“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

“Operación Cóndor”: juicio histórico sobre el plan de represión coordinada de las dictaduras latinoamericanas en los años 70

07 DE MARZO DE 2013
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Dirty war 1

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JUAN GONZÁLEZ:

El martes pasado comenzó un histórico juicio en Argentina, que podría revelar nuevos detalles sobre la estrategia coordinada de seis países latinoamericanos, en las décadas de 1970 y 1980, para eliminar disidentes políticos. Este plan, conocido como Operación Cóndor, involucró a las dictaduras militares de Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Paraguay, Perú y Uruguay. Estos gobiernos colaboraron entre sí para rastrear, secuestrar y asesinar personas que ellos calificaban de terroristas: activistas de izquierda, sindicalistas, estudiantes, sacerdotes, periodistas, guerrilleros, y también sus familias.

El plan fue impulsado por el dictador chileno Augusto Pinochet y existe evidencia de que la CIA y el ex secretario de Estado Henry Kissinger fueron cómplices del mismo desde sus inicios. Al menos 25 generales del ejército están imputados en la causa, y se espera contar con el testimonio de más de 500 personas. En agosto, un juez federal argentino solicitó formalmente al Departamento de Justicia del Gobierno de Obama que permita que propio Kissinger sea interrogado. El Gobierno de Obama no respondió.

AMY GOODMAN: Este juicio se está llevando a cabo en Buenos Aires, donde un antiguo taller mecánico fue convertido en un centro de tortura. Argentina es el país donde más personas extranjeras fueron asesinadas en el marco de la Operación Cóndor. Esto está sucediendo apenas semanas después de que la Corte Suprema de Uruguay derogara una ley que hubiera permitido juicios similares en ese país.

Para ampliar esta información, nos acompaña John Dinges, autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur”, que recopila entrevistas e informes de inteligencia desclasificados para reconstruir acontecimientos mantenidos en secreto. Antes de eso, Dinges trabajó para la National Public Rario, y como periodista independiente en Latinoamérica. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

John Dinges, bienvenido a Democracy Now!

JOHN DINGES: Encantado de estar aquí. Gracias.

AMY GOODMAN: Háblanos de la importancia de este juicio que está teniendo lugar en Argentina.
JOHN DINGES: Bueno, ya se han hecho varios juicios, y éste se remonta a la detención de Pinochet en Londres, en 1998. Eso desató una avalancha de pruebas, que atravesaron Europa y dieron lugar a juicios en muchos lugares, como Roma, París, Argentina y Chile, pero todos más pequeños que éste. Aquí hay 25 personas acusadas. Por desgracia —o por suerte, quizás— muchas de las personas implicadas en esto ya han muerto, o están muy viejos; muchos de los jefes máximos. Pero aquí hay 25 argentinos y un uruguayo, todos con cargos militares, quienes participaron directamente en las acciones de la Operación Cóndor.

Se trata de algo histórico, ya que vamos a escuchar las declaraciones de 500 testigos. Y no es algo habitual en el sistema jurídico latinoamericano. Esto se está haciendo realmente público ahora que escuchamos los testimonios. Antes sólo declaraban ante los jueces a puertas cerradas, y luego, alguna gente podía llegar a leer esos testimonios, pero no llegaba a ser realmente público. Esta vez es realmente público. Y al parecer, gran parte del juicio está siendo grabado. Así que es la primera vez que toda la población va a poder va a escuchar los detalles de esta serie tan terrible de atrocidades, que tanta gente ha matado.

JUAN GONZÁLEZ: John, para quienes nunca han oído hablar de la Operación Cóndor o saben poco sobre ella, ¿podrías hablarnos sobre sus orígenes? ¿Cómo comenzó, que países o gobiernos la encabezaron?

JOHN DINGES: Bueno, fue una iniciativa chilena. Augusto Pinochet tenía dominada a la oposición. El golpe de Estado fue en 1973, y para 1974 ya no había casi oposición interna. Pero mucha gente que había formado parte del anterior Gobierno, que él había derrocado, se había marchado al extranjero. Un general importante vivía en Argentina. Dirigentes políticos, como por ejemplo Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores y ex embajador en EE. UU. –que era alguien que solía comer con Henry Kissinger- vivía en Washington. Había gente desparramada por diferentes lugares, en Europa y en toda Latinoamérica, y Pinochet quería ir tras ellos. Así que organizó la Operación Cóndor.

Y convenció a los otros países —Brasil, Uruguay, Argentina, Bolivia y Paraguay— para que se sumaran, con el argumento de que existían acciones guerrilleras que los amenazaban a todos conjuntamente. Y de hecho, hubo una organización guerrillera llamada Junta de Coordinación Revolucionaria, formada por diferentes grupos armados que luchaban contra esos gobiernos. Entonces, la idea de Pinochet era colaborar para perseguir a esta gente. Y así lo hicieron.

