales tuvieron lugar el 3 noviembre de 1973.
Sobre las ejecuciones de estos tres prisioneros políticos en el Regimiento Caupolicán en 1973, el Informe Rettig dice textualmente:

La Comisión se formó la convicción que las muertes de Baigorri, Cárcamo y González, fueron en realidad ejecuciones sin juicio, constitutivas de graves violaciones de los Derechos Humanos. Contribuye a formar tal convicción:

Ø La existencia de testimonios confiables acerca de la forma en que ocurrieron los hechos, específicamente que los detenidos fueron sacados por tres suboficiales de la barraca en que se hallaban.
Ø que no resulta verosímil que en tan poco tiempo y atendidas las condiciones, los fugados hubiesen alcanzado a huir 20 kilómetros.
Ø Que tampoco resulta verosímil que pudiese ocurrir una fuga desde un recinto con tanta vigilancia como la que tiene un Regimiento, más aún cuando hay detenidos en su interior.
Ø Que testimonios dignos de fe recibidos por la Comisión señalan que a los afectados se les había comunicado que al día siguiente quedarían en libertad, lo que hace aún más inverosímil un intento de fuga.
Ø En ningún caso parece verosímil que, para recapturar a prófugos desarmados fuese necesario darles muerte a todos.

A 31 años de las ejecuciones de los prisioneros políticos Baigorri, Cárcamo, González y Parra por la dictadura militar en Tierra del Fuego, los responsables por estos asesinatos continúan impunes. Justicia es la deuda que el Estado de Chile tiene pendiente con los familiares de los ejecutados y los ex prisioneros políticos de Magallanes.

Elie Valencia
Editor@Dawson2000.com

Holanda, Noviembre 2004

http://www.dawson2000.com/editorialnoviembre2004.htm

 

Destacado

Dictaduras en Latinoamérica: la impunidad no cierra heridas

JUNE 14, 2014 

La historia de América Latina esta sembrada de crueles dictaduras militares. El saldo: miles de muertos, torturados y desaparecidos. El juicio al dictador es la forma en que la democracia hace justicia y cierra heridas, pero la mayoría han quedado impunes.

 

Castigo al dictador 12Noelia Ceballos Terron

Mexicana residente en UK.,Psicóloga, maestra, pedagoga, dependienta y limpiadora son solo algunas de las facetas que Mabel ha tenido en su vida laboral. Tras diez años en el Reino Unido ya ha terminado su doctorado en educación que le permite dedicarse a su pasión, la investigación, que combina con una intensa actividad como militante en la organizaciones sociales latinoamericanas. –

 

En la segunda mitad del siglo XX, 18 países de América Latina han conocido en algún momento la violencia de las dictaduras militares. Son 31 los dictadores que han llevado las riendas de esos países sin respeto alguno a los valores democráticos ni a los derechos humanos.

El enjuiciamiento de los responsables de las miles de muertes, torturas y desapariciones que tuvieron lugar durante esos regímenes es lo que más reclaman las víctimas y sus familias como reparación moral a su sufrimiento.

Las cifras en toda la región son difíciles de determinar, pero se pueden estimar más de 470.000 afectados, incluyendo muertos, desaparecidos, torturados y presos políticos.Castigo al dictador 17

En total diez dirigentes enfrentaron juicios por los delitos cometidos en su día. Y cinco siguen cumpliendo condena o están siendo procesados.

Pero un balance que revela que más de la mitad de los dictadores terminaron sus días sin rendir cuentas.  Ello es porque la impunidad es un fenómeno que se ha dado en el área de América Central y del Sur con más frecuencia que a nivel global.

Según revela un estudio de Abel Escribá Folch en la Revista Mexicana de Sociología, tan solo un 31% de los dictadores que gobernaron entre 1946 y 2000, en todo el mundo, permanecieron impunes. Hoy, cuatro ex-dictadores viven sus últimos años sin haber conocido la cárcel.

Ríos Montt

Los dos últimos presidentes de la dictadura militar en El Salvador siguen vivos lejos de su país. Se trata de Arturo Armando Molina, que gobernó de 1972 a 1977, y de Carlos Humberto Romero, que protagonizó el final del régimen de 1977 a 1979. Se cree que el primero reside entre Miami y Panamá, mientras que el segundo viviría en los Estados Unidos tras un primer exilio en Guatemala.

Por su parte, el militar Guillermo Rodríguez Lara, que ostentó el poder del gobierno ecuatoriano entre 1972 y 1976, lleva en la actualidad una vida retirado de la política ysin temor de enfrentarse a juicio alguno, en sus propiedades agrícolas.

Otro caso es el del guatemalteco Ríos Montt. Acusado de genocidio, sus víctimas de etnia maya que fueron asesinadas durante su mandato (1982-1983) ascienden a 1.771. El 10 de mayo de 2013 un tribunal de Guatemala condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad del país anuló la sentencia por desobediencia y desacato del tribunal que la emitió. Hoy este genocida sigue en libertad.

Castigo al dictador 8- Juicio a VidelaCondenas

A pesar de todo, cinco de los responsables de las atrocidades que marcaron el siglo XX suramericano están pagando por lo que hicieron.

La justicia argentina ha sido una de las más duras. Todos los presidentes que estuvieron a la cabeza del país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri murieron reclusos).

Esto fue posible gracias a la abolición en el 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a todos los responsables de crímenes durante la dictadura (se calcula que entre 1976 y 1983, 30.000 personas fueron desaparecidas).

Castigo al dictador 14De Reynaldo Benito Bignone, último presidente de la dictadura argentina, se sabe que ingresó en la cárcel en 2010 a la edad de 82 años para cumplir una pena de 25 años, que posteriormente se ha extendido a cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, en Panamá fue Noriega el último déspota que dirigió el país centroamericano: de 1983 a 1989, pero fue extraditado en 2011 para cumplir una pena de 60 años por el asesinato de once panameños durante su gobierno. Esta condena se produjo tras 19 años en penales de Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. La cifra de víctimas de esta dictadura asciende a 107.

Otro de los casos que terminaron con condena fue la del peruano Alberto Fujimori. Durante sus mandatos, de 1990 al 2000, el entonces presidente fue responsable de ordenar el asesinato de civiles con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Fue hallado culpable de crímenes como los de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, por lo que el 7 de abril del 2009 inició una pena de 25 años de prisión, a sus 70 años.

Castigo al dictador 3Bolivia se suma a una breve lista de países que han logrado meter entre rejas a sus dictadores. A pesar de que Hugo Banzer, quien mantuvo al país bajo su yugo entre 1971 y 1978 causando la desaparición de 150 presos políticos, murió impune, otro déspota boliviano rinde cuentas a la justicia. Es Luis García Meza, gobernante entre 1980 y 1981, período durante el cual ordenó asesinar a miembros de la oposición. Por ello cumple desde 1995 una pena de 30 años en el centro de Chonchocoro, en el altiplano boliviano.

Hay casos como el de Haití en que no es fácil someter al antiguo dictador a la justicia. Aunque finalmente, en febrero de 2013, un tribunal haitiano obligó a Jean-Claude “Babydoc” Duvalier a presentarse ante el juez. Desde entonces se enfrenta a un proceso en el que se le acusa de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo ha transcurrido un año sin que Duvalier haya vuelto a presentarse a ninguna sesión. Las víctimas durante su mandato (1971-1986) se cifran en unas 30.000 personas detenidas, muertas y exiliadas.

Reparaciones a víctimas

Castigo al dictador 11Parte del proceso de recuperación de un país tras un episodio de violencia es restablecer los hechos lo más objetivamente posible, para señalar a responsables y reconocer los daños causados a las víctimas.

