Ningún niño a esa edad piensa por sí mismo sobre esas cosas. Así como su entorno le hace ver así las cosas otro entorno lo haría ver otras. Sólo hablo de la naturaleza de ser niño.
Mira, Andreits, cada ser humano absorve de su entorno y se va construyendo, nadie pide nada el pidió ser entrevistado se aclaró, todo lo que diga cualquier ser humano es importante para el entorno inmediato como en este caso y no debe existir la discriminación por el solo hecho que son niños.
Por supuesto que tenemos conciencia cuando somos pequeõs : yo me acuerdo que a los siete años en clases de religiòn detestaba a Dios, porque el cura decìa que no se podìa adorar a nadie, solo a Dios. Pucha, yo adoraba a mi papà.Y Dios yo lo veìa como un ojo gigante que me podìa ver cuando iba al baño…..y cuando me robaba la leche condensada.
Cuando se lo dije a mi padre me dijo, que yo podìa adorar a quien quisiera y que esas eran leseras del cura. Luego me preguntò : pero tu quieres hacer la primera comuniòn?Yo le conteté que sì. Y porqué quieres hacerla? Porque me quiero poner el vestido que me està haciendo mi abuelita… El dijo a mi mamà…seìa mejor que la hiciera p’al otro año….Pero igual la hice, mi unico problema era con Dios, Jesùs me gustaba.
No entiendo la idea de que niños den “su opinión”, si realmente no es su opinión, simplemente repiten lo que les dicen sus padres, porque aún están en una etapa en que lo que les digan ellos es la verdad absoluta. Y digo esto sin desmerecer lo que se diga, sólo pensando en que no tiene valor ¿o le van a pedir a ese niño que tenga consciencia o criterio?
que ricura de niño T.T y pa todos los que digan “weón como llenan de odio a un niño y blablablabla comunistas desgraciados…” el no habla de odios, no dice palabras como tortura ni justicia, solo esta diciendo lo que sus amigos y familiares dicen, pero lo dice con esa convicción porque a sus tiernos 8 añitos no entiende cómo este país puede ser tan dsigual……lo que nosotros no entendemos, un niño de 8 años tampoco……..ame a este pequeñito 🙂
Sobre la muerte de “Pedrito”, como reza en el sitio de sus restos, se supo que ocurrió por una equivocación, toda vez que la persona que debía ser ajusticiada, era del mismo apellido,pero no se hallaba en Victoria.
31.12.2012 Sergio Valenzuela González, ex jefe de un comando de boinas negras, que se mantiene detenido en el Regimiento Tucapel de Temuco, investigado por la muerte de Pedro Muñoz Apablaza y Eliseo Jara Ríos, ambos militantes del Partido Socialista y que fueron asesinados en el fundo California de Victoria en el mes de octubre de 1973.
… en el mes de febrero de 2012 los restos de Muñoz Apablaza fueron exhumados desde el cementerio de Victoria, quien tenía 21 años al momento de su muerte.En el caso de Jara Ríos tenía 38 años al momento de su asesinato.Era jefe de área del Instituto de Desarrollo Agropecuario (Indap) y militante del Partido Socialista.Fue detenido y llevado a la Cárcel de Victoria en cuatro oportunidades, reingresando por última vez el 16 de octubre de 1973.
El día 27 de octubre de 1973, una patrulla de boinas negras del Ejército, bajo el mando de Sergio Hernán Valenzuela González, llegó a Victoria en helicópteros, en una misión especial. Esos comandos salieron ese mismo día en un camión en dirección a Curacautín donde procedieron a ejecutar a los detenidos Pedro Muñoz Apablaza y Eliseo Jara Ríos
Eliseo Jara fue sacado el día 27 de octubre de la cárcel de Victoria, esposado y en precarias condiciones físicas, por efectivos militares, despidiéndose de sus compañeros de detención, Pedro Muñoz Apablaza fue detenido el mismo 27 de octubre en su domicilio, por la patrulla de boinas negras
Jorge Castro Lobos, fue procesado por su participación en los hechos
Sergio Valenzuela González se llama el criminal, quien era comandante de los boinas negras que masacraron por la espalda a dos personas en el Fundo California de Curacautín, en octubre de 1973.
La Corte de Apelaciones de Temuco lo mantiene en prisión en el Regimiento Tucapel de Temuco.
Valenzuela fue el autor material de los disparos que acabaron con la vida de Pedro Muñoz Apablaza y Eliseo Jara Ríos.
Muñoz Apablaza, egresado de enseñanza media, tenía 21 años cuando fue sacado de su hogar en Victoria por la patrulla de boinas negras que le dio muerte.
Su hija, la periodista Cinthia Muñoz, quien estaba en el vientre materno a la fecha del crimen, ha luchado durante todos estos años por esclarecer las circunstancias de la muerte de su padre.
Sólo en febrero pasado, los restos de los dos detenidos fueron exhumados en el cementerio de Victoria.
RIOS
Eliseo Segundo Jara Ríos tenía 38 años al momento de su asesinato.
Era jefe de área del Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) y militante del Partido Socialista.
Fue detenido y llevado a la Cárcel de Victoria en cuatro oportunidades, reingresando por última vez el 16 de octubre de 1973.
El Informe Rettig señala que el Jefe del Centro Readaptación Social de Victoria señaló que el detenido egresó de ese Recinto: “el día 27 de octubre de 1973 para ser llevado a Fiscalía, no habiendo regresado, ni tampoco reingresado a la Unidad con fecha posterior”.
OTROS INVOLUCRADOS
Otros oficiales que formaban parte del Batallón Nº4 de Victoria siguen procesados por estos homicidios calificados.
Se trata de Hernán Salazar Chiferlli, segundo comandante del regimiento; Humberto Torres Torres; el ex gobernador militar Luis René Vega Fonseca y Jorge Castro Lobos.
El ministro que llevó a cabo la investigación, Álvaro Mesa, sometió a proceso como encubridor de las torturas al médico Alejandro Reyes, autoridad sanitaria del Batallón de Victoria el año 1973.
40 años después de cometidos los crímenes, comienza a llegar la justicia para estas familias chilenas.
Biobiochile.cl, 26 abril de 2013
El dirigente de la agrupación de derechos humanos dijo que restá aún la interposición de 39 querellas relacionadas con personas detenidas, desaparecidas, torturadas y ejecutadas en Cautín y Malleco, acción judicial que realizan para que no queden casos impunes al cumplirse los 40 años del golpe militar.
–Pedro MUÑOZ APABLAZA,21 años, egresado de enseñanza media. Fue detenido el mismo 27 de octubre en su domicilio, por una patrulla de boinas negras.
De acuerdo a la información reunida en ésta Comisión, ese día 27 de octubre una patrulla de boinas negras del Ejército llegó a Victoria en helicópteros, en una misión especial. Esos comandos salieron ese mismo día en un camión en dirección a Curacautín donde procedieron a ejecutar a los detenidos mencionados, en el Fundo California.
Los restos fueron entregados a los familiares quienes declaran que fueron informadas que los dos detenidos habían sido ejecutados ante un intento de fuga. Esta versión no se hizo oficial, pero contradice testimonios concordantes y verosímiles que habrían visto cómo uno de ellos fue sacado del penal de Victoria y el otro de su domicilio por efectivos militares.
Esta Comisión tiene la convicción que ambas personas fueron ejecutadas, a manos de los agentes del Estado. Ello es un acto de violación a los derechos humanos.
Emotiva Ceremonia En Colocación De Primera Piedra En Memorial De Detenidos Desparecidos
La ceremonia estuvo encabezada por la gobernadora provincial Andrea Parra, el edil Obdulio Valdebenito, dirigentes políticos y familiares de detenidos desaparecidos.
En el jardín de la entrada principal al cementerio municipal, se realizó ayer jueves la colocación de la primera piedra de lo que será el futuro memorial de los detenidos desaparecidos en la provincia de Malleco en tiempos del gobierno militar. A la emotiva ceremonia asistió la señora Gloria Álvarez, madre del joven Luis Raúl Cotal Álvarez de 14 años, asesinado en extrañas circunstancias por militares en la cercanías del regimento Húsares, sin que su cuerpo hasta ahora sea ubicado.
Desde la ciudad de Victoria asistió don Sergio Agüero Vásquez y su hija María Soledad Agüero,quien en su juventud fue la novia del detenido desaparecido Pedro Muñoz Apablaza, con quien tuvo una hija y que hoy es una destacada periodista en la vecina comuna de Victoria.
Don Sergio relata que cuando asesinaron a Pedro Muñoz, el era secretario del gobernador de Victoria,” yo fui militar, en esa época era sargento y trabaje con el gobernador de ese entonces en Victoria. Pedro era el novio de mi hija y se iban a casar por esos días, mi hija quedó embarazada, hoy mi nieta va a cumplir 41 años. Imagínese yo trabajaba con el comandante, tenía hijos de izquierda, tuve que soportar toda la presión que había contra los militares que teníamos hijos o familiares de izquierda” Puntualizó el ex militar.
Don Sergio agrega que Pedro Muñoz Apablaza estaba saliendo de la escuela de investigaciones cuando le”achacaron” que era de izquierda y que realizaba instrucción pre militar a los jóvenes de la población donde vivía. “En la población la mayoría de los vecinos tenia tendencia de izquierda y todos creían que yo era soplón, imagínese soplón y con mis hijos y sus amigos que estaban todos en contra del gobierno. Imagínese Pedro a esta fecha habría tenido 62 años”, finalizó.
