Mi padre Ismael Chávez.

Mi padre Ismael Chávez.

El 11 de septiembre del año 2013, 40 años después del golpe militar, Juan Carlos Chávez interpuso la primera querella criminal contra Agustín Edwards como autor intelectual del delito de homicidio, en favor de los 119 muertos en la Operación Colombo, entre ellos su padre. Esta es la historia de su larga búsqueda y la sensación de liberación que tuvo después de sentar en el banquillo al magnate de la prensa chilena. “Me sentí más liberado y que en cierta forma hacía justicia por mi viejo y por todos aquellos que no se pudieron defender en su momento”, cuenta.

Poco antes de la medianoche, golpearon a la puerta de la casa. “¿A quién busca?”, preguntó Mónica Pilquil a un hombre alto y de voz amable que le pidió hablar con Juan Carlos. Pese a que no era el nombre original de su esposo, sino la chapa con la que lo identificaban en el MIR, accedió a buscarlo sin entrar en detalles.

Si bien era extraño que un desconocido se presentara a esa hora en la casa, pensó que podía tratarse de un compañero que desconocía la identidad original de Ismael. Una estrategia habitual en el trabajo clandestino de aquellos años que no le causó mayores sospechas. “Debe tratarse de algo importante”, pensó.

Esa misma tarde Ismael Chávez había presentado a su hijo recién nacido a sus alumnos de expresión corporal en el Duoc. Estaba tan orgulloso que pidió a Mónica que lo llevara y luego regresaron juntos a su hogar. Cuando descansaba con el niño en una habitación sintió el llamado de su esposa. Al llegar a la puerta escuchó un leve forcejeo.

Tres hombres habían ingresado a la fuerza al domicilio y se identificaron como agentes del Estado. Afuera los esperaba un vehículo con el motor encendido. Recién ahí entendieron que se trataba de una operación de la DINA para capturar a militantes de izquierda delatados por compañeros torturados, que en jerga de la época se conocía como “poroteo”.

Antes de marcharse, sin que se percataran los visitantes, Chávez le entregó a Mónica un puñado de boletos de micros donde se escribían los puntos de encuentro durante la resistencia para que se deshiciera de ellos. Los agentes le dijeron a la familia que se trataba de algo rutinario y que regresaría en un par de horas. Mónica se subió a una escalera y observó desde el techo como su marido era escoltado por tres personas. Llevaba un poncho negro y transmitía una extraña sensación de calma. Ismael Chávez Lobos tenía 22 años y un hijo de menos de un mes de vida. El 26 de julio del año 1974 fue el último día que su familia lo vio con vida.

FALSO ENFRENTAMIENTO

El 22 de julio de 1975, casi un año después de su desaparición, la familia de Ismael Chávez se enteró a través de la prensa que había muerto en un enfrentamiento entre extremistas ocurrido en Argentina, conocido como Operación Colombo. La lista de 119 fallecidos, publicada por la revista argentina LEA y el diario brasileño O’Día, fue replicada en Chile por El Mercurio, La Tercera y el vespertino La Segunda. Este último, en un alarde de impudicia, tituló en primera plana: “Exterminados como ratones”.

La noticia rápidamente fue desmentida por agencias internacionales y el montaje periodístico quedó en evidencia.  En el campamento de concentración de Melinka, en Puchuncaví, 95 presos iniciaron una huelga de hambre denunciando que algunos compañeros asesinados habían estado hacía pocos días en el lugar.A tanto llegó el revuelo internacional que Sergio Diez, entonces embajador de Chile ante la ONU, tuvo que acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas a dar explicaciones. Allí, con el desparpajo de los cómplices, aseguró que los asesinados ni siquiera tenían existencia legal.

Mónica, con su hijo en brazos, recorrió todos los centros de detención donde estaban recluidos los presos políticos, especialmente Cuatro Álamos y el Estadio Nacional. En ninguno de esos lugares recibió alguna pista sobre el paradero de Ismael Chávez. Su marido, a quien conoció cuando tenía 18 años en una marcha en el centro de Santiago, pertenecía al frente de estudiantes universitarios que dependía del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Chávez había estudiado teatro en la Universidad de Chile y el mismo año de su desaparición se matriculó en la escuela de Derecho de la misma casa de estudios. Soñaba con ser diplomático de carrera y estaba convencido de que la intervención militar no se prolongaría por mucho tiempo.

