Amanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

DestacadoAmanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

Amanda no es la letra de una canciónHija Amanda Jara

Cuando dice su nombre en el consultorio le cantan “Te recuerdo, Amanda”. Antes se hacía la lesa. Ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Amanda no canta, no toca guitarra y tampoco milita en el PC. No pretende ser el vivo retrato de su padre. Su recuerdo es íntimo, un proceso personal en el que ha debido aprender a desenrabiarse con Víctor ausente y a pedir explicaciones por su muerte.

Domingo 25 de mayo de 2008 | por Alejandra Carmona López

La noche que Amanda voló hacia su exilio se fue sólo con lo puesto. Ni siquiera alcanzó a recoger sus juguetes de niña de nueve años. En las tres maletas que llevaban ella, su madre, Joan, y su hermana, Manuela, sólo cupo su padre: sus fotos, un montón de recortes de diarios, cartas y cintas de grabación. En medio de fusiles y militares arrogantes que abundaban en el aeropuerto de Santiago, enfilaron hasta la puerta del avión con destino a Londres, las tres de la mano, escoltadas por un funcionario de la Embajada de Inglaterra en Chile. Era el 16 de octubre de 1973, y ésa, la única escena de esa noche que Amanda Jara tiene en la cabeza. Además de la sensación de vacío, de volar mucho antes que el avión despegara. El desamparo.

En Chile quedaba su casa de Colón, el cuarto básico en el Manuel de Salas, las tardes de asombro y aprendizaje. La humedad de los paisajes de Isla Negra que tanto le gustaba mirar. Los amigos, los sueños y su padre muerto con 44 balazos.

Por estos días, los recuerdos son como un dedo impertinente apretando el corazón. La semana pasada, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró la causa de la muerte de Víctor como ella llama a su padre y ha tenido que recordar a la fuerza muchas de las cosas que su mente había intentado borrar.

Amanda Jara no canta, no toca la guitarra, no milita en el PC y tampoco quiere formar una familia de artistas que se llame “los Jara”, aunque algunos de sus primos se lo han sugerido. Alguna vez, cuando era chica, bailó en un grupo folclórico, pero nunca le gustó exponerse. No escucha todo el día canciones de trova y se niega a dar la razón a quienes dicen que tiene la misma sonrisa de su padre. Va a pocos encuentros proderechos humanos, no lleva la bandera de lucha de ninguna causa. A Amanda Jara no le interesa ser símbolo de nada.

Con suerte acepta dar esta entrevista.

Pero lo suyo no es una pose de rebeldía. Recién se está reconciliando con buena parte de su vida. Ahora que tiene 43 años, desde su tranquila vida en Quintay donde llegó hace 18 años macera los recuerdos ingratos y ha vuelto a escuchar las canciones de Víctor Jara sin sentir rabia por haberla dejado.

SIMPLEMENTE MARÍA

 
  Joan, Víctor, Amanda (sentada en las piernas de su papá) y Manuela. Todos en compañía de una guitarra. Foto: Gentileza Fundación Víctor Jara

Todo fue muy confuso ese 11 de septiembre de 1973. Víctor tenía agendado un acto en la Universidad Técnica del Estado. La idea: luchar contra la guerra civil en Chile. De pronto, ese martes cambió de rumbo. Por la radio se escuchó sobre el ataque a La Moneda y el levantamiento de los militares. Allende estaba pronunciando su discurso histórico cuando Víctor decidió salir a la calle. “Era un día extraño, con los relatos de la radio, y todo hacía que fuera un día especial, pero nadie pensó que la situación llegaría a tal extremo. Nadie pensó que chilenos terminarían matando chilenos”. Víctor salió de la casa rumbo a la Universidad Técnica.

Entonces, Amanda nombre que heredó de su abuela paterna estaba por cumplir ocho años. Sus días transcurrían tranquilos en la casa de Colón donde todavía vive su mamá, la bailarina inglesa Joan Turner. “Yo me crié escuchando música cuenta Amanda . Había un cuarto trasero donde ensayaban los Quila y los Inti. Hacían unas murgas muy chistosas en el patio. Dejaban la escoba con los vecinos”. En otra parte de la casa, su mamá ensayaba escuchando a Vivaldi y su hermana Manuela, la “Manu” hija del fallecido coreógrafo Patricio Bunster , se divertía aprendiendo a tocar guitarra con Víctor. En las tardes, Manuela y el cantautor eran absorbidos por la televisión mexicana, y la teleserie “Simplemente María” los consumía. Aunque sus padres trabajaban mucho, Amanda no tiene ninguna sensación de ausencia.

“Víctor nos cantaba, aunque sólo la ‘Manu’ se acuerda cuando ensayaba pequeñas estrofas de sus creaciones con la guitarra. Nosotros también le cantábamos, hacíamos shows; la ‘Manu’ era rebuena para eso. Bailaba, se disfrazaba, y él se mataba de la risa; le gustaba mucho estar con nosotras”, cuenta Amanda. Juntos salían de paseo a la Quinta Normal y probaban las sopas, platos estrella de la afición culinaria de Víctor Jara.

Los recuerdos de Amanda son tal y como alguna vez los describió el cantante al momento de hablar de su familia. “Tenemos dos hijas, Manuela y Amanda, por las que confieso total y absoluta debilidad En mi día ideal estaría todo el día en la casa, no habría fuerza que me hiciera salir. Me dedicaría a trabajar en el jardín, a hacer aseo, a contemplar muchas cosas que por falta de tiempo no puedo contemplar ahora. A jugar con mis hijas”.

UNA PROTESTA EN MATTA

Hace 18 años que Amanda Jara eligió Quintay como su refugio. Ella prefiere la calidez de la cabaña que comparte con Nego, un buzo que trae el pescado para el almuerzo. Ella colabora con verduras de su chacra. Se alejó de Santiago porque no le gusta la tontera de la capital. “En Santiago creen que la vida se trata de farándula, de los futbolistas, de la chimuchina. Son cosas muy superficiales, y lo peor es que se creen la muerte, pero las cosas no son iguales en el resto de Chile. Ya estaba aburrida de la capital”, asegura.

Después de estudiar Comunicaciones Visuales y cuatro años de Bellas Artes en la Arcis, dejó todo y se fue a vivir al terreno que habían comprado años antes con su mamá. “Con la Turistel en la mano buscamos sitios, hasta nos ofrecieron Tunquén, pero nos pareció muy solo, así que no vivo en el sector cuico”, dice muerta de la risa, hasta que las carcajadas se apagan, desaparece la coraza y esa chapa de “inepta social” que Amanda se impone porque no quiere contestar nada que la delate.

“Siento pena por la muerte de mi papá, pero por mucho tiempo, muchos años, sentí mucha rabia”. Interrumpe su relato para explicar que ella no es siempre así, pero que estos últimos días tiene un revoltijo en la guata y la pena no tarda en aflorar. Sigue entre sollozos por varios minutos: “Tenía rabia, me preguntaba por qué Víctor había salido de la casa ese día, por qué no se había quedado con nosotras, por qué se fue a la Técnica”. Es su desahogo, pero se incorpora nuevamente para explicar que todo esto hizo que ella no escuchara a Víctor Jara por mucho tiempo. “En mi casa no se escuchaba; en Londres, porque mi mamá se volvía un mar de llanto, y luego acá, simplemente porque tardé en reconciliarme con esa historia”, dice. “Quizá por eso tampoco aprendí a tocar guitarra, ni a cantar; seguramente era lo que esperaban de la hija de Víctor Jara”.

Cuando Amanda volvió a Chile sólo pensaba permanecer un año y regresar a Londres, pero se quedó más tiempo. “Me enamoré de un hombre y también de este Chile combativo, entregado, que salía a la calle a luchar”. Era 1983 cuando asistió a su primera protesta en Santiago. Caminó cuadras y cuadras por avenida Matta, mientras Chile asistía a períodos crudos de represión producto de las primeras marchas antidictadura. De entre la muchedumbre se oyó el grito: “Compañero Víctor Jara, presente”. Con el pecho hinchado y las lágrimas sin contención, Amanda tomó aire contaminado y lacrimógeno y respondió: “Presente”. Como si fuera un muerto ajeno, pero también como si fuera suyo y de todos. Entonces comenzó a reconciliarse con su padre. Si Víctor Jara no hubiese ido a la Universidad Técnica ese martes, no habría sido Víctor Jara.

TE RECUERDO, AMANDA

Por estos días, Amanda va y viene de Quintay. Deja a Nego con sus labores de pescador y ella viaja a Santiago a enterarse de la fundación que lleva el nombre de su padre y también del curso que ha tomado la investigación por su muerte. “Yo me hago una sola pregunta: si mi padre, que es el caso emblemático del Estadio Chile no tiene solución, ¿entonces qué pasa con el resto de muertos, dónde están los culpables?”, dice. Amanda no puede creer que en todos estos años no haya ni un solo testigo que pueda reconocer al asesino. Pero maneja una teoría: “Hay un par de oficiales que estaban presos por el tanquetazo de julio. Ellos fueron liberados el día del golpe. Se dice que a estos oficiales se les dio el Estadio Chile como un premio”.

Amanda cree que la información no ha llegado a las manos de la justicia porque hay quienes no han querido que se sepa la verdad. “La gran piedra de tope para los casos del Estadio Chile ha sido el Ejército, las Fuerzas Armadas. No han querido entregar un organigrama de mando. El Ejército tiene la información y no la ha entregado, por eso se ha visto frustrado no sólo el caso de mi padre, sino que tantos otros”. A pesar de la resolución judicial, Amanda no culpa al ministro Fuentes Belmar. Tampoco le interesa que quienes asesinaron a su padre, “viejos de más de 70 años”, se pudran en la cárcel. “Lo que yo quiero es justicia, y la justicia para mí es que se sepa quiénes son los asesinos. Que podamos ver una lista y decir este señor de acá, con nombre y apellido, es un asesino”.

Amanda nunca ha pedido públicamente justicia para su padre. Sin embargo, ahora no se pierde detalle y viajó especialmente desde Quintay para reunirse con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Ya no tiene cuentas pendientes. De esas que son personales y no se escriben en la prensa. Incluso ahora bromea cuando va al consultorio o a pagar alguna cuenta y al decir su nombre le cantan: “Te recuerdo, Amanda”. Antes se quedaba callada, ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Y si una periodista le dice que esa canción la escribió su padre para su madre, ella también tiene respuesta: “Cuando la hizo, yo tenía dos años y medio y me habían diagnosticado diabetes, así que esa canción también la escribió un poco por mí”. LND

    Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

    Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

    Memoria EN_REDADA

    Recibí en mi correo eléctrónico un mail de mi amiga Marta, con quien mantengo una amistad que ha enlazado nuestras memorias militantes y femeninas uniéndonos en una red de sororidad más allá del tiempo y el espacio.

    Marta me envía una historia de otras mujeres, de mujeres militantes, y me escribe:

    “Queridxs colegas, amigxs

    avanzan el semestre y otras ocupacionesc  y con ello vuestra carga de trabajo, pero espero que pueden encontrar unos minutos para leelr estos conmovedores momentos de mujeres choras http://martazabaleta.blogspot.co.uk/2017/02/argentinalas-fotos-de-josefina-por.html
    de Argentina.

    Se puede aprender tanto de ellas.
    Abrazos.

    Abro el enlace que Marta,economista, académica y poeta exiliada argentina en el Reino Unido me ha compartido y me encuentro con esta imagen que abre mi memoria de mujer una vez joven y madre de una hija una vez viva…

    Leo la nota en la fuente y me lanzo a buscar en la web a estas dos mujeres con la sensación de escarbar en una historia cuyas raíces se hunden en mi propia historia, en la de Marta y en la de tantas otras mujeres que militan y militaron en Latinoamérica trascendiendo su tiempo y su espacio.
    y repito, como dice Marta, se puede aprender tanto de ellas.
    RESISTENCIAS
    Las fotos de Josefina

    Voy a empezar por el final: de la mesa frente a la que estaba sentada tomó el collar de cuentas redondas, grandes, estriadas en rojo, y se lo sujetó al cuello. Después recogió las fotos que había mostrado, se paró y salió entre los aplausos de quienes la escuchamos del otro lado del vidrio. Cuando la abracé, sin saber quién contenía a quién, sentí las cuentas incrustándose en el pecho de las dos.

    Ella se llama Josefina, el collar era de su mamá, lo rescató la mañana siguiente a su secuestro, cuando volvió a ese departamento con la puerta arrancada para cubrir la vergüenza de estar en bombacha con una remera roja, un jean y unas zapatillas. Tenía siete años, le faltaba un mes para cumplir los ocho, su hermano uno y medio y los dos habían dormido en la casa de una vecina a la que la patota le golpeó la puerta para dejarlos como un paquete.

    “¡Qué voy a hacer con estos chicos!”, se había desesperado la mujer y ella guardó esa frase y ese tono por décadas, hasta que encontró a la vecina que ahora tiene nombre y es Susana, hasta que pudieron poner en común aquella noche larga del 6 de diciembre de 1977. “La encontré y la traje para acá”, dijo Josefina y una risa sosegada, tal vez de alivio, tal vez de complicidad, como un aflojarse del lazo que nos unía a quienes la escuchábamos, anduvo de boca en boca.

