Los Tres de Arica. El MIR y el Cóndor.

Los Tres de Arica. El MIR y el Cóndor.

Tras el golpe, tres jóvenes miristas sacaron clandestinamente del país a un alto dirigente del partido rumbo a Perú. Luego, partieron a Cuba a recibir instrucción militar con la intención de regresar a combatir en Chile. Primero se pondrían a prueba en Argentina, pero allí los devoró la represión. Su desaparición nunca fue denunciada.

 

Desorientados de noche en el desierto, habían vuelto a su punto de partida. Alrededor del 10 de octubre de 1973, el Secretario Regional del MIR para el Norte Grande, Jorge Fuentes Alarcón, el “Trosko”, partió a pie desde el Valle de Lluta en Arica para salir clandestinamente hacia Perú. Iba con dos compañeros del MIR local. Pero las luces que vieron al amanecer no eran de Tacna, como esperaban, sino de Arica.La noche del 28 de octubre, los mismos dos acompañantes, Mario Espinoza Barahona y Jorge Vercelotti Muñoz, asumían nuevamente la misión de sacar al “Trosko” del país. A este viaje se sumaron otros dos militantes del MIR en Arica: Homero Tobar Avilés y Bruno González. Esta vez lo lograrían.Dos años más tarde, el “Trosko” Fuentes era secuestrado en Paraguay y entregado a agentes chilenos, así inaugurando las operaciones conjuntas de los servicios de inteligencia secretos del Cono Sur, conocido como Operación Cóndor. Fuentes continúa desaparecido.

Al año siguiente, tres de los cuatro militantes del MIR que lo ayudaron a salir de Chile desaparecían en Argentina.

Las familias de Espinoza, Vercelotti y Tobar no denunciaron formalmente su desaparición hasta 2011. En el caso de Espinoza y Tobar, no lo hicieron porque nunca tuvieron noticias fidedignas sobre ellos; ni siquiera sabían en qué país podrían estar. La familia de Vercelotti sí se enteró de su muerte, pero guardó silencio durante 30 años.

Recién en 2011 la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en Chile reconoció a los tres como víctimas de violaciones a los derechos humanos.

Hasta 2008 no se sabía que Mario Espinoza Barahona era la identidad del detenido-desaparecido chileno de nombre político “Mauro” que figuraba en el informe oficial de víctimas de la dictadura argentina, CONADEP, con el registro Nº 10015. Ese año, a partir de un documento interno del MIR obtenido por el periodista estadounidense John Dinges, por primera vez se pudo asociar una identidad a “Mauro” y esta autora pudo localizar a su familia, obtener una fotografía, confirmar su identidad con testigos y comenzar a reconstruir su historia. Hasta entonces, Mario Espinoza sólo había sido “Mauro”, un chileno militante del MIR y sargento del ERP argentino, desaparecido en agosto de 1976 en Buenos Aires.

Su familia en Arica no había podido hacer la conexión porque no tuvo noticias de él desde su salida hacia Perú en 1973. “La familia nunca hizo ninguna denuncia, ya que siempre tuvieron la esperanza de que él estaba seguro en el extranjero, al igual que otras personas que debieron dejar nuestro país. Pero siempre quedó la duda, ya que nunca se comunicó con ellos,” afirma Héctor Uribe, amigo de juventud y hermano de la pareja de Espinoza al momento de abandonar el país.

Durante la indagación sobre la identidad de “Mauro” –iniciada en 2002 a instancias de Dinges para su investigación sobre la Operación Cóndor (NOTA AL PIE 1)- emergió el nombre de otro detenido-desaparecido chileno en Argentina sobre el cual los organismos de derechos humanos en Chile y Argentina ni su familia sabían nada: Homero Tobar Avilés. Originalmente, se sospechaba que “Mauro” era hermano de Elmo Catalán Avilés, dirigente de la tendencia guerrillera Ejército de Liberación Nacional del Partido Socialista de Chile, muerto en Bolivia en 1970. Elmo Catalán tenía un medio hermano por parte de su madre y estaba desaparecido en Argentina, pero no era “Mauro”. Era Homero Tobar.

El rastro de Tobar se evaporó apenas llegó a Argentina en 1976 y las escasas versiones sobre él son contradictorias. Su familia nunca denunció su desaparición.

De Jorge Vercelotti se tiene certeza sobre su muerte. En 2008, la Cámara Federal de Buenos Aires confirmó que Vercelotti había sido ejecutado el 18 de marzo de 1976 en Ciudadela, en las afueras de la capital argentina, junto a un compañero paraguayo, Claudio Ocampo Alonso, también militante del MIR chileno.

Esta es la historia de los tres muchachos de Arica, los que sacaron al “Trosko” Fuentes clandestinamente del país, de noche por el desierto.

En Arica

Vercelotti, Tobar y Espinoza se conocían bien. Arica era una ciudad pequeña en 1973, y una de las hermanas de Espinoza era muy amiga de la madre de Tobar, porque trabajaban cerca. A la vez, la gran casona de la familia Catalán ofrecía pensión, y ahí llegó a vivir Vercelotti cuando arribó a Arica.

Vercelotti y Tobar habían militado juntos en el MAPU antes de incorporarse al MIR durante el gobierno del Presidente Salvador Allende. En su nueva organización política, conocieron a Espinoza, un joven y carismático militante, deportista y apasionado Scout.

En el MIR, Mario Espinoza adoptó el nombre político “Mauro”, igual que su sobrino regalón de tres años, hijo de su hermana Clara. Sus amigos y familiares le decían Pepe, y algunos compañeros de partido le decían “el Gitano”. Nació en Arica en 1951 en una familia de 10 hermanos e ingresó al MIR a fines de los sesenta. Fue conscripto voluntario de la Defensa Civil y estudió en el Liceo Industrial hasta 1972, cuando abandonó los estudios y tomó un trabajo en un taller de parabrisas.

En su grupo Scout, le decían el “Zorro Astuto”. “Salíamos mucho a explorar. Teníamos nuestros códigos y rituales, y Pepe tenía muchos conocimientos de técnicas, cómo despistar, detectar, disfrazarse, eludir situaciones,” cuenta R.B., amigo de barrio y compañero en los Scout y en la política, quien pidió reserva de su nombre.

Homero Tobar, nacido en Calama en 1952 pero criado en Arica, era el hermano menor de la familia Catalán por parte de la madre. Sin haber conocido a su padre y discriminado por sus propios hermanos, uno de los cuales era militar, Homero Tobar no compartió su actividad política con su familia, con excepción de un par de primos.

“Con Homero vivíamos a pocas cuadras y nos veíamos mucho porque éramos los dos más pequeños de la familia. Era mi primito regalón; crecí con él. Era una persona muy sola. La familia de Homero era una familia tradicional y nunca lo aceptaron porque no era un Catalán. Su interés por la política nació de Elmo. No se vieron mucho, pero Elmo era su ejemplo,” cuenta su primo Omar Segovia.

De poca formación académica y política, el año en que murió Elmo Catalán y él cumplía los 18 años, Homero Tobar ingresó al recientemente creado partido MAPU. Fue reclutado por el Secretario Regional del MAPU en Arica, Julio Jiménez, quien lo conocía de pequeño, ya que su familia y la familia Catalán eran amigos de larga data.

“En esa época, en la casa de Homero arrendaba una pieza un estudiante universitario de la Democracia Cristiana que se integró al MAPU. Entre ese amigo y yo reclutamos a Homero. Después fue expulsado del MAPU junto con Jorge Vercelotti por ultraizquierdistas, por tratar a Allende de reformista,” afirma Jiménez.

Tobar se incorporó al MIR en marzo de 1973. En el barrio y entre sus compañeros era más conocido como Homero Catalán, pero en el MIR adoptó el mismo nombre que utilizó su medio hermano Elmo en Bolivia: “Ricardo”.

“Homero era recatado, no opinaba mucho. No tenía formación, su familia no se preocupó de sus estudios y fue maltratado por sus hermanos. El único culto en esa familia era Elmo, pero no se conocieron mucho, ya que Elmo no estaba en Arica,” dice Jiménez.

Jorge Vercelotti (NOTA AL PIE 2) nació en Antofagasta en 1951. Su padre había sido suboficial mayor del Ejército, ya jubilado al momento del golpe militar. Estudió biología durante un año en la Universidad de Chile en Antofagasta, donde ingresó a la Izquierda Cristiana. Después, pasó a militar en el MAPU, y en 1972, dejó la universidad y su ciudad para trasladarse a Arica. Ahí, trabajó en la Tesorería y por un tiempo, se hospedó en la gran casona de la familia Catalán, que también ofrecía pensión. Era macizo y usaba lentes de grueso marco como se estilaba en la época, y por ello, a pesar de que su nombre político era “Marco”, le decían “Tevito” o “Tevo”, por su parecido al perrito animado que bailaba en la presentación de Televisión Nacional.

“Homero y Jorge eran dos niños, en el más limpio sentido de la palabra, llenos de ilusiones y deseos de hacer la revolución, de cambiar este país… En algún momento, decidieron que el MAPU era muy reformista y se fueron al MIR,” recuerda A.T., compañero de ellos en el MAPU.

En el MIR, al igual que Espinoza, se dedicaron al área sindical. Tobar participó en el intento de formar un cordón industrial en el sector norte de la ciudad. En 1973, Espinoza y Vercelotti pasaron a integrar las nuevas unidades operativas que organizaba el MIR en el norte.

“Conocí bastante a los dos, a Mario y al ‘Tevo’. Eran bien dedicados. Mario era muy consecuente, bien consciente de que había que tener un compromiso más grande. Se incorporó al tiro a las unidades, no puso problemas. Él y el ‘Tevo’ no andaban alardeando, eran tranquilos. No armaban desórdenes ni se creían los mejores,” recuerda Juan Carlos García, entonces dirigente del MIR en Arica.

Vercelotti había pasado un periodo de instrucción militar en Cuba. Integró un pequeño grupo de militantes locales enviados a la isla meses antes del golpe militar. Salió hacia Cuba con dos compañeros a mediados de mayo de 1973, mientras Espinoza y otro compañero, “Manuel”, (NOTA AL PIE 3) se quedaron en Santiago esperando salir con un segundo grupo que finalmente no alcanzó a viajar. En esa espera se produjo el intento de golpe de Estado conocido como el tanquetazo del 29 de junio de 1973. Vercelotti estaba en Cuba, pero a Espinoza lo pilló el movimiento militar en Santiago. Cuenta “Manuel” que junto con Espinoza se integraron temporalmente a una unidad operativa del MIR en la capital y participaron en la defensa de la antena de la Radio Nacional.

Vercelotti regresó de Cuba a mediados de julio de 1973, y a partir de entonces, el grupo de militantes comenzó su retorno desde Santiago hacia el norte. Espinoza y “Manuel” regresaron a Arica haciendo dedo. Vercelotti pasó a ver a su familia en Antofagasta. Fue la última vez que lo vieron.

“Jorge era tímido, hablaba poco. Se ponía muy nervioso cuando tenía que hablar ante un grupo; no estaba acostumbrado. Nosotros siempre lo consideramos un obrero –vestía como obrero y trabajó en lo sindical. Años después nos enteramos que había sido universitario,” cuenta Marco Donoso, entonces estudiante secundario y encargado de la jefatura estudiantil del partido en Arica.

Tobar, en cambio, se hacía notar más allá de sus reales responsabilidades en el partido. A decir de uno de sus compañeros de entonces, era voluntarista y ansioso. Se expuso más de lo necesario, y cuando vino el golpe militar, temió justificadamente por su seguridad.

“Cuando sucedió el golpe, su hermano Gustavo, que era militar, lo escondió en su casa. Ese fue el gesto más importante que hizo Gustavo para demostrar que lo consideraba un hermano a pesar de todo, porque Gustavo siempre fue su verdugo en la familia,” dijo su primo Omar Segovia.

Sacar al “Trosko”

Después del golpe militar, la dirección local del MIR en Arica buscó proteger al “Trosko” Fuentes. El dirigente político había llegado a la ciudad desde Antofagasta pocos días antes para informar sobre la última reunión del Comité Central del partido. Se había realizado una gran asamblea en la sede de la Universidad de Chile con todos los militantes el lunes, 10 de septiembre.

A las dos de la tarde del 11 de septiembre, con el palacio presidencial en Santiago en llamas, Vercelotti acompañó al encargado sindical del MIR en Arica a buscar al “Trosko” y llevarlo a una casa de seguridad en el cerro La Cruz, perteneciente a un ayudista de otro partido de izquierda. Ahí permaneció un par de días.

El “Trosko” Fuentes era una de las personas más buscadas por los militares y le habían puesto precio a su cabeza. Pasó de una casa de seguridad a otra. Vercelotti se encargó de hacer los contactos con la militancia, miembros de la dirección y con otros partidos de izquierda.

Al momento del golpe, en Arica se encontraba una buena parte de la dirección local del MIR, salvo el encargado de Tareas Especiales, quien estaba en Antofagasta. Tanto el encargado del MIR en Arica y los responsables del frente estudiantil y de organización, así como el responsable de Tareas Especiales, caerían detenidos en las semanas que siguieron.

“Ellos cayeron por razones distintas, pero no por lo del ‘Trosko’. Que el ‘Trosko’ estaba en Arica era desconocido para los militares en esos momentos: ninguno de ellos fue interrogado respecto del ‘Trosko’,” relata Marco Donoso.

El “Trosko” se estaba quedando sin contactos y sin apoyo logístico. No conocía los nombres o direcciones de sus compañeros de partido en Arica y tampoco podía regresar a Antofagasta.

Decidió entonces que la mejor alternativa era salir hacia Perú. En ese momento, la política oficial del MIR era que ninguno de sus militantes debía asilarse ni abandonar el país. Sin embargo, aunque se puede presumir que el “Trosko” conocía esa política de partido, la orden “El MIR no se asila” no había llegado a los militantes de base en Arica.

“No teníamos idea de esa política. El primer contacto que tuvimos en Arica con el MIR central en Santiago fue meses después, en 1974. Esta historia se dio de manera natural. Se corría peligro y había que sacar al ‘Trosko’ del país, y punto. La idea siempre fue ir a Cuba para luego reingresar a Chile,” explica Donoso.

Con la represión encima y la dirección local detenida, se buscó entre los militantes más jóvenes y menos expuestos para encargarles la tarea de organizar la salida de Chile del “Trosko” Fuentes. La responsabilidad recayó en “Carlos”, un estudiante de secundaria que militaba hacía poco en el MIR. En esa misión también participó “Fernando”, recién ingresado a la universidad y al partido. Ellos se encargaron de planificar la salida, asegurar el apoyo logístico y económico, coordinar a los ayudistas y determinar una ruta segura y transporte hasta la frontera. El “Trosko” Fuentes se ocultó en casa de “Fernando”.

Se planificó una primera salida en la segunda semana de octubre de 1973, en que el “Trosko” fue acompañado por Vercelotti y Espinoza, quienes sirvieron como sus guardaespaldas.

“Siempre he pensado que si el ‘Trosko’ debía elegir a alguien para ser su guardaespaldas, sería Vercelotti. El ‘Trosko’ tenía muy buena opinión de él y de Espinoza. Les tenía aprecio y cariño por la entrega, y por lo tanto, mucha confianza. Eso me consta, ya que muchas veces me lo manifestó en conversaciones,” afirma Juan Carlos García.

Ida y vuelta por el desierto

Al planificar la salida, “Carlos” se había contactado con un pequeño agricultor del Valle de Lluta, conocedor de rutas y con gran experiencia en pasos fronterizos. “Él trazó una ruta desde el punto exacto de partida, dando a conocer incluso referencias con las que debían encontrarse. Irían sólo tres: el ‘Trosko’, Tevito y Mario. Fuimos a dejarlos en un vehículo hasta el lugar en el Valle que me había señalado el agricultor. En el vehículo viajaban ellos tres y los acompañábamos Cacho Salcedo, un amigo de Cacho y yo. Esto ocurrió más menos a las 10 de la noche y nos despedimos de un abrazo. Las condiciones para hacer el recorrido eran bastante básicas: aparte de algunos enseres personales iban con una brújula. Recuerdo que el ‘Trosko’, por la imposibilidad de llevarla, dejó de regalo a ‘Fernando’ una manta que tenía un gran significado para él, porque había pertenecido a Luciano Cruz,” relató “Carlos”.

