Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.

Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.
Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión. Ana González de Recabarren, activista de Derechos Humanos Chile

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MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 7.311.072-6 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-53, 22 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, dos hijos

Actividad            :            Gásfiter

C.Repres.            :            Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : NALVIA ROSA MENA ALVARADO

Rut       : 7.688.548 de Santiago

F.Nacim. : 26-08-55, 20 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casada, un hijo, embarazada

Actividad            :            Dueña de casa

C.Repres. : Militante de las Juventudes Comunistas

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 5.473.525 de Santiago

F.Nacim. : 06-02-47, 29 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad            :            Técnico Gráfico. Fotomontajista

C.Repres. : Ex dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad Técnica del Estado. Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS

Rut       : 1.464.283 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-25, 50 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, seis hijos

Actividad            :            Jubilado

C.Repres. : Ex presidente de los sindicatos de Editorial Universitaria y Editorial Nacimiento. Ex dirigente nacional del gremio de Gráficos. Presidente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios -JAP-de San Miguel. Dirigente del Partido Comunista

F.Detenc. : 30 de abril de 1976

                                                                   

 

 

 

SITUACION REPRESIVA

            Nalvia Rosa Mena Alvarado, casada, un hijo, embarazada de tres meses, dueña de casa, militante de las Juventudes Comunistas; su cónyuge Luis Emilio Recabarren González, técnico gráfico, ex dirigente sindical; su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González, casado, dos hijos, gásfiter; ambos militantes del Partido Comunista y su suegro Manuel Segundo Recabarren Rojas, casado, seis hijos, jubilado, ex dirigente sindical gráfico, militante del Partido Comunista, fueron detenidos por la DINA, entre el 29 y el 30 de abril de 1976. El día 29 de abril, alrededor de las 21:30 horas, Nalvia Rosa Mena fue detenida -en compañía de su esposo Luis Emilio Recabarren González, del hijo de ambos, Luis Emilio Recabarren Mena, de dos años y medio de edad y de su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González- por agentes de la DINA en un operativo montado en el sector de Sebastopol con Santa Rosa.

Ese día, aproximadamente a las 19.30 horas, Nalvia Rosa junto a su hijo, fue hasta el lugar de trabajo de su esposo, ubicado en calle Nataniel N° 47 para, en compañía de éste y de su cuñado Manuel Guillermo, dirigirse desde ahí hasta su hogar, cosa que hicieron alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, no llegaron a su destino.

El único que llegó, hasta las proximidades del domicilio, fue el pequeño Luis Emilio, quien fue abandonado alrededor de las 23:30 hrs. en el lugar, por un sujeto alto y corpulento que se movilizaba en un taxi.

Por averiguaciones posteriores e informaciones de vecinos que fueron testigos presenciales de la aprehensión, se supo que Nalvia Rosa -con tres meses de gravidez- había sido golpeada en el vientre con la culata de una metralleta, a pesar de sus gritos y súplicas y, en estado inconsciente, introducida en uno de los vehículos en que se movilizaban los agentes.

Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas, padre de los Recabarren González, salió de casa muy temprano, siendo detenido a las 07:10, en los momentos en que se disponía a abordar un bus con el propósito de iniciar gestiones tendientes a ubicar a sus familiares que habían sido detenidos la noche anterior. Desde ahí, Manuel Segundo Recabarren Rojas fue trasladado por sus captores hasta el cuartel denominado Villa Grimaldi, recinto de detención clandestino de la DINA, donde pudo ser visto por otros detenidos. Algunos de ellos, que recobraron su libertad, declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haberle perdido el rastro en agosto de 1976. Se consignó en el informe de esa Comisión que, desde esa fecha, de ninguno de los cuatro detenidos se ha vuelto a tener noticias.

Cabe señalar que, a pesar que el Gobierno militar negó la detención de los afectados, constan declaraciones del 14 y 17 de julio de 1976 de la División Nacional de Comunicación Social, (DINACOS), a través de las cuales dio a conocer que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar treinta y dos casas-buzones del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además de la detención de militantes de dicha colectividad, se agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.

Otro antecedente probatorio de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de los afectados, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario “Qué Pasa”, en el que en un artículo bajo el título “Del MIR al PC” se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista, tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso, se entregaban nombres de algunos de los detenidos.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 30 de abril de 1976 se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Guillermo Recabarren González y de Manuel Segundo Recabarren Rojas, el que fue rolado con el N°352-76. Durante la tramitación de éste -y sólo 20 días después de ser presentado- el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, ofició informando que ninguno de los amparados se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado, agregando que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no registraba en sus kardexs antecedentes relativos a las víctimas, (20 de mayo de 1976). El 26 de mayo del mismo año, el Ministro Benavides reiteró dicha información. El 1° de junio de 1976, y sin otras diligencias, la Corte rechazó el amparo. La Corte Suprema confirmó la resolución el 7 de junio de 1976 ordenando a la Corte de Apelaciones que dispusiera la remisión de los antecedentes al Tribunal del Crimen correspondiente.

Así, se instruyó, en el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel la causa rol N°109.195, el 24 de junio de 1976, la que fue acumulada al proceso rol N°20.027-9 originado en una denuncia por secuestro que había presentado la familia de los afectados, el 18 de junio de 1976, ante el mismo Tribunal.

El 26 de agosto de 1976, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, informó que ninguno de los afectados se encontraba detenido por orden de dicho organismo. Ante una orden judicial, Investigaciones señaló haber concurrido a la Cárcel de Santiago, Penitenciaría y Casa Correccional, sin obtener resultados positivos. Asimismo, dijo que en los listados de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) no aparecían registradas las víctimas (30 de julio de 1977). Después de que se tomaron declaraciones a familiares, sin otras diligencias, el 30 de septiembre de 1977, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa porque, no obstante aparecer”comprobado” con los antecedentes de autos la existencia del delito de secuestro denunciado de Nalvia Rosa Mena Alvarado, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, no existen indicios suficientes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinadas personas”. El 17 de noviembre de 1977, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución consultada.

El 7 de diciembre de 1977, Ernestina Elena Alvarado Rivas -madre de Nalvia Rosa Mena- interpuso una querella en contra de Nelson Rivas, funcionario civil del Ministerio de Defensa Nacional, por su calidad de encubridor del delito de secuestro perpetrado en las personas de sus familiares. En la presentación relató las circunstancias que rodearon las detenciones de ellos y agregó que en julio de 1976 había dirigido una carta al General Rolando Garay Cifuentes con el objeto de que éste, en su calidad de Jefe Militar de la Plaza de Santiago, le informara sobre el paradero de los afectados. En los primeros días de agosto, señalaba Ernestina Alvarado, concurrió al Departamento Confidencial del Ministerio de Defensa (6° piso) para inquirir sobre el resultado de la investigación solicitada al General Garay. Allí la atendió un funcionario de civil que le dijo llamarse Nelson Rivas, y quien -en una segunda visita- le comunicó que la investigación tocaba a su fin y que sus familiares se encontraban vivos y ubicados. A fines de agosto de 1976, la testigo volvió a encontrarse, por tercera vez, con Nelson Rivas, quien desmintió lo expresado en la reunión anterior. Ante la insistencia de Ernestina Alvarado, Nelson Rivas respondió “¿Le he entregado algo por escrito? Yo debo cuidar mi pellejo”. El Tribunal dio lugar a la querella, reabriendo el proceso rol 20.027-9 el mismo 7 de diciembre de 1977.

Dos días más tarde, el 9 de diciembre, el Juez impartió una orden de investigar, la que fue respondida el 9 de febrero de 1978. Sin embargo, el 7 de marzo de 1978, se debió dar una nueva orden puesto que el Tribunal verificó que la investigación anterior “no se extendió en absoluto a la persona de Nelson Rivas”, sindicado como encubridor del delito de secuestro. El 19 de abril del mismo año, Investigaciones informó que “en relación al funcionario Nelson Rivas, no hay ninguno de ese nombre en el Departamento (Confidencial), ni lo ha habido anteriormente”. Se agregaba que en el Departamento del Personal del Ministerio de Defensa “no se obtuvieron informaciones en relación a Nelson Rivas, por desconocerse el apellido materno y el grado que pudiera haber tenido”.

El 28 de abril de 1978, se cerró el sumario y se sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía 2.191, dictado el 19 de abril de ese mismo año. El dictamen del Fiscal señaló que “acreditado el delito de secuestro investigado en estos autos y no habiéndose hasta ahora reunido antecedentes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinada persona, este Ministerio es de parecer de dejar sin efecto la resolución que se consulta en cuanto sobresee definitivamente la causa, y ordenar se prosiga la investigación con el objetivo señalado o, en subsidio, se sobresea temporalmente la causa”. El 21 de junio de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el sobreseimiento debía tener el carácter de temporal. Se apeló de la resolución y el 4 de octubre de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura del sumario indicando la necesidad de individualizar al funcionario Nelson Rivas y su citación a comparecer ante el Tribunal.

Frente a las consultas realizadas por el Tribunal, el Coronel Julio Bravo Valdés, Subsecretario de Guerra, informó, el 8 de noviembre de 1978, que Nelson Rivas no figuraba en los registros de personal del “Organismo que funciona en el 6° piso de este Ministerio”. En octubre de 1979 -y después que se realizaran distintas diligencias en orden a ubicar a Nelson Rivas- el Tribunal se constituyó en el Gabinete de Identificación de Santiago, constatando que existía un total de 49 personas que respondían a dicho nombre. Se anexaron entonces al proceso las fichas dactiloscópicas de esas personas y sus respectivas fotografías. Simultáneamente se expedían Oficios tendientes a individualizar al ya mencionado Nelson Rivas. Respecto a él, el Ministro del Interior Subrogante, Enrique Montero Marx, informó el 4 de febrero de 1981, que la Superioridad de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) había expresado carecer de antecedentes. El 19 de febrero del mismo año, el Coronel Rigoberto Majmud Gallardo, Jefe del Estado Mayor Subrogante de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que en su Repartición “no ha existido ni existe funcionario de nombre Nelson Rivas”. Por su parte, el Teniente General y Ministro de Defensa Nacional Washington Carrasco Fernández, ante una consulta tendiente a identificar al Jefe de Departamento que funcionaba en el 6° piso de dicha Secretaría de Estado en agosto de 1976, comunicó que era “imposible acceder a lo solicitado” por cuanto la documentación sobre materias de personal había sido destruida por disposiciones internas puesto “que no se cuenta con el espacio suficiente para su archivo”.

El 3 de noviembre de 1982, compareció ante el Tribunal Ernestina Alvarado, la que ratificó todas sus declaraciones anteriores y expuso que ninguna de las fotos que se le exhibieron correspondía al Nelson Rivas que trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa. Agregó que, posteriormente, fue atendida en dicho lugar por el Coronel Cruz quien le dijo que efectivamente allí no había ningún Nelson Rivas y que “posiblemente se trataba de alguna persona que estaba con chapa”. En un escrito de marzo de 1983, Ernestina Díaz señaló que también se habían entrevistado con el Coronel Cruz, Ana González González -madre de los hermanos Recabarren González y cónyuge de Manuel Recabarren Rojas- y Viviana Díaz Caro, hija del actualmente detenido desaparecido Víctor Díaz López. Al respecto, Ernestina Alvarado solicitó que se individualizara al Coronel Cruz y que se citara a declarar al General Rolando Garay Cifuentes. En relación a estas solicitudes, el Vicealmirante Patricio Carvajal Prado, Ministro de Defensa Nacional, ofició diciendo que en esa Secretaría de Estado no se desempeñaba ningún Oficial Superior de apellido Cruz (29 de septiembre de 1983) y que el Mayor General Rolando Garay se encontraba en retiro, desempeñándose como Embajador de Chile en la República de Egipto. (12 de septiembre de 1983).

Viviana Díaz Caro declaró ante el Tribunal el 21 de junio de 1984 exponiendo que efectivamente en el mes de enero de 1979 había acudido al Ministerio de Defensa, junto a la señora Ana González González, con el objeto de pedir autorización para realizar un acto en el Teatro Caupolicán relativo a los detenidos desaparecidos. Para ello, debieron subir al 6° piso de dicha Secretaría de Estado, en donde las atendió un Coronel de Ejército de apellido Cruz. Fue entonces cuando la señora González le preguntó si conocía a Nelson Rivas, a lo que el Oficial respondió positivamente, ofreciendo incluso llamarlo. Sin embargo, cuando llegó a la oficina una persona, el Coronel Cruz le preguntó si él era Nelson Rivas, quien contestó que su nombre era Nelson pero que su apellido no era Rivas. Entonces el Coronel Cruz les manifestó que se había confundido y que allí no trabajaba ningún Nelson Rivas. Por su parte, la señora Ana González agregó que el Coronel Cruz le había dado “su palabra de Militar” de que allí trabajaba Nelson Rivas. Posteriormente se logró identificar al Coronel Cruz como a Marcelo Moren Brito, funcionario de la DINA.