    Josefina declaró el miércoles, en el juicio de lesa humanidad que tiene entre las víctimas a su madre, Vibel -Virginia- Casalaz. Josefina es una de esas amigas entre las que nos salvamos la vida, aunque el devenir de las cosas nos mantengan a distancia más tiempo del que desearíamos. A lo largo de los más de 20 años que llevamos de amistad, junto con Raquel y con Alba, ese núcleo duro de complicidad femenina, nos sacamos muchas fotos juntas, antes de que se llamaran “selfies”, las cuatro con las sonrisas incandescentes. Esta vez también hubo foto, en el subsuelo de los tribunales federales, en ese sitio sin ningún ángel en la calle Comodoro Py; habíamos llorado todas, Jose en el lugar de los testigos, el resto sosteniendo a la distancia esa entereza, todas esas palabras que supo enhebrar, buscadas y encontradas en noches de insomnio, en los días de la militancia en H.I.J.O.S., extraídas de diálogos con sobrevivientes, con sus amores; escritas también, ella que sabe hacerlo como pocas. Las sonrisas, a pesar del llanto, volvieron a capturar la luz en la imagen.

    El collar que tanto le gustaba a su madre no fue lo único que rescató Josefina del departamento violentado. También se llevó una bolsita con fotos que les sirvió a los policías que la fueron a buscar al día siguiente para preguntarle por todas y cada una de las personas amadas que ahí aparecían. Ella estaba prevenida, iba a segundo grado en la misma escuela a pesar de los cambios de casa a que obligaba la persecución con un nombre falso, María José Roldán. No identificó a nadie. Las fotos siguieron su camino con ella, el primer viaje lo hicieron en la valijita con la que iba al colegio y que la acompañó en los dos días que pasó en la casa de una mujer policía, separada de su hermano al que se llevó un hombre de la misma fuerza. ¿A qué se debió esa separación por género? ¿Por qué no los dejaron juntos? Josefina no se acuerda casi nada de esos dos días, estaba enferma de hepatitis y sin duda la memoria da respiro, espacios de olvido necesarios para seguir adelante con la sucesión de los días. La noche del secuestro, por ejemplo, termina para ella con la imagen de su madre yéndose en el ascensor con esos tipos jóvenes y con armas largas que recuerda. “Mi mamá me tendría que haber dicho algo en ese momento, eso es lo que yo sentía, me tendría que haber dado una última instrucción”, dijo frente al tribunal y cerró: “Pero según me contó la vecina, cuando yo salí de ahí estaba en el piso, boca abajo, encañonada”.

    No tenía instrucciones pero rescató los bienes preciados de su madre, el collar, las fotos que eran un resguardo de la vida cotidiana: playas, sonrisas, besos que no podían perderse en la huida aun a riesgo de convertirse en delación involuntaria. ¿Cuánto sabía la niña de todo lo que iba a perder como para que antes que sus juguetes guardara la bolsita de las fotos?

    –Polo no es un nombre -le dijo el comisario de la 35 a la niña de 7 que había dado apodo, apellido y ocupación de su abuelo, “un fabricante de soda de Tres Arroyos”.

    –Usted búsquelo que lo va a encontrar -contestó ella y así fue, constatando una vez más la enorme maquinaria del plan sistemático para la desaparición de personas no sólo represiva, también burocrática. Una burocracia dócil que ahora pretende aplicarse al conteo de los cuerpos que nos faltan. Nombrar es una cuestión de poder, decir 30 mil  y que haya acuerdo es el poder que hemos ido acumulando a lo largo de cuatro décadas y es lo que está en disputa.

    Mientras escucho a mi amiga, pegada al vidrio que nos separa con la ilusión de encontrar sus ojos como si hiciera falta para sostenerla cada vez que amenaza con quebrarse, pienso con deseo en el lugar que ocupa. Yo también quiero acusar, quiero que llegue la hora del juicio por lo que le hicieron a mi madre y a sus compañeros y compañeras de cautiverio. Cuando promediaba el año pasado y se supo que no sucedería en octubre como habían prometido, y después, cuando tampoco habría fecha designada para marzo, empezó a circular entre los querellantes la lista de testigos que tendrían que adelantarse en testimoniar porque la dentellada de la muerte ya les está mordiendo los talones. 85, 87, 90, 95 años se leía junto a algunos nombres. Alguien anotó en ese intercambio de correos que su madre ya no podría declarar porque el ejercicio de memoria había destrozado sus neuronas. Hace 13 años que presentamos la querella. En ese tiempo todos y todas nos convertimos en otros, en otras, guardando a la vez quienes fuimos para no perder detalle cuando nos den la palabra. La impotencia se come el fin de la impunidad que ya no podemos declamar.

    Antes de escuchar a Josefina, en un cuarto intermedio que tensa nuestra paciencia, Raquel me dice con ojos húmedos: “Siento que nos están tomando el pelo, ya no le encuentro sentido”. Es una descarga de derrota que no va a acatar, aunque las dos sabemos de qué habla. La Justicia, con esos pies de plomo, ya no puede llamarse así. Y sin embargo.

    “¿Pudiste reconstruir…?”, es la primera parte de la pregunta que se repite para que Josefina de cuenta de lo que sabe de su madre, de su destino después del secuestro. Ella contesta una y otra vez, sobre los testimonios leídos, los diálogos ansiosos que persiguen un dato más, por nimio que fuera. Todo el trabajo lo hicimos las víctimas y quienes se comprometieron con nuestro duelo, el inmenso duelo acuoso de un país entero que todavía sigue evaluando el tamaño de las heridas que dejó el terrorismo de Estado. ¿Dónde están los papeles, los organigramas, los números de ellos, los ejecutores? ¿Dónde ocultaron los cuerpos? ¿Por qué a ellos se les permite todavía ahora ocultarse?

    Hubiera querido que estén aquí los acusados, para interpelarlos. Quiero decir que yo pienso todas las noches en el cuerpo torturado y violado de mi madre. Y los represores piensan que así le hicieron bien a la patria. -dijo Josefina y tomó el collar de su madre de la mesa frente a la que estaba sentada y se lo puso, recogió sus fotos y enjugó sus lágrimas. Para que se vea y que se sepa: aun cuando le arrebataron tanto no pudieron quitarle todo.

    En otro espacio virtual leo acerca de esta hija militante de la memoria:

    UN COLLAR DE CERÁMICA

    La estridencia de los camiones que pasan por encima apenas le permiten hablar a Josefina Giglio. Pero no grita, no lo quiere hacer en este lugar.

    Josefina Giglio señala el retrato de su madre dentro de un cartel en el lugar donde estaba ubicado el centro de tortura El Atlético.

    Madre de dos niños e hija de desaparecidos, intenta hallar el retrato de su madre en el afiche que está colgado sobre las ruinas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético, que está -estaba- ubicado debajo de la autopista 25 de mayo de la capital argentina.

    Aquí está Coca, mirá- señala la foto de Virginia Isabel Cazalas, su madre, entre las centenares de imágenes de personas impresas sobre una sábana como recuerdo de quienes estuvieron presos aquí.

    Josefina está acá porque este fue el último lugar donde, según testimonios de otros detenidos sobrevivientes, su madre fue vista por última vez.

    A principios de 1978, cuando tenía 8 años, se la arrebataron de la casa en donde vivían clandestinos en Buenos Aires. Desapareció, lo mismo que había ocurrido con su padre un año antes.

    Y desde entonces los anda buscando, a ella y a él, sin éxito.

    Virginia Isabel Cazalas, más conocida como “Coca”, era la madre de Josefina.

    Josefina es una de los muchos hijos que todavía no pudieron reunirse con los huesos.

    Por eso tal vez sus peregrinaciones a las ruinas de Club Atlético, como un mecanismo para no olvidar ante la tierra abierta de las excavación arqueológica que se realiza ahora en este lugar antes utilizado para la tortura y que quedó sepultado cuando se construyó la autopista.

    “En esto hay como dos partes: primero estás como esperando, como detenido en el tiempo esperando a que vuelvan, y después hay un momento en que comenzás a buscar”, dice Josefina.

    “Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, Josefina Giglio, hija de desaparecidos.

    “Siempre estás buscando”.

    “Había una época en que había una publicidad en la tele y el actor era igual a mi papá. Igual. Y mi papá había estudiado teatro, entonces yo decía ‘por ahí le dieron un golpe en la cabeza, se olvidó quién es y es ese actor’. Escribí al canal y todo. Nunca nadie me contestó, obviamente… Después, mi búsqueda en serio comenzó cuando de grande empecé la universidad”.

    Su despertar universitario fue también el inicio de una misión colectiva: la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), algo así como una versión filial de lo que hacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue fundada en 1994, cuando muchos de los hijos de los desaparecidos cumplieron la mayoría de edad.

    El centro clandestino de detención Club Atlético funcionaba a pocas cuadras de la cancha del popular equipo de fútbol Boca Juniors.

    Con ellos logró, dice, “democratizar el dolor”. Con ellos lloró, protestó en las calles.

    Estudió a fondo la historia de sus padres para intentar encontrar pistas: las impresiones del sulfuro de plata en las fotografías, la tinta aplastada en las hojas de las cartas. Algo que le permitiera entender quiénes eran, por qué habían luchado, qué sentido había tenido su muerte casi segura.

    Y ha visto, como un tren que pasa de largo en una estación, cómo a otros compañeros de militancia el EAAF les han restituido los restos de sus padres, mientras ella los sigue esperando.

    “Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, cuenta y se ríe. La carcajada le suelta la mirada que aguarda tras unos anteojos gruesos de carey. La idea le enciende una chispa.

    “Tendría algo así como un amuleto, un deseo de hacerme un colgante con ellos”, continúa sonriente.

    “La tierra contiene como un útero los huesos que esperan”, se lee en uno de los cuadros de las oficinas del EAAF.

    Josefina ya tiene un collar.

    Al día siguiente del secuestro en el verano del 78, cuando le dieron permiso para entrar al departamento de donde se habían llevado a Virginia para buscar algunas cosas, la única pertenencia de su madre que se llevó fue un collar de cerámica que habían comprado juntas en la feria de Plaza Francia.

    “Pensaba dárselo cuando volviera”.

    Durante estos años ha elaborado mil conjeturas, pero a pesar de su empeño hay cuentas que no puede obviar: el EAAF sólo tiene restos óseos de unas 600 personas y siguen hallándose algunos centenares más, pero el número queda muy lejos de los 30.000 desaparecidos que calculan las organizaciones de derechos humanos e incluso de los 10.000 que reconocen las fuentes más conservadoras.

    Y a muchos de ellos, se sabe, los tiraron al Río de la Plata y al mar desde los llamados “vuelos de la muerte”.

    “Durante mucho tiempo tenía la sensación de ser hija de un agujero negro y los huesos siento que me permiten esa continuidad: yo soy esos huesos, voy a ser esos huesos. Recuperar esa continuidad que se cortó. Uno cree que una tibia y un peroné son innecesarios, hasta que te das cuenta de que son una fuente de alivio y te darían un cierre”, reclama.

    Una fila india de camiones interrumpe la charla hasta el punto de suspenderla. Pero antes de irse ella mira el abismo de las excavaciones: dice que siempre busca algún objeto, alguna presilla, un pedazo de herencia que le debe el destino.

    Para tenerlo mientras llegan los huesos.

    Y es así que en mi transito virtual encuentro una noticia de hace cuatro días, una fotografía de dos hijos – Josefina y Francisco – hijos de Virginia y Carlos, huérfanos por el terrorismo de Estado en la Argentina que una vez nos acogio a mis hijos y a mi, donde vivimos la segunda dictadura a las que hemos sobrevivido.

    Carlos y Vibel –el padre y la madre de Josefina, Coco y Coca para sus compañeros de partido- militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Carlos era arquitecto, había caído el 19 de mayo de 1976 en una reunión del partido en Combate de los Pozos y Pavón, por un vecino que lo denunció. Cuando intentaba huir por la terraza, fue herido en una pierna y cayó al pozo de luz. Nunca más se supo de él. Desde entonces, Vibel –psicoanalista- peregrinaba entre una sombra y la otra mirándose las espaldas. Los militares la alcanzaron un año y medio después, en un departamento de Belgrano R. No estaba sola: Josefina tenía 7 años, Francisco uno y medio. Estaban además otros militantes del PCML. Los militares lo llamaron Operativo Escoba.

    “Entre que se llevan a mi padre, el 19 de mayo de 1976, y caemos con mi madre el 5 de diciembre de 1977, hubo un dispositivo de pinzas para buscarla. La noche del 8 de junio se llevaron en La Plata a mi abuela paterna, Tecla, a mi tío que estaba con ella, en Tres Arroyos a Polo, y en Mones Casón, cerca de Carlos Casares, a mi tío Oscar Bossier, el cuñado de mi padre”.

    http://memoria.telam.com.ar/noticia/-un-brigadier-dijo-que-mama-era-la-mujer-mas-buscada-_n3809

    Necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio

    Josefina y Francisco Giglio declararon en el juicio por los crímenes cometidos en el llamado circuito ABO.

    Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Cazalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el Banco por sobrevivientes. “Vebel”, como la llamaban en su familia. “Coca”, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del Ejército. Estaba en camisón. Josefina, de siete años, y Francisco, de año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con sus abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que había desaparecido en mayo del ‘76. Con cuarenta, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó de que los acusados no presencien el juicio. “No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado. Y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria”, remató, sobreponiéndose al llanto, que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada la aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá, y que había colocado en la mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso.

    “Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo”, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de “Coca” completó la selección de fotografías entregadas al TOF que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estrado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos que su mamá siempre llevaba de casa a casa y ese collar de perlas grandotas, que “a ella le gustaba mucho” y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado.

    Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freyre con dos compañeros de militancia: Mariano Montequón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. “Mi mamá estaba en camisón, y así se la llevan, y yo estaba en bombacha”, contó.

    Sientieron que rompían la puerta de entrada. “Yo me escondí porque no quería que me vieran, mi mamá pidió cambiarse pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina”, siguió. Aún hoy, le extraña que ella no le haya dado “alguna instrucción” antes de que se la llevaran.

    Años después se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que “tres jóvenes de civil” le pidieron que cuidara a ella y a Francisco “hasta que llegara la Policía”. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito ABO.

    Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el Ejército llamó “Escoba” y que barrió con casi todos los militantes del PCML.

    Al otro día, la policía los llevó a buscar ropa al departamento reventado por el Ejército. “Cuando esta mujer que dijo ser asistente social pero que no aparece en ningún registro me vio con la bolsa de fotos, me sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba ‘¿este quién es? ¿y éste quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada”.

    Tenía siete años Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución, un mes antes. “Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con dos hijos y escapando”, relató Josefina.

    Tres días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, los fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vibel los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar el departamento de Freyre: lo secuestraron a él –permaneció un mes en Vesubio–; a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio.

    El relato de Francisco fue menos detallista. El tenía un año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. “Llegó la democracia y todos pensábamos que los iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de quince. Y luego, para mi fiesta de egresados”, intentó explicar ella, que comparó al gobierno de Raúl Alfonsín con “la esperanza”; al indulto de Carlos Menem con “el abismo” y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. “Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que en vez de discutir la cantidad de desaparecidos debería estar buscando los restos de mi padre y de otros”.

    Francisco lo analizó desde la figura del “desaparecido”, esa que “produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda”.

    Ambos saben que no volverán, por eso ven una posibilidad de “cierre” en la recuperación de los restos. “Necesito recuperar los restos de mis padres – dijo Francisco– sería de alguna manera reencontrarme con ellos”.

    Josefina también reclamó los restos: “Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos. Y que le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años, ya es tiempo”.

    El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    DestacadoEl Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

    Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

    Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

    Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

    El COVEMA y la monja misteriosa

    Alejandra Matus.

     

    El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

    El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

    Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

    Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

    Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

    –No es un buen día para salir –dijo él.

    –Menos para andar contigo –bromeó ella.

    Amistad en el Campus Oriente
    Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

    Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

    Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

    Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

    «Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

    Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

    «¡Bájate, conchetumadre!»
    Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

    «Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

    «A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

    Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

    En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

    La silla giratoria
    Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

    Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

    «En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

    Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

    Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

    «Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

    Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

    «Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

    Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

    En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

    Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

    Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

    «Cállate, huevón»
    La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

    «Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

    Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

    «Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

    Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

    «Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

    Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

    «Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

    Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

    La monja
    A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

    «Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

    Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

    Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

    Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

    «Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

    Sin temor
    Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

    En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

    Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

    Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

    Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


    GALERÍA DE PRENSA


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    Juez Carroza procesará a 10 personas por muerte de estudiante de Periodismo en 1980

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    Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

    José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

    Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

    covema.cl

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

    Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

    Resultado de imagen para Cecilia Alzamora

    Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    subirCaso emblemático

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Una mujer embarazada en los cuarteles de la DINA. Reinalda

    Una mujer embarazada  en los cuarteles de la DINA. Reinalda

    Jueves 15 de Diciembre 2016
    UNA MUJER EMBARAZADA EN LOS CUARTELES DE LA DINA
    Por Andrés Scherman

    Durante 1976 el puño de la DINA golpeó con fuerza al Partido Comunista. En siete meses dos direcciones completas fueron aniquiladas. No solo cayeron los principales dirigentes. Militantes jóvenes, que habían decidido pasar a la clandestinidad pese a los riesgos, también fueron detenidos y hechos desaparecer. Uno de ellos fue Reinalda del Carmen Pereira, quien tenía 29 años y un embarazo de cinco meses al momento de su detención.

    Su marido, su madre y sus amigos la buscaron por décadas. Recién a mediados de 2007, cuando el esposo y la madre ya habían muerto, la justicia desentrañó los detalles del crimen. Su cuerpo hasta hoy sigue sin ser encontrado. Junto a Reinalda, otros once militantes comunistas y dos miembros del MIR cayeron en un operativo que se extendió por tres semanas y que se conoce como “el caso de los Trece”.

    En esta historia se inspira parte del sexto capítulo de la serie Los archivos del cardenal.
    Por Andrés Scherman

    Llévame, voy justo hacia tu casa. Era la tarde del 15 de diciembre de 1976 y Reinalda del Carmen Pereira terminaba su jornada de trabajo en el laboratorio clínico que había fundado hacía unos pocos meses junto a su amiga Cristina Arancibia en el pasaje Matías Cousiño, en el centro de Santiago. Como tenía que ir cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa, le pidió a Cristina que la llevara en auto.

    Ambas mujeres se conocían desde 1969 y eran militantes del Partido Comunista (PC), aunque solo Reinalda seguía vinculada a la colectividad. Hasta el Golpe de Estado de 1973, habían hecho una vida política juntas, llegando a encabezar –Cristina como presidenta y Reinalda como secretaria general– el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Pero después del 11 de septiembre, y ante la fuerte represión que vivían los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, Cristina optó por concentrase en el trabajo y la crianza de sus hijos. Reinalda, en cambio, eligió una ruta distinta y se involucró de lleno en las actividades que por esos días llevaba adelante un golpeado y clandestino Partido Comunista.

    Reinalda había arriesgado la vida varias veces en esos años. Ya en diciembre de 1976 estaba decidida a “descolgarse” de la actividad clandestina: tenía cinco meses de embarazo. Le faltaba apenas un poco de tiempo para cumplir sus últimas tareas.

    Esa tarde del 15 de diciembre de 1976, tras dejar el laboratorio clínico en el centro de Santiago, las dos mujeres se dirigieron hacia Ñuñoa en la citroneta roja de Cristina. Al llegar a la esquina de calles Maratón y Rodrigo de Araya, Reinalda descendió del vehículo. Cristina recuerda que puso su auto delante del bus que tomaría su amiga para que ésta alcanzara a subir. No miró hacia atrás y supuso que Reinalda ya estaba sobre la micro. Le había dicho que iría a la consulta de un ginecólogo para controlar su embarazo.

    Nunca más volvieron a verse.
    No hay certeza, pero probablemente Reinalda caminó las ocho cuadras que separan el lugar donde descendió de la esquina de Rodrigo de Araya y Exequiel Fernández. De acuerdo al relato de testigos que declararon en el proceso, en esa esquina dos hombres descendieron de un automóvil marca Peugeot, patente HLN-55, y la tomaron fuertemente por la espalda. La mujer se aferró al poste de un semáforo y gritó pidiendo auxilio, pero fue doblegada e introducida a la fuerza en el auto, que inmediatamente salió por Rodrigo Araya.

    Al día siguiente, su marido, su madre y sus amigos comenzaron a buscarla. Reinalda tenía 29 años. Y, vale la pena reiterarlo, cinco meses de embarazo.

    La detención de Reinalda fue parte de la fuerte ofensiva que los servicios de seguridad de la dictadura lanzaron contra el PC en 1976. Si durante 1974 y 1975 la Dirección Nacional de Informaciones (DINA) concentró su labor en la aniquilación del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en 1976 su principal objetivo fueron los comunistas.

    En ese momento, el PC era el único partido de izquierda que mantenía sus estructuras funcionando. A cargo de su directiva estaba el dirigente Víctor Díaz, quien asumió esa tarea pocas semanas después del Golpe. Sin embargo, todo cambió en 1976. En solo cosa de meses, dos directivas completas cayeron en manos de la DINA, arrastrando también a jóvenes militantes, como Reinalda del Carmen Pereira Plaza.

    Crecer en otra casa
    Reinalda del Carmen Pereira nació el 5 de mayo de 1947. Su madre, Luzmira Plaza, trabajaba como empleada doméstica en una casa ubicada en la calle Jorge Matte Gormaz, en la comuna de Providencia.

    Luzmira, a quienes todos llamaban Lula, era una mujer campesina, proveniente de Lonquén, y sin ningún interés por la política. Tras quedar embarazada decidió permanecer en la casa en que trabajaba como asesora del hogar y dedicar todas sus energías a criar sola a su hija. Reinalda creció en ese lugar, donde se hizo amiga de los hijos del matrimonio dueño de casa y se fue integrando a algunas actividades familiares. Fue así como aprendió a tocar guitarra con el profesor que iba a enseñarles a los hijos de los “patrones” o partió de vacaciones a El Tabo, donde, a los 16 años, fue elegida reina del balneario.

    Luego de terminar la secundaria, Reinalda entró a estudiar Tecnología Médica a la Universidad de Chile. Fue la primera de su familia en acceder a la educación superior, motivo de gran orgullo para su madre.

    En la universidad, Reinalda se encontró con la efervescencia política de los 60 y comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Quienes la conocieron recuerdan especialmente dos aspectos de ella: su fuerte determinación y su belleza.

    “Era preciosa. Blanca, delgada, tenía unos ojos verdes penetrantes, pelo negro, una nariz un poco aguileña, labios finos, cejas muy bien delineadas. Estoy mirando a la Carmen –que es como la llamaban sus cercanos- en este minuto”, recuerda Cristina Arancibia, quien por primera vez habla con un periodista sobre la desaparición de su amiga.

    La belleza de Reinalda iba acompañada de un fuerte carácter, lo que varias veces la enemistó con otras personas. “Tenía sus ideas políticas clarísimas. Te discutía todo y te tiraba granadas con las que tú no hallabas qué hacer, lo que despertaba en ese tiempo muchas odiosidades. Era muy vehemente, pero también estudiosa”, relata su amiga, quien fue la última persona en verla con vida.

    Tras titularse de tecnóloga médica en 1969, Reinalda comenzó a trabajar en el Hospital doctor Sotero del Río. Además de su trabajo profesional, las actividades políticas y gremiales empezaron a ocupar cada vez más parte de su tiempo. Se involucró primero en la Federación de Tecnólogos Médicos y, después, participó en la fundación y dirección del Colegio que reunía a estos profesionales. También en esa época conoció a Max Santelices, un kinesiólogo que pertenecía al Partido Comunista, y que también participaba en los gremios de la salud.

    Reinalda y Max comenzaron a salir en 1971. Formaron una pareja que, de acuerdo a quienes los conocieron, reunía dos personalidades bastante distintas. Mientras Reinalda se caracterizaba por ser estructurada y tener una gran capacidad de organización, Max era más disperso. “En esa pareja, Carmen ponía el orden y el flaco ponía la risa y la talla”, asegura Cristina Arancibia.

    Fueron años intensos. Tras la elección de Salvador Allende el trabajo político y gremial se multiplicó. También las relaciones con los colegas que defendían otras posiciones políticas se hicieron más ásperas. De hecho, en 1973, Reinalda y Cristina perdieron la dirección del Colegio de Tecnólogos en una asamblea que se extendió por horas y donde debieron enfrentar a un juicio de destitución promovido por los opositores al gobierno de la Unidad Popular.
    En julio de 1973, Reinalda y Max se casaron y se fueron a vivir juntos. Los acompañó la señora Lula, que apenas unos pocos años antes había dejado la casa de sus patrones. En el país la tensión era máxima: unas pocas semanas antes del casamiento un grupo de militares, encabezados por el coronel Roberto Souper, había intentado derrocar al Gobierno. La sublevación pasó a ser conocida como el “Tanquetazo”.

    Viene el Golpe
    Las primeras consecuencias del Golpe de Estado se sintieron rápido en la vida del matrimonio. Pocos días después del 11 de septiembre, ambos fueron detenidos en el Sótero del Río. Reinalda fue llevada al Regimiento de Ferrocarriles del Ejército de Chile, donde permaneció por cerca de 10 horas. Después de esta detención fue obligada a firmar semanalmente, durante un año, un registro llamado “control de personas con comprometimiento político”. Max, en tanto, fue trasladado al Estadio Nacional, desde donde logró salir veinte días después.

    En las semanas siguientes, los problemas continuaron. Reinalda y Max fueron despedidos del hospital. Quedaron sin trabajo y con muy pocas posibilidades de ejercer su profesión en un sistema de salud que en aquella época era casi íntegramente estatal.
    Sin un empleo estable, ambos se sumergieron en tareas políticas y ocasionalmente realizaban algunos trabajos esporádicos para juntar dinero. La señora Lula siguió viviendo con ellos, pero sin nunca sospechar las tareas políticas clandestinas que realizaban su hija y su yerno. La dictadura, la clandestinidad y la persecución eran temas completamente lejanos para esta mujer.