El plan era llegar en vehículo hasta el Valle de Lluta, cruzar la frontera a pie y avanzar 40 kilómetros hasta la ciudad peruana de Tacna. De hecho, ya lo habían hecho dos estudiantes universitarios del MIR poco antes. Habían logrado cruzar la frontera sin problemas, pero fueron arrestados casi de inmediato por la policía peruana y entregados a la policía de Chile. Los dos jóvenes terminaron presos en la cárcel de Arica.

Según Juan Carlos García, la salida de los universitarios hacia Perú había sido prematura. “Siempre escuché que el contacto era con la policía de Tacna. Había un acuerdo con los cubanos que consistía en que había que presentarse ante la policía de Tacna, y ellos los llevarían con los cubanos. Pero parece que ellos llegaron demasiado pronto, antes de consolidar los contactos,” dijo.

En el primer intento, el “Trosko”, Espinoza y Vercelotti caminaron en redondo por el desierto y regresaron a otro punto del Valle de Lluta; desde allí se movilizaron de regreso a Arica.

“Carlos” afirma que el “Trosko” entonces volvió a la casa de “Fernando” y los otros se fueron a los lugares donde habían estado hasta el día anterior.

La despedida

Espinoza vivió en casa de su hermana Clara hasta el día en que partió de Chile. “Después del golpe Pepe siguió viviendo conmigo y trabajando en la fábrica. Llegaba a la casa a almorzar y volvía al trabajo. Siempre andaba nervioso, preguntando si alguien había preguntado por él. Pepe tenía miedo de estar en Arica; me arranco o me matan, me decía,” cuenta Clara Espinoza.

Antes del siguiente intento de partida el 28 de octubre de 1973, Espinoza comenzó a despedirse de quienes más quería.

El día anterior, citó a su amigo de infancia, compañero en los scout y en la política, R.B.. “Estábamos afuera de la casa de su hermana Clara y él estaba con su sobrino Mauro en brazos. Me dijo que iba a ser la última vez que nos veríamos. Él tenía bien claro que no era fácil volver,” afirmó el amigo. Nunca más lo vio.

También visitó a una familia vecina de la población Juan Noé. La dueña de casa, Bernarda Lepe, acogía con frecuencia a los amigos de barrio y de scout de su hijo, entre ellos a Espinoza, por lo que la llamaban cariñosamente “la Abuela”.

Siendo una familia de militancia socialista, él pasaba muchas horas en su casa, dijo Lepe. “Yo era como su confidente, porque Pepe decía que su familia no lo comprendía, no compartían sus ideas políticas. Por eso se refugiaba con nosotros. Pepe era otro hijo para mí,” dijo.

Ese día lo esperaban Bernarda, su marido Sergio Gárate, su hija Patricia y un par de amigos. A ellos Espinoza les anunció que se iba de Chile.

Bernarda le pasó un anillo de oro con una piedra roja y le dijo: “Esto te va a servir, por lo menos lo puedes vender.” Espinoza dijo que lo guardaría como recuerdo.

“Pepe era una persona extraordinaria. Tenía una calidez humana que rara vez se encuentra. Tenía mucha llegada con todo el mundo,” comenta Patricia Gárate.

La familia Gárate jamás olvidó ese día. No sólo fue la última vez que vieron a Espinoza, sino también el día en que se llevaron detenido al jefe de hogar. En medio de la despedida, llegaron detectives a arrestar a Sergio Gárate, oficial de Aduanas y miembro del Partido Socialista.

“Cuando vinieron a detenerlo, los muchachos se pusieron muy nerviosos,” dijo Patricia Gárate. “Pero los detectives eran conocidos y ellos se apresuraron en detener a mi papá y llevarlo a la cárcel para evitar pasárselo a los militares. Mi papá estuvo detenido un año y medio en la cárcel de Arica.”

El día que partirían rumbo a Perú, Espinoza llevó a tres amigos a casa de su hermana Clara. Dos de ellos eran Tobar y Vercelotti, a quienes Clara ya conocía. Ella recuerda bien esa tarde, porque era su cumpleaños. No hablaron mucho. Ella les preparó once con huevos fritos y le cantaron el cumpleaños feliz.

Esa tarde, Espinoza le confidenció a su hermana que estaban sacando a una persona del país y se irían por los cerros hacia Perú, no por los pasos fronterizos; los estarían esperando en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima. Dijo que después se irían a Cuba y que pronto tendría noticias de él. Clara lloraba.

Clara le arregló un bolso y le pasó unas joyas. “Le dije que las cambiara por comida o cualquier cosa, porque no llevaba nada, sólo un poco de ropa. Llevaba un terno azul con corbata, porque decía que vestido con ese terno se iba a presentar ante Fidel Castro. Llevó unos ponchos, mantas, pantalones. Se fue con la chaqueta anaranjada que siempre usaba,” recuerda.

Los cuatro partieron al atardecer de pie por las calles de Arica, mientras Clara los seguía de la mano de su pequeño hijo Mauro. “Él me hacía señas para que me devolviera, pero yo lo seguía, llorando. Recuerdo que pasaban camiones militares. Después de unas cuadras, pasé a la casa de mi hermano mayor. Pepito se fue, se perdió, dobló la esquina y no lo volví a ver más,” relata.

Atravesar la frontera

Hacía poco que la Caravana de la Muerte comandada por el general Sergio Arellano Stark había abandonado Arica, tras dejar un reguero de muertos en la zona norte del país. El “Trosko” Fuentes seguía en la mira de los militares, pero Arellano y su comitiva no se imaginaron que recién se habían encontrado en la misma ciudad.

Se había movilizado una red de apoyo logístico entre militantes locales, amigos y ayudistas, incluso de otros partidos de izquierda. Esta vez, fueron guiados por el desierto por un peruano con experiencia en los recorridos de frontera y al que hubo que pagarle por el servicio, recuerda “Carlos”. El peruano los acompañaría a partir del kilómetro 25 del Valle, cruzarían juntos la frontera a pie, y luego los recogería un camión que los llevaría a Tacna.

“En esa oportunidad acompañé al ‘Trosko’ sólo hasta una calle de encuentro y fue recogido en un taxi en el que iban Tevito y Homero. Luego fueron recogidos Mario y Bruno, que esperaban en distintos lugares. La incorporación de Homero y Bruno corrió por cuenta del convencimiento de Tevito, ya que él consideraba necesario que salieran. Esta fue una situación que se resolvió apenas un par de días antes de esa salida,” afirma “Carlos”.

Esa noche, en un furgón Citroen, un ayudista llevó al “Trosko”, Espinoza, Tobar, Vercelotti y Bruno González hasta el valle, y desde ahí continuaron la travesía a pie.

Por varios meses, el amigo de Espinoza, R.B., siguió al peruano que los sacó de Arica. “Pero después alguien me dijo que el hombre había pisado una mina en la frontera y había muerto. La gente que yo conocía por el lado de Pepe estaba presa o había salido del país. Yo salí de Chile en diciembre de 1973, y no supe nunca más de él,” dijo.

Lo que sucedió, según le contó después el “Trosko” Fuentes a Juan Saavedra Gorriateguy (“Patula”) en La Habana, fue que el grupo fue detenido en la frontera por la policía peruana. Les quitaron todas sus pertenencias, y, es de suponer, también las joyas que Clara Espinoza y Bernarda Lepe le entregaron a Espinoza.

Temían ser devueltos a Chile, como ya había sucedido antes con los dos estudiantes universitarios que terminaron presos en Arica. Pidieron asilo político, pero les fue negado. Fueron trasladados a Lima.

“Pero los peruanos tenían la actitud de ayudar a los perseguidos chilenos de manera encubierta. El ‘Trosko’ me contó que ellos llamaron al cónsul cubano y él los ayudó a viajar a Cuba un par de semanas después,” recuerda Saavedra.

En el año que siguió, fueron detenidos “Carlos” y “Fernando”, los dos jóvenes ariqueños a cargo de la operación de sacar al “Trosko” del país, y casi todos quienes participaron de una u otra forma en ella, así como la nueva dirección local del partido. Era más de una veintena de detenidos.

En enero de 1974, la novia de Homero Tobar en Arica, Miriam, recibió una carta suya timbrada en México avisando que se encontraba bien. La madre de Mario Espinoza recibió una carta similar de su hijo a inicios de 1974, también procedente de México. En la carta, Espinoza pidió que después de leerla, la destruyeran. La madre viajó a Iquique y le mostró la carta a uno de sus hijos, Raúl, quien hacía el servicio militar en el regimiento de esa ciudad. “La carta venía de México y en ella hablaba sólo generalidades. Después, mi mamá rompió la carta. No supimos más de él,” afirma Raúl.

El MIR había enviado esas cartas desde México, porque a esas alturas, “Mauro”, “Ricardo”, “Marco” y el “Trosko” Fuentes ya se encontraban en Cuba. El plan era recibir instrucción militar en Cuba y regresar clandestinamente a Chile para luchar en contra de la incipiente dictadura militar.

Establecer la retaguardia

Al llegar a Cuba el grupo fue alojado en el Hotel Presidente de La Habana, como lo hicieron muchos refugiados chilenos después del golpe. En diciembre de 1973, junto a otros militantes del MIR venidos de distintas partes, comenzaron a recibir instrucción militar en guerrilla urbana y rural. Primero estuvieron en Punto Cero y después en la Base Pinar del Río.

A pesar de ser severamente criticado por la Dirección Nacional de su partido por haber salido del país, el “Trosko” Fuentes fue nombrado por el Secretario General del MIR, Miguel Enríquez, como representante de la organización en Cuba. Debía encargarse de un primer grupo de instrucción militar y designó a “Mauro” como jefe del grupo. Según quien sería después su jefe en Cuba, Enérico García (“Fernando”), “Mauro” demostraba indiscutibles condiciones de liderazgo.

“Mauro era serio, responsable en el cumplimiento de las tareas que surgían de las necesidades del grupo. Alegre, divertido, buen amigo, solidario, siempre dispuesto a colaborar. No era aún un dirigente formador de otros cuadros, pero se avizoraba en él un proyecto más que interesante de militante y combatiente mirista,” lo describe García.
El grupo a cargo del “Trosko” pasó cerca de un año en distintos cursos de instrucción. El plan era prepararse militarmente en la isla y reingresar clandestinamente a Chile. Sin embargo, no se daban las condiciones para el retorno. El MIR era duramente golpeado, las comunicaciones con el partido en el interior eran extremadamente difíciles, y no había cómo asegurar una estructura de apoyo para la llegada de militantes desde el exterior, afirma Enérico García.

En los primeros meses de 1974, llegó a Cuba el dirigente del MIR Edgardo Enríquez, el “Pollo”, hermano del secretario general del MIR. El “Pollo” quedó en la jefatura del partido en La Habana, mientras que el “Trosko” Fuentes preparaba su traslado a Argentina.

En ese lapso, algunos militantes abandonaron la tarea militar, incluyendo Bruno González, quien había salido con el “Trosko” desde Arica. Entró en conflicto con la política del MIR, y a fines de 1974 se integró al MAPU en La Habana.

Con las condiciones en Chile desfavorables para el retorno, el MIR había decidido establecer una retaguardia en Argentina. Ese país serviría como base de operaciones mientras se trasladaban militantes, recursos y medios hacia Chile. Además, los cuadros del MIR entrenados en Cuba tendrían un teatro de operaciones donde foguearse para lo que esperaban sería la lucha en Chile, y al mismo tiempo apoyarían a las organizaciones revolucionarias argentinas.

Aún faltaba un año para el golpe militar en Argentina, y las organizaciones de izquierda en ese país estaban en pleno auge. La relación entre el Partido Revolucionario de los Trabajadores – Ejército Revolucionario del Pueblo (PRT-ERP) de Argentina y el MIR eran óptimas. Apenas producido el golpe de Estado en Chile, el máximo dirigente del PRT, Mario Roberto Santucho, instruyó hacer llegar una valija con un millón de dólares al MIR en Chile y ofrecerle ayuda para sacar a sus militantes de Chile e ingresarlos a Argentina. (NOTA AL PIE 4)

“La relación política del MIR con el PRT era importante y estrecha. El PRT era, además, nuestra principal fuente financiera. Teníamos expectativas de que en la medida en que avanzaba la lucha en Argentina, podríamos crear una retaguardia para operar en Chile,” afirma el entonces dirigente del MIR Andrés Pascal Allende.

Al iniciarse 1974, muchos militantes del MIR y de su organización hermana en Uruguay, el Movimiento de Liberación Nacional Tupamaros, refugiados en Argentina, se habían incorporado al PRT-ERP. En febrero de ese año, Santucho presentó públicamente el documento fundacional de la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR) que integraban el ERP argentino, los Tupamaros de Uruguay, el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de Bolivia y el MIR de Chile y que ya venía incubándose desde hacía un tiempo. Con los últimos tres países bajo bota militar, la JCR se concibió como una coordinadora de organizaciones revolucionarias que se brindaría apoyo mutuo en lo militar, logístico y económico para avanzar la revolución armada en cada uno de sus países. La JCR tuvo su base central clandestina en Buenos Aires.

Cada organización designó a un representante ante la JCR, y el MIR delegó esa tarea a Edgardo Enríquez. Entre otras cosas, él se encargó de la red de militantes chilenos que ingresaban clandestinamente a Argentina para eventualmente partir a combatir en Chile.

De las organizaciones que participaron en la JCR, el PRT-ERP argentino era la que se encontraba en mayor expansión, y a partir de marzo 1974 comenzó a preparar un foco guerrillero en la provincia de Tucumán, creando la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez. La Compañía se dedicó inicialmente a tareas de entrenamiento hasta fines de mayo de ese año, cuando comenzó a operar. Entre su centenar de combatientes se encontraban varios chilenos.

En ese contexto y con ese plan, el “Trosko” Fuentes se trasladó a Argentina para preparar las condiciones para el ingreso de más militantes chilenos, quienes participarían con el PRT-ERP tanto en unidades urbanas como en la Compañía de Monte. Sería su prueba de fuego y trampolín hacia Chile. Entre los que debían participar estaban Mario Espinoza, Jorge Vercelotti y Homero Tobar, los muchachos de Arica.

La casa de la calle 68

El “Trosko” Fuentes partió a Buenos Aires en septiembre de 1974. Fue reemplazado en La Habana en sus tareas de atender a los exiliados del MIR y a los grupos que se estaban formando militarmente por Juan Saavedra (“Patula”), quien había llegado a Cuba en marzo de ese año.

Del grupo original en instrucción quedaron sólo siete: Homero Tobar Avilés (“Ricardo”), Jorge Vercelotti Muñoz (“Marco”), Mario Espinoza Barahona (“Mauro”), Heriberto Leal Sanhueza (“Miguel Ángel”), Miguel Orellana Castro (“Pablo”), Claudio Ocampo Alonso (“Juan”, paraguayo) y Luis Alberto Barra García (“Alejo”). Mario Espinoza también era conocido como “Mauro 2” porque ya había un dirigente del MIR en Cuba que usaba el mismo nombre político.

El paraguayo Claudio Ocampo (“Juan”), entonces de 26 años, se había integrado al MIR tras llegar a Chile becado para estudiar pedagogía durante el gobierno de la Unidad Popular. Su padre había sido entrenador de fútbol en el Club Nacional de Paraguay y se trasladó con su familia a Ecuador, donde Claudio vivió gran parte de su infancia y adolescencia junto a sus tres hermanos mayores. En Ecuador, ingresó a la facultad de química de la Universidad de Quito, pero decidió trasladarse a Chile durante el gobierno de Allende, como lo había hecho un tío poco antes. Tras el golpe militar, se asiló en la embajada de Panamá por más de un mes.