En virtud de estos últimos antecedentes, el Tribunal solicitó el Extracto de Filiación y Antecedentes de Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rut 3.392.364-3, el que compareció al Tribunal el 27 de junio de 1985. Dio a conocer su curriculum al interior del Ejército, diciendo que había sido llamado a retiro en mayo de 1985 y que había estado asignado a la DINA desde fines de 1973 y hasta 1977, permaneciendo en Villa Grimaldi y en el Cuartel General. Agregó que en 1979 trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa, en la Comandancia en Jefe del Ejército y que él era la persona que informaba al General Enrique Morel Donoso sobre “los supuestos desaparecidos”. Explicó que en esa época el General Rolando Garay se desempeñaba como Intendente de Santiago y que éste le pedía al General Morel la información relacionada con los “presuntos desaparecidos”. Su rol -señaló Moren Brito- era hacer las consultas a Investigaciones, CNI y otros organismos, para informar al General Morel. Agregó que en su repartición no existía ningún Coronel Cruz y que debe haber sido él mismo quien atendió a las mencionadas señoras. Finalizó diciendo que en el 6° piso del Ministerio de Defensa trabajaba un Cabo de apellido Rivas, pero que no se llamaba Nelson y que no recordaba su nombre preciso, el que debiera estar registrado en la Comandancia en Jefe.

El 25 de julio de 1985, tuvo lugar un careo entre Viviana Díaz Caro y Marcelo Moren Brito. Ella reconoció al agente como el “Coronel Cruz” y reiteró sus declaraciones. Por su parte, Marcelo Moren Brito dijo que nunca se había hecho llamar “Coronel Cruz”, que efectivamente había un Cabo de apellido Rivas y que recordaba haber atendido a la testigo en su oficina del 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional. También este mismo día, Moren Brito fue careado con al señora Ana González González, quien reconoció en él al “Coronel Cruz”, agregando que éste le había dicho que allí había un funcionario de nombre Nelson Rivas, cuestión que después le negó. Moren Brito reiteró los términos anteriores y señaló haber conversado con Ana González en el 6° piso del Ministerio de Defensa.

A partir de las declaraciones de Moren Brito, el Tribunal inició diligencias tendientes a ubicar al Cabo Rivas. El 19 de diciembre de 1985, el Brigadier General Carlos Ojeda Vargas, Comandante General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que esa repartición no tenía antecedentes que algún Cabo de apellido Rivas hubiese prestado servicios entre los años 1973 y 1974. Se expidió entonces una orden judicial en la que señalaba que el Cabo Rivas trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional, Oficina Confidencial, y que en los años 73-74 estaba en la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago. El 7 de marzo de 1986, Investigaciones informó que en el Ministerio de Defensa no se pudo realizar la diligencia encomendada por no contarse con mayores datos respecto a su nombre. También se hizo presente que en esa Secretaría de Estado les habían manifestado que todo tipo de consultas que requiriera el Tribunal debía hacerlas mediante Oficio.

El 11 de marzo de 1986, el Tribunal decretó una serie de diligencias. Entre ellas, una nueva citación al Coronel (R) Marcelo Moren Brito; citar a Orlando José Manzo Durán, a raíz de que muchos detenidos fueron recluidos en el Campamento de Cuatro Alamos; solicitar informes por escrito sobre estos hechos a los Generales Rolando Garay y Enrique Morel; y oficiar a la Comandancia en Jefe del Ejército para que informara si era habitual que los funcionarios que se desempeñaban en la Oficina Confidencial del 6° piso del Ministerio de Defensa, usaran nombres distintos a los propios, atendido el carácter de sus funciones.

El 8 de mayo de 1986 compareció Orlando José Manzo Durán quien declaró que entre 1974 y 1977 estuvo en comisión de servicio en la DINA, desempeñándose como Comandante del Campamento de Cuatro Alamos. En relación a los afectados, dijo no tener antecedentes que proporcionar e ignorar si estuvieron detenidos o no en Cuatro Alamos, aunque era factible que ello hubiera podido ser.

El 17 de junio de 1986, por Oficio, declaró el Mayor de Ejército Enrique Morel Donoso. Dijo que en 1976 se desempeñaba como Comandante de la II División de Ejército con asiento en Santiago, y que nada tenía que ver con problemas de detenidos o de desaparecidos. Agregó que en 1976 Marcelo Moren Brito no se encontraba en Chile, sino que cumplía comisión de servicio en Brasil. También aclaró que no tenía “el recuerdo ni la sensación de que el señor General Garay como Intendente de Santiago, me haya formulado peticiones de informes sobre presuntos desaparecidos”. Más aún, agregó estar seguro de no haber tenido conocimiento que se hubiese practicado alguna investigación ordenada por él.

El 25 de junio de 1986, se consignaron las declaraciones que por Oficio prestó el Mayor General Rolando Garay Cifuentes. Dijo que durante 1976 se desempeñaba como Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago y Jefe de la Zona en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana. Manifestó que en calidad de tal recibía todo tipo de cartas cuyos contenidos no recuerda. En cuanto a Marcelo Moren Brito expresó ubicarlo por su nombre, pero que no lo conocía personalmente. Expresó también que su labor de Intendente de Santiago la desempeñó desde 1977 y hasta 1980.

El 8 de julio de 1986, compareció, por segunda vez, Marcelo Moren Brito. En esta oportunidad dijo no recordar las características físicas del Cabo de Ejército de apellido Rivas y reiteró que el General Enrique Morel Donoso ordenaba hacer averiguaciones sobre “presuntos desaparecidos”. Casi simultáneamente, el 15 de julio de 1986, el Coronel Sergio Moreno Saravia, Subsecretario de Guerra, informaba al Tribunal que en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional no existía ningún Departamento Confidencial y que su personal no usaba nombres distintos a los verdaderos. En lo referente a Marcelo Moren, se decía que éste se había desempeñado en las dependencias del 6° piso entre fines de 1978 y enero de 1981 y que no existía antecedente alguno respecto a “que le haya correspondido indagar, participar o dirigir las averiguaciones por el desaparecimiento de las personas mencionadas” (Familia Recabarren).

El 4 de noviembre de 1986 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por octava vez. En su dictamen el Fiscal señaló “se consulta una vez más a este Ministerio, el dilema de aceptar pasivamente que el Juez se estrelle contra el Muro del Silencio o pedir a SS.Iltmas. que le haga insistir que los obstáculos son para vencerlos; esto requiere un exceso de afán investigatorio que en épocas de normalidad jurídica, cuando el Juez era Juez, sus órdenes, acatadas y respetadas, era una característica sobresaliente”. Se finalizaba diciendo “sea cual sea el resultado, el destino de este proceso es posible que no pueda tener su elemento esencial, el reo, pero podríamos, por lo menos, dar una indubitada sensación de que se ha hecho lo imposible para proporcionar la tranquilidad de saber el destino de las personas desaparecidas”. Firmaba el dictamen el Fiscal Tomás Dahm Guíñez. El 5 de diciembre de 1986, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución consultada y ordenó la reapertura del sumario.

Posteriormente, en marzo de 1987, ante un nuevo sobreseimiento temporal el Fiscal Dahm expresó “al examinar los antecedentes que se agregan a este proceso, para este Ministerio es la sensación de una noche triste, larga, oscura, infecunda, en búsqueda de la verdad”. Por último, agregaba “a pesar de los 10 años de tramitación sin resultados positivos, de las trescientas noventa y tres fojas, este Ministerio es de opinión que los efectos de sobreseimiento temporal se suspendan, revocándose la resolución consultada”, (6 de marzo de 1987). El 28 de agosto de 1988, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución del Juez y ordenó, entre otras cosas, una nueva comparecencia al Tribunal de Marcelo Moren Brito.

En esta etapa del proceso, el 6 de octubre de 1988, el Brigadier Humberto Leiva Gutiérrez, Vicedirector Nacional de la C.N.I., informó que ninguno de los afectados registraba actividades políticas u órdenes de aprehensión pendientes. El 16 de diciembre del mismo año el Mayor General Enrique Morel Donoso hizo una segunda declaración, por Oficio, en la que reiteró tener la seguridad que el General Garay no le solicitó ninguna investigación relativa a personas desaparecidas. También el Mayor General Rolando Garay Cifuentes, en diciembre de 1988, declaró una vez más por Oficio, señalando que entre los años 1977 y 1980 se desempeñó como Intendente de Santiago y que, en su calidad de tal, no estaba relacionado con situaciones de detenidos. Cuando se encontraba pendiente la citación a Marcelo Moren Brito -sin que hubiese sido posible para el Tribunal su ubicación- el 9 de agosto de 1989, el II Juzgado Militar de Santiago solicitó la inhibitoria del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel para seguir conociendo del proceso. De esta manera, la Justicia Ordinaria se declaró incompetente, y los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar, la que los radicó en la 2a. Fiscalía, siendo acumulados a la causa rol N°553-78 (16 de octubre de 1989), la que se había originado en una querella que familiares de 70 detenidos-desaparecidos presentaron en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel Marcelo Moren Brito y del Teniente Coronel Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

Sin que se realizara ninguna diligencia en relación al desaparecimiento de Nalvia Rosa Mena, de los dos hermanos Recabarren González y del padre de éstos, Manuel Recabarren Rojas, y ninguna diligencia durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado “determinar responsabilidad de persona alguna”. El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por “encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados”. Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

(Antecedentes completos de la Querella en contra de Manuel Contreras Sepúlveda se encuentran en la ficha de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

 

  Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Santiago, 28 de Enero del 2004

Ejército de Chile
Comandante en Jefe
General del Ejército

Juan Emilio Cheyre Espinosa:

Quiero empezar esta carta abierta dirigida a usted, General Cheyre,
con el pensamiento de un poeta, al que nuestra poetisa Gabriela
Mistral, admiraba: “Los hombres van en dos bandos, los que aman y
fundan, los que odian y deshacen”. En su entrevista de la revista
“Siete más siete”, usted expresa que tiene miedo, yo diría que como
buen militar, no es el miedo lo que lo invade, sino que usted está
horrorizado, espantado ante los brutales y macabros crímenes,
violaciones y torturas, que sus subalternos le han relatado; crímenes
que repugnan a la conciencia de cualquier ser humano normal.

Razonemos juntos, General, si algunos militares fueron tan valientes
para dar el Golpe de Estado y optaron por la cultura de la muerte,
con el pretexto de salvar al país de los siniestros
constitucionalistas, entre ellos al General Prats. ¿Por qué
abandonaron esa valentía, al momento de reconocer los crímenes,
diciendo la verdad?

General, dice usted que su señora sabe llevar sus penas. Me alegro
por ello, sólo que entre mis penas y las de su señora existe una gran
diferencia. Ella sufre por su padre acusado por violar los Derechos
Humanos. Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión.

General, sólo hay una manera que usted comprenda. Pongámonos cada uno
en el lugar del otro. Piense por un segundo que yo soy usted y le
hubiesen arrebatado a sus hijos, a su nieto por nacer, a su amada
señora, a su querida madre y nadie le diga absolutamente nada,
indefenso frente al Estado, indefenso frente a la Justicia, indefenso
frente a los medios de comunicación. Sin embargo, su suegro, el
General Forestier, ha tenido la Justicia y el derecho a tener cerca a
los suyos; los míos no tuvieron nada, sólo oscuridad y desamparo.

Yo quisiera creer que para los míos no hubo parrillas, ni pau de
arará, ni submarinos húmedos o secos. Yo quisiera creer que el bebé
de Nalvia nació y otras manos mecieron su cuna, yo quisiera creer que
ese nieto aun vive y tendría 27 años y que algún día lo encontraré.
Toda esa verdad, General, está en sus manos, verdad que no destruirá
al Ejército. Al contrario, sólo entonces, será su ejército y mi
ejército, y el ejército de todos los chilenos, porque se habrá
reivindicado de lo que un día los llevó a matar a sus propios
hermanos.