Mientras, se dedicaba a labores de propaganda, confeccionando en mimeógrafo El Rebelde, una revista clandestina elaborada por el MIR donde escribía artículos y Mónica le ayudaba con las ilustraciones. Ambos, además, trabajaban en distintas poblaciones del sector poniente de Santiago. Juan Carlos, como conocían a Ismael, se dedicaba a realizar teatro comunitario en cuanto centro cultural se levantó en aquellos años. Buscaba concientizar a los pobladores a través de su oficio. Siempre decía que hacer teatro, era hacer política.

Mónica quedó embarazada en su último año de secundaria. Pese a que la gente del MIR no era partidaria de que sus miembros se casaran, entendiendo la grave crisis política que atravesaba el país, la pareja decidió contraer matrimonio. Lo hicieron el 1 de febrero del año 1974. Cinco meses más tarde nació Juan Carlos, bautizado así en honor a la “chapa” política de su padre, desaparecido pocos días después de su nacimiento. En 1977, después de varios allanamientos a la casa de Mónica, esta decide exiliarse en Holanda junto a su pequeño hijo.

EXILIO

Juan Carlos Chávez tenía apenas tres años cuando llegó a Ámsterdam. En Holanda comenzaron a vivir con una tía. Mónica empezó a trabajar en un comité internacional de refugiados, ligado al partido radical, y luego en servicios de solidaridad a otros países latinoamericanos que estaban en guerra, como Nicaragua y El Salvador.

El constante activismo político de su madre, despertó tempranamente las inquietudes políticas de Juan Carlos. La casa siempre estaba rodeada de dirigentes de diversos países y escuchaba lo que pasaba en otras partes del mundo. “Yo era súper chico y hacía análisis políticos, sabía harto de historia, sobre la vida del Che Guevara y le conversaba a la gente que llegaba a la casa. Ellos quedaban impactados. Era algo inconsciente”, recuerda Juan Carlos.

Pese a que su entorno era eminentemente político, él nunca se sintió como un exiliado. Iba a una escuela normal, hablaba perfectamente el idioma y su madre acababa de recibir un subsidio de vivienda por parte del gobierno holandés. Como todo niño de su edad comenzó a preguntar por qué su padre no lo iba a buscar al colegio. “A los cinco años supe que estaba desaparecido. Mi madre nunca me inventó nada. Siempre trató de explicarlo y como estábamos metidos en el tema político se me hizo más fácil”.

Juan Carlos piensa que esa resiliencia, en el fondo fue una estrategia emocional para transformar el dolor en un tema político, ideológico, de lucha. Un proceso que con los años, admite, le provocó algunos trastornos psicológicos. “Uno puede disfrazar ciertas cosas como heroísmo, pero tarde o temprano las cosas comienzan a afectarte. Es un fenómeno inconsciente que uno utiliza como una barrera de protección”, analiza hoy.

Encontrar un espacio en el mundo, definir su identidad, fue un trabajo largo y también doloroso. Una búsqueda que comenzó cuando visitó por primera vez Chile cuando tenía 10 años. Su madre, que tenía una relación formal con un ciudadano holandés con los que tuvo dos hijos, terminó de estudiar trabajo social y pidió hacer su práctica en Chile en la Vicaría de la Solidaridad.

El reencuentro con Chile coincidió con las emblemáticas jornadas de protestas en contra de la dictadura. Era el año 1984 y Juan Carlos tenía 10 años. Recuerda haber estado en la Villa Francia con dos de sus tías, arrancando de los pacos por unos estrechos pasajes de la población, en una protesta luego de la muerte de los hermanos Vergara. “Comencé a correr en la misma dirección que lo hacía la gente, había una tremenda balacera, y de repente me meten a una casa. Lo más gracioso es que estaba tirado en el piso y unos metros más allá, en el antejardín, estaba una de mis tías. La solidaridad era increíble”, recuerda.

De vuelta en Holanda, cuando le preguntaban qué le había gustado de Chile, respondía que lo más llamativo habían sido las protestas. Cinco años más tarde regresaría definitivamente al país.

LA BÚSQUEDA

La familia había crecido durante el exilio. A Mónica y Juan Carlos, se sumaron Vincent, la pareja de su madre, y dos hermanos más. Todos arribaron al país en febrero del año 89. El regreso de Juan Carlos al país coincidió con el proceso de transición que recién comenzaba en Chile.

Ese mismo año ingresó a estudiar al Liceo Juan Bosco y comenzó a involucrarse en el movimiento estudiantil secundario. “Me tocaron las protestas por el pasaje del metro, empecé a vincularme con integrantes del centro de alumnos, algunos chicos del MIR, y con gente del Liceo de Aplicación, pero no milité en ningún partido”, recuerda.

