Salir del gueto.A 43 años del montaje: Las 19 mujeres víctimas de la Operación Colombo

DestacadoSalir del gueto.A 43 años del montaje: Las 19 mujeres víctimas de la Operación Colombo

Salir del gueto.

Adriana Goñi Godoy

22 de julio de 2018

 Ayer, en el homenaje a los 119 compañeros desaparecidos, Lucía Sepúlveda planteó lo siguiente: instalar en el presente de las luchas feministas a las 19 mujeres caídas en esta operación. Ellas fueron militantes sociales que son raíz de las muchas luchas históricas de las mujeres, continuando una lucha ininterrumpida de distintos sectores de mujeres que hoy confluyen en el movimiento feminista que ha remecido el país. No podemos suscribir esta lucha a los sectores universitarios sin ligarlo a la permanente lucha de otros sectores de mujeres- trabajadoras domésticas, temporeras, funcionarias, campesinas, originarias, diversidad sexual, pobladoras, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, artistas, mujeres exiliadas, militantes… .

La memoria nuestra está en un gueto formado por los familiares, sobrevivientes, compañeros. Nuestro deber es des encapsularla y traspasarla al conjunto de la sociedad, que fue afectada transversalmente por las violaciones a los derechos humanos. Las secuelas de la dictadura y la post dictadura afectan hasta el presente a los diversos sectores que componen el tejido social. El sistema implantado a partir del Golpe de Estado y mantenido en la transición es estructuralmente violador de los derechos sociales, culturales y económicos del conjunto de la sociedad. No es posible invisibilizar este hecho si defendemos los derechos humanos. Nuestros compañeros fueron luchadores sociales y dieron su vida por construir una sociedad más justa. En la Operación Colombo, asesinaron a 19 mujeres jóvenes que militaban en distintos sectores apoyando, construyendo, creando espacios de participación y lucha y 100 compañeros que abrazaron igualmente la causa de los pobres del campo y la ciudad. La sociedad del presente debe conocer sus luchas e integrarlas a las luchas del presente. —

Esta lucha es transversal y tenemos la capacidad de darla en todos los espacios, utilizando todas las armas que hoy tenemos. .

A 43 años del montaje: Las 19 mujeres víctimas de la Operación Colombo

“Exterminados como ratones”, tituló el 24 de julio de 1975 el diario La Segunda. Aquí la historia de las 19 mujeres detrás de ese montaje, las 19 desaparecidas de la Operación Colombo.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz / 24.07.2018

Agentes del Estado ejercieron violencia sexual política extrema sobre diecinueve prisioneras políticas detenidas en la Operación Colombo. Resistieron hasta su ignoto final estas mujeres de los años 70, libres, solidarias, que vivían el amor y la militancia política a fondo. 

Colombo fue -lo sabemos ahora- un mensaje colonizador en clave de género, un espejo del terror, dirigido también a las mujeres de esos tiempos. Porque estas mujeres eran autónomas, comprometidas con su tiempo, insurrectas, valerosas, alegres y se sentían dueñas de su destino.

La más joven de ellas, María Isabel, tenía 19 años y las dos mayores, 34 a la fecha de su detención. Trece de ellas tenían menos de 25 años y el resto, no llegaba a los 30. Sus nombres, junto a los de otros 100 varones detenidos, figuraron en listas publicadas por La Segunda y por medios de Brasil y Argentina, afirmando que 119 chilenos y chilenas habían sido exterminados “como ratones” por sus propios compañeros de lucha (titular del vespertino La Segunda del 24 de julio de 1975).

La mayoría de las detenidas en este episodio represivo era de Santiago, pero algunas venían de Isla de Maipo, Chillán o Temuco, y eran estudiantes universitarias, obreras, o funcionarias públicas. Militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dieciocho de ellas, y una pertenecía a las Juventudes Comunistas. Había una compañera embarazada, y cuatro eran madres de niños muy pequeños.

Desaparecieron entre 1974 y 1975, en la Operación Colombo, un montaje mediático con que la DINA buscó paralizar a quienes luchaban contra la dictadura, teniendo como blanco preferente al MIR. Antes de arrojarlas al mar, a un volcán o a una fosa sin nombre, los agentes represivos ejercieron en todas ellas violencia sexual y tortura en las más atroces formas imaginables, incluyendo el uso de inyecciones de pentotal para quebrantarlas, de animales amaestrados para vejarlas, y violándolas frente a sus parejas y seres queridos. Las sobrevivientes, sus hermanas, han testimoniado en tribunales en detalle, la violencia sexual que presenciaron y vivieron. Ni a las desaparecidas ni a sus compañeras –organizadas como “Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” –  lograron someter los criminales. Las prisioneras, privadas de todo contacto con el exterior,  se apoyaban, cuidaban  sus heridas, lloraban, cantaban, tejían pulseras con astillas, se contaban historias,  recetas y poemas; intercambiaban ropas, ideaban códigos secretos para protegerse cuando las separaban, y seguían resistiendo.