Por su parte la ex novia de Pedro Muñoz, María Soledad Agüero, dijo que estaba todo listo para el matrimonio cuando asesinaron a su futuro esposo,” Fui la novia de Pedro, no nos alcanzamos a casar, tengo una hija póstuma que se llama Cintia Muñoz, ella es periodista y que trabaja en la universidad Arturo Prat de Victoria”. Manifestó
Al preguntar sobre el significado del memorial, María Soledad dijo que se le vienen cosas muy profundas y dolorosas. “Tengo mi familia, actualmente estoy casada, pero todos los recuerdos hermosos de Pedro están dentro del corazón. Yo sé todo lo que sufrió, por tal razón esta ceremonia es muy emotiva, es un momento de profunda reflexión, el crimen no se va a reparar nunca, pero si hay que recordarlo de buena manera. No siento nada de rencor, soy creyente y este memorial servirá para que nunca más ocurra lo que sucedió en dictadura”, finalizó.
Gobernadora
Por su parte la gobernadora Andrea Parra señaló,” este memorial servirá para rescatar la memoria, dar una señal del firme compromiso de parte del gobierno con el tema de los derechos humanos, no solo debe ser objeto de recuerdos en aquellas fechas difíciles de nuestro país, como es el 11 de septiembre, sino también debemos realizar una profunda reflexión de cada uno de los seres humanos, en la medida en que nosotros seamos una sociedad más solidaria, respetuosa y que vallamos dejando la violencia de lado ,comprenderemos la importancia de respetarnos mutuamente y preservaremos esta cultura profunda de los derechos humanos”, concluyó la gobernadora.
Por su parte Oscar Tapia Garrido, secretario de la comisión Valech dijo que este memorial sirve para reparar ven parte el daño ocasionado a las víctimas de la dictadura militar.” En realidad todavía no se ha cumplido con el objetivo de buscar la justicia plena, ya que las condiciones no están dadas. Esta es una reparación mínima que se puede hacer en honor a estas personas “, manifestó.
Reconocimiento
En esta oportunidad fue distinguida la señora, Gloria Álvarez, quien ha dado una dura lucha por encontrar los restos de su hijo asesinado en octubre del año 1973, Luis Cotal Álvarez. El alcalde Obdulio Valdebenito fue el encargado de hacer entrega del reconocimiento, señalando” una madre nunca deja de luchar. Gloria ha luchado por más de 40 años por saber donde se encuentra el cuerpo de su hijo. Este reconocimiento es para esta madre abnegada y luchadora”, finalizó.
Joven periodista y nieto del edil ganó Fondo de Fomento Audiovisual. El rodaje comenzará en Chillan a partir del 2014.
Las fuerzas militares habían tomado el control de la ciudad cinco días antes de la muerte del alcalde Ricardo Lagos Reyes. Comenzaba el 16 de septiembre de 1973 en la casa del edil ubicada en Chillan Viejo cuando a las 10.00 horas ingresaron militares a la vivienda para darle muerte a la autoridad comunal, a su esposa embarazada (Sonia Ojeda) y a su hijo Carlos, estudiante universitario.
Las autoridades que tomaron el mando indicaron que se había tratado de un enfrentamiento armado liderado por Lagos Reyes oponiéndose a su detención, algo que con los años quedaría descartado a través de indagaciones judiciales y del testimonio de personas que ese día se encontraban en las inmediaciones de la casa del alcalde socialista.
La historia de la vida, obra y muerte del olvidado alcalde quedará ahora plasmada a través de un documental que será grabado por su nieto, Ricardo Lagos Paredes, quien acaba de ganar recursos del Fondo de Fomento Audiovisual del Consejo Nacional de la Cultura y las Artes para su elaboración. La película ya tiene nombre y locación. Se llamará “La última calle” (en evidente alusión a la pequeña arteria que lleva el nombre de su abuelo) y se grabará íntegramente en Chillan a partir del 2014.
El realizador y periodista tiene planeado recoger testimonios de quienes lo conocieron y supieron de la vida familiar que el ex alcalde construyó en esta ciudad, a veces esquiva para Ricardo nieto.
“El nombre de la película funciona, en este sentido, como una buena metáfora sobre la memoria y el desconocimiento de una comunidad acerca de su propia historia”, indica.
Ricardo es hijo Ricardo Lagos Salinas (desaparecido en 1975 en Santiago luego de su detención y paso por Villa Grimaldi) y de Patricia Paredes. Ella había partido al exilio un tiempo antes a la RDA con el ahora cineasta y otro hijo en su vientre.
Recuperar la figura de su abuelo
-¿Qué sentimiento te embarga el hecho de ver plasmado a través de este Fondart, el financiamiento de este anhelo personal?
Es un logro evidente, sin embargo, el género documental es un proceso bastante largo, difícil de financiar. En promedio, los documentales pueden tardar cinco o más años en todo su proceso. Tiene que ver con la dificultad de encontrar financiamiento. En esto, el aporte del Consejo de Cultura es un pequeño primer paso, para un proyecto que ya tiene varios años.
-El nombre de la cinta, ¿alude también a una deuda de la ciudad con quien fuera su alcalde hasta el fatídico septiembre de 1973?
Sin duda. Alude a la visión país frente al tema de la dictadura y sus consecuencias, pero que se plasma de manera muy especial en esta ciudad y en un caso tan brutal como el del ex alcalde y su familia. Como familiar, no espero el nombre de una calle o un monumento, simplemente que el caso se conozca, sin los tabúes o mitos que puedan rodear el caso. Ese es único el reconocimiento que espero.
-¿Cómo ha marcado ese hecho trágico tu concepción profesional como documentalista?
Puede ser determinante desde el momento en que formo parte de una generación que ha pasado los cuarenta y que vivió en carne propia un período difícil de nuestra historia. Es curioso, pero muchos de los hijos o nietos que sufrimos pérdidas familiares como consecuencia de la dictadura nos dedicamos a este oficio o profesiones a fines.
-Este 2013 se recordaron los 40 años del golpe ¿Cómo lo viste en términos audiovisuales, considerando que cada programa o película contenía un mensaje claro para las nuevas generaciones?
Fue más un aporte, pese a las carencias que uno pueda encontrar. Hay que tener claro que una buena parte de los chilenos aún tiene una visión muy parcial o lejana sobre las tremendas atrocidades que se cometieron en este país. Como sociedad, creo que tenemos una deuda aún en este sentido. A mi juicio, se ha estilizado demasiado el tema, centrando las violaciones a los derechos humanos en unos pocos casos “emblemáticos”. Pero hay cientos de historias, personas comunes y corrientes que vivieron tragedias o vivencias que dan para cientos de películas o libros.
-¿Qué expectativas tienes al momento de reencontrarte con la ciudad de tus padres y tu abuelo?
No llego con demasiadas expectativas, más bien porque el documental se construye en el camino. En este caso apunto a que se conozca esta historia, ojalá lo más despejada de los cuestionamientos o prejuicios políticos. Esta no es una crónica o reportaje, es una indagación muy personal acerca de un personaje público tremendamente humanista, ésa es finalmente mi expectativa, lograr transmitir esto a las futuras generaciones.
NOTA: Artículo publicado en el diario La Discusión de Chillán del 24 de diciembre de 2013.
Todos y cada uno de los hechos de violación a los DDHH, es en si una perversión política y social. De los miles de casos ocurridos en Chile no hay ninguno que no me afecte, pero si hay algunos que me han tocado más por la implicancia de afectos y sentires. Entre éstos puedo señalar:
El caso de Víctor Manuel Zuñiga Arellano, que más adelante daremos a conocer con detalles.
Con Titín, El Poroto o el Bebe,estamos unidos desde la niñez.
El otro caso es el que hace refencia esta publicación, que no sólo es hacer un recuerdo, también es un HOMENAJE a un compañero que este 26 de junio de 2013 cumpliría 81 añosde vida si no hubiese sido asesinado por sus ideales políticos.
Me refiero a MIGUEL CUEVAS PINCHEIRA de Santa Bárbara, a quien conocí y con quien tuve algunas diferentes vivencias en distintas etapas de nuestras vidas.
Sólo para mencionar algunas:
De niño le recuerdo como un músico aficionado, que tocaba armónica ysiempre circulaba silbando con las manos en los bolsillos y su sombrero verde(tipo tirolés), o café de ala ancha. Simpatizante del Partido Socialista de Chile, del cual mi padre fue dirigente comunal.
Luego de adulto le reconocí como MILITANTE DEL PS, condición que le significó que después de ocurrido el golpe de estado de septiembre del 73, un grupo de asesinos, entre carabineros y civiles le quitaran la vida junto a varios compañeros de las comunas de Santa Bárbara y Quilaco, en ese entonces sólo Santa Bárbara.
Sólo hay una foto de Miguel y no he encontrado fotos de los asesinos, a quienes en su mayoría también conocí y con quienes en mi niñez compartí colegio en su mayoría y que referirme a Ellos me parece inoficioso. Sólo diré que de los que conocí, en cada uno de ellos o en sus familias habían rasgos antisociales y carencia valórica extrema.
Para adentrarnos en la historia tomaremos un extracto del semanario La Nación Domingo del Domingo 7 de septiembre de2008: UNIFORME
Un equipo de LND recorrió 2.500 kilómetros, en tres regiones delsur de Chile, para escudriñar en los secretos de las matanzas más feroces decampesinos ocurridas en la dictadura. Detrás de esos crímenes estuvieronterratenientes, comerciantes y vecinos que hicieron la guerra sucia aliados con militares y carabineros. A 35 años de estos crímenes, y a pesar de que en algunoscasos ha llegado la justicia, la mayoría sigue libre y aún recorren como amos yseñores los campos, pueblos y caseríos del país.