Su llegada al país concidió con una búsqueda que tenía pendiente: saber por otras personas quién había sido su padre. Visitó a varios presos políticos en la cárcel pública. Uno de ellos le comentó que era un tipo extrovertido, de voz imponente, que siempre vestía de poncho y lo acompañaba una mujer baja de piel blanca (su madre). El rompecabezas comenzaba a armarse.

Juan Carlos reconoce que, pese a la ausencia de su progenitor, siempre tuvo una dialéctica particular con él. Cuando era pequeño lo veía como un héroe sin fallas. Lo sentía cercano pero a la vez muy distante. Cuando se portaba mal no faltaba quien le recordaba que en esas circunstancias su padre no se habría comportado así. “En un momento -reconoce- comencé a peinarme como mi papá, a vestirme como él. No sé cómo explicarlo, como que no tenía una identidad propia”.

Durante un encuentro en Villa Grimaldi, Juan Carlos escuchó el testimonio de un sobreviviente que había venido a declarar en una causa que llevaba el juez Juan Guzmán Tapia por la Operación Colombo. Ahí se percató que la fecha en que estuvo detenido el prisionero y su padre eran coincidentes. Se acercó, le mostró la foto de Ismael y le preguntó si lo conocía. También le comentó como andaba vestido su padre al momento de su desaparición.

Pocos días después el hombre lo llama por teléfono y le contó una historia ocurrida en Londres 38. Le aseguró que uno de los detenidos, en una salida a “porotear”, se arrancó con la venda puesta y fue atropellado por un vehículo. Los agentes lo devolvieron al centro de detención y lo dejaron tirado en el piso. Estaba perdiendo sangre y hacía mucho frío. De pronto escuchó una voz y observó entre la venda cuando un hombre se acercó al herido y le entregó una prenda a nombre de un tal Juan Carlos. La ropa era un poncho negro. El mismo que su padre usaba cuando fueron a buscarlo a su hogar. Por fin, después de años de búsqueda, la familia encontraba una pista a la cual aferrarse.

LA SANACIÓN

En el año 90 murió en un accidente automovilístico Vincent, la pareja de su madre, que trabajaba como fotógrafo para agencias extranjeras. La ausencia del verdadero padre le impidió asimilar que tenía otro a su lado, que había marcado su vida de manera importante. Su deceso desató una crisis en Juan Carlos. “Me dí cuenta que tuve alguien importante y que no lo valoricé. Él se portó muy bien conmigo y me entregó muchos valores de tolerancia que aún conservo”.

Huérfano por segunda vez, Juan Carlos cayó en una fuerte depresión. Estudió periodismo, teatro, cine y derecho. No pudo terminar ninguna carrera. “Empezaba con entusiasmo, pero después se me quitaban las ganas. Eso me empezó a afectar en las relaciones de pareja. Comenzó a darme todo lo mismo. Me lamentaba no poder llevar una vida normal como el resto”, recuerda.

Comenzó una terapia junto a su madre. Le descubrieron un trastorno obsesivo compulsivo. Se dio cuenta que había ciertos rituales que repetía: apretar las llaves del agua y cerrar reiteradamente la puerta de su casa. “Yo pensaba que eran mañas. La doctora que me empezó a tratar no sólo me recetaba medicamentos, sino que también me explicaba cómo funcionaba fisiológicamente. Poco a poco comencé a entender de qué se trataba, pero aún seguía confundido”.

En el año 2014 ya no aguantaba más y decidió abandonar el tratamiento. Lo cortó de raíz y comenzó a tomar yerbas medicinales. El repentino cambio le provocó mareos, dolores de cabeza y náuseas. “Sentía que estaba en un limbo -recuerda- no daba más, podía pasar cualquier cosa”.

En diciembre de ese año llegó a visitarlo un primo del sur que se había transformado en machi. En cuanto su familiar lo vio, comenzó a abrazarlo y hacerle cariño. “Vengo a ayudarte”, le dijo. Luego le comentó que desde hacía muchos años sentía que a él le pasaba algo y que si quería sanarse tenía que obedecerle.

Le recomendó un trabajo sicológico, físico y espiritual. “Me dijo que no me vistiera más de negro, que usara colores más vivos, que me preocupara de proporcionarme inyecciones diarias de humor y que abandonara el círculo político de los derechos humanos por un tiempo. Me dio a entender que mi madre y yo estábamos en una simbiosis que era un circulo vicioso”.

Antes de marcharse el machi le dijo “cuando tú te sanes, comenzarás a sanar a otras personas”. El mensaje le pareció un tanto críptico, pero con el tiempo lo comenzó a descifrar. Las recomendaciones comenzaron a tener efectos y lentamente se comenzó a sentir mejor. Incluso logró entender, sin angustia, lo que su doctora intentó desentrañar. “Cuando cerraba las llaves compulsivamente, intentaba controlar situaciones que jamás pude manejar cuando pequeño. Yo tenía 26 días de vida cuando murió mi padre. No tenía de qué culparme”, reflexiona.