Usted ya conoce la terrible historia, por lo tanto tiene una parte de
la solución, no puede seguir siendo el paño de lágrimas o escuchando
el golpe de pecho de un mea culpa, no sólo tiene que ver con el
ejército sino que con la Patria toda.

No puede haber impunidad porque este drama atraviesa a toda la
Sociedad y, por el bien de ella, es necesario que haya Verdad y
Justicia, ¡Ya y ahora!

Cuando el Derecho ejercitado por instituciones, por personas que
ocultan la verdad, se parece mucho al crimen, se declara usted
“desesperanzado” por los entrabamientos que a su juicio han tenido
los proyectos de ley sobre derechos humanos, porque “a las víctimas
no les están dando respuesta a sus legítimas aspiraciones y las
mantienen en un duelo permanente. Y para los procesados, muchos de
los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una
situación casi de venganza al no poder avanzar los procesos.

¿Usted se declara desesperanzado, General Cheyre? ¿Cómo debería
sentirme yo y los miles de familiares de los detenidos desaparecidos
en Chile, que llevamos una vida entera clamando por Verdad y Justicia?

Esas son nuestras “legítimas aspiraciones” que usted dice
reconocernos. ¿Por qué habla usted de “una situación casi de
venganza” al referirse a los procesados por violaciones a los
derechos humanos?

Le invito a que busque una sola declaración, una acción, un gesto de
nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o en mi
propia lucha que se asocie con venganza.

Precisamente porque no nos anima la venganza es que apelamos a la
Justicia, la forma civilizada que tiene la sociedad de investigar y
castigar los delitos. Porque aún creemos en la Justicia, pese a todo.
Es que nunca transigiremos con la impunidad que aún persiguen
denodadamente quienes no quieren entender que los crímenes de lesa
humanidad no son amnistiables, no prescriben y gozan de jurisdicción
universal.

General, usted no es insensible al dolor, como yo. A usted y a mí, la
verdad nos estremece, pero usted parece no haber asumido aún que la
verdad y la justicia son una necesidad imperiosa para el bien de
nuestra sociedad.

Apelo a su honor militar, a su conciencia, a su amor por la
institución. Los porfiados hechos lo llevan a un único camino: la
impunidad no puede ser el epílogo de esta tragedia nacional. Sólo
entonces, sólo entonces, habrá un Nunca más, como usted y yo lo
deseamos.

Sin embargo, en sus palabras yo noto una velada amenaza al decir que
“siempre que nos portemos bien”, y con esta frase entre líneas, me
está usted quitando el derecho a soñar en un mañana mejor.

Nunca más un 11 de septiembre, nunca más masacres en la Escuela Santa
María, nunca más masacre en Lonquimay, nunca más masacres en el
Seguro Obrero, nunca más masacres en Plaza Bulnes, nunca más masacres
en José María Caro, nunca más masacres en Puerto Montt, nunca más
masacres en ningún rincón del país, nunca más violaciones de los
derechos humanos, nunca más, nunca más, nunca más.

Ana González de Recabarren

Amanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

DestacadoAmanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

Amanda no es la letra de una canciónHija Amanda Jara

Cuando dice su nombre en el consultorio le cantan “Te recuerdo, Amanda”. Antes se hacía la lesa. Ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Amanda no canta, no toca guitarra y tampoco milita en el PC. No pretende ser el vivo retrato de su padre. Su recuerdo es íntimo, un proceso personal en el que ha debido aprender a desenrabiarse con Víctor ausente y a pedir explicaciones por su muerte.

Domingo 25 de mayo de 2008 | por Alejandra Carmona López

La noche que Amanda voló hacia su exilio se fue sólo con lo puesto. Ni siquiera alcanzó a recoger sus juguetes de niña de nueve años. En las tres maletas que llevaban ella, su madre, Joan, y su hermana, Manuela, sólo cupo su padre: sus fotos, un montón de recortes de diarios, cartas y cintas de grabación. En medio de fusiles y militares arrogantes que abundaban en el aeropuerto de Santiago, enfilaron hasta la puerta del avión con destino a Londres, las tres de la mano, escoltadas por un funcionario de la Embajada de Inglaterra en Chile. Era el 16 de octubre de 1973, y ésa, la única escena de esa noche que Amanda Jara tiene en la cabeza. Además de la sensación de vacío, de volar mucho antes que el avión despegara. El desamparo.

En Chile quedaba su casa de Colón, el cuarto básico en el Manuel de Salas, las tardes de asombro y aprendizaje. La humedad de los paisajes de Isla Negra que tanto le gustaba mirar. Los amigos, los sueños y su padre muerto con 44 balazos.

Por estos días, los recuerdos son como un dedo impertinente apretando el corazón. La semana pasada, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró la causa de la muerte de Víctor como ella llama a su padre y ha tenido que recordar a la fuerza muchas de las cosas que su mente había intentado borrar.

Amanda Jara no canta, no toca la guitarra, no milita en el PC y tampoco quiere formar una familia de artistas que se llame “los Jara”, aunque algunos de sus primos se lo han sugerido. Alguna vez, cuando era chica, bailó en un grupo folclórico, pero nunca le gustó exponerse. No escucha todo el día canciones de trova y se niega a dar la razón a quienes dicen que tiene la misma sonrisa de su padre. Va a pocos encuentros proderechos humanos, no lleva la bandera de lucha de ninguna causa. A Amanda Jara no le interesa ser símbolo de nada.

Con suerte acepta dar esta entrevista.

Pero lo suyo no es una pose de rebeldía. Recién se está reconciliando con buena parte de su vida. Ahora que tiene 43 años, desde su tranquila vida en Quintay donde llegó hace 18 años macera los recuerdos ingratos y ha vuelto a escuchar las canciones de Víctor Jara sin sentir rabia por haberla dejado.

SIMPLEMENTE MARÍA

 
  Joan, Víctor, Amanda (sentada en las piernas de su papá) y Manuela. Todos en compañía de una guitarra. Foto: Gentileza Fundación Víctor Jara

Todo fue muy confuso ese 11 de septiembre de 1973. Víctor tenía agendado un acto en la Universidad Técnica del Estado. La idea: luchar contra la guerra civil en Chile. De pronto, ese martes cambió de rumbo. Por la radio se escuchó sobre el ataque a La Moneda y el levantamiento de los militares. Allende estaba pronunciando su discurso histórico cuando Víctor decidió salir a la calle. “Era un día extraño, con los relatos de la radio, y todo hacía que fuera un día especial, pero nadie pensó que la situación llegaría a tal extremo. Nadie pensó que chilenos terminarían matando chilenos”. Víctor salió de la casa rumbo a la Universidad Técnica.

Entonces, Amanda nombre que heredó de su abuela paterna estaba por cumplir ocho años. Sus días transcurrían tranquilos en la casa de Colón donde todavía vive su mamá, la bailarina inglesa Joan Turner. “Yo me crié escuchando música cuenta Amanda . Había un cuarto trasero donde ensayaban los Quila y los Inti. Hacían unas murgas muy chistosas en el patio. Dejaban la escoba con los vecinos”. En otra parte de la casa, su mamá ensayaba escuchando a Vivaldi y su hermana Manuela, la “Manu” hija del fallecido coreógrafo Patricio Bunster , se divertía aprendiendo a tocar guitarra con Víctor. En las tardes, Manuela y el cantautor eran absorbidos por la televisión mexicana, y la teleserie “Simplemente María” los consumía. Aunque sus padres trabajaban mucho, Amanda no tiene ninguna sensación de ausencia.

“Víctor nos cantaba, aunque sólo la ‘Manu’ se acuerda cuando ensayaba pequeñas estrofas de sus creaciones con la guitarra. Nosotros también le cantábamos, hacíamos shows; la ‘Manu’ era rebuena para eso. Bailaba, se disfrazaba, y él se mataba de la risa; le gustaba mucho estar con nosotras”, cuenta Amanda. Juntos salían de paseo a la Quinta Normal y probaban las sopas, platos estrella de la afición culinaria de Víctor Jara.

Los recuerdos de Amanda son tal y como alguna vez los describió el cantante al momento de hablar de su familia. “Tenemos dos hijas, Manuela y Amanda, por las que confieso total y absoluta debilidad En mi día ideal estaría todo el día en la casa, no habría fuerza que me hiciera salir. Me dedicaría a trabajar en el jardín, a hacer aseo, a contemplar muchas cosas que por falta de tiempo no puedo contemplar ahora. A jugar con mis hijas”.

UNA PROTESTA EN MATTA

Hace 18 años que Amanda Jara eligió Quintay como su refugio. Ella prefiere la calidez de la cabaña que comparte con Nego, un buzo que trae el pescado para el almuerzo. Ella colabora con verduras de su chacra. Se alejó de Santiago porque no le gusta la tontera de la capital. “En Santiago creen que la vida se trata de farándula, de los futbolistas, de la chimuchina. Son cosas muy superficiales, y lo peor es que se creen la muerte, pero las cosas no son iguales en el resto de Chile. Ya estaba aburrida de la capital”, asegura.

Después de estudiar Comunicaciones Visuales y cuatro años de Bellas Artes en la Arcis, dejó todo y se fue a vivir al terreno que habían comprado años antes con su mamá. “Con la Turistel en la mano buscamos sitios, hasta nos ofrecieron Tunquén, pero nos pareció muy solo, así que no vivo en el sector cuico”, dice muerta de la risa, hasta que las carcajadas se apagan, desaparece la coraza y esa chapa de “inepta social” que Amanda se impone porque no quiere contestar nada que la delate.

“Siento pena por la muerte de mi papá, pero por mucho tiempo, muchos años, sentí mucha rabia”. Interrumpe su relato para explicar que ella no es siempre así, pero que estos últimos días tiene un revoltijo en la guata y la pena no tarda en aflorar. Sigue entre sollozos por varios minutos: “Tenía rabia, me preguntaba por qué Víctor había salido de la casa ese día, por qué no se había quedado con nosotras, por qué se fue a la Técnica”. Es su desahogo, pero se incorpora nuevamente para explicar que todo esto hizo que ella no escuchara a Víctor Jara por mucho tiempo. “En mi casa no se escuchaba; en Londres, porque mi mamá se volvía un mar de llanto, y luego acá, simplemente porque tardé en reconciliarme con esa historia”, dice. “Quizá por eso tampoco aprendí a tocar guitarra, ni a cantar; seguramente era lo que esperaban de la hija de Víctor Jara”.

Cuando Amanda volvió a Chile sólo pensaba permanecer un año y regresar a Londres, pero se quedó más tiempo. “Me enamoré de un hombre y también de este Chile combativo, entregado, que salía a la calle a luchar”. Era 1983 cuando asistió a su primera protesta en Santiago. Caminó cuadras y cuadras por avenida Matta, mientras Chile asistía a períodos crudos de represión producto de las primeras marchas antidictadura. De entre la muchedumbre se oyó el grito: “Compañero Víctor Jara, presente”. Con el pecho hinchado y las lágrimas sin contención, Amanda tomó aire contaminado y lacrimógeno y respondió: “Presente”. Como si fuera un muerto ajeno, pero también como si fuera suyo y de todos. Entonces comenzó a reconciliarse con su padre. Si Víctor Jara no hubiese ido a la Universidad Técnica ese martes, no habría sido Víctor Jara.

TE RECUERDO, AMANDA

Por estos días, Amanda va y viene de Quintay. Deja a Nego con sus labores de pescador y ella viaja a Santiago a enterarse de la fundación que lleva el nombre de su padre y también del curso que ha tomado la investigación por su muerte. “Yo me hago una sola pregunta: si mi padre, que es el caso emblemático del Estadio Chile no tiene solución, ¿entonces qué pasa con el resto de muertos, dónde están los culpables?”, dice. Amanda no puede creer que en todos estos años no haya ni un solo testigo que pueda reconocer al asesino. Pero maneja una teoría: “Hay un par de oficiales que estaban presos por el tanquetazo de julio. Ellos fueron liberados el día del golpe. Se dice que a estos oficiales se les dio el Estadio Chile como un premio”.

Amanda cree que la información no ha llegado a las manos de la justicia porque hay quienes no han querido que se sepa la verdad. “La gran piedra de tope para los casos del Estadio Chile ha sido el Ejército, las Fuerzas Armadas. No han querido entregar un organigrama de mando. El Ejército tiene la información y no la ha entregado, por eso se ha visto frustrado no sólo el caso de mi padre, sino que tantos otros”. A pesar de la resolución judicial, Amanda no culpa al ministro Fuentes Belmar. Tampoco le interesa que quienes asesinaron a su padre, “viejos de más de 70 años”, se pudran en la cárcel. “Lo que yo quiero es justicia, y la justicia para mí es que se sepa quiénes son los asesinos. Que podamos ver una lista y decir este señor de acá, con nombre y apellido, es un asesino”.