La mayor parte de los exiliados chilenos estaban en Argentina, que fue el último país en ver derrocado su gobierno civil. Allí la dictadura militar se inició en marzo de 1976, y el Plan Cóndor se creó a finales de 1975. Así que ya estaban preparados. Y cuando se produjo el golpe de Estado en Argentina, comenzaron a matar a cientos de personas, a estas personas extranjeras. Es interesante que hayas mencionado a Automotores Orletti. Este es el taller mecánico que fue utilizado como centro de tortura, y ahí es donde retenían a los presos de otros países.

AMY GOODMAN: Con Democracy Now! hemos visitado ese taller. Quiero leer parte de un documento desclasificado, un informe de la CIA que muestra que funcionarios estadounidenses sabían que los servicios de inteligencia latinoamericanos estaban ampliando sus redes de acción con la Operación Cóndor. Cito: “Están uniendo fuerzas para erradicar la ‘subversión’ … una palabra que, cada vez más, se refiere a la disidencia no violenta, de parte de la izquierda y centro-izquierda”.

Esto se relaciona con otro documento que tú conseguiste, John Dinges, de la agencia de inteligencia chilena, conocida como DINA. En él se detalla el número de muertos y desaparecidos registrado por la inteligencia argentina. Es un cable enviado por el representante de la DINA en Buenos Aires que dice, cito, que “está enviando una lista de todos los muertos,” que incluía el conteo oficial y extraoficial de muertos. Entre 1975 y mediados de 1978, según él, cito: “suman 22.000 entre muertos y desaparecidos”. Háblanos sobre el número de muertos y qué es lo que sabía EE.UU.

JOHN DINGES: Bueno, vamos primero con Estados Unidos. En este período, los años setenta, Estados Unidos fue un patrocinador importante de las dictaduras militares que derrocaron, en algunos casos a gobiernos democráticos y en otros a gobiernos civiles tambaleantes. Como fuera, el resultado fueron gobiernos como el de Videla, el de Pinochet o el de Banzer en Bolivia, que mataban a sus ciudadanos impunemente. El gobierno de EE. UU. sabía de estos asesinatos masivos. Y mantuvo una actitud esquizofrénica y maquiavélica hacia esta situación. Realmente no querían a los comunistas en el gobierno, y la democracia parecía estar dando lugar a gobiernos comunistas. De hecho, el presidente de izquierda Salvador Allende fue elegido democráticamente, e instaló en Chile un gobierno civil y revolucionario. Y por eso, Pinochet lo derrocó. Estados Unidos tenía pánico ante la posibilidad de que esto se extendiera en Latinoamérica, por lo que apoyó la llegada de las dictaduras.

Cuando comenzaron los asesinatos masivos, EE. UU. sabía que eso estaba sucediendo. Se enteraron de la Operación Cóndor poco después de su creación. No hay pruebas de que supieran de su existencia en el momento en que se creó. Sí hay pruebas de que lo sabían un par de meses después de iniciadas sus operaciones. Pero sin duda tenían conocimiento de que estas cosas estaban sucediendo. Y si nos fijamos en las transcripciones de las reuniones entre Henry Kissinger y estos jefes militares de Argentina y de Chile, de las que tenemos registro, ¿qué es lo que dicen en privado? Algo así como: “Apoyamos lo que están haciendo. Entendemos que tienen que hacer valer su autoridad. Hagan lo posible por liberar algunos presos, porque el Congreso me está presionando mucho, los demócratas están queriendo hacer que yo defienda los derechos humanos. Así que les pido un esfuerzo, pero entiendo lo que están haciendo”.

Y en una ocasión, dos semanas después de que Kissinger visitase Santiago, se realizó la segunda reunión más importante entre todos los países del Cóndor para hablar sobre el plan. Y en esa reunión, en junio de 1976, se aprobaron operaciones de asesinatos fuera de Latinoamérica. Y el primero de estos asesinatos tuvo lugar en Washington DC. Orlando Letelier, ex ministro de relaciones exteriores chileno, fue asesinado en las calles de Washington.

AMY GOODMAN: Es una historia asombrosa. De hecho, tú has escrito un libro sobre el tema.

JOHN DINGES: En realidad he escrito dos libros. Uno es sobre el asesinato, en el que, por primera vez, incluí un capítulo sobre el descubrimiento de la Operación Cóndor. No tenía muchos detalles. Incluso, en cierta medida, fui mal informado por el Departamento de Estado.

