¡Libertad para Ramiro! Presentacion del libro “Un paso al Frente. Habla el Comandante Ramiro”

¡Libertad para Ramiro! Presentacion del libro “Un paso al Frente. Habla el Comandante Ramiro”
El jueves 29 de diciembre, ante un auditorio repleto de asistentes de la Biblioteca Nacional de Santiago, se realizó la presentación de  “Un Paso Al Frente. Habla el comandante Ramiro del FPMR” (editado por Laurence Maxwell y Jorge Pavés, Editorial CEIBOS), libro en que se narra médiate la propia voz y memoria de Ramiro sus experiencias y reflexiones sobre una serie de momentos claves en la historia del Frente Patriótico Manuel Rodríguez, la lucha anti dictatorial, los turbulentos  años de transición negociada a la “democracia” -incluida su fuga desde la CAS-, el paso por la guerrilla colombiana, hasta su encarcelamiento en Brasil luego del secuestro de Washington Olivetto.Es el intento de amplificar un testimonio que debió traspasar un estricto régimen de aislamiento, muros de prisiones y fronteras para dar cuenta de una parte de la historia negada constantemente por el poder político y la llamada historia oficial. Sin ninguna pretensión de mitificar la imagen de Ramiro, su relato -cargado de datos y con una lucidez que sorprende luego de más de 15 años de total aislamiento- reviste gran importancia para la comprensión de la historia de la lucha armada en Chile, el rol de las organizaciones revolucionarias contra la dictadura de Pinochet  y la brutal arremetida concertacionista  durante el gobierno de Aylwin.Reproductor de audio http://cl.ivoox.com/es/player_es_podcast_277539_1.html  03:01 05:48 Utiliza las teclas de flecha arriba/abajo para aumentar o disminuir el volumen.   Ir a descargarA través de su relato se da cuenta del cómo su presidio ha buscado castigar algo mucho mayor que hechos específicos; el hecho de ser el preso de Brasil con mayor cantidad de años bajo el estricto e inhumano Régimen Disciplinar Diferenciado – siendo aplicado regularmente por algunos meses  y con un máximo de 1/3 de la pena total- sumado al silencio cómplice del estado chileno, dejan en claro el ensañamiento  y la intención de aniquilarlo, siendo urgente la exigencia de su extradición y posterior excarcelamiento. “Durante estos 15 años ha estado sometido a un régimen carcelario especial, verdadera  tortura penitenciaria de encierro total en aislamiento absoluto. En Chile ha sido condenado e inculpado en varios hechos de alto impacto político, entre otros del ajusticiamiento de Jaime Guzmán; de los secuestros de Cristian Edwards y del coronel Carlos Careo; y de la emboscada a Augusto Pinochet en 1986. Mauricio Hernández cumple más que una condena por delitos punibles ante la ley. Paga también, en solitario, como si en él se concentraran todas las insubordinaciones, la voluntad de silencio y el olvido de una sociedad que intenta enterrar en vida una versión de la historia nacional en que hubo quienes lucharon con las armas contra la dictadura y luego, contra la impunidad.”Hacemos un llamado a solidarizar, agitar y difundir en relación a la actual situación de Mauricio Hernández, exigiendo su retorno para poner fin a más de 15 años de brutal encarcelamiento.LIBERTAD PARA RAMIRO AHORA! Intervencion a las afueras de la Biblioteca Nacional

 

Origen: ¡Libertad para Ramiro! Presentacion del libro “Un paso al Frente. Habla el Comandante Ramiro”

Mi padre genocida. Soy la hija de Etchecolatz.

Mi padre genocida. Soy la hija de Etchecolatz.
El duro testimonio de la hija de Miguel Etchecolatz: "Al monstruo lo conocimos desde chicos"

Mariana D. se cambió el apellido hace un año. Es la hija del represor Miguel Etchecolatz. El 10 de mayo marchó a Plaza de Mayo. Como las 500 mil personas que se movilizaron en Buenos Aires contra el 2×1, como millones de argentinos, quiere que su padre cumpla la condena en la cárcel. “Es un ser infame, no un loco. Un narcisista malvado sin escrúpulos”, dice ella, que padeció la violencia de Etchecolatz en su propia casa.

 

La hija de Miguel Etchecolatz camina por Avenida de Mayo y Perú buscando a sus dos amigas. No agita el pañuelo blanco ni salta con los cánticos. Podría ser cualquier mujer de las miles que asisten a la marcha contra el 2×1. Salvo sus amigas, ninguna de las 500 mil personas que se amontonan en la Plaza de Mayo y alrededores y gritan “como a los nazis les va a pasar, adonde vayan los iremos a buscar” saben que esa mujer anónima es hija de uno de los hombres más conocidos de la represión. Se llama Mariana D. Hace un año se cambió el apellido. 

 

Mariana lloró cuando se conoció el fallo de la Corte que otorgó el 2×1 al represor Luis Muiña. Horas después del fallo de la Corte, Etchecolatz, condenado seis veces por delitos de lesa humanidad, pidió el beneficio del 2×1. Como los que marcharon el 10 de mayo, como millones de argentinos, quiere que los genocidas condenados mueran en la cárcel. Que su padre, el excomisario Miguel Osvaldo Etchecolatz, muera en la cárcel. Mariana D. fue por primera vez a una marcha por los derechos humanos. Nunca se había animado a ir a Plaza de Mayo los 24 de marzo. Por miedo a ser rechazada. Por miedo a no poder soportar el dolor en vivo y en directo. Pero ahora está allí por primera vez para decir que ella, también, desea verlos morir en la cárcel. 

hijade_caja_01 Etchecolatz era una presencia fantasmagórica en su casa de Avellaneda. Mariana y sus hermanos varones J .M. y F. M. solo lo veían los fines de semana. De lunes a viernes, el padre conducía el aparato represivo de la ciudad de La Plata y alrededores. Daba órdenes para secuestrar personas, torturarlas, asesinarlas. Los sábados y domingos Etchecolatz casi no hablaba. Se la pasaba echado en una cama mirando televisión. Cada tanto emitía un silbido: había que llevarle rápido un vaso de agua mineral fresca con gas. Si algo no le gustaba, Etchecolatz les pegaba unos bifes con la palma abierta a sus hijos.

 

Mariana supo de grande que su madre intentó varias veces escaparse con ella y sus dos hermanos. Lo planeó varias veces. Etchecolatz se dio cuenta y la amenazó: “Si te vas te pego un tiro a vos y a los chicos”.

 

A las siete de la tarde del 10 de mayo, a unas cuadras de la Plaza de Mayo, Mariana D.,  rubia, de estatura media, se mueve con la misma soltura con la que da clases en una universidad privada. Viste zapatillas y campera negra. Y cada vez que pide permiso para avanzar entre la multitud, sonríe. Alguien grita “un médico, por favor, un médico”. Los cuerpos se aprietan unos con otros. Es imposible llegar a la Plaza. Mariana se marea por la oleada de gente, se toma de los brazos de sus amigas, hasta que logra sacarse las zapatillas y treparse a la baranda de una parada de subte. Desde ahí, mira: las banderas de CTERA por la defensa de la educación pública, las del Partido Obrero, la de La Cámpora, los carteles con las caras de los desaparecidos.

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***

“Debiendo verme confrontada en mi historia casi constantemente y no por propia elección al linde y al deslinde que  diferentes personas, con ideas contrarias o no a su accionar horroroso y siniestro pudieran hacer sobre mi persona, como si fuese yo un apéndice de mi padre, y no un sujeto único, autónomo e irrepetible, descentrándome de mi verdadera posición, que es palmariamente contraria a la de ese progenitor y sus acciones (…) Permanentemente cuestionada y habiendo sufrido innumerables dificultades a causa de acarrear el apellido que solicito sea suprimido, resulta su historia repugnante a la suscripta, sinónimo de horror, vergüenza y dolor. No hay ni ha habido nada que nos una, y he decidido con esta solicitud ponerle punto final al gran peso que para mí significa arrastrar un apellido teñido de sangre y horror, ajeno a la constitución de mi persona. Pero además de lo expuesto, mi ideología y mis conductas fueron y son absoluta y decididamente opuestas a las suyas, no existiendo el más mínimo grado de coincidencia con el susodicho. Porque nada emparenta mi ser a este genocida”.

 

Argumentos personales en la solicitud del cambio de apellido de Mariana Etchecolatz a Mariana D, mujer nacida el 12 de agosto de 1970 en Avellaneda. Texto presentado en noviembre de 2014 en un juzgado de Familia de Capital Federal.

***

—¿Cuándo escuchaste por primera vez lo que había hecho tu padre?

—De joven. Fue muy difícil, porque vivíamos en una burbuja, sometidos y desinformados. Aparentábamos lo que no éramos. Las personas que nos rodeaban decían “qué capo es tu viejo”. No había quienes nos dijeran “mirá este hijo de puta lo que hizo”. Una vez que escuché un testimonio en un juicio ya no me hizo falta nada más. Hasta hoy me da aberración.

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Mariana es psicoanalista y en el consultorio a veces escucha a pacientes con problemas de sueño. Es ella, esta vez, la que no puede dormir después de la marcha. En su departamento, donde vive con su pareja Nicolás y tres perros que encontró en la calle, hace zapping y pone una película del Rey Lear. Dice que por el cambio de apellido siente una “reparación”, pero que sigue preocupada por “este gobierno de derecha que avanza contra los derechos del pueblo”.

 

El día que el correo le envió el nuevo documento y abrió el sobre, se desesperó. Seguía teniendo el apellido Etchecolatz. “Fue un error administrativo, así que lo tuve que hacer de vuelta. Mirá lo que me costó borrarme ese estigma”.

 

—¿Qué sentís con tu nueva identidad?

—Siento calma, perdí el miedo y adquirí la madurez necesaria. Lo de la marcha fue conmovedor. Hay que tener la memoria despierta. Me siento acompañada porque somos millones.

 

—¿Y cómo lo viven tus otros hermanos y tu mamá?

Todos nos liberamos de Etchecolatz después de que cayó preso por primera vez, allá por 1984. Vivíamos en Brasil porque era jefe de seguridad de los Bunge y Born, y regresó pensando que su imputación era un trámite, como si la Justicia no le llegara a los talones. Al principio lo visitábamos, pero después mi madre, María Cristina, pudo decirle en la cara que íbamos a dejar de verlo. Ella siempre nos protegió de ese monstruo, si no hubiera sido por su amor, no podríamos haber hecho una vida. Y mis hermanos J.M. y F.M. se fueron a vivir lejos de Buenos Aires, cada uno hizo su familia, ahora somos muy unidos. Mi mamá se casó con un hombre que ama, y está en el exterior. Nadie llegó a lo que yo llegué, pero me apoyan.

 

—¿Para vos tu padre era un monstruo? ¿Lo viviste así?

Su sola presencia infundía terror. Al monstruo lo conocimos desde chicos, no es que fue un papá dulce y luego se convirtió. Vivimos muchos años conociendo el horror. Y ya en la adolescencia duplicado, el de adentro y el de afuera. Por eso es que nosotros también fuimos víctimas. Ser la hija de este genocida me puso muchas trabas.

hijade_caja_04—¿Cómo cuáles?

Portar un apellido así es como que te obliga a sostener lo que hizo, y eso no se lo permito más. Aparte, nunca existió un vínculo real con él. Me produjo inconmensurables angustias, huellas de traumas infantiles, a eso se le suma lo que todos nos fuimos enterando sobre su rol criminal en el terrorismo de Estado. Fue la encarnación del mal en todos los ámbitos.

 

—¿Nunca fue afectuoso con ustedes?

No. Etchecolatz hizo todo lo que un padre no hace. Era un ser invisible, que usaba la violencia y no se le podía decir nada. Aparentaba tener una familia, pero nos tenía asco y era encantador con los de afuera. Vivíamos arrastrados por él, mudanzas todo el tiempo, sin lazos, sin amigos, sin pertenencias. Una realidad cercenada. Nos cagó la vida. Pero nos pudimos reconstruir.

***

Hay algo que Mariana no se explicará jamás: cómo un hombre criado en el campo, en la pampa húmeda bonaerense, de familia honesta y humilde, llegó a convertirse, con una instrucción básica y rudimentaria, en uno de los ejecutores más fríos y eficientes de la maquinaria del terror. A los 13 años entró a la Escuela Vucetich y, tiempo después, se ganó la confianza de Ramón Camps, jefe de Policía de la provincia de Buenos Aires.

 

La charla transcurre en el living de su casa. A pocos metros, en una biblioteca hay libros de Zygmunt Bauman, Julio Cortázar, Noam Chomsky, Juan José Hernández Arregui y Edgar Allan Poe.

 

A Mariana le interesa destacar la figura de su madre, a la que considera una víctima de violencia de género. Etchecolatz le llevaba veinte años. Se conocieron cuando ella fue a hacer una denuncia a la comisaría de Avellaneda. “Se enamoró de una imagen. Luego él la empezó a golpear, ascendió rápidamente en la policía y mi mamá hizo lo que pudo. Se resistió pero era como luchar sola contra toda una fuerza policial. Y cuando cortamos relación con él, empezamos de cero, mi mamá nunca había trabajado y vivimos con lo justo, pero con un alivio descomunal”, dice. Y llora.

hijade_der_05***

La primera infancia fue feliz. Mariana D. vivió en la casa de los abuelos maternos, en Avellaneda. Les decían “El Perón y la Perona”, por su simpatía con el movimiento peronista. La abuela hacía asados en el patio. Su madre era hija única y disfrutaban de la visita de amigos músicos, se ponían a cantar tangos, a escuchar ópera. Unos tíos abuelos los alzaban y les compraban facturas.

 

Eran laburantes, del interior de Buenos Aires. Por su cargo de jefe, Etchecolatz ya vivía poco con nosotros. Mis abuelos no lo querían. Lo llamaban el “mal bicho”.

 

Mariana nunca reconocerá a Miguel Etchecolatz con la palabra padre o papá. Lo llamará siempre por el apellido.

 

A los ocho años se fueron a vivir a La Plata. Y empezó el infierno. Jamás pudo completar más de un año en un mismo colegio. A ella y a sus hermanos los cambiaban “por seguridad”. No pudo hacer amigos. Se relacionaban con los hijos de otros represores conocidos, como el ex médico Jorge Antonio Bergés y el mismo Camps, que fue padrino de F.M., el hijo más chico de Etchecolatz.

 

El bautismo de F.M. lo hicieron en la residencia oficial del máximo jefe de la fuerza, una mansión en La Plata. La familia Etchecolatz viajó en cinco autos “por seguridad”. Había custodia de refuerzo. Se desató tormenta fuerte. Miguel Etchecolatz estaba atento a un handy. Le llamaban “Dorotea Inés”, apodo que combinaba las letras de su cargo como director de la Dirección de Investigaciones.

 

Dorotea Inés, Dorotea Inés, hubo un accidente gritó entonces un custodio policial. Otro custodio se había disparado un arma automática, tras pasar un badén. Etchecolatz bajó de su auto, constató la muerte de su subordinado y continuó como si nada hubiera ocurrido. El bautismo siguió con total normalidad.

hijade_caja_06Nunca lo vi sufrir. Ni siquiera cuando una vez le pusieron una bomba en la jefatura de policía y le habían roto el oído. En el hospital seguía dando órdenes como un autómata. Los hijos de Bergés o de Camps al menos recibieron algo de amor, nosotros, nada dice Mariana.

 

—¿Nada lo conmovía?

Lo religioso. Se persignaba dándoles besos a las estampitas. Él se consideraba por debajo de Dios pero por encima de los mortales. Con mi hermano J.M. decíamos que cuando rezaba se estaba comiendo los santos.

***

La segunda infancia fue la de vivir con custodios que hacían de niñeras cama adentro en un edificio blindado de tres pisos de calle 62 y 11, en La Plata. No podían dormir en paz. Ciertas madrugadas estallaban disparos y su madre les tapaba los oídos con mantas y colchones. De día los llevaban de paseo por la Escuela Vucetich y por el Tiro Federal. Etchecolatz pernoctaba en el destacamento policial.

 

Lo veíamos en fiestas oficiales, en desfiles. Con nosotros infundió el mismo miedo y respeto que con sus subordinados.

 

Los sábados y domingos, cuando Etchecolatz se aparecía por el edificio de 62 y 11, Mariana y J.M. se escondían en un placard. Apenas escuchaban la voz metálica, los niños temblaban esperando un arranque de furia contra ellos o su madre. Nunca miró sus cuadernos de colegio, nunca jugó con ellos, nunca una caricia.

 

Cuando dejaba el edificio, Mariana y sus hermanos se ponían a rezar. Para que nunca jamás volviera. “Que por favor se muera”, pensaba ella, entonces.

***

Una vez, recuerda Mariana, la llevó a ver una película. Fue una de las pocas salidas juntos. Mariana era la hija contestataria. “Mirá lo que me hacés hacerte”, le decía su padre cuando la castigaba. Movía la mandíbula y las manos, preparaba la escena con frases como “Mmm…vida” o “Marianita, Marianita”, como advirtiendo una futura paliza. Luego de golpear con la palma abierta, pedía perdón. Era flaco, alto, de espalda pequeña y tenía tanta fuerza que un día partió un jarrón al medio con las manos, sin arrojarlo al piso. Mariana tenía 15 años cuando Etchecolatz la invitó al cine. No hablaron nunca: ni antes, ni durante ni después de la película. Era “La Historia Oficial”. Mariana cerró los ojos cuando el personaje de Héctor Alterio le apretó a Norma Aleandro los dedos contra una puerta. La escena la reconoció como familiar. Y no la olvidará jamás. “No tengo dudas que fue un goce silencioso. El del perverso, que es el que más duele”, dice ahora, con la precisión de una pericia psicológica.

 

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Dice que empezó a salir a la calle con “Néstor y Cristina”. Que sintió los escraches de H.I.J.O.S. como si hubieran sido propios. Que nunca olvidará el velorio de Néstor Kirchner y el cierre de mandato de Cristina Fernández de Kirchner. “Fue hermoso sentir lo politizado que estábamos, ir de marcha en marcha, este pueblo no va a sucumbir ante los poderosos”.

 

Cuando cumplió veinte años se alejó de su familia. Viajó a España, volvió, vivió sola. Trabajó de secretaria. Se puso a estudiar en la Facultad de Psicología, aunque no en la Universidad Nacional de Buenos Aires como hubiera querido. Su hermano F.M. abandonó la universidad. “Su examen está desaparecido”, le dijo un profesor.

 

Lo terrible es que con mis hermanos nos refugiamos en el anonimato por la sombra de ese hijo de puta. Ellos no lo soportaron y se fueron de la ciudad, yo decidí quedarme. Vivir así es duro, humillante. A mí me bochaban los exámenes por el apellido y volvía a casa con un ataque de angustia.

 

A Mariana había gente que le retiraba el saludo por el sólo hecho de portar ese apellido. Cuando en una librería entregaba la tarjeta de crédito para pagar, del otro lado del mostrador escuchaba: “Qué apellido, eh”. Ella se quedaba muda. No sabía, no podía responder palabra o hacer algún gesto.

 

La última vez que escuchó la voz de su padre fue en la cárcel de Magdalena, en 1985. Dijo: “Qué vergüenza estos zurdos, lo que me hicieron”. Y nada más.

 

—¿Cómo te sentías cuando escuchabas su apellido en los medios?

Me invadía el terror. Me angustié desesperadamente con lo de Julio López. Me temo que aún sigue sosteniendo poder desde la cárcel, no es un ningún viejito enfermo, lo simula todo. Todavía hay gente que piensa que fue alguien íntegro porque “nunca robó nada”. Como si eso lo exculpara de los crímenes aberrantes que cometió.

 

—¿Y quién es verdaderamente Etchecolatz?

Es un ser infame, no un loco, alguien que le importan más sus convicciones que los otros, alguien que se piensa sin fisuras, un narcisista malvado sin escrúpulos. Antes me hacía daño escuchar su nombre, pero ahora estoy entera, liberada.

 

—¿Qué deseas de acá en adelante?

Que no salga nunca más. Nunca me había animado a contar mi historia. Y lo único que quiero expresar ante la sociedad es el repudio a un padre genocida, repudio que estuvo siempre en mí. Mejor dicho: el repudio de una hija a un padre genocida.

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Mariana D. se cambió el apellido y fue el miércoles pasado a la marcha contra el “dos por uno”; desea que su padre “no salga nunca más” de la cárcel

SÁBADO 13 DE MAYO DE 2017
Habló la hija de Miguel Etchecolatz
Habló la hija de Miguel Etchecolatz. Foto: Archivo

Conoce al represor Miguel Etchecolatz por su extrema violencia, pero no sólo aquella que fue parte del capítulo más oscuro de la historia argentina reciente y la que lo dejó condenado por seis causas de lesa humanidad . También por la violencia doméstica que ella tuvo que vivir junto a su madre y sus dos hermanos, en su casa, con un padre que los ignoraba y, cuando no, los maltrataba, golpeaba y amenazaba.

Mariana ya no es Etchecolatz. Decidió cambiarse el apellido para borrar parte de esa cicatriz que le dejó su padre, a quien considera un “monstruo” y desea “que no salga nunca más” de la cárcel. Por eso, Mariana fue a la marcha del pasado miércoles para manifestarse en contra de la aplicación del “dos por uno” a condenados por delitos de lesa humanidad, como su padre, a quien ya le fue denegado un pedido esta semana.