Amanda nunca ha pedido públicamente justicia para su padre. Sin embargo, ahora no se pierde detalle y viajó especialmente desde Quintay para reunirse con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Ya no tiene cuentas pendientes. De esas que son personales y no se escriben en la prensa. Incluso ahora bromea cuando va al consultorio o a pagar alguna cuenta y al decir su nombre le cantan: “Te recuerdo, Amanda”. Antes se quedaba callada, ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Y si una periodista le dice que esa canción la escribió su padre para su madre, ella también tiene respuesta: “Cuando la hizo, yo tenía dos años y medio y me habían diagnosticado diabetes, así que esa canción también la escribió un poco por mí”. LND

    Arpilleras Por La Memoria…Un testamento gráfico

    Arpilleras Por La Memoria…Un testamento gráfico

    Arpilleras Por La Memoria – Bélgica Castro Fuentes.

    En 1974, un pequeño grupo de mujeres cuyos hijos habían desaparecido desde su detención, comenzaron a reunirse para confeccionar tapices. Sus trabajos tienen un fuerte contenido de denuncia de los crímenes contra derechos humanos en su país. Pronto el movimiento se extendió a otras ciudades y comenzó a llamar la atención del público internacional.

    Paradójicamente, la dictadura dio la oportunidad a las mujeres de encontrar una forma de poder político. La desprotección en que el gobierno de Pinochet dejó a mujeres de todas las clases y grupos sociales las empujó a encontrar una voz para articular sus demandas. Con motivo de su arte, las arpilleristas se organizaron, primero como madres de los desaparecidos, después como ciudadanas políticas.

    El primer taller de arpilleras fue abierto en 1974, patronizado por la Vicaria de la Solidaridad. Unas catorce de ellas, desesperadas por la desaparición de sus familiares, por el hambre de sus hijos y por el terror, llegaron al patio de la Vicaria, donde se les ofreció retazos de tela, con los que podrían ocuparse y ganar un poco de dinero. Espontáneamente comenzaron a trabajar en este nuevo arte politizado.

    Las arpilleras se crearon en un ambiente de silencio y miedo, y narran historias a través de colores y formas. En ellas se describen eventos de la vida de la nación: historias de pérdidas, de la negación del futuro, de la ausencia de felicidad, del deseo de paz. A las mujeres las une el dolor, la ausencia y la búsqueda inútil de sus parientes perdidos.

    La relación entre arte y denuncia, imagen y verdad política no es fácil de entender para quienes viven en países donde la libertad de expresión y las garantías individuales no están amenazadas sistemáticamente. Las arpilleras chilenas son un ejemplo de tantos movimientos artísticos que tuvieron que encontrar un medio de expresión intenso pero seguro, donde pudieran gritar sin decir palabras. Las imágenes de gran inocencia y fuerza de esos tapices son un reflejo directo de las necesidades de tantos ciudadanos chilenos.

    En 1991 y con la vuelta de un sistema democrático, la mayoría de los talleres habían cerrado. Pero el trabajo de estas mujeres sigue siendo un testamento gráfico de la lucha por los derechos humanos y como advertencia de que no debemos olvidar la dictadura.

    Arpilleras de Bélgica Castro :www.arpillerasporlamemoria.comhttp://on.fb.me/lsFnqB

    En youtube: http://www.youtube.com/watch?v=38u4LGmfKAw

    El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    DestacadoEl Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

    Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

    Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

    El COVEMA y la monja misteriosa

    Alejandra Matus.

     

    El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

    El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

    Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

    Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

    Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

    –No es un buen día para salir –dijo él.

    –Menos para andar contigo –bromeó ella.

    Amistad en el Campus Oriente
    Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

    Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

    Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

    Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

    «Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

    Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

    «¡Bájate, conchetumadre!»
    Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

    «Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

    «A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

    Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

    En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

    La silla giratoria
    Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

    Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

    «En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

    Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

    Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

    «Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

    Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

    «Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

    Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

    En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

    Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

    Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

    «Cállate, huevón»
    La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

    «Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

    Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

    «Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

    Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

    «Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

    Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

    «Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

    Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

    La monja
    A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

    «Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

    Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

    Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

    Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

    «Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

    Sin temor
    Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

    En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

    Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

    Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

    Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


    GALERÍA DE PRENSA


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    Juez Carroza procesará a 10 personas por muerte de estudiante de Periodismo en 1980

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    Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

    José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

    Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

    covema.cl

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

    Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

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    Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    subirCaso emblemático

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Vicaria de la Solidaridad. Monumento Nacional

    Declaratoria Archivo de la Solidaridad

    Aprueban declarar como Monumento Nacional los Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, memoria de la represión en Chile

    http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-72476.html

    09-nov-2016

    Los Archivos son un testimonio material del arduo y valiente trabajo en defensa de los Derechos Humanos que llevó a cabo la Vicaria de la Solidaridad durante la dictadura militar

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    El Consejo de Monumentos decidió por la unanimidad de sus integrantes reconocer como Monumento Histórico a los archivos de la principal institución defensora de los Derechos Humanos entre 1973 y 1990, otorgando protección patrimonial a un registro de la represión ejercida contra los opositores al régimen dictatorial.

    Tras el Golpe Militar de 1973 y enterado de los primeros y dramáticos testimonios sobre masivas violaciones a los Derechos Humanos en el país, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, creó junto a iglesias cristianas y la comunidad judía una organización ecuménica denominada Comité de Cooperación para la Paz en Chile, organización que posteriormente se convertiría ya bajo el alero exclusivo de la Iglesia Católica en la Vicaria de la Solidaridad.

    El patrimonio documental que se convertirá en Monumento Nacional está constituido por el trabajo de profesionales de la Vicaria de la Solidaridad y su antecesor, el Comité Pro Paz, el que se encuentra en la actualidad custodiado, resguardado y administrado por la Fundación, desde el año 1992 hasta la actualidad.

    “Los fondos documentales producidos por el Comité de Cooperación para la Paz y su continuador, la Vicaria de la Solidaridad, constituyen un archivo de carácter nacional en Chile, que dan cuenta de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos, del rol desempeñado por la Iglesia, de la historia de las víctimas y en sentido amplio, de una página oscura del país, pero que es importante preservar para la memoria”, dijo Ángel Cabeza, vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.

    El archivo fue constituido por información recopilada sistemáticamente y consta de testimonios de familiares de víctimas, de causas judiciales, gestiones administrativas, testimonios de represores arrepentidos, material gráfico y audiovisual.

    “Sólo en Chile se pueden contar las violaciones de los derechos humanos a través de los expedientes judiciales. Como serán de importantes que fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la Unesco”, dijo por su parte Roberto Garretón, impulsor de la declaratoria en representación de los trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad.

    Al adoptar su decisión los consejeros consideraron como además como valores que el fondo documental es un aporte para la investigación académica y, especialmente, para los organismos de derechos humanos, chilenos y extranjeros, que requieren conocer de los hechos y de la valiosa experiencia de la Vicaria de la Solidaridad, como guía y orientación para sus propios trabajos.

    Que este conjunto de documentos es una fuente de información primaria y excepcional para la elaboración del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig y para la construcción del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech y que también la información resguardad y conservada por la Fundación, continua siendo de gran utilidad para investigaciones judiciales actuales y futuras.

    Finalmente el Consejo estimó que la protección de estos documentos bajo la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, favorece la generación de las condiciones para su conservación y puesta en valor, promoviendo un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país.

    Aprobada la declaratoria el Consejo remitirá al Ministerio de Educación los antecedentes para la dictación del decreto respecto que declara al significativo fondo como Monumento Nacional.

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    2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

    2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

    Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

      http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

     

     

    Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

    Leer artículo completo

    Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    “Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

    EFE. Archivo.

    Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

    Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

    Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

    Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

    Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

    Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

    “Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

    Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

    Resultado de imagen para Scarlett Mathieu

    Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

    SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

    Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

    “Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

    Cómo se permitió la desclasificación

    Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

    Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

    FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

    El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

    Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

    El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

    Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

    “Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

    Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

    Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

    Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

    Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

    por 19 diciembre 2016

    Artista Francisco
    ¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

    En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

    Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

    Segunda fase del proyecto (sep 2015)

    Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

    Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

    Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

    Artista simula tortura

    Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

    Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

    Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

    ¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

    Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

    Imagen de reflejo

    De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

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    Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

    Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

    La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

    Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

    Rinconada

    Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

    Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

    El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

    A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

    Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

    La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

    Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

    Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

    Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

    Historia de persecución

    Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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    En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

    Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

    En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

    En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

    Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
    Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
    Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
    No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

    “También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

    La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

    Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

    El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

    Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

    Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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    Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

    Noche de horrores

    Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

    Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

    Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

    Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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    -Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

    Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

    Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
    Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

    Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

    – Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

    Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
    Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

    Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

    El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

    39-años-de_portada-de-“La-Tercera-de-la-hora”,-del-20-de-noviembre-de-1975

    Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

    El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

    Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

    Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

    Lucha sin descanso

    La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

    Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

    Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

    Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

    Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

    En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

    La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

    Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

    Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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    familiagallardomorenopresente

    Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

    Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

    Familia Gallardo responde a Matías del Río y al periodismo que pretende desviar la atención de temas de Derechos Humanos

    Vicepresidente, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

    Hace una semana, el periodista de TVN Matías del Río publicó una pregunta en Twitter sobre si se deberían respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Esta es la respuesta de Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo, brutalmente asesinada en noviembre de 1975.

    / villagrimaldi.cl/ villagrimaldi.cl

    Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy miembro sobreviviente de la Familia Gallardo, familia brutalmente torturada y asesinada en noviembre de 1975, la cual es conocida además por el Montaje de Rinconada de Maipú. No entraré en los detalles de que han envuelto nuestro caso porque ya han sido ampliamente difundidos por los medios.

     

    Me quiero centrar en lo que esconde la pregunta que levanta el conductor de noticias de TVN Matías del Río al hacer la pregunta en la red social del pajarito.

    Sabemos que una pregunta deja al descubierto una realidad, pero inmediatamente deja oculta otras realidades y en este contexto lo que el periodista hace es dejar oculta las preguntas relativas al avance en materia de Verdad, Justicia y Memoria. Es curioso, porque jamás le he escuchado una palabra respecto de estos temas.

    Antes de poner el tema de los Derechos Humanos de los Violadores de Derechos Humanos como discusión en la opinión pública, me gustaría saber su opinión como periodista sobre las medidas que orientan los avances en Justicia. Me gustaría que pudiera realizar preguntas tales como los grados de satisfacción de los familiares respecto de la espera de más de 40 años de Justicia para que después de investigar y sancionar las condenas sean mucho menores que los tiempos de espera. Que pudiera preguntar sobre el destino final de los Detenidos Desaparecidos, ya que sólo el 8% de sus restos ha sido identificado y y devuelto a sus familiares para ser enterrados cumpliendo con el rito funerario. Me gustaría que este periodista pudiera preguntarle a los propios perpetradores de estos crímenes que sentían al momento de infringir tormentos en los centros de detención clandestinos, cuando interrogaban a hombres y mujeres amarrados o colgados, cuando los torturaban frente a familiares, cuando les amenazaban con torturar a su hijos/as. Preguntarles que sienten al haber traicionado a la patria cumpliendo órdenes de Estados extranjeros, ya que como sabemos a estas alturas, las órdenes vinieron del país del Norte. Preguntar por los miles de agentes de la DINA y la CNI, que siguen estando al amparo de las fuerzas armadas. Otra pregunta pertinente en el actual contexto es qué políticas públicas ha impulsado el Estado como garantía de No Repetición de los crímenes de Lesa Humanidad.

    En resumen, hay una tremenda cantidad de preguntas que se encuentran pendientes incluyendo muchas respecto de las políticas de reparación, etc. Todas estas preguntas me parece son fundamentales para solidificar la Democracia y que son anteriores a la pregunta hecha por el periodista Matías del Río. Curioso por decirlo menos, ya que antaño el periodismo jugó a favor de la violaciones de Derechos Humanos. Vaya que si lo sabemos nosotros como familia afectada, y hoy un periodista pretende desviar la atención de los temas relevantes para la convivencia democrática. Curioso, por decirlo menos.

    24.11.2016

    Manuel Guerrero por libertad condicional a asesino de su padre: “Si esto no es impunidad, pues qué es lo que es”

    El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, que constituyó el Caso Degollados.