Once fallos

En el caso de Jacqueline Binfa, el fallo a firme exculpó en 2009 a todos los agentes de la DINA, estableciendo la prescripción total del delito de secuestro. Este año 2018, la Corte Suprema sólo dictó dos fallos definitivos en el caso de las compañeras, con lo que se elevó a once la cifra de fallos emitidos por esa corte por las 19 desapariciones ya citadas de la lista de los 119, ocurridas hace 43 años.

Las tardías penas de los últimos años varían entre los 6 y los diez años para los perpetradores, casi siempre los miembros que quedan vivos de la plana mayor de la DINA encabezada por el ex generalManuel Contreras, en línea directa con Pinochet, y secundada por la brigada Halcón, cuya presa de caza eran los miembros del MIR. Al mando de Halcón estaba el ex brigadier de Ejército Miguel Krassnoff  Marchenko, uno de los que ahora espera cumplir sus múltiples condenas en la comodidad de su hogar. También han sido condenados el ex brigadier Pedro Espinoza (segundo al mando de la DINA y jefe en Villa Grimaldi); el ex general Raúl Iturriaga (subjefe de la DINA y responsable del departamento exterior que armó la Operación Colombo en Argentina, Brasil y otros países), el ex oficial de carabineros Ciro Torré (jefe del recinto Ollagüe de José Domingo Cañas); Francisco Ferrer (Comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y miembro de la Brigada Caupolicán); Orlando Manzo, ex oficial de gendarmería (jefe de Cuatro Alamos). También hubo condenas para el ex general de Ejército César Manríquez (jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y luego de Villa Grimaldi), para Nelson Paz (suboficial de ejército  y agente DINA), Manuel Carevic, ex coronel de Ejército (miembro de la DINA), Risieri del Prado Altez, ex detective, (DINA) y Hugo Hernández, ex detective de la Venda Sexy, entre otros.

En algunos casos como el de María Angélica Andreoli, sólo fue condenada la cúpula de la DINA y los agentes ejecutores de las torturas y violaciones resultaron absueltos.

Siete de los 19 casos de las mujeres detenidas en la Operación Colom​b​o aún están en la Corte de Apelaciones o son de primera instancia. Y hay un caso, el de Violeta López en que ni siquiera hay procesados. En los once casos que la sentencia ha castigado en distinto grado a los criminales, lo ha hecho por secuestro. Sin embargo, la violencia sexual como forma específica de tortura, ha sido ignorada en los fallos. El Colectivo 119 de Familiares y Compañeros de los desaparecidos y desaparecidas en ese episodio represivo, junto a los abogados y otros colectivos de derechos humanos, ha luchado incesantemente por la justicia y la memoria. Por otra parte, una querella interpuesta en 2014 por mujeres sobrevivientes, se enfoca en el delito específico de violencia sexual política cometida en su contra, así como los efectos en las víctimas.

Ninguno de los condenados ha entregado  información que permitiera encontrar los restos de las detenidas. Todos los perpetradores conservan su grado militar, su pensión y granjerías como miembro de las Fuerzas Armadas, muy superior a las ínfimas jubilaciones que perciben los ciudadanos chilenos. El ejército pagó los gastos de su defensa legal, que por décadas logró prolongar los juicios y en varios casos ha significado la impunidad biológica, por muerte de los inculpados.

En total,  respecto de la lista de los 119 desaparecidos, la Corte Suprema ha dictado 56 sentencias a firme, de las cuales 45 fallos (cinco dictados en 2017/2018) corresponden a los varones desaparecidos en la Operación Colombo. Es decir, en menos de la mitad de los varones desaparecidos ha habido justicia. Uno de esos fallos (en 2016), en el proceso por el secuestro de Rodolfo Marchant, absolvió por muerte a Augusto Pinochet –que solo llegó a estar procesado por ese y otros casos- y también al ex mayor Marcelo Moren Brito (jefe de Grimaldi en un período) y a Manuel Contreras, el criminal director de la CNI, los tres únicos reos en la causa.