“Mi padre viajó a Santiago a ayudar a conseguir el salvoconducto para sacarlo del país. Viajó a Panamá, luego pasó a México y después a Cuba,” relata su hermano, Milton Ocampo.

Claudio Ocampo llegó a Cuba a fines de 1973 con su compañera chilena y una pequeña hija y al poco tiempo se incorporó a las tareas del partido.

“Juan era reconcentrado, trascendente, nada para él era banal, todo era importante. Era un gran conversador, desconfiado, con mucho compromiso con la causa, con el partido, con una visión de la revolución quizás más integradora. No hablaba de su historia personal ni de su país de origen. No aceptaba la posibilidad de la deslealtad. Eso lo hacía potente en el grupo, y un buen cuadro militar,” dice Enérico García, su jefe político en La Habana.

Tras un año en escuelas cubanas, en diciembre de 1974 el grupo comenzó a recibir formación de parte de instructores del MIR en las áreas de inteligencia, educación política, métodos conspirativos, documentación y fotografía, entre otras. Tenían jornadas completas de instrucción todos los días.

Continuaban con la formación propia, cuando en febrero de 1975 llegó a Cuba Enérico García, quien había estado preso en Chile después del golpe militar. Él se hizo cargo de continuar la tarea de preparar pequeños grupos para ingresar clandestinamente a Chile. Su ayudante en esa tarea era Juan Lara Muñoz. (NOTA AL PIE 5).

García era responsable de cuatro pequeños grupos que recibían instrucción especializada por área. “Patula” pasó a hacerse cargo del grupo de Documentación. Un segundo grupo se dedicó al área de Comunicaciones. La unidad encabezada por “Mauro” se especializó en Guerrilla Rural.

El cuarto grupo eran ex militantes socialistas que ya se encontraban en Cuba recibiendo instrucción militar al momento del golpe militar, y que en 1975 dejaron su partido para incorporarse al MIR. En esa transición, ellos participaban en una “micro-brigada”; vivían juntos y trabajaban en la construcción mientras se iban integrando a su nuevo partido.

Los cuatro grupos vivían compartimentados en distintas casas de La Habana. El grupo de “Mauro” vivía en una casa de color amarillo opaco en la calle 68, y por eso se le conocía como “la casa de la 68”. Tenían estricta prohibición de contactarse o frecuentar a otros chilenos en la isla. Vivían en el segundo piso de la casa y en el primero residía una familia cubana. Para esa época, Ocampo se había separado de su pareja chilena y Espinoza iniciaba una relación amorosa con una cubana, que se mantuvo hasta su salida a Argentina.

“El grupo que componía la casa 68 tenía las características que en general marcaban la joven militancia mirista de aquella época: un compromiso social a toda prueba, un afán de participación directa en las luchas populares, un compromiso en la búsqueda del hombre nuevo que pregonara el Che y no escatimar esfuerzo ni sacrificio en su militancia,” afirma Enérico García.

El desmantelamiento del MIR en Argentina

El “Pollo” Enríquez ingresó clandestinamente a Argentina en mayo de 1975. Ese mismo mes, fue detenido el “Trosko” Fuentes al entrar a Paraguay desde Argentina junto a Amílcar Santucho, hermano del máximo dirigente del PRT-ERP.

El arresto del “Trosko” Fuentes en Paraguay y su traslado a centros de tortura clandestinos en Chile cuatro meses más tarde marcó el inicio de las operaciones conjuntas de los servicios de seguridad de los países del Cono Sur conocido como la Operación Cóndor. En la captura de Fuentes y Santucho participaron efectivos de Argentina, Paraguay y Chile, y abrió una veta de información extraída bajo tortura por los servicios de inteligencia de los tres países que a la larga llevaría a la detección y posterior detención de prácticamente todo el contingente del MIR en Argentina.

Jorge Fuentes Alarcón fue detenido y bestialmente torturado en Paraguay hasta septiembre de 1975, cuando fue entregado a agentes de la DINA chilena, quienes lo trasladaron a Chile. Fue visto en el centro clandestino de Cuatro Álamos y después en Villa Grimaldi, desde donde desapareció en enero de 1976.

En los meses que siguieron el arresto del “Trosko” Fuentes en Paraguay fue aniquilada gran parte de la dirigencia rural de la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, iniciando su declive. Durante el año y medio de esfuerzos por desarrollar ese foco guerrillero en Tucumán – en el que debían combatir los miristas que se preparaban en Cuba – murieron en combate media docena de chilenos: Rubén Estrada (“Sergio”), Jaime Miguel Vergara (“César”), “Luciano”, “Marcelo”, el sueco y militante del MIR chileno, Dag Arne Runing (“Julio”) y Domingo Villalobos Campo, conocido como el “Sargento Dago”.

Mucho antes del golpe militar del 24 de marzo de 1976 en Argentina, ya estaba operando la Alianza Anticomunista Argentina (Triple A) y se libraba una guerra sucia subterránea en contra de la izquierda en ese país. “La situación era extremadamente frágil. El MIR prácticamente no tenía aparato en Argentina y recién a comienzos de 1976 se estaba montando uno,” afirma Andrés Pascal.

Fue en ese contexto en que la dirigencia del MIR en La Habana aceleró los preparativos para enviar combatientes a colaborar con la JCR.

Enérico García debía ser uno de los primeros en viajar a Argentina para, junto con el “Pollo” Enríquez, preparar el ingreso de los demás y el posterior traslado clandestino a Chile. Pero él mismo advirtió a la jefatura del MIR de que no estaban las condiciones para garantizar la seguridad de los grupos una vez en Argentina.

Sin embargo, el encargado del Comité Exterior del MIR en Cuba, Manuel Cabieses, aseguraba que la situación estaba controlada, porque así le estaba informando Edgardo Enríquez desde Argentina. El segundo de Enríquez en Buenos Aires era el argentino Patricio Biedma Schadewaldt (“Nico”), quien se había incorporado al MIR en Chile, donde vivía desde 1968; Biedma había regresado a Argentina después del golpe militar en Chile.

La dirigencia del MIR en Cuba decidió que partiera el primer grupo, el de la casa de la 68 y García se quedó en La Habana. Los miembros del grupo liderado por “Mauro” salieron de La Habana de manera escalonada a partir de diciembre de 1975, llegando a Argentina algunas semanas después. Todos iban con identidades y pasaportes falsos de distintas nacionalidades y pasaron por Praga y otras ciudades de Europa antes de llegar a París. Ahí recibieron su misión, itinerario, contactos en Argentina y las últimas instrucciones del partido.

Espinoza fue el primero en salir en diciembre de 1975. Lo siguieron ese mismo mes Jorge Vercelotti, Claudio Ocampo y Miguel Orellana. En febrero de 1976 salió Heriberto Leal y en marzo, Homero Tobar. Los primeros llegaron a Argentina en febrero de 1976.

Antes de partir, y como era la costumbre, cada uno dejó escrita una carta a su familia que el MIR debía entregar en caso de muerte. Sólo la familia de Vercelotti la recibió, muy poco después.

Mientras los militantes de la “casa de la 68” se establecían en Argentina, en marzo de 1976, por diferencias políticas con el partido, García fue expulsado del MIR y se trasladó a la ciudad cubana de Santa Clara. No regresaría a La Habana ni al MIR hasta 1978, por lo que nunca pudo hacer seguimiento del grupo que había tenido a su cargo. Sólo en 1978 se enteró de que todos habían muerto o desaparecido; los primeros dos a las pocas semanas de haber ingresado clandestinamente a Argentina.

Muertos por la Triple A

El plan para el grupo encabezado por “Mauro” era ganar experiencia combativa junto al PRT-ERP en la guerrilla rural en Tucumán, fortalecer a la JCR y establecer una retaguardia en Argentina para el eventual ingreso clandestino a Chile. Esa etapa no debía extenderse más de seis meses. Originalmente, debían integrarse a la Compañía de Monte Ramón Rosa Jiménez, pero a esas alturas, la compañía estaba prácticamente desarticulada y el PRT-ERP había sido infiltrado y estaba siendo duramente perseguido. Por lo tanto, a pesar de su especialización en guerrilla rural, los seis debieron integrarse a grupos operativos urbanos del PRT-ERP en distintas zonas de Buenos Aires y otras ciudades.

Al llegar a Argentina a principios de 1976, algunos de ellos se quedaron un tiempo en una casa de seguridad de la JCR en Del Viso, en el norte de la provincia de Buenos Aires, donde vivía el matrimonio argentino compuesto por Osvaldo Bartolini y Susana Gabelli. A esa casa también había llegado en diciembre de 1975 desde la Compañía de Monte la militante del ERP Susana Islas. De a poco, se irían distribuyendo en distintas tareas y casas de seguridad del PRT.

A mediados de marzo de 1976, sólo Jorge Vercelotti, Claudio Ocampo y Susana Islas permanecían en la casa de Del Viso, junto con la pareja argentina. Desde ahí fueron secuestrados todos menos Susana Islas el 18 de marzo. Islas logró sobrevivir porque llegó más tarde a casa.

Los cuerpos de Bartolini y Gabelli fueron hallados el 20 de marzo de 1976 lejos del sector.

Vercelotti y Ocampo fueron encontrados al día siguiente en la vía pública en Ciudadela, en las afueras de Buenos Aires. De acuerdo al expediente judicial de la época, Vercelotti estaba totalmente desnudo y Ocampo se encontraba sólo con pantalón. Ambos estaban vendados y amordazados, y en sus espaldas les habían pegado con tela adhesiva los pasaportes falsos con los que habían ingresado al país. Al interior de ambos pasaportes se encontraron tres papeles idénticos. Uno decía “Junta Coordinadora Revolucionaria – ELN – MIR – ERP – MLN”, el segundo decía “MIR”, y el tercero era un volante titulado “Comando General, 3 AAA, Parte de Guerra nº 1”.

 

No tenían heridas de bala. Las autopsias a sus cuerpos dieron cuenta de golpes y torturas y que habían sido asfixiados con aceite; en ambos casos la causa de muerte fue un “paro cardio-respiratorio de origen traumático”.

El hallazgo de sus cadáveres fue informado al día siguiente en el diario La Nación de Argentina, que habló de un “enfrentamiento”. Ambas familias se enteraron de sus muertes por medio de cartas enviadas por el Comité Exterior del MIR. En el caso de Ocampo, el sobre dirigido a su padre sólo contenía una copia del recorte de diario La Nación. Sin embargo, el padre no pudo viajar a Buenos Aires a recuperar el cuerpo porque dos meses antes había caído preso en Asunción otro de sus hijos, Luis Ocampo, de 17 años, acusado de participar en un supuesto grupo armado de casi nula existencia en su país. A Claudio lo buscaron un tío y su madre pero nunca lograron encontrar sus restos.

De acuerdo a Federico Tatter, dirigente de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos de Paraguay, cuando Luis Ocampo salió de prisión a principios de abril de 1976, viajó a Argentina en busca de su hermano. En esa tarea contó con la colaboración del Servicio Paz y Justicia (SERPAJ) y particularmente de su director, el escritor argentino y Premio Nobel de la Paz 1980, Adolfo Pérez Esquivel. Pero Luis, hoy fallecido, tampoco pudo dar con su hermano mayor.

La familia Vercelotti recibió una carta similar del MIR con el recorte de diario y además. También se incluía la carta que Jorge había escrito a su familia en Cuba antes de partir. Sin embargo, la familia no buscó sus restos ni denunció su muerte. El padre de familia, militar en retiro, impuso el silencio.

“La familia no pudo hacer nada para saber lo que había sucedido con Jorge por temor a las represalias. Pasaron años en que vivimos sólo con el dolor de haberlo perdido y con el silencio que mi padre pidió para proteger al resto de la familia. Silencio con el que nadie estuvo de acuerdo, pero que acatamos,” señala Celia Vercelotti, hermana de Jorge.

En 2005, tras la muerte del padre, Celia comenzó el largo y doloroso proceso de búsqueda de la verdad y de los restos de su hermano. Partió enviando una solicitud general de información por Internet. Tres años más tarde, le llegó un email del Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF).

La identificación de Ocampo y Vercelotti fue posible hace pocos años gracias a que en la época, la policía hizo un levantamiento fotográfico de los cuerpos y de sus pasaportes y tomó las huellas dactilares de quienes aparecían –según sus pasaportes falsos- como el ciudadano salvadoreño David Linares Cortez (Ocampo) y el ecuatoriano Pedro Quintana Vargas (Vercelotti).

En 1990, un ex miembro del EAAF que trabajaba en Amnistía Internacional en Londres entregó al equipo forense información sobre un militante del MIR chileno de nacionalidad paraguaya de apellido Ocampo que había sido secuestrado por un comando de ultraderecha en Buenos Aires. El EAAF ya conocía el caso de los dos cuerpos encontrados en Ciudadela en 1976, pero las muestras dactilares que se habían tomado a los cadáveres no coincidían con los registros dactilares que tenían de los desaparecidos argentinos. Recién en 2005 la EAAF pudo contar con la colaboración del gobierno de Paraguay a través de la Comisión de Verdad y Justicia creada en ese país.

“Con esa Comisión intercambiamos información sobre los ciudadanos paraguayos desaparecidos en Argentina y le solicitamos ayuda para la búsqueda de las huellas dactilares de Ocampo. Paralelamente, nos enteramos de la carta que envió Celia Vercelotti a la Secretaría de Derechos Humanos de Argentina en la que adjuntaba la carta del MIR sobre el asesinato en Ciudadela, mencionando el detalle de los pasaportes pegados a la espalda. No había mucho que deducir. Pedimos las huellas de Vercelotti al gobierno chileno. En ambos casos las pericias fueron positivas,” explica Daniel Bustamante, investigador del EAAF.

La identidad de Ocampo fue confirmada en 2008; la de Vercelotti en 2009.

Ambos habían sido enterrados en marzo de 1976 con los nombres falsos que aparecían en sus pasaportes en nichos separados del cementerio de la ciudad de Morón, en Ciudadela. Ocho años después, sus restos –aún con las identidades falsas- fueron trasladados a una fosa común, por lo que hoy es imposible individualizarlos para su exhumación y repatriación.

Aún no se ha logrado identificar y localizar a la hija que Ocampo tenía con su pareja chilena para entregarle antecedentes de su padre. Hoy ella tendría alrededor de 42 años.

La desaparición de “Mauro”

Días después de la muerte de Vercelotti y Ocampo y poco después de la llegada de Homero Tobar a Argentina, se concretó el muy anunciado golpe de Estado en contra del gobierno de Isabel Perón, el 24 de marzo de 1976.

El 10 de abril, fue secuestrado el encargado del MIR en Argentina y representante ante la JCR, Edgardo Enríquez. En 2009, el EAAF pudo confirmar su muerte, al descubrir sus huellas dactilares y una fotografía de su cuerpo en los archivos del Hospital Pirovano de Buenos Aires; sin embargo, no se ha logrado recuperar su cuerpo y continúa desaparecido.

Patricio Biedma (“Nico”) asumió las responsabilidades del “Pollo” Enríquez en Argentina.

Durante la primera mitad de 1976, en Argentina fueron secuestrados y desaparecidos media docena de chilenos, entre ellos Nelson Cabello Pérez y Frida Laschan Mellado (NOTA AL PIE 6) (ambos en abril 1976, Buenos Aires), los jóvenes socialistas Juan Hernández Zaspe, Manuel Tamayo Martínez y Luis Muñoz Velásquez (abril 1976, Mendoza) y Óscar Urra Ferrarese (mayo 1976, Buenos Aires). Les seguirían Luis Elgueta Díaz y María Cecilia Magnet Ferrero (ambos en julio 1976, Buenos Aires), José Francisco Pichulmán Alcapán (agosto 1976, Neuquén), Rachel Venegas Illanes (septiembre 1976, Buenos Aires) y María Eliana Acosta Velasco (septiembre 1976, La Plata), entre otros.