El modo que más se ha extendido en América Central y del Sur son las Comisiones de la Verdad. Según la organización Amnistía Internacional, entre 1974 y 2007 se crearon estos grupos en 28 países alrededor del mundo. La mitad fueron países latinoamericanos.

La labor de estas comisiones, creadas por decisión gubernamental y con un mandato de tiempo limitado, es investigar los ataques a los derechos humanos de los ciudadanos por el aparato del Estado.

Castigo al dictador 5De los 18 estados que conocieron dictaduras militares en Latinoamérica, 14 han puesto en marcha dichas Comisiones, recibiendo denuncias y testimonios de víctimas de la represión y sus familiares. Los casos son examinados uno a uno para verificar la condición de víctima, y así cifrar los afectados. Las recomendaciones más comunes de los informes finales son el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y las reparaciones económicas.

A pesar de ello, tan solo ocho gobiernos latinoamericanos conceden indemnizaciones a los afectados por la violencia de estos regímenes.

Argentina es uno de ellos. Entre 1991 y 2004 el Congreso aprobó tres leyes que indemnizan a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio. De este modo, las familias de los desaparecidos fueron resarcidas con 224.000 dólares. Los ex-convictos recibieron 74,66 pesos por día de encierro. Los hijos nacidos durante la detención tuvieron acceso a una compensación de entre 70.000 y 245.000 pesos.

Castigo al dictador 16El estado paraguayo dio el paso de crear su Comisión de Verdad y Justicia en el 2003. Así se estableció la cifra de 20.090 víctimas directas de la represión de Stroessner.

En 2011 el gobierno gastó 9,4 millones de dólares en las reparaciones económicas a víctimas y familiares de desaparecidos bajo la dictadura. Pero desde entonces, más de 2.400 víctimas reconocidas no han percibido la ayuda prometida.

Otra de las naciones que reconoce el derecho a la reparación es Chile: prisioneros políticos, funcionarios públicos despedidos, y víctimas de tortura y los desaparecidos perciben pensiones anuales de entre 2.314 y 2.648 dólares de por vida, desde la ley de 2004. Además, se les incluye en el sistema público de salud. Los beneficios se extienden a los hijos de las víctimas, quienes gozan de educación gratuita y están exentos de realizar el servicio militar obligatorio.

La modalidad varía en Perú, donde las principales reparaciones son colectivas. A finales de 2013, 1.946 comunidades habían recibido 100.000 soles para proyectos de desarrollo económico Pero las poblaciones no lo consideran como una reparación por la violencia sufrida durante el conflicto. Recientemente el ejecutivo ha dado salida a una indemnización de 10.000 soles a padres y cónyuges de las víctimas. Aunque hasta ahora sólo una quinta parte de los casi 79.000 beneficiarios reconocidos la han percibido.

Castigo al dictador 15El plan para el reconocimiento de las víctimas puesto en marcha por Uruguay es más extenso. Además de dotar a 277 familiares y víctimas de la dictadura con 15.000 dólares por los daños causados, también les presta asistencia médica gratuita así como psicológica.

En cambio, en Bolivia, pese a la aprobación de una partida de 3,6 millones de dólares para sus 6.221 víctimas del despotismo de Hugo Banzer y Luis García Meza, la ley prevé que solo un 20% de los afectados se beneficien de la ayuda.

A la cola se encuentran estados como Guatemala que, con un lastre de 200.000 fallecidos por la violencia, especialmente durante el genocidio maya a manos de Ríos Montt: no concede compensación económica de ningún tipo.

Memoria histórica pendiente

La memoria histórica es un concepto que crea polémica. El reconocimiento por parte de las instituciones de lo ocurrido en el pasado y los daños provocados, así como la promoción de acciones para esclarecer el pasado son bien acogidas por aquellos que creen que un pueblo debe mantener viva su memoria para no volver a cometer los mismos errores.

Castigo al dictador 4En América Latina, la voluntad política por preservar esta memoria se ha extendido en los últimos años, aunque no es mayoritaria en la región. Un solo país, Venezuela, cuenta con una ley de memoria histórica.

Y menos de la mitad de las antiguas dictaduras han visto al jefe del Estado u otros agentes de la administración pedir perdón por los crímenes del pasado, cosa que ha sucedido únicamente en 7 países.

Las exhumaciones son otro de los temas pendientes para las familias y las víctimas, pues la mitad de estos estados todavía no realiza las investigaciones forenses necesarias para la identificación y la restitución de los restos.

Aún así, la conmemoración simbólica de las víctimas es la forma más frecuente en que dichos países mantienen viva la historia. En 11 de las 18 ex-dictaduras es posible encontrar monumentos, museos y centros para la memoria y los derechos humanos.

Castigo al dictador 10El caso de Argentina es llamativo. Es el estado con mayor índice de condenas por crímenes contra los derechos humanos, y donde más se ha perseguido a los responsables de la dictadura. Sin embargo, ningún presidente desde la vuelta a la democracia en 1983 ha pedido oficialmente disculpas a las víctimas. El único gesto de reconocimiento fue la instauración del Día Nacional por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo.

En el caso de Chile, el proceso de exhumaciones sigue abierto y ha tenido gran repercusión en casos como el del poeta Pablo Neruda.

El perdón por la actitud de la administración durante el período Pinochet todavía no ha llegado por parte del gobierno, pero los jueces se disculparon públicamente el pasado 5 de octubre por sus “acciones y omisiones” al negar protección a quienes denunciaron la represión entre 1973 y 1990.

La nación guatemalteca también recibió las disculpas del ex-presidente Álvaro Colom por el genocidio cometido sistemáticamente por los aparatos estatales entre 1960 y 1996. Y en mayo pasado un tribunal resolvió que el presidente deberá volver a disculparse con la etnia ixil. El Ejército y los ministros de Gobernación y Defensa deben todavía sumarse a la declaración.

Paraguay es otra de las naciones que está trabajando a favor de los derechos de las víctimas y los familiares. El pasado 14 de febrero liberó una partida de 72.600 dólares para la identificación de 20 cadáveres, que se sumaron a los 72.400 dólares que se destinaron el pasado mes de agosto a la Dirección de Reparaciones y Memoria Histórica.

Castigo al dictador 1Además, en 2008 el presidente Fernando Lugo salió públicamente a pedir perdón a las víctimas de la persecución de Stroessner.

Colombia, Honduras, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Haití son los países que menos trabajo han hecho a favor de su memoria colectiva por las dictaduras del pasado.

En esas condiciones, las víctimas de la violencia del Estado están lejos de hallar consuelo para cerrar heridas.