Años más tarde, después de que Pinochet fuese detenido en Londres, hubo una avalancha de documentos, que incluían 60.000 páginas de material, que se hicieron públicos por orden del presidente Clinton. Entonces pude investigar realmente y entender lo sucedido desde el punto de vista de EE. UU. Pero también en Latinoamérica se revelaron muchos documentos. Y creo que eso es aún más importante, porque si sólo tuviéramos documentos estadounidenses, siempre alguien podía decir “bueno, ese es el punto de vista de EE.UU. sobre estos asuntos.” Pero lo que pasaba realmente en esos gobiernos latinoamericanos…

AMY GOODMAN: Explícanos cómo fue que Orlando Letelier y su asistente, Ronni Moffitt, fueron asesinados en las calles de Washington DC, en Estados Unidos, en 1976.

JOHN DINGES: Pinochet inició esta operación poco después de aquella reunión con Kissinger. Menos de un mes después, dio la orden para esto. Enviaron a un agente que hacía varios años trabajaba para la DINA, Michael Townley, que era estadounidense. No creo que fuera casualidad que le encargaran esto a un agente estadounidense, ya que, obviamente, cuando se comenzó a sospechar de ellos, dijeron: “Ah, este tipo trabaja para la CIA“. Y mucha gente está dispuesta a creer que siempre es la CIA quien está detrás de estas cosas. De hecho, tanto la extrema derecha como la extrema izquierda decían “fue la CIA.” No hay pruebas de que Townley trabajara para la CIA, pero es seguro que trabajaba para los chilenos.

Se juntó con algunos cubanos en Nueva Jersey, cubanos anticastristas, y fueron a Washington. Townley se metió debajo del auto y puso una bomba que él mismo había construido, que se activaba con uno de esos antiguos beepers. Siguieron el auto por la Avenida Massachusetts y en Sheridan Circle, bien cerca de la embajada de Chile, pulsaron el botón y lo mataron. Ronni Moffitt era la esposa de Michael Moffitt, que era asistente de Orlando. Ella iba en el asiento delantero del auto y por eso murió. Michael sobrevivió y Orlando, por supuesto, murió inmediatamente.

AMY GOODMAN: Townley estuvo algunos años en la cárcel. Y entonces…

JOHN DINGES: A Townley lo entregaron los chilenos. La historia de cómo se resolvió este caso es increíble. En general se asumía que en EE. UU. no se iba a investigar el caso muy a fondo. Pero quienes pensaron eso estaban equivocados. El FBI realizó una extensa investigación, resolvió el caso, obtuvo fotos de los implicados. Esa larga historia yo la cuento en el libro. Cuando identificaron a las personas que habían ido a EE. UU. para llevar esto a cabo, fueron a Chile y pidieron la cooperación del Gobierno de Pinochet. Y Pinochet tenía dos opciones: matar a Townley —y hay pruebas de que ese era uno de los planes— o entregarlo. Y finalmente lo entregaron. Lo llevaron a Estados Unidos, y comenzó a declarar. Y ahí hubo otra avalancha de información, que provino de Michael Townley. Él todavía vive en Estados Unidos. Estuvo sólo cinco años en prisión.

AMY GOODMAN: Y ahí entró en el programa de protección de testigos.

JOHN DINGES: Estuvo en protección de testigos por un tiempo. Por lo que sé, ya no lo está. Actualmente vive en la zona centro-oeste de EE.UU. Y bueno, él ha cooperado. No sé si tiene algún remordimiento sobre su pasado, pero ha colaborado con muchas investigaciones desde su encarcelamiento.

JUAN GONZÁLEZ: John, me gustaría preguntarte sobre un personaje fuera de lo común del que hablas en el libro, y sus esfuerzos para poner fin a la Operación Cóndor: Ed Koch, el recientemente fallecido alcalde de Nueva York, que en esa época era un joven congresista demócrata, y empezó a hacer muchas preguntas sobre lo que estaba pasando, haciendo enojar a nuestro propio gobierno. ¿Podrías hablarnos de eso?