Para la ola feminista

Aquí presentamos finalmente, en orden alfabético, un breve fragmento de esas 19 vidas de mujeres chilenas –una de ellas de origen mapuche- que los torturadores segaron y quisieron borrar. Sus biografías están algo más desarrolladas en “119 de nosotros” (Lucía Sepúlveda, LOM, 2005), sin embargo es relevante traerlas ahora de vuelta al corazón y a la memoria, para entregarlas con amor a las nuevas generaciones de jóvenes luchadoras sociales y feministas.

1. María Inés Alvarado Borgel
Tenía 21 años cuando la detuvieron, el 17 de julio de 1974. Era secretaria y había estudiado en el Liceo Manuel de Salas. Militaba en el MIR. Antes del golpe, formaba parte de equipos que trabajaban con las pobladoras de la Nueva La Habana, una toma de terrenos, para tocar temas como violencia familiar, y hacer educación política. En dictadura, cumplió una de las tareas de mayor riesgo, invisibilidad y responsabilidad: ser enlace de su pareja, Martín Elgueta. Él era dirigente medio del MIR y se contactaba con Hernán Aguiló, otro dirigente. Martín fue detenido 2 días antes. María Inés fue torturada para que revelara el paradero de Aguiló. Los agentes la llevaron a casa de sus padres y montaron allí una ratonera esperando que llegaran otros resistentes. Su madre vio las huellas de la tortura y las marcas de las quemaduras y torturas sexuales en su hija. Sin la fortaleza y coraje de compañeras como María Inés, la resistencia no habría sido posible.

2. María Angélica Andreoli Bravo
Fue detenida en su casa de calle Bilbao, el 6 de agosto de 1974. Tenía 27 años y era del MIR. Antes del golpe estudiaba en la Universidad de Talca. Iba a ser nutricionista. Pero tras el golpe militar interrumpió sus estudios y entró a trabajar de secretaria en Sigdo Coppers. Trabajaba en el equipo de apoyo a la Comisión Política del MIR, y a Miguel Enríquez, su secretario general. Fue entregada por una delatora, Marcia Merino. Los agentes la llevaron al centro clandestino de detención ubicado en Londres 38, donde otras prisioneras escucharon su voz por varios días, resistiendo.

3. Jacqueline Binfa Contreras
Militante del MIR fue detenida el 27 de agosto de 1974, cuando tenía 28 años. En la calle la entregó Marcia Merino, la Flaca Alejandra. Había cursado la secundaria en el Colegio San Gabriel, donde era una adolescente rebelde, muy crítica de su medio social. Como era de ideas de avanzada, discutía con su mamá, que era viuda y trabajaba en el Hospital Militar. Estudió Trabajo Social en la Universidad de Chile. Sus compañeros de la U la recuerdan como una estudiante comprometida y totalmente entregada a sus actividades en el frente poblacional, en San Bernardo.  Fue torturada en los centros clandestinos de detención de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Cuatro Álamos. Pero no hay un solo detenido por su secuestro, violencia sexual y desaparición. La Corte Suprema determinó en 2009 que todos los delitos estaban prescritos.

4. Carmen Bueno Cifuentes
Actriz de cine, tenía 24 años cuando la detuvieron el 29 de noviembre de 1974. Había estudiado en el Liceo 1 de Santiago, y vivió en el barrio República. Era la tercera de cinco hermanos. Su hermana la describe como una mujer que fue libre en el amor, y en sus relaciones, sin convencionalismos, tabúes sexuales ni dobleces. Una amiga cuenta que era “cabezona, medio existencialista y leía libros sobre la mujer”. Carmen había actuado en “La Tierra Prometida”, del director Miguel Littin. Ella y su pareja, el camarógrafo Jorge Müller fueron obligados a subir a una camioneta y llevados a Villa Grimaldi. Ambos militaban en el MIR y participaban del Frente de Trabajadores Revolucionarios de Cine. Se enamoraron locamente mientras se filmaba la película “A la Sombra del Sol”, de Silvio Caiozzi, donde Carmen fue la productora. La pareja fue torturada en Villa Grimaldi y en Cuatro Álamos. Se apoyaban gritándose su amor mientras permanecían detenidos.

5. María Teresa Bustillos Cereceda
Militante del MIR, tenía 24 años cuando la detuvieron el 9 de diciembre de 1974. Faltaban sólo unos días para la fecha en que debía rendir su último examen para recibirse en Trabajo Social en la Universidad de Chile. Durante el gobierno de Salvador Allende, participó del Tren de la Salud, organizando la atención de los pacientes de lugares apartados del país que requerían atención médica. Hasta hoy la recuerdan otros participantes de esa experiencia, porque “ su cabellera cobriza le confería un aura de luz” y por la impecable organización allí desplegada por ella. Era dirigenta, pero también enlace de Hernán González, quien detenido previamente, entregó el local donde ella revelaba fotos, copiaba microfilmes y estudiaba mapas de la ciudad para fijar los puntos de contacto que les permitirían comunicarse con miembros de la organización. Fue llevada a Villa Grimaldi, torturada y vejada para luego desaparecer definitivamente.