Fue la venganza que aterrorizó poblados enteros, amparada cada vezen la oscuridad de la noche. Los autores de los crímenes de campesinos y trabajadores de otros oficios fueron civiles amos del lugar, que tras el golpe militar y aliados con los militares y la policía uniformada, decidieron la vida y la muerte de las víctimas que eligieron. Algunos actuaron disfrazados con atuendosde guerra, preparados y decididos a exterminar a quienes habían defendido sus derechos contra la explotación instalada desde siempre en los campos. A veces,desde antes de la asonada golpista, ejercieron tareas paramilitares junto al movimiento de ultraderecha Patria y Libertad. Otros actuaron vinculados a distintos grupos de corte fascista organizados para oponerse por la violencia a las conquistas de los trabajadores en los años del sueño socialista. Pero todos respondieron con el odio de presenciar cómo sus eternos súbditos y servidoresde sus deseos reproductores de la fortuna, les ganaban terreno contrarrestando humillaciones y atropellos de su dignidad y la de sus familias. Especialmenteal interior de los fundos donde la ley era el patrón.
Historias dramáticas donde en algunas ocasiones los mismos padres o parientes culparon a los suyos por involucrarse en las luchas sindicales pormejoras laborales, justificando a sus patrones, a estos activistas civiles y alos militares, por haberles dado caza y hacerlos desaparecer.
En cada ciudad, en cada pueblo o caserío precordillerano donde la muerte llegó vestida de civil o disfrazada de verde olivo, el terror infundido por la mano de estos poderosos permanece hasta ahora. Sus habitantes se muestran hostiles a las preguntas sobre aquellos tiempos. Invocan el olvido por el paso del tiempo, o simplemente confiesan mirando alrededor que todavía temena que regrese el azote que llenó de sangre las calles y senderos rurales.
Algunos de estos civiles autores de las masacres todavía se pasean por los mismos recorridos que frecuentan los familiares de los caídos para comprar el pan del día. A veces los escupen al pasar, insultándolos por haberlos llevado a sentarse en las bancas de los acusados en un tribunal.
Las madres o hermanos que se atrevieron desde temprano a vencer el miedo de la amenaza constante persiguiendo judicialmente a estos hechores,sufrieron el doble castigo de perder a los suyos y recibir el desprecio de susvecinos. Y hasta de los propios compañeros de combate de sus deudos, que cruzaron al otro lado de la vía para esquivar aquellos ojos tristes ydesamparados que nunca dejaron hasta hoy de buscar a sus desaparecidos.
La Nación Domingo recabó la lista de los 51 civiles procesados o condenados por el secuestro y desaparición, o por los homicidios, de operariosdel campo y otros que ejercían múltiples oficios. Del total, 15 corresponden a alemanes de Colonia Dignidad, que no son abordados en este reportaje porque sus andares son conocidos. Sin embargo, en la gran mayoría de los otros 36, sus identidades y acontecimientos permanecen todavía desconocidos públicamente.
El equipo de tres periodistas de LND recorrió 2.500 kilómetros y cruzó tres regiones entre Osorno y Los Ángeles, incluyendo zonas precordilleranas,para rehacer la ruta de la venganza. Todo sucedió en medio del temporal másgrande de los últimos 30 años, que dejó 17 mil damnificados, sorteando con su vehículo carreteras y caminos interiores inundados
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LOS DUEÑOSDEL MUNDO
Bajando hacia el norte, en la VIII Región, está Santa Bárbara.Desde ahí, más de 30 kilómetros hacia la cordillera, un interminable camino sinuoso, lleno de barro y plagado de bosques forestales, termina en el imponente fundo El Huachi. Lo antecede sólo el caserío del mismo nombre,humilde a su alrededor, que parece una prolongación azarosa del campo propiedad de la familia Barrueto Barting. No es casualidad que todos los conozcan, ya que muchos de los lugareños trabajan sus tierras y se instalaron ahí buscando una forma de subsistir.
Para llegar hasta el fundo donde viven los hermanos Manuel yRicardo Barrueto sólo basta con pronunciar su apellido y los brazos se alzan siempre en la misma dirección, profundo hacia los bosques. Ya al interior de la propiedad, una de las empleadas de la casa con impresionante vista al río Huequecura nos cuenta que “el patrón” salió de mañana, debido a que tiene otro domicilio en Los Ángeles y que alterna su permanencia entre ambos lugares. “Está algo enfermo, partió a hacerse unos exámenes, lo más probable es que llegue mañana o pasado”, dice con amabilidad.
Tras la desalentadora respuesta, la vuelta hacia Santa Bárbara se hizo inevitable. Luego de avanzar por colinas escarpadas, apareció el camino que indicaba la salida del fundo. Pero el portón está bloqueado por una moto todo terreno que se encuentra atravesada, como si fuera un pino más de los miles que los Barrueto tienen en su predio dispuestos para la tala. A un costado del vehículo, un hombre alto espera en actitud amenazante. Tiene pelo cano, ojos secos y el rostro envuelto en un par de mejillas pálidas. Usa un jockey rojo y con la mirada baja se acerca inquisidor. En una mano lleva una cámara fotográfica digital; la otra se posa sobre un bulto ubicado en su cintura.Luego de escrutar el automóvil y a sus integrantes, su pequeña boca cuenta escuetamente que es Ricardo Barrueto Barting.
No lo reconoce, pero él es uno de los dos hermanos que actualmente se encuentran procesados por el secuestro de seis campesinos, recién ocurrido el golpe, todos ellos empleados en su fundo.
Sin más trámite nos expulsa de la propiedad; no hay más preguntas.”Acá no se entra sin mi permiso”, sentencia. Toma una fotografía de nuestro automóvil y de la patente, mientras nosotros lo inmortalizamos devuelta con nuestra cámara.
Veinticuatro horas más tarde nos enteraríamos que a la empresaSeellmann Rent a Car llamó un supuesto detective de la Policía de Investigaciones, donde fue arrendado el vehículo, para pedir los datos de los arrendatarios, argumentando que había sido utilizado “por activistas mapuches para causar disturbios”.
Doña Norma Panes conoce bien las tretas de Ricardo Barrueto. En 2006 luego de que el ministro de la Corte de Apelaciones de Concepción CarlosAldana asumiera varias causas de derechos humanos en la zona del Biobío tuvo un careo con él. Se dio en medio de la reconstitución de la escena por los 20 secuestros de obreros y campesinos que sufrió la localidad de Santa Bárbaraentre septiembre y octubre de 1973 y que tienen hasta ahora a muchas familiassin conocer el paradero de sus padres, maridos, hijos o hermanos. Ahí, frente a su rostro, Ricardo le señaló que la noche en que su marido, Miguel CuevasPincheira, “fue sacado de la casa en calzoncillos por hombres uniformados”,él no estaba ahí.
Pero ella asegura que los Barrueto fueron parte del grupo de civiles que, disfrazados de militares, se llevaron a su marido en medio de la noche del 20 de septiembre. Norma Panes dice que los vio claramente y también su hija. Al mostrarle la foto actualizada que obtuvimos de Ricardo Barrueto,Norma no duda: “Es él”. Su rostro, como el de Manuel, quedaron grabados en su memoria con tanta fuerza como aquellos años en que su marido fue un trabajador más del fundo El Huachi, labor que alternaba con su oficio dezapatero.
Los testimonios de las familias de seis campesinos más que trabajaban en El Huachi, secuestrados el mismo día y en horas cercanas,permitieron que en 2002 se procesara a los Barrueto y a los civiles SergioFuentes Valenzuela, Jorge Domínguez Larenas y los también hermanos Jorge y JoséValdivia Dames, quienes conformaron una verdadera mini-Caravana de la Muerte.
Norma lo grafica de la siguiente forma: “Ese día lo que hizo el grupo deciviles, todos ellos miembros de Patria y Libertad, junto a los carabinerosfue, literalmente, limpiarle el campo a los Barrueto”.
Luego, un recuerdo de los años posteriores a la desaparición de su marido viene a su mente: “Todos ellos eran amigos entre sí. En una ocasión, en plena dictadura me topé con un par en una esquina. Como sabían que yo todavía buscaba a mi marido, me escupieron a la cara”, dice.
La actitud de los Barrueto, al parecer, no es muy distinta. Tras mover la motocicleta para dejar libre la vía, minutos después, uno de los campesinos nos hizo dedo para acercarlo a la carretera que une Ralco con LosÁngeles. En el camino contó que Barrueto le había consultado si sabía de quiénera el vehículo blanco que había ingresado sin permiso al fundo. Y nos advirtiósobre Ricardo: “Cuando los vio entrar a ustedes dijo que de aquí no salían”.El joven, un sencillo trabajador forestal, con lucidez agregó que “es unhombre malo, prepotente, un carajo como patrón, que paga apenas para subsistir.Se aprovecha del sufrimiento y la necesidad del trabajador”.
Actualmente, los civiles responsables de la matanza permanecen procesados. Luego de ejecutarlos, la mayoría fueron lanzados al río Biobío desde el puente de Santa Bárbara.
Rut : No tiene
F.Nacim. : 24 06 32, 41 años a la fecha de su detención
Domicilio : Rosas 371, Santa Bárbara, Los Angeles
E.Civil : Casado, 5 hijos
Actividad : Zapatero y obrero agrícola
C.Repres. : Sin información
F.Detenc. : 20 de septiembre de 1973
Miguel Cuevas Pincheira, casado,5 hijos, obrero agrícola, se desempeñaba como zapatero en la localidad de SantaBárbara y, además, realizaba labores como obrero agrícola en el Fundo El Huache de la misma comuna; fue detenido aproximadamente a las 22:00 horas del 20 deseptiembre de 1973, en momentos en que se encontraba en su domicilio.
Sus aprehensores fueron los miembros de un grupo que se denominaba “Fuerza de Colaboración Voluntaria con Carabineros deChile” y fue creado el 19 de septiembre de 1973 por el Jefe de la TenenciaSanta Bárbara, Teniente Plante Euclides Aravena, “con el fin de buscar extremistas en el sector de El Huache” como señalara el mismo oficial en el proceso de la Justicia Militar. El fundo señalado había sido expropiado al padre de los hermanos Manuel y Ricardo Barrueto.