JOHN DINGES: Ed Koch, una figura muy querida en esta ciudad. Realmente, todo el mundo que ha tratado con él ha tenido la misma experiencia. Cuando estaba investigando esta historia, él cooperó gustosamente conmigo. Y vino a la fiesta de lanzamiento de mi libro. Así que también lo quiero. Ed Koch era congresista y fue impulsor de una enmienda a una ley, que permitiera suspender la ayuda militar a Uruguay. Los uruguayos eran parte de la Operación Cóndor. Esto fue en 1976. Y laCIA descubrió eso, creo que lo descubrieron porque los uruguayos lo comentaron frente a ellos, dijeron que iban a convencer a los chilenos para que fueran a Washington a matar a Koch. No sabemos si eso se llegó a poner en marcha. Pero George Bush, que era el jefe de la CIA en aquel momento, llamó a Ed Koch y le dijo —es maravilloso escuchar a Ed Koch contar esta historia— le dijo: “Tengo que contarte algo: Hay un complot para asesinarte”. Ed Koch preguntó si le iban a ofrecer protección. Y ellos dijeron: “No, no. Ese no es nuestro trabajo. Somos la CIA. Sólo te estamos avisando, te toca a ti ocuparte de tu propia seguridad”. Ed Koch no sabía que esto era parte de la Operación Cóndor. Pensaba que era cosa de algún exaltado de la dictadura.

Tiempo después, durante mi investigación pude hablar con una de las personas que participó en esto, uno de los uruguayos. Y sí, fue una típica movida del Plan Cóndor, aunque no llegaron a matar a nadie, por suerte. Pero fue el típico modus operandi. Con el fin de cubrir sus huellas, un país usaba los agentes de otro país para hacer el trabajo sucio, en las operaciones planeadas para fuera de América Latina. Dentro de América Latina, tenían una manera mucho más sistemática y eficaz de funcionamiento. Se perseguía a los disidentes de cada lugar, en cualquier país donde estuvieran, Perú, Brasil, Uruguay y principalmente Argentina. Y ahí la metodología era simple: capturarlos, secuestrarlos, torturarlos, matarlos y hacer desaparecer sus cuerpos. Muy pocas personas han sobrevivido a la Operación Cóndor, casi nadie. Es muy difícil encontrar un sobreviviente.

JUAN GONZÁLEZ: Y aún así, muchos de los líderes de los nuevos gobiernos populistas que hay ahora en América Latina surgieron de algunas de las organizaciones perseguidas por el Cóndor. Especialmente en Uruguay, donde el presidente es un ex Tupamaro. Y en toda la región, esos disidentes son ahora parte del aparato de gobierno de sus países.

JOHN DINGES: Hace dos semanas, estuve en Bolivia y entrevisté a una persona del Ministerio de Comunicaciones, una de las tantísimas personas de pueblos indígenas que forman parte del gobierno de Morales. Y él contó que su padre había estado preso. Había estado exiliado en Chile, y cuando llegó el golpe de Estado fue encarcelado, estuvo siete meses preso, y fue torturado. Y en esa misma oficina hablé con otra persona, que también había participado en la resistencia boliviana en la década de 1980, y antes, su padre había estado involucrado con el grupo que luchaba junto al Che Guevara en 1960.

Estos son revolucionarios, pero son un tipo diferente de revolucionarios. Están igual de comprometidos, creo, pero sin tomar las armas. Creo que se dan cuenta de que esa forma de lucha no se ha llevado a revoluciones triunfantes, entonces me siento muy optimista sobre lo que está pasando con este grupo de gobiernos ahora.

AMY GOODMAN: Por último, hay un cable del Departamento de Estado, de 1978 que, según la cubierta de tu libro, dice: “Kissinger explicó que en su opinión el gobierno argentino había hecho un excelente trabajo en la erradicación de las fuerzas terroristas”. ¿Qué significa que los jueces hayan pedido el testimonio de Kissinger y que el gobierno de Obama no haya respondido?

JOHN DINGES: A Kissinger lo han llamado a declarar muchas veces. En mi libro hablo de una vez en la que sí respondió, creo que era un pedido de Francia. Y básicamente, negó todo. Es algo muy frustrante. Para mí era claro que todo lo que dijo eran mentiras, no hay otra palabra para ello, estaba mintiendo. O sea, los documentos dicen una cosa y Kissinger dijo otra cosa. Y él sabía lo que decían los documentos. En Estados Unidos nunca se ha permitido que un funcionario público sea juzgado en otros países. No somos miembros de la ICC.

AMY GOODMAN: La Corte Penal Internacional (por sus siglas en inglés).

JOHN DINGES: Sí, la Corte Penal Internacional. No ha habido ningún juicio en el exterior que haya puesto a un estadounidense en el banquillo de los acusados. Hubo un intento en Italia, pero por supuesto, ningún imputado apareció. En Estados Unidos, por uno u otro motivo, tanto los demócratas como los republicanos proteger a nuestros violadores de derechos humanos, cuando se trata de violaciones de derechos humanos fuera de Estados Unidos. Simplemente así se manejan.

AMY GOODMAN: ¿Describirías a Henry Kissinger como un violador de los derechos humanos?

JOHN DINGES: Sí, absolutamente.