Una parte medular del proceso de sanación ocurrió cuando un abogado lo invitó a participar en una acción judicial. Un acto que tuvo un fuerte componente simbólico. El 11 de septiembre del año 2013, 40 años después del golpe militar, Juan Carlos Chávez interpuso la primera querella criminal contra Agustín Edwards como autor intelectual del delito de homicidio, en favor de los 119 muertos en la Operación Colombo, entre ellos su padre. “Me sentí más liberado y que en cierta forma hacía justicia por mi viejo y por todos aquellos que no se pudieron defender en su momento”.

“Agustín Edwards representa el mal que dirige todo, pero que nadie ve. Me atrevo a decir que fue peor que Pinochet. Los milicos hicieron el trabajo sucio y los civiles que apoyaron la dictadura son los Pilatos que se lavaron las manos y que finalmente planificaron todo”.

Para el hijo de Ismael Chávez la querella cerró un ciclo en su vida. “Sentí que se cerró algo, pero que se abrió otra cosa mejor con una nueva perspectiva. Lo más importante es el tema espiritual, porque sin ese camino de sanación nada tiene sentido”.

La acción judicial en contra del magnate de la prensa finalmente no prosperó, aunque el quinto Agustín tuvo que declarar en tribunales. Juan Carlos Chávez comenzó a estudiar el año pasado medicina naturopática. Los designios de su primo se estaban cumpliendo.

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…
Justicia 40 Años despues

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la […]

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.

 

Alejandra y Eva María Carmona conferencia de prensa condena ex agentes CNI

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003 para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres. Era lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”: El año 2006 muere Pinochet sin pagar por este ni ningún otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”. Sin embargo, viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras. La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

Privilegios de criminales

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a 10 años y 1 día a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado, pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad. Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR – bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972, intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar, él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”, comenzó a organizar la red de periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión y creatividad, cambiando su aspecto físico y reduciendo sus salidas para eludir la persecución. La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”. Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo, así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo.

Delito de lesa humanidad

La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos. Los ministros Haroldo Brito, Milton Juica y Jorge Dahm, respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta. Siguieron así la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el tribunal los testigos –entre los que se cuenta el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el HJUYYTRF5F había intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que este contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche, cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen, había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El se especializó en el exterminio del MIR.

Según información del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz, Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva, Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de Diana Aaron, Luis Arias, Álvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún, Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aún está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario justifica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”. La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y a 4 años por asesinato del coronel Huber. Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés, y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una pensión de $1.653.952.

Basclay Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos, M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por los secuestros y desapariciones de Álvaro Barrios, Carmen Díaz, Elsa Leuthner, Antonio Llidó, Iván Monti, José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros de militantes comunistas en calle Conferencia.

José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona, está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió en libertad una “condena” por el secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria, pero también y sobre todo, a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula. ¡Hagámoslo ya!

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A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”
foto Luis Fernando Arellano (Kallejero)
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A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”

22 Julio 2016

Lucía Sepúlveda Ruiz

/ periodismosanador.blogspot.com

Dirigiéndose con voz desgarrada a estudiantes de derecho de la U de Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo, les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años, era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.

El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por Familiares y Amigos de los 119, junto a Actuar Colectivo y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio, los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales. La DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil.

Presentes

Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras. Los estudiantes de derecho aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

“Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política “excéntrico: Disidencias, soberanías, performance” que se desarrolló en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta “Tejiendo memorias” en Londres 38 mientras que la performance del Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.

Los sobrevivientes vieron por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Álamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y desmemoria oficial.

carmen bueno

Se llamaban María

Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López. Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.

Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total, 47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico, o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica, hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.

Justicia en cámara lenta

A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas 44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor desarrollada posteriormente por la DINA junto a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.

Además, hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores, en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros. Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado.

La primera sentencia de la Corte Suprema por estos crímenes fue dictada en 2004, confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17 condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.

colombo

Juicios sin castigo

La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que todo era insólito. Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno – trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores. El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.

El truco de la “Media Prescripción”

Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, aplicó la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

 

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Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, joven estudiante de la USACH.

La justicia ni se asoma por la Bandera, en el caso del dirigente poblacional Gary Olmos Guzmán, ni investiga aun el caso del estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Álamos.

Cartas bajo la manga

Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán), Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Álamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentes Alejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.

Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Águila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.

Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche.

cuadro 1 sentencias a firme

cuadro 2 final

Foto principal: Los 119 en frontis U Chile. A 30 Años. Adriana Goñi.-

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Para Martín Elgueta Pinto. Uno de los 119 de Nosotros.

Para Martín Elgueta Pinto. Uno de los 119 de Nosotros.
Hacía apenas 15 días que Martín Elgueta Pinto había festejado sus 21 años cuando fue detenido, al llegar al departamento de su amigo Juan Chacón, el 15 de julio de 1974, para desaparecer en Londres 38. Martín estudiaba Economía en la Universidad de Chile, y militaba en el MIR. Su novia, María Inés Alvarado había sido detenida horas antes en Providencia, acompañada de Verónica Martínez, esposa de Juan Chacón. En el operativo montado en casa de Chacón, en que se detuvo a la familia y a Martín, participaron diez efectivos de la DINA encabezados por Osvaldo Romo y movilizados en varios vehículos, entre éstos, camionetas Chevrolet C 10.

Martín, ex alumno del Liceo Manuel de Salas, hijo de un destacado dirigente socialista, ingresó al MIR cuando era estudiante secundario y pronto se destacó en la organización por su compromiso, su entusiasmo y brillante inteligencia.

Antes del golpe militar trabajó en estrecho contacto con Edgardo Enríquez, miembro de la Comisión Política del MIR, y luego asumió también tareas de dirección.

La “ratonera”
Alrededor de las 17:30 horas, unos 10 individuos fuertemente armados, entre ellos Osvaldo Romo, se presentaron en el departamento del matrimonio Chacón Martínez, en la Avenida Antonio Varas, identificándose como funcionarios de la DINA. Llevaban a María Inés Alvarado, muy asustada y sangrando del labio superior. A las 19 horas llegó Raúl Chacón Zenteno (padre de Juan), y media hora más tarde lo hizo Martín Elgueta. A las 8 de la noche, llegó a su domicilio Juan Rosendo Chacón (actualmente desaparecido). Todos ellos fueron detenidos, incluyendo a Verónica Martínez Ahumada y Antonio Osorio, y conducidos, vendados, a Londres 38, recinto secreto de reclusión y tortura de la DINA.


Con la frente marcada
El 25 de julio de 1974, Martín y María Inés fueron llevados por Osvaldo Romo y otros 2 civiles, hasta el domicilio de la madre de María Inés, Inés Börgel González, ubicado en la calle Dublé Almeyda en Ñuñoa. La señora Clara observó que ambos jóvenes tenían en sus frentes una mancha negra, producto de quemaduras en la tortura. María Inés dijo a su madre que ambos estaban detenidos. Al cabo de unos 10 minutos, los agentes se los llevaron en una camioneta Chevrolet C 10 nueva.

Poco antes, el mediodía del 17 de julio de 1974, Martín fue llevado hasta el domicilio de María Matilde Cheuquemán Cheuquemán, en la población Buzeta, quien guardaba enseres de la familia Elgueta, para retirar un par de frazadas. Según María Matilde, el afectado se veía muy sucio y con mal aspecto, y lo acompañaba un civil de más o menos su misma edad, “amable y rubio”, quien, en ningún momento se separó de su lado. La descripción de este agente corresponde a uno de los participantes en el operativo en que se detuvo a Martín.

Testigos sobrevivientes
Antonio Osorio Olivares señaló que a Martín lo llevaban a interrogatorio tres veces al día. Varias veces escuchó sus gritos de dolor y quejidos. También le oyó decir: “he sufrido muchas torturas, pero estoy bien de salud. Por más que me torturen, no hablaré, pues nada tengo que decir”.

Por su parte, Ramón Osvaldo Barceló, quien conocía a Martín desde niño, también lo vio en Londres 38 y en malas condiciones físicas, en la noche del 14 al 15 de agosto de 1974.

Las cuatro personas detenidas junto a Martín Elgueta fueron llevados cinco días más tarde al campamento de incomunicados de Cuatro Alamos, pero Martín y su compañera, María Inés, fueron dejados en Londres 38, desde donde desaparecieron.

Cristián Van Yurick, Graciela Scarlett Mathieu y la doctora Patricia Barceló también han testificado sobre la tortura a Martín en Londres 38. Durante su reclusión, Martín fue sacado del recinto de la DINA en dos oportunidades.