El grupo represivo estaba conformado por un comando compuesto por los carabineros Heraldo Pulgar Riquelmey José Godoy Godoy ambos de la dotación del Retén de Santa Bárbara y por losciviles Jorge Domínguez, su hijo Jorge Domínguez Larenas, los hermanos Manuel yRicardo Barrueto propietarios de Fundo El Huache , Simón Mena Manosalva(posteriormente funcionario del Servicio de Seguro Social de la localidad deSanta Bárbara), Sergio Amado Fuentes Valenzuela y Jorge Eduardo Valdivia Dames,los que vestían uniformes de campaña similares a los del Ejército y portando diversos tipos de armas, realizaron un operativo en el Fundo El Huache y en Santa Bárbara. Los miembros de esta fuerza, se movilizaban en una camionetacolor verde claro de Manuel Barrueto, otra de color amarillo de José Domínguez padre y una tercera de color verde con amarillo, propiedad de la Municipalidadde Santa Bárbara.
Esa noche del 20 de septiembre llegaron a su domicilio los carabineros y civiles del grupo, quienes ingresaron violentamentey lo sacaron de su cama y sin permitirle que se vistiera lo subieron a uno de los vehículos. Luego lo condujeron hasta la Tenencia de Carabineros de Santa Bárbara. Los aprehensores, que en ningún momento exhibieron orden de detención,fueron reconocidos por la esposa del afectado, doña Norma Panes, quien se encontraba en el hogar en esos momentos.
Al día siguiente, Norma Panes, llegó temprano al cuartel policial, donde los uniformados le informaron que Miguel Cuevas había sido trasladado hasta el Regimiento de Los Angeles a las 6:00 de la mañana de ese día. Ella se trasladó inmediatamente a dicha unidad, también se dirigió a la Cárcel Pública, Fiscalía Militar y otros lugares sin poder conocer el paradero de su esposo.
Posteriormente viajó hasta la ciudad de Concepción, donde realizó averiguaciones en los centros de detención para presos políticos, sin resultados positivos. Entonces, viajó hasta Santiago sin lograr obtener información respecto del paradero de su esposo. Miguel Mella se encuentra actualmente en calidad de detenido desaparecido.
Además, durante el operativo realizado ese día fueron detenidos en distintos lugares del Fundo El Huache y Santa Bárbara, losobreros agrícolas Desiderio Aguilera Solís, Miguel Cuevas Pincheira, JoséMariano Godoy Acuña, José Domingo Godoy Acuña, José Nazario Godoy Acuña, JulioCésar Godoy Godoy y Manuel Salamanca Mella, los que también permanecendetenidos desaparecidos hasta la fecha.
También se detuvo en esa oportunidad a Jovino Aguilera Solís, Taco Verdugo Salamanca, y Emiliano Aguilera Godoy, quienesfueron puestos en libertad el 21 de septiembre por sus aprehensores,permaneciendo el resto de los detenidos en el recinto policial.
Según declaraciones de testigos, ante laComisión de Verdad y Reconciliación, esa noche los detenidos habrían sido muertos y lanzados a las aguas del río Bío Bío, desde el puente que cruza Quilaco.
GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS
En la causa 25 73 del 3er. Juzgado Militar deLos Angeles contra Ricardo y Manuel Darío Barrueto, Sergio Fuentes Valenzuela yJorge Eduardo Valdivia Dames por la desaparición de los detenidos del Fundo ElHuache, el mismo día y por el mismo grupo que detuvo a Miguel Cuevas Pincheira,se pudo establecer que efectivamente el grupo aprehensor pertenecía a Carabineros de Chile, y en él participaban, junto a uniformados, civiles de la zona. A pesar que el origen de la causa fue la investigación del desaparecimiento del grupo de campesinos, ésta se transformó en una investigación del comando aprehensor. Algunos de ellos durante el proceso fueron encargados reos por el delito de porte de armas de fuego sin permiso competente, pero finalmente el juez del 3er. Juzgado Militar lo sobreseyó definitivamente.
El tribunal no investigó la suerte de losdetenidos. Tanto los aprehendidos en el Fundo El Huache como Miguel CuevasPincheira permanecen hasta hoy en calidad de detenidos desaparecidos. Tomadode MEMORIA VIVA
Inicio » Fallos Judiciales mes de Junio 2011Fallos Judiciales mes de Junio 2011SENTENCIA DEFINITIVA EN CAUSA ROL N° 372 EPISODIO SANTA BÁRBARAEl día 14 de mayo de 2011, el Ministro en Visita Extraordinaria D. Carlos Aldana Fuentes, de la Iltma. Corte de Apelaciones de Concepción, en causa Rol N° 372…
Francisco Antonio Farías MansillaPatricio, hola. Miguel Angel Cuevas, era/es hermano de mi abuela materna, Carmen Cuevas Pincheira. Ayer me llamó porque tuvo acceso a esta noticia a través de mi tía Paola…esa foto, la vi desde pequeño en casa, slds!
Patricio Torres AcuñaUn fraterno abrazo a ti y tu familia. Miguel fue un luchador social y fue ese compromiso el que llevó a sus asesinos a perpetrar ese innoble y cobarde homicidio. Guardo muchos recuerdos personales de Él.
Francisco Antonio Farías Mansillaque bueno saber que lo conociste; yo lo que se, es lo que me ha contado mi abuela y parte de mi familia materna, además de lo que he leído de los informes de DDHH. Para navidad, le regalamos con mi pareja a mi abuela Carmen, el documental “La Nostalgia de la Luz”. Lo vimos juntos y me imagino, lo que debe ser para ella estos 40 años de injusticia y dolor. Saludos nuevamente! FUERZA, ÁNIMO y CORAJE en tu trabajo de memoria.
El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119” en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.
“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.
Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia,revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.
Prisión efectiva con pensiones para 10
Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.
Concierto contra la impunidad
Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.
Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.
El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido
. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.
Impunidad “biológica”
The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”
Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.
Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.
Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.
El truco de la media prescripción
En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.
La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.
Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.
Sentencias a más de 10 años
Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.
detención Contreras
Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .
Méritos de Contreras y Krassnoff
Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”
La escuela del ministro Solís
Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto.
Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.
La espera sin fin
De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.
Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.
Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.
Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)
Tipo de sentencia
29
Casos
Absueltos todos los criminales, Prescripción total
1
Jacqueline Binfa (2009)
Media prescripción = criminales sin pena efectiva o rebaja a sólo 5 años y 1 día
10
Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C, Claudio Silva P
Sentencias de menos de 8 años y 1 día
5
S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S, Fernando Peña
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA
14
M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras, Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González, Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara, Miguel Angel Sandoval.
Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de julio de 2015
Cuadro 2: Las 90 causas restantes
Estado de la Causa y Cantidad casos
Casos
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema
Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara, Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
15 con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la condena)
Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.
25 con procesamientos (en espera de acusación)
M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace poco.
Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo.
Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015
A 40 años del golpe, la abogada Paulina Veloso recuerda la desaparición en Buenos Aires de quien en 1977 era su esposo, el estudiante chileno suizo Alexei Jaccard. Junto con reivindicar el rol que en aquellos años jugaron los militantes de izquierda que arriesgaron sus vidas por recuperar la democracia, Veloso entrega detalles de la investigación judicial que sitúa el asesinato de Jaccard en el cuartel Simón Bolívar de la DINA. Los agentes que lo detuvieron y torturaron no olvidaron nunca al joven de 25 años –los calcetines que pidió, su nariz perfilada–, pero la familia espera más: quiere saber la verdad de lo ocurrido y recuperar sus restos.
El recuerdo y los homenajes que hemos conocido en estos días, lamentablemente, no cambiarán la vida de nuestros muertos, pero sí las nuestras.
Siempre pensé que en nuestra Patria faltaba el momento de poder compartir, más allá de nuestros cercanos, la tragedia vivida en todas sus dimensiones. Sólo cuando los otros, los que estuvieron en la vereda del frente, puedan compartir, en cierta forma, el sentimiento de la pena y el horror, podremos de verdad reconstruirnos en una historia común.
Sólo cuando los otros, los que estuvieron en la vereda del frente, puedan compartir, en cierta forma, el sentimiento de la pena y el horror, podremos de verdad reconstruirnos en una historia común.
Ciertamente, los relatos que hemos escuchado en este último tiempo ayudan a que los familiares y cercanos a las víctimas se reencuentren y se fortalezcan en su dolor y pena acumulada. Ya ese solo hecho es valioso y sanador. Pero también, puede ayudar a que quienes estuvieron en el otro lado de la historia entiendan mejor este asunto humano de pérdidas y sufrimientos, con toda la profundidad posible; y de este modo pudiéremos encontrarnos, no en las ideas políticas e ideologías, sino en aquel sustento común de convicciones actuales de las sociedades democráticas que son el respeto a los derechos humanos. Ello es una necesidad del presente.
En ese propósito, comparto con ustedes este relato de pequeño homenaje a una de las víctimas, Alexei Jaccard, quien el 17 de mayo de 1977, o sea sólo hace 36 años, fue detenido en Buenos Aires, en una operación conjunta de las policías argentina y chilena, permaneciendo desde entonces desaparecido.
Tenía entonces 25 años y estudiaba en la Universidad de Ginebra.