    En 1976 el Partido Comunista enfrentó su año más difícil desde el inicio de la dictadura. El primer golpe fue la detención del subsecretario de las Juventudes Comunistas, José Weibel, quien cayó el 29 de marzo a manos del Comando Conjunto, un organismo represivo que competía con la DINA y cuya existencia era desconocida. Weibel se unía a otros dirigentes juveniles apresados y desparecidos el año anterior.

    Posteriormente, a principios de mayo 1976, la DINA logró identificar una casa de seguridad en la calle Conferencia donde se reunirían miembros de la cúpula para tratar temas sindicales. Los agentes de seguridad ingresaron a la casa a esperar la llegada de los dirigentes. Uno a uno los asistentes a la reunión fueron apresados mientras ingresaban a un lugar que creían seguro y que se había transformado en una ratonera. En Calle Conferencia cayeron Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire y Jaime Donato.

    La aniquilación de la directiva se completó unos días después con la captura de Víctor Díaz, quien encabezaba el trabajo clandestino del partido desde los días posteriores al Golpe Militar, que prohibió el funcionamiento de los partidos políticos, dejándolos al margen de la legalidad.

    Tras ese golpe contra la primera dirección clandestina, el PC trató de reorganizarse formando una segunda directiva, encabezada por el profesor universitario Fernando Ortiz. Tras la conformación de la nueva cúpula, Reinalda dejó de ser solo una militante que trabajaba en la clandestinidad y pasó a cumplir una labor de alta relevancia en la estructura del Partido Comunista: se convirtió en “enlace” de los miembros de la dirección que funcionaba en la clandestinidad. Ser “enlace” era una tarea riesgosa y que solo se le encargaba a militantes probadamente comprometidos con el partido. Entre las tareas de quienes cumplían este rol estaba trasmitir los mensajes de los distintos miembros de la directiva que se encontraban escondidos en casas de seguridad, y generar las condiciones necesarias para reunir cada cierto tiempo a los principales dirigentes, de modo que pudiesen debatir las líneas de acción de la colectividad sin correr riesgos. Reinalda formaba parte del anillo de confianza de los máximos dirigentes.

    En este escenario de alto riesgo, Reinalda dividía su tiempo entre el ejercicio profesional y su rol de enlace en el PC.

    ¿No encuentras que es un poco peligroso que andes en esto?-, le preguntó su amiga Cristina Arancibia unos días antes de su desaparición.

    Si se va a acabar. No te preocupes-, le respondió Reinalda, consciente de que su embarazo de cinco meses le impedía seguir asumiendo esa tarea partidarias.

    El tema de la maternidad fue recurrente en las conversaciones que tuvieron las dos amigas durante esos días. “Conversamos mucho lo que era el embarazo, lo que era la maternidad, cómo era tener los chiquillos, después criarlos. Hablábamos mucho de eso”, cuenta Cristina.

    A fines 1976 se produjo la caída de la dirección de Fernando Ortiz, que había sido detectada rápidamente por los servicios de seguridad. Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976 trece personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad de la dictadura. Once de ellos eran militantes del partido comunista –incluyendo a varios miembros de su dirección- y otros dos pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

    Reinalda del Carmen Pereira fue una las víctimas de esta operación, que pasó a ser conocida como el “El caso de los trece”. * Junto a ella, los otros doce detenidos, de los que se perdió todo rastro, fueron Santiago Araya, Armando Portilla, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Héctor Véliz, Lizandro Cruz, Carlos Durán y Edras Pinto.

    En un plazo de solo siete meses, dos directivas del PC fueron completamente aniquiladas.

    Los militantes comunistas pagaron caro su falta de experiencia en el trabajo político clandestino. En el pasado, habían tenido que enfrentar la Ley Maldita, que en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, declaró ilegal a la colectividad. Pero se trataba de dos situaciones muy diferentes. A fines de la década de los ‘40 hubo persecución, pero no un aparato represivo que buscara el exterminio de sus oponentes. Entonces bastaba con cambiarse de nombre y no realizar actividades políticas públicas. Algo que resultó insuficiente tras el golpe militar de 1973, lo que redundó en la caída de las dos primeras direcciones clandestinas. En el futuro en el PC aprenderían que los dirigentes clandestinos debían cortar todo contacto con sus familias, no realizar reuniones en un mismo lugar, compartimentar la información, y poner en marcha técnicas de chequeo y contra chequeo para descubrir si eran seguidos por los aparatos represivos.
    El “caso de los Trece” causó tal revuelo, que en enero de 1977 la Corte Suprema designó como ministro en visita a Aldo Guastavino. Un mes después este cerraba el caso, luego de que el ministerio del Interior le entregara certificados –que resultaron ser falsos- indicando que los desaparecidos habían viajado hacia Argentina. Haciéndose eco de esta versión oficial, el diario La Segunda tituló el 9 de febrero de 1977: “No hay tales desaparecidos”

    Seis años después, en 1983, el caso llegó azarosamente a manos del juez Carlos Cerda, quien estableció que los documentos de viaje fueron falsificados y constató que se trataba de un caso de desaparición forzada de personas.

    Detención y muerte
    Tras darse cuenta de que su mujer no había llegado a la casa, Max Santelices se puso inmediatamente en alerta. A primera hora del 16 de diciembre partió al laboratorio clínico de Matías Cousiño para preguntarle a Cristina Arancibia si tenía alguna noticia o si Reinalda había dormido en su casa.

    A partir de ese momento se inició una frenética búsqueda, que topó con un complejo obstáculo: Max también era parte de la estructura clandestina del PC, lo que le impedía asumir las primeras acciones sin generar nuevas situaciones de riesgo. “Max estaba submarineando, como se llamaba en ese tiempo. Estamos hablando de los primeros días después de la detención”, explica Cristina. Unos meses después, tras descolgarse de sus tareas partidarias, Max Santelices se dedicó de lleno, y por el resto de su vida, a encontrar a su mujer. En el intertando, la madre de Reinalda, doña Lula, fue quien realizó las primeras gestiones para encontrar a su hija.

    Primero acudió al Colegio de Tecnólogos Médicos y unos días después a la Vicaría de la Solidaridad, que había sido creada ese mismo año por la Iglesia Católica, tras el cierre del Comité Pro Paz.

    La madre de Reinalda, que provenía del campo y tenía un bajo nivel de instrucción, debió aprender cuáles eran las instancias judiciales y las puertas que se podían golpear. Con la ayuda de los abogados de la Vicaría presentó un recurso de amparo el 20 de diciembre de 1976 ante la Corte de Apelaciones, el que como era habitual en la época, fue rechazado. Por otra parte, ante la demanda de información, la respuesta permanente de las autoridades fue que Reinalda, como los otros de los doce desaparecidos, había cruzado la Cordillera de los Andes hacia Argentina.

    La tesis de un cruce por un paso fronterizo, de la que no había ninguna evidencia, también guió las primeras diligencias judiciales. Cuando Cristina fue llamada a declarar por el juez Guastavino, como la última persona que había estado con la víctima, hizo un relato de los hechos ocurridos el día de la detención, tras lo cual le entregaron un papel para firmar su declaración. La mujer la leyó y vio que el contenido era muy distinto de su relato y apoyaba la idea de que Reinalda Pereira había cruzado la cordillera. Cristina se retiró sin firmar nada.

    Investigaciones judiciales posteriores han establecido que luego de ser secuestrada en la esquina de Rodrigo de Araya con Exequiel Fernández, Reinalda fue conducida al cuartel Simón Bolívar, un secreto cuartel de la DINA, ubicado en la comuna de La Reina. A ese mismo lugar llegaron también varios de los otros detenidos en el “caso de los 13”, además de Víctor Díaz, quien encabezó la directiva del PC desbaratada en mayo de 1976.

    El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa de Reinalda del Carmen Pereira, explica que el cuartel Simón Bolívar fue “un centro del exterminio, del que nadie salió vivo”. Justamente por eso su existencia permaneció desconocida durante años para los jueces y los organismos de derechos humanos. En ese lugar operaba la Brigada Lautaro, encabezada por el entonces capitán de Ejército Juan Morales Salgado. Posteriormente se sumó el grupo Delfín, encabezado por el entonces capitán de Ejército Jorge Barriga y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, que también eran parte de la DINA y que provenían de Villa Grimaldi, otro de los más cruentos centros de detención del organismo comandando por Manuel Contreras.

    Lo ocurrido con Reinalda se ha podido conocer debido a las declaraciones de agentes de seguridad procesados en la investigación que realizó el juez Víctor Montiglio a partir de 2007. A esto se suma el testimonio de Jorgelino Vergara, quien tenía 16 años al momento de los hechos y que llegó a Simón Bolívar tras trabajar como mozo en la casa de Manuel Contreras. Vergara, quien era conocido como el “mocito”, combinaba labores domésticas, como servir los cafés durante las sesiones de tortura, con tareas de centinela, las que realizaba provisto de armamento.
    El testimonio de Vergara, recogido en extenso en la investigación periodística La danza de los Cuervos de Javier Rebolledo, explica en detalle el tránsito de la militante del PC por Simón Bolívar.

    De acuerdo a este relato, cuando Reinalda ingresó al cuartel, Vergara vio a una mujer embarazada (desconocía su nombre) que era torturada en la parrilla –una cama, generalmente metálica, en que los detenidos eran maniatados y sometidos a vejámenes. El “mocito” también fue testigo de cómo Barriga y Lawrence golpeaban a Reinalda con distintos objetos.

    “A esa mujer la torturaron brutalmente, y ella clamaba para que pararan porque decía que estaba embarazada. La teniente Calderón chequeó que eso era efectivo, pero igual el capitán Barriga siguió con las torturas y la corriente. Estaba en muy mal estado y empezó a pedir que la mataran. Lawrence fue a buscar una sartén y la golpeó. Al mismo tiempo, Barriga efectuaba simulacros de ejecución con una pistola vacía sobre la sien de la mujer. Murió unas tres horas después, en el gimnasio del cuartel. La teniente Calderón le inyectó cianuro en la vena para asegurar su muerte”, declaró el mismo Vergara antes el juez Montiglio.
    Tras su deceso, tal como ocurrió con otros prisioneros asesinados en Simón Bolívar, las huellas digitales de Reinalda fueron quemadas con un soplete para dificultar su identificación.

    Una posibilidad es que los restos de Reinalda Pereira hayan sido enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, donde se han encontrado pequeñas osamentas que permitieron la identificación de otros militantes del PC que fueron detenidos en las mismas fechas y que estuvieron en Simón Bolívar, como Fernando Ortiz y Horacio Cepeda. Sin embargo, las múltiples búsquedas que se han realizado en ese lugar no han permitido encontrar sus restos.
    Las indagaciones en Cuesta Barriga son extremadamente difíciles: a principios de 1979 los cuerpos de las víctimas fueron removidos en el marco de la operación “retiro de televisores”, un masivo traslado de restos ordenado por Pinochet, luego del hallazgo de 13 desaparecidos en unos hornos de Lonquén. Los cuerpos que estaban en la cuesta Barriga fueron llevados a otros lugares o arrojados al mar. De hecho, el abogado Caucoto explica que en otros procesos judiciales el agente de la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI) Enrique Sandoval –quien hasta hace algunos años trabajada en la municipalidad de Providencia con el coronel (R) Cristián Labbé- ha relatado que por orden del director de la CNI Odlanier Mena removió cuerpos en el lugar.
    Muerto en vida
    La desaparición de Reinalda del Carmen Pereira dejó otras dos víctimas en el camino: su marido Max Santelices y su madre, la señora Lula.

    Tras dejar sus tareas partidarias, Santelices se dedicó a la búsqueda de su mujer. Se reunió con abogados, participó en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y realizó indagaciones por su cuenta. Incluso se encadenó frente al Palacio de Tribunales para exigir la liberación de su esposa.

    Más tarde, durante la década de 1980, buscó a niños que pudieran ser su hijo. Pensaba que en Chile podría haber ocurrido lo mismo que en Argentina, donde los bebés de las mujeres embarazadas que pasaron por los centros de exterminio fueron dados en adopción a esposas de militares o familias partidarias del régimen militar.
    “Max nunca superó la desaparición de Reinalda”, asegura Ana Gamboa, una de las mejores amigas de Santelices. Lo mismo piensan el abogado Nelson Caucoto y Cristina Arancibia.

    “Había épocas en que ni siquiera se le podía hablar cuando uno iba a su oficina por alguna razón. Él no decía que estaba mal, pero uno que lo conocía se daba cuenta”, cuenta Ana, quien desde 1991 trabajó junto a Max en una consulta de kinesiología ubicada cerca del metro Manuel Montt.

    Una muestra clara de cómo la desaparición forzada de su mujer marcó el resto de la vida de Max Santelices, es que nunca logró reconstruir su vida afectiva. “Pareja que encontraba Max, tenía metida a la Carmen al medio. Era imposible pensar que iba a encontrar otro amor porque es diferente a que tú pelees con tu pareja a que desaparezca por sus ideas. Y que desaparezca en el mejor momento de una pareja, que es cuando están enamorados y cuando están esperando un hijo. Entonces, mataron a dos personas. Siempre he dicho eso yo: mataron a Max y a la Carmen”, reflexiona Cristina.