“Al monstruo lo conocimos desde chicos, no es que fue un papá dulce y luego se convirtió. Vivimos muchos años conociendo el horror. Y ya en la adolescencia duplicado, el de adentro y el de afuera. Por eso es que nosotros también fuimos víctimas”, dijo Mariana D. en una entrevista con la revista digital Anfibia.

“Nunca existió un vínculo real con él. Me produjo inconmensurables angustias, huellas de traumas infantiles, a eso se le suma lo que todos nos fuimos enterando sobre su rol criminal en el terrorismo de Estado. Fue la encarnación del mal en todos los ámbitos”, agregó.

La mujer de 46 años, psicoanalista y profesora universitaria, denuncia a su padre, quien fue director de Investigaciones de la policía bonaerense durante la última dictadura militar, también por violencia doméstica. Contó que a su padre sólo lo veían los fines de semana, que les pegaba a su madre, a sus hermanos y a ella cuando las cosas no se hacían como él quería.

“Si te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos”, le decía Etchecolatz a su mujer, cuando ella quería escapar con sus tres hijos.

“Etchecolatz hizo todo lo que un padre no hace. Era un ser invisible, que usaba la violencia y no se le podía decir nada. Aparentaba tener una familia, pero nos tenía asco y era encantador con los de afuera. Vivíamos arrastrados por él, mudanzas todo el tiempo, sin lazos, sin amigos, sin pertenencias. Una realidad cercenada. Nos cagó la vida. Pero nos pudimos re,construir” señaló Mariana, quien se refiere a su padre por el apellido.

“Todos nos liberamos de Etchecolatz después de que cayó preso por primera vez, allá por 1984. Vivíamos en Brasil porque era jefe de seguridad de los Bunge y Born, y regresó pensando que era un trámite, como si la Justicia no le llegara a los talones. Al principio lo visitábamos, pero después mi madre, María Cristina, pudo decirle en la cara que íbamos a dejar de verlo. Ella siempre nos protegió de ese monstruo, si no hubiera sido por su amor, no podríamos haber hecho una vida. Y mis hermanos J.M. y F.M. se fueron a vivir lejos de Buenos Aires, cada uno hizo su familia, ahora somos muy unidos. Mi mamá se casó con un hombre que ama, y está en el exterior. Nadie llegó a lo que yo llegué, pero me apoyan”, contó Mariana.

A la hora de calificar a su padre, lo considera “un ser infame, no un loco, alguien a quien le importan más sus convicciones que los otros, alguien que se piensa sin fisuras, un narcisista malvado sin escrúpulos”.

“¿Qué deseas de acá en adelante?”, le preguntó el periodista Juan Manuel Mannarino al cierre de la entrevista. “Que no salga nunca más. Nunca me había animado a contar mi historia. Y lo único que quiero expresar ante la sociedad es el repudio a un padre genocida, repudio que estuvo siempre en mí. Mejor dicho: el repudio de una hija a un padre genocida”, contestó Mariana.

Pedido rechazado

Ayer, la Unidad Fiscal de Derechos Humanos de La Plata se opuso a las excarcelaciones del comisario retirado Miguel Etchecolatz, el ex capellán policial Christian Von Wernich y otros siete represores condenados por delitos de lesa humanidad, cuyas defensas pidieron aplicar el cuestionado fallo del 2×1 de la Corte Suprema.

Los fiscales Marcelo Molina y Hernán Schapiro dictaminaron que el beneficio del 2×1 es “incompatible con las obligaciones internacionales del Estado en materia de persecución y sanción de graves violaciones de los derechos humanos y de crímenes de lesa humanidad”, entre otros argumentos.

 

http://www.eldestapeweb.com/la-comision-interamericana-derechos-humanos-cuestiono-duramente-la-corte-n28865

Hijos de los 70.

Hijos de los 70.

HIJOS DE LOS 70.

Carolina Arenes – Astrid Pikielny

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Fragmento

Prólogo

Cada uno hace lo que puede con lo que le dieron. Ése es el trabajo de toda vida humana: descubrir qué se hace con las marcas. De algún modo, este libro explora variaciones de esa idea en los hijos de una época crucial para el país, una época que dejó huellas imborrables en la subjetividad de varias generaciones.

Hijos e hijas de hombres y mujeres que estuvieron relacionados de algún modo con la violencia política de los años 70. Padres y madres asesinados, guerrilleros, militares, policías, empresarios, sindicalistas, intelectuales, desaparecidos, madres obligadas a parir en cautiverio, padres presos por causas de lesa humanidad. Hijos que defienden lo actuado por sus padres. Hijos que los cuestionan y toman distancia.

La pregunta sobre el vínculo de esos hijos con sus padres encierra una clave que es singular —una suerte de diario íntimo de padres e hijos— pero que remite también a la clave más amplia de la memoria social. Historias mínimas de una historia nacional que aún produce “un pasado que duele”, anclado en una época que dejó una herencia saturada de muerte y de sentidos. ¿Podrían los hijos de esa época, hijos de víctimas e hijos de victimarios, hijos de padres que estuvieron dispuestos a matar y morir, hijos que impulsan los juicios de lesa humanidad e hijos que denuncian arbitrariedad en esos procesos, hijos con heridas y trayectorias muy distintas, aceptar que sus memorias dialoguen en el espacio de un mismo libro sin exigir carátulas que separen a los unos de los otros? ¿Una memoria polifónica, no binaria?

Ése fue el desafío de Hijos de los 70: explorar la posibilidad de una reunión textual de experiencias y testimonios que invocan los años 70, sin colar de contrabando la teoría de los dos demonios, ni poner en discusión la legitimidad de la Justicia, ni homologar heridas (¿quién puede medir el dolor?) ni mucho menos responsabilidades ante la ley, cuando la naturaleza del crimen de Estado ha quedado inequívocamente establecida desde el Juicio a las Juntas, en 1985. Pero los que hablan en este libro son los hijos y a ninguno de ellos se le puede transferir la responsabilidad que puedan tener sus padres. Incluso aunque ellos necesiten justificarlos.

Que estas 23 historias puedan convivir en estas páginas permitiría suponer que a cuarenta años del golpe de Estado de 1976 la convivencia de memorias en plural, aunque siempre se trate de memorias en conflicto, es posible. ¿Acaso las memorias diferentes no son siempre memorias en pugna, incluso cuando hoy una suerte de memoria canonizada parezca fijar los límites de lo que se puede seguir preguntando y poner en discusión sobre la violencia de los años 70? Como esos recuerdos de infancia a los que volvemos una y otra vez porque en cada rodeo la imagen revela nuevos sentidos, aquello que no se puede olvidar de los 70 —los centros clandestinos de detención, la sistematización de la tortura, los desaparecidos, los niños apropiados, la constatación de que el Estado que se pretendía honorable había llegado a apilar cuerpos en un avión para tirarlos vivos al mar— tal vez podría dar lugar, después de tantos años, a la formulación de nuevas preguntas, aquellas que también se atrevieran a indagar sobre el dolor producido por la violencia revolucionaria.

De eso hablan y sobre eso discuten las voces de estos hijos.

¿Es posible tomar distancia de lo que hicieron los padres sin traicionarlos? ¿Es posible no hacerlo sin traicionarse a uno mismo? ¿Cuánta verdad es capaz de soportar un hijo, cualquier hijo, sobre sus padres? ¿Hasta dónde se puede incomodar con una pregunta cuando esos padres han sido víctimas de lo peor o, por el contrario, cuando han sido acusados de lo peor? ¿Cómo conviven el amor y los cuestionamientos cuando de por medio está la hondura del crimen? ¿Cómo convive la lealtad del amor filial con la vergüenza? ¿Qué hacer con la idealización cristalizada que no se deja interpelar ni por los documentos de la historia? ¿Existiría una pregunta capaz de tocar esa idealización cuando tal vez en torno de ella un hijo edificó la estructura que le permitió vivir su vida? ¿Hasta dónde se siente autorizado un hijo a poner en discusión la verdad familiar?

El trabajo de Hijos de los 70 empezó en 2010. Hubo hijos que brindaron su testimonio al comienzo y otros a los que entrevistamos casi al borde de entregar el libro a la editorial, a fines de 2015. Se trata de una reunión de voces que no es una conversación —porque los entrevistados no dialogan entre sí— pero que, sin embargo, también podría leerse, de algún modo, como una conversación. En el contrapunto de muchas de estas historias —cada una con sus argumentos y su propia subjetividad— se puede imaginar un diálogo posible, un diálogo abierto.

La historia de las hermanas Donda cifra como pocas la complejidad del trauma de los años 70. Hijas de un matrimonio de militantes montoneros desaparecidos —Eva, criada por un represor de la ESMA, el hermano de su padre; Victoria, nacida en cautiverio, apropiada y restituida— todavía hoy intentan revincularse. “Yo soy hija de desaparecidos y a mí me cagaron la vida”, dice Eva, pero también se siente la hija, la sobrina-hija, de su tío Adolfo Donda, condenado a cadena perpetua, a quien ella no puede dejar de ver como una víctima. “Mis papás también hicieron cosas violentas”, contrapesa. Desde esa doble condición de su tragedia, busca desesperadamente reconstruir una familia con esa hermana a la que encontró cuando ambas ya eran grandes, aunque a veces se sienta en el medio de un fuego cruzado de argumentos en los que todavía no encuentra su propia palabra.

“Tanto dañaron los hijos de puta de los militares que ni siquiera lo que la guerrilla me hizo a mí, a mi padre, a mi familia, puede encontrar un lugar”, dice Delia Lozano, la hija de un gerente de IKA Renault asesinado en 1976 en un ataque de la insurgencia. Ya ni siquiera reclama otro juicio, lo que la indigna, dice, es que en el discurso hoy consagrado sobre el pasado violento no haya palabras para el daño que causaron las organizaciones armadas.

La confesión de la hija de un militar de altísimo rango durante la dictadura fue tal vez el origen más remoto de este libro. Pero al principio ella no estaba dispuesta a hacer público ni siquiera un testimonio anónimo, tal era el temor de que se abrieran otra vez las heridas familiares. “Leí expedientes con causas que lo involucraban —nos escribió—, investigué hasta averiguar más de lo que hubiera querido. ¿Qué hacer con lo que sabía? ¿Cómo procesarlo? Sentía vergüenza y culpa. Vergüenza de la mirada de los otros. Culpa ante la sociedad.”

En septiembre de 2010, otra hija, también de manera anónima, hizo público su infierno privado en los comentarios on line de un diario de Mendoza: “Soy hija de un coronel muerto en 2001 y hace tiempo me vengo preguntando dónde están los que, como yo, somos hijos de militares que, si bien no participaron directamente en las situaciones de secuestro, tortura, apropiación de bienes y de bebés, han seguido apostando y trabajando para el Ejército en aquellos terribles años como si no pasara nada. Así crecimos sus hijos, creyendo que los malos estaban afuera y nos podían matar; así vivimos y así retornó a nuestras vidas lo traumático de aquellos años, teniendo que pagar una deuda paterna que cargamos sobre nuestros hombros sólo por ser hijos de militares. Yo particularmente creo que los fantasmas de los desaparecidos pueblan nuestras noches y me pregunto: ¿por qué ese hombre bueno e inteligente que era mi papá, que nunca tuvo plata, que me enseñó a ser honrada, que me dejó estudiar Psicología en la UBA, por qué no se fue del Ejército?”.

Esos testimonios orientaron las primeras búsquedas. Había un antecedente en el libro de los periodistas alemanes Norbert y Stephan Lebert que reunieron en Tú llevas mi nombre sus entrevistas con hijos de los jerarcas nazis. En la Argentina, la psicoanalista María José Ferré y Ferré fue la primera en volver reflexión académica el estudio de las huellas del horror, no en los hijos de las víctimas, sino en los hijos de los victimarios. Profesional de la salud que integraba la cartilla de una obra social de las Fuerzas Armadas, había conocido de primerísima mano esos padecimientos que fueron la materia central de su tesis de doctorado. Pesadillas, angustias, depresiones, problemas de ansiedad, culpa, identificaciones con el agresor y con las víctimas, y hasta síntomas físicos, eran algunos de los problemas que aparecían en su consultorio. También la imposibilidad para hablar de esa herencia.

Y mucho menos para hacerlo públicamente. La mayoría de los hijos de militares que quieren dar su testimonio no visualizan a sus padres como perpetradores. Hablan los que quieren denunciar lo que consideran una persecución de la Justicia. Crecieron escuchando hablar de las tomas de cuarteles y regimientos, de los compañeros caídos de sus padres, de las bombas y los atentados, de los muertos también civiles —hijos e hijas, esposas de los uniformados— que había provocado la guerrilla. Desde esa experiencia plantean que las Fuerzas Armadas, sus padres, respondían a un ataque previo en defensa de la patria.

Mientras tanto la discusión sobre cuándo empezó la violencia en la Argentina del siglo XX —¿con la Semana Trágica, con el golpe de Uriburu, con los aviones que bombardearon la Plaza de Mayo, con el asesinato de Aramburu?— recorre los argumentos de muchos de estos hijos y se vuelve una trinchera donde se refugian y se defienden identidades políticas.

Muchos hijos —incluso algunos cuyos padres habían sido figuras emblemáticas del terrorismo de Estado— aceptaron tomar un café informal para escuchar la propuesta del libro y contaron en estricto off the record sus experiencias y sus reflexiones. Pero después cancelaban entrevistas y nunca más respondían siquiera correos ni llamados. La hija de un marino condenado por su participación en los vuelos de la muerte abrió la puerta de su hogar. Con un tono casual, ligero, mientras ofrecía más café y revolvía el azúcar en el coqueto living de su casa, dijo de pronto: “Boluda, mi viejo tiró a un nene de nueve años de un avión”. Quería que se entendiera el tamaño de la culpa que sentía su padre. Y admitió que, aunque le parecía injusta su detención —“Si se negaba a hacerlo, lo mataban”—, ella y sus hermanos habían recuperado a su padre desde que confesó: sacarse ese peso de encima lo había rescatado de días y días de tapar la culpa con pastillas y alcohol. Después de ese encuentro no pudimos volver a contactarla.

Dos de los cuatro hijos de un ex policía de la provincia de Buenos Aires que había fallecido en 2006, antes de ser detenido, pero a quien la Justicia ya había condenado por su participación en torturas, secuestros y asesinatos, nos recibieron en su casa. Hablaron del origen humilde de su padre, de su escasa formación y de por qué creían que había sido funcional a una batalla ajena, el “policía bruto” que hacía el trabajo sucio para “la casta de los militares”. Decían también que para ellos, como hijos, los juicios habían sido fundamentales. De otro modo, coincidían, ¿cómo haría un hijo, sin el respaldo de la ley, para pararse ante la palabra de su padre y pedirle explicaciones? Después de más de tres horas de anécdotas y reflexiones, fijamos fecha para una nueva entrevista. La suspendieron y nunca más respondieron mensajes.

Analía Kalinec, hija de un ex subcomisario condenado, fue una de las primeras que aceptó hablar públicamente. La periodista Jimena Rosli la había entrevistado en 2009 para el diario Miradas al Sur, el primer testimonio de una hija que repudiaba el pasado represor de su padre, a quien no puede perdonar. Hoy Analía cree que hay algo de sanación personal y social en hacerlo público: “Yo creía que éramos como la familia Ingalls, y no. Por eso todo esto tiene que ver también con mi identidad, con quién soy yo. Que toda esta verdad familiar haya estado vedada durante tanto tiempo es como un ocultamiento, es algo que queda ahí reprimido y que en algún momento puede aparecer”.

Muchas de estas historias no se conocen. Hay poco registro, por ejemplo, del modo en que se miran y se piensan mutuamente “los hijos de los 70”. Desde hace algunos años, se encuentran y se ven las caras en los recintos de la Justicia o en los pasillos de la política. Se ven celebrar un fallo o romper en llanto al escucharlo. Coinciden como padres de los grupos escolares de sus hijos, se hacen amigos. Se cruzan en la Cámara de Diputados. Se ven en la televisión. La hija de un militar condenado se pone de novia con el nieto de una Abuela de Plaza de Mayo. Un juego de espejos que los interpela a todos permanentemente.

“El padre es algo que debe ser tocado: como se toca un tema; como se toca un instrumento musical; como se toca al enemigo en el combate; como la instancia a la que se intenta apelar. No hay acto que no toque los orígenes”, escribió el psicoanalista Marcelo Barros.

Algunos padres de estos hijos, sin embargo, permanecen intocados (¿intocables?). Otros han sido cuestionados. Lo que estos hijos pudieron hacer con el legado que les tocó en suerte, el modo en que tramitaron sus experiencias, es parte de lo que aparece en sus testimonios. Por detrás de las coordenadas políticas e ideológicas que estas memorias actualizan, por detrás incluso de los detalles cotidianos de aprender a convivir con las pérdidas, con el dolor, el odio, la vergüenza o la resignación, algo de la transmisión entre las generaciones se pone en juego, el modo en que cada hijo, cada generación, toma la posta de las anteriores, en algunos casos para confirmarla o venerarla, en otros casos para rechazarla o ponerla en discusión.

Hijos de los 70 propone preguntas y obtiene respuestas que seguramente son provisorias y que podrían convertirse en el punto de partida de nuevas indagaciones. Deja que se expresen dolores invisibilizados y conflictos pendientes. Pero, para decirlo con palabras de Hugo Vezzetti, no pretende consagrar una verdad o una tesis, sino más bien mostrar un cierto estado de la memoria que se manifiesta en experiencias singulares que siguen reclamando su lugar, algún lugar, en el relato de la historia y en la construcción colectiva de la memoria.

A cuarenta años del golpe de 1976, hijos con heridas, trayectorias y posiciones políticas muy distintas, incluso antagónicas, aceptan la posibilidad de un encuentro textual, aceptan que sus memorias dialoguen en el espacio de un mismo libro. ¿Significa eso algo más? ¿Que hijos de militares y policías y guerrilleros e hijos de víctimas de militares y de policías y de guerrilleros acepten hablar en el mismo libro sin exigir saldar la discusión puede ser leído como una señal de eso que se ha dado en llamar “caminos de reconciliación”?

Con esa expectativa dijeron que querían participar algunos de estos hijos. José María Sacheri, el hijo de un profesor de filosofía asesinado por el ERP, viene trabajando en procesos de perdón y reconciliación desde hace varios años y ha sido acusado de impulsar una amnistía que beneficie a los militares. Él dice que el espíritu de su propuesta no ha sido comprendido. También habla de pacificación y reconciliación Ricardo Saint-Jean, hijo del ex gobernador bonaerense durante la dictadura, que defiende a procesados y condenados en los juicios de lesa humanidad y busca destrabar políticamente lo que cree son las razones que los mantienen en prisión.

Mario Javier Firmenich, hijo del ex líder montonero, dice que es una injusticia la condena social que pesa sobre su padre y le impide participar en la vida política del país. Habla de recomponer las grietas y trabajar por la unidad: “Creo que los hijos de nuestros padres tenemos que sanar las heridas de la sociedad, aunque no sean nuestras. Justamente porque no son nuestras y entonces es más fácil para nosotros que para ellos. Me gustaría discutir políticamente con Claudia Rucci y preguntarle por qué dice y piensa lo que dice, y que ella esté dispuesta a escuchar. Sería sano para mí y para la sociedad también. Creo que sólo los hijos pueden hacer eso, y si no, tendrán que ser los nietos, pero en algún momento la sociedad tiene que reconstruirse y ser viable”.

La revista católica Criterio —que viene revisando críticamente el rol de la Iglesia y de sus sectores tradicionalmente afines durante la dictadura— le encargó a la socióloga Claudia Hilb un artículo sobre la posibilidad de estos procesos de encuentro que se tituló “Una escena para la reconciliación”. La socióloga, autora de Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta, libro en el que plantea también la responsabilidad de las organizaciones armadas, explicitó en ese artículo, sin embargo, las dos condiciones indispensables para hablar de reconciliación: que se reconozca que el terrorismo de Estado supuso “un quiebre moral, civilizatorio, no homologable con los crímenes de la violencia insurgente”, y que se aporte información concreta sobre las víctimas.

Al tanto de estos debates, Aníbal Guevara, hijo de un ex militar preso en Marcos Paz, trabaja para conseguir que los detenidos hagan un pedido público de perdón. Sabe que sin ese paso y sin el compromiso de reponer la información retaceada hasta ahora —dónde están los cuerpos de los muertos, dónde están los niños apropiados— nadie va a querer escucharlos. Así les dijo en la cara un día en que casi le hacen perder la paciencia.

La necesidad de revisar y poner en discusión las razones del pasado y, acaso, enfrentar la dimensión de la propia responsabilidad, también tuvo lugar en el campo de la izquierda heredera de la experiencia revolucionaria.

Ya en 2005, el filósofo cordobés Oscar del Barco, conmovido por el testimonio del ex guerrillero Héctor Jouvet (fallecido a fines de 2015), que había relatado a la revista La intemperie el fusilamiento de dos compañeros por parte de sus camaradas del Ejército Guerrillero del Pueblo, en 1964, planteó que ya era hora de ajustar cuentas también con la violencia de la izquierda insurgente, la propia: “Ningún justificativo nos vuelve inocentes. No hay ‘causas’ ni ‘ideales’ que sirvan para eximirnos de culpa”, escribió.

Diez años después, Luciana Ogando, la hija de un militante montonero ajusticiado por sus compañeros de armas, se atreve a preguntar por el destino de su padre y contrapone, al relato militante recibido, una relectura que no se siente deudora de la fidelidad de sus padres a los viejos ideales por los que estuvieron dispuestos a matar y morir. “No puede ser que porque ustedes fueron valientes y sufrieron mucho yo no pueda hacer lo que hace cualquier generación, que es cuestionar a la generación que la precedió”, dice, poniendo una nota crítica poco frecuente entre las memorias más bien idealizadas que se conocen.