No obstante, a pesar del golpe de Estado, la aguda situación represiva y la desaparición del “Pollo” Enríquez, entre abril y mayo de 1976 llegaron a ese país los primeros dos integrantes del segundo grupo enviado por el MIR desde Cuba, especialistas en Comunicaciones. Sin embargo, fueron alertados por el propio PRT de los serios problemas de seguridad y las dificultades que tendrían para mantenerlos a salvo en el país, por lo que retornaron a Cuba un par de meses más tarde. Los dos eventualmente ingresaron clandestinamente a Chile.

El tercer grupo, especializado en Documentación, se quedó en La Habana, salvo un integrante que ingresó a Chile. El cuarto grupo, el de los ex socialistas, comenzó su ingreso a Chile a partir de febrero-marzo 1976. Varios de ellos no sobrevivieron.

Mientras, “Mauro” había pasado a integrar la Columna Norte del PRT-ERP en Buenos Aires y durante varios meses de 1976 vivió en casa de una compañera del PRT, María del Carmen Castro (“Nora”), con quien debió recorrer toda la zona norte y oeste del Gran Buenos Aires para familiarizarse.

“Recuerdo que Mauro llegó a la Argentina con un bolso Samsonite, que en ese momento era lo mejor. Traía dólares y unas pocas cosas, uno o dos jeans, una camisa que recuerdo era celeste a cuadritos, una toalla chica, una pasta de los dientes y un cepillo, todo comprado en Francia,” dice Castro.

En mayo de 1976, aproximadamente, “Mauro” se trasladó a la casa del matrimonio argentino compuesto por Ricardo Luis Iwanski (“Quico”) y Rosa Delia Cabot (“Blanca”), quien se encontraba embarazada, y el hijo de ambos de dos años. A partir de entonces, “Mauro” comenzó a participar en acciones operativas urbanas del PRT-ERP, utilizando también el nombre político “Santiago”.

A mediados de junio de 1976, “Mauro” se salvó de ser detenido. Militares habían llegado a la casa de Iwanski a detener a todo el grupo, pero solo Cabot fue secuestrada. Hoy se encuentra desaparecida. “Mauro”, Iwanski y un argentino de nombre político “Claudio” lograron escapar en esa oportunidad, afirma Castro.

Un mes más tarde, fue secuestrado Iwanski. También permanece desaparecido. “Claudio” sobrevivió.

“A mediados de junio, más o menos, Mauro fue un domingo a casa y lo vi cansado. De repente había dejado de ser el Mauro alegre que yo conocía. Le dijo a mi mamá que por donde él vivía había nogales y que la próxima vez que viniera le iba a traer nueces. Llegó agosto y Mauro no vino. Mi mamá me preguntó por él y yo le dije que tenía mucho trabajo. Pero yo suponía lo peor,” recuerda Castro.

Entre junio y agosto de 1976, el Ejército ya había virtualmente aniquilado a la guerrilla del ERP y desbaratado a numerosas células del PRT, secuestrando a unos 200 militantes. En ese contexto fue detenido “Mauro” en julio de 1976.

En ese periodo también caía detenido Biedma, aunque no está claro si “Mauro” y Biedma fueron detenidos al mismo tiempo.

De acuerdo a un prisionero sobreviviente del centro clandestino Automotores Orletti operado por el Servicio de Inteligencia del Ejército argentino (SIDE) en Buenos Aires, cuando fue llevado ahí el 23 de agosto de 1976, Biedma ya llevaba bastantes días en el lugar. “Mauro” llegó después, en septiembre. “Apenas estuvo ‘Mauro’ en nuestra celda se puso a charlar con ‘Nico’; era evidente que se conocían,” afirmó.

Este testigo, quien pidió reserva de su nombre, compartió celda con Biedma y “Mauro”. Biedma, dice, le contó que había sido detenido por casualidad y que por varios días pudo ocultar su identidad de sus captores debido a los documentos falsos que portaba. No está claro si Biedma pasó por otro centro de detención antes de Orletti, pero cree que “Mauro” sí estuvo en otro lugar antes de Orletti.

Los guardias tenían un trato diferenciado con Biedma, cuenta su compañero de celda: “Era un trato respetuoso hacia él, como de reconocimiento a un enemigo digno. ‘Nico’ destacaba de todo nosotros por su aplomo, un carácter muy templado. Lo vi sonreír -que no era fácil allí-, ayudar a los demás, y hasta me enseñó cantando bajito una canción chilena muy conocida, ‘Arriba en la cordillera’. En los 45 días que permanecí allí, fue el único al que le permitieron en una oportunidad darse una ducha.”

Los tres compartieron celda en la planta alta de Orletti junto con otros secuestrados cuyo número variaba según las detenciones y traslados. En los primeros días de octubre, llegaron a esa celda una docena de uruguayos. “Todos estábamos vendados y esposados, y algunos con grilletes en los tobillos,” relata este testigo. “La puerta metálica era muy ruidosa y eso nos alertaba cuando entraban a nuestra celda, y cuando sabíamos que estábamos solos nos bajábamos las vendas y así podíamos vernos y charlar en voz baja. Nos iluminaba todo el día una lamparita eléctrica que estaba muy alta. Había colchonetas en el suelo y en ellas nos sentábamos o dormíamos. Los alimentos eran muy escasos. No había forma de asearse y nos sacaban a un baño con un inodoro situado en un patio o terraza. En la celda había un balde para orinar. Ni lastimados ni heridos recibían atención médica, ni siquiera un compañero herido de bala en una pierna. Con frecuencia ponían música a volumen muy alto, y no sólo cuando torturaban.

Según este ex prisionero argentino, cuyo testimonio ante la comisión de verdad en Argentina fue clave para saber de la existencia de “Mauro” en Orletti, a ese centro de tortura llegaban oficiales de otros países del Cono Sur a interrogar a sus connacionales. Automotores Orletti se convirtió en la base de la Operación Cóndor en Argentina.

“Me consta que ‘Nico’ fue interrogado por chilenos porque él mismo me lo dijo, concretamente que eran agentes de la DINA. Creo que ‘Mauro’ no fue torturado en Orletti porque ya lo habían torturado en otro centro, pero sí lo interrogaron en Orletti los mismos agentes chilenos. Calculo que para eso lo habrán llevado allí. ‘Mauro’ me dijo que le imputaban la muerte de dos policías de la provincia de Buenos Aires,” afirma el testigo.

Un cable de la CÍA fechado el 22 de septiembre de 1976, titulado “Argentina-Cuba: ¿Apoyo de Castro para la Subversión Local?”, obtenido por el periodista John Dinges y publicado en su libro sobre la Operación Cóndor, da cuenta de la íntima relación que tenían los servicios de inteligencia argentinos y estadounidenses. El documento transmite los detalles del interrogatorio a Patricio Biedma y “Mauro” dentro del centro de torturas poco después de sucedido. El cable señala:

“Las fuerzas de seguridad argentinas capturaron a Patricio Biedma y Mario Espinosa, chilenos que han trabajado desde algún tiempo por la causa terrorista en Argentina. Biedma dice que era el jefe del MIR de Chile en Argentina, y el delegado del grupo a la Junta Coordinadora Revolucionaria (JCR), una coalición de organizaciones terroristas regional. Espinosa también dice ser miembro del MIR y más recientemente, combatiente del Ejército Revolucionario del Pueblo de Argentina (ERP).
Biedma dice que se reunía frecuentemente con un oficial de la Embajada de Cuba en Buenos Aires que ‘regularmente’ entregaba fondos para la JCR así como también al ERP y los Montoneros. [SE TACHAN CUATRO LÍNEAS DEL CABLE]
…Espinosa también afirma que la embajada cubana entrega fondos a izquierdistas argentinos, y que él mismo recibió instrucción en Cuba, y que luego fue introducido al ERP por un contacto cubano en Argentina.”

El ex prisionero político permaneció en Automotores Orletti hasta el 7 de octubre de 1976. Cuando fue liberado, en la celda sólo quedaban Biedma y “Mauro”. Orletti fue cerrado un mes más tarde. Biedma está desaparecido.

El prisionero sobreviviente de Orletti identificó positivamente la fotografía de Mario Espinoza Barahona como correspondiente a su compañero de celda, “Mauro”. Enérico García también reconoció a Mario Espinoza como “Mauro”, el jefe del grupo en instrucción militar en La Habana.

A pesar de que el cable de la CIA identifica correctamente a “Mauro” como Mario Espinoza, por muchos años se pensó que “Mauro” era un hermano de Elmo Catalán. La confusión se debió, al parecer, a una información distorsionada que llegó a Argentina. Daniel Bustamante, investigador del EAAF, dice que el equipo forense fue informado de declaraciones prestadas por Enérico García y Juan Saavedra ante la Comisión Rettig respecto de la desaparición de Heriberto Leal en las que afirmaban que dentro del grupo de chilenos en Cuba había uno de Arica, de nombre político “Mauro”, y que era hermano de Elmo Catalán.

Sin embargo, García asegura que lo que él relató a la Comisión Rettig fue una reunión a la que fue citado en 1990 por un abogado de la Vicaria de la Solidaridad -cuyo nombre no recuerda- que quería confirmar una información: un conscripto argentino había dicho que se había encontrado un cadáver en la cordillera por el lado argentino que correspondía a un militante del MIR de nombre Mauro, de Arica.

“Yo conté eso en mi declaración, transmitiendo la información del abogado. Yo no tenía ninguna información sobre un cuerpo en la cordillera, pero siempre tuve perfectamente claro que ‘Ricardo’ era el hermano de Catalán, no ‘Mauro’. Lo que nunca supe hasta muchos años después fueron sus nombres verdaderos,” afirma García.

La versión equivocada de que “Mauro” podría ser hermano de Elmo Catalán se diseminó entre investigadores y la comunidad de derechos humanos y contribuyó a ella el hecho de que tanto Espinoza como Tobar eran de Arica. Sin embargo, aunque la distorsionada información despistó a quiénes buscaban la verdadera identidad de “Mauro”, sirvió para descubrir a otro detenido-desaparecido que ni siquiera estaba en los radares de los organismos de derechos humanos de Chile o Argentina: el medio hermano de Elmo Catalán, Homero Tobar.

Una desaparición sin rastro

La desaparición de Homero Tobar (“Ricardo”) en Argentina es un total enigma. No existe información fidedigna ni han surgido testigos o alguna evidencia de su eventual detención, prisión o muerte. Al momento, nadie lo ha reconocido en fotos. Sin embargo, existe la posibilidad de que haya estado en Río Negro.

En los primeros meses de 1976, cuando Tobar estaba recién llegado a Argentina, le envió a su novia Miriam una segunda carta. En ella le contaba que estaba en Río Negro y que estaba trabajando. Fue la última vez que la familia Catalán supo de Homero Tobar.

El nombre verdadero de Homero Tobar Avilés figura en un documento de la Comisión Asesora de Antecedentes (CAA) de la Secretaría de Inteligencia de Estado al que esta autora tuvo acceso sobre el chileno Hugo Inostroza Arroyo, ex militante del ERP asentado en la zona de Neuquén con su familia desde hacía años.

Según este documento de la CAA, Grupo de Tareas 1, Inostroza actuaba como el “responsable militar del ERP en las provincias de Neuquén y Río Negro”, y sus “contactos en el MIR” en 1976 eran Lorenzo Homero Tobar Avilés (“Ricardo”) y José Luis Appel de la Cruz (“Claudio”), citándolos con sus nombres verdaderos completos y sus chapas políticas. Appel de la Cruz desapareció en Neuquén en enero de 1977.

Consultado Inostroza al respecto, dijo no conocer a Homero Tobar y tampoco lo reconoció en una fotografía.

Según la versión de la familia Catalán, años después de la salida de Tobar de Chile en octubre de 1973, su madre recibió una llamada desde Argentina comunicándole que su hijo estaba muerto. Después, en la década de los ochenta, una pariente le contó a la familia que según su esposo, quien era detective, Tobar ya había muerto, pero se negó a entregar alguna información adicional. No ha sido posible contactar a esta pariente o su marido para ratificar esta información.

Otra versión que circula en la familia Catalán es la de una prima hermana de Homero, Carmen Segovia Avilés. Mientras trabajaba en la Comisión de Derechos Humanos de Arica, dijo, en 1984 aproximadamente se enteró de que su primo era un detenido-desaparecido y que al parecer, había muerto en la frontera de Chile con Argentina.

“Supe que Homero había ingresado a Chile a la altura de Los Andes con un par de compañeros más y el padre Roco, en Quilpué, le dio refugio. Estuvo cerca de dos días en Quilpué, y luego regresó a Argentina a buscar a más compañeros para ingresarlos a Chile. Ahí dicen que fue abatido, pero no está claro,” dijo Segovia. Esta versión no ha podido ser confirmada pero coincide en algún grado con la información entregada por el abogado de la Vicaría de la Solidaridad a Enérico García en 1990.

Las cartas que nunca llegaron

Las familias de Homero Tobar y Mario Espinoza nunca denunciaron su desaparición porque jamás fueron informadas por el MIR u otras personas de que ellos podrían haber sido secuestrados o que se encontraban desaparecidos.

Antes de partir de Cuba hacia Argentina, cada militante llenó una ficha con sus datos personales, se les tomó una fotografía y se les pidió escribir una carta de despedida a su familia. El MIR debía enviar estas cartas a sus familias en caso de muerte.

Las familias de Mario Espinoza y Homero Tobar no recibieron esas cartas – no está claro porqué. Aunque no había constancia de sus muertes y el MIR en Argentina estaba prácticamente desmantelado, alguien en el partido tendría que haberse enterado de su desaparición. Alguien tendría que haberlo informado.

Esas cartas, junto con las fichas y fotografías de todos ellos, las guardó por muchos años un dirigente del MIR en La Habana, que aún vive en Cuba. Consultado a través de terceros en 2009, señaló que ya no las tenía en su poder. Según Enérico García, esos documentos, así como todo el archivo del MIR en La Habana está ahora en manos del gobierno cubano. Los esfuerzos por recuperarlos han sido infructuosos.

“Cuando el MIR se dividió en la segunda mitad de los ochenta, hubo disputas entre las diferentes corrientes respecto de la posesión de los archivos del MIR que estaban en Cuba. Según me contó un miembro de la dirección del partido a fines de los noventa cuando reclamé las cartas de estos muchachos, frente a esas disputas intervino el gobierno cubano y se quedó con todo el archivo. Los cubanos dijeron que entregarían los archivos si los representantes de las distintas corrientes del MIR se ponían de acuerdo. Y hasta ahí llegamos,” afirma García.

Notas:
1 John Dinges, “The Condor Years”, The New Press, New York, 2004.
2 Jorge Vercelotti nació como Jorge Machuca, que era el apellido materno del padre. A mediados de los setenta, su padre rectificó su apellido y quedó como Jorge Vercelotti. Él nunca se enteró de esa rectificación.
3 “Manuel” pidió reserva de su nombre verdadero.
4 No está claro si ese dinero llegó efectivamente a manos del MIR. María Seoane, “Todo o Nada”, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1991, pp. 215-216.
5 Juan Lara murió el 12 de septiembre de 1981 tras recibir un disparo accidental durante la retirada de una operación del MIR en Santiago.
6 Frida Laschan y su marido, el argentino Ángel Athanasiu Jara, fueron secuestrados junto a su hijo de casi seis meses, Pablo. El bebé fue entregado a una familia argentina y su verdadera identidad restituida en agosto de 2013.