Alexei era un joven idealista, muy fuertemente comprometido con las ideas de igualdad y libertad del ser humano, que amaba a Chile, que le gustaba la vida sencilla, cercana a la naturaleza, y se conmovía profundamente con la música y la poesía. Creía que el ser humano tenía el derecho de forjar su destino. No tenía precisamente un espíritu de suicida, sin embargo siempre fue una persona valiente y generosa, quizás incluso confiaba demasiado en sus propios recursos de sobrevivencia. Esta breve descripción de una muy bella persona en todo su extenso sentido, es la introducción necesaria que explica por qué Alexei, quien gozaba de la tranquila vida de estudiante en la hermosa Ginebra, estuvo dispuesto a participar en una operación peligrosa: en la lucha política clandestina del Partido Comunista, donde militaba, que finalmente lo llevaría a su desaparición.
En aquella época, los militantes de los partidos políticos de izquierda intentaban reorganizarse clandestinamente, mantener viva la organización, la estructura partidaria. Esa fue la primera tarea que asumen los partidos políticos en Chile, desde el mismo septiembre de 1973, en un intento por sobrevivir a la represión y para algún día retomar la senda democrática. En esa época, quienes participaban en dichos actos, extremadamente limitados, tenían una idea de urgencia, de necesidad imperiosa, aunque existía cierta conciencia de las propias limitaciones y claramente masticaban el peligro.
Por muchos años hicimos gestiones políticas y acciones judiciales destinadas a obtener un reconocimiento de la detención de Alexei, pensando que podía ser liberado. Desconocíamos que el exterminio no era sólo una consigna, en verdad se aplicaba sistemáticamente.
La historia aún no ha reconocido todo el valor y la importancia de aquella primera actividad de organización clandestina, que se lleva a cabo desde el año 1973. Ciertamente, sin esos prematuros gestos de oposición no hubiere sido posible la acción posterior que llevó a la organización y acción de los pobladores, de las federaciones de estudiantes, de los sindicatos y organizaciones gremiales; y finalmente a la masificación de los actos de protestas, básicamente producidos en la década del 80; todo lo cual –ya es bueno reconocerlo– es el sustento material que posibilitó la derrota a la dictadura.
Hablar de Alexei permite recordar la historia de la dictadura en Chile. Pero también, y sobre todo, valorar y rendir homenaje a aquellos hombres y mujeres que se arriesgaron y entregaron su vida, con una enorme convicción y coraje, en aquellos primeros tiempos post dictadura, cuando el silencio y el miedo nos acompañaban cotidianamente.
El régimen de Pinochet tenía muy claro que era muy importante eliminar ese trabajo clandestino prematuro a efectos de destruir la posibilidad de organización de aquellos partidos políticos. De manera que, después de las detenciones masivas del año 1973 que permitieron tener el control político de la situación, generar el miedo masivo y la sumisión consecuente en el conjunto de la población, la represión ya desde 1974 se dirigió básicamente a eliminar las personas y desarticular las organizaciones políticas claves que pudieren liderar la oposición y que en esa época intentaban rearmarse.
En esa persecución atroz, el Partido Comunista perdió casi íntegramente dos directivas nacionales completas. Entre los años 1976 a 1977, fueron detenidos uno a uno los dirigentes. Ahora sabemos que hubo, además, un centro de detenidos de exterminio, destinado sólo a militantes comunistas que participan en esa tarea de organización: el cuartel ubicado en la calle Simón Bolívar, que dirigía el mismo Manuel Contreras. Allí llegó Alexei, desde Buenos Aires, probablemente el mes de mayo de 1977.
Ese año, en medio del caos interno por la pérdida de las cabezas políticas, desde el exilio los dirigentes del Partido Comunista habían programado la instalación de una nueva directiva que se formaría en Buenos Aires. Sin embargo,la instalación de ese equipo fracasó, siendo detenidos y hechos desaparecer todos los que participarían en esa operación, incluido Alexei.
En ese entonces no sabíamos que Alexei devendría en un desaparecido. Teníamos aquella ingenuidad que se produce frente a actos que por su extrema crueldad resultan inimaginables. No conocíamos, como lo sabemos hoy día, los alcances de la política represiva de la “desaparición”. De allí que por muchos años hicimos gestiones políticas y acciones judiciales destinadas a obtener un reconocimiento de la detención de Alexei, pensando que podía ser liberado en algún momento. Desconocíamos que el exterminio no era sólo una consigna, en verdad se aplicaba sistemáticamente.
En ese momento de crueldad e inhumanidad infinita, Alexei apeló a un simple gesto de solidaridad humana. El recuerdo de los calcetines nos ha traído, otra vez, a Alexei a nuestras vidas presentes.
En ese contexto, en Suiza se organizó un grupo de estudiantes, amigos, y profesores de la Universidad de Ginebra, quienes protestaron e hicieron cientos de gestiones dirigidas a los gobiernos de Argentina y Chile para obtener la liberación de Alexei. En esos actos tuvo una participación muy destacada quien era entonces Rector de la Universidad, don Justin Thorends, profesor de derecho quien no podía siquiera imaginar que en pleno siglo XX alguien pudiere ser detenido y su detención jamás ser reconocida por gobierno alguno, simplemente volatilizarse. Posteriormente, la Universidad de Ginebra decidió que su auditorio de ciencias sociales, en el espléndido edificio que alberga esos estudios, llevare su nombre. Lo mismo decidió, algunos años más tarde, el consejo municipal de la comuna de Sainte Croix, lugar de origen de su familia.
Por su parte, inmediatamente después de saber la noticia de la detención, entablamos recursos de amparo en Buenos Aires y en Santiago, y posteriormente se interpuso una querella criminal. Todo fue inútil. Fracasaban así las posibilidades que normalmente otorga el derecho.
En verdad la liberación no era posible. Supimos recién ahora por el curso de la investigación judicial que actualmente lleva el ministro de corte Mario Carroza, que Alexei había sido ejecutado, muy probablemente el mismo año 1977, en el cuartel de Simón Bolívar, en Santiago.
Pero sólo ahora, por las actuales investigaciones judiciales, sabemos que Alexei fue traído desde Buenos Aires y llevado al cuartel de Simón Bolívar. Por las declaraciones de los agentes de la policía que trabajaron en ese cuartel, ahora interrogados, hemos sabido que Alexei llegó herido y fue atendido por un médico, cuya identidad desconocemos. Venía junto a otros dos detenidos. Probablemente son los comunistas Ricardo Ramírez y Héctor Velázquez. Los agentes, todos los cuales están procesados, evitan hablar de las torturas y no se refieren a los detenidos por sus nombres. Pero en sus relatos van identificando a Alexei con una serie de datos que lo hacen inconfundible. Afirman que Alexei, a quien identifican como “el noruego” –seguramente confundiendo Noruega con Suiza–, traía dinero para el Partido Comunista. Incluso refieren la cantidad de dólares precisa que llevaba consigo. Recuerdan que Alexei tenía 25 años, que era alto, dicen –medía 1 metro 83 centímetros–, y tenía un año de casado. Todo lo cual coincide exactamente con la realidad. Además, una agente recuerda que tenía una nariz muy perfilada, lo cual también era cierto. Pero quizás una de las declaraciones más impresionantes para la familia es aquella de una agente que recuerda que Alexei una noche le pidió calcetines porque tenía frío en los pies. Declara que ella se los llevó al día siguiente, sin embargo él ya no estaba en su celda. Según otro agente, Alexei fue eliminado con gas.
Leer en las declaraciones que constan en un expediente judicial que Alexei había pedido calcetines me produjo una emoción muy profunda. Primero, porque ese hecho me lleva a reconocerlo totalmente: Alexei siempre tenía frío en los pies. Reconocí sus palabras pidiendo calcetines. Sin embargo, quizás lo más importante es conocer que incluso en aquellas circunstancias de extremo apremio, soledad y trato cruel, Alexei creyó en la posibilidad de un gesto humano, pedirle a uno de sus carceleros una pequeña ayuda que, además, según nos cuentan, llegó, aunque tarde. Alexei creía infinitamente en la bondad y generosidad espontánea del ser humano. Por ello, en ese momento de crueldad e inhumanidad infinita, Alexei apeló a un simple gesto de solidaridad humana. El recuerdo de los calcetines nos ha traído, otra vez, a Alexei a nuestras vidas presentes.
Llama la atención que a más de 30 años de aquellos hechos, agentes de la policía secreta se acuerden, por ejemplo, de la nariz perfilada de Alexei. Cómo habrán impactado en las vidas y en los recuerdos de aquellos agentes todos esos tenebrosos momentos en que ellos fueron los protagonistas activos del exterminio, que los lleve a acordarse del detalle de la nariz de uno de los tantos detenidos que ellos torturaron. Y cómo ha podido ocurrir que hayan guardado toda esa valiosa información hasta ahora.
Necesitamos imperiosamente como familia, al igual que las otras familias de los detenidos desaparecidos, conocer el detalle de la verdad de lo ocurrido, así como encontrar sus restos.
En fin, es cierto que estos agentes no declararon espontáneamente. Más bien, mientras no se supo de la existencia de este cuartel secreto, pudieron aparentemente mantener una vida normal, insertos en el Chile cotidiano. Sólo porque uno de los agentes habló ante la policía reconociendo este centro de detención, a comienzos del año 2007, instado por una paciente y permanente investigación judicial y policial sobre todos estos hechos, los agentes de ese centro de exterminio fueron arrestados y obligados a declarar. Y fueron uno a uno reconociendo los hechos que ahora hemos ido conociendo. Así se supo que en ese centro de detención se torturó y asesinó a los máximos dirigentes del Partido Comunista. Esta parte de la verdad que ahora aparece nos muestra la importancia de los procesos judiciales en Chile, aún en curso, y la necesidad que ellos se mantengan hasta que la verdad, cuan completa sea posible, se obtenga.