    Tras la recuperación de la democracia, Santelices siguió buscando pistas y antecedentes, los que compartía con el abogado Caucoto, quien presentó en 2002 una querella contra la cúpula de la DINA por la desaparición de Reinalda. Uno de los mayores dolores de Santelices fue provocado por el informe emanado de la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999, para que los militares entregaran información respecto al paradero de los detenidos desparecidos. El documento, que se hizo público en enero de 2001, indicaba la posible presencia de cuerpos en Cuesta Barriga y daba información sobre otras dos mujeres embarazadas que fueron apresadas en esos años. Sin embargo, no había una sola línea sobre su mujer. Su molestia la hizo pública a través de una carta abierta que envió al entonces Presidente Ricardo Lagos.

    En 2005, a Max Santelices –un fumador implacable– le diagnosticaron un cáncer que ni las hospitalizaciones ni las quimioterapias pudieron detener. Murió en 2007.
    Durante los últimos meses de su vida se dedicó a recopilar todo el material que tenía sobre Reinalda. Fotografías, documentos y grabaciones caseras de su esposa cantando cueca que fueron confiados a Ana Gamboa, algunas de las cuales se reproducen aquí.

    La tercera víctima de esta historia fue la señora Lula. Su hija había sido el mayor proyecto de su vida. Renunció a tener pareja para concentrarse en la educación de Reinalda, y con mucho esfuerzo había logrado que su única hija llegara a ser una profesional. Lo que sucedía le parecía inexplicable.

    La ex diputada Fanny Pollarolo prestó apoyo psicológico a Lula durante 1977. Las sesiones se realizaban en una casa ubicada cerca de la esquina de Irarrázabal con Santa Julia, donde funciona el “Programa de Atención Médico-Psiquiátrico para Personas Víctimas de la Represión”. Pollarolo recuerda con claridad el orgullo que la mujer sentía por su hija. También que “se encontraba en una situación emocionalmente insostenible”. Por una parte, quería que su hija estuviera viva, pero al mismo tiempo sabía que si permanecía con vida estaría siendo sometida a torturas insoportables.
    Desde un inicio, Lula participó activamente en la búsqueda de su hija y fue una asistente habitual a las actividades y manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al igual que Max, siguió indagando y preguntando por Reinalda durante años. Murió el año 2003.

    Max y Lula fallecieron sin tener noticia alguna sobre lo sucedido con Reinalda. No alcanzaron a ver los avances que el juez Montiglio empezó a conseguir desde que tomó la causa en 2007 y que hoy se han traducido en una acusación que el ministro Miguel Vásquez formuló, el 31 de enero de 2014, contra 53 ex agentes de la DINA por el llamado “Caso de los Trece”.

    Junto a los avances judiciales, la historia de Reinalda Pereira sigue viva en otros ámbitos. Una vez al año se le rinde un homenaje en el Hospital Sótero del Río, donde trabajo como tecnóloga médica y fue dirigente gremial. Frente a un monolito que fue instalado en 1991, los funcionarios del centro médico y los amigos de toda la vida recuerdan su memoria.
    No es el único esfuerzo que se hace por que esta historia no quede en el olvido. Los amigos de Max organizaron tras su muerte el “Grupo de Amigos y Amigas de Reinalda del Carmen Pereira”, encabezado por Ana Gamboa. También a modo de homenaje, en 2009 instalaron en el mismo Sótero del Río, un banco donde están inscritos los nombres de Max y Reinalda.

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    Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

    39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

    La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

    Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

    Rinconada

    Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

    Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

    El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

    A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

    Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

    La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

    Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

    Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

    Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

    Historia de persecución

    Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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    En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

    Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

    En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

    En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

    Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
    Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
    Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
    No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

    “También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

    La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

    Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

    El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

    Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

    Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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    Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

    Noche de horrores

    Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

    Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

    Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

    Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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    -Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

    Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

    Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
    Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

    Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

    – Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

    Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
    Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

    Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

    El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

    39-años-de_portada-de-“La-Tercera-de-la-hora”,-del-20-de-noviembre-de-1975

    Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

    El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

    Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

    Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

    Lucha sin descanso

    La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

    Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

    Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

    Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

    Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

    En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

    La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

    Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

    Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

    Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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    Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

    Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

    Familia Gallardo responde a Matías del Río y al periodismo que pretende desviar la atención de temas de Derechos Humanos

    Vicepresidente, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

    Hace una semana, el periodista de TVN Matías del Río publicó una pregunta en Twitter sobre si se deberían respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Esta es la respuesta de Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo, brutalmente asesinada en noviembre de 1975.

    / villagrimaldi.cl/ villagrimaldi.cl

    Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy miembro sobreviviente de la Familia Gallardo, familia brutalmente torturada y asesinada en noviembre de 1975, la cual es conocida además por el Montaje de Rinconada de Maipú. No entraré en los detalles de que han envuelto nuestro caso porque ya han sido ampliamente difundidos por los medios.

     

    Me quiero centrar en lo que esconde la pregunta que levanta el conductor de noticias de TVN Matías del Río al hacer la pregunta en la red social del pajarito.

    Sabemos que una pregunta deja al descubierto una realidad, pero inmediatamente deja oculta otras realidades y en este contexto lo que el periodista hace es dejar oculta las preguntas relativas al avance en materia de Verdad, Justicia y Memoria. Es curioso, porque jamás le he escuchado una palabra respecto de estos temas.

    Antes de poner el tema de los Derechos Humanos de los Violadores de Derechos Humanos como discusión en la opinión pública, me gustaría saber su opinión como periodista sobre las medidas que orientan los avances en Justicia. Me gustaría que pudiera realizar preguntas tales como los grados de satisfacción de los familiares respecto de la espera de más de 40 años de Justicia para que después de investigar y sancionar las condenas sean mucho menores que los tiempos de espera. Que pudiera preguntar sobre el destino final de los Detenidos Desaparecidos, ya que sólo el 8% de sus restos ha sido identificado y y devuelto a sus familiares para ser enterrados cumpliendo con el rito funerario. Me gustaría que este periodista pudiera preguntarle a los propios perpetradores de estos crímenes que sentían al momento de infringir tormentos en los centros de detención clandestinos, cuando interrogaban a hombres y mujeres amarrados o colgados, cuando los torturaban frente a familiares, cuando les amenazaban con torturar a su hijos/as. Preguntarles que sienten al haber traicionado a la patria cumpliendo órdenes de Estados extranjeros, ya que como sabemos a estas alturas, las órdenes vinieron del país del Norte. Preguntar por los miles de agentes de la DINA y la CNI, que siguen estando al amparo de las fuerzas armadas. Otra pregunta pertinente en el actual contexto es qué políticas públicas ha impulsado el Estado como garantía de No Repetición de los crímenes de Lesa Humanidad.

    En resumen, hay una tremenda cantidad de preguntas que se encuentran pendientes incluyendo muchas respecto de las políticas de reparación, etc. Todas estas preguntas me parece son fundamentales para solidificar la Democracia y que son anteriores a la pregunta hecha por el periodista Matías del Río. Curioso por decirlo menos, ya que antaño el periodismo jugó a favor de la violaciones de Derechos Humanos. Vaya que si lo sabemos nosotros como familia afectada, y hoy un periodista pretende desviar la atención de los temas relevantes para la convivencia democrática. Curioso, por decirlo menos.

    24.11.2016

    Manuel Guerrero por libertad condicional a asesino de su padre: “Si esto no es impunidad, pues qué es lo que es”

    El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, que constituyó el Caso Degollados.

    Por @eldesconcierto

    Agencia UnoAgencia Uno

    Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

    El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

    Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

    Aquí te dejamos íntegra su misiva:

    “Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

    Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

    En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

    Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamentalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecuencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

    Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

    Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

    Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

    Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

    Con la memoria herida…retraumatizaciones

    Con la memoria herida…retraumatizaciones

    Por el dolor de Daniela y de los hijos e hijas de Freddy- mi amigo, compañero y colega- Juan Antonio,Rodolfo y  José , ejecutados , y todos los hijos que deben vivir permanentemente el horror reeditado exijo justicia.

    El día 29 de octubre se constituyó un Consejo de Guerra que decretó pena de muerte para cuatro personas, las cuales fueron ejecutadas, a las 06:00 horas del día 30 de octubre de 1973 en el Campo de Prisioneros de Pisagua.

    En el diario «El Tarapacá» del día 31 de octubre de 1973, se informó la ejecución, haciendo referencia a la supuesta participación de los condenados en un plan destinado a provocar la guerra civil en Chile y la rebelión de las Fuerzas Armadas.

    Fueron ejecutadas así, las siguientes personas:

    Rodolfo Jacinto FUENZALIDA FERNANDEZ, 43 años, piloto civil, Secretario Regional del Partido Socialista. Detenido el 11 de septiembre de 1973, en su domicilio, trasladado al Regimiento Carampangue, luego al Regimiento de Telecomunicaciones y desde allí al Campamento de Prisioneros de Pisagua.

    Juan Antonio RUZ DIAZ, 32 años, militante del Partido Socialista, funcionario de Aduanas en Iquique. Se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones.

    José Demóstenes Rosier SAMPSON OCARANZA, 33 años, Relacionador Público de la Municipalidad de Iquique, militante socialista. Se presentó voluntariamente a Carabineros de Iquique el 21 de septiembre de 1973.

    Freddy Marcelo TABERNA GALLEGOS, 30 años, Director de la Oficina Regional de Planificación (ORPLAN, actualmente MIDEPLAN) en Iquique, militante socialista. Se presentó voluntariamente el día 16 de septiembre de 1973 en el Regimiento de Telecomunicaciones.

    Respecto de todos los condenados en este Consejo, a esta Comisión le asiste convicción de la falta de legalidad en la tramitación del proceso. Fundamentan esta convicción los elementos que se indican, sin perjuicio de aquellos que revisten el carácter de generales para todos los procesos:

    – No hubo unanimidad de los jueces que concurrieron en el fallo. En la sentencia se deja especial constancia que el Auditor Ad hoc «estuvo por imponer a los citados reos la pena de diez años de presidio mayor en su grado medio, estimando que cabe hacer aplicación al respecto de las normas del artículo 107 de Código Penal, en grado de tentativa, y que los favorece la atenuante de su anterior conducta irreprochable». Así, en este Consejo, no se cumplió un principio básico establecido en la legislación: que la pena de muerte sólo puede aplicarse cuando concuerdan en ella la totalidad de los sentenciadores.
    – Se condenó a los prisioneros por delitos que no fueron debidamente probados y que legalmente no procedía imputárseles: los cuatro procesados fueron condenados como autores del delito previsto en el Nº2 del artículo 245, en relación con el artículo 246, del Código de Justicia Militar. La primera de esas normas, a esa fecha disponía: «será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte:… El militar que sedujere tropa chilena o que se hallare al servicio de la República para que se pase a las filas enemigas o deserte las banderas en tiempos de guerra»; El artículo 246 del mismo Código establecía que: «si en los crímenes indicados en el artículo anterior incurriere un chileno no militar o individuo de la clase de tropa la pena podrá rebajarse en uno o dos grados según las circunstancias, …»;
    – Las conductas por las cuales se condenó a los procesados, de haber sido efectivas, se cometieron con anterioridad al ll de septiembre de l973, contrariando la exigencia de la conducta jurídica imputada, cual es que ocurran en tiempos de guerra;
    – De haberse cometido estos hechos, ellos no fueron consumados. La propia sentencia se encarga de establecerlo en su considerando 3º: «Que estos hechos, a juicio del Consejo de Guerra, constituyen el delito referido en los artículos 245 Nº2, en relación al artículo 246 del Código de Justicia Militar, en grado de frustración»;
    – El único medio de prueba que se cita en la sentencia, para acreditar la participación de los condenados en los delitos señalados, es la supuesta confesión de los procesados. Respecto de las confesiones debe tenerse presente que los antecedentes recibidos por esta Comisión, permiten afirmar que en los interrogatorios practicados en el Campo de Detenidos de Pisagua se utilizó sistemáticamente la tortura, lo cual invalida en la especie este medio de prueba.

    Los cadáveres de las víctimas jamás fueron entregados a sus familiares, no obstante que resultaba moral y jurídicamente obligatorio hacerlo así. Algunos familiares de los condenados recibieron el 30 de octubre de l973 una carta de la VI división del Ejército en la cual se les comunicaba que: «… en el día de hoy se ajustició en Pisagua a…, por resolución acordada por los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Se les dio cristiana sepultura en el Cementerio de Pisagua». Nunca se dijo a los deudos cuál era el lugar preciso dónde se encontraban enterrados. Hasta la fecha, sus cuerpos no han sido encontrados.

    Esta Comisión tiene así la convicción que Rodolfo Fuenzalida, Freddy Taberna, Juan Ruz y José Sampson fueron ejecutados por agentes del Estado en un proceso que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los derechos humanos de los procesados.