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Tania Toro

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María Tania Toro Hermana de Nicomedes Toro Bravo Nicomedes Toro, de 31 años de edad, soltero, obrero, era miembro de la Brigada Ramona Parra del Partido Comunista. Detenido el día 28 de julio de 1976 …

Aminta Traverso

Aminta Traverso

Aminta Traverso Bernaschina Esposa de Marcelo Concha Bascuñan, primo de Iván Sergio Insunza   Marcelo Concha Bascuñan tenía 30 años de edad, casado, padre de tres hijos, militante del Partido Comunista  y de profesión Ingeniero Agrónomo , …

Carmen Vivanco

Carmen Vivanco

Carmen Vivanco Esposa de Oscar Ramos Garrido, Madre de Oscar Ramos Vivanco, hermana de Hugo Vivanco Vega, cuñada de Alicia Herrera Benitez y tía de Nicolás Vivanco Herrera (hijo de Alicia Herrera )   “Me …

Museo de la Memoria. Exposición
 Lenguaje y archivo: Exploraciones performativas, visuales y sonoras del archivo Huelga de hambre en la CEPAL, 1977.
“La voz se sostiene en “la ley no escrita”. (Esta división es puesta vívidamente en escena en Antígona, con la distinción entre las leyes divinas no escritas y las leyes humanas de la polis.)Podríamos ver aquí un sucinto resumen de lo que Kant denominará,un par de milenios más tarde, la oposición entre moralidad y legalidad.Esta distinción depende de que se comprenda de cierta manera la división entre la voz y la letra,donde se concibe la moralidad como un asunto relativo a la voz y la legalidad como un asunto relativo a la letra.”Dolar, Mladen. Una voz y nada mas.1ª edición, Ediciones Manantial SRL., Buenos Aires, 2007.
Esta obra fue un proceso de investigación y creación colectiva[1] sobre la primera huelga de hambre de los familiares de los detenidos desaparecidos –CEPAL, 1977– a partir del archivo sobre la misma, depositado en el Museo de la Memoria y de la entrevistas a fuentes directas –testimonios de los participantes de la huelga de hambre–.
Contexto histórico
En 1977 familiares de detenidos desaparecidos inician una serie de acciones que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la búsqueda de justicia para sus familiares víctimas de la dictadura. El 14 de junio de 1977 se inicia La huelga de hambre en la CEPAL[2] que duró 9 días, constituyéndose en la primera huelga de hambre de familiares de detenidos desaparecidos y la segunda huelga de hambre en dictadura.[3]
La huelga de hambre en la CEPAL, dispuso de los cuerpos en colectivo para la resistencia del mismo como protesta ante la violencia del Estado, exigiendo una respuesta sobre el paradero de sus familiares desaparecidos: 24 mujeres y 2 hombres iniciaron la huelga de hambre con el lema “mi vida por la verdad. En la Sede de la CEPAL de Santiago, desplegaron un lienzo de diez metros de largo que proclamaba: “Por la paz, por la vida, por la libertad, los encontraremos”[4] . Y aseguraron que no saldrían de ahí hasta que Pinochet se comprometiera a responder por los desaparecidos.Esta huelga se produjo en pleno funcionamiento de la DINA y a casi seis meses de la detención y desaparición del Comité Central del Partido Comunista en clandestinidad –ocurrido en diciembre de 1976– , los familiares buscaban a sus parientes vivos.
La importancia de esta Huelga radica en varias acciones y consecuencias hasta ese momento inéditas en la lucha contra la dictadura:– Da a conocer a nivel global lo que estaba pasando en Chile en relación la violación sistemática de los derechos humanos y en especial el caso de los detenidos desaparecidos.
Hubo un intercambio de información que logró ser publicado por los medios en Chile debido a la presión que fue ejercida desde el exterior, esto debido a la condición internacional de la CEPAL y al aparato montado por los ayudistas de la huelga que activaron huelgas de hambre en otras sedes de la CEPAL, por ejemplo en México.– Entregó una clara señal a la dictadura de que el Partido Comunista no había sido exterminado, reactivando los sistemas de operación clandestinos y públicos del Partido bajo las acciones de los denominados un-dos-tres los cuales habían sido fuertemente golpeados por la detención y desaparición del Comité Central.
María Estela Ortiz se refiere a esta estructura:“Trabajamos con gente que jugó un rol determinante para que pudiéramos entrar, otra gente que jugó un rol determinante para hacer los chequeos de salud de todo tipo, con electrocardiograma, con todo y trabajamos en la clandestinidad, osea, todo fue fuera de la Vicaría, nos juntábamos en otros lugares, sabíamos sólo las personas que estábamos en el un,dos, tres.Un dos tres le decíamos en la época de dictadura a los equipos que dirigíamos– porque éramos tres personas, éramos nosotros tres donde cada uno tenía una responsabilidad”. ( Extracto de entrevista a Estela Ortiz )–
Instaló inéditas operaciones de despliegue organizado mediante la  utilización de diversos medios de publicación, preparación de la huelga ­–chequeos médicos, coartadas para ingresar a la CEPAL, cambios de vestimenta, peluquería, sistema de parejas para ingresar, puntos de encuentro, lo que debían llevar a la huelga, etcétera–  y la vinculación con organizaciones internacionales en contra la dictadura.
Podríamos decir que con esta huelga de hambre la dictadura se vio enfrenta a un cambio en el lenguaje de la resistencia, el se cual rebeló en forma de un cuerpo colectivo, afectado, militante y resistente –cuerpos en su mayoría de mujeres–, la violencia de la dictadura ejercida sobre el cuerpo desparecido, señalando su ausencia.De este modo la huelga de hambre es percibida como una política del cuerpo ejercida en contra de la represión, de un cuerpo político que opera a través de actos vitales de transferencia, transmitiendo el saber social, el sentido de identidad y la memoria a partir de acciones que de acá en adelante se tornaran reiteradas.
Bitácoras, cartas, notas de prensa, dos fotografías, declaraciones de apoyo, etcétera, es lo que contiene en la actualidad el corpus archivado de la huelga depositado en el Archivo del Museo de la Memoria[5], el cual segmentado bajo lógicas archivísticas del Museo, disemina su noción inicial de un cuerpo concebido como uno sólo en lo colectivo, donde lo escrito es nuevamente, lo inscrito en el archivo, su documentación, dejando en estado de latencia lo impermanente como la potencia real del archivo.Así, como parte de un proceso de búsqueda y exploración de lenguajes, sus límites y sus diferencias, que se inician con el archivo Arqueología de la ausencia, es que emerge y como una insistencia en mi producción visual, la lectura –la voz como objeto–  y el montaje del fragmento, poéticas a que refieren al archivo y a la imposibilidad de la construcción de un relato único y hegemónico. Así, restaurando el vestigio y los intersticios como poéticas por medio del montaje, se produce la articulación crítica sobre la tensión y las diferencias entre la inscripción legal –documento– y la lectura del mismo, vista ésta –lectura– como un instancia en que la voz como objeto estético vehicula los conceptos del fragmento como condición inherente al archivo y la impermanencia del sonido como la subversión de la idea originaria del archivo, lo dispuesto para permanecer.
Verónica Troncoso
02_vero
Magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile.
Participó como directora del proyecto de investigación y creación sobre la primera Huelga de Hambre realizada por familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Chile, la cual se llevó a cabo en junio de 1977 en las dependencia de la CEPAL.
 ARTE ARCHIVO Y DERECHOS HUMANOS.
Formulación proyecto huelga de hambre, 1977
“Los archivos han sido sacralizados y al mismo tiempo “desordenados” al poner en cuestión el canon,las instituciones y las historias construidas.Ahora, como nunca antes, se constituyen en repositorios desde el cual es posible escribir otras historias.”Andre Giunta, #Errata 1
La progresiva referencia al archivo como programa de producción en el arte contemporáneo, tiene una de sus condiciones más importantes en la necesidad de reflexionar la crisis del humanismo a la que nos enfrentan los acontecimientos y, más precisamente, los procesos históricos que se suceden desde el siglo XX hasta hoy.
Acontecimientos y procesos que han puesto concretamente en entredicho la posibilidad de elaborar una historia que, al modo de una narración, permitiera comprender lo que ha sido el devenir de los pueblos. En este sentido las artes visuales se constituyen como un campo dialógico de exploración y proliferación de lenguajes, en donde éstos –los lenguajes– representan no solo la posibilidad de nuevas lecturas con respecto al archivo, sino a su vez, la reactivación de los mismos, bajo diversas operaciones visuales y de montaje de lo contenido en el corpus del archivo, así como señala Graciela Carnevale: “Mostrar el archivo es una forma de compartir con los otros. Es un espacio de diálogo, un espacio en el que unos escuchan a los otros e intercambian perspectivas y preguntas sobre su propia práctica. Entendiendo el archivo como un espacio abierto en el que uno contempla, discute y debate. Lo concibo como un proceso, como algo incompleto que es reforzado por cada nueva experiencia del presente.“
Los desastres que marcan este fin del milenio son también archivos del mal; disimulados o destruidos, prohibidos, desviados, «reprimidos». Su tratamiento es a la vez masivo y refinado en el transcurso de guerras civiles o internacionales, de manipulaciones privadas o secretas. Nunca se renuncia, es el inconsciente mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación. ¿Más a quién compete en última instancia la autoridad sobre la institución del archivo? ¿Cómo responder de las relaciones entre el memorándum, el indicio, la prueba y el testimonio?”(Derrida, Mal de Archivo)
Los archivos sobre derechos humanos en Chile producidos por el Estado, son en la actualidad archivos cerrados y parcialmente clausurados, sobre ellos se han aplicado leyes de secreto y de seguridad. Los archivos sobre este tema de los cual se disponen, han sido producidos por iniciativas ciudadanas sin contraparte. Esta falta de contraparte ha consignado a estas historia como <<personales>>, por ende subjetivas, haciendo que la inscripción en la denominada historia con mayúscula, les haya sido negada por muchos años.
Podríamos decir que las operaciones sobre el archivo desde el campo del arte generan la posibilidad de su inscripción en un espacio para el cual no estaba pre-consignado.
Los archivos olvidados, los archivos disfuncionales, los archivos secretos han sido problematizados sistemáticamente desde el campo del arte.
Voluspa Jarpa con su obra Minimal Secret, expuesta en la feria Arco de Madrid, problematiza los archivos desclasificados y tachados de la CIA sobre Chile, mediante el desplazamiento del archivo, la puesta en escena de su tachadura y por ende de su clausura, es que se deja ver los fragmentos incompletos de una historia que no se puede contar.
 “El deber de la memoria no se limita a guardar la huella material, escritura u otra, de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a estos otros de los que afirmaremos más tarde que ya no están pero que estuvieron.
Pagar la deuda, diremos, pero también someter la herencia a inventario” (Ricoeur)
En 1977 la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos inicia una serie de hechos que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura. La huelga en la Cepal vii que duró 9 días, dispuso de los cuerpos en colectivo para la resistencia del mismo como protesta ante la violencia del Estado, exigiendo una respuesta sobre el paradero de los familiares desaparecidos, “24 mujeres y 2 hombres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos iniciaron una huelga de hambre con el lema “mi vida por la verdad” en la Sede de la Cepal de Santiago, allí desplegaron un lienzo de diez metros de largo que proclamaba: “Por la paz, por la vida, por la libertad, los encontraremos” . Y aseguraron que no saldrían de ahí hasta que Pinochet se comprometiera a responder por los desaparecidos” .
Otros familiares de la Agrupación entregaron una nota a 16 medios de comunicación, también repartieron volantes en las calles, pintaron murales, organizaron misas y hubo en su apoyo declaraciones de abogados, personalidades políticas y sociales, un grupo amplio de intelectuales y decenas de federaciones sindicales”.La huelga de hambre en la Cepal, es el punto de partida en el despliegue de nuevas estrategias y acciones colectivas en el ámbito de la resistencia y denuncia contra la dictadura militar, en donde “el cuerpo es también lugar de resistencia cuando se vive como primer espacio de soberanía”. El cuerpo afectado por el hambre, el cuerpo como uno subversivo, que hace uso de la decisión de no ejercer una acción de violencia externa sino de la internalización de ésta para manifestarse, es sólo su propia inapetencia el actor de la acción silenciosa.
 .Bitácoras, cartas, notas de prensa, una fotografía, listas, etcétera, es lo que contiene en la actualidad el corpus archivado de la huelga, segmentado bajo las lógicas del archivo, diseminando su noción inicial de un cuerpo concebido como uno sólo en lo colectivo, donde lo escrito es lo inscrito en el archivo, su documentación , dejando en estado de latencia lo impermanente como la potencia real del archivo, su lectura.Su potencia real radica en la reactivación de lo que hemos denominado la letra muerta en el archivo, como un acto que trae al presente un hecho del pasado a través de lo oral que está contenido en él .
Las Yeguas del apocalipsis en 1993 , realizan en protesta por la ausencia de políticas concretas de justicia por parte del gobierno de Aylwin frente a las violaciones a los derechos humanos , la performance Tu dolor dice: Minado. En un ex centro de detención ilegal en calle Belgrano –Santiago– Lemebel y Casas realizan la lectura performática de la lista de los detenidos desaparecidos reconocidos por el Estado de Chile y publicados en el informe Rettig, la lectura se efectúa dando la espalda al espectador , en donde las espaldas desnudas de Lemebel y Casas presentan al cuerpo expuesto como imagen anónima del mismo, mientras tanto la lectura trae a presencia mediante el sonido al nombre del desaparecido , reactivando la letra muerta del archivo mediante lo efímero de la voz y su puesta en escena. La lista del archivo es reactivada mediante la performatividad de la voz y su puesta en escena, ya no son nombres pertenecientes a una estadística del horror, sino que son sonidos concretos de la realidad del horror. La acción realizada por Lemebel y Casas dispone de parte del archivo –la lista– haciendo cruces entre archivo, cuerpo y performance.Surge entonces la interrogante de buscar un elemento transversal entre una huelga de hambre y un acto performático más que el mismo cuerpo; donde el acto performático según (*) Richard Schechner parte por hacer una diferencia fundamental para entenderlo, algo es performance o algo se puede entender como performance.
Podríamos decir que la incidencia de la violencia sobre el cuerpo colectivo así como sobre el cuerpo individual trasciende los territorios primariamente pactados y así como la Huelga de hambre puede ser vista como una performance, la acción de Lemebel y Casas puede ser vista como un acto político, como señala Suely Rolnik: “Lo que lleva a los artistas a agregar lo político a su investigación poética es el hecho de que los regímenes autoritarios entonces vigentes en sus países inciden en sus cuerpos de manera especialmente aguda, pues afectan su propio quehacer, y es así como viven al autoritarismo en la médula de su actividad creadora. Se asocia así el impulso de la creación al peligro de sufrir la violencia por parte del Estado, que puede ir desde la prisión hasta la tortura y llegar incluso a la muerte; dicha asociación se inscribe en la memoria inmaterial del cuerpo: es la memoria física y afectiva de las sensaciones de dolor, miedo y humillación.”
Las huelgas de hambre son vistas como una política del cuerpo ejercida en contra de la represión, el cuerpo de lo político opera como actos vitales de transferencia, transmiten el saber social, el sentido de identidad y la memoria a partir de acciones reiteradas. “Constituyéndose como performance mediante su archivación”, así el proceso de archivo puede caracterizarse de algún modo como un acto performático, su reactivación en la inversión de su escritura, en donde la reescritura del archivo está dada por el sonido de su lectura y la lectura de su sonido vendría a ser el capital político de lo inmaterial/oral.
Texto perteneciente a parte del proyecto de investigación y creación sobre la huelga de hambre de 1977.
Tagged: archivo, derechos humanos[1] Este proyecto de investigación fue premiado con el Fondo de Incentivo a la Creación de la Universidad de Chile. Proyecto del cual soy directora, los demás participantes del mismo fueron: el académico Mauricio Barría; los tesistas de pre-grado del Departamento de Artes Visuales: Jennifer Frías, Waldo Estuardo y Sergio Michael; y los alumnos Pablo Sanchez y Matías Serrano. Todos pertenecientes a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile.[2] Comisión económica para América Latina y el Caribe.[3] La primera fue realizada de los presos de Puchuncaví en 1975, en protesta por el caso de los 119.[4] Amorós, Mario. “Después de la Lluvia: Chile la memoria herida.” P.394 . Versión digital, visitada el 20 de febrero del 2015. Véase en: books[5] El archivo sobre la Huelga de hambre en la CEPAL, se encuentra dentro del Fondo Ortiz- Rojas. Fondo ordenado tanto por pieza como por fondo documental, un total de 7 carpetas con documentos, de los cuales hay una parte digitalizada.