JUAN GONZÁLEZ: ¿Y cuál es importancia de esta historia de externalizar la lucha contra el terrorismo, de modo de no dejar huellas de la propia participación, en relación con la guerra actual contra el terrorismo en los Estados Unidos?

JOHN DINGES: Bueno, yo estaba escribiendo mi primer capítulo cuando pasó lo del 9/11, en mi casa en Washington. Y en el final del libro, que termina con una referencia al 9/11, digo que esto no es algo que estemos condenados a repetir. Y lo digo haciendo la comparación entre la guerra contra el terrorismo de la década de 1970 y la guerra actual contra el terrorismo, lanzada por el presidente Bush. Pensaba que habíamos aprendido la lección de no copiar los métodos de los enemigos, o de aquellos que han demostrado ser violadores de los derechos humanos. Pero desafortunadamente, creo que hemos hecho eso muchas veces.

La discusión actual sobre el uso de aviones no tripulados me parece aterradora; porque me cuesta distinguir entre lo que fue la Operación Cóndor, con menos tecnología, y lo que es el uso de aviones no tripulados, que básicamente lo que hacen es entrar en otro país, incluso con el permiso de ese país —así era en general también en la Operación Cóndor— perseguir a la gente, y matarla. Ahora bien, la justificación es: “Pero eran criminales. Estaban en combate”. Eso puede o no ser cierto, pero al final quien lo determina es la misma persona que aprieta el gatillo.

Creo que es importante poner esto en discusión. Y tal vez en un juicio como éste, que se remonta a los años 70, la gente dice: “Bueno, así fueron las dictaduras en la década de 1970”. Pero la tendencia del Estado a creer que es válido actuar contra sus enemigos de la manera más eficaz posible se mantiene vigente, y claramente no se limita a las dictaduras.

AMY GOODMAN: Queremos darte las gracias, John Dinges, por haber estado con nosotros. John Dinges es autor del libro “Operación Cóndor: una década de terrorismo internacional en el Cono Sur.” Antes de eso, trabajó en la National Public Radio, NPR, y como periodista independiente en América Latina. Actualmente es profesor en la Escuela de Periodismo de la Universidad de Columbia.

Traducido por Javier Pérez. Edición: Verónica Gelman y Democracy Now! en español, spanish@democracynow.org.


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119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

Destacado119 de Nosotros. La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad.

La Operación Colombo en las turbias aguas de la impunidad

El 24 de julio se cumplen 40 años de la publicación de la “Lista de los 119” en diversos medios nacionales. La impunidad es la regla, salvo para 19 casos en que la sentencia de la Corte Suprema contempla prisión efectiva para los criminales (ver cuadro 1). La justicia chilena sólo comenzó a actuar después de la detención de Pinochet en Londres, el 2001, iniciándose la investigación del montaje que la DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo”. En 2009, sin embargo, la Corte Suprema absolvió a todos los criminales por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís y aplicando la total prescripción de los delitos.

La Segunda

“Exterminados como ratones”, tituló La Segunda el 24 de julio de 1975 refiriéndose a estas desapariciones. Eran 19 mujeres (una de ellas, Jacqueline Drouilly, embarazada) y 100 hombres, todos luchadores antidictatoriales, la inmensa mayoría menores de 30 años. Sin excepción, amaban la vida y la libertad. De sus 97 hijos, trece fueron póstumos, y dos nacieron en cautiverio. Entre los secuestrados del 8/7/74 al 20/1/75 había parejas, hermanos, amigos y compañeros de militancia; estudiantes, obreros, profesionales, periodistas, actores, sastres y pobladores. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, la José María Caro, La Legua, La Bandera, o Peñalolén. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia. Los sobrevivientes los vieron por última vez en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Alamos.

Los medios chilenos en dictadura habían encubierto los crímenes “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia,revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil. El montaje fue en parte obra de Álvaro Puga, director de Asuntos Civiles de la dictadura y jefe de Operaciones Sicológicas de la DINA, quien firmaba como “Alexis”. Así lo establece el fallo emitido en 2006 por el Tribunal de Etica del Colegio de Periodistas, al que recurrió el Colectivo 119. Puga no era periodista y no ha figurado en ningún procesamiento. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra, por lo cual Agustín Edwards fue interrogado en 2013 por el ministro Mario Carroza a raíz de la querella interpuesta por miembros del Colectivo 119 ese año contra Edwards y los responsables civiles del montaje. En 2015 Agustín Edwards fue finalmente expulsado del Colegio de Periodistas. La sanción emitida por el citado Tribunal de Etica, se basa, entre otros cargos, en los atentados a la libertad de expresión promovidos por El Mercurio a partir del golpe de Estado de 1973.