    Por @eldesconcierto

    Agencia UnoAgencia Uno

    Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

    El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

    Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

    Aquí te dejamos íntegra su misiva:

    “Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

    Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

    En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

    Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamentalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecuencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

    Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

    Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

    Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

    Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

    El caso Pinochet. Recomposiciones y apropiaciones de la memoria . Fanny Jedlicki.

    DestacadoEl caso Pinochet. Recomposiciones y apropiaciones de la memoria . Fanny Jedlicki.
    Fanny Jedlicki nació en Francia, hija de exiliado. Su padre, Claudio Jedlicki, economista *Investigador en el Centre de Recherche et de Documentation de l’Amérique Latine (CREDAL) perteneciente al Centre National de la Recherche Scientifique (CNRS) de Francia. Ambos residen en París.

    En TVN de Chile se ha transmitido Los últimos años de Pinochet, y es relevante conocer este trabajo de Fanny.

    El caso Pinochet

    ILAS Índice Revista Virtu@l

     

    Recomposiciones y apropiaciones de la memoria

    Estudio sociológico sobre un grupo de exiliados chilenos en París, entre octubre de 1998 y marzo de 2000

     

    Fanny Jedlicki, doctorante en sociología en la facultad Paris VII – URMIS

    (Unidad de Investigacion Sobre Las Migraciones y la Sociedad).

    Con la indispensable ayuda para la traducción de Natalia Lavalle.

    El 16 de octubre de 1998 quedará grabado en la memoria de todos los chilenos, especialmente en la de aquellos que aún viven en los países donde se refugiaron después del golpe militar de 1973. Se trata justamente de la recuperación de esta memoria en el “caso Pinochet” y de la movilización activa realizada por los ex-refugiados y sus hijos. Y son éstos últimos, los que con su presencia y compromiso asumen la lucha contra la impunidad de Pinochet, quedando en evidencia la relación con la memoria familiar del exilio.

    El problema de la memoria es el tema central en esta investigación[3]. Esta es tratada como un proceso dinámico en constante reelaboración. A pesar de que la memoria del exilio chileno se haya forjado en un contexto dramático, impregnado de sufrimientos y que se encuentre polarizada entre el peso traumático del pasado y la necesidad del olvido, es una memoria que no está capturada al pasado[4]. Al contrario, la memoria es definitivamente un acto del presente, porque está inscrita en el tiempo y el espacio. Es lo que manifiesta San Agustín y reivindicado por Maurice Halbwachs: “recordar no es revivir, sino reconstruir un pasado a partir de los marcos sociales del presente”[5].

    La transmisión de la memoria familiar, en un país que no es el de los padres, se inscribe claramente en un proceso de recomposición. Los hijos de los refugiados, socializados en Francia y pertenecientes a una generación socio-histórica diferente a la de sus padres, no reciben directamente los contenidos de la memoria paterna. Por el contrario, ellos realizan un “bricolage”[6].

    De esta manera, concurrimos, durante el “caso Pinochet”, a un verdadero regreso de la memoria para los ex-refugiados chilenos y a una redefinición de ésta en el caso de sus hijos,  quienes al participar en una movilización activa, buscan apropiarse de su herencia familiar.

    ·         La memoria en tensión

    Los graves atropellos a los derechos humanos cometidos por el régimen militar chileno[7], tienden a ser ocultados en Chile, donde las leyes de impunidad y de silencio contribuyen a la “mala memoria” del país, según lo expresa el escritor chileno Marco Antonio de la Parra. La memoria colectiva es negada, especialmente la de las víctimas, lo que hace imposible la simbolización de la muerte y dificulta el trabajo de duelo. El dolor permanece omnipresente, una herida que el tiempo no puede cicatrizar, pues la memoria pareciere estar paralizada en un tiempo suspendido fuera de las leyes naturales, donde los ausentes están eterna y profundamente presentes[8].

    Las víctimas del sistema represivo, son  negadas, olvidadas e ilegítimas. Por tanto, los refugiados chilenos, en la mayoría de los casos, llevan sobre sus espaldas el peso de la culpabilidad, e incluso en un comienzo se sienten responsables de la derrota.

    Esta culpabilidad se exacerba por su misma condición de sobrevivientes. Los que lograron sobrevivir a las torturas, a los campos de concentración, en relación con los millares de compañeros que murieron en estos lugares, se sienten culpables de estar vivos entre los muertos[9], culpables además de haber hablado bajo la tortura.

    También se sienten culpables de permanecer aún en Francia, a pesar de haber jurado, a si mismos, volver lo más pronto posible a Chile para reconstruir la democracia que, hoy en día, se construye sin ellos. Este sentimiento, durante los viajes que realizan los exiliados chilenos al país, se ve sustentado por reacciones de rechazo de parte de sus propios compatriotas, quienes los tratan de traidores, cobardes o privilegiados. De haber disfrutado un “exilio dorado” en los desarrollados países europeos.

    Para mitigar estos sentimientos los refugiados chilenos tan pronto llegan a Francia, se arrojan a un militantismo frenético contra la dictadura, prefiriendo, de esta forma, “dejar a un lado” las duras experiencias que acaban de padecer[10]. Así es como el silencio envuelve los sufrimientos de cada cual, rechazando los recuerdos dolorosos, reprimiendo los traumas, sin por eso olvidarlos.

    De hecho, ¿cómo olvidar lo inolvidable? La memoria de la violencia se desliza por los resquicios de la vida diaria, lista a reaparecer a raíz de una broma, o de un encuentro con las autoridades policiales francesas, enfrentando esa moda que visten sus propios hijos, de uniformes color kaki y botas negras. Y el recuerdo no es sólo evocación de hechos anteriores, sino, a su vez, es también  un retorno físico a violentas emociones. La memoria se inscribe en el cuerpo mismo, cuerpo que ha sido martirizado, manifestándose por dolores violentos de cabeza, intestinales, trastornos de sueño y otros. Todo ello, expresiones somáticas que traen el recuerdo de los sufrimientos pasados. Sin embargo, si “hablar es imposible”, “callarse está prohibido”[11] y un verdadero “deber de memoria”, como dice Primo Levi,* se impone a los exiliados.

    La memoria del exilio chileno se debate entre varias tensiones opuestas…está “adormecida” dicen hoy día, estos hombres y mujeres que se quedaron en Francia, tironeados entre su país de origen y el de asilo, la existencia que allí reconstruyeron, la pertenencia de sus hijos a esta sociedad de la que no quieren separarse. Existe al mismo tiempo, un Chile lejano que ellos aman y odian a la vez, y que sublimado por el exilio sufrido, se les impone como su único y verdadero lugar de pertenencia: Amalia, 50 años, exiliada en Cuba en el año1974 y retornada a Chile en 1986, habla del exilio como “una división interna que ha dejado su corazón y su alma en Chile“.

    Cuando el “caso Pinochet” comienza, los refugiados chilenos de Francia[12] se encuentran en una fase particular de su trayectoria: el post-exilio. Después de 20 o 25 años que han  vividos en este país, ellos han experimentado una cierta aculturación, o sea han “bricolado” las diferentes piezas de las dos estructuras socio-culturales, cuyo recorrido ha permitido tender un puente entre las dos sociedades, reinyectando sentido y coherencia a las trayectorias quebradas por el golpe de Estado en 1973.

    Por una parte, sus elecciones profesionales y políticas lo reflejan. Por otra, sus viajes a Chile les permiten reanudar los lazos familiares, así como también poder medir la amplitud de los cambios negativos observados en el país, y valorar, entonces,  las garantías cívicas y sociales del Estado francés. Sin embargo, la nostalgia, doloroso corolario del exilio y el desgarro permanente se impone  por una situación disociada (“entre-deux”), caracterizada por un regreso deseado, pero postergado constantemente donde el presente, pasado y futuro se entrelazan al dolor de una memoria en carne viva, polarizada entre el sufrimiento privado de los recuerdos, la culpabilidad y la inhibición colectiva. Esta situación es lo que el “caso Pinochet” viene a conmover.

    El caso Pinochet y el regreso de la memoria

    • La victoria de los vencidos : la inversión de los roles

    Aquellos que, por mucho tiempo, fueron aplastados por la altanería insultante del ex-dictador, que todos creían intocable, vuelven a la escena internacional y aparecen como los protagonistas de una lucha ejemplar[13]. De vencidos, responsables de la derrota, los ex-refugiados se ven asimismo como los vencedores, los héroes de la historia contemporánea chilena. La justicia internacional, al designar oficialmente al responsable de la muerte de sus compañeros, reconoce su historia, mientras que sus viejos sufrimientos, por largos períodos,  ahogados por la negación del Estado chileno y por represión propia, se convierten en la herramienta de la caída de Pinochet. Es justamente su condición de víctima lo que, en Europa, le atribuye a los exiliados un poder jurídico activo, lo que permite que, hoy, sean ellos quienes hagan temblar al ex-dictador.

    “Por primera vez sentimos que servía para algo. Que no sólo habíamos recibido golpes sino que podíamos hacer que lo vivido sirviera para algo! […] Nos dimos cuenta que habíamos vivido cosas de las que, a menudo, no habíamos hablado y, entonces, este pasado seguía siendo algo que no podía ser reivindicado, y en ese momento nos dimos cuenta que nuestros testimonios tenían una suerte de poder muy importante y que con todo esto podíamos hacer algo! Antes esto no servía para nada, bueno, ibas a Amnistía Internacional y contabas, presentabas tu testimonio que terminaba en un informe anual perdido por ahí… y entonces, tuvimos la sensación de tener un arma entre las manos, un arma con la cual podíamos golpear.“Claudia, 50 años, exiliada en Francia desde los años 70, ex-presa política.

    De esta manera, la inversión de la correlación de fuerzas, la nueva distribución de responsabilidades, el vigor simbólico que toma la reivindicación del estatus de víctima, conllevan un cambio radical de la relación que los refugiados tenían con la memoria. Esta pasa del estado de memoria reprimida, al de rememoración consciente y reivindicada por la palabra tomada públicamente.     

    Además, son los exiliados los que se quedaron en Francia, después del referéndum, quienes retoman la bandera de lo que les parece ser la verdadera batalla contra la dictadura,  en vez de participar en la reconstrucción de la democracia chilena, De hecho, la actitud del actual Gobierno chileno les parece más que ambigua, revelando la distancia teñida de desconfianza que tienen frente a la democracia chilena[14]. El entonces Ministro de Relaciones Exteriores chileno, Juan Miguel Insulza solicita el regreso de Pinochet a Chile, dónde asegura que será juzgado. Pero los exiliados desconfían del aparato legislativo chileno, que ha garantizado una impunidad (casi) perfecta a los represores y además, no depositan grandes expectativas en la Concertación. Para ellos, se trata de una “manipulación vergonzosa“, cuyo objetivo es  proteger al ex-dictador. Los exiliados creen que sólo su acción militante desde el exilio, junto a la acción jurídica de los Estados europeos, puede llegar a  encaminar un verdadero proceso judicial contra Pinochet.

    Por tanto, los exiliados van a involucrarse honesta (entera? ) y frenéticamente en una larga movilización para exigir el juzgamiento del ex-dictador en Europa y para “luchar contra su impunidad“. Las formas que toma esta movilización, así como las prácticas que en ella se desarrollan, son realmente “exhumadas” desde el pasado.

    ·         El regreso estructural de la memoria

    Las consignas, las pancartas, los discursos pronunciados durante las numerosas reuniones, incluso las divisiones que fortalecen las redes comunitarias que se han reformado, hasta la evolución de éstas ultimas, recuerdan de hecho las experiencias fundamentales que los refugiados han conocido: la Unidad Popular y los comienzos del exilio. El pasado reaparece, el grupo revive, a través del uso de los antiguos gestos, palabras y  prácticas, sus estructuras intrínsecas, ofreciendo a la memoria colectiva del exilio chileno una nueva etapa de elaboración[15].

    Durante la movilización contra Pinochet, el acontecimiento fundador[16] que constituye la Unidad Popular está de regreso. En las manifestaciones surgen algunos cánticos (“Venceremos”, entre otros), como un eco del pasado y la figura de Allende, quién parece representar una verdadera divinidad tutelar, es invocada permanentemente: su rostro invade las pancartas y reina sobre los manifestantes, así como en el living de muchas casas de exiliados.