Cuando Del Barco leyó las memorias del ex guerrillero Jouvet, él, que no había empuñado las armas pero sí había alentado intelectualmente aquellas aventuras, sintió que también tenía responsabilidad en la violencia. Y se atrevió a exigirles honestidad a muchos de los héroes intocables de la experiencia revolucionaria: “Corresponde hacer un acto de contrición y pedir perdón”, escribió, en un texto que convulsionó a la intelectualidad de izquierda y generó encendidas respuestas a favor y en contra que fueron reunidas en el libro No matarás. Sobre la responsabilidad.

Años después, Norma Morandini, hermana de dos militantes desaparecidos e hija de una de las fundadoras de Madres de Plaza de Mayo en Córdoba, planteó en su libro De la culpa al perdón la necesidad, como sociedad, de reconciliarnos en el perdón, pero “no el que cancele el castigo de la Justicia sino el que nos perdone a nosotros mismos por haber permitido que se cometieran crímenes imperdonables contra nuestros hermanos”.

En 2013, el politólogo y ex montonero Héctor Leis, fallecido en 2014, volvió a sacudir el debate sobre la violencia con su libro Un testamento de los años 70, un planteo polémico que, aunque describió descarnadamente la naturaleza y la magnitud del crimen que había cometido el Estado, terminó llevando alivio a los militares: Leis no sólo pidió perdón a sus antiguos enemigos y propuso un memorial conjunto con el nombre de todas las víctimas, también equiparó responsabilidades entre la violencia insurgente y la violencia estatal. Graciela Fernández Meijide, su amiga y protagonista junto con él del documental El diálogo —realizado por Pablo Avelluto, Carolina Azzi y Pablo Racioppi—, valoró su preocupación por terminar con un problema que aún conflictúa al país, pero también marcó sus límites: no se pueden equiparar ambas violencias y ella, madre de un adolescente desaparecido, “ni siquiera puede pensar en perdonar”.

En la novela Papá, que Federico Jeanmaire escribió en memoria de su padre —un militar retirado que fue intendente de la dictadura en la ciudad de Baradero—, el escritor ensaya un amoroso ajuste de cuentas con su padre después de una vida de desencuentros afectivos y políticos. De regreso del cementerio donde ha dejado los restos de ese hombre tan querido, el narrador se da a sí mismo una respuesta: “No creo que el mero paso del tiempo ni la naturaleza por sí sola produzcan la comunión de nada. No lo creo. Y se me ocurre que casi lo mismo sucede con la patria”.

La naturaleza o el simple paso del tiempo, seguramente, nunca podrán sanar por sí solos lo que deba ser sanado. En todo caso, será la intervención de la palabra —de las palabras que faltan— lo que pueda ayudar a reponer sentidos, ofrecer alivio y una promesa —no siempre cumplida— de restañar las heridas. Aunque las cicatrices perduren y no todas las diferencias puedan ser saldadas.

FÉLIX BRUZZONE

“Si para que los verdaderos hijos de puta vayan a la cárcel, el precio a pagar es que tipos como tu viejo queden presos, yo lo pago”

Ahí estaba él flaquito como es, sus rulos, sus grandes ojos verdes, su sonrisa nerviosa. Uno más en la fila de las visitas para entrar al penal de Marcos Paz, al pabellón de lesa humanidad. Sólo que, a diferencia de los otros, Félix Bruzzone no estaba ahí para visitar a un familiar detenido sino para preguntarles a esos hombres, presos por violaciones a los derechos humanos, qué sabían sobre su madre y su padre. Aunque en realidad, ésa no era la pregunta inicial que lo había llevado hasta allí. No era eso lo que se dijo a sí mismo cuando empezó a hacer los trámites previos a la visita. Hasta ese momento estaba seguro de que la ida al penal no tenía que ver con su condición de hijo de desaparecidos, de huérfano, sino con un nuevo proyecto de escritura. Después de las novelas Los topos, Barrefondo, Las chanchas, los cuentos reunidos en su libro 76 y en diversas antologías, Félix se acercó al mundo del otro lado, al de los otros hijos de los años 70 cuando, en mayo de 2014, a pedido de la revista Anfibia escribió, junto con el antropólogo Máximo Badaró, una nota sobre los hijos de detenidos por violaciones a los derechos humanos que se tituló “Hijos de militares, 30.000 quilombos”. Uno de sus entrevistados fue Aníbal Guevara, vocero de la agrupación Hijos y Nietos de Presos Políticos e hijo del ex teniente coronel (RE) Aníbal Alberto Guevara, preso en Marcos Paz. De aquel encuentro para la revista Anfibia surgió en Félix esa idea de libro que lo terminaría dejando en el pabellón de lesa humanidad. Piensa en escribir un relato que reúna anécdotas de los juicios, polaroids de ese universo de hombres condenados.

La visita a Marcos Paz se concretó un lunes. Félix pasó el fin de semana previo como si no tuviera enfrente ese lunes extraño, fuera de cuadro. “Me estuve haciendo el boludo todo el fin de semana”, escribió en su perfil de Facebook. No leyó, no tomó notas, no preparó la entrevista. Fue desnudo a ver qué pasaba. Llegó a Marcos Paz en el auto de Aníbal Guevara. Después de la requisa, esperaron juntos el micro interno que los trasladaría al pabellón de lesa humanidad y fue Aníbal quien lo guió para hacer los trámites y quien lo iba presentando a los otros visitantes: “Él es Félix Bruzzone, sus papás están desaparecidos”. Un saludo respetuoso, un abrazo fuerte, una disculpa. Sí, un hombre le pide perdón. Es Carlos Enrique Alsina, ex teniente coronel del Ejército (RE), le dice Aníbal. Está allí para visitar a su hermano Gustavo Adolfo Alsina. Los ojos de Félix se ponen más redondos que de costumbre, la risita nerviosa otra vez. Gustavo Adolfo Alsina tuvo algo que ver con su padre, no sabe muy bien qué, pero de pronto se siente en estado de alerta. Conmovido y alerta.

Llegan al pabellón. Tenía la intención de reunirse con el papá de Aníbal para escuchar su versión sobre los hechos por los que fue condenado y para que le cuente sobre su vida en prisión. Pero a la mesa donde se sientan a conversar empiezan a acercarse otros detenidos. La intimidad no existe en el penal. Cuando llegan visitas, llegan para todos. De a poco se van arrimando, algunos se sientan, otros se congregan en torno a la mesa, un picnic de camaradería otra vez fuera de foco para Félix, muy raro. Cerca de ellos caminan Alfredo Astiz, Miguel Etchecolatz, el ex sacerdote Christian von Wernich. En la mesa, alguien le pregunta quiénes son, quiénes fueron sus padres. Eso intenta responderse Félix todos los días de su vida, quiénes fueron sus padres, cómo fueron sus padres, pero ahora se trata de otra cosa. Él lleva el apellido de su mamá, explica, Marcela Bruzzone, porque en tiempos de clandestinidad su padre no podía acercarse hasta el registro civil. Quién era tu padre. Félix Roque Giménez, dice él, y un silencio tenso desbarata el picnic. Gustavo Adolfo Alsina se levanta de golpe y se va. Cuando vuelva a la mesa, todavía tenso, casi una hora después, Félix ya se habrá enterado de que la historia de su padre, “el soldado Giménez”, es una leyenda negra para esos hombres de armas con los que se ha sentado a la mesa.

En 1973, Félix Roque Giménez era un soldado conscripto del Batallón 141 de Comunicaciones, en Córdoba, pero era también un cuadro del ERP y fue una pieza clave en el copamiento de ese batallón, en febrero de 1973, durante un operativo comando que le dio al ERP uno de sus triunfos más resonantes: sin víctimas fatales, consignó el órgano de difusión de los guerrilleros, Estrella Roja, se había logrado “recuperar para la causa del pueblo argentino” dos toneladas de armas y municiones, después de reducir a un teniente primero, un subteniente, cinco suboficiales y alrededor de cien conscriptos. Para los guerrilleros, Félix Roque Giménez se convirtió en un héroe revolucionario; para los militares fue desde entonces un traidor. Y ése fue el trato que le dieron tres años después, cuando al fin lograron atraparlo.

“Nos tocó hacer cosas terribles”, le dice Gustavo Adolfo Alsina, condenado a cadena perpetua en 2010, en el marco de la megacausa La Perla, por su participación en tormentos contra los presos políticos de la Unidad Penal 1, de Córdoba, y por el asesinato de José René Moukarzel, estaqueado hasta la muerte en el patio de esa dependencia. “¿Vos qué querés saber?”, le pregunta Alsina. Félix no sabe si el ex militar detenido que ahora espera su respuesta al otro lado de la mesa tuvo contacto con su padre en prisión. No sabe si acaso el combatiente del ERP, el ex conscripto Giménez, pudo haber sido su víctima. Sabe sí o cree saber o alguna vez escuchó —no está seguro, porque Félix pregunta y olvida, recuerda y olvida, sabe y olvida— que uno de los hermanos Alsina era el jefe a cargo de la unidad en la que revistaba el soldado Giménez antes del operativo del ERP contra el batallón 141 y fue uno de esos jefes militares reducido durante el copamiento. “¿Vos qué querés saber?”, está preguntándole Alsina. Todo sobre mi padre, podría haberle dicho Félix. Quiere saber qué pasó con Félix Roque Giménez, secuestrado el 15 de marzo de 1976, a los 24 años, en Córdoba, detenido en el centro clandestino Campo de La Ribera y desaparecido desde entonces. Aunque en el juicio por la megacausa La Perla, en Córdoba, diversos testigos hicieron referencia al modo en que murió su padre, nunca se supo qué pasó con su cuerpo. Félix quiere encontrarlo. Alsina no le da detalles. Le dice que va a tratar de averiguar lo que pueda. Y ocupa el tiempo que les queda de visita para explicar que la guerra es así, que en la guerra pasan cosas terribles. “Tu papá, igual que nosotros, era un soldado”, dice, y Félix siente un tirón de incomodidad en la espalda, un tirón que ya le crispa los músculos cuando uno de los dos Alsina, no recuerda si el condenado o su hermano el visitante, da un paso más y explica que para ellos, los militares, el soldado Giménez fue un traidor, un entregador, como Astiz lo fue para los otros, “para ustedes”, dice. “Me lo llegaron a comparar con Astiz —en la cara de Félix otra vez esa mueca-sonrisa—, como diciendo que mi viejo era un infiltrado, un Astiz. Como si fuera la misma cosa meterse con todo un batallón del Ejército que meterse con un grupo de madres que piden por sus hijos.”

Félix dice que no tiene prejuicios, que nunca tuvo la militancia por delante. Tal vez por eso, piensa, pudo llegar hasta allí, a Marcos Paz, “donde se supone que están todos los malos, todos juntos” y sentarse a conversar con ellos. Por curiosidad. Por el nuevo proyecto de libro. Por hablar con alguien que pueda decirle algo más sobre sus padres.

Marcela Bruzzone tenía 22 años y un hijo de tres meses cuando desapareció, en noviembre de 1976. Un operativo del Ejército arrasó con la casa en la que vivía con otro compañero del ERP y con Félix que, ese día, había quedado al cuidado de la abuela. La madre de Marcela había logrado que su hija se comprometiera a llevarle al pequeño todos los días, o por lo menos cuando su militancia la expusiera a situaciones de riesgo. “Se ve que mi vieja transó con eso y entonces muchas veces me traía para acá.” No tiene el dato exacto de dónde quedaba la última casa de su madre, donde vivió con ella. Sabe por relatos familiares que había un largo viaje en tren desde allí hasta Retiro y que el bebé que fue lloraba mucho en esos viajes. Su madre lo había comentado con la abuela. Tal vez era en Pacheco, dice. “Sé que mi abuelo la dejaba en un cruce de caminos en Zona Norte, cerca de donde vivo yo ahora, por la Ruta 202.”

El departamento donde Félix dormía a resguardo el día en que aquella casa fue arrasada es este departamento de Juncal y Guido, en Recoleta, donde nos encontramos para la entrevista. Acá creció, al abrigo de la familia materna. La abuela Leda Moretti era ama de casa y al igual que sus dos hermanas se había casado con un hombre de la Marina. El abuelo, Carlos Bruzzone, era un capitán retirado para la época en que su hija menor se integró al ERP. Aunque había tenido una participación destacada en el golpe contra Perón, en 1955, como capitán de navío al mando del crucero “17 de Octubre” —pieza clave en las maniobras militares del derrocamiento y rebautizado años después como crucero “General Belgrano”, el famoso barco hundido por los ingleses en la Guerra de Malvinas—, se había visto obligado a pedir la baja poco después del golpe porque había chocado un barco en circunstancias extrañas que despertaron muchas suspicacias (la familia especula con que tal vez sus enemigos políticos lo hicieron chocar a propósito porque sabían que, aunque había participado del golpe, sus simpatías políticas estaban con Lonardi, no con el ideario de la Libertadora). Hacia 1974, concretado el regreso de Perón, el abuelo Bruzzone ya reivindicaba el proyecto justicialista y estaba cerca de Guardia de Hierro, al igual que sus dos hijos mayores. Félix cree haber escuchado que alguna vez, tras el secuestro de su hija, el abuelo Bruzzone intentó reunirse con el jefe de la Armada Emilio Eduardo Massera, pero no lo logró. Aunque hay versiones contrapuestas en la familia. El hermano mayor de su madre se quejó en algún momento de que el padre no había movido suficientes influencias para rescatar a la hija. “Mi abuelo estaba armando algo político para Massera desde Guardia de Hierro, él era referente de Guardia, como mis tíos. Mi abuelo, según mi tío, no movió todo lo que hubiera podido para no perjudicar ese proyecto. Mi tía, en cambio, dice que mi abuelo hizo todo lo que pudo. No sé. A mí me parece que a mi abuelo la Marina le cortó los víveres desde el momento en que se hizo peronista, mucho antes de todo el quilombo de mi vieja. Son todas dudas. La versión oficial es que mis abuelos presentaron hábeas corpus, todo lo que se podía en ese momento, y que mi abuela le pidió a mi abuelo que fuera a hablar con Massera, con Suárez Mason, pero Massera le dijo que se iba a encargar y nunca hizo nada. Mi abuelo se murió en el 79, de cáncer, muy rápido.”

La abuela Leda, que ahora ya tiene 96 años y se pierde en su Alzheimer, venía de una familia adinerada y era una señora de Barrio Norte que conocía los buenos modales, que había mandado a sus hijas a buenos colegios y sabía manejarse dentro del protocolo de su ambiente. Casi todos los fines de semana, durante aquellos años en que la hija menor de la familia seguía desaparecida y Félix era un bebé al cuidado de su abuela, las hermanas Moretti y sus esposos marinos, todos procesistas, dice Félix, se encontraban en reuniones familiares. A menudo, la situación de su hija desaparecida tensaba el ambiente, pero Félix cree que nunca se llegó a una pelea. “Para mi abuela debe haber sido complicadísimo, pero por ahí se hacía la boluda, qué sé yo.” Tal vez por eso, conjetura, ella nunca se acercó a Madres de Plaza de Mayo ni buscó a su hija a través de los organismos de derechos humanos. Tal vez le daba vergüenza, tal vez chocaba con sus pretensiones sociales, tal vez no podía dejar de verlos como nido de comunistas, dice.

Lo cierto es que no hubo en aquellos años una búsqueda consistente que permitiera determinar con certeza qué había pasado con Marcela. Unas fotos que consiguió extraoficialmente una tía segunda de Félix, que era periodista —y que terminó siendo su suegra, porque Félix se casó con su prima segunda, hija de esa tía—, parecían confirmar que había muerto en un enfrentamiento. Pero el cuerpo nunca apareció. También se había hablado de Campo de Mayo. En esa indeterminación estaba cuando un día, recién mudados a la casa que construyeron en la zona de Don Torcuato, una llamada telefónica inesperada lo puso otra vez en la pista del máximo centro clandestino del Ejército, en la Zona Oeste del Gran Buenos Aires. Una tal Mónica, ex compañera de secundario de su madre en el Lenguas Vivas (la escuela a la que fue cuando la familia se mudó de Martínez a Recoleta y ella ya no quiso seguir en el colegio Northlands), había encontrado su nombre en la guía y lo llamaba porque estaban organizando una reunión de ex alumnas y ella era la encargada de averiguar qué se había podido confirmar sobre Marcela. Cuando mencionó Campo de Mayo, Félix lo puso en duda, pero ella insistió: “En el Nunca Más, Marcela Bruzzone figura en Campo de Mayo”.

La posibilidad de que hubiera sido llevada a ese centro clandestino ya se la habían mencionado en la sede del Equipo Argentino de Antropología Forense. No como algo confirmado sobre su madre sino como el destino común entre los militantes del ERP secuestrados. Félix había dejado una foto de Marcela en Antropólogos, como se refiere a la institución que desde 1984 ya logró identificar a más de 700 víctimas de la represión ilegal enterradas clandestinamente. “Una sobreviviente había dicho que entre las personas con las que se relacionó en cautiverio estaba una mujer que había tenido un hijo un 23 de agosto de ese año, 1976, que es la fecha de mi nacimiento. Entonces por esos datos que cruzaron pensaron que podría haber sido mi mamá. Me habían pedido que llevara unas fotos para que esta persona las viera y confirmara si se trataba de mi mamá. Llevé la foto y, como pasó bastante tiempo y nunca me volvieron a llamar ni me contestaron nada, yo asumí que no era ella.” La llamada de la ex compañera de Marcela reactivó la búsqueda. Félix volvió a Antropólogos a ver qué había pasado con las fotos. Le pidieron disculpas por no haberlo llamado. La sobreviviente que recordaba la fecha de su nacimiento había reconocido a su madre en la foto que él les había dejado. Félix la llamó. “Fue una conversación tremenda. Es uruguaya. Yo quería ir a verla allá, pero no me dio cabida. Me decía que se había olvidado de todo, que no sabía ni lo que le había pasado. Después se acordó de mi mamá, no del nombre, pero sí de que habían militado juntas, me contó que mi vieja era como la referente de ella en la zona, me contó cómo los habían secuestrado al marido, a los hijos, a ella, un desastre. Después logró recuperar a los hijos y se fue al Uruguay para siempre. Pero no quería hablar de todo eso, quería olvidarse.”

Félix empezó a atar cabos y de pronto se dio cuenta de que buena parte de la familia, con los años, se había establecido en torno a Campo de Mayo, el predio militar donde, durante los años de la dictadura, funcionaron cuatro centros clandestinos y una maternidad, y por donde se estima que pasaron más de cinco mil prisioneros políticos. Después, en un giro ya más obsesivo de esas elucubraciones, casi maniático, dice, constató que él y su mujer, que habían construido su casa por allí con la plata que él recibió como indemnización del Estado por la desaparición de sus padres, habían terminado de cerrar ese círculo. Un anillo en torno a Campo de Mayo. “La hermana de mi vieja, al poco tiempo del secuestro, se fue a vivir al Gran Buenos Aires, a cinco cuadras de Campo de Mayo. Empecé a darme cuenta de que había alguien de nuestra familia en cada uno de los partidos que rodean el predio, San Miguel, Hurlingham, Tres de Febrero, Tigre y, al final, nosotros, en Malvinas Argentinas, porque en realidad nuestra casa, por unas cuadras, no pertenece a Don Torcuato sino a Malvinas.” No se hace el distraído: por momentos se le cuela la fantasía de que vivir allí es vivir más cerca de su madre. De algún extraño modo, una proximidad tal vez inexplicable. Como la abuela Lela de su novela Los topos, que se muda a un departamento frente a la ESMA, con vista directa al centro clandestino, el último lugar en donde estuvo su hija desaparecida, para estar más cerca y para tratar de averiguar qué había pasado con ella.

En la familia de Félix siempre fue distinto. Buscar y no buscar. Saber y no saber. O en su caso, averiguar, saber y después olvidar. Y seguir buscando. Para algunas cosas tiene muy buena memoria. Pero le falla con los detalles que va sumando sobre la vida y la muerte de sus padres. Una ecología del olvido sin explicación. Buscar y olvidar. O buscar pero no querer encontrar. Siempre fue difícil, desde que era chico. Percibía la incomodidad de sus abuelos y sus tíos cada vez que preguntaba. De chiquito, la abuela Leda le decía que cuando fuera más grande le contaría todo. A los ocho años, la edad en que empezó a hacer terapia por recomendación de sus maestros del Colegio San Agustín, tuvo una primera explicación de cómo habían sido las cosas. Félix dice que después de ese día en que la abuela Leda le contó en qué andaban sus padres, se pasaba horas imaginando al soldado Giménez con un revólver en la mano. Pensaba en ese revólver, en dónde estaría, tal vez debajo de alguna cama, escondido en algún rincón de la casa. Cuando tenía 11 años se compró el Nunca Más. Sabía que ese libro tenía que ver con lo que les había pasado a sus padres. “Mi abuela me dejó comprarlo, pero me dijo que mejor no lo leyera porque me iba a hacer mal. ‘Yo misma no lo leo’, me dijo. Igual lo leí sólo un poquito, porque era bastante estremecedor.” Buscar con miedo. Buscar, encontrar y olvidar. “Yo nací en Capital, no me acuerdo en qué clínica; sabía pero me olvidé. Ustedes me preguntaban cuántos años tenían mis viejos…

16/03/2016 LIBRO

“Hijos de los 70”, testimonios de los herederos de una época trágica

Como un mosaico de historias que piden la palabra y exigen su lugar en la complejidad de la trama trágica de la última dictadura, el libro de las periodistas Carolina Arenes y Astrid Pikielny acerca testimonios de herederos de esa época y se torna urgente para vislumbrar un contrapunto de biografí­­as aparentemente antagónicas pero enlazadas en un pasado que siempre regresa con dolor.