Prisión efectiva con pensiones para 10

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, a nivel nacional y en este episodio represivo, la impunidad se confirma como la tendencia dominante. La interminable espera de justicia continúa para 90 de las desapariciones. Sólo 10 criminales cumplen sentencia efectiva en los 29 casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Manuel Contreras (ex director de la DINA) y Marcelo Moren Brito (ex jefe de Villa Grimaldi, con 17 condenas cada uno); Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 12 casos); Manuel Carevic (agrupación Purén, 3); Pedro Espinoza (ex jefe DINA, 4 casos); Francisco Ferrer (ex jefe DINE, 3 casos); Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán, 3); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA, 3); Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Alamos (2); y Basclay Zapata integrante de Halcón, por 11 casos. Los diez continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar, cuestión que los sitúa en niveles de vida superiores a la gran mayoría de los chilenos.

Concierto contra la impunidad

Para conmemorar el aniversario, el Colectivo 119 junto a decenas de organizaciones sociales y populares convocan este viernes 24 al Concierto “Por Justicia Contra la Impunidad”, en el Centro Cultural Chimkowe de Peñalolén, desde las 17 horas. Se respira impunidad en estas causas pero también a nivel país, sostienen los organizadores del Colectivo Familiares y Amigos de los 119. Los ex presos políticos que con sus testimonios contribuyeron de forma generosa y decisiva al avance de los juicios, son una vez más ninguneados por el Estado chileno, sordo a sus demandas de justicia y reparación expresadas en una prolongada huelga de hambre.

Es turbulento el marco de los 40 años de la publicación de la Lista de los 119. La Corte de Apelaciones ha puesto en libertad al autor material de un crimen del caso Degollados, Alejandro Sáez, que había sido condenado a cadena perpetua. El fallo, considerado aberrante por familiares de los caídos y las organizaciones de derechos humanos, podría repetirse. Hasta ahora nuevas sentencias a firme han impedido que Contreras, que postuló en 2011 a la salida dominical, y Miguel Krassnoff que solicitó a la Corte la libertad condicional, estén libres. Por otra parte, los criminales Daniel Cancino, Ricardo Lawrence, y Rubén Fiedler están prófugos eludiendo el cumplimiento de sus sentencias.

El persistente trabajo de rescate de la memoria y de acompañamiento a los procesos llevado a cabo por el Colectivo 119 Familiares y Amigos impide, sin embargo, que a la impunidad se sume el olvido

. Diversas iniciativas artísticas y académicas florecen a contrapelo de la injusticia: en la Universidad de Chile, se abrió recién un concurso de ensayos sobre “Juicio Público a los Medios de Comunicación a 40 años de la Operación Colombo”; se estrenó en 2013 un documental (“119 esperanzas”, de Luis Parra F). En Sao Paulo y Montevideo se ha exhibido la muestra fotográfica de Cristián Kirby “119”, sin acogida en Chile como proyecto; hay un libro reportajes (“119 de nosotros”), varias tesis de grado, y el Museo de la Memoria expondrá el proyecto “Hilos de Ausencia” durante 119 días, a partir del sábado 26 de julio.

Impunidad “biológica”

The Clinic entrevistó en marzo de 2014, al ya retirado ministro Alejandro Solís, que durante su desempeño emitió 44 fallos en causas de derechos humanos, e incorporó en ellos principios del derecho internacional en derechos humanos. Expresó Solís: “Falta voluntad de apurar este tipo de causas. Que sea genérico o individual, no lo sé. Si pasa el tiempo ¿en qué se traduce esto? Se van muriendo los familiares de las víctimas y se van muriendo los testigos y los inculpados, por razones de salud no pueden ir a la cárcel. Entonces se produce una impunidad biológica.”

Además de los 29 fallos dictados por la Suprema por casos de la Operación Colombo, hay 6 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia la Corte Suprema, y 30 fallos de primera instancia (ver 2 cuadros anexos). Pero entre julio de 2012 y junio de 2013, las Cortes de Apelaciones fallaron solamente siete sentencias de primera instancia. Estas demoras son habituales.

Entre las argucias usadas por las defensas, está solicitar la actualización de exámenes de facultades mentales por el Servicio Médico Legal. Es obligatorio hacerlo para condenas superiores a 15 años y un día, o cuando el condenado tenga más de 70 años. Imposible olvidar que el principal responsable de las acciones de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, jamás pagó por ninguno de sus crímenes, aunque fue procesado y prontuariado por estas causas.

Según cifras totales del poder judicial (a marzo 2014), en las 1045 causas abiertas por violaciones a los derechos humanos en dictadura, se han dictado 247 sentencias, de las cuales 217 son condenatorias y 30, absolutorias.