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El “problema” que rodea a las asociaciones de derechos humanos: “hallar los huesos de los detenidos desaparecidos”

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14/09/2014 |Por Mario López Moya

La difícil tarea de encontrar los restos de detenidos desaparecidos, se debe a una política expresa de la dictadura destinada causar dolor a las familias y dificultar la identificación. A pesar de ello, las familias de las víctimas han encontrado las formas de obtener del estado democrático un apoyo en la búsqueda de verdad y justicia

Patricio Bustos es, sin dudas, un personaje especial. Mientras estudiaba medicina en Concepción y militaba en el MIR., lo sorprendió el Golpe de Estado. Si bien en una primera etapa logró salvar ileso, luego fue detenido y pasó “por 7 lugares de horror: Villa Grimaldi, Clínica Santa Lucía, Cuatro Álamos, Tres Álamos, Puchuncaví, Silva Palma y el lugar donde me operaron”, recuerda.
Llama la atención entre otras cosas su estilo pausado, íntegro, sereno y con mirada de futuro. “Estoy renovado -señala-, aunque nunca tanto”. Lleva ya 7 años al frente del Servicio Médico Legal (SML), donde ha debido enfrentar gobiernos de distinta visión. Fue designado por la Presidenta Bachelet en su primer mandato y ratificado luego por el expresidente Piñera y nuevamente por Bachelet, en su segundo mandato.
Ha sido un importante aporte (vital, reconoce una fuente de los familiares de víctimas de la dictadura) en la causa de encontrar e identificar restos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos. Pero no puede dejarse de lado que él, junto a su mujer, también fueron víctimas de la represión. En un diálogo sincero, no exento de emoción, por instantes, habló con Cambio21 y nos dio, en un mes tan simbólico en la causa de los derechos humanos, una visión distinta, una mirada que vale la pena conocer.
Un proceso lento
“No ha sido un problema de medios, no me quejo -señala-, pero sí hay que tener en cuenta varios elementos para entender por qué es lento el proceso, más de lo que uno quisiera. Los hechos ocurrieron hace 41 años. En ese periodo comenzaron los secuestros, los crímenes, las torturas”.
“¿Qué hace la dictadura cuando se encuentran los Hornos de Lonquén? -se pregunta-, la dictadura, de puño y letra, promueve el ‘retiro de televisores’, que no es otra cosa que la exhumación y el ocultamiento de los restos”.
Las trabas
“Recuerdo que cuando en esta oficina, al lado nuestro -indica el doctor Bustos-, un ministro al entregar una identificación (de restos), dijo ‘aquí estamos quebrándole la mano, a la acción de encubrimiento más grande de la historia de Chile, la operación ‘retiro de televisores’“.
“Otro caso -señala-, es la Operación Cóndor, o el tráfico de detenidos implementado por las dictaduras de América Latina. No puedo dejar de recordar el caso de Jorge Fuentes Alarcón, con quien estuve y fue secuestrado en Paraguay y luego llegó a Argentina… y lo encontré más tarde en Villa Grimaldi en septiembre de 1975 y luego desaparece en enero de 1976″.
“Las dificultades para dar con los detenidos desaparecidos, es aquello que nos impide identificarlos. No es un tema de genética ni de antropología ni de tanatología, es un tema de historia de Chile y tiene que ver con la acción de encubrimiento más grande, que no es obra solo de la dictadura cívico-militar, como estructura, es parte de todos aquellos que pudieron hacer algo y no lo hicieron”, manifiesta.
Los familiares
“Nuestro tema no es de dónde sacar ADN, el tema es encontrar los huesos. Los avances que nosotros tenemos se deben a los familiares, tanto de Detenidos Desaparecidos, de Ejecutados Políticos, de las mujeres de Calama, que recorrieron el desierto buscando las osamentas, de quienes dieron la lucha en Chihuío, en Paine, en Lonquén, en el Patio 29, en fin”.
“Ellos han sido la fortaleza ética que ha permitido que en Chile las agrupaciones de familiares de víctimas interpelen al estado democrático, para que responda por lo que hizo el estado terrorista. Las dificultades entonces no están ni en la técnica ni en la ciencia. Los recursos de que disponemos son los adecuados para hacer nuestra labor de avanzar en el proceso de identificación de víctimas”.
Los errores
Fuerte resultó en su momento tener que decirle a un familiar cuyos restos habían sido “identificados”, que hubo un error en eso. Que pertenecían a otra persona. Por eso el rol que han jugado las agrupaciones de familiares de víctimas ha sido vital para el doctor Bustos.
“Los errores en identificación de restos de detenidos desaparecidos se produce porque, por un lado las técnicas disponibles en su momento, no tenían la precisión de que disponemos hoy día, por otro lado, hay que recordar que en octubre de 1973 el SML se encontraba intervenido por un delegado militar. Tampoco puede olvidarse que al salir el dictador se nos entregaron todos los servicios públicos desmantelados y el SML no fue la excepción”, asegura.
“Hemos identificado más de la mitad de los 124 esqueletos chilenos del patio 29, entre ellos dos extranjeros, sin embargo no nos sentimos contentos, si bien estamos tranquilos en lo que estamos haciendo el día de hoy pues lo que estamos haciendo es en base a la genética, que es certera científicamente”.
Los dinamitaron, quemaron, ocultaron
“Cuando teníamos condiciones favorables, como datos de las familias, cuerpos completos, etc., que permitieran identificar personas, pudimos hacerlo mediante otros métodos que no eran los genéticos, y hay casos en que están muy bien hechos. Eso sucedió con ejecutados políticos en general. Pero no hay que olvidar que en el caso de los detenidos desaparecidos en particular, hubo grandes dificultades debido a los ocultamientos de restos, a que los enterraron de más de uno ‘para ahorrar’, como señaló el dictador”.
“Nosotros estamos enfrentando un problema de degradación de ADN, pues los cuerpos fueron trasladados, ocultados una y otra vez, dinamitados, expuestos al sol del desierto, enterrados quemados, etc.”, manifiesta Bustos.
“No busques más, lo encontramos”
“Decirle a un familiar, éste es tu ser querido que estabas buscando, lo describo como un momento de tranquilidad respecto a la certeza, porque humanamente, no solo como valor, sino que más todavía, cuando uno representa una institución de este tipo, se tiene que trabajar con la verdad y decir… estoy en condiciones de hacer este proceso y quizás obtener un resultado, pero nunca asegurar un resultado antes de tener la certeza científica, esa es la tranquilidad que uno le transmite a las personas”.
“Para los familiares el dolor de la pérdida se ratifica y se abre un proceso no solo de duelo, sino que se abren mayores posibilidades de aplicar justicia y uno espera que ello suceda”, reflexiona Bustos.

Los doctores de los campos clandestinos. APROPIACION DE NIÑOS EN LA DICTADURA

EL PAIS › DOS MEDICOS Y UNA OBSTETRA SERAN JUZGADOS POR SU RELACION CON LA APROPIACION DE NIÑOS EN LA DICTADURA

Los doctores de los campos clandestinos

Los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín y la obstetra Luisa Arroche serán juzgados por la apropiación de niños durante la dictadura. Se desempeñaban en la maternidad clandestina que funcionaba en Campo de Mayo.

 Por Ailín Bullentini

Por primera vez serán juzgados profesionales de la salud que participaron en partos clandestinos de concentración donde dieron a luz hijos de prisioneras que permanecen desaparecidas. Los médicos están acusados por su participación en la apropiación de los bebés de las prisioneras. Como antecedente a este juicio, en uno de los fallos judiciales por delitos de lesa humanidad más trascendentes, el Tribunal Oral Federal Nº 6 había determinado que el robo de bebés paridos por mujeres secuestradas en centros clandestinos de detención fue una práctica sistemática y generalizada del terrorismo de Estado desatado durante la última dictadura cívico-militar. Por esos crímenes, los integrantes de la cúpula militar que gobernó al país aquellos años fue severamente condenada. Dos años después, y bajo la misma mecánica, el mismo tribunal comenzará a juzgar este miércoles a integrantes del personal médico militar vinculados con la apropiación de bebés nacidos en la maternidad clandestina que funcionó en Campo de Mayo y cuyas responsabilidades no fueron analizadas en aquel mítico juicio. Cada uno en el caso que corresponda, los acusados, los médicos Norberto Bianco y Raúl Martín, y la obstetra Luisa Arroche y los represores que tuvieron a su cargo la zona, Santiago Riveros y Reynaldo Bignone, deberán responder por el robo de nueve bebés –cinco de los cuales lograron recuperar su verdadera identidad–, según el requerimiento de elevación a juicio de Abuelas de Plaza de Mayo. Las historias de los nietos recuperados Francisco Madariaga Quintela y Catalina de Sanctis Ovando serán algunas de las tratadas a lo largo del debate.