    Los tres años de la experiencia socialista chilena han sido vividos por sus militantes y simpatizantes como un período eufórico, en el que, animados por un fuerte entusiasmo revolucionario y por la certeza de estar participando activamente en la elaboración de una Sociedad Nueva y de un Hombre Nuevo, sentían que estaban construyendo la historia, una historia en la que las trayectorias personales parecían abrazar las de la Nación. Se trata de un período de referencia y también de un período mítico, con el cual algunos siguen soñando[17]. Este mito[18] de un período que hoy no sabríamos comprender sin su fin trágico y sangriento, descarga, retrospectivamente, un gran peso sobre estos tres años. La gran mayoría de los exiliados percibe esta etapa histórica como una época feliz e ideal, intocable, cuya imagen ha sido sublimada por la distancia y la nostalgia propias del exilio.

    El grupo va a encontrar, a través de las divisiones que lo alientan, sus viejas estructuras. Inherentes a la acción política o a las tensiones entre grupos ideológicamente divergentes, estos conflictos importantes que agitan la red y que afectan su capacidad movilizadora, recuerdan de manera pertinente las dificultades que la Unidad Popular tenía para federar las corrientes políticas que la componían, y las batallas ideológicas que dividían fuertemente a sus militantes. Estas divisiones continuaron en el exilio, viviendo tensiones exacerbadas por la derrota, por el inmovilismo político, tanto en Chile como en las redes sociales y políticas reconstituidas en el exilio. Estas harían estallar rápidamente la aparente unidad que la comunidad había encontrado al llegar al país de acogida. De la misma manera, las divisiones provocadas por el “caso Pinochet”, despiertan viejos rencores, provocan rabia, después de los felices reencuentros de las primeras semanas de movilización. Luego, las asociaciones de carácter cultural y social toman el relevo, consagrando la primacía de la afirmación del “entre-soi” sobre la acción política, lo que recuerda la evolución de las interacciones colectivas de los refugiados chilenos durante las diferentes etapas de sus exilios.

    Estos modos de reagrupamiento y diferenciación estructuran la escena política de los exiliados chilenos, y conforman el nexo entre pasado y presente, permitiendo la reactivación de la memoria colectiva del exilio.

    ·        El “entre-soi” y la figura del exiliado

    A pesar del aspecto ejemplificador de este caso, cuyas acciones han sido valoradas tanto por los medios de comunicación y, pese a la solidaridad que la sociedad francesa ha tenido para con los refugiados chilenos, la movilización, sigue siendo esencialmente un hecho de éstos últimos. Los “franceses” están ausentes de este movimiento: si bien, a veces, se solicita su apoyo (firmas de adhesión, ayuda económica, etc.), su presencia efectiva en las manifestaciones es muy rara. Estas presentan un carácter marcadamente comunitario: las consignas, los volantes y las conversaciones que se establecen entre los miembros conocidos, son mayoritariamente en español, con exclusión de los no chilenos, aun cuando sean amigos de muchos años. En este contexto, el  proyecto, de formar una comisión latinoamericana integrada además por argentinos y haitianos, es abandonado al cabo de algunos meses.

    Por tanto,  los desafíos de esta movilización se relacionan con el cuidado y la conservación de una identidad reencontrada, conducida por un colectivo encerrado en si mismo y que se reactiva constantemente, a partir de los reencuentros comunitarios, expresados en  manifestaciones y  fiestas. Son los momentos de vuelta a sus raíces, a su identidad. Los refugiados chilenos encuentran en la militancia, en el “être-ensemble”, (conjunto o colectivo?) una identidad valorizada que se había alterado progresivamente desde el golpe de Estado. El exiliado chileno encarnaba, de hecho, en la Francia de los años 70, heredera de las ideas del ‘68 y en el umbral de su crisis económica, al representante de un movimiento revolucionario con el cual los militantes franceses podían identificarse: el exiliado chileno era una verdadera figura heroica.

    Los beneficios que en términos de identidad, ofrecía esta imagen de héroe, no eran menores para los refugiados chilenos; beneficios que reaparecen a partir del “caso Pinochet” Los refugiados recuerdan y, por fin, recuerdan en voz alta.[19]

    ·         La resolución de los conflictos memoriales

    Al ser designado un culpable oficial, el “caso Pinochet” aminora la culpabilidad de la derrota. Al fin, el deber de memoria puede cumplirse e impulsa a tomar la palabra públicamente: efectivamente, la responsabilidad que se le impone a los sobrevivientes de atestiguar por aquellos que ya no están, les permite superar las dificultades que los llevaron a sumergirse en los recuerdos traumáticos. Se trata casi de una reparación, hablando y recordando no sólo por aquellos que ya no están, sino también  por ellos mismos.

    La palabra del sufrimiento, finalmente liberada, puede circular entre las redes comunitarias y permitir la reconstrucción colectiva del sentido de estas trayectorias, vividas, esencialmente en sus aspectos más siniestros, de modo individual. El sistema  represivo y sobre todo el de la tortura, tenían como objetivo la destrucción del ser, aislándolo de todas sus redes y marcándolo para siempre cuando “hablaba” bajo el dolor despiadado, transformándolo, literalmente, en una “ bestia que grita” (“bête hurlante”), habiendo asesinado al ser social y moral antes de destrozar al ser físico[20]: el sistema ha abolido el sentido. El silencio y la inhibición, la culpabilidad exacerbada por la condena sin apelación de los partidos políticos clandestinos de aquel que “cantaba“. Todo ello dejaba, a cada uno de los refugiados, aplastado bajo una pesada carga individual. A través de los testimonios y las querellas, estos reencuentran asimismo la huella de algunos detenidos-desaparecidos que creían haber sido los últimos en ver, reconstruyendo la cadena de responsabilidades de su desaparición. Esto les permite deshacerse, parcialmente, de la culpabilidad. 

    Cuando Pinochet  fue arrestado… entonces le encontré un sentido a mi historia. Antes se trataba de algo individual, completamente individual, que me tocaba a mi, y que yo guardaba porque era mi historia, mi problema individual y que no estaba ligado a algo que pudiera hacer avanzar las cosas y es justo cuando Pinochet fue detenido […] que yo hice la conexión entre mi historia y ésta… y en esta historia había todo un espacio para volver a lo que significaba pertenecer a un  movimiento (colectivo ?)  y no sólo individualmente como víctima.”  Marcela, 46 años, exiliada en Francia en 1973, ex-presa política.

    De esta forma, el “caso Pinochet” permite a los exiliados   retomar en sus manos un destino sufrido desde 1973, cuando fueron empujados a la clandestinidad, a los campos de tortura, de concentración y detención, a las embajadas y consulados en países lejanos, con sus hogares para refugiados. En fin, cuando fueron forzados a una existencia no deseada, pero que han sido capaces de construir. Si durante años, su capacidad de acción a nivel político, laboral, etc., estuvo parcialmente anestesiada, ahora la reafirman y se la reapropian. El “caso Pinochet” tiene un valor reparador para los refugiados: la lucha del exilio en el exilio les devuelve sentido a su presencia en Francia.

    Por ultimo, el duelo de las experiencias trágicas es posible. Los muertos y los nombres de los detenidos-desaparecidos son nombrados una y otra vez, sus fotos son publicadas en los diarios, afiches y carteles, que los manifestantes enarbolan, gritando que sus compañeros están “presentes ahora y siempre“. Estos actos son, también, el lugar de expresión de ritos de duelo, simbolizados por centenares de cruces plantadas en maceteros y puestas en la calle, por los minutos de silencio, por las velas protegidas del viento y por ese ataúd que queman de rabia cuando Pinochet regresa a Chile en marzo del 2000. Todos estos símbolos funerarios, representan “armas”,  de impacto sobre la opinión pública, así como formas de “enterrar a los muertos“. Asimismo, el “caso Pinochet” le permite a las víctimas de la dictadura realizar una catarsis.

    Tuvimos la suerte de haber podido hacer una terapia colectiva con el “caso Pinochet” […] porque todos teníamos a nuestros muertos en los afiches, los muertos, los detenidos-desaparecidos, habíamos puesto un manto sobre nuestras cabezas, y decíamos, bueno esto hay que olvidarlo. Pero era una manera de poder seguir viviendo. Y entonces pasó algo que permitió abrir eso y todos estaban felices! […] Pudimos enterrar de una vez a todos los muertos […] Si no enterraste a tus muertos no puedes vivir, porque si no dejas a tus muertos en el pasado, el presente es inestable y el futuro también. […] Además, cuando viviste la derrota y sientes que no puedes cambiar nada de esto, con todos estos muertos y desaparecidos sobre el lomo, todo el tiempo…esto te apaga, vives con un peso.” Juan, 60 años, exiliado en Francia en 1974.

    Las virtudes liberadoras del “caso Pinochet” sobre la memoria reprimida van a actuar también en el seno de las familias y van a trasformar el marco de la transmisión de la memoria.

    El caso Pinochet y los hijos de los exiliados

    • Los fantasmas de la memoria

    La memoria familiar, marcada por el sello de las terribles experiencias vividas, ha sido transmitida, durante mucho tiempo, de manera velada, a través de sus silencios aceptados y de sus “fantasmas” atormentando a los hijos. Los exiliados chilenos, enfrentados a sus recuerdos en tensión, no le cuentan a sus hijos, con facilidad, lo que les sucedió. El horror parece aún más difícil de verbalizar con ellos. De esta manera, la memoria se transmite generalmente por fragmentos, con sus omisiones, sus mentiras a veces, y  sus momentos de revelación en otros[21].

    Los hijos respetan estos silencios y zonas oscuras de la memoria y, en ocasiones, hasta las apoyan, pues no quieren aumentar el dolor de los padres ni enfrentarse ellos mismos al horror. Los silencios, sin embargo, son pesados, dejando a la imaginación y a los fantasmas llenar los vacíos de una memoria que se vuelve, incluso, más terrible e inaccesible a toda obra de apaciguamiento y de elaboración[22].

    No obstante, los hijos de los refugiados cuentan con trazos de memoria extra-familiares: se trata de los miembros de la comunidad chilena. Estos “tíos y tías” de la migración. Son personas referentes en la medida en que han recorrido los mismos periplos que sus padres. En Francia, también, existe toda una literatura y filmografía sobre la historia contemporánea de Chile que los hijos suelen consultar. Algunos de ellos elaboran parcialmente imágenes y representaciones de la biografía paterna. Por ultimo, sea cual fuere el grado de transmisión, todos los hijos expresan esta extraña impresión “de haber sabido siempre” sin que fueran necesarias las palabras.

    Mas allá de los silencios, de las palabras, la transmisión de la memoria traumática se realiza clandestinamente y pareciera ocurrir (haber?), en los hijos de refugiados, un “hacerse cargo de los conflictos, de los traumas psíquicos que pertenecen a la realidad vivida por los padres”[23]. Escenas de violencia, llenas de tanques de combate, de fusiles y de llamas, en las cuales los padres o ellos son los actores, invaden las pesadillas de los hijos que construyen un teatro imaginario traumático[24]. Así, muchos de ellos se debaten entre estas imágenes de dolor y odio contra los represores chilenos, un odio mezclado con miedo que se amplía a todo organismo militar y de seguridad (sea este chileno, francés o de cualquier nacionalidad).

    Algunos hijos desean protegerse del sufrimiento activado por la memoria e intentan distanciarse de ella, declarando que “son sus fantasmas y no los míos“. Gabriela, 22 años, llegó a Francia en 1980 con su madre después de haber sido las dos detenidas en Chile. Pero la memoria y el sufrimiento están presentes y, a veces, son asumidos y reivindicados por los hijos. Su relación con la memoria es entonces ambivalente.

    • De los sentimientos ambivalentes

    Los hijos de los refugiados tienen una relación ambivalente con Chile, país de ensueño, cuya imagen se ve alterada por la nostalgia y las narraciones magnificadas de los padres, donde “las naranjas son del tamaño de los melones“: los hijos han elaborado la representación de una tierra originaria, “tierra de los colores del Edén”, un hipotético refugio. Pero este paraíso representa, también, un paisaje de sufrimiento graficado por las imágenes en blanco y negro de los bombardeos sobre la Moneda. Un lugar de injusticia en el que reina la impunidad y la negación oficial, situación que resulta más intolerable para estos jóvenes, que para sus mismos padres, ya que fueron   educados en los cursos de “educación cívica” de la escuela republicana francesa.

    Durante los viajes que algunos de ellos realizan a Chile,  toman conciencia de los lazos contradictorios que los unen a este país, donde vive una familia desconocida e idealizada por la distancia, y con la cual las relaciones son generalmente una decepción :

    Antes yo me hacia ideas, idealizaba, fantaseaba…allá he visto. [la familia] sigue siendo por mucho tiempo, algo lejano, imaginario, y de repente…ya era casi demasiado tarde cuando yo fui…mis tíos y mi familia son casi unos extraños, aunque los conozca.” Isabel, 28 años, llegó con sus padres a Francia en 1976.