Por Milena Heinrich

Hernán Vaca Narvaja, hijo de Miguel Hugo, asesinado en 1976, se pregunta cómo conviven con los hechos de la historia los hijos de los torturadores, y como un diálogo que nunca fue real pero sí­ ensayado en las páginas de este libro, la hija de un represor, Analí­­a Kalinec, conmueve al preguntarse: “¿Por qué una persona entra a trabajar en la policía a ejecutar esa función? No cualquiera lo puede hacer, ¿por qué mi padre sí?”.

O la empatí­­a que sintió Mariano Tripiana cuando presenció el desgarro de los hijos de Aníbal Alberto Guevara acusado de la desaparición de su padre. También la reconstrucción de identidad de Luciana Ogando, cuyo padre militante de Montoneros fue fusilado por sus propios compañeros después de haber dado información bajo tortura, son algunas de las historias que echan luz sobre heridas abiertas.

Hijos de militantes, represores, sindicalistas, empresarios, intelectuales, “todos son portadores de marcas que tienen que ver con una época que sustituyó la polí­­tica por la violencia”, dice a Télam Astrid Pikielny sobre los testimonios reunidos en el libro. “Un denominador común para todos, cada uno con su particular caracterí­stica , es qué hacen con la herencia que les tocó”, agrega la coautora, Carolina Arenes.

“Hijos de los 70. Historias de la generación que heredó la tragedia argentina”, publicado por Sudamericana, despliega así­ 23 historias de varones y mujeres que recuperan, acompañan, rechazan, se desprenden y también reivindican a la generación que los parió. Son hijos atravesados por el dolor, por la ausencia y por el silencio o las omisiones, son hijos que cuestionan y que amasan el vínculo con sus padres no como quieren, sino como pueden.

Y son también voces que parecen estar en las antí­­podas pero que sin embargo se unen bajo el signo de ser “herederos de una época”, como condensa Pikielny, y tal vez por eso cada una reclamaba ser escuchada, tener su lugar en la bibliografí­a sobre esa época oscura. “Hay muchas voces que sienten que no están en la historia”, indica Arenes, licenciada en Letras y periodista editora del diario La Nación.

Lejos de pararse en el banquillo acusador, más bien el libro arroja como un balde de agua frí­a y urgente el dolor de una generación. Y aunque cada hijo ve los hechos del pasado y el accionar de sus padres desde paradigmas a veces opuestos , en general “hay un consenso de época que hoy en dí­­a impide que alguien defienda la dictadura”, piensa Pikielny, periodista y politóloga.

A un lado quedan entonces los prejuicios que los condenan, los celebran o los apartan del camino por ser ‘hijos de’ porque en definitiva, advierte Arenes, se trata de “gente que tiene muchas heridas y con planteos de muy distinta í­­ndole. Lo que es interesante es ver qué decidieron o pudieron hacer con la herencia; las preguntas que se hacen y no se hacen sobre sus padres”.

Y con esa intención el libro se abre como un abanico y por sus páginas salpican cruzadas voces singulares, disí­­miles, poco orgánicas, como el testimonio de Eva Donda, el de los hijos de Marcelo Dupont (Valeria, Marcelo, Máximo y Miguel, los cuatros reunidos por primera vez), el de Delia Lozano, Luciana Ogando, Luis Alberto Quijano, Mario Javier Firmenich, Claudia Rucci, Diego Molina Pico, Mariano Pujadas, Alejandro Rozitchner y Félix Bruzzone.

“Es interesante ver cómo estos hijos se cruzan en los pasillos de la justicia, en la calle, en los trabajos”, dice Pikielny. Las escenas se enlazan entre padres y descendientes, como Félix Bruzzone, hijo desaparecidos (su padre, un soldado conscripto de Córdoba y militante del ERP), que atravesó el paredón del penal de Marcos Paz, de la mano de otro hijo, Aní­bal Guevara, sin saber demasiado por qué pero allí­ estuvo rodeado de represores.

O Ricardo Saint-Jean que se hizo responsable de la causa de su padre, Ibérico Manuel Saint-Jean, gobernador de facto de la provincia de Buenos Aires, transitando tribunales para defender lo que él consideró una detención en “contra de todo lo que habí­a estudiado”, aún reconociendo las prácticas ilegales en el marco de “una guerra”. También Diego Molina Pico y el relato siniestro de Jorge “Tigre” Acosta cuando al entregarse, una madrugada de diciembre de 1998, le contó al fiscal las razones del secuestro de su tía, una monja misionera.

Las autoras empezaron a reunir testimonios en 2009 y desde entonces tuvieron encuentros con muchos hijos -unos se negaron desde el comienzo, otros cedieron un par de citas y finalmente desistieron-, y fue recién cuando publicaron el libro que vivieron algo inesperado: algunos de los entrevistados pidieron contactarse con otros. “Hay un montón de experiencias de los 70 que por lo menos no están en la superficie, muchas conversaciones y miradas que no se encuentran pero sí­­ se entienden”, reflexiona Arenes.

“Es curioso – repasa sobre el motor que dio inicio a este recorrido de biografí­­as – porque partimos de una pregunta sobre la posibilidad de hacerlo y no sobre una propuesta de complejizar la época. Lo que puso en marcha este libro fue el testimonio de la hija de un general: qué pasa cuando crecés sabiendo todo lo que fue la dictadura y después te enterás de que tu papá fue una pieza de todo ese engranaje”.

Y de ahí­­, como una catarata, se sumaron otros interrogantes: “Cómo viven hoy los hijos de padres vinculados con la violencia de los 70, qué hicieron con el dolor, con su trauma y cómo lo procesaron, cómo es la relación con los padres, en qué medida pudieron preguntar”, menciona Pikielny. “Quizá -dice Arenes- en esas respuestas estén los lí­­mites del amor filial para pensar hasta dónde podemos cuestionar algo que tenga que ver con nuestros padres”.

Claro sucede que “todos tenemos la herencia de nuestros padres pero estos hijos son herederos de una época, de historias con muertes y situaciones radicales, de dolor, desgarro familiar”, señala Pikielny y su compañera trae como ejemplo a Firmenich hijo que reconoce que “las herencias pueden discutirse o rechazarse pero él elige defender a su padre porque siente que defiende su propia historia” o el testimonio anónimo de esa hija de un general “que siente vergüenza y culpa con la sociedad”.

A groso modo -identifica Pikielny sobre las vertientes de esta generación sacudida por la tragedia argentina, a 40 años del golpe de Estado- hay dos caminos: la idealización de los padres y la del monstruo. Y también aparecen algunos en un punto intermedio, aquellos que han podido distanciarse de cuestiones polí­ticas o ideológicas y se hicieron un lugar propio y al mismo tiempo preservaron o construyeron el camino con ese padre”.

Es que la llave que convierte este libro en un eslabón para comprender heridas entrelazadas, y en esto las dos autoras son rotundas, “es que estamos hablando de hijos, no de padres. Los hijos no son responsables de nada, no heredan culpas. -dice Arenes y Pikielny sintetiza : No rinden cuentas a la justicia, no tienen responsabilidades políticas y para nosotras no están bajo sospecha por origen o filiación, aunque haya posturas con las que no estemos de acuerdo”.

Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.

Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.
Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión. Ana González de Recabarren, activista de Derechos Humanos Chile

                   cdc18-ana-gonzalez

MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 7.311.072-6 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-53, 22 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, dos hijos

Actividad            :            Gásfiter

C.Repres.            :            Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : NALVIA ROSA MENA ALVARADO

Rut       : 7.688.548 de Santiago

F.Nacim. : 26-08-55, 20 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casada, un hijo, embarazada

Actividad            :            Dueña de casa

C.Repres. : Militante de las Juventudes Comunistas

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 5.473.525 de Santiago

F.Nacim. : 06-02-47, 29 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad            :            Técnico Gráfico. Fotomontajista

C.Repres. : Ex dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad Técnica del Estado. Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS

Rut       : 1.464.283 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-25, 50 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, seis hijos

Actividad            :            Jubilado

C.Repres. : Ex presidente de los sindicatos de Editorial Universitaria y Editorial Nacimiento. Ex dirigente nacional del gremio de Gráficos. Presidente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios -JAP-de San Miguel. Dirigente del Partido Comunista

F.Detenc. : 30 de abril de 1976

                                                                   

 

 

 

SITUACION REPRESIVA

            Nalvia Rosa Mena Alvarado, casada, un hijo, embarazada de tres meses, dueña de casa, militante de las Juventudes Comunistas; su cónyuge Luis Emilio Recabarren González, técnico gráfico, ex dirigente sindical; su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González, casado, dos hijos, gásfiter; ambos militantes del Partido Comunista y su suegro Manuel Segundo Recabarren Rojas, casado, seis hijos, jubilado, ex dirigente sindical gráfico, militante del Partido Comunista, fueron detenidos por la DINA, entre el 29 y el 30 de abril de 1976. El día 29 de abril, alrededor de las 21:30 horas, Nalvia Rosa Mena fue detenida -en compañía de su esposo Luis Emilio Recabarren González, del hijo de ambos, Luis Emilio Recabarren Mena, de dos años y medio de edad y de su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González- por agentes de la DINA en un operativo montado en el sector de Sebastopol con Santa Rosa.

Ese día, aproximadamente a las 19.30 horas, Nalvia Rosa junto a su hijo, fue hasta el lugar de trabajo de su esposo, ubicado en calle Nataniel N° 47 para, en compañía de éste y de su cuñado Manuel Guillermo, dirigirse desde ahí hasta su hogar, cosa que hicieron alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, no llegaron a su destino.

El único que llegó, hasta las proximidades del domicilio, fue el pequeño Luis Emilio, quien fue abandonado alrededor de las 23:30 hrs. en el lugar, por un sujeto alto y corpulento que se movilizaba en un taxi.

Por averiguaciones posteriores e informaciones de vecinos que fueron testigos presenciales de la aprehensión, se supo que Nalvia Rosa -con tres meses de gravidez- había sido golpeada en el vientre con la culata de una metralleta, a pesar de sus gritos y súplicas y, en estado inconsciente, introducida en uno de los vehículos en que se movilizaban los agentes.

Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas, padre de los Recabarren González, salió de casa muy temprano, siendo detenido a las 07:10, en los momentos en que se disponía a abordar un bus con el propósito de iniciar gestiones tendientes a ubicar a sus familiares que habían sido detenidos la noche anterior. Desde ahí, Manuel Segundo Recabarren Rojas fue trasladado por sus captores hasta el cuartel denominado Villa Grimaldi, recinto de detención clandestino de la DINA, donde pudo ser visto por otros detenidos. Algunos de ellos, que recobraron su libertad, declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haberle perdido el rastro en agosto de 1976. Se consignó en el informe de esa Comisión que, desde esa fecha, de ninguno de los cuatro detenidos se ha vuelto a tener noticias.

Cabe señalar que, a pesar que el Gobierno militar negó la detención de los afectados, constan declaraciones del 14 y 17 de julio de 1976 de la División Nacional de Comunicación Social, (DINACOS), a través de las cuales dio a conocer que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar treinta y dos casas-buzones del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además de la detención de militantes de dicha colectividad, se agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.

Otro antecedente probatorio de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de los afectados, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario “Qué Pasa”, en el que en un artículo bajo el título “Del MIR al PC” se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista, tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso, se entregaban nombres de algunos de los detenidos.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 30 de abril de 1976 se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Guillermo Recabarren González y de Manuel Segundo Recabarren Rojas, el que fue rolado con el N°352-76. Durante la tramitación de éste -y sólo 20 días después de ser presentado- el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, ofició informando que ninguno de los amparados se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado, agregando que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no registraba en sus kardexs antecedentes relativos a las víctimas, (20 de mayo de 1976). El 26 de mayo del mismo año, el Ministro Benavides reiteró dicha información. El 1° de junio de 1976, y sin otras diligencias, la Corte rechazó el amparo. La Corte Suprema confirmó la resolución el 7 de junio de 1976 ordenando a la Corte de Apelaciones que dispusiera la remisión de los antecedentes al Tribunal del Crimen correspondiente.

Así, se instruyó, en el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel la causa rol N°109.195, el 24 de junio de 1976, la que fue acumulada al proceso rol N°20.027-9 originado en una denuncia por secuestro que había presentado la familia de los afectados, el 18 de junio de 1976, ante el mismo Tribunal.

El 26 de agosto de 1976, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, informó que ninguno de los afectados se encontraba detenido por orden de dicho organismo. Ante una orden judicial, Investigaciones señaló haber concurrido a la Cárcel de Santiago, Penitenciaría y Casa Correccional, sin obtener resultados positivos. Asimismo, dijo que en los listados de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) no aparecían registradas las víctimas (30 de julio de 1977). Después de que se tomaron declaraciones a familiares, sin otras diligencias, el 30 de septiembre de 1977, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa porque, no obstante aparecer”comprobado” con los antecedentes de autos la existencia del delito de secuestro denunciado de Nalvia Rosa Mena Alvarado, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, no existen indicios suficientes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinadas personas”. El 17 de noviembre de 1977, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución consultada.

El 7 de diciembre de 1977, Ernestina Elena Alvarado Rivas -madre de Nalvia Rosa Mena- interpuso una querella en contra de Nelson Rivas, funcionario civil del Ministerio de Defensa Nacional, por su calidad de encubridor del delito de secuestro perpetrado en las personas de sus familiares. En la presentación relató las circunstancias que rodearon las detenciones de ellos y agregó que en julio de 1976 había dirigido una carta al General Rolando Garay Cifuentes con el objeto de que éste, en su calidad de Jefe Militar de la Plaza de Santiago, le informara sobre el paradero de los afectados. En los primeros días de agosto, señalaba Ernestina Alvarado, concurrió al Departamento Confidencial del Ministerio de Defensa (6° piso) para inquirir sobre el resultado de la investigación solicitada al General Garay. Allí la atendió un funcionario de civil que le dijo llamarse Nelson Rivas, y quien -en una segunda visita- le comunicó que la investigación tocaba a su fin y que sus familiares se encontraban vivos y ubicados. A fines de agosto de 1976, la testigo volvió a encontrarse, por tercera vez, con Nelson Rivas, quien desmintió lo expresado en la reunión anterior. Ante la insistencia de Ernestina Alvarado, Nelson Rivas respondió “¿Le he entregado algo por escrito? Yo debo cuidar mi pellejo”. El Tribunal dio lugar a la querella, reabriendo el proceso rol 20.027-9 el mismo 7 de diciembre de 1977.

Dos días más tarde, el 9 de diciembre, el Juez impartió una orden de investigar, la que fue respondida el 9 de febrero de 1978. Sin embargo, el 7 de marzo de 1978, se debió dar una nueva orden puesto que el Tribunal verificó que la investigación anterior “no se extendió en absoluto a la persona de Nelson Rivas”, sindicado como encubridor del delito de secuestro. El 19 de abril del mismo año, Investigaciones informó que “en relación al funcionario Nelson Rivas, no hay ninguno de ese nombre en el Departamento (Confidencial), ni lo ha habido anteriormente”. Se agregaba que en el Departamento del Personal del Ministerio de Defensa “no se obtuvieron informaciones en relación a Nelson Rivas, por desconocerse el apellido materno y el grado que pudiera haber tenido”.

El 28 de abril de 1978, se cerró el sumario y se sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía 2.191, dictado el 19 de abril de ese mismo año. El dictamen del Fiscal señaló que “acreditado el delito de secuestro investigado en estos autos y no habiéndose hasta ahora reunido antecedentes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinada persona, este Ministerio es de parecer de dejar sin efecto la resolución que se consulta en cuanto sobresee definitivamente la causa, y ordenar se prosiga la investigación con el objetivo señalado o, en subsidio, se sobresea temporalmente la causa”. El 21 de junio de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el sobreseimiento debía tener el carácter de temporal. Se apeló de la resolución y el 4 de octubre de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura del sumario indicando la necesidad de individualizar al funcionario Nelson Rivas y su citación a comparecer ante el Tribunal.

Frente a las consultas realizadas por el Tribunal, el Coronel Julio Bravo Valdés, Subsecretario de Guerra, informó, el 8 de noviembre de 1978, que Nelson Rivas no figuraba en los registros de personal del “Organismo que funciona en el 6° piso de este Ministerio”. En octubre de 1979 -y después que se realizaran distintas diligencias en orden a ubicar a Nelson Rivas- el Tribunal se constituyó en el Gabinete de Identificación de Santiago, constatando que existía un total de 49 personas que respondían a dicho nombre. Se anexaron entonces al proceso las fichas dactiloscópicas de esas personas y sus respectivas fotografías. Simultáneamente se expedían Oficios tendientes a individualizar al ya mencionado Nelson Rivas. Respecto a él, el Ministro del Interior Subrogante, Enrique Montero Marx, informó el 4 de febrero de 1981, que la Superioridad de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) había expresado carecer de antecedentes. El 19 de febrero del mismo año, el Coronel Rigoberto Majmud Gallardo, Jefe del Estado Mayor Subrogante de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que en su Repartición “no ha existido ni existe funcionario de nombre Nelson Rivas”. Por su parte, el Teniente General y Ministro de Defensa Nacional Washington Carrasco Fernández, ante una consulta tendiente a identificar al Jefe de Departamento que funcionaba en el 6° piso de dicha Secretaría de Estado en agosto de 1976, comunicó que era “imposible acceder a lo solicitado” por cuanto la documentación sobre materias de personal había sido destruida por disposiciones internas puesto “que no se cuenta con el espacio suficiente para su archivo”.

El 3 de noviembre de 1982, compareció ante el Tribunal Ernestina Alvarado, la que ratificó todas sus declaraciones anteriores y expuso que ninguna de las fotos que se le exhibieron correspondía al Nelson Rivas que trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa. Agregó que, posteriormente, fue atendida en dicho lugar por el Coronel Cruz quien le dijo que efectivamente allí no había ningún Nelson Rivas y que “posiblemente se trataba de alguna persona que estaba con chapa”. En un escrito de marzo de 1983, Ernestina Díaz señaló que también se habían entrevistado con el Coronel Cruz, Ana González González -madre de los hermanos Recabarren González y cónyuge de Manuel Recabarren Rojas- y Viviana Díaz Caro, hija del actualmente detenido desaparecido Víctor Díaz López. Al respecto, Ernestina Alvarado solicitó que se individualizara al Coronel Cruz y que se citara a declarar al General Rolando Garay Cifuentes. En relación a estas solicitudes, el Vicealmirante Patricio Carvajal Prado, Ministro de Defensa Nacional, ofició diciendo que en esa Secretaría de Estado no se desempeñaba ningún Oficial Superior de apellido Cruz (29 de septiembre de 1983) y que el Mayor General Rolando Garay se encontraba en retiro, desempeñándose como Embajador de Chile en la República de Egipto. (12 de septiembre de 1983).

Viviana Díaz Caro declaró ante el Tribunal el 21 de junio de 1984 exponiendo que efectivamente en el mes de enero de 1979 había acudido al Ministerio de Defensa, junto a la señora Ana González González, con el objeto de pedir autorización para realizar un acto en el Teatro Caupolicán relativo a los detenidos desaparecidos. Para ello, debieron subir al 6° piso de dicha Secretaría de Estado, en donde las atendió un Coronel de Ejército de apellido Cruz. Fue entonces cuando la señora González le preguntó si conocía a Nelson Rivas, a lo que el Oficial respondió positivamente, ofreciendo incluso llamarlo. Sin embargo, cuando llegó a la oficina una persona, el Coronel Cruz le preguntó si él era Nelson Rivas, quien contestó que su nombre era Nelson pero que su apellido no era Rivas. Entonces el Coronel Cruz les manifestó que se había confundido y que allí no trabajaba ningún Nelson Rivas. Por su parte, la señora Ana González agregó que el Coronel Cruz le había dado “su palabra de Militar” de que allí trabajaba Nelson Rivas. Posteriormente se logró identificar al Coronel Cruz como a Marcelo Moren Brito, funcionario de la DINA.

En virtud de estos últimos antecedentes, el Tribunal solicitó el Extracto de Filiación y Antecedentes de Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rut 3.392.364-3, el que compareció al Tribunal el 27 de junio de 1985. Dio a conocer su curriculum al interior del Ejército, diciendo que había sido llamado a retiro en mayo de 1985 y que había estado asignado a la DINA desde fines de 1973 y hasta 1977, permaneciendo en Villa Grimaldi y en el Cuartel General. Agregó que en 1979 trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa, en la Comandancia en Jefe del Ejército y que él era la persona que informaba al General Enrique Morel Donoso sobre “los supuestos desaparecidos”. Explicó que en esa época el General Rolando Garay se desempeñaba como Intendente de Santiago y que éste le pedía al General Morel la información relacionada con los “presuntos desaparecidos”. Su rol -señaló Moren Brito- era hacer las consultas a Investigaciones, CNI y otros organismos, para informar al General Morel. Agregó que en su repartición no existía ningún Coronel Cruz y que debe haber sido él mismo quien atendió a las mencionadas señoras. Finalizó diciendo que en el 6° piso del Ministerio de Defensa trabajaba un Cabo de apellido Rivas, pero que no se llamaba Nelson y que no recordaba su nombre preciso, el que debiera estar registrado en la Comandancia en Jefe.