El truco de la media prescripción

En 10 fallos sobre casos de la Operación Colombo, a partir de julio de 2007, la Corte Suprema hizo simulacros de justicia que permiten a todos o algunos de los condenados la libertad, gracias a la figura de la “media prescripción”, que el Ministro Hugo Dolmetsch y otros aplican sistemáticamente rebajando las sentencias para posibilitar la libertad de los criminales (ver Cuadro 2). Estas prácticas revelan que la doctrina internacional de derechos humanos está lejos de ser asimilada y comprendida por la mayoría de la judicatura chilena, con honrosas excepciones. El ministro Carlos Cerda ha atajado esta figura en fallos recientes.

La abogada y aspirante a doctora en derecho Karinna Fernández analiza este tema en su artículo “La jurisprudencia de la Corte Suprema Chilena frente a las graves violaciones a los derechos humanos” (Revista del Magister y Doctorado en Derecho), recordando que la Corte Interamericana de Justicia es claramente contraria a la aplicación de la media prescripción. En delitos de lesa humanidad, las sentencias deben cumplir con parámetros de “proporcionalidad y pertinencia” que justamente no se dan en estos casos, claramente contrarios al derecho internacional.

Están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

Sentencias a más de 10 años

Sólo en 14 de las 29 sentencias analizadas, los perpetradores de estos delitos de lesa humanidad recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor que desarrolló posteriormente la DINA actuando coordinadamente con los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros. La Corte Suprema dictó en 2004 la primera sentencia por estos crímenes, confirmando el fallo original del ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Angel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). Así fue como el 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de una larga serie de condenas. Fue un día de júbilo para Chile y el mundo.

detención Contreras
detención Contreras

Otra sentencia de trascendencia internacional fue la emitida a fines de 2014 por el secuestro y desaparición del estudiante de filosofía y dirigente del MIR, Alfonso Chanfreau, quien tenía nacionalidad francesa. La sentencia fue posterior al fallo dictado por la corte francesa en 2011 en un juicio notable por la investigación desarrollada. En Francia se condenó en rebeldía a Contreras y otros a cadena perpetua. En Chile la más alta condena en el juicio por el mismo crimen, fue de 10 años. Para tener una instancia de comparación más próxima, veremos el caso de Argentina. A agosto de 2011 en ese país el promedio de sentencias finales era de 35,25 años. El promedio de las sentencias dictadas en Argentina en toda instancia, en 2010 se sitúa entre los 20 y 25 años, con varias condenas a cadena perpetua y una sola menor a 15 años, según cifras del Centro de Estudios Legales y Sociales www.cels.org.ar .

Méritos de Contreras y Krassnoff

Una muestra de amor por la impunidad se encuentra en la sentencia pronunciada por los ministros Jaime Rodríguez, Rubén Ballesteros, Hugo Dolmetsch, y Carlos Künsemüller en el fallo por el secuestro de Jaime Robotham Bravo, emitida en 2011, “condenando” a 5 años presidio menor (es decir en libertad) a Manuel Contreras, Marcelo Moren, Pedro Espinoza, Rolf Wenderoth, Fernando Lauriani, Miguel Krassnoff y Daniel Cancino por cumplir los requisitos (artículo 15 de la Ley 18.216 sobre Medidas Alternativas a las penas)“precisamente en mérito de los antecedentes personales consignados por sus defensas, tomando en consideración el largo tiempo transcurrido desde la consumación de los hechos punibles, como asimismo el mérito que emana de los antecedentes…se les concede la libertad vigilada….por un lapso similar al de la pena principal sufrida por cada uno de ellos.”

La escuela del ministro Solís

Para el Colectivo 119 es destacable el trabajo del ministro Alejandro Solís que hasta su retiro investigó en forma intensiva los hechos denunciados, incorporando en los fallos por primera vez la doctrina internacional de derechos humanos, así como testimonios y contexto.

Por esa senda caminan ahora los ministros Leopoldo Llanos y Hernán Crisosto que junto a los magistrados Carroza y Vásquez, llevan estas causas. Con respecto a la Operación Colombo, el ministro Crisosto ha dictado ya 13 sentencias en lo que va transcurrido de 2015 y firmó otro fallo en 2014. Por su parte, el ministro Llanos dictó 11 sentencias en 2014 y 2 en 2015, lo que totaliza 30 sentencias de primera instancia sumando las de otros ministros.