Además de la necesidad histórica para Chile de conocer lo ocurrido en ese centro de detención, necesitamos imperiosamente como familia, al igual que las otras familias de los detenidos desaparecidos, conocer el detalle de la verdad de lo ocurrido, así como encontrar sus restos, tarea a la que está actualmente avocada la investigación. Esa es parte de la verdad a la que aspiramos, que es por lo demás, aún posible de obtener, y que permite confirmar que el problema de los desaparecidos también es un problema del presente.
Ofrecer un homenaje y dar a conocer estos hechos es parte de nuestro compromiso con los nuestros y, ciertamente, con el Chile del futuro.
+A 40 años del golpe contra Salvador Allende
Jaccard: la historia de una de las 22 víctimas chilenas del Plan Cóndor
Alexei Vladimir Jaccard Siegler fue secuestrado en la Argentina en 1977. Su caso es uno de los más emblemáticos de las 22 víctimas chilenas cuya desaparición o muerte está siendo investigada en el juicio del Plan Cóndor que se tramita en los tribunales de Comodoro Py.
Jaccard había venido a la Argentina con plata para financiar al Partido Comunista chileno.
El 16 de mayo de 1977, Alexei Vladimir Jaccard Siegler pisó el aeropuerto de Ezeiza con 20.000 dólares en la valija para financiar al Partido Comunista chileno. Era la escala obligada de un viaje desde Suiza hasta su país natal, pero desconocía que los servicios de inteligencia de ambos países le pisaban los talones y que nunca llegaría a cruzar la Cordillera de los Andes. Fue secuestrado por la Policía Federal el día siguiente en el Hotel Bristol de Buenos Aires, junto a dos camaradas del PC chileno: Ricardo Ignacio Ramírez Herrera, el encargado de organización y finanzas en Buenos Aires, y Héctor Heraldo Velásquez Mardones. Junto a los comunistas chilenos, cayeron cinco argentinos que componían el Comité de Solidaridad con Chile en Argentina y los iban a alojar en su paso por la capital. Desde ese día, los ocho continúan desaparecidos.
Jaccard era chileno suizo. La embajada suiza en Argentina pidió a las autoridades argentinas que investigara su paradero. La Federal y la empresa aérea informaron que Jaccard había abordado el vuelo n° 630 de la empresa Varig, con pasaporte argentino nro. 6.701.432, con destino a Santiago de Chile el día 26 de mayo de 1977. Pero no era cierto. Según la investigación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, que en 1992 elaboró el Informe Rettig –un correlato del Nunca Más de la CONADEP argentina-, Jaccard fue detenido por la Policía Federal y trasladado a la ESMA.
Ahora, se intentará corroborar en el megajuicio sobre el Plan Cóndor que comenzó en marzo pasado ante el Tribunal Oral Federal Nº 1.
El fiscal del juicio, Pablo Ouviña, contó a Infojus Noticias que “ante la presión suiza, se montó toda una parodia haciendo circular su DNI por el mundo para justificar que había viajado”. Lo mismo sucedió con Ricardo Ramírez: cuando la Cancillería argentina le requirió información a la Policía Internacional de Chile, se dijo que Ramírez había realizado varios viajes en el exterior entre 1977 y 1983, aunque de eso no hay constancias.
El Cóndor al banquillo
El caso de Jaccard es uno de los más emblemáticos de las veintidós víctimas chilenas cuya desaparición o muerte está siendo investigada en el juicio del Plan Cóndor que se tramita en los tribunales de Comodoro Py. En los 22 secuestros de chilenos en Argentina, juega un rol crucial la conexión entre los servicios secretos argentinos y la DINA chilena, y el intercambio de información confidencial entre las fuerzas armadas de ambos países.
El juicio recorre el cautiverio y las torturas de 106 argentinos, chilenos, brasileros, uruguayos, paraguayos y bolivianos. La instrucción se realizó en tres etapas, a partir de investigaciones en 2008, 2011 y 2012, que fueron elevándose paulatinamente al juicio que hoy se sustancia en el Tribunal Oral Federal Nº 1. Se busca probar no sólo los crímenes de lesa humanidad y la responsabilidad de los veintidós imputados, sino que hubo una asociación ilícita entre las dictaduras del Cono Sur: la Operación Cóndor.
Justicia trasandina
En Chile, el panorama de juzgamiento de los delitos contra la humanidad ha tenido sus bemoles, más allá de la sensación de impunidad que se derrama de las expresiones de Sebastián Piñera, su jefe de Estado. Sin embargo, hasta 2011 habían sido condenadas más de trescientas personas por violaciones a los derechos humanos. De todas ellas, setenta estaban cumpliendo su condena.
En 2001 se nombraron jueces especiales de primera instancia para impulsar estas investigaciones, que desde 1998 no han parado de aumentar. En Argentina, la Causa 13 – el Juicio a las Juntas- se convirtió en el primer juicio por delitos cometidos por las dictaduras del Cono Sur. En Chile, las causas avanzan, aunque como en todo el continente, a paso cansino.
En octubre de 1998, el entonces juez español Baltasar Garzón aplicó la figura jurídica de la “competencia universal” ante delitos contra la humanidad y ordenó que Augusto Pinochet fuese procesado por los crímenes cometidos bajo su gobierno. Pinochet se encontraba en Londres, y las autoridades británicas debatieron su extradición. Tras seis días de haber sido enviada la orden del magistrado, las autoridades británicas procedieron al arresto domiciliario de Pinochet, que se mantuvo hasta marzo de 2000, cuando “por razones humanitarias” fue autorizado a regresar a Chile.
Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”
Juan San Cristóbal | Jueves 29 de agosto 2013 0:10 hrs.
A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.
Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.
La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.
Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.
Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.
La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.
En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.
Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.
“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.
En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.
Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.
“Chile: Las víctimas infantiles” Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.
La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.
Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalday ordenando su incineración.
En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.
Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.
Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.
La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.
Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.
Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.
DECLARACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE EX MENORES DE EDAD, VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
*A LA OPINIÓN PÚBLICA*La *Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura* viene a declarar que:
Como es de público conocimiento, nuestra organización presentó entre el 31 de enero y el 31 de marzo de este año 164 casos de menores de edad víctimas de prisión política y tortura ante la Comisión Valech para su reconsideración dentro de los plazos legalmente establecidos.
De estos casos presentados, el número de casos aprobados por la Comisión es de sólo 34 casos, y no de 70 como le ha señalado a la prensa la misma comisión Valech.
En un análisis preliminar, podemos afirmar que el perfil de los casos rechazados por la Comisión Valech *que se encuentran dentro de su mandato son:*
1. *Caso de menor en gestación:* ambos padres se encuentran reconocidos como presos políticos víctimas de prisión política y tortura por la Comisión Valech en su informe entregado en noviembre del 2004. La madre fue torturada con un mes de embarazo, con golpes y aplicación de corriente. Al nacer, esta persona presentó claras secuelas de la tortura que sufrió en el vientre materno, como una sordera que la acompaña de por vida. Denunciamos que se le presentaron todos los antecedentes del caso a la Comisión para que este caso fuera aprobado *COMO LO ORDENA SU MANDATO. *
2. *Caso de gestación producto de la violación de su madre, seguido de tortura durante la gestación y posterior nacimiento en prisión:* madre se encuentra reconocida como presa política víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech en su informe entregado en noviembre del 2004. La madre permaneció en un centro de tortura por espacio de un año y medio, donde fue violada, torturada estando embarazada y donde también dio a luz. Denunciamos que se le presentaron todos los antecedentes del caso a la Comisión para que este caso fuera aprobado *COMO LO ORDENA SU MANDATO. *
Ambos casos son un botón de muestra de lo que la *Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura *viene planteando desde diciembre del año pasado: *que la Comisión Valech careció de una línea de investigación clara que identificara y reconociera a quienes fuimos víctimas de prisión política y tortura siendo niños y niñas con criterios ecuánimes. Constatamos con estupor que en este período de reconsideración nuevamente la calificación quedó a criterio del funcionario que recibió el caso. *
Así mismo, denunciamos que la Comisión Valech rechazó un sinnúmero de casos que se encuentran dentro de su mandato, por razones que desconocemos ya que ni siquiera se dignó a entregarnos una respuesta. Entre esos casos rechazados, tenemos casos de:
3. Nacimiento en prisión
4. Secuestro y detención de menores en cárceles de menores, hogar de menores de Carabineros de Chile y comisarías.
5. Secuestro de menores en ratoneras, donde fueron brutalmente interrogados y maltratados.
6. Caso de arresto domiciliario por espacio de un mes. Casos rechazados por la Comisión Valech *que se encuentran fuera de su restringido mandato:*
1. Casos de tortura e interrogatorios a niños y niñas durante el allanamiento SELECTIVO de su domicilio. 2. Secuestro de menores y sometimiento a simulacros de fusilamiento de connotación pública en su época.
3. Adolescentes detenidos durante protestas, golpeados y torturados.
En segundo lugar, denunciamos que, a pesar de que nuestra organización le viene planteando a la Comisión Valech desde el mes de diciembre del año pasado, que ha marginado de su reconocimiento a personas que fueron víctimas de prisión política y tortura siendo niños y niñas debido a su propia falta de directrices claras hacia este grupo, *no ha existido la voluntad política necesaria por parte del ejecutivo para remediar esta importante omisión. *
En tercer lugar, sostenemos que frente al cierre y disolución de esta comisión no nos queda más que recurrir a la justicia para garantizar un mínimo de igualdad ante la ley, y denunciar esta marginación de la que hemos sido objeto ante organismos internacionales de Derechos Humanos.
Sin otro particular,
Se despide atentamente
*AGRUPACIÓN DE EX – MENORES DE EDAD
VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
*exmenores@gmail.com
Santiago, 21 de abril de 2005
Señor
Ricardo Lagos Escobar
Presidente de la República
Presente
Junto con saludarle, nuestra organización viene a señalar lo siguiente:
La Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura reconoce el valor ético que tuvo el Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para la sociedad chilena, ya que estableció que la tortura constituyó una política de Estado destinada a someter y aterrorizar a la población durante la dictadura militar.