    Informe Rettig

    juan antonio ruzEn un sórdido relato que hizo en el programa del Rumpy, un ex conscripto ya identificado como Guillermo  Reyes Rammsy ,quien desempeñó funciones en el regimiento Carampangue de Iquique, reconoció haber participado en el asesinato y posteriormente haber  dinamitado a ex prisioneros políticos. Los hechos ocurrieron en el campo de Prisioneros de Pisagua, mientras que en su relato alude a Juan Antonio Ruz, el único regidor que figura en la lista de detenidos desaparecidos de Iquique.

    En su crudo y grotesco relato el ex concripto, cuyo centro es la historia “de amor” con la novia y luego esposa del ex regidor de Iquique, va contando los entretelones, usando un despreciable lenguaje. Todo ello sin reparar que lo realmente importante, era la entrega de importantes antecedentes en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, una incansable lucha que han dado sus familiares sobrevivientes.

    guillermo rodriguez reyesY sin darse cuenta revela que estuvo en el “operativo”  en el que terminó dinamitado Juan Antonio Ruz, quien era casado a la fecha de su asesinato, con una dama de apellido italiano y que integraba una familia iquiqueña, de buena situación económica. En la entonces joven descendiente de italianos, el ex conscripto, cuando cursaba cuarto año medio, antes del golpe militar, había puesto sus ojos.

    Hasta el día de hoy, el joven regidor socialista, mantiene la calidad de detenido desaparecido, al igual que otros compañeros de esa colectividad, todos altos jerarcas del PS. En la búsqueda permanente, siempre corrió un rumor en el sentido que los integrantes de la plana mayor socialista, podrían haber sido dinamitados, como máximo  castigo y para no dejar vestigios.

    Hay que recordar que tras el hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, donde se encontraron a 29 ejecutados, no apareció ni Ruz, ni sus compañeros dirigentes del Partido Socialista.

    De ser efectivo los hechos que relató Guillermo  Reyes Rammsy, hechos que ya son investigados por la Unidad de DDHH del Ministerio del Interior, la PDI y las organizaciones de Derechos Humanos, junto a Ruz, podrían haber ocurrido similar suerte, José Sampson, Rodolfo Fuenzalida y Freddy Taberna.

    CONSEJO DE GUERRA

    Recordando la triste historia de los ejecutados y de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de las instancias de derechos humanos, el 29 de octubre de produjo en Pisagua un consejo de guerra donde se acusa a altos jerarcas del Partido Socialista Rodolfo Fuenzalida, Juan Antonio Ruz, José Sampson y Freddy Taberna.

    Según se establece por la Comisión Rettig, el procedimiento estuvo  revestido de una serie de irregularidades. La principal tesis es que no había estado de guerra en Chile, sino que un golpe de estado.

    Tampoco hubo unanimidad de los sentenciadores, como se requiere en el proceso legal. Además, los delitos no fueron debidamente aprobados.  Y lo más contundente, es que se reconoce la tortura sistemática como método para obtener información.

    La Comisión establece que los 4 acusados fueron “ejecutados por agentes del Estado en un proceso, que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los DDHH de los procesados”.

    *Información competa de este caso, en el Tomo 1 del Informe Verdad y Reconciliación, páginas 240 y 241.

     ¿QUIÉNES ERAN?

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    Rodolfo Fuenzalida Fernández,  43 años, piloto civil, detenido el mismo 11. Era militante del Partido socialista. Como casi todos los detenidos, hizo el periplo desde su lugar de detención al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua.

    Juan Antonio Ruz, 32 años. Se desempeñaba como funcionario de Aduanas y se entregó voluntariamente en el Telecomunicaciones.

    José Sampson Ocaranza,  33 años, quien se desempeñaba como Relacionador Público de la municipalidad de Iquique, También se presentó voluntariamente. Lo hizo ante Carabineros.

    Freddy Taberna Gallegos era el más joven de este grupo, con sólo 30 años y como los otros, se presentó voluntariamente, sin presagiar que esa decisión sería sin vuelta atrás. Hoy, una calle de su barrio El Morro, le recuerda con su nombre.

    Escuchar audio completo

    https://www.facebook.com/GrupoWurtlitzer/videos/1064234260339667/?video_source=pages_finch_main_video&theater

    Libro: El desperdicio militar obligatorio, de autoría de Guillermo Reyes:

    http://desperdiciomilitarobligatorio.blogspot.cl/search?updated-max=2007-10-26T15:32:00-07:00&max-results=7

    Prontuario deBárbara Tosi, argentina de 1 año de edad…

    Hay al menos otros 25 casos que ocurrieron durante el terrorismo de Estado

    La dictadura le armó un prontuario policial cuando era una beba de un año

    El 2 de enero de 1977, las fuerzas represivas rosarinas mataron a la madre de Bárbara Peters Tosi. A ella la llevaron detenida después del operativo a la Jefatura de Policía de Rosario. Allí le hicieron un prontuario: “Me tomaron como huellas las patitas”, dice hoy en una entrevista con Infojus Noticias. Ese documento fue presentado como prueba para que su caso y el crimen de su mamá sean juzgados en la megacausa Feced.

    • Fotos: Matías Sarlo.

    Por: Julieta Benedetto

    “Me tomaron como huellas las patitas, son del tamaño de las de Simón, mi hijo, que tiene la misma edad que yo en ese momento”. Bárbara Peters Tosi es hija de militantes montoneros desaparecidos. No se refiere a su partida de nacimiento, sino al prontuario policial que le hicieron cuando tenía poco más de un año, el 2 de enero de 1977. Fue después de presenciar, en la casa de la calle 2 del Barrio Gráfico de Rosario, entre festejos de Año Nuevo, el asesinato de su mamá, Clotilde Rosa Tosi, y de tres compañeros de militancia: Cristina y Leonardo Bettanin y Roque Julio Maggio.

    La caratula dice “Prontuario de Tosi Bárbara”. Impresiona ver las huellas de sus pies chiquitos: ocupan menos de la mitad del espacio destinado para el registro de las huellas dactilares. “Imagino que es la huella que se les toma a los bebés, no sé”, dice Bárbara en una entrevista con Infojus Noticias.  La siguiente página tiene información de su mamá y datos personales de la beba: “Estatura: 0.60 cmts”. Al lado hay un detalle de rasgos faciales -cutis, pelo, cejas, nariz- señalados sobre opciones preimpresas. A los recién nacidos, en las nurseries les toman las huellas de sus pies como registro de nacido vivo. Queda como marca de identidad, en las historias clínicas de los niños, y de las madres. En estos legajos, ¿cuál habrá sido el objetivo?

    Lo primero que se piensa es que no puede ser el prontuario de una beba de un año, que es una equivocación. No lo es. Este registro de ingreso y permanencia en dependencias policiales de niños no es único: lo encontraron y recuperaron de un archivo a punto de ser destruido, junto a otros 25 prontuarios similares. A Clara Anahí Mariani, quien permanece desaparecida, también cuando tenía meses de vida le hicieron, en el Departamento de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires (DIPBA), un legajo de antecedentes.

    “Las detenían, las registraban como hijas de subversivos. Era un procedimiento habitual. Tiene que ver con la ideología de las fuerzas de seguridad en el marco del terrorismo de Estado”, explicó a Infojus Noticias Nadia Schujman, abogada querellante de HIJOS Rosario y directora provincial de Memoria en la Secretaría de Derechos Humanos de Santa Fe.

    El prontuario de Bárbara fue presentado como cuerpo de prueba para que su caso y el crimen de su mamá sean juzgados en la megacausa denominada Feced. Bárbara explicó que condenar a los responsables de estos delitos será complejo, porque aún no hay testigos que puedan identificar a quiénes estuvieron involucrados.

    Clotilde tenía 25 años cuando fue asesinada. Militó desde adolecente en la UES, después en la JUP y luego en Montoneros. Había ido a Cuba a entrenarse y tenía grado de responsabilidad en la organización. Tuvo a su única hija en diciembre de 1975, fruto de su relación con Carlos Livieres Bank, abogado penalista y oficial montonero. Dos meses después del nacimiento de Bárbara, fue herido y desparecido en la ciudad de Santa Fe.

    ***

    Elba Juana Bettanin, una de las sobrevivientes del operativo en el que mataron a la mamá de Bárbara, declaró en diciembre de 1983 en Rosario, una vez restituida la democracia. Contó qué pasó el domingo 2 de enero de 1977 en la casa del Barrio Gráfico. Dijo que estaban festejando el Año Nuevo con su hijo, Leonardo Bettanin, dueño de casa. También  Roque Maggio con su hija Paula, de 2 años. Clotilde y Bárbara. Cristina Bettanin con su esposo Jaime Colmenares. Y María Inés Luchetti, nuera de Elba, embarazada de ocho meses, con sus hijas Mariana, de 3, y Carolina, de 1 año.

    “Eran como las 17. Todos dormían la siesta. Yo era la única que estaba despierta. De pronto veo saltar de las casas linderas y de los fondos personas vestidas con ropa tipo café con leche. Al ver eso grité. Jaime salió corriendo hasta la puerta y lo agarró la policía”, dijo Elba en la justicia. Los uniformados les gritaron, a través de megáfonos, que tenían tres minutos para salir. Pasado ese tiempo, empezaron a disparar.

    María Inés, en su primera declaración testimonial en 1984, relató que la policía las retuvo en el jardín, en la parte de atrás de la casa. Leonardo salió al patio y empezaron los tiros. “Disparan con armas largas y también dispara un policía que nos estaba custodiando a nosotras, rodilla en tierra, con una pistola. Las criaturas comienzan a llorar por el ruido de los disparos. Nos obligan a saltar un muro que da a calle Los Gráficos. Nos llevan a un carro de asalto, con mi cuñada agonizante”. Cristina murió en el traslado. También fueron asesinados Roque y Clotilde. Jaime sigue desaparecido. María Inés estuvo detenida por casi un año en el centro clandestino del Servicio de Informaciones, en la Jefatura de Policía de Rosario. Parió en cautiverio a su hijita, llamada Cristina Inés, en homenaje a su cuñada.

    María Inés le contó a Bárbara que, al subir al carro de la policía, la alzó y empezó a gritar “acá está Barbarita, acá está Barbarita”, para ver si la reconocía alguno de los vecinos. Sabía que Clotilde tenía familia en el Barrio Gráfico. Así era: Olga Noemí Tosi, Mery, una hermana, vivía en la manzana contigua. “Era cosa de mandinga: en ese momento, como ellos estaban clandestinos, no le blanquearon a la familia donde estaban. Mi mamá estaba conmigo, a metros de donde vivía su hermana, sin decirle”, explica hoy Bárbara.

    ***

    Una de las hojas del prontuario, tipiada a máquina, dice: “Rosario, 3 de enero de 1977 (…) se recepciona en la Sección Femenina de esta dependencia a la menor Bárbara Tosi, argentina de 1 año de edad”. Y debajo, con fecha 5 de enero, “fue entregada a su tía, Olga Noemí Tosi de Peters”. Y luego una hoja más, donde su abuelo Jacinto relata que “el 3 de enero de 1977 procedieron a reconocer el cadáver de su hija y desde entonces practican diligencias para dar con la niña a la que hallaron el día de la fecha en esta sección”.

    Los chicos que quedaron huérfanos por el terrorismo de Estado tuvieron contextos y destinos familiares diferentes. En muchos casos fueron los tíos quienes quedaron a cargo de ellos. Es el caso de Bárbara: su tía Mery y su esposo Carlos Peters se convirtieron en su familia adoptiva. Bárbara cuenta que no hace tanto ató cabos y se dio cuenta que vivió hasta sus 12 años en el barrio donde había perdido a su mamá, a pocos metros de donde había sido secuestrada. “No en la misma manzana, sino en la de enfrente. Siempre digo que voy a ir a reconocer la casa y no lo hago. Es loco que yo viví ahí siempre. Y como bien barrio que era, estábamos todo el tiempo en la calle, jugábamos y nos metíamos en las casas abandonadas, yo sé que esa casa estuvo abandonada. Capaz jugué ahí y todo”.

    En 1988, Bárbara empezó a escribir un diario íntimo con letra redonda y garabateada que aún conserva. En esas páginas hizo dibujos, corazones, y pegó figuritas, calcomanías. Hay relatos de sus aventuras con amigas del barrio. Escribe sobre sus primeros amores. Luego la letra se pone alargada, trágica, triste, y dice “a un día de enterarme de la verdadera muerte de mis padres”. “A los 11 años me contaron que a mis padres los habían matado. No me dieron detalles, pero nunca me mintieron al respecto. Pero yo no sabía de la dictadura ni que había desaparecidos. Proceso de Reorganización Nacional enseñaban en el Adoratrices, el colegio de monjas al que me mandaron, que detesto prácticamente como a los militares. Recién cuando entré en la Facultad me enteré de la dictadura”, relata hoy Bárbara.

    En la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Nacional de Rosario conoció a Valeria Brech, con quien descubrió que su papá estaba desaparecido. Con ella se acercó a HIJOS, que estaba en plena formación, en 1996. Allí también conoció a Loli Araya: se hicieron amigas y después descubrieron que sus madres también lo habían sido. La militancia en HIJOS estuvo atravesada por el arte. En 1998 Bárbara se encontró con el teatro y su vida se articuló alrededor de ese núcleo. Desde entonces forma parte del grupo de teatro “Hijos de Roche”, que dirige Romina Mazzadi Arró. “El teatro me ha dado un lugar de pertenencia, desde que empecé a actuar tengo el mismo grupo, que me contuvo y me permitió transitar todos estos lugares sin tener que gritar a la nada. Gritando desde determinados lugares. Sabiendo hacia donde gritaba, por lo menos”, dice.