Las maniobras de la DINA
“Martín Elgueta se exiló en Argentina”. Eso dijeron en febrero de 1975, en una “conferencia de prensa”, con libreto pauteado por la DINA, realizada por cadena nacional de radio y televisión desde el Edificio Diego Portales, cuatro dirigentes del MIR detenidos. Así la dictadura preparaba el terreno para el momento en que, en julio de 1975, los nombres de Martín y su compañera aparecieron en una lista de los 119 chilenos presuntivamente muertos en enfrentamientos en Argentina. La nómina reproducida en los medios chilenos, provenía de la revista “Lea”, una publicación creada para la ocasión por los servicios de inteligencia.

Persecución a la familia
Antes de la detención de Martín, agentes de la DINA, encabezados también por Osvaldo Romo, habían detenido, torturado y amenazado de muerte a su hermano Raimundo Belarmino Elgueta (mayo de 1974), que permaneció desaparecido por más de 10 días.* Por otra parte, también el domicilio de su familia había sido allanado por Romo, mientras que su padre, Belarmino Elgueta Becker, alto dirigente del partido socialista, se encontraba en el exilio en México.

También su madre, Yolanda Pinto ( ya fallecida), una de las fundadoras de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, y su hermana, Gloria, fueron víctimas de graves amedrentamientos por Osvaldo Romo en distintas ocasiones.

El liceo
En 1990, para el aniversario del Liceo Experimental Manuel de Salas, los ex alumnos realizaron un homenaje a Martín Elgueta y María Inés Alvarado, de la promoción de 1970, así como a Luis Guajardo, Jaime Buzio, Edwin Van Yurick y Jaime Robothan. Todos ellos figuran entre los “119” luchadores antidictatoriales cuya desaparición, denunciada a nivel internacional, intentó ser manipulada por la dictadura con ayuda de los servicios de inteligencia del Cono Sur.

* Testimonio Raimundo Elgueta Pinto.

http://www.londres38.cl/1934/articles-82025_recurso_1.pdf

Casos detenidos Desaparecidos Colonia Dignidad

119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

Destacado119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad

El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119” en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.

La Segunda

“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.

Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia,revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido

. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.

detención Contreras
detención Contreras

Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto.

Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)

Tipo de sentencia 29 Casos
Absueltos todos los criminales, Prescripción total 1 Jacqueline Binfa (2009)
Media prescripción =   criminales sin pena efectiva o rebaja a sólo 5 años y 1 día 10 Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C, Claudio Silva P
Sentencias de menos de 8 años y 1 día 5 S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S, Fernando Peña
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA 14 M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras, Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González, Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara, Miguel Angel Sandoval.

Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de julio de 2015

Cuadro 2: Las 90 causas restantes

Estado de la Causa y Cantidad casos Casos
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes, Eduardo Miranda, Víctor Villarroel.
30 sentencias primerainstancia Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara,   Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
15   con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la condena) Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.
25 con procesamientos (en espera de acusación) M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace poco. Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo.

Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015

La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es periodista
www.periodismosanador.blogspot.com

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La Gran Mentira

El caso de las “Listas de los 119”

Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena.
1973-1990

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“No recibí dinero de la CIA”. .. como así lo afirman los archivos desclasificados de la CIA.

Agustín Edwards ante el juez Carroza: “No recibí dinero de la CIA”

30 de septiembre de 2013 – 08:22 | Por: Carolina Rojas | 
/ Agencia Uno/ Agencia Uno

El miércoles y por más de una hora, Edwards prestó declaración ante el magistrado Mario Carroza en calidad de testigo por la causa que lleva sobre los gestores del golpe de Estado de 1973. Aquí la ronda preguntas que enfrentó el dueño de El Mercurio.

 
 
 

El miércoles, el dueño del diario El Mercurio, Agustín Edwards,  llegó hasta la oficina del juez Mario Carroza en compañía del abogado Miguel Alex Schweitzer, quién también defendió a Augusto Pinochet en Tribunales.

En el piso 14 del edificio de Tribunales de Familia y por más de una hora, Edwards declaró ante el magistrado en calidad de testigo por la causa que lleva el juez sobre los instigadores del golpe de Estado de 1973. Además, se le consultó sobre su rol en la llamada Operación Colombo, luego que los diarios de su holding se hicieran parte del montaje que disfrazó el asesinato de 119 miristas de “enfrentamientos entre ellos” con el inmortalizado titular de La Segunda en esa ocasión “Exterminados como ratones”.

En conversación con El Dínamo, el abogado querellante Eduardo Contreras comentó que la lista de personas que deberá declarar ante el magistrado es extensa y que en ella figuran nombres como Pablo Rodríguez, el abogado Hermógenes Pérez de Arce, el cura Raúl Hasbún, Manuel Fuentes, Sergio Onofre Jarpa, Sergio Fernández, Federico Willoughby, entre otros. “Luego vendrán los careos con diversas personas a las que, además del Informe Church, les consta la participación dolosa, como autores del golpe, de todos estos sujetos que hasta ahora no han sido procesados ni encarcelados como legalmente corresponde”, comentó Contreras.