    El primer viaje que se realiza, a menudo, durante el verano austral y que corresponde al invierno europeo, es el viaje de la alegría, del descubrimiento. Los siguientes suelen ser los  viajes de la desilusión. Las imágenes elaboradas durante la niñez se encuentran con la realidad de las poblaciones, con una sociedad chilena dividida y, la mayor parte del tiempo, silenciosa sobre su historia contemporánea. 

    Esta ambivalencia de sentimientos se relaciona también con la militancia de los padres. Algunos de sus hijos se sienten un poco aplastados por estos héroes míticos que sus padres creen ser. Ellos, que han participado en un gran movimiento social y político, en un momento que caracterizan, como de gran libertad y solidaridad social, que han recorrido y sobrevivido a tantas experiencias difíciles, “luchando por sus ideas”, representan para sus hijos, figuras ejemplares. Las narraciones heroicas de sus padres, así como la imagen positiva del refugiado latinoamericano que tienen las sociedades de acogida en Europa, permiten construir una cierta mistificación de la Unidad Popular y de los acontecimientos del golpe y post-golpe. Estos personajes, modelos a seguir, parecen ser aplastantes: los hijos piensan que jamás conocerán situaciones similares y que nunca podrán “pasar su prueba” como si las experiencias extremas de la generación anterior, obstruyeran  su realización personal.

    Sin embargo, los hijos reivindican orgullosamente la herencia ideológica de estos ex-militantes, muchos de los cuales siguen estando activos. Esta transmisión se refiere más a los valores fundamentales de una sensibilidad de izquierda, que a los de ideologías más puras. Todo lo anterior, lleva a los hijos a comprometerse en diferentes luchas; por ejemplo, los sin-papeles, la defensa de la escuela pública, la ecología, entre otras. De hecho, hijos y padres pertenecen a dos generaciones socio-históricas socializadas en épocas y espacios muy distintos, y ambas tienen no sólo una visión política diferente, sino contrastada. Los padres son definidos por sus hijos como “idealistas y utópicos”, y no se reivindican como marxistas revolucionarios. Los hijos, a su vez, son llamados “cartesianos y racionalistas” por sus progenitores. En la trasmisión hay una reinterpretación, y una verdadera apropiación de una herencia política que, al mismo tiempo, es profundamente estructurante[25]. Esta reinterpretación de la memoria de la familia se expresará en las formas y en las significaciones del compromiso de los jóvenes durante la movilización contra Pinochet.

    De este modo, durante el “caso Pinochet”, los hijos van a descubrir, a veces, a través de la prensa o de la televisión, los testimonios de sus padres. Así, muchas discusiones surgidas en las familias, a raíz del evento, despiertan su interés por esta historia: ya no dudan en interrogar a los padres y en consultar los múltiples documentos escritos y audiovisuales que abundan en los medios, para llenar los espacios vacíos de la memoria. Durante las manifestaciones, los hijos aprenden también a “conocer y reconocer” a sus progenitores en los rostros de los manifestantes, cuyas expresiones les parecían, hasta ese momento, exclusivamente paternas.

    De hecho, los hijos de refugiados se unen a las manifestaciones organizadas por las redes comunitarias. Para sus padres, la participación masiva en ellas, representa “un maravilloso regalo”. Esos padres, desde muchos años, temían que uno de los corolarios coercitivos del exilio significara que sus hijos se convirtieran en “francesitos que han olvidado y que no se interesan por Chile”. Al tomar conciencia que, pese a los silencios, se han transmitido sentimientos de pertenencia y un fuerte nexo con su historia. En un principio, la presencia de estos “cabros”[26]era más bien una manera de apoyar solidariamente a sus padres, considerados entonces los verdaderos actores del asunto; pero se produce una transformación, gracias a un núcleo de hijos de refugiados entre 15 y  40 personas que, durante todo el conflicto al no poder siempre entenderse con “sus mayores”, se organizan  convirtiéndose en una fuerza autónoma de potenciación del movimiento. Rechazando así el “entre-soi” protector de sus padres, hartos de las incesantes discordias que, según ellos, debilitaban la movilización y no pudiendo concebir, en Paris, al final del siglo XX, la presencia de esas reliquias de la Unidad Popular (“tienen 25 años y 40.000 kilómetros de atraso” !), los hijos de refugiados intentan ampliar la movilización a la sociedad en la que viven. Estos franco-chilenos desarrollan, de esta manera, una lucha más ejemplar que la de los “viejos”, es decir, extraterritorial, creando una asociación[27] junto a  jóvenes de otras nacionalidades. Dirigen sus acciones de protesta, reflexión e información a la población francesa, en sus universidades, colegios, lugares de trabajo, etc. Su solidaridad concreta con otros movimientos, tales como los sin-papeles, confirma el carácter ejemplar de su lucha. Sin embargo, los jóvenes no dejan de construir,  también, un espacio de “entre-soi” en el que las trayectorias, los cuestionamientos de identidad, los vacíos de la memoria individual  encuentran, por fin, un eco colectivo. Además, desarrollan un proyecto de investigación histórica sobre la represión militar chilena, iniciativas socio-culturales (conciertos, fiestas, presentaciones de documentales, apadrinamiento de un hogar de menores en Chile, y otros.), redefiniendo prácticas y valores portadoras de identidad.

    De tal manera, el idioma que usan, el “frañol” (una mezcla de francés y de castellano), es tanto un marcador de identidad, así como la huella de una acción transformadora de la doble herencia cultural. De hecho, el idioma está impregnado de la relación que los hijos de exiliados tejen con la historia paterna y la tierra originaria. “El individuo que habla es “actuado por las palabras” (Jean-Paul Sartre) que enuncia, en el sentido que con las palabras establece relaciones con las cosas, los eventos y las situaciones.”[28] Y el lenguaje reinventado que usan los hijos de refugiados, pasando con facilidad de una lengua a la otra, creando nuevas palabras (afrancesadas o chilenizadas), nuevas expresiones, los distingue de los dos grupos de referencia: ni franceses ni chilenos, proclamándose herederos de una doble cultura.

    Sin embargo, todos ellos afirman que el “caso Pinochet” les permitió “reanudar la identidad chilena“, las manifestaciones, fiestas y reuniones en  las cuales participan. Son un espacio de recreación de una atmósfera socio-cultural propia del exilio chileno. El español que se habla, la música latina que se escucha, la salsa que se baila y el vino que se toma, el olor del pan amasado que se disfruta, son, efectivamente, varios de los soportes de la identidad. “Me sentí chilena ante todo, no me sentía francesa pa’nada“, dice Valeria, 21 años, hija de exiliados, llegados a Francia en 1974, quien evoca, al mismo tiempo, su “desgarradora doble identidad“:

    En Chile soy francesa, pero en Francia soy chilena. […] Está claro, tengo una cultura francesa, pero no puedo ser francesa. No puedo ser chilena tampoco, pero me siento más chilena que francesa.” 

    • De las estrategias de identidad (identitarias) a la apropiación

    La identidad, como la memoria, es un concepto dinámico, y la cuestión revela menos de la noción de herencia que de la noción de uso. Los hijos de refugiados elaboran  verdaderas estrategias de identidad[29], “bricolando” las dos culturas y los sentimientos ambivalentes que tienen hacia la historia paterna.

    Así, si algunos jóvenes se identifican con sus padres y con la generación del exilio, se autodenominan “exiliados” aunque hayan nacido en Francia, otros, se vinculan más con el   espacio nacional y deciden, por ejemplo, “volver” a Chile aunque sus padres se queden en Francia. Finalmente, son varios los que afirman y resaltan una identidad que califican como chilena, aunque nunca hayan pisado Chile. Hay que precisar que la figura del exiliado, sobre valorizado, brilla sobre los jóvenes: hijos de héroes, hijos de un mundo exótico realzado por la moda latina en Europa, por los estereotipos de la “picante salsera” y del “latin-lover”. Esta etiqueta de identidad les aporta beneficios secundarios. Alfonso, 21 años, hijo de exiliados chilenos llegados a Francia en 1976, vive en una localidad de la periferia parisina y es constantemente sometido a controles de identidad por la policía, a raíz de su “look de joven de banlieue”, sospechoso de ser “árabe o chino”. Alfonso revierte esta estigmatización[30], auto- proclamándose chileno y apoyando esta identidad con prácticas lingüísticas, festivas y deportivas para que ésta sea significativa tanto para él como para los demás.

    Otros jóvenes le confieren a esta situación socio-cultural mixta, un carácter positivo: se dicen dotados de una cultura francesa, pública, que   requiere de la razón, de la ciencia y de los valores democráticos, pero también de una herencia chilena. Este último pertenece a la esfera familiar y se inclinaría mas bien hacia los sentimientos, los sentidos y las relaciones humanas percibidas como ricas y cálidas: estos jóvenes estarían constituidos por “lo mejor del espíritu francés y de la naturaleza chilena“. Estas dos herencias adquiridas, complementarias, se mezclan entonces, y algunos de los hijos de la migración evitan todo conflicto de identidad,  declarando ser, simplemente, “ciudadanos del mundo“.

    El “caso Pinochet” revaloriza la figura del exiliado chileno. Durante el caso, los hijos se sienten y se definen chilenos, aunque al interior del grupo comunitario se diferencien de sus mayores: renegociada, la identidad problemática es, entonces, resuelta en el grupo de pares. Juntos, los hijos de refugiados se sienten y se definen como hijos del exilio, como el “fruto de todo eso“, pequeños chileno-franceses o franco-chilenos, nacidos de lo político, a caballo de la migración.

    De esta forma,  toman sentido las historias familiares que los han conformado en lo que son hoy día. La memoria, despersonalizada, puede inscribirse en un movimiento colectivo de redefinición de los sentimientos de pertenencia y de los lazos que con ella existen, volviéndose historia, una historia en la que ellos tienen el sentimiento de participar. Su fuerte compromiso en la movilización es una afirmación de esto, una reafirmación, vista por los padres y por el entorno como una afiliación voluntaria a esta historia y de la que se apropian según sus dobles referentes socio-culturales. 

    A lo largo del “caso Pinochet”, el teatro imaginario se vuelve real. La transmisión efectiva de la memoria familiar que entra en juego y la acción colectiva permiten que los hijos habiten este teatro. Actores a cien por ciento de la movilización y progresivamente reconocidos y respetados por sus mayores, los hijos “crecen” y retoman la bandera de la militancia familiar, viviendo a su turno, un formidable movimiento social. Es justamente la apropiación de la memoria colectiva y familiar lo que puede constituir al sujeto, un sujeto libre, actuando sobre el presente[31] y no invadido o aplastado por su pasado ni por su herencia.

    Así, como las imágenes de un calidoscopio se hacen y deshacen indefinidamente, dibujando nuevas formas y figuras, conservando siempre los mismos materiales, podemos representarnos el objeto memoria. Fluida, en constante cambio pese a su carga traumática, la memoria del exilio chileno evoluciona en el tiempo, marcada por los distintos acontecimientos que tiene lugar tanto en la comunidad como en las familias y en los corazones, unida por los lazos comunitarios, también cambiantes. De esta manera, el “caso Pinochet” ha venido a efectuar un giro de 180 grados sobre la situación del “entre-deux” vivida por los refugiados chilenos en su fase de post-exilio, y a cuestionar profundamente las relaciones atormentadas que estos mantenían con la memoria colectiva y familiar del exilio y de la violencia. El “caso Pinochet” actúa en esto como una crisis reveladora, disparadora y cristalizadora[32], revelando hasta que punto la memoria es un proceso dinámico en constante movimiento de composición, descomposición y recomposición. z

    [1] Expresión  que se relaciona con el « affaire Dreyfus » (que pasó en Francia al principio del siglo XX), es decir como un evento tanto jurídico, que mediático, que social, que político y que dividió la sociedad chilena como lo hizo l’affaire Dreyfus con la francesa…

    [2] En este período, fueron realizadas dos investigaciones acerca de la construcción social de la memoria y de su transmisión en el seno familiar. Las personas entrevistadas pertenecen a 20 familias de refugiados en París y las ubico socialmente en la clase media, por su capital cultural, económico y social. Estas personas, que eran mayoritariamente estudiantes universitarios y militantes de la izquierda revolucionaria chilena, dejaron su país en la década del 70. Los integrantes de las parejas, de origen chileno, fueron entrevistadas individualmente, así como sus hijos que en ese momento tenían entre 17 y 30 años y que cursaban sus estudios superiores o ejercían un trabajo en puestos de responsabilidad.