Pasaron dos años de aquel primer y emblemático acto de justicia y casi una década desde que Abuelas de Plaza de Mayo le pidió al Poder Judicial que, sin perder de vista a “los Videla, los Massera, los Riveros y Bignone”, investigara a las segundas y terceras líneas de las Fuerzas Armadas que participaron en el proceso de robo y entrega de bebés que varias mujeres parieron en el Hospital Militar de Campo de Mayo durante su cautiverio clandestino. El funcionamiento de esa “maternidad clandestina”, como la parte de la sociedad que se preocupó por que la Justicia analizara los horrores de aquellos años, rebautizó a esa institución sanitaria que aún respira recostada sobre la avenida Pablo Ricchieri de la guarnición militar de Campo de Mayo, fue ventilado en el juicio por el plan sistemático, con lo cual, muchos testimonios desplegados entonces serán incorporados en este debate vía reproducción audiovisual. Algunas otras versiones de los hechos ofrecidas durante la intrucción también serán sumadas sin necesidad de ser reiteradas frente a los jueces María del Carmen Roqueta, Julio Luis Panelo y Jorge Humberto Gettas. En los pasillos de Comodoro Py apuestan a que la sentencia llegue antes de fin de año.

El juicio a los médicos

Riveros y Bignone fueron condenados a en el juicio por el Plan Sistemático. A Bignone, no obstante, se lo juzgó como miembro de la última junta de comandantes que dirigió la última dictadura cívico-militar. Recibió 15 años de cárcel, condena que fue incrementada a 25 por la Cámara de Casación. Riveros, condenado a 20 años, fue responsabilizado como jerarca del Comando de Institutos Militares que tenían, bajo su órbita, a Campo de Mayo. Sin embargo, el marco de acusaciones que decantó en ese debate oral no tuvo siquiera desde su etapa de instrucción en cuenta a los médicos militares que integraron el organigrama delictivo. Los médicos que dirigían el Hospital Militar de Campo de Mayo y especialmente quienes tenían a su cargo el área obtétrica de esa institución “habían quedado afuera del ojo de la Justicia”, determinó Alan Iud, que representará junto a Pablo Lachener a la querella de Abuelas de Plaza de Mayo en el debate oral que arrancará el miércoles.

Como la causa por el Plan Sistemático ya estaba elevada a juicio oral, Abuelas decidió impulsar la investigación en el mismo expediente que investigaba los crímenes de lesa humanidad cometidos en Campo de Mayo, que recorría, entonces, instancias preliminares. Año 2006. Justicia del distrito de San Martín. Varios años después, la Cámara local decidió que esa investigación debía entenderse como una continuidad de la causa mayor y, como aquélla, tramitarse en la Justicia federal. Ocho años después de aquel primer paso, la causa llegó a su juicio oral, que en un primer momento tuvo como fecha de inicio en julio, pero fue pospuesto por las recusaciones que las defensas de los imputados presentaron contra la presidenta del tribunal y su coequipier, Panelo, y que no prosperaron.

Los casos

En el Pabellón de Epidemiología del Hospital Militar de Campo de Mayo existieron, entre fines de 1976 y fines de 1978, dos habitaciones “especiales”: ventanas enrejadas, cerrojos en las puertas, sin luz. Por esas habitaciones pasaron, por lo menos, 17 jóvenes embarazadas cautivas de la cacería del terrorismo de Estado que desató su furia en el país entre 1976 y 1983. Hasta allí eran trasladadas, en autos particulares, tabicadas, esposadas, desde diferentes centros clandestinos de detención que funcionaron en la órbita de Campo de Mayo, cuando se acercaba su fecha de parto. Los alumbramientos sucedían, la mayoría de las veces inducidos y por cesárea, en el quirófano del hospital. Luego, las mujeres eran despojadas de sus bebés, a los que le perdían el rastro, y depositadas nuevamente en las habitaciones privadas de Epidemiología hasta su alta. El destino siguiente era de nuevo el centro clandestino. Y, desde allí, la desaparición. La muerte.

Detalles más, detalles menos, así fueron los últimos días de Marta Alvarez, Susana Stritzler, Mónica Masri, Valeria Beláustegui Herrera, María Eva Duarte, Myriam Ovando, Silvia Quintela Dallasta, Norma Tato y Liliana Isabel Acuña, cuyas historias serán el eje del debate oral que comenzará esta semana y quienes permanecen desaparecidas. Existen otros ocho casos similares cuyas causas aún no fueron elevadas a juicio oral, paso burocrático que la querella de Abuelas espera que suceda en el transcurso de estos meses. Dependerá del TOF 6 que puedan ser, luego de esa elevación, incorporados al debate.

Detalles más, detalles menos, fueron los primeros días de, por lo menos, Francisco Madariaga Quintela, Catalina de Sanctis Ovando, Belén Altamiranda Taranto, Pablo Casariego Tato y Valeria Acuña Gutiérrez: hijos de algunas de aquellas víctimas y recuperados, a lo largo de los años siguientes y con la fuerza de la búsqueda incansable de Abuelas de Plaza de Mayo. La mayoría de las historias de estos nietos recuperados fueron ventiladas en el juicio por el Plan Sistemático, como el caso de Madariaga, Casariego Tato o Altamiranda Taranto, o en debates orales individuales contra apropiadores o entregadores, como lo tuvo de Sanctis Ovando.

Los acusados

En sus primeros años, el expediente que indagó lo sucedido en la maternidad clandestina que funcionó en el Hospital Militar de Campo de Mayo contaba con una decena de imputados. Más de la mitad no ocupará el banquillo de los acusados: algunos fallecieron, otros fueron salvados por “cuestiones de salud”.

Por ser las autoridades máximas de la zona de defensa IV del Ejército nacional, que incluye en su jurisdicción la repartición militar de Campo de Mayo, Riveros y Bignone volverán a ocupar el banquillo de los acusados en este juicio. Son los únicos dos imputados a los que el funcionamiento vertical de la jerarquía militar no los deja despegarse de los delitos a exponer en el debate oral que comenzará el miércoles. En esa misma línea de responsabilidades la querella de Abuelas ubicaba a Antonio Bussi, quien falleció en noviembre de 2011.

De los médicos militares retirados que aportarían su responsabilidad en este debate, só´lo dos finalmente llegaron a juicio. Raúl Martín y Norberto Bianco. Martín fue jefe del servicio de Clínica del Hospital Militar en el que parieron más de una quincena de mujeres, en su mayoría jóvenes, secuestradas clandestinamente por el terrorismo de Estado y en donde les arrebataron a sus hijos. Según la acusación de la querella, Martín era un “retransmisor” de información relativa a la presencia de esas mujeres en el hospital, a sus partos y al destino de sus bebés. Bianco fue jefe del Servicio de Traumatología de la institución. La querella y la Fiscalía, a cargo de Martín Niklison, coinciden en señalarlo como un “personaje clave” en la asociación que los unificó junto a otros profesionales militares cuyo objetivo fue despojar de sus niños a detenidas ilegales cuyo destino era la desaparición. Yolanda Arroche de Sala García fue obstetra de la institución y está acusada de haber firmado el certificado de nacimiento falso de uno de los bebés apropiados y quien ya recuperó su identidad, Francisco Madariaga Quintela. El milico médico Julio Caserotto, quien tenía a su cargo el servicio de Obstetricia del hospital, falleció. Jorge Habib Haddad fue subdirector del centro de salud de la fuerza, mientras que Ramón Capecce era jefe de Cirugía. Ambos fueron declarados “incapaces de defenderse” por deficiencias en su estado psíquico. Los tres se salvaron de la Justicia.