Sin embargo, hemos hecho pública nuestra preocupación por la ausencia de una línea de investigación en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que permitiera identificar y otorgar el debido reconocimiento a quienes fuimos víctimas de esta política de Estado siendo niños y niñas.
Sin lugar a dudas la publicación de un anexo con 102 personas en el Informe Valech titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”, constituyó un primer paso para visibilizar este tema en la sociedad chilena. No obstante, desde la publicación del informe ha quedado al descubierto que los niños y niñas torturados fuimos muchos más que 102. Pese a carecer de mayores recursos, nuestra agrupación localizó y presentó durante el período de reconsideración de la Comisión (diciembre 2004 – marzo 2005) 163 casos de niños, niñas y adolescentes torturados y prisioneros políticos que no se encuentran en el Informe Valech. Además, Fundaciones como el Programa de Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (P.I.D.E.E.) o la Vicaría de la Solidaridad, que cuentan con archivos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas, contienen numerosos antecedentes sobre este tema.
Por esto reiteramos hoy nuestra petición de reabrir la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para todas las víctimas de prisión política y tortura, y en lo que se refiere a los menores, modificar su mandato para que todos los que fuimos víctimas de esta política de Estado siendo niños y niñas, seamos reconocidos como tales. Además, se hace indispensable que la Comisión defina el concepto de tortura en niños y niñas de acuerdo a los estándares internacionales, y aborde este tema en su real dimensión.
En segundo lugar, queremos reiterar nuestro profundo desacuerdo con la distinción que hizo la Ley de Reparaciones nº19992 promulgada el 24 de diciembre de 2004, al hacer una diferencia entre las reparaciones entregadas a quienes tenían participación política o social al momento de su detención (listado de víctimas) y quienes, por ser niños y niñas, no la teníamos (anexo de menores de edad). Reconocemos que la Comisión hizo un gesto para enmendar esta situación, traspasando a una gran cantidad de personas que estaban en el anexo al listado de víctimas. Sin embargo, aún quedan 13 personas en el anexo que no tienen ese reconocimiento, y que por lo tanto, no tienen derecho a las mismas reparaciones que los demás. Según se nos ha informado, se trataría fundamentalmente de personas que estaban en gestación cuando sus madres fueron detenidas, y que por lo tanto, fueron víctimas de tortura intrauterina.
No es posible medir el grado de sufrimiento experimentado. No es posible establecer una escala que mida el impacto que la tortura puede tener en una persona. No se puede establecer si el sufrimiento de un niño afectado por su uso en calidad de rehén es mayor o menor al sufrimiento experimentado por otro niño debido a la tortura que sufrió cuando se encontraba en gestación.
Por esto solicitamos a usted que todas las personas que fueron víctimas de prisión y tortura tengan el pleno reconocimiento de su calidad de víctimas, y que por lo tanto, se beneficien de las mismas reparaciones que establece la ley.
En tercer lugar, la misma Ley de reparaciones nº19992 en su artículo nº15 cubrió con un manto de silencio de 50 años los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, no permitiendo si quiera su acceso a magistrados del Poder Judicial que investigan causas de Derechos Humanos. Los tratados internacionales establecen que la tortura de niños y niñas es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que no puede quedar en la impunidad. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución en la que afirma que “los Estados tienen la obligación de investigar y si hay pruebas suficientes, llevar ante la Justicia a los responsables y castigar a los culpables de esas violaciones”. Chile merece avanzar hacia el futuro por el camino de la verdad y la justicia, y por eso exigimos que este manto de impunidad se levante.
Por último, queremos reiterar nuestra solicitud de audiencia, hecha el 12 de enero del presente año, para abordar estos temas.
Sin otro particular,
Se despide atentamente,
Agrupación de Ex – Menores de Edad
Víctimas de Prisión Política y Tortura
exmenores@gmail.com
LLAMADO DE LOS EX PRESOS MENORES DE EDAD DE LA DICTADURA
Santiago, 21 de enero de 2005
Estimados amigos y amigas,
Junto con saludar la labor que ustedes realizan por la protección de los Derechos Humanos en Chile, queremos señalar lo siguiente:
Somos una organización de personas que siendo menores de edad fuimos víctimas de prisión y tortura en Chile durante la dictadura militar. Hoy es de público conocimiento que el Estado de Chile implementó durante esos años una política de Estado destinada a desarticular los movimientos sociales y políticos de la época, sometiendo a sus opositores a vejámenes y torturas ampliamente descritas en el Informe Valech.
Esta política de Estado no dejó fuera a los menores de edad, siendo hoy sorprendente a los ojos de la opinión pública que niños, niñas y adolescentes hayan permanecido secuestrados, interrogados y torturados durante días, e incluso semanas, en recintos como Villa Grimaldi, Cuartel Borgoño, Tres Álamos, y en algunos casos en sus propios hogares. Hoy nos enfrentamos a la constatación de que nuestro uso como niños y niñas, tanto en calidad de rehenes, como en prácticas de tortura física y psicológica hacia nuestros padres, e incluso hacia nosotros mismos, constituyó un hecho generalizado y fue una práctica frecuente de los organismos de represión en época de dictadura.
Si bien reconocemos el valor ético que ha tenido el Informe Valech para la sociedad chilena, en tanto estableció la existencia de una política de Estado que usó la tortura como método, consideramos que la experiencia de quienes fuimos menores de edad debe ser abordada con mayor profundidad. Por esto nos hemos agrupado por primera vez para reconstruir la memoria desde nuestra propia experiencia.
En este contexto, como organización nuestro primer objetivo es recopilar los testimonios de todas las personas que siendo menores de edad sufrieron prisión política y tortura, hayan calificado o no ante la Comisión Valech, y por lo tanto, incluyendo en esta categoría a quienes estaban en gestación cuando sus madres fueron detenidas aunque no hayan nacido en prisión. La recopilación de estos testimonios es vital para la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país, y es importante que podamos hacerlo desde nuestra propia experiencia.
Asimismo, hemos constatado que la gran mayoría de las personas que siendo menores fueron víctimas de tortura no se encuentra en el Informe Valech. Esto se debe fundamentalmente a que la situación de prisión y tortura fue una situación extremadamente difícil y dolorosa para las familias, y debido a esto mantuvieron esta situación en silencio. Sólo a partir de la publicación del informe, y del reconocimiento de la existencia de menores de edad propiamente tal afectados por prácticas de tortura física y psicológica, muchas familias abrieron este tema en su seno por primera vez, cuando la Comisión ya había cerrado las inscripciones. Por otra parte, algunos padres mencionaron esto sólo en sus propias declaraciones, ya que no se les dijo que sus hijos e hijas debían presentarse personalmente. Por esto hemos iniciado las gestiones necesarias para buscar alguna solución a estos casos.
Un segundo objetivo importante es la presentación de un juicio colectivo de personas que siendo menores de edad fueron víctimas de prisión política y tortura. Un pilar fundamental de la reparación es sin lugar a dudas la justicia, más aún si se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de menores. Les invitamos a formar parte de esta querella que queremos presentar colectivamente en marzo. A la fecha hemos ubicado a cuarenta personas dispuestas a formar parte de esta iniciativa legal; esperamos en marzo ser unas cien personas para colocar con fuerza este tema en el debate público.
Nuestro tercer objetivo tiene que ver con la Ley de reparaciones actualmente vigente. Esta ley no nos consideró como víctimas propiamente tal al dejarnos fuera de la mayoría de sus beneficios. Actualmente nos encontramos solicitándole al gobierno un reconocimiento formal de nuestra calidad de víctimas, y de beneficios concretos en materia de educación, salud y vivienda.
Nos dirigimos a ustedes con el convencimiento de que nos pueden ayudar en este camino. Les solicitamos a todos los organismos de Derechos Humanos, y las personas en general que nos ayuden a localizar a los hijos e hijas de militantes de todos los partidos políticos para que formen parte de esta iniciativa por la memoria y la justicia. Es para nosotros de suma importancia localizar a la mayor parte de quienes vivimos tortura y prisión siendo menores de edad, estén en Chile o en el extranjero. Sabemos que podemos contar con el apoyo y la comprensión de ustedes, en el entendimiento de que esta iniciativa apunta a que nos podamos hacer cargo hoy de una situación para la cual no teníamos herramientas en el pasado, y que éste constituye quizás el acto de reparación más importante que está a nuestro alcance.
Para mayor información pueden dirigirse a:
Ana Cortez Salas, 56-2-734-9682 o 09-771-4805
Vilma Blamey: 56-2-695-2580
Macarena Aguiló Marchi, 56-2-341-3150 o 09-998-3357
Correo de contacto: exmenores@gmail.comAgrupación de Ex- Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura
Si hay algo que pueda aporar sobre cualquier hecho importante ocurrido en la historia reciente, compártalo con nosotros enviándonos un e-mailpara que así podamos darlo a conocer. Si posee algún antecedente sobre cualquier compañero desaparecido o asesinado por la dictadura, compártalo también con nosotros, eso contribuirá a que jamás los olvidemos.
Yo soy Rodrigo Rojas, carne y madera vuelto incendio en la lucha Vuelvo a la vida y alumbrar de esperanza la noche ciega.
(“Leña Gruesa”, 1993 ~ Quelentaro)
Uno de los casos más reveladores de la brutalidad de la dictadura, fue el ataque incendiario contra Rodrigo Rojas De Negri y Carmen Gloria Quintana, el 02 julio de 1986. El joven Rodrigo murió: QUEMADO.