6. Sonia Bustos Reyes
Militante del MIR y cajera en el Servicio de Investigaciones (la actual PDI), tenía 30 años cuando fue detenida en su casa del barrio Brasil, el 5 de septiembre de 1974. Su padre, que falleció tempranamente, estuvo preso en Pisagua en tiempos de González Videla. Estudió en el Instituto Superior de Comercio. La familia recuerda que en sus trabajos anteriores en un hotel y una inmobiliaria, no aceptaba ningún abuso de los patrones, y siempre luchó por dignificar la vida del pueblo. Su hermana Rosa, detenida junto a ella al igual que su novio Carlos, sobrevivió, y cuenta que Sonia era coqueta desde chica, y le gustaba arreglarse y diseñar su propia ropa. También escribía poemas y pintaba. Por su trabajo, ella recibía información sobre gente que la DINA buscaba, y lo hacía  llegar a la Resistencia para que se protegieran. Sonia trabajaba políticamente junto a un detective, Teobaldo Tello y a una funcionaria, Mónica Llanca. Todos están desaparecidos.

7. Cecilia Castro Salvadores
Tenía 24 años, una hijita de dos, Valentina, y un marido, Juan Carlos Rodríguez, cuando a ambos los detuvieron en su departamento el 17 de noviembre de 1974. Ella estaba en cuarto año de Derecho de la U, había sido seleccionada chilena en voleibol  y campeona nacional  en el liceo 1, donde estudió. En su familia había un historial de mujeres luchadoras. Su abuela paterna fue una de la primeras  sufragistas  y la primera mujer que firmó las filas del partido Radical. Cecilia militaba en el MIR donde hizo activismo participando en las tomas de fundo en Linares con el Movimiento Campesino Revolucionario, y haciendo alfabetización a las mujeres campesinas del lugar. Su grupo, tras ser desalojada la toma, fue a parar  a la cárcel de Parral  y liberado gracias a gestiones del Presidente Allende. Cecilia se casó  muy poco después de ese episodio con Juan Carlos, también mirista, en febrero de1972. La pareja fue torturada en José Domingo Cañas y luego Cecilia fue llevada a VillaGrimaldi. Una sobreviviente relata acerca  de  su dignidad en ese lugar.

8. Muriel Dockendorff Navarrete
Tenía 23 años cuando la detuvieron, el 6 de agosto del 74. Era mirista, y al igual que su marido, había sido dirigente estudiantil en la escuela de Economía de la U de Concepción, aunque venía de Temuco. En los años previos había participado en trabajos voluntarios en comunidades mapuche, alfabetizando y conversando sobre el derecho a organizarse y recuperar la tierra usurpada. Sus amigas de la época de universidad la recuerdan como una militante rigurosa, pero también saben de sus poemas y su cercanía al arte. A Muriel le gustaba bordar y daba toques muy personales a la casa en que vivía en Laguna Redonda, en Concepción. En prisión, cantaba canciones de amor y quería saber de Juan su marido, preso como ella. La entregó Marcia Merino. Como María Angélica Andreoli, pertenecía al  equipo de apoyo a la Comisión Política del MIR y a su secretario general, Miguel Enríquez. Gloria Laso, sobreviviente, cuenta que Muriel soñaba con reencontrarse con Juan cuando la pesadilla acabara, e irse a vivir al sur, donde “viviría en una casita de madera en medio de un bosque de mañíos y araucarias, y le pondría a sus niños nombres de héroes y de quienes habían caído luchando en pos de sus sueños”.

9. Jacqueline Drouilly Yurich
Tenía 24 años y un embarazo de 4 meses, cuando fue detenida en Santiago el 30 de octubre de 1974. Pocas horas después, en otro  lugar cayó detenido su marido, Marcelo Salinas. Miguel Enríquez ya había caído en combate el 5 de octubre, y ahora la DINA seguía buscando a su sucesor en la dirección del MIR, Andrés Pascal Allende. La pareja de militantes del MIR se había casado en agosto y luego de la fiesta con la familia y amigos, Jacqueline bromeaba mostrando las sábanas color púrpura, “de obispo”, conguardas blancas que había cosido cuando comenzó a vivir con Marcelo.