8 de septiembre de 1986. Cuatro cuerpos cocidos a balazos…

El Pepe que conocí

El lunes 8 de septiembre de 1986, el periodista Fernando Paulsen tuvo que cumplir la más dura de las tareas: contarle a Silvia Vera que su marido, el periodista José Carrasco, había sido asesinado. En este relato, Paulsen relata cómo vivían los periodistas de la revista Análisis en plena dictadura, su relación con Carrasco y el impacto del asesinato del periodista, hecho en el que se basa parte del capítulo 9 de Los Archivos del Cardenal 2. “El mensaje que se entregó esa madrugada del 8 de septiembre de 1986, con cuatro cuerpos cocidos a balazos en distintas partes de Santiago, fue el fin del mito: un electricista, un publicista, un profesor y un periodista estaban en igualdad de condiciones de ser exterminados durante la Dictadura. La pequeña arrogancia que teníamos de creer que ser periodista te daba inmunidad para lo más brutal de la represión, dos años antes del plebiscito, quedó destruida de cuajo”.

Por Fernando Paulsen

I. Usted
La voz de Silvia Vera canta la canción “Usted”, de Armando Manzanero. Estamos en su departamento de calle Santa Filomena, en el barrio Bellavista. Hemos escuchado el “Usted” de Silvia muchas veces. Tiene muy buena voz y clara entonación. Pero lo que todos en ese departamento estamos esperando es el momento en que Silvia le dedica la canción con distintas miradas a su esposo, el Pepe Carrasco.

Hay miradas burlonas cuando Silvia canta que Pepe “es el culpable de todas sus angustias y todos sus quebrantos”. Reímos todos. Hay miradas de resignación cuando Silvia se declara “esclava de sus ojos y juguete de su amor”. Hay miradas de futuro cuando Silvia reconoce en Pepe “su esperanza, su última esperanza”, y pide a Pepe que la comprenda. Y todo termina con esa mirada de plegaria urgente, cuando la voz baja hasta el borde del silencio, para prometer que Silvia “la vida diera por vencer el miedo de besarlo a Usted”.

Por supuesto, la canción termina con el mentado beso y los aplausos de todos.

Las rutinas en tiempos de dictadura eran algo deseado. Daban seguridad. En la revista Análisis teníamos la rutina de tener Viernes Alegres. Luego de entregada la siguiente edición a la imprenta, el último día hábil de la semana se convertía en fiesta. La mayoría de las veces en la misma revista, pero poco a poco fuimos trasladando la fiesta a casas de cada cual, donde todos llegaban.

Había un trago que era impajaritable, que no sé por qué razón nos gustaba tanto tomar y del que hoy poco se escucha, el vino navegado. Como un malón a la antigua empezaban a llegar los que denominábamos “amigos de la revista”, que traían cosas para comer y para tomar. Un “amigo de la revista” no requería muchos requisitos, salvo que alguien que trabajara en Análisis lo invitara. De ahí quedaba con licencia para ser parte de los Viernes Alegres hasta el infinito.

Silvia Vera, viuda de José Carrasco. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

En el departamento de Pepe y Silvia, cuando ella cantaba “Usted”, se vivía el último Viernes Alegre de los antiguos, donde cualquiera llegaba y todos eran “amigos de la revista”. Ninguno de nosotros, que éramos esa vez como diez o doce, volvería a escuchar a Silvia cantarle “Usted” al Pepe. Desaparecerían las miradas, las burlas y el beso final con el tan-tán de la canción.

Ese fue un Viernes Alegre reducido. Estaban pasando cosas raras. Llamados telefónicos amenazantes, seguimientos de autos extraños. 1986 había sido declarado como el Año Decisivo por la oposición de izquierda a la Dictadura. La movilización social aumentaba. Las coaliciones opositoras también aumentaban. A la Alianza Democrática y el Movimiento Democrático Popular (MDP) , nacidos en 1983, se sumaba ahora una Asamblea de la Civilidad que era un arco amplísimo de figuras representando gremios, confederaciones, sindicatos, partidos políticos, centros de estudiantes, académicos y que tenían a la protesta en las calles como método favorito de expresión.

José Carrasco Tapia, editor internacional de revista Análisis y consejero del Colegio de Periodistas, militante del MIR, era un entusiasta de la expectativa que mostraba la Asamblea de la Civilidad. Defendía que la protesta cundiera en momentos en que algunos creían que esas manifestaciones eran sólo abollones menores que no desviaban a la Dictadura de su curso y, en cambio, clamaban que había llegado el tiempo de enfrentar al dictador en su terreno, el militar. Eran los que decían que la gente en la calle era una aspirina cuando se necesitaba cirugía mayor.

En ese contexto, comenzaron a llegar telefonazos amenazantes contra Pepe. Estábamos acostumbrados a recibirlos. Nuestras familias, no. Parecía una rutina infernal más. Hasta que pasó lo del Palacio de Tribunales.

II. A Buenos Aires
En esos días de agosto de 1986, prácticamente todas las semanas los periodistas de Análisis teníamos que ir a tribunales a declarar porque se habían presentado acciones legales en contra nuestra. El director, Juan Pablo Cárdenas, le hacía burlas a Pepe Carrasco, porque era el único que no recibía querellas ni llamados a tribunales. Pepe se reía y decía en tono demasiado solemne para la festiva acotación de Juan Pablo: “Es que a mí me tienen en engorda”. Y no faltaba la referencia a lo bueno para comer que era Pepe y todos nos reíamos. Pepe no tanto.

El periodista José Carrasco estuvo exiliado en Venezuela y México. Volvió a Chile a inicios de 1984. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Era martes o miércoles, no recuerdo bien. Mediados de agosto. Estaba en el palacio de Tribunales. Tenía que declarar ya no sé por qué caso ni por qué cosa. Entonces, era común ver mini protestas o eventos muy rápidos de crítica contra la Dictadura en el centro de Santiago. Incluso en ocasiones se formaban mítines muy rápidos dentro de Tribunales: grupos de 10 a 15 personas gritaban algo, tiraban unos folletos al aire y salían corriendo.

Después de declarar, salí por la puerta que da a calle Bandera y levanté uno de los folletos que se habían tirado hacía escasos minutos. Tenía la foto de Pepe Carrasco, la palabra “traidor” y una X sobre su rostro. El documento estaba muy burdamente confeccionado. Intentaba pasar por una amenaza del propio MIR contra uno de sus más conspicuos militantes. La idea era que quienes no estaban con la tesis del enfrentamiento armado, sobraban o eran traidores. Y a Pepe se le acusaba de esto último.

Me fui de inmediato a la revista y le conté a Juan Pablo Cárdenas lo que había visto. Me dijo que lo habían llamado para contarle que alrededor del Campus Oriente de la Universidad Católica se habían tirado panfletos similares. Teníamos tiempo antes que la siguiente edición entrara a imprenta y colocamos un recuadro en el No. 155 de Análisis, bajo el título: “José Carrasco: Amenazas de muerte contra periodista de Análisis”. En él relatábamos la seguidilla de panfletos que habían aparecido. Se incluía un trozo de la declaración que había sacado el Colegio de Periodistas, manifestando “su más plena solidaridad con este dirigente”. El recuadro agregaba la siguiente información: “Después que se diera a conocer a la luz pública el tenor de las amenazas contra el editor internacional de Análisis, llegó hasta la redacción un comunicado que firma el Secretariado Nacional del MIR, en el que se señala que los panfletos con las amenazas de muerte contra José Carrasco no son de su autoría. En el comunicado del MIR se atribuye la acción a organismos represivos del Régimen, indicando que su objetivo sería asesinar a dirigentes opositores para después hacerla aparecer como luchas internas entre los sectores democráticos”.