El 25 de julio de 1985, tuvo lugar un careo entre Viviana Díaz Caro y Marcelo Moren Brito. Ella reconoció al agente como el “Coronel Cruz” y reiteró sus declaraciones. Por su parte, Marcelo Moren Brito dijo que nunca se había hecho llamar “Coronel Cruz”, que efectivamente había un Cabo de apellido Rivas y que recordaba haber atendido a la testigo en su oficina del 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional. También este mismo día, Moren Brito fue careado con al señora Ana González González, quien reconoció en él al “Coronel Cruz”, agregando que éste le había dicho que allí había un funcionario de nombre Nelson Rivas, cuestión que después le negó. Moren Brito reiteró los términos anteriores y señaló haber conversado con Ana González en el 6° piso del Ministerio de Defensa.

A partir de las declaraciones de Moren Brito, el Tribunal inició diligencias tendientes a ubicar al Cabo Rivas. El 19 de diciembre de 1985, el Brigadier General Carlos Ojeda Vargas, Comandante General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que esa repartición no tenía antecedentes que algún Cabo de apellido Rivas hubiese prestado servicios entre los años 1973 y 1974. Se expidió entonces una orden judicial en la que señalaba que el Cabo Rivas trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional, Oficina Confidencial, y que en los años 73-74 estaba en la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago. El 7 de marzo de 1986, Investigaciones informó que en el Ministerio de Defensa no se pudo realizar la diligencia encomendada por no contarse con mayores datos respecto a su nombre. También se hizo presente que en esa Secretaría de Estado les habían manifestado que todo tipo de consultas que requiriera el Tribunal debía hacerlas mediante Oficio.

El 11 de marzo de 1986, el Tribunal decretó una serie de diligencias. Entre ellas, una nueva citación al Coronel (R) Marcelo Moren Brito; citar a Orlando José Manzo Durán, a raíz de que muchos detenidos fueron recluidos en el Campamento de Cuatro Alamos; solicitar informes por escrito sobre estos hechos a los Generales Rolando Garay y Enrique Morel; y oficiar a la Comandancia en Jefe del Ejército para que informara si era habitual que los funcionarios que se desempeñaban en la Oficina Confidencial del 6° piso del Ministerio de Defensa, usaran nombres distintos a los propios, atendido el carácter de sus funciones.

El 8 de mayo de 1986 compareció Orlando José Manzo Durán quien declaró que entre 1974 y 1977 estuvo en comisión de servicio en la DINA, desempeñándose como Comandante del Campamento de Cuatro Alamos. En relación a los afectados, dijo no tener antecedentes que proporcionar e ignorar si estuvieron detenidos o no en Cuatro Alamos, aunque era factible que ello hubiera podido ser.

El 17 de junio de 1986, por Oficio, declaró el Mayor de Ejército Enrique Morel Donoso. Dijo que en 1976 se desempeñaba como Comandante de la II División de Ejército con asiento en Santiago, y que nada tenía que ver con problemas de detenidos o de desaparecidos. Agregó que en 1976 Marcelo Moren Brito no se encontraba en Chile, sino que cumplía comisión de servicio en Brasil. También aclaró que no tenía “el recuerdo ni la sensación de que el señor General Garay como Intendente de Santiago, me haya formulado peticiones de informes sobre presuntos desaparecidos”. Más aún, agregó estar seguro de no haber tenido conocimiento que se hubiese practicado alguna investigación ordenada por él.

El 25 de junio de 1986, se consignaron las declaraciones que por Oficio prestó el Mayor General Rolando Garay Cifuentes. Dijo que durante 1976 se desempeñaba como Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago y Jefe de la Zona en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana. Manifestó que en calidad de tal recibía todo tipo de cartas cuyos contenidos no recuerda. En cuanto a Marcelo Moren Brito expresó ubicarlo por su nombre, pero que no lo conocía personalmente. Expresó también que su labor de Intendente de Santiago la desempeñó desde 1977 y hasta 1980.

El 8 de julio de 1986, compareció, por segunda vez, Marcelo Moren Brito. En esta oportunidad dijo no recordar las características físicas del Cabo de Ejército de apellido Rivas y reiteró que el General Enrique Morel Donoso ordenaba hacer averiguaciones sobre “presuntos desaparecidos”. Casi simultáneamente, el 15 de julio de 1986, el Coronel Sergio Moreno Saravia, Subsecretario de Guerra, informaba al Tribunal que en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional no existía ningún Departamento Confidencial y que su personal no usaba nombres distintos a los verdaderos. En lo referente a Marcelo Moren, se decía que éste se había desempeñado en las dependencias del 6° piso entre fines de 1978 y enero de 1981 y que no existía antecedente alguno respecto a “que le haya correspondido indagar, participar o dirigir las averiguaciones por el desaparecimiento de las personas mencionadas” (Familia Recabarren).

El 4 de noviembre de 1986 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por octava vez. En su dictamen el Fiscal señaló “se consulta una vez más a este Ministerio, el dilema de aceptar pasivamente que el Juez se estrelle contra el Muro del Silencio o pedir a SS.Iltmas. que le haga insistir que los obstáculos son para vencerlos; esto requiere un exceso de afán investigatorio que en épocas de normalidad jurídica, cuando el Juez era Juez, sus órdenes, acatadas y respetadas, era una característica sobresaliente”. Se finalizaba diciendo “sea cual sea el resultado, el destino de este proceso es posible que no pueda tener su elemento esencial, el reo, pero podríamos, por lo menos, dar una indubitada sensación de que se ha hecho lo imposible para proporcionar la tranquilidad de saber el destino de las personas desaparecidas”. Firmaba el dictamen el Fiscal Tomás Dahm Guíñez. El 5 de diciembre de 1986, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución consultada y ordenó la reapertura del sumario.

Posteriormente, en marzo de 1987, ante un nuevo sobreseimiento temporal el Fiscal Dahm expresó “al examinar los antecedentes que se agregan a este proceso, para este Ministerio es la sensación de una noche triste, larga, oscura, infecunda, en búsqueda de la verdad”. Por último, agregaba “a pesar de los 10 años de tramitación sin resultados positivos, de las trescientas noventa y tres fojas, este Ministerio es de opinión que los efectos de sobreseimiento temporal se suspendan, revocándose la resolución consultada”, (6 de marzo de 1987). El 28 de agosto de 1988, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución del Juez y ordenó, entre otras cosas, una nueva comparecencia al Tribunal de Marcelo Moren Brito.

En esta etapa del proceso, el 6 de octubre de 1988, el Brigadier Humberto Leiva Gutiérrez, Vicedirector Nacional de la C.N.I., informó que ninguno de los afectados registraba actividades políticas u órdenes de aprehensión pendientes. El 16 de diciembre del mismo año el Mayor General Enrique Morel Donoso hizo una segunda declaración, por Oficio, en la que reiteró tener la seguridad que el General Garay no le solicitó ninguna investigación relativa a personas desaparecidas. También el Mayor General Rolando Garay Cifuentes, en diciembre de 1988, declaró una vez más por Oficio, señalando que entre los años 1977 y 1980 se desempeñó como Intendente de Santiago y que, en su calidad de tal, no estaba relacionado con situaciones de detenidos. Cuando se encontraba pendiente la citación a Marcelo Moren Brito -sin que hubiese sido posible para el Tribunal su ubicación- el 9 de agosto de 1989, el II Juzgado Militar de Santiago solicitó la inhibitoria del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel para seguir conociendo del proceso. De esta manera, la Justicia Ordinaria se declaró incompetente, y los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar, la que los radicó en la 2a. Fiscalía, siendo acumulados a la causa rol N°553-78 (16 de octubre de 1989), la que se había originado en una querella que familiares de 70 detenidos-desaparecidos presentaron en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel Marcelo Moren Brito y del Teniente Coronel Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

Sin que se realizara ninguna diligencia en relación al desaparecimiento de Nalvia Rosa Mena, de los dos hermanos Recabarren González y del padre de éstos, Manuel Recabarren Rojas, y ninguna diligencia durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado “determinar responsabilidad de persona alguna”. El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por “encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados”. Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

(Antecedentes completos de la Querella en contra de Manuel Contreras Sepúlveda se encuentran en la ficha de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

 

  Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Santiago, 28 de Enero del 2004

Ejército de Chile
Comandante en Jefe
General del Ejército

Juan Emilio Cheyre Espinosa:

Quiero empezar esta carta abierta dirigida a usted, General Cheyre,
con el pensamiento de un poeta, al que nuestra poetisa Gabriela
Mistral, admiraba: “Los hombres van en dos bandos, los que aman y
fundan, los que odian y deshacen”. En su entrevista de la revista
“Siete más siete”, usted expresa que tiene miedo, yo diría que como
buen militar, no es el miedo lo que lo invade, sino que usted está
horrorizado, espantado ante los brutales y macabros crímenes,
violaciones y torturas, que sus subalternos le han relatado; crímenes
que repugnan a la conciencia de cualquier ser humano normal.

Razonemos juntos, General, si algunos militares fueron tan valientes
para dar el Golpe de Estado y optaron por la cultura de la muerte,
con el pretexto de salvar al país de los siniestros
constitucionalistas, entre ellos al General Prats. ¿Por qué
abandonaron esa valentía, al momento de reconocer los crímenes,
diciendo la verdad?

General, dice usted que su señora sabe llevar sus penas. Me alegro
por ello, sólo que entre mis penas y las de su señora existe una gran
diferencia. Ella sufre por su padre acusado por violar los Derechos
Humanos. Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión.

General, sólo hay una manera que usted comprenda. Pongámonos cada uno
en el lugar del otro. Piense por un segundo que yo soy usted y le
hubiesen arrebatado a sus hijos, a su nieto por nacer, a su amada
señora, a su querida madre y nadie le diga absolutamente nada,
indefenso frente al Estado, indefenso frente a la Justicia, indefenso
frente a los medios de comunicación. Sin embargo, su suegro, el
General Forestier, ha tenido la Justicia y el derecho a tener cerca a
los suyos; los míos no tuvieron nada, sólo oscuridad y desamparo.

Yo quisiera creer que para los míos no hubo parrillas, ni pau de
arará, ni submarinos húmedos o secos. Yo quisiera creer que el bebé
de Nalvia nació y otras manos mecieron su cuna, yo quisiera creer que
ese nieto aun vive y tendría 27 años y que algún día lo encontraré.
Toda esa verdad, General, está en sus manos, verdad que no destruirá
al Ejército. Al contrario, sólo entonces, será su ejército y mi
ejército, y el ejército de todos los chilenos, porque se habrá
reivindicado de lo que un día los llevó a matar a sus propios
hermanos.

Usted ya conoce la terrible historia, por lo tanto tiene una parte de
la solución, no puede seguir siendo el paño de lágrimas o escuchando
el golpe de pecho de un mea culpa, no sólo tiene que ver con el
ejército sino que con la Patria toda.

No puede haber impunidad porque este drama atraviesa a toda la
Sociedad y, por el bien de ella, es necesario que haya Verdad y
Justicia, ¡Ya y ahora!

Cuando el Derecho ejercitado por instituciones, por personas que
ocultan la verdad, se parece mucho al crimen, se declara usted
“desesperanzado” por los entrabamientos que a su juicio han tenido
los proyectos de ley sobre derechos humanos, porque “a las víctimas
no les están dando respuesta a sus legítimas aspiraciones y las
mantienen en un duelo permanente. Y para los procesados, muchos de
los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una
situación casi de venganza al no poder avanzar los procesos.

¿Usted se declara desesperanzado, General Cheyre? ¿Cómo debería
sentirme yo y los miles de familiares de los detenidos desaparecidos
en Chile, que llevamos una vida entera clamando por Verdad y Justicia?

Esas son nuestras “legítimas aspiraciones” que usted dice
reconocernos. ¿Por qué habla usted de “una situación casi de
venganza” al referirse a los procesados por violaciones a los
derechos humanos?

Le invito a que busque una sola declaración, una acción, un gesto de
nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o en mi
propia lucha que se asocie con venganza.

Precisamente porque no nos anima la venganza es que apelamos a la
Justicia, la forma civilizada que tiene la sociedad de investigar y
castigar los delitos. Porque aún creemos en la Justicia, pese a todo.
Es que nunca transigiremos con la impunidad que aún persiguen
denodadamente quienes no quieren entender que los crímenes de lesa
humanidad no son amnistiables, no prescriben y gozan de jurisdicción
universal.

General, usted no es insensible al dolor, como yo. A usted y a mí, la
verdad nos estremece, pero usted parece no haber asumido aún que la
verdad y la justicia son una necesidad imperiosa para el bien de
nuestra sociedad.

Apelo a su honor militar, a su conciencia, a su amor por la
institución. Los porfiados hechos lo llevan a un único camino: la
impunidad no puede ser el epílogo de esta tragedia nacional. Sólo
entonces, sólo entonces, habrá un Nunca más, como usted y yo lo
deseamos.

Sin embargo, en sus palabras yo noto una velada amenaza al decir que
“siempre que nos portemos bien”, y con esta frase entre líneas, me
está usted quitando el derecho a soñar en un mañana mejor.

Nunca más un 11 de septiembre, nunca más masacres en la Escuela Santa
María, nunca más masacre en Lonquimay, nunca más masacres en el
Seguro Obrero, nunca más masacres en Plaza Bulnes, nunca más masacres
en José María Caro, nunca más masacres en Puerto Montt, nunca más
masacres en ningún rincón del país, nunca más violaciones de los
derechos humanos, nunca más, nunca más, nunca más.

Ana González de Recabarren

Los hijos del Cóndor.Carla Rutila Artes.

Los hijos del Cóndor.Carla Rutila Artes.
Argentina|Descansa Carlita Rutila Artes, a quien de bebé la dictadura de Banzer quiso desaparecer.
 Hija de Graciela Rutila y Enrique López, de nacionalidad uruguaya, Carla Graciela López Rutila nació el 28 de junio de 1975 en Miraflores, Perú. Vivieron durante un tiempo en Bolivia donde Graciela fue detenida junto a su pequeña hija el 2 de abril de 1976 en la localidad de Oruro. Según consta en un radiograma oficial, el 29 de agosto de ese mismo año las autoridades bolivianas entregaron a Graciela y a Carla a las fuerzas de seguridad argentinas, en el marco del “Plan Cóndor”.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambas permanecieron detenidas en el CCD  “Automotores Orletti”. Enrique fue asesinado el 17 de septiembre de 1976 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En diciembre de 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Carla en poder de Eduardo Alfredo Ruffo, integrante de la Triple A, y su esposa Armanda Cordero. El matrimonio se encontraba prófugo de la justicia hasta que en 1985, tras una intensa búsqueda, fueron localizados. La niña se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y en septiembre de 1985 los resultados confirmaron que se trataba de Carla, hija de Graciela y Enrique. Su madre permanece desaparecida.

La TV Pública presenta “Nietos, historias con Identidad”, una serie de micros con relato de Víctor Hugo Morales en los que a través de testimonios de los protagonistas, se cuenta la historia de búsqueda de familiares de desaparecidos y de hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad y fueron restituidos a sus familias. Además, se invita a todos aquellos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo.

Emitido el 15-08-12 por la TV Pública.

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Carla Rutila Artes falleció este 22 de febrero de 2017, con 41 años en Buenos Aires-Argentina a causa de un cáncer que ni en los peores momentos le impidió reclamar memoria, verdad y justicia.
Su historia, es una prueba del terrorismo de Estado y la existencia del Plan Cóndor, una estrategia de coordinación entre las dictaduras latinoamericanas con el apoyo de la CÍA, en la década de los años 70.
Carlita nace el 28 de junio de 1975 en Miraflores-Perú, hija de la joven pareja de militantes internacionalistas Graciela Rutilo (argentina) y Enrique Lucas López (uruguayo). Por entusiasmo de Graciela, quien creció y estudió en La Paz, la pareja se traslada a Bolivia y milita en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de detener la dictadura banzerista que sume a Bolivia en un ambiente autoritario y represivo.
Enrique es asesinado en septiembre de 1976 por grupos paramilitares y sus restos permanecen desaparecidos hasta el año 1999. El 2 de abril del año 1976, Graciela apoya una huelga minera en Oruro y es secuestrada junto a Carlita, quien tiene 9 meses. Madre e hija son llevadas al Departamento de Orden Político (DOP) de Oruro y posteriormente a la ciudad de La Paz. En el nuevo destino Graciela es sometida a interrogatorios en un centro de tortura y la bebé queda en custodia de 4 miembros del Ministerio de Gobierno boliviano, que envían a la menor al hogar “Carlos Villegas” y posteriormente al orfanato “Virgen de Fátima” bajo el nombre falso de Nora Nemtala (N.N.). Por distintos testimonios y problemas de salud en Carla, se comprueba que los represores la sacaron del orfanato para llevarla a las sesiones de tortura de Graciela, donde golpeaban a la bebé para atormentar a su madre. Debido a esta acción, Carlita pierde parte de su audición y años más tarde debe utilizar audífonos.
El 29 de agosto de 1976, la dictadura de Banzer en Bolivia entrega de forma ilegal a Graciela y Carla a la dictadura de Videla en Argentina. El traslado y con ello, la responsabilidad y complicidad del estado boliviano en la desaparición de madre e hija, queda certificado en un radiograma emitido por el Ministerio de Gobierno boliviano en el que comunica que Graciela y Carla son expulsadas de Bolivia por el puente internacional con Argentina (Villazón-La Quiaca). En la frontera, los represores bolivianos obligan a Graciela a firmar un certificado donde reconoce que le entregan a su hija en buen estado de salud.
En Buenos Aires, ambas son trasladadas al centro clandestino de tortura Automotores Orletti, donde Graciela desaparece. En dicho lugar, Carla es robada por el torturador argentino Eduardo Alfredo Ruffo, miembro de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) quien inscribe a Carla como hija propia bajo el nombre de Ginna Amanda Ruffo. A su vez, el torturador se apropia de otro niño y le pone el nombre de Alejandro. Ambos niños crecen pensando que son hijos biológicos de la familia Ruffo.
Mientras los organismos de inteligencia latinoamericanos operan con el terror de forma sistemática. Matilde Artes (madre de Graciela) emprende una larga búsqueda de 9 años para encontrar a su hija y nieta con el apoyo de madres, abuelas de plaza de mayo y otros organismos internacionales. Carla recordaba que la primera vez que vio a su abuela materna fue por televisión en los inicios del proceso democrático argentino y que su primera reacción fue pensar y preguntar a su apropiador: “¿Qué hace esta señora con mi foto?”. A lo que Ruffo la golpea y le indica que es una vieja bruja que le quiere sacar la sangre.
En el año 1983, Abuelas de Plaza de mayo localiza a Carla, pero los apropiadores huyen. Dos años más tarde las abuelas relocalizan a la niña y mediante una prueba de ADN confirman su verdadera identidad. En una entrevista, Carla recuerda el reencuentro con su abuela de la siguiente manera: “El juez nos presenta y me dice Carla esta es tu abuela y mi abuela dice “sí carlita soy tu abuela y hace 9 años que te busco mi amor”. Entonces abre el poncho y no sé si fue instintivo el hecho de apoyar la cabeza y abrazarnos, estuvimos como 10 o 15 minutos. Y sentí que ese abrazo y momento, me restituyó todo el amor que me habían robado”. Por motivos de seguridad, Matilde decide irse a España con su nieta.
En España, Carla rehace su vida junto a su abuela y se convierte en madre de 3 hijos: Graciela, Anahí y Enrique a los que cría sola. Sin embargo, las circunstancias económicas y políticas la hacen regresar a Latinoamérica. En el año 1999, durante el segundo gobierno de Banzer, se encuentran los restos de su padre Enrique Lucas López en Bolivia. En ese contexto, Carla Rutila Artes, quien fuera una bebé ilegalmente sacada del país por la dictadura de Banzer, regresa de forma legal con 25 años para denunciar su caso y la impunidad de la represión dictatorial. Sin embargo, pocos fueron los medios que pudieron darle un espacio, e incluso la revista Informe R que le realiza un reportaje, sufre la incautación de sus ejemplares por parte del Ministerio de Gobierno, en una acción dictatorial ejecutada en tiempos democráticos. La corta estancia de Carla en Bolivia puso nervioso al gobierno banzerista. “Carlita, vives y vuelves a contar que es un asesino el General, pero él no quiere recordar, aunque te quiso matar” escribió Antonio Peredo, en un poema dedicado a Carla durante su valiente estancia en Bolivia.
En el año 2011 Carla se traslada a Argentina donde su memoria fotográfica ayuda a dar sentencia a distintos represores que tenían contacto con su apropiador Eduardo Ruffo. A su vez, pudo declarar y enfrentar desde cercana distancia al mismo, quien no pudo sostenerle la mirada mientras lo denunciaba por maltrato infantil, psicológico y sexual. En medio de distintas investigaciones, Carla conoce a Nicolás Biedma,* hijo de un desaparecido chileno en Automotores Orletti, ambos se enamoran, se convierten en compañeros de vida y el año 2012 se casan. Carla vivió dicha acción con emoción y la describía como “un acto en defensa de la vida”, de la misma forma, contaba con alegría y entusiasmo el nacimiento de su nieta Nina.
Quienes conocimos a Carla podemos hablar de una mujer fuerte, la más fuerte, como su nombre significa. Una persona con capacidad de luchar por la misma causa en todo lado, desde todo espacio. Una niña que le ganó al terror y la muerte, una mujer que se hizo cargo de su historia, de su verdadera identidad y de la lucha de sus padres. Creo que por ese motivo su última voluntad fue ser cremada y colocada en el centro de detenciones Orletti, que Carla consideraba un lugar que la acerca a su madre, porque es el lugar hasta donde llegó la investigación sobre el paradero de Graciela. Independientemente de esta acción simbólica, Carla ahora se convierte en parte de nuestra historia y se une a los muchos y muchas que debemos recordar.
La historia de Carlita demuestra la coordinación de las dictaduras de Bolivia, Argentina, Uruguay, e incluso Chile. Su testimonio incomodó a muchos, porque es la demostración de que las dictaduras impusieron su sistema desde una barbarie que ni siquiera tuvo piedad con los bebés. Me niego a decir que está muerta la bebé que le ganó al miedo, a la dictadura, al olvido y a la muerte. Me atrevo a soñar que por fin se reencontró con sus padres, me animo a decir que descansa, mas no en la paz que se merece, porque la cultura de la impunidad lamentablemente sigue vigente. La existencia de Carla me hace entender que el pasado no terminó y tiene consecuencias en el presente, nos invita como continente a hacernos cargo de nuestra historia para construir nuestra verdadera identidad. Carlita vive y vivirá siempre porque no pudieron vencerla, guardaremos su historia y valentía en nuestro recuerdo y estará con nosotros cada vez que enfrentemos a quienes pretenden hacernos olvidar lo que no tiene perdón. Carla quedará en nuestra utopía, en nuestros sueños de justicia y cada vez que gritemos con fuerza: NUNCA MÁS.