Ellos formaban parte de los equipos que realizaban tareas al interior de la estructura de Informaciones, directamente ligada a la dirección del MIR. Jacqueline era la mayor de cuatro hermanas y vivió su niñez y adolescencia en Temuco.  Estudió Trabajo Social, en la U de Chile. Pero como también tenía inclinaciones artísticas estudió dos años de Teatro en Santiago, cuando se trasladaron allí. Después del golpe, sus padres le ofrecieron apoyarla para irse a Europa. Pero ella y Marcelo rehusaron, argumentando que los  pobladores y los trabajadores no podían irse, y “vamos a aguantar” como ellos. Sabían los riesgos, pero también sabían que su partido y el pueblo los necesitaban. En prisión, en Cuatro Alamos, Jacqueline  se las arreglaba para comunicarse con Marcelo usando un espejo, y alegraba a sus compañeras contando historias y chistes.

10. María Teresa Eltit Contreras
Tenía 22 años y estudiaba secretariado. Militaba en el MIR. Fue detenida el 12 de diciembre de 1974, pocos días después de la detención y muerte en tortura de José Bordaz, jefe militar del MIR, con quien trabajaba como su enlace. Su militancia venía desde los tiempos en que era estudiante secundaria  y pertenecía a la FESES, Federación de Estudiantes Secundarios. En prisión se reencontró con una compañera de esa época, sobreviviente, que la  describe como  “impulsiva, enamorada y muy comprometida”  con los objetivos de su partido. Otra amiga la recuerda haciendo trabajo político en los campamentos “Patria o Muerte “y “Venceremos” de la comuna de  La Granja, surgidos de tomas de terreno. María Teresa fue torturada en la parrilla muchas veces, sin embargo otras presas recuerdan que era quien recibía y consolaba a quienes pasaban luego por ese mismo trance. Ante las otras compañeras manifestaba también su dolor por el desamparo en que había quedado su madre que era viuda y trabajadora del área de la salud.

11. María Elena González Inostroza
Tenía 22 años cuando fue detenida en Santiago, el 15 d agosto de 1974. Era mirista y hasta el golpe había sido Directora de la escuela N° 18 del fundo El Calabozo, de Chillán. Hija de campesinos, había sido la mejor  alumna de su carrera, titulada con distinción como profesora de educación básica en la U de Chile de Chillán. La persecución en esa región fue intensa. La casa de sus padres fue allanada 17 veces. Ella y su hermano Galo se trasladaron a Santiago y fueron detenidos en su departamento junto a otros tres compañeros y el hijo de 5 meses de una de ellas. Del extraordinario temple de María Elena en los campos de concentración testimonia una sobreviviente: “Sabía de cocina chilena y de empanadas. Todo lo medía en platos hondos. Me dijo impertérrita que la estuvieron torturando 36 horas en la parrilla”. Era capaz de reírse de todo, con un humor  negro a prueba de las circunstancias.

12. María Isabel Joui Petersen
Marisa, de 19 años, estudiaba economía en la Universidad de Chile. Fue detenida el 20 de diciembre de 1974. Era la única mujer de un hogar tradicional, en que sus dos hermanos y su padre eran uniformados. Ella llegó al compromiso político desde la vertiente cristiana, ya que fue miembro de la Juventud de Estudiantes Católicos JEC, donde entendió el cristianismo como lo explicaba  la teología de la liberación: compromiso con  la lucha por liberar a los oprimidos y construir un mundo mejor. Fue presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 3, cuya directiva participaba en las reuniones de la FESES.Así fue como Marisa llegó al FER y más tarde comenzó a formar parte  de la Brigada Secundaria del MIR. Lecturas políticas del Ché y Bakunin, lucha callejera, tomas, huelgas, protestas frente a la embajada de Estados Unidos en el Parque Forestal así como la venta del periódico mirista El Rebelde a la entrada de las fábricas y antes de entrar a clase, eran parte de su vida. En esos tiempos surgió la inquebrantable amistad con María Teresa Eltit y con María Alicia (sobreviviente) quien recuerda que a Marisa le gustaba escuchar a Cat Stevens, a Creedence ClearWaterRevival y a Quilapayun. Con sus amigas celebró Marisa en la Alameda la noche del triunfo del Presidente Allende. Y en los trabajos voluntarios se enamoró de Renato Sepúlveda, estudiante de medicina, también del MIR.  Se casaron en diciembre del 73, cuando poco quedaba del mundo en que habían vivido. La dictadura había cerrado su escuela, pero ambos siguieron en la resistencia. El trío de amigas después compartió prisión y tortura. Con hilos de una frazada y astillas tejieron  pulseras que prometieron llevar siempre consigo.