Nos reunimos a la semana siguiente con Pepe. Estábamos Juan Pablo Cárdenas, María Olivia Monckeberg, subdirectora, y yo, que a la sazón era Jefe de Informaciones de la revista. Considerábamos que la situación era absolutamente anormal, más allá de las consabidas amenazas telefónicas. Si había una constante en la represión de la Dictadura era que cada vez que se publicitaba una pugna interna se terminaba con muertos. La tesis de la pugna interna era un excusa predilecta de la Dictadura. Los desaparecidos habían, en su tiempo, sido explicados como una purga interna entre los que querían combatir en Chile y los que querían asilarse e irse del país, luego del Golpe. Los 119 ejecutados por la DINA en 1975, en la denominada Operación Colombo, fueron calificados al principio de víctimas de un enfrentamiento entre miristas. La guinda de la torta en esta operación mediática cívico-militar fue el titular del diario La Segunda: “Exterminados como ratones”. Más cerca en el tiempo, los degollados de 1985, sólo un año antes de los hechos que acá relato, habían sido explicados por dos miembros de la Junta Militar, el almirante José Merino y el general César Mendoza, como parte de un “ajuste de cuentas entre comunistas”.

Fernando Paulsen en el funeral del periodista José Carrasco.  Archivo Inés Paulino.

Por lo tanto, cuando se creaba públicamente la idea de una reyerta interna dentro de un movimiento o partido de izquierda, con lenguaje maniqueo y absoluto, donde unos eran los correctos y otros los traidores, se sabía que esa plataforma manipulativa terminaba con muertos que eran asociados a la supuesta lucha intestinal.

A raíz de lo anterior se tomó la decisión de pedirle a José Carrasco, en esa reunión en la revista, su salida del país con carácter de inmediata. Era una forma de protección. El destino era Buenos Aires por dos razones con nombre de mujer: María Eugenia Camus y Gladys Díaz. La “Cheña” Camus había trabajado desde 1984 como periodista en la revista, era gran amiga de Pepe, y había vuelto hacía pocos días a Buenos Aires donde su marido, Sergio Santos, tenía un negocio fotográfico. Gladys Díaz, también periodista, vivía igualmente en Buenos Aires, y colaboraba frecuentemente con Análisis. Los tres –Pepe, la Cheña y Gladys– eran muy amigos: habían militado en el MIR, habían padecido la cárcel y el exilio post Golpe, habían rehecho sus vidas, y tanto María Eugenia como Gladys vivían a sólo una hora y media en avión de Santiago, en la capital de Argentina.

Juan Pablo me dijo que le avisara a la “Cheña” que Pepe llegaría a Ezeiza. Lo hice sin darle a María Eugenia muchas explicaciones, porque ella entendía perfectamente lo que estaba pasando. Al día siguiente fue a recoger a Pepe al aeropuerto y durante los siguientes 20 días Pepe Carrasco se los pasó entre el departamento de Cheña, donde se quedaba casi todo el día, y el de Gladys Díaz, entonces casada con Alejandro Bahamondes, actual dirigente del PPD.

III. Personal 1
“Fernando, ¿dónde guardas tu plata?”. La pregunta me dejó lelo. En Análisis ganábamos bastante poco y merced a las invocaciones que hacíamos –con el dichoso vino navegado- cada fin de mes a Santa Petunia (personaje inexistente que Juan Pablo Cárdenas nominó Patrona de la revista Análisis), milagrosamente los pagos no se atrasaban demasiado. Por lo que pensar en guardar la plata no era algo que se me hubiera ocurrido. Uno funcionaba como esos bomberos de los servicentros antiguos, que eran cajeros automáticos de carne y hueso. Siempre con el fajo de billetes en el bolsillo, enrollados en un gran bolo. A nosotros no nos daba para gran bolo, pero sacábamos lo necesario para el día o la semana, y el resto se quedaba en algún recipiente de la casa. Además, a partir de la ola de relegaciones y exilios –los había por cientos desde que se iniciaron las protestas en 1983-, siempre era conveniente llevar algo de plata en cash, por si despertabas en otro lugar o país.

Homenaje en recuerdo de Pepe Carrasco, asesinado en septiemnbre de 1986 en venganza por atentado a Pinochet.  Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

“Te lo pregunto en serio”, me dijo Pepe. “Es una tontera andar con los billetes encima. Un incentivo al robo, lo mismo que se sepa que guardas dinero constante y sonante en la casa. Lo que tienes que hacer es abrir una cuenta corriente y depositarlo ahí. Usa cheques, es más eficiente”.

Ya éramos grandecitos a esas alturas de 1984 o 1985, estábamos casados, y venía el Pepe y nos trataba como niños, porque lo mismo le dijo a Juan Pablo Cárdenas y creo que a dos o tres periodistas más. El hecho es que más tarde que temprano terminamos preguntándole a Pepe cuál era el banco que nos aconsejaba. “Eso es obvio, el que está aquí a media cuadra de la revista, el Citibank”, respondió despreocupadamente. La revista Análisis quedaba en Manuel Montt 425, comuna de Providencia, y, efectivamente, hacía pocas semanas se había instalado en la esquina de Manuel Montt con Nueva Providencia (entonces con letreros que decían que se llamaba Avenida 11 de septiembre) una sucursal del Citibank.

“Ya sé que me van a decir cómo sugiero un banco del imperialismo –se anticipó Pepe-, pero si necesito guardar mis pocas platas, aquí y ahora, confío más en las instituciones de Estados Unidos que en las creadas y mantenidas por la Dictadura”.

Y partimos un día en procesión, caminando desde la revista a la sucursal del Citibank, donde varios abrimos nuestra primera cuenta corriente. El hábito de pagar con cheque ha estado conmigo desde entonces; incluso ahora cuando el plástico y las transferencias dominan la escena, sigo siendo un cultor de esa liturgia de estampar en números y después en palabras el monto a pagar, poniendo la fecha muy claramente, nombrando al beneficiario, tirando dos rayas para cruzar el documento a fin de que se deposite y ratificando todo con la propia firma. Pepe Carrasco me inculcó ese hábito, que tiene el mérito de hacerme recordar al compañero de revista, cada vez que alguien me pregunta: “¿por qué sigues haciendo cheques cuando nadie ya lo hace?”

IV. Personal 2
En 1986 se desmoronó la primera familia que construí. Una familia de dos, porque éramos solo mi ex mujer y yo. Nos separamos la última semana del 85. Me fui a la casa de mi madre, pero sabía que tenía que encontrar algo propio y rápido. Mi cabeza, sin embargo, no estaba para iniciar una búsqueda de departamento y, por lo tanto, dilataba la salida de la casa de mi mamá con excusas que ni yo creía. En Análisis se turnaban las amigas periodistas para distraerme un poco: la Patty Collyer me invitó a pasar mi primer Año Nuevo de separado con su familia; la Pamela Jiles inventaba ocasiones para celebrar algo, cualquier cosa, con tal de hacerme salir, juntarnos con gente y vaciar la mente un rato; María Olivia Monckeberg organizaba asados, más frecuentemente que de costumbre, donde todos nos reíamos y los temas personales se alejaban por largas horas. Pero todo ello me mantenía en la casa de mi madre.