Para mayor información

EL PAIS › EL TESTIMONIO DE CARLA ARTES, APROPIADA POR EDUARDO RUFFO, EN EL JUICIO POR ROBO DE BEBES

“Me restituyeron el nombre y el amor”

Después de vivir veinticinco años en España junto a su abuela Sacha, Carla Artes volvió a la Argentina y reiteró ayer ante el tribunal que Ruffo abusaba de ella y se fugó cuando su abuela la encontró. El represor pidió no estar en la audiencia.

 Por Alejandra Dandan

Cuando Carla Rutila Artes vio por primera vez su foto en televisión y a una señora que decía que la estaba buscando, le preguntó a Eduardo Ruffo quién era esa mujer. El parapolicía, que integraba la banda de Aníbal Gordon, le respondió que era “una vieja bruja” que la buscaba para sacarle la sangre. Tiempo después, cuando finalmente Carla conoció su historia, un juez le presentó a su abuela biológica. “Entra mi abuela y creo que conocer a la vieja bruja fue lo mejor que me pasó en mi vida; el proceso con ella indudablemente fue complicado, pero hay dos cosas que se me restituyen en ese momento: el nombre y el amor, porque con Ruffo tenía todo lo material, pero carecí de todo eso”.

Carla Rutila Artes declaró en la audiencia del plan sistemático de robo de bebés como el año pasado lo hizo en el juicio por los crímenes de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en el país. Esa vez, Carla se sentó frente a su apropiador, que permaneció en la sala para escuchar, entre otras cosas, la primera denuncia que ella se animaba a hacer públicamente sobre la condición de abuso a la que él la sometió desde los tres a los nueve años. Esta vez Ruffo no estuvo presente en la sala. Antes de que empiece la audiencia pidió al Tribunal Oral Federal 6 una autorización para retirarse a la alcaidía. Ruffo se fue. Carla entró. Habló de su historia sin la obligación de esquivar la mirada que el año pasado la hundió durante varias semanas en sus más pesados fantasmas.

Ella volvió al país hace unos meses después de 25 años de vida en España. En el cuerpo lleva la marca de una disminución de la escucha, producto de los golpes de quien la situó durante años como su hija. Se sentó con la cabeza de costado, para escuchar las preguntas. Les pidió a los jueces la compañía cercana de la coordinadora del centro Ulloa de asistencia a las víctimas, para poder sostenerse.

Cuando lo bueno desaparece

A Carla la secuestraron en Bolivia el 2 de abril de 1976 con su madre, Graciela Rutila Artes, dirigente estudiantil en Oruro. “A mí me llevaron a un orfanato, me condenaron a desaparecer desde ese momento, sé que a mi madre la llevaron al Ministerio del Interior de La Paz. El 24 de agosto nos reúnen nuevamente, me sacan del orfanato en medio de un operativo bastante impresionante, a ella la llevan a la cárcel de mujeres y sé que gracias a la denuncia que empezaba a hacer mi abuela hicieron que la Cruz Roja boliviana presenciara la situación. La obligaron a firmar un papel como que estábamos en perfecto estado de salud y el 29 de agosto de 1976 nos trasladaron de Villazón a la Argentina.”

Participaron la Policía Federal argentina y el Servicio de Inteligencia, pese a que hacía tiempo que ninguna de las dos estaban en el país. En Orletti, Carla tenía un año y tres meses. “Yo sé que debo haber estado tres semanas, como mucho un mes. Me acuerdo del suelo, la altura de una canilla, los pitidos del tren: eso no se me olvidó nunca, porque al día de hoy sigo teniendo los pitidos frecuentes adentro del oído.”

Un sobreviviente situó a su madre en ese espacio, pero después nadie supo más nada de ella porque, como su militancia estuvo en Bolivia, en el país nadie la reconoció. “A mí me sacan en esos días y me llevan a Magister, que era una empresa regenteada por Otto Paladino, un lugar encubierto donde trabajaba la Triple A con Eduardo Alfredo Ruffo, Aníbal Gordon. A días de estar ahí, fui apropiada por Ruffo. Me inscribieron como Gina Amanda Ruffo, nacida el 26 de junio de 1976, figuro haber nacido en el seno de esa familia, como hija de él y de Amanda Cordero de Ruffo.”

Los Ruffo tuvieron un hijo un año más tarde. “Nunca me dijeron nada: es decir que yo viví desde el ’76 hasta el ’83 con relativamente alguna normalidad de ir al colegio, de vida normal entre comillas, dentro de lo que se puede considerar una vida normal hasta que este señor Ruffo empieza a ser investigado por la Justicia y en enero de 1984, cuando era inminente el arribo de mi abuela al país porque había nueve denuncias por mi caso, él tuvo cierta urgencia de ponerse prófugo.”

En la sala, el fiscal Martín Niklison hizo la primera parte de las preguntas. “Cuando uno lo ha pasado tan mal y ha tenido una infancia tan infeliz lo poco de bueno desaparece: los únicos recuerdos de la infancia son junto a mi hermano, mi infancia fue una infancia llena de violencia psicológica y física y de abusos sexuales de los 3 años a los 10 años.”

La búsqueda

Con Ruffo prófugo, ellos cambiaron de casa cada tres meses. Carla quedó desescolarizada dos años. “No podíamos salir a la calle, con lo cual yo era el origen de todos sus males: me teñían el pelo todo el tiempo, buscaban la forma de esconder esta carita que era tan parecida a cuando era chica.”

En los vaivenes hubo comilonas y asados con los agentes de la Triple A y de seguridad, rondas de veinte personas con hijos y mujeres. Estaba Gordon, su hijo, el yerno de Otto Paladino. En la sala le preguntaron por las armas. Carla habló de Cariló, una casa con una puerta hacia abajo donde había armas y un arsenal “bastante grande”. “Nunca me olvidaré de una de ellas porque todavía me da pánico –dijo–: era un arma tipo alemana, me di cuenta de que la usaban los nazis.”

El 11 julio de 1984 Carla se vio en televisión. Matilde Artes estaba en la pantalla con fotos de su hija Graciela y de la nieta Carla de año y medio: “Cuando la veo a ella en televisión me reconozco”, dijo. “Las fotos eran de un bebé de un año y medio con el mismo pelito rosado que tenía yo en las fotos que ellos me habían sacado. Y la respuesta de él, aparte de la tremebunda paliza para que no volviera a preguntar nada, es que ella era una vieja bruja que te está buscando para sacarte la sangre.” Después vino un afiche en la calle, Carla mirando en el afiche la imagen de Ruffo y la palabra buscado. La idea de que algo no estaba bien. El operativo en la casa. La detención y un juez que le explica su historia.

“Me dice que no me llamaba como me llamaba sino que me llamaba Carla y que mis padres estaban desaparecidos; y que mi abuela hacía 9 años que me estaba buscando: creo que uno de los actos más importante de mi vida fue cuando me restituyeron mi nombre y no me he dejado de llamar Carla.”

Amanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

DestacadoAmanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

Amanda no es la letra de una canciónHija Amanda Jara

Cuando dice su nombre en el consultorio le cantan “Te recuerdo, Amanda”. Antes se hacía la lesa. Ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Amanda no canta, no toca guitarra y tampoco milita en el PC. No pretende ser el vivo retrato de su padre. Su recuerdo es íntimo, un proceso personal en el que ha debido aprender a desenrabiarse con Víctor ausente y a pedir explicaciones por su muerte.

Domingo 25 de mayo de 2008 | por Alejandra Carmona López

La noche que Amanda voló hacia su exilio se fue sólo con lo puesto. Ni siquiera alcanzó a recoger sus juguetes de niña de nueve años. En las tres maletas que llevaban ella, su madre, Joan, y su hermana, Manuela, sólo cupo su padre: sus fotos, un montón de recortes de diarios, cartas y cintas de grabación. En medio de fusiles y militares arrogantes que abundaban en el aeropuerto de Santiago, enfilaron hasta la puerta del avión con destino a Londres, las tres de la mano, escoltadas por un funcionario de la Embajada de Inglaterra en Chile. Era el 16 de octubre de 1973, y ésa, la única escena de esa noche que Amanda Jara tiene en la cabeza. Además de la sensación de vacío, de volar mucho antes que el avión despegara. El desamparo.

En Chile quedaba su casa de Colón, el cuarto básico en el Manuel de Salas, las tardes de asombro y aprendizaje. La humedad de los paisajes de Isla Negra que tanto le gustaba mirar. Los amigos, los sueños y su padre muerto con 44 balazos.

Por estos días, los recuerdos son como un dedo impertinente apretando el corazón. La semana pasada, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró la causa de la muerte de Víctor como ella llama a su padre y ha tenido que recordar a la fuerza muchas de las cosas que su mente había intentado borrar.

Amanda Jara no canta, no toca la guitarra, no milita en el PC y tampoco quiere formar una familia de artistas que se llame “los Jara”, aunque algunos de sus primos se lo han sugerido. Alguna vez, cuando era chica, bailó en un grupo folclórico, pero nunca le gustó exponerse. No escucha todo el día canciones de trova y se niega a dar la razón a quienes dicen que tiene la misma sonrisa de su padre. Va a pocos encuentros proderechos humanos, no lleva la bandera de lucha de ninguna causa. A Amanda Jara no le interesa ser símbolo de nada.

Con suerte acepta dar esta entrevista.

Pero lo suyo no es una pose de rebeldía. Recién se está reconciliando con buena parte de su vida. Ahora que tiene 43 años, desde su tranquila vida en Quintay donde llegó hace 18 años macera los recuerdos ingratos y ha vuelto a escuchar las canciones de Víctor Jara sin sentir rabia por haberla dejado.

SIMPLEMENTE MARÍA

 
  Joan, Víctor, Amanda (sentada en las piernas de su papá) y Manuela. Todos en compañía de una guitarra. Foto: Gentileza Fundación Víctor Jara

Todo fue muy confuso ese 11 de septiembre de 1973. Víctor tenía agendado un acto en la Universidad Técnica del Estado. La idea: luchar contra la guerra civil en Chile. De pronto, ese martes cambió de rumbo. Por la radio se escuchó sobre el ataque a La Moneda y el levantamiento de los militares. Allende estaba pronunciando su discurso histórico cuando Víctor decidió salir a la calle. “Era un día extraño, con los relatos de la radio, y todo hacía que fuera un día especial, pero nadie pensó que la situación llegaría a tal extremo. Nadie pensó que chilenos terminarían matando chilenos”. Víctor salió de la casa rumbo a la Universidad Técnica.

Entonces, Amanda nombre que heredó de su abuela paterna estaba por cumplir ocho años. Sus días transcurrían tranquilos en la casa de Colón donde todavía vive su mamá, la bailarina inglesa Joan Turner. “Yo me crié escuchando música cuenta Amanda . Había un cuarto trasero donde ensayaban los Quila y los Inti. Hacían unas murgas muy chistosas en el patio. Dejaban la escoba con los vecinos”. En otra parte de la casa, su mamá ensayaba escuchando a Vivaldi y su hermana Manuela, la “Manu” hija del fallecido coreógrafo Patricio Bunster , se divertía aprendiendo a tocar guitarra con Víctor. En las tardes, Manuela y el cantautor eran absorbidos por la televisión mexicana, y la teleserie “Simplemente María” los consumía. Aunque sus padres trabajaban mucho, Amanda no tiene ninguna sensación de ausencia.

“Víctor nos cantaba, aunque sólo la ‘Manu’ se acuerda cuando ensayaba pequeñas estrofas de sus creaciones con la guitarra. Nosotros también le cantábamos, hacíamos shows; la ‘Manu’ era rebuena para eso. Bailaba, se disfrazaba, y él se mataba de la risa; le gustaba mucho estar con nosotras”, cuenta Amanda. Juntos salían de paseo a la Quinta Normal y probaban las sopas, platos estrella de la afición culinaria de Víctor Jara.

Los recuerdos de Amanda son tal y como alguna vez los describió el cantante al momento de hablar de su familia. “Tenemos dos hijas, Manuela y Amanda, por las que confieso total y absoluta debilidad En mi día ideal estaría todo el día en la casa, no habría fuerza que me hiciera salir. Me dedicaría a trabajar en el jardín, a hacer aseo, a contemplar muchas cosas que por falta de tiempo no puedo contemplar ahora. A jugar con mis hijas”.

UNA PROTESTA EN MATTA

Hace 18 años que Amanda Jara eligió Quintay como su refugio. Ella prefiere la calidez de la cabaña que comparte con Nego, un buzo que trae el pescado para el almuerzo. Ella colabora con verduras de su chacra. Se alejó de Santiago porque no le gusta la tontera de la capital. “En Santiago creen que la vida se trata de farándula, de los futbolistas, de la chimuchina. Son cosas muy superficiales, y lo peor es que se creen la muerte, pero las cosas no son iguales en el resto de Chile. Ya estaba aburrida de la capital”, asegura.

Después de estudiar Comunicaciones Visuales y cuatro años de Bellas Artes en la Arcis, dejó todo y se fue a vivir al terreno que habían comprado años antes con su mamá. “Con la Turistel en la mano buscamos sitios, hasta nos ofrecieron Tunquén, pero nos pareció muy solo, así que no vivo en el sector cuico”, dice muerta de la risa, hasta que las carcajadas se apagan, desaparece la coraza y esa chapa de “inepta social” que Amanda se impone porque no quiere contestar nada que la delate.

“Siento pena por la muerte de mi papá, pero por mucho tiempo, muchos años, sentí mucha rabia”. Interrumpe su relato para explicar que ella no es siempre así, pero que estos últimos días tiene un revoltijo en la guata y la pena no tarda en aflorar. Sigue entre sollozos por varios minutos: “Tenía rabia, me preguntaba por qué Víctor había salido de la casa ese día, por qué no se había quedado con nosotras, por qué se fue a la Técnica”. Es su desahogo, pero se incorpora nuevamente para explicar que todo esto hizo que ella no escuchara a Víctor Jara por mucho tiempo. “En mi casa no se escuchaba; en Londres, porque mi mamá se volvía un mar de llanto, y luego acá, simplemente porque tardé en reconciliarme con esa historia”, dice. “Quizá por eso tampoco aprendí a tocar guitarra, ni a cantar; seguramente era lo que esperaban de la hija de Víctor Jara”.

Cuando Amanda volvió a Chile sólo pensaba permanecer un año y regresar a Londres, pero se quedó más tiempo. “Me enamoré de un hombre y también de este Chile combativo, entregado, que salía a la calle a luchar”. Era 1983 cuando asistió a su primera protesta en Santiago. Caminó cuadras y cuadras por avenida Matta, mientras Chile asistía a períodos crudos de represión producto de las primeras marchas antidictadura. De entre la muchedumbre se oyó el grito: “Compañero Víctor Jara, presente”. Con el pecho hinchado y las lágrimas sin contención, Amanda tomó aire contaminado y lacrimógeno y respondió: “Presente”. Como si fuera un muerto ajeno, pero también como si fuera suyo y de todos. Entonces comenzó a reconciliarse con su padre. Si Víctor Jara no hubiese ido a la Universidad Técnica ese martes, no habría sido Víctor Jara.

TE RECUERDO, AMANDA

Por estos días, Amanda va y viene de Quintay. Deja a Nego con sus labores de pescador y ella viaja a Santiago a enterarse de la fundación que lleva el nombre de su padre y también del curso que ha tomado la investigación por su muerte. “Yo me hago una sola pregunta: si mi padre, que es el caso emblemático del Estadio Chile no tiene solución, ¿entonces qué pasa con el resto de muertos, dónde están los culpables?”, dice. Amanda no puede creer que en todos estos años no haya ni un solo testigo que pueda reconocer al asesino. Pero maneja una teoría: “Hay un par de oficiales que estaban presos por el tanquetazo de julio. Ellos fueron liberados el día del golpe. Se dice que a estos oficiales se les dio el Estadio Chile como un premio”.

Amanda cree que la información no ha llegado a las manos de la justicia porque hay quienes no han querido que se sepa la verdad. “La gran piedra de tope para los casos del Estadio Chile ha sido el Ejército, las Fuerzas Armadas. No han querido entregar un organigrama de mando. El Ejército tiene la información y no la ha entregado, por eso se ha visto frustrado no sólo el caso de mi padre, sino que tantos otros”. A pesar de la resolución judicial, Amanda no culpa al ministro Fuentes Belmar. Tampoco le interesa que quienes asesinaron a su padre, “viejos de más de 70 años”, se pudran en la cárcel. “Lo que yo quiero es justicia, y la justicia para mí es que se sepa quiénes son los asesinos. Que podamos ver una lista y decir este señor de acá, con nombre y apellido, es un asesino”.

Amanda nunca ha pedido públicamente justicia para su padre. Sin embargo, ahora no se pierde detalle y viajó especialmente desde Quintay para reunirse con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Ya no tiene cuentas pendientes. De esas que son personales y no se escriben en la prensa. Incluso ahora bromea cuando va al consultorio o a pagar alguna cuenta y al decir su nombre le cantan: “Te recuerdo, Amanda”. Antes se quedaba callada, ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Y si una periodista le dice que esa canción la escribió su padre para su madre, ella también tiene respuesta: “Cuando la hizo, yo tenía dos años y medio y me habían diagnosticado diabetes, así que esa canción también la escribió un poco por mí”. LND

    Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

    Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

    Memoria EN_REDADA

    Recibí en mi correo eléctrónico un mail de mi amiga Marta, con quien mantengo una amistad que ha enlazado nuestras memorias militantes y femeninas uniéndonos en una red de sororidad más allá del tiempo y el espacio.

    Marta me envía una historia de otras mujeres, de mujeres militantes, y me escribe:

    “Queridxs colegas, amigxs

    avanzan el semestre y otras ocupacionesc  y con ello vuestra carga de trabajo, pero espero que pueden encontrar unos minutos para leelr estos conmovedores momentos de mujeres choras http://martazabaleta.blogspot.co.uk/2017/02/argentinalas-fotos-de-josefina-por.html
    de Argentina.

    Se puede aprender tanto de ellas.
    Abrazos.

    Abro el enlace que Marta,economista, académica y poeta exiliada argentina en el Reino Unido me ha compartido y me encuentro con esta imagen que abre mi memoria de mujer una vez joven y madre de una hija una vez viva…

    Leo la nota en la fuente y me lanzo a buscar en la web a estas dos mujeres con la sensación de escarbar en una historia cuyas raíces se hunden en mi propia historia, en la de Marta y en la de tantas otras mujeres que militan y militaron en Latinoamérica trascendiendo su tiempo y su espacio.
    y repito, como dice Marta, se puede aprender tanto de ellas.
    RESISTENCIAS
    Las fotos de Josefina

    Voy a empezar por el final: de la mesa frente a la que estaba sentada tomó el collar de cuentas redondas, grandes, estriadas en rojo, y se lo sujetó al cuello. Después recogió las fotos que había mostrado, se paró y salió entre los aplausos de quienes la escuchamos del otro lado del vidrio. Cuando la abracé, sin saber quién contenía a quién, sentí las cuentas incrustándose en el pecho de las dos.

    Ella se llama Josefina, el collar era de su mamá, lo rescató la mañana siguiente a su secuestro, cuando volvió a ese departamento con la puerta arrancada para cubrir la vergüenza de estar en bombacha con una remera roja, un jean y unas zapatillas. Tenía siete años, le faltaba un mes para cumplir los ocho, su hermano uno y medio y los dos habían dormido en la casa de una vecina a la que la patota le golpeó la puerta para dejarlos como un paquete.

    “¡Qué voy a hacer con estos chicos!”, se había desesperado la mujer y ella guardó esa frase y ese tono por décadas, hasta que encontró a la vecina que ahora tiene nombre y es Susana, hasta que pudieron poner en común aquella noche larga del 6 de diciembre de 1977. “La encontré y la traje para acá”, dijo Josefina y una risa sosegada, tal vez de alivio, tal vez de complicidad, como un aflojarse del lazo que nos unía a quienes la escuchábamos, anduvo de boca en boca.