    Bárbara reflexiona sobre el lugar que ocupa el arte en su vida. Dice que de chica se “encerraba y escribía”. Cuenta: “Escribía las cosas que me pasaban, tremendas. Víctimas fuimos generaciones completas. Creo que me salvó el arte, mis amigos, mi marido. Lo artístico es para mí un refugio y un modo de vivir. Eso, creo, me puso en otro lugar, me salvó del lugar de víctima, tan feo. Que nunca quise tener, que no tengo.”

    JB/RA

    Pactos de silencio y esa larga impunidad

    Pactos de silencio y esa larga impunidad

    La muerte de los generales Manuel Contreras Sepúlveda, ex jefe de la Dirección de Inteligencia Nacional (Dina), y Hernán Ramírez Rurange, ex jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine), además de la condena final para otros trece oficiales de inteligencia y de la justicia militar por el secuestro y asesinato del químico Eugenio Berríos, ocurrido en Uruguay en 1992, reabrieron la vieja llaga de la impunidad.
    El “Mamo” Contreras, otrora poderoso director de la primera policía secreta de Augusto Pinochet que operó entre 1973 y 1977, responsable de los más atroces crímenes en la historia del país, falleció a los 86 años en el Hospital Militar. Estaba condenado a más de 500 años de cárcel y esperaba sentencia por otros cientos de procesos que aún se investigan en los tribunales. Fue cremado pocas horas después en el Cementerio Católico, vestido con su uniforme de gala de general. Ramírez Rurange, en tanto, de 76 años, se pegó un tiro en la sien en su domicilio para evitar ir a prisión por más de 20 años, sentencia emitida por la Corte Suprema a comienzos de agosto.
    Contreras, autodicta en los secretos de la inteligencia militar, recibió una orden directa de Pinochet para crear la Dina a fines de septiembre de 1973, después que el entonces director de la Escuela Militar, el coronel Nilo Floody, elegido por el dictador para esa tarea, lo convenciera de que él no era el más indicado para la misión.
    La Dina inició sus actividades en la Escuela de Ingenieros de Tejas Verdes, a 120 kilómetros al oeste de Santiago, cerca del exclusivo balneario de Santo Domingo. Hasta allí llevaron a decenas de prisioneros que fueron sometidos a bárbaras torturas.
    Contreras eligió personalmente a los oficiales que integraron los diferentes departamentos y cuarteles de la Dina, que empezaron a operar en paralelo a los servicios de inteligencia de las fuerzas armadas. También reclutó a civiles que habían participado en agrupaciones políticas de ultraderecha durante el gobierno del presidente Salvador Allende.
    Muchos oficiales seleccionados para servir en la Dina recurrieron a los más rebuscados argumentos para evitar ese destino. Otros, los menos, marcharon gustosos a la cruzada en contra del comunismo que pregonaba el “Mamo”. Hoy, estos últimos cumplen o ya cumplieron penas por crímenes de lesa humanidad y son los que conformaron el núcleo duro de la represión entre 1973 y 1978. A partir de ese último año, cuando la Dina ya había sido reemplazada por la Central Nacional de Informaciones (CNI), y Contreras trataba de evitar las investigaciones judiciales por los asesinatos del general Carlos Prats, en Buenos Aires, en septiembre de 1974; del ex canciller Orlando Letelier, en Washington, en septiembre de 1976; y por el atentado en contra del dirigente democratacristiano Bernardo Leighton, en Roma, en octubre de 1975, el general Pinochet optó por involucrar en las tareas represivas a la Dine y a las estructuras más secretas del ejército, hasta ese momento sólo preocupadas de la seguridad externa.

    EL BRAZO ARMADO
    En 1981, Pinochet eligió a la Dine para que asesinara a Tucapel Jiménez, dirigente sindical socialdemócrata que amenazaba agrupar a las organizaciones laborales opositoras. También ordenó a la Dine que eliminara al ex presidente de la República Eduardo Frei Montalva, quien fue inoculado con una sustancia tóxica cuando se recuperaba de una operación gástrica en la Clínica Santa María. El dictador involucró luego a oficiales de la Dine y de los altos mandos del ejército en sus propios negocios turbios: adquisición de propiedades, coimas, depósitos ilegales en el extranjero e incluso narcotráfico, según revelaciones del propio Manuel Contreras en los últimos años.
    A mediados de la década de los 80, cuando los tribunales de justicia empezaron tímidamente a investigar algunos crímenes de la dictadura, en instancias hasta ahora no bien precisadas se diseñaron estructuras de protección para los agentes más buscados. Algunos magistrados y detectives de la policía de Investigaciones sostienen que para crear “nidos” en el exterior que cobijaran a los prófugos se recurrió a agentes de espionaje y vínculos establecidos en el denominado Plan Cóndor, una instancia de colaboración entre policías secretas de las dictaduras del Cono Sur en cuya formación tuvo un papel protagónico el “Mamo” Contreras.
    Así, por ejemplo, se recurrió a contactos en Brasil para refugiar a Raúl Osvaldo Romo Mena, agente civil de la Dina que trabajó en la represión del MIR. También se apeló a los paraguayos para esconder en ese país a Miguel Estay Reyno, “El Fanta”, desertor del Partido Comunista que colaboró con el Comando Conjunto de la Fuerza Aérea en la captura y asesinato de militantes de las Juventudes Comunistas en los años 1975 y 1976. En el caso de oficiales aún en servicio activo se optó por ubicarlos como agregados militares en embajadas de Chile.
    Paralelamente, desde el Ministerio de Justicia se ejerció un férreo control sobre el nombramiento de los jueces y en la Fiscalía Militar, bajo la conducción del coronel (J) Fernando Torres Silva, se diseñaron estrategias de defensa para los uniformados que se vieran obligados a declarar en los tribunales.
    Tras el retorno de la democracia, Pinochet -al frente de la comandancia en jefe del ejército- ordenó al director de la Dine, el hoy suicidado general Hernán Ramírez, que sacara del país al químico Eugenio Berríos, fabricante de gas sarín en tiempos de la Dina y más tarde vinculado a la producción de estupefacientes. Ramírez formó un grupo de tarea con oficiales y suboficiales de la Brigada de Inteligencia del Ejército (BIE) y de las unidades de espionaje y contrainteligencia, y sacó a Berríos hacia Argentina con destino final en Uruguay, donde finalmente fue asesinado con cinco balazos en la nuca y sepultado en una playa, boca abajo y con las manos atadas a la espalda con alambre, replicando una amenazante ejecución mafiosa.
    Las maniobras para esconder ese crimen se extendieron por casi veinte años. Pero al final tanto los autores como los encubridores terminaron sentenciados a largas condenas, incluido otro de los ex directores de la Dine, el general Eugenio Covarrubias Valenzuela, quien la comandó entre 1991 y 1996, que fue condenado a 15 años de cárcel, y el propio ex auditor militar, Fernando Torres, condenado a diez años.
    Entre los autores también figuran tres oficiales uruguayos -Tomás Casella Santos, Eduardo Radaelli Copolla y Wellington Sarli Pose-; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco alias “Francisco Valenzuela”, ex miembro de la Dina, de la CNI y del BIE; y, el mayor (r) Arturo Silva Valdés, autor material del asesinato de Berríos, ex miembro del Servicio Secreto de la Dine. Este último oficial, miembro del arma de Caballería, jugador de polo, de refinados gustos, considerado por algunos de sus ex camaradas como “el James Bond chileno”, fue enviado junto a otros agentes de inteligencia a formar parte del equipo de seguridad de Agustín Edwards, propietario del diario El Mercurio, luego de que su hijo Cristián fuera secuestrado por el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en 1992. Por esos mismos días la revista Qué Pasa publicó un reportaje donde se entregaron antecedentes que revelaban la participación de Silva Valdés en el secuestro y asesinato de Berríos. El propio oficial acudió a hablar con el director de ese medio, Cristián Bofill, hoy director de Canal 13, para desmentir la información, petición que fue acogida por el medio.
    La Dine también participó en la protección de los oficiales involucrados en una financiera ilegal, conocida como “La Cutufa”, que funcionó al interior del ejército desde mediados de los 80 hasta bien avanzados los años 90. Algunos jueces y detectives también creen que la Dine tuvo injerencia en los asesinatos del periodista inglés Jonathan Moyle, cuyo cadáver fue encontrado en su habitación del Hotel Carrera en marzo de 1990, y del coronel Gerardo Huber Olivares, en enero de 1992.

    EL CORONEL HUBER
    En 1974 Huber se incorporó a la Dina y fue enviado a Argentina para infiltrar grupos que apoyaban al MIR chileno. De regreso en el país, trabajó con el norteamericano Michael Townley en la creación de armas químicas para la “guerra antisubversiva”. Al promediar los 80, Huber fue destinado al complejo químico del ejército en Talagante y en marzo de 1991, fue trasladado a la Dirección de Logística donde se hizo cargo de la compra y venta de armamentos en el exterior.
    La causa por la muerte de Huber durmió en los tribunales durante trece años caratulada como “suicidio”, hasta que el juez Claudio Pavez asumió el caso en septiembre de 2005 y decidió caracterizarla como homicidio calificado. Pavez reunió antecedentes de otros procesos donde se describían las formas de operar de los servicios de inteligencia a fines de los 80 y comienzos de los 90.
    En marzo de 2006 el juez Pavez sometió a proceso a cinco altos oficiales en retiro como autores de asociación ilícita para ocultar el asesinato del coronel Huber. Ellos son el general (r) Eugenio Covarrubias, jefe de la Dirección de Inteligencia del Ejército (Dine) en 1992; el general (r) Víctor Lizárraga Arias, subdirector de la Dine en la misma época; el general (r) Carlos Krumm, ex director de Logística; el brigadier (r) Manuel Provis Carrasco, ex jefe del Batallón de Inteligencia del Ejército (BIE); y el capitán Julio Muñoz, amigo de Huber y ex miembro del BIE.
    María Inés Horvitz, abogada del Consejo de Defensa del Estado (CDE), declaró poco después que “todo apunta a la intervención bastante directa de Víctor Lizárraga y Manuel Provis”, como autores materiales de la muerte del coronel Huber.
    Según antecedentes reunidos en aquel proceso, medio centenar de oficiales y suboficiales de la Dine y el BIE juraron incondicional lealtad a Pinochet en 1996. Algunos de ellos se confabularon para evitar que el coronel Huber revelara lo que sabía acerca del comercio ilícito de armas y sustancias químicas, emprendido desde diversas instancias castrenses en búsqueda de lucro para un pequeño número de oficiales del Alto Mando.
    El juez Pavez tuvo a la vista, por ejemplo, una declaración del 30 de noviembre de 2003 tomada en Holanda por dos detectives al ex suboficial Rodrigo Peña González, integrante en 1989 del Batallón de Mantenimiento de Material Blindado y Artillería. Este afirmó que el coronel Huber le entregó documentos sobre tráfico de armas y una droga mortal elaborada por el ex químico de la Dina Eugenio Berríos. Según Peña, el coronel Huber pensaba entregar esos documentos al periodista británico Jonathan Moyle, iniciativa que se vio frustrada cuando el reportero apareció muerto en su habitación del Hotel Carrera. Peña, quien pidió asilo político en Holanda en 2001, relató que Huber le entregó otros documentos con antecedentes sobre compra de armas a Israel y ventas a países árabes.
    Según las presunciones del juez Pavez, el coronel Huber habría sido secuestrado por agentes del BIE y conducido a un recinto secreto de la Escuela de Inteligencia del Ejército (EIE) en Nos, donde también funcionaba el Laboratorio de Guerra Bacteriológica del Ejército, que en 1992 dependía del director de la Dine, general Eugenio Covarrubias.
    Manuel Provis, ahora preso en Punta Peuco, trabajó codo a codo con el mayor (r) Alvaro Corbalán en el cuartel Borgoño de la CNI, y fue uno de los principales operadores de la inteligencia militar tras el retorno de la democracia en 1990. Provis estaba al mando del BIE -con base en la calle García Reyes de Santiago-, en estrecho contacto con la Central de Información y Coordinación, unidad que tenía a cargo las escuchas telefónicas y la recolección de datos provenientes de las comunicaciones policiales internas.