Un día, Pepe Carrasco entró a mi oficina y cerró la puerta tras él. “Fernando –me dijo–, separarse es una mierda. Separarse sin tener a otra persona, es más mierda todavía. Esa mierda se traduce en posponer el regreso a la vida normal y eso pasa por tener espacios propios. Da lata buscar casa, rearmar piezas y baños, y uno termina haciendo todo eso a la rápida y mal. Por eso, te pido (me pasa un papel escrito) que vayas a hablar con esta persona a esta dirección de la calle Purísima, al lado de donde vivo yo. Es una persona que arrienda una casa que posee justo arriba de la suya. Tiene dos habitaciones, living y comedor, una cocina larga y, lo mejor, una terraza de loza arriba, que abarca toda la planta y que mira al cerro San Cristóbal, donde si vas por la noche y escuchas atentamente, podrás oír el rugido de los leones del zoológico. Ya hablé con él, sabe quién eres tú, dónde trabajas y negocié el precio del arriendo, de tal forma que si te gusta, no tienes más que decir que sí y tienes nueva casa.”

Yo no pertenecía al círculo de los amigos íntimos de Pepe Carrasco. Nos llevábamos bien, conversábamos a menudo y participábamos de las fiestas periódicas que hacíamos en la revista. Pero su núcleo de fierro pasaba por relaciones históricas con otros periodistas como la Cheña, Gladys, su entrañable amistad con Juan Pablo Cárdenas, su paternal cariño y apoyo a periodistas más jóvenes como la Patty Collyer o la María José Luque. Habíamos tenido discusiones fuertonas en alguna ocasión, como había muchas en la revista Análisis, que congregaba a personas que pensábamos distinto, pero tenían un objetivo común, cual era retornar lo más pronto posible a la democracia.

Por eso me sorprendió tanto esa reunión a puertas cerradas, donde Pepe me habló como un íntimo amigo le habla a otro en momentos de miedo y duda: no trayéndole más problemas, sino resolviéndoselos.

IV. El retorno
Habla tú esta vez con el Pepe, Fernando”, me dijo Juan Pablo Cárdenas mostrándome el auricular. “Yo me agoté”. Desde que Pepe se había ido a Buenos Aires no pasaba un día sin llamar a la revista, para ver si ya estaban dadas las condiciones para volver. Juan Pablo recibía sus llamados, le comentaba lo que estaba ocurriendo en el país y, pese a las insistencias de Pepe, le pedía al editor internacional de la revista que permaneciera en Buenos Aires un tiempo más.

Mlitante del MIR, en los '80s Carrasco era de los que apoyaba la tesis de que la movilización social -más que la lucha armada- permitiría terminar con la dictadura.  Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

Así por casi 20 días. El jueves 4 de septiembre de 1986 volvió a llamar. Dijo que Silvia tenía una dolencia muy fuerte en su espalda; que los niños –Iván, Alfredo y Luciano- necesitaban ayuda; que había visto cómo se habían acabado las amenazas y los panfletos, que la cosa estaba calmada y que quería volver.

Estábamos en la oficina de Juan Pablo, creo que con María Olivia Monckeberg también, y ahí se tomó la decisión de dejar de obstaculizar su regreso. Pensábamos que efectivamente la situación había cambiado. Y pesaba la necesidad de sus hijos y de Silvia.

“Vuelve, no más”, le dijo Juan Pablo. “El domingo te hacemos un asado en la casa de la María Olivia.” Pepe no se demoró más que unas pocas horas y el viernes 5 de septiembre entraba de vuelta a su país por el aeropuerto Arturo Merino Benítez.

Pepe Carrasco no pudo ir al asado en casa de María Olivia Monckeberg en la calle Luis Carrera, en Vitacura, el domingo 7 de septiembre. Dijo que la Silvia tenía todavía dolores de espalda muy fuertes y que prefería quedarse con ella en el departamento. Nos quedamos de encontrar todos el lunes en la revista. Y hubiese sido así, pero ese fin de semana cambiaría nuestras vidas radicalmente.

V. Domingo 7
“Mamá, parece que trataron de matar a Pinochet”, dijo Magdalena Browne, hija de María Olivia, tras aparecer de sopetón en el living, en medio del bendito asado. Nadie pareció escucharla. Magdalena tenía entonces unos 12 años y comenzó a alzar la voz.

“Mamá, trataron de matar a Pinochet”, gritó. Nos callamos. La niña dijo, “en la tele”, y partimos al dormitorio principal donde estaba el televisor. Había cadena nacional, estaba en ella hablando el entonces ministro secretario general de Gobierno, Francisco Javier Cuadra. Daba cuenta del atentado ocurrido contra el general Pinochet en el Cajón del Maipo. Se mencionó que Pinochet estaba ileso, lo mismo que un nieto que lo acompañaba, que había muertos entre la escolta del gobernante y que quienes habían perpetrado el atentado habían logrado escapar.

No habían pasado segundos desde que mirábamos, estupefactos, la televisión, cuando sonó el teléfono en la casa de María Olivia. Era Pepe Carrasco, el periodista Pepe Carrasco, que tenía solamente una cosa en la cabeza. La revista Análisis ya había sido enviada a la imprenta y aparecería el lunes sin consignar la noticia más importante del momento. “Eso no puede ser”, le dijo Pepe a Juan Pablo Cárdenas. “Tenemos que incluir aunque sea un recuadro en portada sobre el atentado o no habremos hecho bien nuestra pega”, insistió.

El problema era que la revista se imprimía en una editorial que tenía límites muy estrictos para recibir material y, además, cada cambio costaba una enorme cantidad de dinero. Juan Pablo, en todo caso, estuvo de acuerdo en que había que cambiar la portada. Mientras se informaba que se declaraba Estado de Sitio y se decretaba toque de queda, los contactos con la editorial permitieron cambiar las películas de la primera página, para que consignara el atentado. Sin embargo, antes de que todo el material pudiera imprimirse, el gobierno decretó la suspensión de varios medios de comunicación, invocándose el Estado de Sitio, incluyendo a Análisis. La pega que pedía Pepe se hizo, pero esa edición no vio nunca la luz. El Estado de Sitio duró cuatro meses, hasta enero de 1987, cuando recién fuimos autorizados, junto a otras publicaciones, para volver a los quioscos.

Nos fuimos rápidamente a nuestras casas, antes de que se activara el nuevo toque de queda. Quedamos de juntarnos a primera hora en la revista. Tomé mi automóvil, un pequeño Subaru Rex, y partí hacia Bellavista. Pasé frente al edificio de Pepe Carrasco, todo a oscuras, di la vuelta a la manzana para tomar Purísima y entré en mi casa. No intenté escuchar el rugido de los leones del zoológico. Como sería público en cosa de horas, los zarpazos asesinos andaban en la calle, no en el cerro esa noche.

VI. “Hay que contarle a Silvia”
Cuando llegaron, como a las 5 de la mañana del lunes, tan sólo a metros de mi casa, a buscar a Pepe Carrasco, yo dormía profundamente. No recuerdo quién me dijo y dónde supe lo de su secuestro. Lo que sí recuerdo es que nos distribuimos los periodistas y personal de la revista en diversas direcciones donde pudiéramos buscar apoyo para que soltaran luego a Pepe. Fuimos al Arzobispado, a las embajadas, hablamos con los pocos miembros de gobierno que recibían nuestras llamadas y nada. No había señales de Pepe Carrasco. Estábamos dispersos en muchos lugares, hasta que Teresa Izquierdo, secretaria de la revista, decidió que había que acompañar a la Silvia en su departamento. La acompañó el abogado de DDHH, Fernando Zegers. Y para allá también partí yo. En ese lugar nos encontramos con Hernán Cardemil, que vivía en el mismo edificio, y que oficiaba de productor de Análisis en lo que tenía que ver con la relación con la imprenta.