    [3] Fanny Jedlicki, Mémoires d’exil : quels héritages ? Trajectoires familiales de réfugiés chiliens, de l’Unité Populaire à l’affaire Pinochet, tesis de “maîtrise” de Etnologia, Universidad Paris V-la Sorbonne, 1999 ; Les mosaïques de la mémoire. Mémoires et violences de l’exil chilien. Tesis de DEA (pre-doctorado) de Sociologia, Universidad Paris VII-URMIS, 2000.

    [4] Marie-Claire Lavabre, Le fil rouge. Sociologie de la mémoire communiste. Presse de la FNSP, Paris, 1994.

    [5] Maurice Halbwachs, Les cadres sociaux de la mémoire, Albin Michel, Paris (primera edición 1925), 1994, p. 329.

    [6] Concepto desarrollado por Levi-Strauss y Roger Bastide que aluden a la acción, intelectual y simbólica, de los actores sociales, para articular los distintos elementos (por ejemplo, de dos culturas). El término francés “bricolage” tiene una buena traducción en la metáfora del patchwork.

    [7] Al final de la dictadura, se cuentan aproximadamente 4 000 asesinatos políticos, cerca de 2 000 detenidos-desaparecidos y entre 300 000 y 400 000 detenciones y casos de tortura.

    [8] Antonia Garcia Castro, La mémoire des survivants et la révolte des ombres. Présences du phénomène de disparition dans la société chilienne (1973-1995), tesis de “maîtrise” IEP-Paris, 1995.

    [9] Este sentimiento es uno de los objetivos de la represión : el sistema de la tortura necesita sobrevivientes, que puedan atestiguar el horror frente a los miembros de la sociedad, para que ellos adivinen, sin realmente saberlo, qué le pasa a los opositores. Es uno de los medios con los que se construye un verdadero Estado de terror.

    [10] Ana Vásquez ; Ana-Maria Araujo, Exils latino-americains : la malédiction d’Ulysse, CIEMI-L’Harmattan, 1988.

    [11] Jorge Semprún ; Elie Wiesel, Se taire est impossible, Ed. Mille et Une Nuits, 1995, p. 17.

    [12] Pese a la dificultad de contabilizar el número exacto de exiliados se estima que, entre 1973 y 1989, unos 500.000 a un millón de chilenos, aproximadamente, han abandonado voluntariamente su país. Según la embajada de Chile en Paris, entre 10. 000 y 15. 000 chilenos habrían residido en Francia en este período. Estos refugiados provienen, en su mayoría, de la clase media chilena, con un alto nivel de educación. Sin embargo, pese a la heterogeneidad social existente en esta comunidad, de acuerdo a los datos conocidos por esta embajada, entre el 30 y el 40% de esta población habría vuelto a Chile.

    * Citar a primo Levi

    [13] La orden de detención internacional librada por el juez Garzón habla en términos de “crímenes de lesa humanidad”; estas palabras, si bien son abandonadas por los jueces, son ampliamente retomadas por los medios de comunicación masiva durante todo el caso.

    [14] Evidentemente no es mi intención juzgar la (re)construcción de la democracia chilena, que puede ser comprendida históricamente. Seguramente Francia tiene una historia diferente y ahora es justamente desde este país, en el que los refugiados han cambiado y adquirido, durante el exilio, otros códigos de análisis y otras expectativas (sociales, económicas, culturales y políticas), que éstos evalúan la situación chilena.   

    [15] Roger Bastide, “Mémoire collective et sociologie du bricolage”, L’Année sociologique, vol. 21, 1970.

    [16] Paul Ricoeur, Evènement et sens, en L’Espace et le temps. Actes du XXIIeme Congrès de l’Association des sociétés de philosophies de langue française (Dijon, 29-31 août 1988), Vrin, 1990, p.19. 

    [17] Un grupo de exiliados chilenos participa en las elecciones presidenciales chilenas de 1999, pensando contar con el apoyo de la población (este apoyo se demostraría prácticamente inexistente). Gracias al rol que habían jugado durante el “caso Pinochet”. Hasta continúan soñando con una sociedad chilena inspirada en la Unidad Popular.

    [18] De hecho, frente a la ausencia de una Historia científica, oficial y reconocida como tal, es el mito, con acentos siempre legendarios, que toma su lugar. 

    [19] Las identidades etnicas, de hecho, se construyen siempre en la interacción : Fredrik Barth, “Les groupes ethniques et leurs frontières” (trad. al francés, 1ª edición en ingles 1969), en Poutignat Ph. Y Streiff-Fenart J., Théories de l’ethnicité, Paris, 1995, pp.203-249.

    [20] Véronique Nahoum-Grappe, “L’usage politique de la cruauté : l’épuration ethnique (ex-Yougoslavie, 1991-1995)”, pp. 275-323, en Françoise Héritier (dir.), De la violence, Odile Jacob, Paris, 1996, p.282.

    [21] Esto no es una ley general; durante la investigación he encontrado casos extremos, en los que pudo haber un casi total ocultamiento de la historia paterna o, al contrario, una intensa participación de los hijos en la historia de sus padres.

    [22] Vincent de Gaulejac, L’histoire en héritage. Roman familial et trajectoire sociale, Desclée de Brouwer, 1999.

    [23] Martine Ulriksen-Vignar, “La transmission de l’horreur » en Jeanine Puget (dir.), Violence d’état et psychanalyse, Bordas, Paris, 1989, p. 124.

    [24] Las experiencias traumáticas son reales en los hijos de los sobrevivientes, a pesar de que no hayan vivido realmente las causas de dicho traumatismo en Nathalie Zadje, Souffle sur tous ces morts et qu’ils vivent ! La transmission du traumatisme chez les enfants de survivants de l’extermination nazie, Ed. La Pensée Sauvage, 1993, pp. 87-88.

    [25] Anne Muxel-Douaire, “Chronique familiale de deux héritages politiques et religieux”, en Cahiers internationaux de sociologie, vol. 82, PUF, 1986.

    [26]Cabros y viejos” son las denominaciones con las que las dos principales generaciones que han protagonizado esta lucha, se llamaban una a otra.

    [27] L’A MICRO, el nombre de la asociación, hace referencia a lo micro como a algo chico, en contraste con los adultos ; hace referencia también al MICRO-fono como símbolo de la palabra tomada públicamente por este grupo y a las micros de Santiago, lo que le confiere, por un lado, un carácter mas chileno en relación a los dos primeros términos existentes en francés y significando lo mismo, y por otro simbolizando la “subida al camino del compromiso”.

    [28] Augustin Barbara, Les couples mixtes, Bayard, 1993, p.207.

    [29] Camille Camilleri ; Joseph Kastersztein el all., Stratégies identitaires, PUF, Paris, 1997.

    [30] Isabel Taboada-Leonetti, “Stratégies identitaires et minorités : le point de vue du sociologue”, en C ; Camilleri et all., idem, pp.68-69. Hay que decir que los jóvenes franceses de origen magrebi que habitan los barrios populares de Francia son victimas de un fuerte racismo institucional y social, siendo identificados como delincuentes.

    [31] Jacques Hassoun, Les contrebandiers de la mémoire, Syros, Paris, 1994.

    [32] Edgar Morin, “Principes d’une sociologie du présent”, en La rumeur d’Orléans, Seuil, 1969.

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    A juzgar por la injusticia latente, la pinche “reconciliación” no fue sino una forma de garantizar mucha impunidad. El caso del asesinato del periodista Augusto Carmona es la prueba flagrante…

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    Augusto Carmona

    Augusto Carmona y la justicia ¿sólo por hoy?


    Por Lucía Sepúlveda Ruiz


    En los mismos días aciagos de junio en que con la venia de la Corte Suprema volvían a las calles cinco criminales de lesa humanidad, la Corte de Apelaciones confirmó seis de las siete condenas impuestas por el ministro Leopoldo Llanos a los responsables del asesinato por la espalda de Augusto Carmona Acevedo, ocurrido el 7 de diciembre de 1977.

    El padre de mi hija Eva María, mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial, era un alto dirigente del MIR, periodista, ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de Punto Final. El crimen fue presentado en los medios como un enfrentamiento.

    Mi hija Eva María Carmona y yo, recibimos la sentencia con sentimientos contradictorios, valorando sobre todo que la Corte no rebajó las condenas de 10 años y un día a los principales inculpados: Miguel Krassnoff, Manuel Provis, Enrique Sandoval, José Fuentes, Luis Torres y Basclay Zapata, aunque exculpó a la agente Teresa Osorio, también agente de la CNI.

    No nos sentimos con ánimo de celebrar nada, pero atesoramos las expresiones de aprecio y cariño recibidas tras el fallo judicial. Habíamos esperado un año y medio desde el fallo de primera instancia en la demanda contra Augusto Pinochet y quienes resultaren responsables. El genocida general no pagó por ningún crimen. Y el más importante procesado, Odlanier Mena, jefe de la CNI, eludió una segura condena por este asesinato, suicidándose.

    En la historia sin fin de espera por justicia, la Corte Suprema puede tomarse quizás otro año y medio. Pero, ojo: hay genocidas que ya abandonaron Punta Peuco, premiados por no colaborar jamás con la justicia. Estas decisiones impresentables no se conocen, en medio de una agenda social copada por la incesante represión con que el Estado encara el movimiento social estudiantil y la lucha mapuche; por los escándalos de la corrupción, los desastres ambientales y el clamor de territorios devastados por el extractivismo.

    Cuando conozcamos el fallo definitivo, Krassnoff y sus secuaces estarán más viejos y podrían acogerse a los llamados “beneficios carcelarios”. ¿Cómo celebrar ahora, cuando el poder corrompe al extremo de generar alianzas espurias entre la UDI y senadores de la Nueva Mayoría?

    Es el nuevo truco con el que la Corte Suprema (con Dolmetsch a la cabeza), coludida con Bachelet, parlamentarios (por la Nueva Mayoría Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta, Tuma), un sector de la jerarquía eclesiástica (el jesuita Montes y el obispo Goic), y las fuerzas armadas están imponiendo con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado Nunca Más y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos.

    El 15 de junio, el abogado de Krassnoff reivindicó ante la Corte su actuar como CNI contra el “terrorismo”. Los genocidas no se arrepienten ni han sido degradados. No les bastó tener atención médica en el Hospital Militar, ni cárcel especial ni pensión millonaria y costosos abogados. Quienes aplicaron el terrorismo de Estado son hoy reos privilegiados en el sistema carcelario.

    Sin embargo el libreto oficial invierte el razonamiento lógico y los victimiza, en un novedoso montaje que incluye enmascarar el “perdón” como si este se extendiera a una inexistente lista de reos comunes de avanzada edad y condiciones similares.

    ¿Cómo celebrar esta sentencia esperada durante 39 años, durante los cuales fallecieron los padres de Augusto? Sus dos hijas, Eva y Alejandra, han debido reconstruirse emocionalmente frente a la ausencia paterna y la indiferencia del Estado. Hoy la impunidad se cuela mostrando la falsedad del perdón farfullado una vez por algún juez. El movimiento de derechos humanos atajó los más diversos proyectos de ley orientados a exculpar a los criminales, y sigue bregando por justicia.

    Según cifras oficiales, sólo 344 criminales han sido condenados con sentencia ejecutoriada. Más de la mitad de ellos, (181) tuvo penas alternativas como ir a firmar a una comisaría. A diciembre de 2015, permanecían en Punta Peuco sólo 110 agentes de un total de 117 que cumplían prisión. Es paradojal que en Estados Unidos un fallo responsabilice a Pedro Barrientos por el homicidio de Víctor Jara, mientras en Chile no hay siquiera gotas de justicia para centenares de casos de ejecutados y desaparecidos.

    Exigimos justicia, por “el Pelao Carmona” y por todos los caídos, pero también por las nuevas generaciones que luchan por un Chile diferente, junto a las organizaciones de derechos humanos y movimientos sociales conscientes. El cierre de Punta Peuco y el traslado de los criminales de lesa humanidad a cárceles comunes es una tarea urgente. La degradación de los criminales de lesa humanidad, y el fin del grotesco chorreo de impunidad que salpica nuestra ya cuestionada democracia, son imperativos éticos que de no ser realizados envilecerán aun más a la clase política y la institucionalidad.


    (columna publicada originalmente en Punto Final Nº 855, el 8 de julio, con el título “Augusto Carmona demanda justicia”).

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