Por otra parte, y respecto al tenor del interrogatorio, según fuentes de Tribunales, las preguntas del juez Carroza giraron en torno al financiamiento de la CIA a El Mercurio, los viajes al extranjero que en esa época hizo Edwards, y la injerencia que él tenía en la línea editorial del periódico y de sus otros medios asociados, como el vespertino La Segunda, específicamente sobre la omisión de las violaciones a los derechos humanos y la elaboración de montajes periodísticos.

 El Dínamo pudo acceder a la minuta de preguntas realizada a Edwards, las interrogantes fueron leídas por el juez. Aquí parte del documento:

“Si es efectivo que una vez conocidos los resultados de la elección presidencial del 4 de septiembre de 1970, que daba por ganador a  Salvador Allende, el señor Edwards viajó prontamente esos días a Estados Unidos”.

“Si es efectivo que, en razón de dicho viaje, el día 14 de septiembre de 1970 en dependencias del hotel Madison en Washington, el citado se entrevistó con el señor Richard Helms, director de la CIA Central de Inteligencia Americana, por su sigla en inglés, según relata el informe desclasificado de la CIA en el 2008”.

“Si es efectivo que a su vez el señor Helms gestionó una entrevista con carácter de urgente luego de esta primera entrevista con el director de la CIA, con Richard Nixon, presidente de los Estados Unidos y con Henry Kissinger, consejero de seguridad nacional, como así lo consigna la denominada evidencia 96 del año 1975 incorporada al informe Church que tenía como objetivo investigar las actividades encubiertas de la CIA en el extranjero”.

“Si es efectivo si a la fecha de septiembre de 1970, ya mantenía una relación con esa agencia de inteligencia norteamericana, la CIA”.

“Si es efectivo como lo afirma en sus memorias el general Vernon Walters, director adjuntos de la CIA, periodo 1972-1975 nombrado por el presidente R. Nixon, que usted “era el principal recurso de la CIA en toda América Latina”.

“Si es efectivo como lo afirman los archivos desclasificados de la CIA y el propio Informe Church, que en la reunión sostenida con el director de la CIA, junto a Henry Kissinger y el presidente Nixon, se acordaron los ejes para la desestabilización del gobierno del presidente Allende, lo que contemplaba la variante de un golpe militar y junto con esto el financiamiento del diario El Mercurio como principal medio de propaganda y difusión de las ideas y posiciones contrarias al gobierno y proclives a un golpe de Estado”.

“Si es efectivo que El Mercurio y demás medios pertenecientes a esta cadena de diario pudo mantenerse sobrevivir e incluso proyectarse a nivel nacional durante el periodo 1970-1973 con los dineros suministrados por la CIA de los EE.UU., como así lo afirman los archivos desclasificados de la CIA. Si puede indicar el total de las sumas percibidas y de los que dan cuenta los organismos norteamericanos”.

“Si es efectivo  que durante todos los años que duró la dictadura El Mercurio jamás consignó en sus páginas alguna denuncia relativa a las graves violaciones a los Derechos Humanos que se cometían en el país y que fueron establecidas fehacientemente en los informes relativos a la muerte y desaparición de personas, conocido como el informe Rettig y el informe respecto de la Comisión de prisión política y torturas cometidas por agentes del Estado, conocido como el informe Valech”.

“Si es efectivo que en contraposición a esta omisión en materia de defensa de los derechos humanos, El Mercurio participó de la difusión de los montajes periodísticos realizados por los organismos de seguridad y de inteligencia de Régimen militar como son el caso de los 119 desaparecidos en el marco de la denominada Operación Colombo y que atribuía la muerte de 119 militantes del MIR a muertes provocadas por rencillas internas”.

Las respuestas 

Respecto a su viaje a Estados Unidos,  El Mercurio asegura que Edwards manifestó que -previo a las elecciones de 1970- tanto él como su familia fueron objetos de amenazas. Debido a ello su familia viajó a Argentina y él se trasladó a Estados Unidos, luego de asumir Allende. En ese país dijo que  residió en la casa de Donald Kendall, entonces presidente de Pepsico y que gracias a ese vínculo trabajó hasta 1975 en Frito Lay.