    Josefina declaró el miércoles, en el juicio de lesa humanidad que tiene entre las víctimas a su madre, Vibel -Virginia- Casalaz. Josefina es una de esas amigas entre las que nos salvamos la vida, aunque el devenir de las cosas nos mantengan a distancia más tiempo del que desearíamos. A lo largo de los más de 20 años que llevamos de amistad, junto con Raquel y con Alba, ese núcleo duro de complicidad femenina, nos sacamos muchas fotos juntas, antes de que se llamaran “selfies”, las cuatro con las sonrisas incandescentes. Esta vez también hubo foto, en el subsuelo de los tribunales federales, en ese sitio sin ningún ángel en la calle Comodoro Py; habíamos llorado todas, Jose en el lugar de los testigos, el resto sosteniendo a la distancia esa entereza, todas esas palabras que supo enhebrar, buscadas y encontradas en noches de insomnio, en los días de la militancia en H.I.J.O.S., extraídas de diálogos con sobrevivientes, con sus amores; escritas también, ella que sabe hacerlo como pocas. Las sonrisas, a pesar del llanto, volvieron a capturar la luz en la imagen.

    El collar que tanto le gustaba a su madre no fue lo único que rescató Josefina del departamento violentado. También se llevó una bolsita con fotos que les sirvió a los policías que la fueron a buscar al día siguiente para preguntarle por todas y cada una de las personas amadas que ahí aparecían. Ella estaba prevenida, iba a segundo grado en la misma escuela a pesar de los cambios de casa a que obligaba la persecución con un nombre falso, María José Roldán. No identificó a nadie. Las fotos siguieron su camino con ella, el primer viaje lo hicieron en la valijita con la que iba al colegio y que la acompañó en los dos días que pasó en la casa de una mujer policía, separada de su hermano al que se llevó un hombre de la misma fuerza. ¿A qué se debió esa separación por género? ¿Por qué no los dejaron juntos? Josefina no se acuerda casi nada de esos dos días, estaba enferma de hepatitis y sin duda la memoria da respiro, espacios de olvido necesarios para seguir adelante con la sucesión de los días. La noche del secuestro, por ejemplo, termina para ella con la imagen de su madre yéndose en el ascensor con esos tipos jóvenes y con armas largas que recuerda. “Mi mamá me tendría que haber dicho algo en ese momento, eso es lo que yo sentía, me tendría que haber dado una última instrucción”, dijo frente al tribunal y cerró: “Pero según me contó la vecina, cuando yo salí de ahí estaba en el piso, boca abajo, encañonada”.

    No tenía instrucciones pero rescató los bienes preciados de su madre, el collar, las fotos que eran un resguardo de la vida cotidiana: playas, sonrisas, besos que no podían perderse en la huida aun a riesgo de convertirse en delación involuntaria. ¿Cuánto sabía la niña de todo lo que iba a perder como para que antes que sus juguetes guardara la bolsita de las fotos?

    –Polo no es un nombre -le dijo el comisario de la 35 a la niña de 7 que había dado apodo, apellido y ocupación de su abuelo, “un fabricante de soda de Tres Arroyos”.

    –Usted búsquelo que lo va a encontrar -contestó ella y así fue, constatando una vez más la enorme maquinaria del plan sistemático para la desaparición de personas no sólo represiva, también burocrática. Una burocracia dócil que ahora pretende aplicarse al conteo de los cuerpos que nos faltan. Nombrar es una cuestión de poder, decir 30 mil  y que haya acuerdo es el poder que hemos ido acumulando a lo largo de cuatro décadas y es lo que está en disputa.

    Mientras escucho a mi amiga, pegada al vidrio que nos separa con la ilusión de encontrar sus ojos como si hiciera falta para sostenerla cada vez que amenaza con quebrarse, pienso con deseo en el lugar que ocupa. Yo también quiero acusar, quiero que llegue la hora del juicio por lo que le hicieron a mi madre y a sus compañeros y compañeras de cautiverio. Cuando promediaba el año pasado y se supo que no sucedería en octubre como habían prometido, y después, cuando tampoco habría fecha designada para marzo, empezó a circular entre los querellantes la lista de testigos que tendrían que adelantarse en testimoniar porque la dentellada de la muerte ya les está mordiendo los talones. 85, 87, 90, 95 años se leía junto a algunos nombres. Alguien anotó en ese intercambio de correos que su madre ya no podría declarar porque el ejercicio de memoria había destrozado sus neuronas. Hace 13 años que presentamos la querella. En ese tiempo todos y todas nos convertimos en otros, en otras, guardando a la vez quienes fuimos para no perder detalle cuando nos den la palabra. La impotencia se come el fin de la impunidad que ya no podemos declamar.

    Antes de escuchar a Josefina, en un cuarto intermedio que tensa nuestra paciencia, Raquel me dice con ojos húmedos: “Siento que nos están tomando el pelo, ya no le encuentro sentido”. Es una descarga de derrota que no va a acatar, aunque las dos sabemos de qué habla. La Justicia, con esos pies de plomo, ya no puede llamarse así. Y sin embargo.

    “¿Pudiste reconstruir…?”, es la primera parte de la pregunta que se repite para que Josefina de cuenta de lo que sabe de su madre, de su destino después del secuestro. Ella contesta una y otra vez, sobre los testimonios leídos, los diálogos ansiosos que persiguen un dato más, por nimio que fuera. Todo el trabajo lo hicimos las víctimas y quienes se comprometieron con nuestro duelo, el inmenso duelo acuoso de un país entero que todavía sigue evaluando el tamaño de las heridas que dejó el terrorismo de Estado. ¿Dónde están los papeles, los organigramas, los números de ellos, los ejecutores? ¿Dónde ocultaron los cuerpos? ¿Por qué a ellos se les permite todavía ahora ocultarse?

    Hubiera querido que estén aquí los acusados, para interpelarlos. Quiero decir que yo pienso todas las noches en el cuerpo torturado y violado de mi madre. Y los represores piensan que así le hicieron bien a la patria. -dijo Josefina y tomó el collar de su madre de la mesa frente a la que estaba sentada y se lo puso, recogió sus fotos y enjugó sus lágrimas. Para que se vea y que se sepa: aun cuando le arrebataron tanto no pudieron quitarle todo.

    En otro espacio virtual leo acerca de esta hija militante de la memoria:

    UN COLLAR DE CERÁMICA

    La estridencia de los camiones que pasan por encima apenas le permiten hablar a Josefina Giglio. Pero no grita, no lo quiere hacer en este lugar.

    Josefina Giglio señala el retrato de su madre dentro de un cartel en el lugar donde estaba ubicado el centro de tortura El Atlético.

    Madre de dos niños e hija de desaparecidos, intenta hallar el retrato de su madre en el afiche que está colgado sobre las ruinas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético, que está -estaba- ubicado debajo de la autopista 25 de mayo de la capital argentina.

    Aquí está Coca, mirá- señala la foto de Virginia Isabel Cazalas, su madre, entre las centenares de imágenes de personas impresas sobre una sábana como recuerdo de quienes estuvieron presos aquí.

    Josefina está acá porque este fue el último lugar donde, según testimonios de otros detenidos sobrevivientes, su madre fue vista por última vez.

    A principios de 1978, cuando tenía 8 años, se la arrebataron de la casa en donde vivían clandestinos en Buenos Aires. Desapareció, lo mismo que había ocurrido con su padre un año antes.

    Y desde entonces los anda buscando, a ella y a él, sin éxito.

    Virginia Isabel Cazalas, más conocida como “Coca”, era la madre de Josefina.

    Josefina es una de los muchos hijos que todavía no pudieron reunirse con los huesos.

    Por eso tal vez sus peregrinaciones a las ruinas de Club Atlético, como un mecanismo para no olvidar ante la tierra abierta de las excavación arqueológica que se realiza ahora en este lugar antes utilizado para la tortura y que quedó sepultado cuando se construyó la autopista.

    “En esto hay como dos partes: primero estás como esperando, como detenido en el tiempo esperando a que vuelvan, y después hay un momento en que comenzás a buscar”, dice Josefina.

    “Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, Josefina Giglio, hija de desaparecidos.

    “Siempre estás buscando”.

    “Había una época en que había una publicidad en la tele y el actor era igual a mi papá. Igual. Y mi papá había estudiado teatro, entonces yo decía ‘por ahí le dieron un golpe en la cabeza, se olvidó quién es y es ese actor’. Escribí al canal y todo. Nunca nadie me contestó, obviamente… Después, mi búsqueda en serio comenzó cuando de grande empecé la universidad”.

    Su despertar universitario fue también el inicio de una misión colectiva: la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), algo así como una versión filial de lo que hacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue fundada en 1994, cuando muchos de los hijos de los desaparecidos cumplieron la mayoría de edad.

    El centro clandestino de detención Club Atlético funcionaba a pocas cuadras de la cancha del popular equipo de fútbol Boca Juniors.

    Con ellos logró, dice, “democratizar el dolor”. Con ellos lloró, protestó en las calles.

    Estudió a fondo la historia de sus padres para intentar encontrar pistas: las impresiones del sulfuro de plata en las fotografías, la tinta aplastada en las hojas de las cartas. Algo que le permitiera entender quiénes eran, por qué habían luchado, qué sentido había tenido su muerte casi segura.

    Y ha visto, como un tren que pasa de largo en una estación, cómo a otros compañeros de militancia el EAAF les han restituido los restos de sus padres, mientras ella los sigue esperando.

    “Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, cuenta y se ríe. La carcajada le suelta la mirada que aguarda tras unos anteojos gruesos de carey. La idea le enciende una chispa.

    “Tendría algo así como un amuleto, un deseo de hacerme un colgante con ellos”, continúa sonriente.

    “La tierra contiene como un útero los huesos que esperan”, se lee en uno de los cuadros de las oficinas del EAAF.

    Josefina ya tiene un collar.

    Al día siguiente del secuestro en el verano del 78, cuando le dieron permiso para entrar al departamento de donde se habían llevado a Virginia para buscar algunas cosas, la única pertenencia de su madre que se llevó fue un collar de cerámica que habían comprado juntas en la feria de Plaza Francia.

    “Pensaba dárselo cuando volviera”.

    Durante estos años ha elaborado mil conjeturas, pero a pesar de su empeño hay cuentas que no puede obviar: el EAAF sólo tiene restos óseos de unas 600 personas y siguen hallándose algunos centenares más, pero el número queda muy lejos de los 30.000 desaparecidos que calculan las organizaciones de derechos humanos e incluso de los 10.000 que reconocen las fuentes más conservadoras.

    Y a muchos de ellos, se sabe, los tiraron al Río de la Plata y al mar desde los llamados “vuelos de la muerte”.

    “Durante mucho tiempo tenía la sensación de ser hija de un agujero negro y los huesos siento que me permiten esa continuidad: yo soy esos huesos, voy a ser esos huesos. Recuperar esa continuidad que se cortó. Uno cree que una tibia y un peroné son innecesarios, hasta que te das cuenta de que son una fuente de alivio y te darían un cierre”, reclama.

    Una fila india de camiones interrumpe la charla hasta el punto de suspenderla. Pero antes de irse ella mira el abismo de las excavaciones: dice que siempre busca algún objeto, alguna presilla, un pedazo de herencia que le debe el destino.

    Para tenerlo mientras llegan los huesos.

    Y es así que en mi transito virtual encuentro una noticia de hace cuatro días, una fotografía de dos hijos – Josefina y Francisco – hijos de Virginia y Carlos, huérfanos por el terrorismo de Estado en la Argentina que una vez nos acogio a mis hijos y a mi, donde vivimos la segunda dictadura a las que hemos sobrevivido.

    Carlos y Vibel –el padre y la madre de Josefina, Coco y Coca para sus compañeros de partido- militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Carlos era arquitecto, había caído el 19 de mayo de 1976 en una reunión del partido en Combate de los Pozos y Pavón, por un vecino que lo denunció. Cuando intentaba huir por la terraza, fue herido en una pierna y cayó al pozo de luz. Nunca más se supo de él. Desde entonces, Vibel –psicoanalista- peregrinaba entre una sombra y la otra mirándose las espaldas. Los militares la alcanzaron un año y medio después, en un departamento de Belgrano R. No estaba sola: Josefina tenía 7 años, Francisco uno y medio. Estaban además otros militantes del PCML. Los militares lo llamaron Operativo Escoba.

    “Entre que se llevan a mi padre, el 19 de mayo de 1976, y caemos con mi madre el 5 de diciembre de 1977, hubo un dispositivo de pinzas para buscarla. La noche del 8 de junio se llevaron en La Plata a mi abuela paterna, Tecla, a mi tío que estaba con ella, en Tres Arroyos a Polo, y en Mones Casón, cerca de Carlos Casares, a mi tío Oscar Bossier, el cuñado de mi padre”.

    http://memoria.telam.com.ar/noticia/-un-brigadier-dijo-que-mama-era-la-mujer-mas-buscada-_n3809

    Necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio

    Josefina y Francisco Giglio declararon en el juicio por los crímenes cometidos en el llamado circuito ABO.

    Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Cazalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el Banco por sobrevivientes. “Vebel”, como la llamaban en su familia. “Coca”, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del Ejército. Estaba en camisón. Josefina, de siete años, y Francisco, de año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con sus abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que había desaparecido en mayo del ‘76. Con cuarenta, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó de que los acusados no presencien el juicio. “No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado. Y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria”, remató, sobreponiéndose al llanto, que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada la aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá, y que había colocado en la mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso.

    “Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo”, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de “Coca” completó la selección de fotografías entregadas al TOF que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estrado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos que su mamá siempre llevaba de casa a casa y ese collar de perlas grandotas, que “a ella le gustaba mucho” y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado.

    Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freyre con dos compañeros de militancia: Mariano Montequón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. “Mi mamá estaba en camisón, y así se la llevan, y yo estaba en bombacha”, contó.

    Sientieron que rompían la puerta de entrada. “Yo me escondí porque no quería que me vieran, mi mamá pidió cambiarse pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina”, siguió. Aún hoy, le extraña que ella no le haya dado “alguna instrucción” antes de que se la llevaran.

    Años después se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que “tres jóvenes de civil” le pidieron que cuidara a ella y a Francisco “hasta que llegara la Policía”. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito ABO.

    Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el Ejército llamó “Escoba” y que barrió con casi todos los militantes del PCML.

    Al otro día, la policía los llevó a buscar ropa al departamento reventado por el Ejército. “Cuando esta mujer que dijo ser asistente social pero que no aparece en ningún registro me vio con la bolsa de fotos, me sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba ‘¿este quién es? ¿y éste quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada”.

    Tenía siete años Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución, un mes antes. “Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con dos hijos y escapando”, relató Josefina.

    Tres días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, los fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vibel los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar el departamento de Freyre: lo secuestraron a él –permaneció un mes en Vesubio–; a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio.

    El relato de Francisco fue menos detallista. El tenía un año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. “Llegó la democracia y todos pensábamos que los iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de quince. Y luego, para mi fiesta de egresados”, intentó explicar ella, que comparó al gobierno de Raúl Alfonsín con “la esperanza”; al indulto de Carlos Menem con “el abismo” y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. “Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que en vez de discutir la cantidad de desaparecidos debería estar buscando los restos de mi padre y de otros”.

    Francisco lo analizó desde la figura del “desaparecido”, esa que “produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda”.

    Ambos saben que no volverán, por eso ven una posibilidad de “cierre” en la recuperación de los restos. “Necesito recuperar los restos de mis padres – dijo Francisco– sería de alguna manera reencontrarme con ellos”.

    Josefina también reclamó los restos: “Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos. Y que le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años, ya es tiempo”.

    El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    DestacadoEl Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

    Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

    Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

    El COVEMA y la monja misteriosa

    Alejandra Matus.

     

    El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

    El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

    Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

    Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

    Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

    –No es un buen día para salir –dijo él.

    –Menos para andar contigo –bromeó ella.

    Amistad en el Campus Oriente
    Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

    Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

    Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

    Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

    «Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

    Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

    «¡Bájate, conchetumadre!»
    Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

    «Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

    «A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

    Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

    En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

    La silla giratoria
    Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

    Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

    «En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

    Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

    Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

    «Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

    Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

    «Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

    Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

    En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

    Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

    Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

    «Cállate, huevón»
    La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

    «Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

    Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

    «Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

    Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

    «Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

    Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

    «Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

    Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

    La monja
    A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

    «Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

    Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

    Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

    Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

    «Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

    Sin temor
    Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

    En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

    Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

    Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

    Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


    GALERÍA DE PRENSA


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    Juez Carroza procesará a 10 personas por muerte de estudiante de Periodismo en 1980

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    Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

    José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

    Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

    covema.cl

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

    Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

    Resultado de imagen para Cecilia Alzamora

    Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    subirCaso emblemático

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Una mujer embarazada en los cuarteles de la DINA. Reinalda

    Una mujer embarazada  en los cuarteles de la DINA. Reinalda

    Jueves 15 de Diciembre 2016
    UNA MUJER EMBARAZADA EN LOS CUARTELES DE LA DINA
    Por Andrés Scherman

    Durante 1976 el puño de la DINA golpeó con fuerza al Partido Comunista. En siete meses dos direcciones completas fueron aniquiladas. No solo cayeron los principales dirigentes. Militantes jóvenes, que habían decidido pasar a la clandestinidad pese a los riesgos, también fueron detenidos y hechos desaparecer. Uno de ellos fue Reinalda del Carmen Pereira, quien tenía 29 años y un embarazo de cinco meses al momento de su detención.

    Su marido, su madre y sus amigos la buscaron por décadas. Recién a mediados de 2007, cuando el esposo y la madre ya habían muerto, la justicia desentrañó los detalles del crimen. Su cuerpo hasta hoy sigue sin ser encontrado. Junto a Reinalda, otros once militantes comunistas y dos miembros del MIR cayeron en un operativo que se extendió por tres semanas y que se conoce como “el caso de los Trece”.

    En esta historia se inspira parte del sexto capítulo de la serie Los archivos del cardenal.
    Por Andrés Scherman

    Llévame, voy justo hacia tu casa. Era la tarde del 15 de diciembre de 1976 y Reinalda del Carmen Pereira terminaba su jornada de trabajo en el laboratorio clínico que había fundado hacía unos pocos meses junto a su amiga Cristina Arancibia en el pasaje Matías Cousiño, en el centro de Santiago. Como tenía que ir cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa, le pidió a Cristina que la llevara en auto.

    Ambas mujeres se conocían desde 1969 y eran militantes del Partido Comunista (PC), aunque solo Reinalda seguía vinculada a la colectividad. Hasta el Golpe de Estado de 1973, habían hecho una vida política juntas, llegando a encabezar –Cristina como presidenta y Reinalda como secretaria general– el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Pero después del 11 de septiembre, y ante la fuerte represión que vivían los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, Cristina optó por concentrase en el trabajo y la crianza de sus hijos. Reinalda, en cambio, eligió una ruta distinta y se involucró de lleno en las actividades que por esos días llevaba adelante un golpeado y clandestino Partido Comunista.

    Reinalda había arriesgado la vida varias veces en esos años. Ya en diciembre de 1976 estaba decidida a “descolgarse” de la actividad clandestina: tenía cinco meses de embarazo. Le faltaba apenas un poco de tiempo para cumplir sus últimas tareas.

    Esa tarde del 15 de diciembre de 1976, tras dejar el laboratorio clínico en el centro de Santiago, las dos mujeres se dirigieron hacia Ñuñoa en la citroneta roja de Cristina. Al llegar a la esquina de calles Maratón y Rodrigo de Araya, Reinalda descendió del vehículo. Cristina recuerda que puso su auto delante del bus que tomaría su amiga para que ésta alcanzara a subir. No miró hacia atrás y supuso que Reinalda ya estaba sobre la micro. Le había dicho que iría a la consulta de un ginecólogo para controlar su embarazo.

    Nunca más volvieron a verse.
    No hay certeza, pero probablemente Reinalda caminó las ocho cuadras que separan el lugar donde descendió de la esquina de Rodrigo de Araya y Exequiel Fernández. De acuerdo al relato de testigos que declararon en el proceso, en esa esquina dos hombres descendieron de un automóvil marca Peugeot, patente HLN-55, y la tomaron fuertemente por la espalda. La mujer se aferró al poste de un semáforo y gritó pidiendo auxilio, pero fue doblegada e introducida a la fuerza en el auto, que inmediatamente salió por Rodrigo Araya.

    Al día siguiente, su marido, su madre y sus amigos comenzaron a buscarla. Reinalda tenía 29 años. Y, vale la pena reiterarlo, cinco meses de embarazo.

    La detención de Reinalda fue parte de la fuerte ofensiva que los servicios de seguridad de la dictadura lanzaron contra el PC en 1976. Si durante 1974 y 1975 la Dirección Nacional de Informaciones (DINA) concentró su labor en la aniquilación del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en 1976 su principal objetivo fueron los comunistas.

    En ese momento, el PC era el único partido de izquierda que mantenía sus estructuras funcionando. A cargo de su directiva estaba el dirigente Víctor Díaz, quien asumió esa tarea pocas semanas después del Golpe. Sin embargo, todo cambió en 1976. En solo cosa de meses, dos directivas completas cayeron en manos de la DINA, arrastrando también a jóvenes militantes, como Reinalda del Carmen Pereira Plaza.

    Crecer en otra casa
    Reinalda del Carmen Pereira nació el 5 de mayo de 1947. Su madre, Luzmira Plaza, trabajaba como empleada doméstica en una casa ubicada en la calle Jorge Matte Gormaz, en la comuna de Providencia.