13. Mónica Llanca Iturra
Tenía 23 años, un hijo de 2 años, Rodrigo, y un marido cuando la detuvieron el 6 de septiembre de 1974. Era funcionaria del Gabinete Central de investigaciones, y pertenecía a una red clandestina que proporcionó células de identidad a la resistencia. Trabajó junto a Antonio Tello y Sonia Bustos. A lo largo de 6 meses, logró traspasar cartolas de cédulas en blanco para la elaboración de nuevas células de identidad destinadas a los perseguidos dirigentes miristas que no podían pasar los controles callejeros. Mónica estudió en el Liceo 15 de calle Santo Domingo y vivía en el barrio Carrascal, donde conoció a Manuel. Se casaron en 1971 y compartieron el entusiasmo de los años de la Unidad Popular y los cambios que el país vivía. Mónica iba las concentraciones y las marchas, leía con Manuel la revista Punto Final y  El Rebelde, y en una carta a una amiga,  le preguntaba si encontraba que Allende era en verdad el Salvador de Chile. Manuel trabajaba en Cemento Polpaico, que había sido intervenida, y estudiaba de noche en la USACH, entonces Universidad Técnica del Estado. Eran una familia feliz y llena de esperanza, habían montado una casilla de madera en el patio de la casa de la hermana de Mónica. Manuel quedó cesante tras el golpe y vivieron días difíciles, sustentando ella sola el hogar. Una compañera de trabajo la describe como “alegre, vivaz, confiada y confiable. En el casino siempre nos hablaba con mucho amor de Manuel y de su hijito Rodrigo.”

14. Violeta López Díaz
Militante del MIR, viuda, desapareció, tenía 40 años, un hijo de 16, Ricardo, y una hija de 14, Rebeca. Militante y artista, madre y mujer bella, obrera y secretaria, rompía los cánones tradicionales. Antes del golpe, había fundado el grupo de teatro Acquarius. Participó en la Asociación de Teatro de los Ferrocarriles, y también fue secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile. El 11 de septiembre trabajaba como obrera  en Cecinas Loewer y fue detenida junto a otros once trabajadores y hostigada por varios días. En una oportunidad los uniformados le hicieron tragar bencina, amenazándola con  prenderle fuego y hacer daño a sus hijos. Valiente, decidida, ella siguió adelante con su familia, su militancia y su vida pero tras su detención en su domicilio de San Miguel, el 29 de agosto de 1974, sus hijos la perdieron para siempre. La denuncia para el recurso de amparo la puso el niño en la Vicaría. Cuando la buscó en recintos policiales, los uniformados le respondían que se volviera a casa porque su madre lo había dejado botado. Siguió haciéndolo, desesperado y dejó los estudios.  Se fue preso una y otra vez porque durante las noches de toque de queda salía a las calles a exigir el paradero de Violeta y luego insultaba a los uniformados. Una demanda fue presentada en 2005 por CODEPU, y la última en 2015 como parte de una demanda colectiva de Londres 38. Finalmente la ministra Marianela Cifuentes tomó la causa, que aun no tiene procesados.

15.- María Cristina  López Stewart
21 años, militante del MIR, estudiante de historia en el Pedagógico de la U de Chile fue detenida el 22 de septiembre de 1974, en el marco de los operativos que la DINA realizaba para ubicar a Miguel Enríquez. La joven estudiante, de cabellos color miel y pequeña de estatura,  dirigía una parte de la estructura de informaciones, trabajando con Alejandro de la Barra, quien fue ejecutado por la DINA en diciembre de ese mismo año. Desde los ocho años, María Cristina, la menor de tres hermanas, llevó un diario de vida. A los 16 escribió allí : “Yo no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a dejar de vivir.” Estudió en el Liceo 7, donde pudo conocer niñas de sectores sociales diferentes a su familia, que vivía en La Reina e hizo allí amistades entrañables. Leía, estudiaba, escuchaba a Los Beatles, su grupo musical favorito, y jugaba con su perrita Jenny. Su rebeldía y su búsqueda de igualdad de derechos la llevaron a negarse a asistir a la graduación al fin de sus estudios secundarios,  porque había otras estudiantes que no lo harían por no poder costear el traje para la  ocasión. Comenzó su militancia universitaria en el frente estudiantil, participando incluso  domingos y festivos en el trabajo político y poblacional, lo que hacía decir a su mamá: “Parece ser que mi hija Mari siente que cada minuto de su existencia es más importante entregado a los demás que a sí misma y así va dejando su desbordante alegría y esperanza en hogares más humildes “. Luego Mari pasó a trabajar políticamente en la búsqueda, recolección y sistematización de información relacionada con los movimientos golpistas de determinados sectores.