Ante el juez Carroza, Edwards afirmó que en una oportunidad el presidente Richard Nixon llamó a Kendall y en el transcurso de la conversación le preguntó por él, ante lo cual el norteamericano le contó al mandatario que estaba residiendo en su casa. Edwards dijo que tras ese diálogo fue invitado a una cita con Richard Helms y Henry Kissinger en Washington, oportunidad en que le consultaron por la situación política del país. El empresario insistió en que en esos días no estaba en ciernes la posibilidad de un golpe de Estado. Ni tampoco una oferta de ayuda económica para El Mercurio. “No recibí dineros de la CIA”, sostuvo ante ante el magistrado.

Edwards también aseguró que no tuvo incidencia en la línea editorial del diario mientras vivió en Estados Unidos y que tampoco participó de la gestión editorial a su regreso en 1975, cuando se hizo cargo de los negocios familiares.

 

La Voz del Hijo.Juan Carlos Chávez Pilquil . “Vengo a decir al señor Edwards y a todos quienes estuvieron involucrados que esto recién comienza”,

Agustín Iván Edmundo Edwards Eastman, (París, ...
Agustín Iván Edmundo Edwards Eastman, (París, Francia, 24 de noviembre de 1927-). Es un empresario y periodista chileno, actual heredero y propietario de El Mercurio S.A.P., Definido por muchos autores como el principal asset de la CIA en Chile, por ser parte importante de su Operación Sinsonte (Mockingbird).1 de acuerdo al Comité Church. (Photo credit: Wikipedia)
Hijo Juan Carlos Chavez Poema a su padre13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 Interpuesta por hijo de víctima que busca justicia a 40 años del Golpe

Presentan primera querella contra Agustín Edwards por titular de La Segunda que trató de “ratas” a miristas asesinados

Juan Carlos Chávez Pilquil tenía 26 días de vida cuando secuestraron a su padre, Ismael Darío Chávez Lobos, en el marco de la llamada “Operación Colombo”. Un montaje destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores políticos del régimen militar y hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que éstos habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras y víctimas de purgas internas. “Vengo a decir al señor Edwards y a todos quienes estuvieron involucrados que esto recién comienza”, sostuvo el querellante.
 
 
 

Este 11 de septiembre, a 40 años del Golpe de Estado, fue presentada la primera querella criminal en contra de Agustín Edwards, dueño —entre otras empresas— de la cadena de diarios de El Mercurio S.A.P., como autor intelectual del delito de homicidio. La acción judicial fue interpuesta por Juan Carlos Chávez Pilquil, quien tenía 26 días de vida cuando secuestraron a su padre, Ismael Darío Chávez Lobos, en el marco de la llamada “Operación Colombo”. La detención del joven actor y estudiante de derecho ocurrió el 26 de julio de 1974 y se enmarca en un montaje destinado a encubrir la desaparición forzada de 119 opositores políticos del régimen militar, en su mayoría jóvenes —diez de ellos eran menores de edad— y una mujer embarazada, cuyo propósito era hacer creer a la opinión pública nacional e internacional que las víctimas habían fallecido en enfrentamientos con fuerzas de seguridad extranjeras y a consecuencia de purgas internas. La operación incluía la publicación de dos listas con sus nombres en medios extranjeros, O Día en Brasil y Lea en Argentina, donde se daba cuenta de la aparición de cuerpos de “guerrilleros” chilenos en Argentina, tras supuestos enfrentamientos y con la policía, reproducidas por medios locales. Entre los nombres está el del padre de Juan Carlos, de 22 años. El vespertino La Segunda —del consorcio Mercurio S.A.P.— fue el primero en publicar la noticia en Chile, con un titular que viola toda ética y entregando información que sabía falsa: “Exterminados como ratones: 59 miristas chilenos caen en operativo militar en Argentina”. Luego lo harán también Las Últimas Noticias y el propio Mercurio. Por eso, entre otros motivos que argumenta, la querella sindica a Edwards como “autor intelectual–mediato, en su condición de colaborador directo de la represión iniciada por agentes del Estado al servicio de la Junta Militar, a partir del 11 de septiembre de 1973, del delito de homicidio calificado de las personas que pasamos a enunciar”, entregando la lista de estos 119 chileno/as ultimados, con fecha de desaparición, militancia, edad y actividad. Juan Carlos explicó que “con esta querella buscamos establecer la responsabilidad de Edwards como autor intelectual de este crimen tan deleznable, como es el caso de los 119, siendo él uno de los gestores del golpe”. ImagenVengo a decir al señor Edwards y a todos quienes estuvieron involucrados que esto recién comienza, que vamos a perseguir a todos los civiles involucrados en la gestión del golpe de estado y los crímenes de lesa humanidad, a todos los que han encubierto estos crímenes y están han participado en estos montajes para eludir su responsabilidad”, concluyó.

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