    Luzmira, a quienes todos llamaban Lula, era una mujer campesina, proveniente de Lonquén, y sin ningún interés por la política. Tras quedar embarazada decidió permanecer en la casa en que trabajaba como asesora del hogar y dedicar todas sus energías a criar sola a su hija. Reinalda creció en ese lugar, donde se hizo amiga de los hijos del matrimonio dueño de casa y se fue integrando a algunas actividades familiares. Fue así como aprendió a tocar guitarra con el profesor que iba a enseñarles a los hijos de los “patrones” o partió de vacaciones a El Tabo, donde, a los 16 años, fue elegida reina del balneario.

    Luego de terminar la secundaria, Reinalda entró a estudiar Tecnología Médica a la Universidad de Chile. Fue la primera de su familia en acceder a la educación superior, motivo de gran orgullo para su madre.

    En la universidad, Reinalda se encontró con la efervescencia política de los 60 y comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Quienes la conocieron recuerdan especialmente dos aspectos de ella: su fuerte determinación y su belleza.

    “Era preciosa. Blanca, delgada, tenía unos ojos verdes penetrantes, pelo negro, una nariz un poco aguileña, labios finos, cejas muy bien delineadas. Estoy mirando a la Carmen –que es como la llamaban sus cercanos- en este minuto”, recuerda Cristina Arancibia, quien por primera vez habla con un periodista sobre la desaparición de su amiga.

    La belleza de Reinalda iba acompañada de un fuerte carácter, lo que varias veces la enemistó con otras personas. “Tenía sus ideas políticas clarísimas. Te discutía todo y te tiraba granadas con las que tú no hallabas qué hacer, lo que despertaba en ese tiempo muchas odiosidades. Era muy vehemente, pero también estudiosa”, relata su amiga, quien fue la última persona en verla con vida.

    Tras titularse de tecnóloga médica en 1969, Reinalda comenzó a trabajar en el Hospital doctor Sotero del Río. Además de su trabajo profesional, las actividades políticas y gremiales empezaron a ocupar cada vez más parte de su tiempo. Se involucró primero en la Federación de Tecnólogos Médicos y, después, participó en la fundación y dirección del Colegio que reunía a estos profesionales. También en esa época conoció a Max Santelices, un kinesiólogo que pertenecía al Partido Comunista, y que también participaba en los gremios de la salud.

    Reinalda y Max comenzaron a salir en 1971. Formaron una pareja que, de acuerdo a quienes los conocieron, reunía dos personalidades bastante distintas. Mientras Reinalda se caracterizaba por ser estructurada y tener una gran capacidad de organización, Max era más disperso. “En esa pareja, Carmen ponía el orden y el flaco ponía la risa y la talla”, asegura Cristina Arancibia.

    Fueron años intensos. Tras la elección de Salvador Allende el trabajo político y gremial se multiplicó. También las relaciones con los colegas que defendían otras posiciones políticas se hicieron más ásperas. De hecho, en 1973, Reinalda y Cristina perdieron la dirección del Colegio de Tecnólogos en una asamblea que se extendió por horas y donde debieron enfrentar a un juicio de destitución promovido por los opositores al gobierno de la Unidad Popular.
    En julio de 1973, Reinalda y Max se casaron y se fueron a vivir juntos. Los acompañó la señora Lula, que apenas unos pocos años antes había dejado la casa de sus patrones. En el país la tensión era máxima: unas pocas semanas antes del casamiento un grupo de militares, encabezados por el coronel Roberto Souper, había intentado derrocar al Gobierno. La sublevación pasó a ser conocida como el “Tanquetazo”.

    Viene el Golpe
    Las primeras consecuencias del Golpe de Estado se sintieron rápido en la vida del matrimonio. Pocos días después del 11 de septiembre, ambos fueron detenidos en el Sótero del Río. Reinalda fue llevada al Regimiento de Ferrocarriles del Ejército de Chile, donde permaneció por cerca de 10 horas. Después de esta detención fue obligada a firmar semanalmente, durante un año, un registro llamado “control de personas con comprometimiento político”. Max, en tanto, fue trasladado al Estadio Nacional, desde donde logró salir veinte días después.

    En las semanas siguientes, los problemas continuaron. Reinalda y Max fueron despedidos del hospital. Quedaron sin trabajo y con muy pocas posibilidades de ejercer su profesión en un sistema de salud que en aquella época era casi íntegramente estatal.
    Sin un empleo estable, ambos se sumergieron en tareas políticas y ocasionalmente realizaban algunos trabajos esporádicos para juntar dinero. La señora Lula siguió viviendo con ellos, pero sin nunca sospechar las tareas políticas clandestinas que realizaban su hija y su yerno. La dictadura, la clandestinidad y la persecución eran temas completamente lejanos para esta mujer.

    En 1976 el Partido Comunista enfrentó su año más difícil desde el inicio de la dictadura. El primer golpe fue la detención del subsecretario de las Juventudes Comunistas, José Weibel, quien cayó el 29 de marzo a manos del Comando Conjunto, un organismo represivo que competía con la DINA y cuya existencia era desconocida. Weibel se unía a otros dirigentes juveniles apresados y desparecidos el año anterior.

    Posteriormente, a principios de mayo 1976, la DINA logró identificar una casa de seguridad en la calle Conferencia donde se reunirían miembros de la cúpula para tratar temas sindicales. Los agentes de seguridad ingresaron a la casa a esperar la llegada de los dirigentes. Uno a uno los asistentes a la reunión fueron apresados mientras ingresaban a un lugar que creían seguro y que se había transformado en una ratonera. En Calle Conferencia cayeron Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire y Jaime Donato.

    La aniquilación de la directiva se completó unos días después con la captura de Víctor Díaz, quien encabezaba el trabajo clandestino del partido desde los días posteriores al Golpe Militar, que prohibió el funcionamiento de los partidos políticos, dejándolos al margen de la legalidad.

    Tras ese golpe contra la primera dirección clandestina, el PC trató de reorganizarse formando una segunda directiva, encabezada por el profesor universitario Fernando Ortiz. Tras la conformación de la nueva cúpula, Reinalda dejó de ser solo una militante que trabajaba en la clandestinidad y pasó a cumplir una labor de alta relevancia en la estructura del Partido Comunista: se convirtió en “enlace” de los miembros de la dirección que funcionaba en la clandestinidad. Ser “enlace” era una tarea riesgosa y que solo se le encargaba a militantes probadamente comprometidos con el partido. Entre las tareas de quienes cumplían este rol estaba trasmitir los mensajes de los distintos miembros de la directiva que se encontraban escondidos en casas de seguridad, y generar las condiciones necesarias para reunir cada cierto tiempo a los principales dirigentes, de modo que pudiesen debatir las líneas de acción de la colectividad sin correr riesgos. Reinalda formaba parte del anillo de confianza de los máximos dirigentes.

    En este escenario de alto riesgo, Reinalda dividía su tiempo entre el ejercicio profesional y su rol de enlace en el PC.

    ¿No encuentras que es un poco peligroso que andes en esto?-, le preguntó su amiga Cristina Arancibia unos días antes de su desaparición.

    Si se va a acabar. No te preocupes-, le respondió Reinalda, consciente de que su embarazo de cinco meses le impedía seguir asumiendo esa tarea partidarias.

    El tema de la maternidad fue recurrente en las conversaciones que tuvieron las dos amigas durante esos días. “Conversamos mucho lo que era el embarazo, lo que era la maternidad, cómo era tener los chiquillos, después criarlos. Hablábamos mucho de eso”, cuenta Cristina.

    A fines 1976 se produjo la caída de la dirección de Fernando Ortiz, que había sido detectada rápidamente por los servicios de seguridad. Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976 trece personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad de la dictadura. Once de ellos eran militantes del partido comunista –incluyendo a varios miembros de su dirección- y otros dos pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

    Reinalda del Carmen Pereira fue una las víctimas de esta operación, que pasó a ser conocida como el “El caso de los trece”. * Junto a ella, los otros doce detenidos, de los que se perdió todo rastro, fueron Santiago Araya, Armando Portilla, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Héctor Véliz, Lizandro Cruz, Carlos Durán y Edras Pinto.

    En un plazo de solo siete meses, dos directivas del PC fueron completamente aniquiladas.

    Los militantes comunistas pagaron caro su falta de experiencia en el trabajo político clandestino. En el pasado, habían tenido que enfrentar la Ley Maldita, que en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, declaró ilegal a la colectividad. Pero se trataba de dos situaciones muy diferentes. A fines de la década de los ‘40 hubo persecución, pero no un aparato represivo que buscara el exterminio de sus oponentes. Entonces bastaba con cambiarse de nombre y no realizar actividades políticas públicas. Algo que resultó insuficiente tras el golpe militar de 1973, lo que redundó en la caída de las dos primeras direcciones clandestinas. En el futuro en el PC aprenderían que los dirigentes clandestinos debían cortar todo contacto con sus familias, no realizar reuniones en un mismo lugar, compartimentar la información, y poner en marcha técnicas de chequeo y contra chequeo para descubrir si eran seguidos por los aparatos represivos.
    El “caso de los Trece” causó tal revuelo, que en enero de 1977 la Corte Suprema designó como ministro en visita a Aldo Guastavino. Un mes después este cerraba el caso, luego de que el ministerio del Interior le entregara certificados –que resultaron ser falsos- indicando que los desaparecidos habían viajado hacia Argentina. Haciéndose eco de esta versión oficial, el diario La Segunda tituló el 9 de febrero de 1977: “No hay tales desaparecidos”

    Seis años después, en 1983, el caso llegó azarosamente a manos del juez Carlos Cerda, quien estableció que los documentos de viaje fueron falsificados y constató que se trataba de un caso de desaparición forzada de personas.

    Detención y muerte
    Tras darse cuenta de que su mujer no había llegado a la casa, Max Santelices se puso inmediatamente en alerta. A primera hora del 16 de diciembre partió al laboratorio clínico de Matías Cousiño para preguntarle a Cristina Arancibia si tenía alguna noticia o si Reinalda había dormido en su casa.

    A partir de ese momento se inició una frenética búsqueda, que topó con un complejo obstáculo: Max también era parte de la estructura clandestina del PC, lo que le impedía asumir las primeras acciones sin generar nuevas situaciones de riesgo. “Max estaba submarineando, como se llamaba en ese tiempo. Estamos hablando de los primeros días después de la detención”, explica Cristina. Unos meses después, tras descolgarse de sus tareas partidarias, Max Santelices se dedicó de lleno, y por el resto de su vida, a encontrar a su mujer. En el intertando, la madre de Reinalda, doña Lula, fue quien realizó las primeras gestiones para encontrar a su hija.

    Primero acudió al Colegio de Tecnólogos Médicos y unos días después a la Vicaría de la Solidaridad, que había sido creada ese mismo año por la Iglesia Católica, tras el cierre del Comité Pro Paz.

    La madre de Reinalda, que provenía del campo y tenía un bajo nivel de instrucción, debió aprender cuáles eran las instancias judiciales y las puertas que se podían golpear. Con la ayuda de los abogados de la Vicaría presentó un recurso de amparo el 20 de diciembre de 1976 ante la Corte de Apelaciones, el que como era habitual en la época, fue rechazado. Por otra parte, ante la demanda de información, la respuesta permanente de las autoridades fue que Reinalda, como los otros de los doce desaparecidos, había cruzado la Cordillera de los Andes hacia Argentina.

    La tesis de un cruce por un paso fronterizo, de la que no había ninguna evidencia, también guió las primeras diligencias judiciales. Cuando Cristina fue llamada a declarar por el juez Guastavino, como la última persona que había estado con la víctima, hizo un relato de los hechos ocurridos el día de la detención, tras lo cual le entregaron un papel para firmar su declaración. La mujer la leyó y vio que el contenido era muy distinto de su relato y apoyaba la idea de que Reinalda Pereira había cruzado la cordillera. Cristina se retiró sin firmar nada.

    Investigaciones judiciales posteriores han establecido que luego de ser secuestrada en la esquina de Rodrigo de Araya con Exequiel Fernández, Reinalda fue conducida al cuartel Simón Bolívar, un secreto cuartel de la DINA, ubicado en la comuna de La Reina. A ese mismo lugar llegaron también varios de los otros detenidos en el “caso de los 13”, además de Víctor Díaz, quien encabezó la directiva del PC desbaratada en mayo de 1976.

    El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa de Reinalda del Carmen Pereira, explica que el cuartel Simón Bolívar fue “un centro del exterminio, del que nadie salió vivo”. Justamente por eso su existencia permaneció desconocida durante años para los jueces y los organismos de derechos humanos. En ese lugar operaba la Brigada Lautaro, encabezada por el entonces capitán de Ejército Juan Morales Salgado. Posteriormente se sumó el grupo Delfín, encabezado por el entonces capitán de Ejército Jorge Barriga y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, que también eran parte de la DINA y que provenían de Villa Grimaldi, otro de los más cruentos centros de detención del organismo comandando por Manuel Contreras.

    Lo ocurrido con Reinalda se ha podido conocer debido a las declaraciones de agentes de seguridad procesados en la investigación que realizó el juez Víctor Montiglio a partir de 2007. A esto se suma el testimonio de Jorgelino Vergara, quien tenía 16 años al momento de los hechos y que llegó a Simón Bolívar tras trabajar como mozo en la casa de Manuel Contreras. Vergara, quien era conocido como el “mocito”, combinaba labores domésticas, como servir los cafés durante las sesiones de tortura, con tareas de centinela, las que realizaba provisto de armamento.
    El testimonio de Vergara, recogido en extenso en la investigación periodística La danza de los Cuervos de Javier Rebolledo, explica en detalle el tránsito de la militante del PC por Simón Bolívar.

    De acuerdo a este relato, cuando Reinalda ingresó al cuartel, Vergara vio a una mujer embarazada (desconocía su nombre) que era torturada en la parrilla –una cama, generalmente metálica, en que los detenidos eran maniatados y sometidos a vejámenes. El “mocito” también fue testigo de cómo Barriga y Lawrence golpeaban a Reinalda con distintos objetos.

    “A esa mujer la torturaron brutalmente, y ella clamaba para que pararan porque decía que estaba embarazada. La teniente Calderón chequeó que eso era efectivo, pero igual el capitán Barriga siguió con las torturas y la corriente. Estaba en muy mal estado y empezó a pedir que la mataran. Lawrence fue a buscar una sartén y la golpeó. Al mismo tiempo, Barriga efectuaba simulacros de ejecución con una pistola vacía sobre la sien de la mujer. Murió unas tres horas después, en el gimnasio del cuartel. La teniente Calderón le inyectó cianuro en la vena para asegurar su muerte”, declaró el mismo Vergara antes el juez Montiglio.
    Tras su deceso, tal como ocurrió con otros prisioneros asesinados en Simón Bolívar, las huellas digitales de Reinalda fueron quemadas con un soplete para dificultar su identificación.

    Una posibilidad es que los restos de Reinalda Pereira hayan sido enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, donde se han encontrado pequeñas osamentas que permitieron la identificación de otros militantes del PC que fueron detenidos en las mismas fechas y que estuvieron en Simón Bolívar, como Fernando Ortiz y Horacio Cepeda. Sin embargo, las múltiples búsquedas que se han realizado en ese lugar no han permitido encontrar sus restos.
    Las indagaciones en Cuesta Barriga son extremadamente difíciles: a principios de 1979 los cuerpos de las víctimas fueron removidos en el marco de la operación “retiro de televisores”, un masivo traslado de restos ordenado por Pinochet, luego del hallazgo de 13 desaparecidos en unos hornos de Lonquén. Los cuerpos que estaban en la cuesta Barriga fueron llevados a otros lugares o arrojados al mar. De hecho, el abogado Caucoto explica que en otros procesos judiciales el agente de la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI) Enrique Sandoval –quien hasta hace algunos años trabajada en la municipalidad de Providencia con el coronel (R) Cristián Labbé- ha relatado que por orden del director de la CNI Odlanier Mena removió cuerpos en el lugar.
    Muerto en vida
    La desaparición de Reinalda del Carmen Pereira dejó otras dos víctimas en el camino: su marido Max Santelices y su madre, la señora Lula.

    Tras dejar sus tareas partidarias, Santelices se dedicó a la búsqueda de su mujer. Se reunió con abogados, participó en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y realizó indagaciones por su cuenta. Incluso se encadenó frente al Palacio de Tribunales para exigir la liberación de su esposa.

    Más tarde, durante la década de 1980, buscó a niños que pudieran ser su hijo. Pensaba que en Chile podría haber ocurrido lo mismo que en Argentina, donde los bebés de las mujeres embarazadas que pasaron por los centros de exterminio fueron dados en adopción a esposas de militares o familias partidarias del régimen militar.
    “Max nunca superó la desaparición de Reinalda”, asegura Ana Gamboa, una de las mejores amigas de Santelices. Lo mismo piensan el abogado Nelson Caucoto y Cristina Arancibia.

    “Había épocas en que ni siquiera se le podía hablar cuando uno iba a su oficina por alguna razón. Él no decía que estaba mal, pero uno que lo conocía se daba cuenta”, cuenta Ana, quien desde 1991 trabajó junto a Max en una consulta de kinesiología ubicada cerca del metro Manuel Montt.

    Una muestra clara de cómo la desaparición forzada de su mujer marcó el resto de la vida de Max Santelices, es que nunca logró reconstruir su vida afectiva. “Pareja que encontraba Max, tenía metida a la Carmen al medio. Era imposible pensar que iba a encontrar otro amor porque es diferente a que tú pelees con tu pareja a que desaparezca por sus ideas. Y que desaparezca en el mejor momento de una pareja, que es cuando están enamorados y cuando están esperando un hijo. Entonces, mataron a dos personas. Siempre he dicho eso yo: mataron a Max y a la Carmen”, reflexiona Cristina.

    Tras la recuperación de la democracia, Santelices siguió buscando pistas y antecedentes, los que compartía con el abogado Caucoto, quien presentó en 2002 una querella contra la cúpula de la DINA por la desaparición de Reinalda. Uno de los mayores dolores de Santelices fue provocado por el informe emanado de la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999, para que los militares entregaran información respecto al paradero de los detenidos desparecidos. El documento, que se hizo público en enero de 2001, indicaba la posible presencia de cuerpos en Cuesta Barriga y daba información sobre otras dos mujeres embarazadas que fueron apresadas en esos años. Sin embargo, no había una sola línea sobre su mujer. Su molestia la hizo pública a través de una carta abierta que envió al entonces Presidente Ricardo Lagos.

    En 2005, a Max Santelices –un fumador implacable– le diagnosticaron un cáncer que ni las hospitalizaciones ni las quimioterapias pudieron detener. Murió en 2007.
    Durante los últimos meses de su vida se dedicó a recopilar todo el material que tenía sobre Reinalda. Fotografías, documentos y grabaciones caseras de su esposa cantando cueca que fueron confiados a Ana Gamboa, algunas de las cuales se reproducen aquí.

    La tercera víctima de esta historia fue la señora Lula. Su hija había sido el mayor proyecto de su vida. Renunció a tener pareja para concentrarse en la educación de Reinalda, y con mucho esfuerzo había logrado que su única hija llegara a ser una profesional. Lo que sucedía le parecía inexplicable.

    La ex diputada Fanny Pollarolo prestó apoyo psicológico a Lula durante 1977. Las sesiones se realizaban en una casa ubicada cerca de la esquina de Irarrázabal con Santa Julia, donde funciona el “Programa de Atención Médico-Psiquiátrico para Personas Víctimas de la Represión”. Pollarolo recuerda con claridad el orgullo que la mujer sentía por su hija. También que “se encontraba en una situación emocionalmente insostenible”. Por una parte, quería que su hija estuviera viva, pero al mismo tiempo sabía que si permanecía con vida estaría siendo sometida a torturas insoportables.
    Desde un inicio, Lula participó activamente en la búsqueda de su hija y fue una asistente habitual a las actividades y manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al igual que Max, siguió indagando y preguntando por Reinalda durante años. Murió el año 2003.

    Max y Lula fallecieron sin tener noticia alguna sobre lo sucedido con Reinalda. No alcanzaron a ver los avances que el juez Montiglio empezó a conseguir desde que tomó la causa en 2007 y que hoy se han traducido en una acusación que el ministro Miguel Vásquez formuló, el 31 de enero de 2014, contra 53 ex agentes de la DINA por el llamado “Caso de los Trece”.

    Junto a los avances judiciales, la historia de Reinalda Pereira sigue viva en otros ámbitos. Una vez al año se le rinde un homenaje en el Hospital Sótero del Río, donde trabajo como tecnóloga médica y fue dirigente gremial. Frente a un monolito que fue instalado en 1991, los funcionarios del centro médico y los amigos de toda la vida recuerdan su memoria.
    No es el único esfuerzo que se hace por que esta historia no quede en el olvido. Los amigos de Max organizaron tras su muerte el “Grupo de Amigos y Amigas de Reinalda del Carmen Pereira”, encabezado por Ana Gamboa. También a modo de homenaje, en 2009 instalaron en el mismo Sótero del Río, un banco donde están inscritos los nombres de Max y Reinalda.

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    Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

    La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

    Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

    Rinconada

    Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

    Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

    El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

    A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

    Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

    La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

    Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

    Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

    Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

    Historia de persecución

    Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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    En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

    Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

    En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

    En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

    Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
    Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
    Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
    No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

    “También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

    La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

    Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

    El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

    Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

    Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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    Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

    Noche de horrores

    Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

    Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

    Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

    Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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    -Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

    Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

    Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
    Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

    Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

    – Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

    Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
    Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

    Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

    El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

    39-años-de_portada-de-“La-Tercera-de-la-hora”,-del-20-de-noviembre-de-1975

    Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

    El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

    Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

    Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

    Lucha sin descanso

    La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

    Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

    Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

    Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

    Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

    En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

    La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

    Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

    Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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