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Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Justicia, 40 años después

Publicado el 29 Mayo 2017

ESCRITO POR LUCÍA SEPÚLVEDA

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo,  cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años,  fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos  irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.  

 

 

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto  había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003  para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres.  Era  lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”:  El año 2006 muere  Pinochet sin pagar por este ni ningun otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.  

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”.  Sin embargo viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe  el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras.  La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

 

Privilegios de criminales  

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a10 años y 1 día  a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado,  pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de  $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad.  Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR –   bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

 

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972 intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar,  él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”,  comenzó a organizar la red  de  periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y  testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado  de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.  

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que  era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las  conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión  y creatividad, cambiando su aspecto físico  y reduciendo sus salidas para eludir la persecución.  La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”.  Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo,  así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo. 

Delito de lesa humanidad
La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

 La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos.  Los ministros Haroldo Brito,   Milton Juica y Jorge Dahm,  respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los  ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta.  Siguieron así  la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch,  similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el  tribunal los testigos –entre los que se cuenta  el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.  

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el Pelao había  intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que éste contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche,  cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen,  había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

 

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El  se especializó en el exterminio del MIR.  Según información  del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros  de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo   (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz,  Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva,  Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de  Diana Aaron, Luis Arias,  Alvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún,  Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y  Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aun está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no  ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario reivindica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”.  La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y  a  4 años por asesinato del coronel Huber.  Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del el ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue  condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés,  y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una  pensión de $1.653.952.

Basclay  Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos,  M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por  los secuestros y desapariciones de Alvaro Barrios,  Carmen Díaz, Elsa Leuthner,  Antonio Llidó, Iván Monti,  José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez  (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una  sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros  de militantes comunistas en calle Conferencia.
José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona,  está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió  en libertad una “condena” por el  secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

 

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria pero también y sobre todo,  a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula.  ¡Hagámoslo ya!

Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.

Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.
Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión. Ana González de Recabarren, activista de Derechos Humanos Chile

                   cdc18-ana-gonzalez

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 7.311.072-6 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-53, 22 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, dos hijos

Actividad            :            Gásfiter

C.Repres.            :            Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : NALVIA ROSA MENA ALVARADO

Rut       : 7.688.548 de Santiago

F.Nacim. : 26-08-55, 20 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casada, un hijo, embarazada

Actividad            :            Dueña de casa

C.Repres. : Militante de las Juventudes Comunistas

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 5.473.525 de Santiago

F.Nacim. : 06-02-47, 29 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad            :            Técnico Gráfico. Fotomontajista

C.Repres. : Ex dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad Técnica del Estado. Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS

Rut       : 1.464.283 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-25, 50 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, seis hijos

Actividad            :            Jubilado

C.Repres. : Ex presidente de los sindicatos de Editorial Universitaria y Editorial Nacimiento. Ex dirigente nacional del gremio de Gráficos. Presidente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios -JAP-de San Miguel. Dirigente del Partido Comunista

F.Detenc. : 30 de abril de 1976

                                                                   

 

 

 

SITUACION REPRESIVA

            Nalvia Rosa Mena Alvarado, casada, un hijo, embarazada de tres meses, dueña de casa, militante de las Juventudes Comunistas; su cónyuge Luis Emilio Recabarren González, técnico gráfico, ex dirigente sindical; su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González, casado, dos hijos, gásfiter; ambos militantes del Partido Comunista y su suegro Manuel Segundo Recabarren Rojas, casado, seis hijos, jubilado, ex dirigente sindical gráfico, militante del Partido Comunista, fueron detenidos por la DINA, entre el 29 y el 30 de abril de 1976. El día 29 de abril, alrededor de las 21:30 horas, Nalvia Rosa Mena fue detenida -en compañía de su esposo Luis Emilio Recabarren González, del hijo de ambos, Luis Emilio Recabarren Mena, de dos años y medio de edad y de su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González- por agentes de la DINA en un operativo montado en el sector de Sebastopol con Santa Rosa.

Ese día, aproximadamente a las 19.30 horas, Nalvia Rosa junto a su hijo, fue hasta el lugar de trabajo de su esposo, ubicado en calle Nataniel N° 47 para, en compañía de éste y de su cuñado Manuel Guillermo, dirigirse desde ahí hasta su hogar, cosa que hicieron alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, no llegaron a su destino.

El único que llegó, hasta las proximidades del domicilio, fue el pequeño Luis Emilio, quien fue abandonado alrededor de las 23:30 hrs. en el lugar, por un sujeto alto y corpulento que se movilizaba en un taxi.

Por averiguaciones posteriores e informaciones de vecinos que fueron testigos presenciales de la aprehensión, se supo que Nalvia Rosa -con tres meses de gravidez- había sido golpeada en el vientre con la culata de una metralleta, a pesar de sus gritos y súplicas y, en estado inconsciente, introducida en uno de los vehículos en que se movilizaban los agentes.

Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas, padre de los Recabarren González, salió de casa muy temprano, siendo detenido a las 07:10, en los momentos en que se disponía a abordar un bus con el propósito de iniciar gestiones tendientes a ubicar a sus familiares que habían sido detenidos la noche anterior. Desde ahí, Manuel Segundo Recabarren Rojas fue trasladado por sus captores hasta el cuartel denominado Villa Grimaldi, recinto de detención clandestino de la DINA, donde pudo ser visto por otros detenidos. Algunos de ellos, que recobraron su libertad, declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haberle perdido el rastro en agosto de 1976. Se consignó en el informe de esa Comisión que, desde esa fecha, de ninguno de los cuatro detenidos se ha vuelto a tener noticias.

Cabe señalar que, a pesar que el Gobierno militar negó la detención de los afectados, constan declaraciones del 14 y 17 de julio de 1976 de la División Nacional de Comunicación Social, (DINACOS), a través de las cuales dio a conocer que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar treinta y dos casas-buzones del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además de la detención de militantes de dicha colectividad, se agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.

Otro antecedente probatorio de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de los afectados, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario “Qué Pasa”, en el que en un artículo bajo el título “Del MIR al PC” se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista, tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso, se entregaban nombres de algunos de los detenidos.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 30 de abril de 1976 se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Guillermo Recabarren González y de Manuel Segundo Recabarren Rojas, el que fue rolado con el N°352-76. Durante la tramitación de éste -y sólo 20 días después de ser presentado- el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, ofició informando que ninguno de los amparados se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado, agregando que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no registraba en sus kardexs antecedentes relativos a las víctimas, (20 de mayo de 1976). El 26 de mayo del mismo año, el Ministro Benavides reiteró dicha información. El 1° de junio de 1976, y sin otras diligencias, la Corte rechazó el amparo. La Corte Suprema confirmó la resolución el 7 de junio de 1976 ordenando a la Corte de Apelaciones que dispusiera la remisión de los antecedentes al Tribunal del Crimen correspondiente.

Así, se instruyó, en el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel la causa rol N°109.195, el 24 de junio de 1976, la que fue acumulada al proceso rol N°20.027-9 originado en una denuncia por secuestro que había presentado la familia de los afectados, el 18 de junio de 1976, ante el mismo Tribunal.

El 26 de agosto de 1976, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, informó que ninguno de los afectados se encontraba detenido por orden de dicho organismo. Ante una orden judicial, Investigaciones señaló haber concurrido a la Cárcel de Santiago, Penitenciaría y Casa Correccional, sin obtener resultados positivos. Asimismo, dijo que en los listados de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) no aparecían registradas las víctimas (30 de julio de 1977). Después de que se tomaron declaraciones a familiares, sin otras diligencias, el 30 de septiembre de 1977, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa porque, no obstante aparecer”comprobado” con los antecedentes de autos la existencia del delito de secuestro denunciado de Nalvia Rosa Mena Alvarado, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, no existen indicios suficientes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinadas personas”. El 17 de noviembre de 1977, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución consultada.

El 7 de diciembre de 1977, Ernestina Elena Alvarado Rivas -madre de Nalvia Rosa Mena- interpuso una querella en contra de Nelson Rivas, funcionario civil del Ministerio de Defensa Nacional, por su calidad de encubridor del delito de secuestro perpetrado en las personas de sus familiares. En la presentación relató las circunstancias que rodearon las detenciones de ellos y agregó que en julio de 1976 había dirigido una carta al General Rolando Garay Cifuentes con el objeto de que éste, en su calidad de Jefe Militar de la Plaza de Santiago, le informara sobre el paradero de los afectados. En los primeros días de agosto, señalaba Ernestina Alvarado, concurrió al Departamento Confidencial del Ministerio de Defensa (6° piso) para inquirir sobre el resultado de la investigación solicitada al General Garay. Allí la atendió un funcionario de civil que le dijo llamarse Nelson Rivas, y quien -en una segunda visita- le comunicó que la investigación tocaba a su fin y que sus familiares se encontraban vivos y ubicados. A fines de agosto de 1976, la testigo volvió a encontrarse, por tercera vez, con Nelson Rivas, quien desmintió lo expresado en la reunión anterior. Ante la insistencia de Ernestina Alvarado, Nelson Rivas respondió “¿Le he entregado algo por escrito? Yo debo cuidar mi pellejo”. El Tribunal dio lugar a la querella, reabriendo el proceso rol 20.027-9 el mismo 7 de diciembre de 1977.

Dos días más tarde, el 9 de diciembre, el Juez impartió una orden de investigar, la que fue respondida el 9 de febrero de 1978. Sin embargo, el 7 de marzo de 1978, se debió dar una nueva orden puesto que el Tribunal verificó que la investigación anterior “no se extendió en absoluto a la persona de Nelson Rivas”, sindicado como encubridor del delito de secuestro. El 19 de abril del mismo año, Investigaciones informó que “en relación al funcionario Nelson Rivas, no hay ninguno de ese nombre en el Departamento (Confidencial), ni lo ha habido anteriormente”. Se agregaba que en el Departamento del Personal del Ministerio de Defensa “no se obtuvieron informaciones en relación a Nelson Rivas, por desconocerse el apellido materno y el grado que pudiera haber tenido”.

El 28 de abril de 1978, se cerró el sumario y se sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía 2.191, dictado el 19 de abril de ese mismo año. El dictamen del Fiscal señaló que “acreditado el delito de secuestro investigado en estos autos y no habiéndose hasta ahora reunido antecedentes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinada persona, este Ministerio es de parecer de dejar sin efecto la resolución que se consulta en cuanto sobresee definitivamente la causa, y ordenar se prosiga la investigación con el objetivo señalado o, en subsidio, se sobresea temporalmente la causa”. El 21 de junio de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el sobreseimiento debía tener el carácter de temporal. Se apeló de la resolución y el 4 de octubre de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura del sumario indicando la necesidad de individualizar al funcionario Nelson Rivas y su citación a comparecer ante el Tribunal.

Frente a las consultas realizadas por el Tribunal, el Coronel Julio Bravo Valdés, Subsecretario de Guerra, informó, el 8 de noviembre de 1978, que Nelson Rivas no figuraba en los registros de personal del “Organismo que funciona en el 6° piso de este Ministerio”. En octubre de 1979 -y después que se realizaran distintas diligencias en orden a ubicar a Nelson Rivas- el Tribunal se constituyó en el Gabinete de Identificación de Santiago, constatando que existía un total de 49 personas que respondían a dicho nombre. Se anexaron entonces al proceso las fichas dactiloscópicas de esas personas y sus respectivas fotografías. Simultáneamente se expedían Oficios tendientes a individualizar al ya mencionado Nelson Rivas. Respecto a él, el Ministro del Interior Subrogante, Enrique Montero Marx, informó el 4 de febrero de 1981, que la Superioridad de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) había expresado carecer de antecedentes. El 19 de febrero del mismo año, el Coronel Rigoberto Majmud Gallardo, Jefe del Estado Mayor Subrogante de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que en su Repartición “no ha existido ni existe funcionario de nombre Nelson Rivas”. Por su parte, el Teniente General y Ministro de Defensa Nacional Washington Carrasco Fernández, ante una consulta tendiente a identificar al Jefe de Departamento que funcionaba en el 6° piso de dicha Secretaría de Estado en agosto de 1976, comunicó que era “imposible acceder a lo solicitado” por cuanto la documentación sobre materias de personal había sido destruida por disposiciones internas puesto “que no se cuenta con el espacio suficiente para su archivo”.

El 3 de noviembre de 1982, compareció ante el Tribunal Ernestina Alvarado, la que ratificó todas sus declaraciones anteriores y expuso que ninguna de las fotos que se le exhibieron correspondía al Nelson Rivas que trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa. Agregó que, posteriormente, fue atendida en dicho lugar por el Coronel Cruz quien le dijo que efectivamente allí no había ningún Nelson Rivas y que “posiblemente se trataba de alguna persona que estaba con chapa”. En un escrito de marzo de 1983, Ernestina Díaz señaló que también se habían entrevistado con el Coronel Cruz, Ana González González -madre de los hermanos Recabarren González y cónyuge de Manuel Recabarren Rojas- y Viviana Díaz Caro, hija del actualmente detenido desaparecido Víctor Díaz López. Al respecto, Ernestina Alvarado solicitó que se individualizara al Coronel Cruz y que se citara a declarar al General Rolando Garay Cifuentes. En relación a estas solicitudes, el Vicealmirante Patricio Carvajal Prado, Ministro de Defensa Nacional, ofició diciendo que en esa Secretaría de Estado no se desempeñaba ningún Oficial Superior de apellido Cruz (29 de septiembre de 1983) y que el Mayor General Rolando Garay se encontraba en retiro, desempeñándose como Embajador de Chile en la República de Egipto. (12 de septiembre de 1983).

Viviana Díaz Caro declaró ante el Tribunal el 21 de junio de 1984 exponiendo que efectivamente en el mes de enero de 1979 había acudido al Ministerio de Defensa, junto a la señora Ana González González, con el objeto de pedir autorización para realizar un acto en el Teatro Caupolicán relativo a los detenidos desaparecidos. Para ello, debieron subir al 6° piso de dicha Secretaría de Estado, en donde las atendió un Coronel de Ejército de apellido Cruz. Fue entonces cuando la señora González le preguntó si conocía a Nelson Rivas, a lo que el Oficial respondió positivamente, ofreciendo incluso llamarlo. Sin embargo, cuando llegó a la oficina una persona, el Coronel Cruz le preguntó si él era Nelson Rivas, quien contestó que su nombre era Nelson pero que su apellido no era Rivas. Entonces el Coronel Cruz les manifestó que se había confundido y que allí no trabajaba ningún Nelson Rivas. Por su parte, la señora Ana González agregó que el Coronel Cruz le había dado “su palabra de Militar” de que allí trabajaba Nelson Rivas. Posteriormente se logró identificar al Coronel Cruz como a Marcelo Moren Brito, funcionario de la DINA.

En virtud de estos últimos antecedentes, el Tribunal solicitó el Extracto de Filiación y Antecedentes de Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rut 3.392.364-3, el que compareció al Tribunal el 27 de junio de 1985. Dio a conocer su curriculum al interior del Ejército, diciendo que había sido llamado a retiro en mayo de 1985 y que había estado asignado a la DINA desde fines de 1973 y hasta 1977, permaneciendo en Villa Grimaldi y en el Cuartel General. Agregó que en 1979 trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa, en la Comandancia en Jefe del Ejército y que él era la persona que informaba al General Enrique Morel Donoso sobre “los supuestos desaparecidos”. Explicó que en esa época el General Rolando Garay se desempeñaba como Intendente de Santiago y que éste le pedía al General Morel la información relacionada con los “presuntos desaparecidos”. Su rol -señaló Moren Brito- era hacer las consultas a Investigaciones, CNI y otros organismos, para informar al General Morel. Agregó que en su repartición no existía ningún Coronel Cruz y que debe haber sido él mismo quien atendió a las mencionadas señoras. Finalizó diciendo que en el 6° piso del Ministerio de Defensa trabajaba un Cabo de apellido Rivas, pero que no se llamaba Nelson y que no recordaba su nombre preciso, el que debiera estar registrado en la Comandancia en Jefe.