Siete años después, la Corte Suprema condenó al capitán Pedro Fernández Dittus, quien comandaba la patrulla militar que quemó a los dos jóvenes, a la irrisoria pena de 600 días por su responsabilidad en la muerte del joven fotógrafo Rodrigo Rojas y de las graves quemaduras y heridas de Carmen Gloria Quintana. El militar alegó “sicopatía orgánica”.
No sólo las más de cuatro décadas que han transcurrido desde el golpe de traición a la patria perpetrado por el dictador Pinochet, han traído el recuerdo de estos luctuosos hechos.
En julio del año 2013, la madre de Rodrigo Rojas, Verónica De Negri, junto a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos, presentó una querella por homicidio y asociación ilícita contra todos los responsables de su muerte. Es, en los hechos, la reapertura del juicio. A lo anterior, se añadió la exposición “El exilio sin retorno”, que durante octubre y noviembre del 2013, trajo de regreso las fotografías de Rodrigo Rojas a los museos de la Memoria y Arte Contemporáneo, en Santiago. La editorial LOM publicó un libro con esas imágenes. Es la mirada de un joven de 19 años que había regresado del exilio con su cámara, a testimoniar la lucha de un pueblo contra la dictadura.
Verónica De Negri estuvo de paso en Chile. Vivió todos esos años de exilio en Washington, ciudad a la que llegó en 1977, cuando fue expulsada por la dictadura, tras ser detenida y torturada en Tres Alamos.
UN JOVEN CON SU CAMARA
Rodrigo Rojas De Negri regresó a Chile en 1986. Era un viaje largamente anhelado. Junto a su madre y su hermano menor, Pablo, vivía en la capital de EE.UU.; donde el brazo armado de la dictadura había asesinado a Orlando Letelier en 1976.
Verónica De Negri recuerda que la familia Letelier contrató a Rodrigo para llevar al tribunal los documentos del proceso por el asesinato del ex canciller. “Llevaba el maletín con las fotocopias en la mañana. Quién se iba a preocupar que un ‘cabrito chico’ transportaba esos documentos. Isabel (Morel, viuda de Letelier) me contaba que Rodrigo leía todos los papeles del juicio”, acota.
Pero Rodrigo tenía una pasión mayor. Su cercanía con la imagen comenzó unos años antes de la mano de Marcelo Montecino, fotógrafo chileno, exiliado en Washington, que había registrado el proceso de la Unidad Popular y los primeros años de la dictadura. La cámara sería la herramienta del adolescente para captar lo que ocurría. El cuarto oscuro, su lugar alquímico. Tal como se ve en la exposición “El exilio sin retorno”, sus primeras fotografías retratan la calle, los trabajadores negros, su escuela, las protestas contra la intervención yanqui en Centroamérica, las reaganomics y el apartheid en Sudáfrica.
Con dos cámaras y abundante película, Rodrigo Rojas abordó el avión a Lima. Enamorado de Latinoamérica “…su sueño era visitar Machu Picchu, por la poesía de Neruda”, cuenta su madre. Sin embargo, la cercanía con su tierra de origen lo atrapó y le hizo cambiar de planes. En Lima abordó un bus que lo llevó a Arica y luego a Santiago.
Fue Percy Lam, fallecido el 2013, y miembro de la Agrupación de Fotógrafos Independientes (AFI) quien tomó una imagen del joven, apenas llegado, en una manifestación en una calle de Santiago. El documental “La ciudad de los fotógrafos”, de Sebastián Moreno, reproduce el momento.
Por el bolso, por la ropa, pensó que se trataba de un “sapo”. Días después, Rodrigo Rojas se unió a la AFI, mediante un contacto que Montecino estableció con los hermanos Hoppe. A todos les llamó la atención la osadía del joven que hablaba como gringo. “Hay una foto de Rodrigo que es muy especial. Es de un grupo de carabineros jóvenes en el Metro. Alvaro Hoppe me contó que Rodrigo se acercó a los policías, y les preguntó si les podía tomar una foto, cuestión que estaba prohibida en esa época. Los pacos pensaron era un turista y se lo permitieron”, dice su madre.
El funeral del estudiante Ronald Wood, el 20 de mayo de 1986, en Santiago, sería un descarnado encuentro con la violencia perpetrada por el régimen. La fotografía es en colores, inusual para la época. Los fotógrafos de la AFI revelaban sus imágenes en blanco y negro en laboratorios caseros. El proceso en color sólo era posible en las casas comerciales, donde se corría el riesgo de ser detectado por los servicios de seguridad.
Imágenes del funeral de Rodrigo Rojas.
Verónica de Negri, madre de Rodrigo Rojas, en el funeral de su hijo. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
Funeral de Rodrigo Rojas de Negri. Archivo diario La Nación. Universidad Diego Portales.
PREGUNTAS ABIERTAS
La fotografía del masivo sepelio, con una muchacha apoyada en el ataúd recubierto de flores es, hasta hoy, para Verónica De Negri, el encuadre donde su hijo anticipó su propio funeral. Los crímenes de Wood y Rojas De Negri poseen varias coincidencias. Ambos tenían 19 años, sobrevivieron algunos días y sus funerales tuvieron un carácter multitudinario. Igualmente, sus sepelios fueron reprimidos por la policía.
La reapertura del juicio busca, en palabras de Verónica De Negri, encontrar a todos los responsables del crimen. La patrulla militar constaba de 27 efectivos, entre ellos, tres civiles. “Era gente que no pertenecía a la CNI. Una policía secreta paralela. Esa información llegó a la Vicaría de la Solidaridad”, señala. “Fernández Dittus recibió órdenes de quemar a los chiquillos. Quiero saber quién dio la orden. O qué hacían esos civiles. Creo que tienen que haber tenido una función específica. Para protegerlos culparon a Fernández Dittus. Eso no quiere decir que él no tuvo responsabilidad”.
Verónica De Negri indica que su esperanza es que alguien de aquella patrulla se atreva a testificar. Los conscriptos se negaron a hablar. “Sé que algunos soldados intentaron hablar pero no los dejaron”, dice. Idéntica situación acaeció con pobladores de Los Nogales que presenciaron los hechos. “En el juicio hubo algunos testimonios de muchachos detenidos esa noche. Señalan que Fernández Dittus habló por walkie talkie con un superior para saber qué hacer con los cabros. Pero la policía, semanas después, arrestó a los que testificaron y los responsabilizó de robos… Los hicieron aparecer como personas no confiables. Algunos salieron al exilio, aterrorizados”.
El caso posee ribetes singulares. Se habla de un tiroteo en la noche previa al ataque incendiario. Soldados balearon el departamento de Temístocles Gajardo, un marino agente de la CNI. Fue una especie de mensaje mafioso de Pinochet al almirante Merino, con quien habría tenido conflictos. A propósito de esto, Verónica De Negri indica: “La patrulla de Fernández Dittus habría participado en el atentado al agente de la CNI. El me fue a ver en EE.UU., en los años 90. (Gajardo se exilió en EE.UU. A fines de los 80. N. de PF). Le pedí a Juan Méndez de América’s Watch que me acompañara pero no pudo. Terminé conversando sola con ese tipo. No pude grabar y lamentablemente entregué lo que anoté al abogado Roberto Garretón. El me dijo que ese tipo estaba loco y que inventaba cuestiones para ver qué provecho podía sacar. Me dijo: ‘Olvídate’. En todo caso, le dejé el material porque me parecía que el tipo no estaba contando cuentos. No supe más hasta que volví a verlo en Youtube, hace unos cuatro años. Esto me parece muy interesante porque habían diferencias en las FF.AA., aunque Pinochet decía que eran un sólo bloque. Había odio entre ellos”.
Otro objetivo de Verónica De Negri es deslindar la responsabilidad por la denegación de atención médica a su hijo Rodrigo en clínicas privadas de Santiago, como Santa María y Alemana. Los directores señalaron que no era posible atenderlopor peligro de infección para el resto de los pacientes.“Los médicos Villegas y Fierro también trataron de internarlo en el Hospital del Trabajador, pero le fue impedido el acceso”, señala Verónica De Negri.
Son muchas las interrogantes que Verónica quiere resolver. La cámara fotográfica de Rodrigo Rojas desapareció. Los rollos fotográficos que mandó a su madre a EE.UU. jamás llegaron a destino.
Su anhelo de justicia, se emparenta con los de otros familiares de jóvenes caídos en los años 80. “A mí me indigna cuando la gente se pregunta ‘por qué a mí’… La gente debiera decir por qué a todos”, dice Verónica De Negri.
Las llamas ya no son llamas, Son hojas que van cayendo, Y en el medio de esas hojas, Mi voz seguirá viviendo, Mi voz seguirá viviendo, Rodrigo Rojas en llamas, Tu voz seguirá viviendo…
El 2 de julio de 1986 Chile se preparaba para un paro nacional contra del gobierno de facto del general Augusto Pinochet. Carmen Gloria tenía 18 años entonces. Estaba en la universidad y como tantas otras veces, se disponía a participar activamente del paro.
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Joven periodista y nieto del edil ganó Fondo de Fomento Audiovisual. El rodaje comenzará en Chillan a partir del 2014.
A 40 años del golpe, la abogada Paulina Veloso recuerda la desaparición en Buenos Aires de quien en 1977 era su esposo, el estudiante chileno suizo Alexei Jaccard. Junto con reivindicar el rol que en aquellos años jugaron los militantes de izquierda que arriesgaron sus vidas por recuperar la democracia, Veloso entrega detalles de la investigación judicial que sitúa el asesinato de Jaccard en el cuartel Simón Bolívar de la DINA. Los agentes que lo detuvieron y torturaron no olvidaron nunca al joven de 25 años –los calcetines que pidió, su nariz perfilada–, pero la familia espera más: quiere saber la verdad de lo ocurrido y recuperar sus restos.