Los demás comenzaron a dejar de ir por apoyo a Iglesias y embajadas, y empezaron a reportear las posibilidades de un desastre: si a Pepe lo habían matado tenía que llegar a la Morgue, o llegaría a las radios la noticia de un cuerpo encontrado en algún lado.

En los '90s la calle Belgrado, donde se ubicaba la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, varias veces fue pintada con el nombre del periodista. Hoy se llama Periodista José Carrasco Tapia.  Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.

La Tere Izquierdo y Fernando Zegers pidieron hablar conmigo a media mañana en el departamento de ella, que quedaba en el mismo edificio de Pepe. Me dijeron que habían recibido un informe de que dos cuerpos habían sido encontrados, muertos, y que estaban en la morgue. Que uno de ellos era el de Pepe Carrasco. Entendí de inmediato lo que pasaba: alguien tenía que decirle la verdad a la Silvia, antes de que un flash de Radio Cooperativa o un extra de televisión diera cuenta en lenguaje periodístico del hecho.

Uno es un profesional entrenado para dar informaciones. Las he dado de todo tipo: algunas festivas y, por ende, sin riesgo alguno; otras trágicas, como las catástrofes naturales o la muerte de una personalidad mundial; las hubo también con drama económico, con colapsos y quiebras por doquier; y, por cierto, esas noticias de todos los días en Dictadura de alguien caído, preso, golpeado, y que contábamos con rabia contenida.

Pero no me sentía preparado para contarle a Silvia lo que sabíamos. Pensé por un instante que quizás debíamos esperar a Juan Pablo o a Fernando Castillo Velasco, ex rector de la UC y presidente del directorio de Análisis. O a que llegara el hermano de Pepe, Raúl, y hablara con su cuñada en familia.

Le pregunté a Fernando y la Tere si había margen de error. Me dijeron que no. Sabíamos que corríamos contra el extra de algún medio, la noticia se esparciría rápido y más pronto que tarde sería difundida. Les pedí que llamaran a la Silvia para que viniera al departamento de la Tere. Les pedí que se quedaran en la pieza conmigo. Yo hablaría.

–Silvia, encontraron un cuerpo que creemos que es el Pepe-, le dije lo más articulado que pude.
–¿Está vivo o muerto?- preguntó ella.
–Muerto– dije yo.
–¿Estás seguro que es el Pepe?– preguntó la Silvia en un hilo de voz.
–Estoy seguro –le dije-. En un rato se sabrá por los medios. No queremos que te enteres por la radio. Por eso te lo decimos nosotros.

Silvia me dio las gracias por avisarle y salió con la Tere a prepararse para lo que sabía que vendría. Contarle a sus hijos, el reconocimiento en la Morgue, y la mierda de futuro inmediato que se venía encima.

VII. Espero que no, pero…
El periodismo opositor en Dictadura hizo un ejemplar trabajo de justicia de imprenta. Todo lo que se sabe de las violaciones a los derechos humanos entre 1973 y 1990 fue escrito y publicado durante la dictadura en las pocas revistas de oposición que estaban autorizadas para existir. Si los tribunales, hasta el día de hoy, han fallado en su labor de hacer justicia legal respecto de esa brutalidad, distinta es la realidad de la prensa independiente de la época, que estuvo a la altura de su papel investigativo y de exposición de hechos.

Se reporteó sin desconocer el miedo que nos embargaba. Se llegó a recuperar órdenes escritas, documentos que nadie quería que se conocieran. Se entrevistó a víctimas, familiares, abogados. Y este empuje periodístico incontenible incluso permeó el núcleo de poder dictatorial, abriéndose varias fuentes claves para dilucidar crímenes que ellos mismos repudiaban. Poco a poco se abrió paso para que se pudiera entrevistar, en esos medios marginales, a señeras figuras de la Dictadura desencantadas con el Régimen, o que no aceptaban que les imputaran crímenes que habían cometido sus superiores.

En todo ese largo camino de investigación y difusión –con estados de excepción que suspendían varias veces los medios, que encarcelaban a los directores de ellos y a sus periodistas–,dentro de lo más oscuro de la Dictadura y sus métodos, a mediados de los ‘80 muchos creíamos que ser periodista era una especie de escudo protector. Claro, se querellaban contra nosotros, pasábamos semanas o meses en la cárcel, teníamos que destinar varias horas de la semana a declarar en tribunales, y nuestras familias vivían a saltos por nuestras conductas periodísticas.

Pero el mensaje que se entregó esa madrugada del 8 de septiembre de 1986, con cuatro cuerpos cocidos a balazos en distintas partes de la ciudad de Santiago, condenados –sin juicio– por un crimen que no cometieron, fue el fin del mito: un electricista, un publicista, un profesor y un periodista estaban en igualdad de condiciones de ser exterminados durante la Dictadura. Sus profesiones eran irrelevantes; si eran dirigentes de gremios nacionales no importaba. La pequeña arrogancia que teníamos de creer que ser periodista te daba inmunidad para lo más brutal de la represión, dos años antes del plebiscito, quedó destruida de cuajo con el asesinato de Pepe Carrasco.

La Dictadura funcionó como tal hasta el último día. Y me enorgullezco en decir que la prensa opositora a ella, también. Trabajé con colegas de mi revista y de las otras, que no dudaron un segundo en seguir abriendo el camino de la información que se callaba en los medios uniformados y cómplices activos de la Dictadura.

Nos mataron a uno de los mejores y, lejos de ser un acto inhibidor, fue un acicate. Produjimos más material revelatorio del Régimen y su reguero de muertos en los dos años antes del plebiscito de 1988 que en casi toda la década anterior. La Dictadura hacía agua interna mientras se acercaba el plebiscito, y los medios investigábamos y recibíamos material inédito como nunca antes.
Si el asesinato de Pepe Carrasco fue un aviso a la profesión, no tuvo efecto alguno en la práctica. Al contrario.

Si de lo que se trataba era que sintiéramos que la muerte se acercaba a nosotros, eso se logró muy claramente. Nos dolió y nos duele todavía el asesinato de Pepe Carrasco. Porque más allá de un periodista y lo que representaba gremialmente, Pepe era un compañero de trabajo, un amigo, un tipo con un sentido del humor que no se compra en la farmacia, que escasea y siempre hace falta. Triunfaron en quitarnos lo que no tiene repuesto. Y en instalar una maldita y cruel bomba de tiempo, que significó que Luciano Carrasco, el hijo de Pepe, años más tarde considerara que no había remedio en esta vida para el dolor que lo acompañaba a todas horas, desde que mataron a su padre.

Espero que mis colegas de profesión nunca más tengan que defender la democracia desde la trinchera del periodismo restringido que permite, en migajas, una dictadura.

Espero que los horrores del pasado se graben lo suficiente en nuestra conciencia como para evitar que los demonios del maniqueísmo criminal, del estereotipo criminal, de la mentira criminal, del iluminismo criminal, vuelvan a tener una chance de hacerse del poder a sangre y fuego.

Pero si eso ocurriera, si la repetición de errores llevara a la posibilidad de una nueva dictadura, estoy seguro de que en las catacumbas de la resistencia periodística afloraría, entre muchos otros, el recuerdo de la voz potente y la risa contagiosa de Pepe Carrasco, que impulsaría a iniciar un nuevo viaje, con los que quieran ir -como pasó antes-, simplemente buscando contar noticias que estén prohibidas de revelarse.


VER DOCUMENTAL: “JOSÉ CARRASCO TAPIA”





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