El 25 de julio de 1985, tuvo lugar un careo entre Viviana Díaz Caro y Marcelo Moren Brito. Ella reconoció al agente como el “Coronel Cruz” y reiteró sus declaraciones. Por su parte, Marcelo Moren Brito dijo que nunca se había hecho llamar “Coronel Cruz”, que efectivamente había un Cabo de apellido Rivas y que recordaba haber atendido a la testigo en su oficina del 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional. También este mismo día, Moren Brito fue careado con al señora Ana González González, quien reconoció en él al “Coronel Cruz”, agregando que éste le había dicho que allí había un funcionario de nombre Nelson Rivas, cuestión que después le negó. Moren Brito reiteró los términos anteriores y señaló haber conversado con Ana González en el 6° piso del Ministerio de Defensa.

A partir de las declaraciones de Moren Brito, el Tribunal inició diligencias tendientes a ubicar al Cabo Rivas. El 19 de diciembre de 1985, el Brigadier General Carlos Ojeda Vargas, Comandante General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que esa repartición no tenía antecedentes que algún Cabo de apellido Rivas hubiese prestado servicios entre los años 1973 y 1974. Se expidió entonces una orden judicial en la que señalaba que el Cabo Rivas trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional, Oficina Confidencial, y que en los años 73-74 estaba en la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago. El 7 de marzo de 1986, Investigaciones informó que en el Ministerio de Defensa no se pudo realizar la diligencia encomendada por no contarse con mayores datos respecto a su nombre. También se hizo presente que en esa Secretaría de Estado les habían manifestado que todo tipo de consultas que requiriera el Tribunal debía hacerlas mediante Oficio.

El 11 de marzo de 1986, el Tribunal decretó una serie de diligencias. Entre ellas, una nueva citación al Coronel (R) Marcelo Moren Brito; citar a Orlando José Manzo Durán, a raíz de que muchos detenidos fueron recluidos en el Campamento de Cuatro Alamos; solicitar informes por escrito sobre estos hechos a los Generales Rolando Garay y Enrique Morel; y oficiar a la Comandancia en Jefe del Ejército para que informara si era habitual que los funcionarios que se desempeñaban en la Oficina Confidencial del 6° piso del Ministerio de Defensa, usaran nombres distintos a los propios, atendido el carácter de sus funciones.

El 8 de mayo de 1986 compareció Orlando José Manzo Durán quien declaró que entre 1974 y 1977 estuvo en comisión de servicio en la DINA, desempeñándose como Comandante del Campamento de Cuatro Alamos. En relación a los afectados, dijo no tener antecedentes que proporcionar e ignorar si estuvieron detenidos o no en Cuatro Alamos, aunque era factible que ello hubiera podido ser.

El 17 de junio de 1986, por Oficio, declaró el Mayor de Ejército Enrique Morel Donoso. Dijo que en 1976 se desempeñaba como Comandante de la II División de Ejército con asiento en Santiago, y que nada tenía que ver con problemas de detenidos o de desaparecidos. Agregó que en 1976 Marcelo Moren Brito no se encontraba en Chile, sino que cumplía comisión de servicio en Brasil. También aclaró que no tenía “el recuerdo ni la sensación de que el señor General Garay como Intendente de Santiago, me haya formulado peticiones de informes sobre presuntos desaparecidos”. Más aún, agregó estar seguro de no haber tenido conocimiento que se hubiese practicado alguna investigación ordenada por él.

El 25 de junio de 1986, se consignaron las declaraciones que por Oficio prestó el Mayor General Rolando Garay Cifuentes. Dijo que durante 1976 se desempeñaba como Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago y Jefe de la Zona en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana. Manifestó que en calidad de tal recibía todo tipo de cartas cuyos contenidos no recuerda. En cuanto a Marcelo Moren Brito expresó ubicarlo por su nombre, pero que no lo conocía personalmente. Expresó también que su labor de Intendente de Santiago la desempeñó desde 1977 y hasta 1980.

El 8 de julio de 1986, compareció, por segunda vez, Marcelo Moren Brito. En esta oportunidad dijo no recordar las características físicas del Cabo de Ejército de apellido Rivas y reiteró que el General Enrique Morel Donoso ordenaba hacer averiguaciones sobre “presuntos desaparecidos”. Casi simultáneamente, el 15 de julio de 1986, el Coronel Sergio Moreno Saravia, Subsecretario de Guerra, informaba al Tribunal que en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional no existía ningún Departamento Confidencial y que su personal no usaba nombres distintos a los verdaderos. En lo referente a Marcelo Moren, se decía que éste se había desempeñado en las dependencias del 6° piso entre fines de 1978 y enero de 1981 y que no existía antecedente alguno respecto a “que le haya correspondido indagar, participar o dirigir las averiguaciones por el desaparecimiento de las personas mencionadas” (Familia Recabarren).

El 4 de noviembre de 1986 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por octava vez. En su dictamen el Fiscal señaló “se consulta una vez más a este Ministerio, el dilema de aceptar pasivamente que el Juez se estrelle contra el Muro del Silencio o pedir a SS.Iltmas. que le haga insistir que los obstáculos son para vencerlos; esto requiere un exceso de afán investigatorio que en épocas de normalidad jurídica, cuando el Juez era Juez, sus órdenes, acatadas y respetadas, era una característica sobresaliente”. Se finalizaba diciendo “sea cual sea el resultado, el destino de este proceso es posible que no pueda tener su elemento esencial, el reo, pero podríamos, por lo menos, dar una indubitada sensación de que se ha hecho lo imposible para proporcionar la tranquilidad de saber el destino de las personas desaparecidas”. Firmaba el dictamen el Fiscal Tomás Dahm Guíñez. El 5 de diciembre de 1986, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución consultada y ordenó la reapertura del sumario.

Posteriormente, en marzo de 1987, ante un nuevo sobreseimiento temporal el Fiscal Dahm expresó “al examinar los antecedentes que se agregan a este proceso, para este Ministerio es la sensación de una noche triste, larga, oscura, infecunda, en búsqueda de la verdad”. Por último, agregaba “a pesar de los 10 años de tramitación sin resultados positivos, de las trescientas noventa y tres fojas, este Ministerio es de opinión que los efectos de sobreseimiento temporal se suspendan, revocándose la resolución consultada”, (6 de marzo de 1987). El 28 de agosto de 1988, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución del Juez y ordenó, entre otras cosas, una nueva comparecencia al Tribunal de Marcelo Moren Brito.

En esta etapa del proceso, el 6 de octubre de 1988, el Brigadier Humberto Leiva Gutiérrez, Vicedirector Nacional de la C.N.I., informó que ninguno de los afectados registraba actividades políticas u órdenes de aprehensión pendientes. El 16 de diciembre del mismo año el Mayor General Enrique Morel Donoso hizo una segunda declaración, por Oficio, en la que reiteró tener la seguridad que el General Garay no le solicitó ninguna investigación relativa a personas desaparecidas. También el Mayor General Rolando Garay Cifuentes, en diciembre de 1988, declaró una vez más por Oficio, señalando que entre los años 1977 y 1980 se desempeñó como Intendente de Santiago y que, en su calidad de tal, no estaba relacionado con situaciones de detenidos. Cuando se encontraba pendiente la citación a Marcelo Moren Brito -sin que hubiese sido posible para el Tribunal su ubicación- el 9 de agosto de 1989, el II Juzgado Militar de Santiago solicitó la inhibitoria del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel para seguir conociendo del proceso. De esta manera, la Justicia Ordinaria se declaró incompetente, y los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar, la que los radicó en la 2a. Fiscalía, siendo acumulados a la causa rol N°553-78 (16 de octubre de 1989), la que se había originado en una querella que familiares de 70 detenidos-desaparecidos presentaron en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel Marcelo Moren Brito y del Teniente Coronel Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

Sin que se realizara ninguna diligencia en relación al desaparecimiento de Nalvia Rosa Mena, de los dos hermanos Recabarren González y del padre de éstos, Manuel Recabarren Rojas, y ninguna diligencia durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado “determinar responsabilidad de persona alguna”. El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por “encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados”. Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

(Antecedentes completos de la Querella en contra de Manuel Contreras Sepúlveda se encuentran en la ficha de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

 

  Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Santiago, 28 de Enero del 2004

Ejército de Chile
Comandante en Jefe
General del Ejército

Juan Emilio Cheyre Espinosa:

Quiero empezar esta carta abierta dirigida a usted, General Cheyre,
con el pensamiento de un poeta, al que nuestra poetisa Gabriela
Mistral, admiraba: “Los hombres van en dos bandos, los que aman y
fundan, los que odian y deshacen”. En su entrevista de la revista
“Siete más siete”, usted expresa que tiene miedo, yo diría que como
buen militar, no es el miedo lo que lo invade, sino que usted está
horrorizado, espantado ante los brutales y macabros crímenes,
violaciones y torturas, que sus subalternos le han relatado; crímenes
que repugnan a la conciencia de cualquier ser humano normal.

Razonemos juntos, General, si algunos militares fueron tan valientes
para dar el Golpe de Estado y optaron por la cultura de la muerte,
con el pretexto de salvar al país de los siniestros
constitucionalistas, entre ellos al General Prats. ¿Por qué
abandonaron esa valentía, al momento de reconocer los crímenes,
diciendo la verdad?

General, dice usted que su señora sabe llevar sus penas. Me alegro
por ello, sólo que entre mis penas y las de su señora existe una gran
diferencia. Ella sufre por su padre acusado por violar los Derechos
Humanos. Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión.

General, sólo hay una manera que usted comprenda. Pongámonos cada uno
en el lugar del otro. Piense por un segundo que yo soy usted y le
hubiesen arrebatado a sus hijos, a su nieto por nacer, a su amada
señora, a su querida madre y nadie le diga absolutamente nada,
indefenso frente al Estado, indefenso frente a la Justicia, indefenso
frente a los medios de comunicación. Sin embargo, su suegro, el
General Forestier, ha tenido la Justicia y el derecho a tener cerca a
los suyos; los míos no tuvieron nada, sólo oscuridad y desamparo.

Yo quisiera creer que para los míos no hubo parrillas, ni pau de
arará, ni submarinos húmedos o secos. Yo quisiera creer que el bebé
de Nalvia nació y otras manos mecieron su cuna, yo quisiera creer que
ese nieto aun vive y tendría 27 años y que algún día lo encontraré.
Toda esa verdad, General, está en sus manos, verdad que no destruirá
al Ejército. Al contrario, sólo entonces, será su ejército y mi
ejército, y el ejército de todos los chilenos, porque se habrá
reivindicado de lo que un día los llevó a matar a sus propios
hermanos.

Usted ya conoce la terrible historia, por lo tanto tiene una parte de
la solución, no puede seguir siendo el paño de lágrimas o escuchando
el golpe de pecho de un mea culpa, no sólo tiene que ver con el
ejército sino que con la Patria toda.

No puede haber impunidad porque este drama atraviesa a toda la
Sociedad y, por el bien de ella, es necesario que haya Verdad y
Justicia, ¡Ya y ahora!

Cuando el Derecho ejercitado por instituciones, por personas que
ocultan la verdad, se parece mucho al crimen, se declara usted
“desesperanzado” por los entrabamientos que a su juicio han tenido
los proyectos de ley sobre derechos humanos, porque “a las víctimas
no les están dando respuesta a sus legítimas aspiraciones y las
mantienen en un duelo permanente. Y para los procesados, muchos de
los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una
situación casi de venganza al no poder avanzar los procesos.

¿Usted se declara desesperanzado, General Cheyre? ¿Cómo debería
sentirme yo y los miles de familiares de los detenidos desaparecidos
en Chile, que llevamos una vida entera clamando por Verdad y Justicia?

Esas son nuestras “legítimas aspiraciones” que usted dice
reconocernos. ¿Por qué habla usted de “una situación casi de
venganza” al referirse a los procesados por violaciones a los
derechos humanos?

Le invito a que busque una sola declaración, una acción, un gesto de
nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o en mi
propia lucha que se asocie con venganza.

Precisamente porque no nos anima la venganza es que apelamos a la
Justicia, la forma civilizada que tiene la sociedad de investigar y
castigar los delitos. Porque aún creemos en la Justicia, pese a todo.
Es que nunca transigiremos con la impunidad que aún persiguen
denodadamente quienes no quieren entender que los crímenes de lesa
humanidad no son amnistiables, no prescriben y gozan de jurisdicción
universal.

General, usted no es insensible al dolor, como yo. A usted y a mí, la
verdad nos estremece, pero usted parece no haber asumido aún que la
verdad y la justicia son una necesidad imperiosa para el bien de
nuestra sociedad.

Apelo a su honor militar, a su conciencia, a su amor por la
institución. Los porfiados hechos lo llevan a un único camino: la
impunidad no puede ser el epílogo de esta tragedia nacional. Sólo
entonces, sólo entonces, habrá un Nunca más, como usted y yo lo
deseamos.

Sin embargo, en sus palabras yo noto una velada amenaza al decir que
“siempre que nos portemos bien”, y con esta frase entre líneas, me
está usted quitando el derecho a soñar en un mañana mejor.

Nunca más un 11 de septiembre, nunca más masacres en la Escuela Santa
María, nunca más masacre en Lonquimay, nunca más masacres en el
Seguro Obrero, nunca más masacres en Plaza Bulnes, nunca más masacres
en José María Caro, nunca más masacres en Puerto Montt, nunca más
masacres en ningún rincón del país, nunca más violaciones de los
derechos humanos, nunca más, nunca más, nunca más.

Ana González de Recabarren

Amanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

DestacadoAmanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

Amanda no es la letra de una canciónHija Amanda Jara

Cuando dice su nombre en el consultorio le cantan “Te recuerdo, Amanda”. Antes se hacía la lesa. Ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Amanda no canta, no toca guitarra y tampoco milita en el PC. No pretende ser el vivo retrato de su padre. Su recuerdo es íntimo, un proceso personal en el que ha debido aprender a desenrabiarse con Víctor ausente y a pedir explicaciones por su muerte.

Domingo 25 de mayo de 2008 | por Alejandra Carmona López

La noche que Amanda voló hacia su exilio se fue sólo con lo puesto. Ni siquiera alcanzó a recoger sus juguetes de niña de nueve años. En las tres maletas que llevaban ella, su madre, Joan, y su hermana, Manuela, sólo cupo su padre: sus fotos, un montón de recortes de diarios, cartas y cintas de grabación. En medio de fusiles y militares arrogantes que abundaban en el aeropuerto de Santiago, enfilaron hasta la puerta del avión con destino a Londres, las tres de la mano, escoltadas por un funcionario de la Embajada de Inglaterra en Chile. Era el 16 de octubre de 1973, y ésa, la única escena de esa noche que Amanda Jara tiene en la cabeza. Además de la sensación de vacío, de volar mucho antes que el avión despegara. El desamparo.

En Chile quedaba su casa de Colón, el cuarto básico en el Manuel de Salas, las tardes de asombro y aprendizaje. La humedad de los paisajes de Isla Negra que tanto le gustaba mirar. Los amigos, los sueños y su padre muerto con 44 balazos.

Por estos días, los recuerdos son como un dedo impertinente apretando el corazón. La semana pasada, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró la causa de la muerte de Víctor como ella llama a su padre y ha tenido que recordar a la fuerza muchas de las cosas que su mente había intentado borrar.

Amanda Jara no canta, no toca la guitarra, no milita en el PC y tampoco quiere formar una familia de artistas que se llame “los Jara”, aunque algunos de sus primos se lo han sugerido. Alguna vez, cuando era chica, bailó en un grupo folclórico, pero nunca le gustó exponerse. No escucha todo el día canciones de trova y se niega a dar la razón a quienes dicen que tiene la misma sonrisa de su padre. Va a pocos encuentros proderechos humanos, no lleva la bandera de lucha de ninguna causa. A Amanda Jara no le interesa ser símbolo de nada.

Con suerte acepta dar esta entrevista.