La espera sin fin

De los 90 casos restantes, hay 15 con Acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 25 casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero en 14 casos aún no se adoptan decisiones a nivel judicial. Los procesos están en etapa de sumario, o bien han sido reactivados hace muy poco. Son los casos del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara, del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas, Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, el joven estudiante de la USACH de quien el entonces embajador Sergio Diez, recientemente fallecido, dijo en Naciones Unidas: “No tiene existencia legal”.

Cuarenta años después de la Operación Colombo, la justicia no ha llegado para el dirigente poblacional de La Bandera, Gary Olmos Guzmán, ni para Jorge Ortiz Moraga, mirista, estudiante de medicina, y rugbista y para el estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Alamos. Contradictoria conducta de los tribunales cuya Corte Suprema pidió perdón por su rol en dictadura, sin que en su conjunto los tribunales actúen consecuentemente.

Cuadro 1: Las 29 sentencias a firme (Corte Suprema)

Tipo de sentencia 29 Casos
Absueltos todos los criminales, Prescripción total 1 Jacqueline Binfa (2009)
Media prescripción =   criminales sin pena efectiva o rebaja a sólo 5 años y 1 día 10 Manuel Cortez, Félix de la Jara G, Julio Flores, Ofelio Lazo, Sergio Montecinos, Anselmo Radrigán, Jaime Robotham, Marcelo Salinas, Fernando Silva C, Claudio Silva P
Sentencias de menos de 8 años y 1 día 5 S. Jorge Espinosa M´, Muriel Dockendorff, Pedro Merino, Patricia Peña S, Fernando Peña
Diez años o más a Contreras y/o otros miembros Plana mayor DINA 14 M. Teresa Bustillos, Mario Carrasco, Manuel Cortez, Claudio Contreras, Alfonso Chanfreau, Jorge D´Orival, Alfredo García, María Elena González, Hernán González, Rodolfo González P., Luis Guajardo, Juan Ibarra, José Jara, Miguel Angel Sandoval.

Fuente: elaboración propia con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial más archivos personales, al 15 de julio de 2015

Cuadro 2: Las 90 causas restantes

Estado de la Causa y Cantidad casos Casos
6 con Sentencia C. Apelaciones (falta el Paso por C. Suprema Stalin Aguilera, Víctor Arévalo, Bladimir Arias, Agustín Reyes, Eduardo Miranda, Víctor Villarroel.
30 sentencias primerainstancia Miguel Angel Acuña, René Acuña, M. Angélica Andreoli, Rubén Arroyo, Abundio Contreras, Carlos Cubillos, Bernardo de Castro, Jacqueline Drouilly, Luis Durán, Teresa Eltit, Modesto Espinoza, M. Isabel Joui, Carlos Gajardo, Eduardo Lara,   Mónica Llanca, Eugenia Martínez, Agustín Martínez, Juan Molina, Marta Neira, Luis Palominos, Carlos Pérez V, Pedro Poblete, Hugo Ríos, Gerardo Silva, Enrique Toro, Rodrigo Ugas, Jaime Vásquez, José Villagra, Manuel Villalobos, Héctor Zúñiga.
15   con Acusación formulada (en espera del fallo que fija la condena) Arturo Barría, Francisco Bravo, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Antonio Cabezas, Juan Chacón, Héctor Garay, Zacarías Machuca, Rodolfo Marchant, Jorge Olivares, Vicente Palomino, Daniel Reyes, Ariel Salinas A, Teobaldo Tello, Eduardo Ziede.
25 con procesamientos (en espera de acusación) M. Inés Alvarado, Francisco Aedo, Jorge Elías Andrónicos, Juan Carlos Andrónicos, Jaime Buzio, Mario Calderón, Cecilia Castro, Roberto Chaer, Washington Cid, Darío Chávez, Martín Elgueta, Alejandro Espejo, Agustín Fioraso, Gregorio Gaete, Mauricio Jorquera, M. Cristina López, Germán Moreno, Juan Carlos Perelman, Isidro Pizarro, Marcos Quiñones, Asrael Retamales, Sergio Reyes, Gilberto Urbina, Bárbara Uribe, Edwin van Yurick.
14 Sin avances visibles. Varias de las querellas interpuestas hace poco. Eduardo Alarcón, Luis Fuentes, Néstor Gallardo, Jorge Antonio Herrera, Ramón Labrador, Sergio Lagos H., Violeta López, Juan Bautista Maturana, Edgardo Morales Ch, Leopoldo Muñoz A, Ramón Núñez, Gary Olmos, Jorge Ortiz y Carlos Salcedo.

Fuente: elaboración Lucía Sepúlveda con información del Programa de DDHH del Ministerio del Interior y el Poder Judicial, más archivos personales, al 15 de julio de 2015

La autora, Lucía Sepúlveda Ruiz, es periodista
www.periodismosanador.blogspot.com

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