16. Eugenia Martínez Hernández
Obrera, del MIR, colocolina, 25 años, fue detenida el 24 de octubre de 1974 en la industria Laban, donde trabajaba. Su madre explica que ella entró al MIR porque deseaba vivir en una sociedad libre y justa. Su compromiso social se despertó cuando trabajaba en una fábrica de papeles. Eugenia terminó su enseñanza  media asistiendo al Liceo Nocturno N=3  llegando muy tarde a su casa de La Legua Emergencia. La fábrica de Laban fue  tomada por sus trabajadores el 29 de junio del 73, día del “Tancazo” , una suerte de ensayo del golpe. Quena logró la intervención de la industria denunciando el boicot patronal a la producción y desde entonces se unieron al Cordón industrial Macul. Pero la experiencia sólo alcanzó a durar 2 meses. Tras el golpe, la industria volvió a manos de los patrones.

17. Marta Neira Muñoz
Comunista, 29 años, un hijo – Francisco- fue detenida el 9 de diciembre de 1974, a horas de que su pareja, César Arturo Negrete (MIR) de quien era enlace, también cayera preso. Tita, alegre y generosa, de grandes ojos azules, la tercera de cinco hermanos, creció en la localidad de Isla de Maipo. En la plaza todos le hacían rueda cuando bailaba rock and roll con su hermano Miguel Angel. Ella era el orgullo de las Juventudes Comunistas de la localidad, donde solía repartir El Siglo. Era bajita y le gustaba usar tacones muy altos. Su padre había conocido la persecución en tiempos que González Videla ilegalizó al Partido Comunista. Cuando la familia se trasladó a Santiago, estuvo un tiempo en el Liceo 5 de Portugal pero terminó sus estudios en un liceo nocturno. Su rostro hermoso, de tez tostada y sonrisa perfecta fue una vez portada de la revista juvenil Ramona que editaba Quimantu, donde trabajó hasta el 11 de septiembre.

18. Patricia Peña Solari
Estudiante de licenciatura en Biología, tenía 23 años cuando fue detenida el 10 de diciembre de 1974. Su hermano Fernando había caído el día anterior. Su madre, concertista en piano, hermana de la actriz Malucha Solari, había fallecido poco antes. Militaba en el MIR y se encargaba de reproducir el periódico del MIR, El Rebelde, en un complejo proceso que comenzaba con descifrar los textos que venían en microfilm. Había estudiado en el Liceo 1. Bella, de pelo largo liso y negro, ojos almendrados y piel morena, Patricia tocaba el piano y la guitarra y amaba la música. Pertenecía al coro del Liceo y luego al  coro de Cámara de Guido Minoletti. En las largas noches de tiempos de dictadura y resistencia, Patricia y su pareja trabajaban en los textos de El  Rebelde para hacer unos 200 ejemplares, tras lo cual, con las manos aun entintadas, se acariciaban…después Patricia tocaba el piano interpretando a Mozart y Chopin, en una sucesión que Claudio, su pareja, sobreviviente rememora: “Allí estabas nuevamente  dulce como siempre: el amor, la reunión, El Rebelde y  el regreso al pentagrama.”

19. Bárbara Uribe Tamblay
Detenida el 10 de julio de 1974, tenía 20 años. Egresó del liceo un año antes de  casarse con Edwin en diciembre del 73. Fue amor a primera vista, se conocieron en el local de la Federación de Estudiantes Nocturnos, como activos miembros del FER y ella tomó la iniciativa. Iván trabajaba en la estructura de Informaciones, y es probable que Bárbara tambiénlo hiciera. Estudió en los liceos 7 de Niñas y 9 de Macul y allí luchó por todas las causas justas. Eran cuatro hermanas,Su hermana Viviana cuenta que tenía fama de rebelde  y la echaban de todos lados. También se preocupaba de sus amigas y una de ellas recuerda que le enseñó a pintarse las pestañas. Emotiva, sensible, le gustaba  la música y el canto y le aburrían las lecturas pesadas. Muy bella, le aconsejaron ser  modelo pero ella optó por hacer un curso de secretariado. Ingresó al MIR tras participar en los trabajos voluntarios en apoyo al movimiento campesino y obrero en Talca: “Cuando conoció la pobreza  directamente,no dejó de verla más”, explica su hermana. Trabajó políticamente en los campamentos de Lo Hermida y Nueva Habana y conocía de cerca al agente Romo que en esa época era dirigente poblacional, y luego fue quien  la detuvo y vejó. Ella había continuado ligada a los pobladores y se esforzó por ayudar a los perseguidos. Bárbara y Edwin permanecen desaparecidos y unidos para siempre.

Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Justicia, 40 años después

Publicado el 29 Mayo 2017

ESCRITO POR LUCÍA SEPÚLVEDA

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo,  cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años,  fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos  irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.  

 

 

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto  había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003  para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres.  Era  lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”:  El año 2006 muere  Pinochet sin pagar por este ni ningun otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.  

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”.  Sin embargo viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe  el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras.  La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

 

Privilegios de criminales  

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a10 años y 1 día  a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado,  pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de  $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad.  Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR –   bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

 

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972 intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar,  él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”,  comenzó a organizar la red  de  periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y  testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado  de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.  

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que  era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las  conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión  y creatividad, cambiando su aspecto físico  y reduciendo sus salidas para eludir la persecución.  La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”.  Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo,  así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo. 

Delito de lesa humanidad
La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

 La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos.  Los ministros Haroldo Brito,   Milton Juica y Jorge Dahm,  respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los  ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta.  Siguieron así  la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch,  similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el  tribunal los testigos –entre los que se cuenta  el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.  

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el Pelao había  intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que éste contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche,  cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen,  había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

 

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El  se especializó en el exterminio del MIR.  Según información  del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros  de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo   (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz,  Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva,  Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de  Diana Aaron, Luis Arias,  Alvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún,  Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y  Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aun está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no  ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario reivindica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”.  La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y  a  4 años por asesinato del coronel Huber.  Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del el ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue  condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés,  y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una  pensión de $1.653.952.

Basclay  Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos,  M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por  los secuestros y desapariciones de Alvaro Barrios,  Carmen Díaz, Elsa Leuthner,  Antonio Llidó, Iván Monti,  José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez  (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una  sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros  de militantes comunistas en calle Conferencia.
José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona,  está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió  en libertad una “condena” por el  secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

 

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria pero también y sobre todo,  a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula.  ¡Hagámoslo ya!

119 de Nosotros y el papel de la Prensa. Operación Colombo.

A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”
foto Luis Fernando Arellano (Kallejero)
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A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”

22 Julio 2016

Lucía Sepúlveda Ruiz

/ periodismosanador.blogspot.com

Dirigiéndose con voz desgarrada a estudiantes de derecho de la U de Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo, les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años, era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.

El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por Familiares y Amigos de los 119, junto a Actuar Colectivo y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio, los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales. La DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil.

Presentes

Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras. Los estudiantes de derecho aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

“Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política “excéntrico: Disidencias, soberanías, performance” que se desarrolló en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta “Tejiendo memorias” en Londres 38 mientras que la performance del Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.

Los sobrevivientes vieron por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Álamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y desmemoria oficial.

carmen bueno

Se llamaban María

Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López. Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.

Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total, 47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico, o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica, hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.

Justicia en cámara lenta

A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas 44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor desarrollada posteriormente por la DINA junto a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.

Además, hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores, en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros. Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado.

La primera sentencia de la Corte Suprema por estos crímenes fue dictada en 2004, confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17 condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.

colombo

Juicios sin castigo

La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que todo era insólito. Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno – trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores. El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.

El truco de la “Media Prescripción”

Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, aplicó la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

 

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Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, joven estudiante de la USACH.

La justicia ni se asoma por la Bandera, en el caso del dirigente poblacional Gary Olmos Guzmán, ni investiga aun el caso del estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Álamos.

Cartas bajo la manga

Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán), Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Álamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentes Alejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.

Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Águila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.

Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche.

cuadro 1 sentencias a firme

cuadro 2 final

Foto principal: Los 119 en frontis U Chile. A 30 Años. Adriana Goñi.-

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119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

Destacado119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad

El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119” en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.

La Segunda

“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.

Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia,revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido

. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.

detención Contreras
detención Contreras

Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto.

Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)

Tipo de sentencia 29 Casos
Absueltos todos los criminales, Prescripción total 1 Jacqueline Binfa (2009)
Media prescripción =   criminales sin pena efectiva o rebaja a sólo 5 años y 1 día 10 Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C, Claudio Silva P
Sentencias de menos de 8 años y 1 día 5 S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S, Fernando Peña
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA 14 M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras, Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González, Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara, Miguel Angel Sandoval.

Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de julio de 2015

Cuadro 2: Las 90 causas restantes

Estado de la Causa y Cantidad casos Casos
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes, Eduardo Miranda, Víctor Villarroel.
30 sentencias primerainstancia Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara,   Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
15   con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la condena) Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.
25 con procesamientos (en espera de acusación) M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace poco. Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo.

Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015

La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es periodista
www.periodismosanador.blogspot.com

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