Pero lo suyo no es una pose de rebeldía. Recién se está reconciliando con buena parte de su vida. Ahora que tiene 43 años, desde su tranquila vida en Quintay donde llegó hace 18 años macera los recuerdos ingratos y ha vuelto a escuchar las canciones de Víctor Jara sin sentir rabia por haberla dejado.

SIMPLEMENTE MARÍA

 
  Joan, Víctor, Amanda (sentada en las piernas de su papá) y Manuela. Todos en compañía de una guitarra. Foto: Gentileza Fundación Víctor Jara

Todo fue muy confuso ese 11 de septiembre de 1973. Víctor tenía agendado un acto en la Universidad Técnica del Estado. La idea: luchar contra la guerra civil en Chile. De pronto, ese martes cambió de rumbo. Por la radio se escuchó sobre el ataque a La Moneda y el levantamiento de los militares. Allende estaba pronunciando su discurso histórico cuando Víctor decidió salir a la calle. “Era un día extraño, con los relatos de la radio, y todo hacía que fuera un día especial, pero nadie pensó que la situación llegaría a tal extremo. Nadie pensó que chilenos terminarían matando chilenos”. Víctor salió de la casa rumbo a la Universidad Técnica.

Entonces, Amanda nombre que heredó de su abuela paterna estaba por cumplir ocho años. Sus días transcurrían tranquilos en la casa de Colón donde todavía vive su mamá, la bailarina inglesa Joan Turner. “Yo me crié escuchando música cuenta Amanda . Había un cuarto trasero donde ensayaban los Quila y los Inti. Hacían unas murgas muy chistosas en el patio. Dejaban la escoba con los vecinos”. En otra parte de la casa, su mamá ensayaba escuchando a Vivaldi y su hermana Manuela, la “Manu” hija del fallecido coreógrafo Patricio Bunster , se divertía aprendiendo a tocar guitarra con Víctor. En las tardes, Manuela y el cantautor eran absorbidos por la televisión mexicana, y la teleserie “Simplemente María” los consumía. Aunque sus padres trabajaban mucho, Amanda no tiene ninguna sensación de ausencia.

“Víctor nos cantaba, aunque sólo la ‘Manu’ se acuerda cuando ensayaba pequeñas estrofas de sus creaciones con la guitarra. Nosotros también le cantábamos, hacíamos shows; la ‘Manu’ era rebuena para eso. Bailaba, se disfrazaba, y él se mataba de la risa; le gustaba mucho estar con nosotras”, cuenta Amanda. Juntos salían de paseo a la Quinta Normal y probaban las sopas, platos estrella de la afición culinaria de Víctor Jara.

Los recuerdos de Amanda son tal y como alguna vez los describió el cantante al momento de hablar de su familia. “Tenemos dos hijas, Manuela y Amanda, por las que confieso total y absoluta debilidad En mi día ideal estaría todo el día en la casa, no habría fuerza que me hiciera salir. Me dedicaría a trabajar en el jardín, a hacer aseo, a contemplar muchas cosas que por falta de tiempo no puedo contemplar ahora. A jugar con mis hijas”.

UNA PROTESTA EN MATTA

Hace 18 años que Amanda Jara eligió Quintay como su refugio. Ella prefiere la calidez de la cabaña que comparte con Nego, un buzo que trae el pescado para el almuerzo. Ella colabora con verduras de su chacra. Se alejó de Santiago porque no le gusta la tontera de la capital. “En Santiago creen que la vida se trata de farándula, de los futbolistas, de la chimuchina. Son cosas muy superficiales, y lo peor es que se creen la muerte, pero las cosas no son iguales en el resto de Chile. Ya estaba aburrida de la capital”, asegura.

Después de estudiar Comunicaciones Visuales y cuatro años de Bellas Artes en la Arcis, dejó todo y se fue a vivir al terreno que habían comprado años antes con su mamá. “Con la Turistel en la mano buscamos sitios, hasta nos ofrecieron Tunquén, pero nos pareció muy solo, así que no vivo en el sector cuico”, dice muerta de la risa, hasta que las carcajadas se apagan, desaparece la coraza y esa chapa de “inepta social” que Amanda se impone porque no quiere contestar nada que la delate.

“Siento pena por la muerte de mi papá, pero por mucho tiempo, muchos años, sentí mucha rabia”. Interrumpe su relato para explicar que ella no es siempre así, pero que estos últimos días tiene un revoltijo en la guata y la pena no tarda en aflorar. Sigue entre sollozos por varios minutos: “Tenía rabia, me preguntaba por qué Víctor había salido de la casa ese día, por qué no se había quedado con nosotras, por qué se fue a la Técnica”. Es su desahogo, pero se incorpora nuevamente para explicar que todo esto hizo que ella no escuchara a Víctor Jara por mucho tiempo. “En mi casa no se escuchaba; en Londres, porque mi mamá se volvía un mar de llanto, y luego acá, simplemente porque tardé en reconciliarme con esa historia”, dice. “Quizá por eso tampoco aprendí a tocar guitarra, ni a cantar; seguramente era lo que esperaban de la hija de Víctor Jara”.

Cuando Amanda volvió a Chile sólo pensaba permanecer un año y regresar a Londres, pero se quedó más tiempo. “Me enamoré de un hombre y también de este Chile combativo, entregado, que salía a la calle a luchar”. Era 1983 cuando asistió a su primera protesta en Santiago. Caminó cuadras y cuadras por avenida Matta, mientras Chile asistía a períodos crudos de represión producto de las primeras marchas antidictadura. De entre la muchedumbre se oyó el grito: “Compañero Víctor Jara, presente”. Con el pecho hinchado y las lágrimas sin contención, Amanda tomó aire contaminado y lacrimógeno y respondió: “Presente”. Como si fuera un muerto ajeno, pero también como si fuera suyo y de todos. Entonces comenzó a reconciliarse con su padre. Si Víctor Jara no hubiese ido a la Universidad Técnica ese martes, no habría sido Víctor Jara.

TE RECUERDO, AMANDA

Por estos días, Amanda va y viene de Quintay. Deja a Nego con sus labores de pescador y ella viaja a Santiago a enterarse de la fundación que lleva el nombre de su padre y también del curso que ha tomado la investigación por su muerte. “Yo me hago una sola pregunta: si mi padre, que es el caso emblemático del Estadio Chile no tiene solución, ¿entonces qué pasa con el resto de muertos, dónde están los culpables?”, dice. Amanda no puede creer que en todos estos años no haya ni un solo testigo que pueda reconocer al asesino. Pero maneja una teoría: “Hay un par de oficiales que estaban presos por el tanquetazo de julio. Ellos fueron liberados el día del golpe. Se dice que a estos oficiales se les dio el Estadio Chile como un premio”.

Amanda cree que la información no ha llegado a las manos de la justicia porque hay quienes no han querido que se sepa la verdad. “La gran piedra de tope para los casos del Estadio Chile ha sido el Ejército, las Fuerzas Armadas. No han querido entregar un organigrama de mando. El Ejército tiene la información y no la ha entregado, por eso se ha visto frustrado no sólo el caso de mi padre, sino que tantos otros”. A pesar de la resolución judicial, Amanda no culpa al ministro Fuentes Belmar. Tampoco le interesa que quienes asesinaron a su padre, “viejos de más de 70 años”, se pudran en la cárcel. “Lo que yo quiero es justicia, y la justicia para mí es que se sepa quiénes son los asesinos. Que podamos ver una lista y decir este señor de acá, con nombre y apellido, es un asesino”.

Amanda nunca ha pedido públicamente justicia para su padre. Sin embargo, ahora no se pierde detalle y viajó especialmente desde Quintay para reunirse con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Ya no tiene cuentas pendientes. De esas que son personales y no se escriben en la prensa. Incluso ahora bromea cuando va al consultorio o a pagar alguna cuenta y al decir su nombre le cantan: “Te recuerdo, Amanda”. Antes se quedaba callada, ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Y si una periodista le dice que esa canción la escribió su padre para su madre, ella también tiene respuesta: “Cuando la hizo, yo tenía dos años y medio y me habían diagnosticado diabetes, así que esa canción también la escribió un poco por mí”. LND

    Arpilleras Por La Memoria…Un testamento gráfico

    Arpilleras Por La Memoria…Un testamento gráfico

    Arpilleras Por La Memoria – Bélgica Castro Fuentes.

    En 1974, un pequeño grupo de mujeres cuyos hijos habían desaparecido desde su detención, comenzaron a reunirse para confeccionar tapices. Sus trabajos tienen un fuerte contenido de denuncia de los crímenes contra derechos humanos en su país. Pronto el movimiento se extendió a otras ciudades y comenzó a llamar la atención del público internacional.

    Paradójicamente, la dictadura dio la oportunidad a las mujeres de encontrar una forma de poder político. La desprotección en que el gobierno de Pinochet dejó a mujeres de todas las clases y grupos sociales las empujó a encontrar una voz para articular sus demandas. Con motivo de su arte, las arpilleristas se organizaron, primero como madres de los desaparecidos, después como ciudadanas políticas.

    El primer taller de arpilleras fue abierto en 1974, patronizado por la Vicaria de la Solidaridad. Unas catorce de ellas, desesperadas por la desaparición de sus familiares, por el hambre de sus hijos y por el terror, llegaron al patio de la Vicaria, donde se les ofreció retazos de tela, con los que podrían ocuparse y ganar un poco de dinero. Espontáneamente comenzaron a trabajar en este nuevo arte politizado.

    Las arpilleras se crearon en un ambiente de silencio y miedo, y narran historias a través de colores y formas. En ellas se describen eventos de la vida de la nación: historias de pérdidas, de la negación del futuro, de la ausencia de felicidad, del deseo de paz. A las mujeres las une el dolor, la ausencia y la búsqueda inútil de sus parientes perdidos.

    La relación entre arte y denuncia, imagen y verdad política no es fácil de entender para quienes viven en países donde la libertad de expresión y las garantías individuales no están amenazadas sistemáticamente. Las arpilleras chilenas son un ejemplo de tantos movimientos artísticos que tuvieron que encontrar un medio de expresión intenso pero seguro, donde pudieran gritar sin decir palabras. Las imágenes de gran inocencia y fuerza de esos tapices son un reflejo directo de las necesidades de tantos ciudadanos chilenos.

    En 1991 y con la vuelta de un sistema democrático, la mayoría de los talleres habían cerrado. Pero el trabajo de estas mujeres sigue siendo un testamento gráfico de la lucha por los derechos humanos y como advertencia de que no debemos olvidar la dictadura.

    Arpilleras de Bélgica Castro :www.arpillerasporlamemoria.comhttp://on.fb.me/lsFnqB

    En youtube: http://www.youtube.com/watch?v=38u4LGmfKAw

    El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    DestacadoEl Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

    Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

    Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

    El COVEMA y la monja misteriosa

    Alejandra Matus.

     

    El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

    El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

    Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

    Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

    Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

    –No es un buen día para salir –dijo él.

    –Menos para andar contigo –bromeó ella.

    Amistad en el Campus Oriente
    Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

    Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

    Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

    Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

    «Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

    Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

    «¡Bájate, conchetumadre!»
    Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

    «Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

    «A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

    Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

    En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

    La silla giratoria
    Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

    Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

    «En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

    Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

    Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

    «Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

    Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

    «Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

    Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

    En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

    Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

    Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

    «Cállate, huevón»
    La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

    «Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

    Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

    «Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

    Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

    «Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

    Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

    «Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

    Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

    La monja
    A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

    «Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

    Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

    Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

    Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

    «Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

    Sin temor
    Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

    En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

    Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

    Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

    Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


    GALERÍA DE PRENSA


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    Juez Carroza procesará a 10 personas por muerte de estudiante de Periodismo en 1980

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    Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

    José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

    Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

    covema.cl

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

    Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

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    Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    subirCaso emblemático

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Vicaria de la Solidaridad. Monumento Nacional

    Declaratoria Archivo de la Solidaridad

    Aprueban declarar como Monumento Nacional los Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, memoria de la represión en Chile

    http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-72476.html

    09-nov-2016

    Los Archivos son un testimonio material del arduo y valiente trabajo en defensa de los Derechos Humanos que llevó a cabo la Vicaria de la Solidaridad durante la dictadura militar

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    El Consejo de Monumentos decidió por la unanimidad de sus integrantes reconocer como Monumento Histórico a los archivos de la principal institución defensora de los Derechos Humanos entre 1973 y 1990, otorgando protección patrimonial a un registro de la represión ejercida contra los opositores al régimen dictatorial.

    Tras el Golpe Militar de 1973 y enterado de los primeros y dramáticos testimonios sobre masivas violaciones a los Derechos Humanos en el país, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, creó junto a iglesias cristianas y la comunidad judía una organización ecuménica denominada Comité de Cooperación para la Paz en Chile, organización que posteriormente se convertiría ya bajo el alero exclusivo de la Iglesia Católica en la Vicaria de la Solidaridad.

    El patrimonio documental que se convertirá en Monumento Nacional está constituido por el trabajo de profesionales de la Vicaria de la Solidaridad y su antecesor, el Comité Pro Paz, el que se encuentra en la actualidad custodiado, resguardado y administrado por la Fundación, desde el año 1992 hasta la actualidad.

    “Los fondos documentales producidos por el Comité de Cooperación para la Paz y su continuador, la Vicaria de la Solidaridad, constituyen un archivo de carácter nacional en Chile, que dan cuenta de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos, del rol desempeñado por la Iglesia, de la historia de las víctimas y en sentido amplio, de una página oscura del país, pero que es importante preservar para la memoria”, dijo Ángel Cabeza, vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.

    El archivo fue constituido por información recopilada sistemáticamente y consta de testimonios de familiares de víctimas, de causas judiciales, gestiones administrativas, testimonios de represores arrepentidos, material gráfico y audiovisual.

    “Sólo en Chile se pueden contar las violaciones de los derechos humanos a través de los expedientes judiciales. Como serán de importantes que fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la Unesco”, dijo por su parte Roberto Garretón, impulsor de la declaratoria en representación de los trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad.

    Al adoptar su decisión los consejeros consideraron como además como valores que el fondo documental es un aporte para la investigación académica y, especialmente, para los organismos de derechos humanos, chilenos y extranjeros, que requieren conocer de los hechos y de la valiosa experiencia de la Vicaria de la Solidaridad, como guía y orientación para sus propios trabajos.

    Que este conjunto de documentos es una fuente de información primaria y excepcional para la elaboración del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig y para la construcción del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech y que también la información resguardad y conservada por la Fundación, continua siendo de gran utilidad para investigaciones judiciales actuales y futuras.

    Finalmente el Consejo estimó que la protección de estos documentos bajo la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, favorece la generación de las condiciones para su conservación y puesta en valor, promoviendo un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país.

    Aprobada la declaratoria el Consejo remitirá al Ministerio de Educación los antecedentes para la dictación del decreto respecto que declara al significativo fondo como Monumento Nacional.

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    2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

    2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

    Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

      http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

     

     

    Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

    Leer artículo completo

    Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    “Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

    EFE. Archivo.

    Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

    Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

    Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

    Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

    Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

    Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

    “Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

    Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

    Resultado de imagen para Scarlett Mathieu

    Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

    SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

    Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

    “Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

    Cómo se permitió la desclasificación

    Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

    Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

    FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

    El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

    Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

    El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

    Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

    “Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

    Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

    Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

    Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

    Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

    por 19 diciembre 2016

    Artista Francisco
    ¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

    En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

    Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

    Segunda fase del proyecto (sep 2015)

    Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

    Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

    Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

    Artista simula tortura

    Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

    Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

    Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

    ¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

    Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

    Imagen de reflejo

    De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

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    Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

    Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

    La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

    Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

    Rinconada

    Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

    Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

    El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

    A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

    Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

    La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

    Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

    Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

    Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

    Historia de persecución

    Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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    En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

    Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

    En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

    En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

    Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
    Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
    Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
    No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

    “También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

    La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

    Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

    El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

    Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

    Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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    Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

    Noche de horrores

    Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

    Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

    Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

    Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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    -Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

    Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

    Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
    Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

    Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

    – Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

    Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
    Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

    Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

    El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

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    Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

    El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

    Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

    Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

    Lucha sin descanso

    La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

    Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

    Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

    Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

    Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

    En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

    La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

    Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

    Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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