    “CONTROL DE BAJAS”: VIAJES SEGUROS
    El BIE mantenía en Viña del Mar, en la calle Alvarez, un cuartel de escucha del Congreso Nacional que funcionó en 1990 y 1991. Cerca de allí otro grupo de agentes, encubiertos en un local que aparentaba ser una compraventa de automóviles, desarrollaban tareas de apoyo. La vigilancia electrónica de diputados y senadores era apoyada por camionetas que se estacionaban en sectores cercanos al edificio. Una camioneta Volks-wagen cerrada, de color crema, perteneciente también al Departamento de Inteligencia de Comunicaciones, se estacionaba en la Plaza O’Higgins, vecina al Congreso Nacional. En ella, un equipo de escucha no dejaba de funcionar. Este trabajo era apoyado por agentes encubiertos que frecuentaban la sede del Legislativo. Uno de ellos, un hombre alto y de bigotes, asistía a la sesiones y recogía fotocopias de documentos considerados importantes que le entregaba un anónimo contacto en el corazón del Parlamento.
    Toda esa información era procesada y clasificada por un equipo de a lo menos ocho hombres, varios de ellos civiles, que actuaban como analistas de inteligencia. Uno de ellos era sobrino del general (r) Hugo Salas Wenzel, ex director de la CNI.
    En un ámbito del BIE conocido por algunos como G-4, dirigido por un capitán, existía una unidad confidencial que realizaba operaciones especiales. Una de ellas, denominada “Sistema de Control de Bajas”, era la estructura destinada a sacar del país a los agentes en peligro de quedar expuestos ante la justicia o que mostraban debilitamiento en su lealtad a Pinochet. Esa unidad se vinculaba con el Departamento de Servicio Secreto de la Dine y con algunas instancias de la justicia militar, dirigidas por el auditor Fernando Torres, ahora preso en Punta Peuco.
    Entre los agentes que fueron sacados al exterior para protegerlos de la justicia estuvieron Carlos Herrera Jiménez, “El Mauro”, ejecutor de Tucapel Jiménez, y Arturo Sanhueza Ross, “El Huiro”, quien se inició, siendo teniente, como agente de seguridad persiguiendo a guerrilleros del MIR en Neltume, a comienzos de los 80. Más tarde hizo “méritos” para ser trasladado a la Dine y fue destinado al equipo de ejecutores que efectuó asesinatos como los del 7 de septiembre de 1983 en las calles Fuenteovejuna 1330, de Las Condes, y Janequeo 5707, de Quinta Normal, que costaron la vida a cinco dirigentes y militantes del MIR. El 4 de septiembre de 1989, Sanhueza Ross participó en el asesinato del dirigente mirista Jécar Nehg-me Cristi. Hoy se conoce que ese equipo de ejecución de la Dine tenía un objetivo alternativo a Nehgme: el periodista Manuel Cabieses Donoso, director de Punto Final.

    Manuel Salazar Salvo

    (Publicado en “Punto Final”, edición Nº 835, 21 de agosto, 2015)

    Ninguna calle lleva tu nombre, compañera.

    DestacadoNinguna calle lleva tu nombre, compañera.

    Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas

    ¿DONDE ESTAN SUS HIJOS?

    La irracionalidad pudo más: durante la dictadura militar las llevaron detenidas estando embarazadas y las hicieron desaparecer junto con sus hijos. Nada se sabe de esos niños, que hoy serían veinteañeros.
    La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) registra nueve casos de mujeres embarazadas cuya suerte se desconoce. Este año ( se inició una campaña para ubicar a sus hijos, eventualmente nacidos en cautiverio, que contempló una línea telefónica. Sin embargo, según Graciela Zúñiga, integrante de la AFDD, “la campaña no funcionó, en parte debido a nuestras carencias, a limitaciones tan simples como la imposibilidad económica para sacar más afiches. Aun así, tenemos mucha paciencia. Hemos estado treinta años buscando y exigiendo. Tal vez nos queden otros treinta años para poner en el tapete la situación de las detenidas desaparecidas embarazadas”.
    Imaginar a mujeres embarazadas detenidas desaparecidas es algo que conmueve e impacta, especialmente en Latinoamérica donde la imagen de la madre es muy fuerte. Para la AFDD es un desafío: “De alguna forma, este tema rompe un discurso patriarcal que a nosotras mismas nos hace hablar de ‘detenidos desaparecidos’, aunque somos una organización principalmente de mujeres. Nos olvidamos de las 75 mujeres detenidas desaparecidas y de las nueve embarazadas: no las reivindicamos; son luchadoras de Izquierda, se olvida su historia con roles protagónicos dentro de la sociedad”, señala Graciela.
    Los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas son complejos y el impacto en las familias es brutal. “En cierta forma, las madres de ellas se sienten abuelas, piensan en nietos de más de veinte años y cada antecedente falso les genera nuevos dolores”, dice la encargada de recursos de la AFDD.
    Hasta ahora, los resultados de la búsqueda han sido nulos. “Hemos escuchado mil historias del paradero de los hijos, pero no tenemos ninguna prueba que nos permita seguir el hilo -dice Graciela-. Hay antecedentes sobre Colonia Dignidad, pero está claro que realizar investigaciones adentro es como entrar en la dimensión desconocida. Además, varios casos fueron sobreseídos. No se puede afirmar fehacientemente que los hijos nacieron. Y si hubo partos, los funcionarios médicos que habrían atendido esos alumbramientos no han roto su pacto de silencio”.
    Viviana Díaz, ex presidenta de la AFDD, también lamenta los escasos avances judiciales y señala que “nunca se consideró a la madre con el hijo, como si el hijo no importara. Pero era un ser vivo que estaba en el vientre de la madre”. De ahí la importancia de la campaña.

    Uno de los referentes en esta lucha de la AFDD fue la Agrupación de Abuelas de Detenidos Desaparecidos, de Argentina. Los militares argentinos entregaron clandestinamente en adopción a cerca de dieciséis hijos de detenidas desaparecidas, y algunos fueron descubiertos tras largas investigaciones. En Chile, la inquietud por la búsqueda de esos hijos es de más larga data que en Argentina, pero también ha sido más lenta. Se ha perdido un tiempo valioso, aunque todavía no es demasiado tarde: después de más de 25 años las abuelas y familiares se han agrupado, se han reabierto procesos y una orden judicial ha llevado a investigar un hogar de menores.

    ESPERANZA Y MEMORIA HISTORICA
    Olivia Saso, 77 años, es la madre de la embarazada desaparecida Cecilia Labrín. Habla con preocupación de los posibles hijos nacidos en reclusión: “Tengo referencias de que mi nieta nació en cautiverio el 5 de marzo y pesó 3 kilos 200.

    Es decir, tengo datos concretos. Me sentí muy ilusionada con ella, mi primera nieta. En 1975 tuve una reunión con el ministro del Interior, general César Benavides; me dijo que mi hija dio a luz. Después anónimamente me avisaron que a Cecilia la llevaron a un control de maternidad en el Hospital Barros Luco. Aunque siempre me han dicho que no se pueden hacer investigaciones judiciales sin nombres concretos, creo que es posible que los torturadores adoptaran a los hijos de las detenidas, como sucedió en Argentina. Además, no es descabellado suponer que una mujer con siete u ocho meses de embarazo haya tenido su hijo”.

    En este drama afectivo las posiciones pueden ser contrapuestas. Por ejemplo, Graciela Zúñiga dice que si se basa en su sensibilidad femenina no cree que existan hijos de detenidas desaparecidas. “Yo soy pareja de Alvaro Barrios, un detenido desaparecido del MIR. Desde mi convicción de mujer, desde mis ovarios, siento que las embarazadas detenidas desaparecidas no tuvieron sus hijos, debido a la brutalidad con que se aplicaron las torturas.

    Pienso que esas chiquillas murieron junto con sus hijos, pero es una opinión muy personal y sé que puede herir sentimientos. Y si los hijos efectivamente nacieron, no creo que a ellas las hayan ingresado en los hospitales con sus nombres verdaderos”, acusa.
    Por su parte, el dolor, la esperanza y la ternura de madre y abuela de la señora Olivia Saso la hacen pensar en una hija y una nieta vivas. “Para mí, aunque soy católica, creo que no tienen perdón de Dios. Mi corazón sangra cuando hablo de mi hija, es una tortura que creo tenemos todas las mamás de detenidos desaparecidos. Yo, al principio, estaba medio loca, veía una niña pequeña por ahí y le miraba la carita. Era una verdadera sicosis. Aunque eso pasó, no dejo de recordar el cumpleaños de mi nieta, que en estos momentos tendría 27 años y sería mi nieta mayor. Ella, en mi corazón y en mi casa, está viva y presente. Aunque no la conocí, le puse Daniela y creo que puede estar viva. Si es así, lo único que quiero es que la familia que la crió le haya inculcado valores y la quiera como nosotros la hubiéramos querido”, susurra la hoy bisabuela y matriarca de un hogar de ocho personas de la comuna de La Reina.
    Para Graciela Zúñiga, lo principal es el rescate de la memoria histórica. “Nosotros tenemos que reivindicar la memoria de todas nuestras víctimas. Como feminista, creo que debemos reivindicar la maternidad y le pido a la sociedad un poco de coherencia. Si la maternidad es tan valiosa, asumamos una parte de nuestra historia que es extremadamente negra, fea y dolorosa. Se puede reivindicar el nombre de estas mujeres con gestos pequeños: una calle en el barrio donde vivieron, una maternidad que lleve sus nombres, una sala cuna en el lugar donde trabajaron”.
    Por su parte, Olivia Saso se muestra crítica frente a la “fiebre de memoria de los treinta años”. Que los medios de comunicación muestren los horrores de la dictadura es, para ella, “simplemente un mea culpa y no que estén realmente interesados en dar una respuesta completa”. Sin embargo, se manifiesta esperanzada en los jóvenes. “La mayoría de los estudiantes de servicio social no conoció a Cecilia -quien también optó por esa carrera-, pero le hacen homenajes y me llaman para que les hable de ella. Los veo comprometidos e interesados. Yo estoy orgullosa de lo que hacía mi hija, trabajaba en las poblaciones y siempre sacaba un paquetito de alimentos de mi casa y me decía ‘gorda, ellos no tienen nada’. Eso recién lo entiendo hoy. A esos jóvenes les digo que mi hija no en vano dio su vida. Y aunque suene extraño, yo no quiero un hueso suyo. Ella vive entera, y aunque me digan que soy ilusa sueño con que un día va a tocar el timbre de mi casa”.
    Graciela Zúñiga afirma que aún falta dimensionar lo sucedido con las embarazadas desaparecidas. Por eso, la AFDD pidió que se designe un juez con dedicación exclusiva en el caso de estas mujeres. Viviana Díaz dice: “Queremos que quienes torturaron a Michelle Peña digan si su hijo murió en las torturas, o si ese niño o niña fue a manos de sus aprehensores. Todavía mantengo la esperanza de que alguno de los torturadores se decida a decir qué pasó con ellas. Más de alguna guagua debió nacer en cautiverio, y tal vez hoy sean jóvenes que no saben de su situación”

    LUIS KLENER HERNANDEZ
    RECUADRO 1

    Una familia destruida

    En este carnaval de horrores no sólo hay detenidas desaparecidas embarazadas. También hay cuatro mujeres embarazadas que fueron ejecutadas: Beatriz Elena Agüero, de 26 años; Sonia Norambuena Cruz, de 34; Alva Guida Grandón, de 29, y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de 25 años, quien tenía tres meses de embarazo cuando fue asesinada.
    Mónica Pacheco era hija de campesinos y ejercía como profesora básica en un colegio de Quilicura. Se casó con Roberto Gallardo Moreno, también ejecutado político. Su suegra, Ofelia Moreno, hoy de 78 años, la recuerda con cariño, igual que a los otros cuatro familiares ejecutados por la dictadura: su esposo Alberto Gallardo Pacheco, militante comunista de 62 años; su hijo Roberto Gallardo Moreno; su hija Catalina Ester Gallardo Moreno (29), y el esposo de ésta, Juan Rolando Rodríguez Cordero (31), militantes del MIR.
    Mónica y Roberto se conocieron en la Acción Católica, el año 70. “En su matrimonio hubo un tremendo letrero de Cristianos por el Socialismo y pensé que eran socialistas -dice Ofelia Moreno-. Pero después los diarios dijeron que eran miristas”. Ella recuerda que en 1973 a Roberto le pedían el certificado del servicio militar, por eso ingresó al ejército. Le ordenaban cosas con las que no estaba de acuerdo, pero a fines del 73 logró que lo dieran de baja. “El año 75 nos llevaron a todos detenidos y ahí empezó el drama”, señala Ofelia. Al quedar en libertad, comenzó a buscar a sus familiares. “A las tres semanas me dijeron en la Vicaría que fuera a buscar los cuerpos de mi hijo, mi hija y mi nuera”. Mónica Pacheco fue asesinada con tres meses de embarazo. “Su cuerpo estaba completamente desfigurado”, recuerda Ofelia.
    Agrega que en la operación participó el general Ernesto Baeza, entonces director de Investigaciones. “El nos detuvo y me dejó libre después. El general Baeza mandó a mi familia a Villa Grimaldi y levantó la calumnia de que eran extremistas. Tuve un comparendo con él, y mintió todo. Me dejó como una loca, pero cuando íbamos en el ascensor no subió en el mismo piso, sino más abajo. Mi nieta lo vio, se enfureció y empezó a gritarle ‘¡Asesino!’, en su cara. ¡Ese es mi único alivio!”

    Historias de vida y muerte

    Todas las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas eran menores de 30 años. En la actualidad, sus hijos tendrían entre 25 y 28 años. Cuatro de ellas eran miristas, dos eran comunistas, dos socialistas y una del Mapu. Seis de ellas fueron apresadas con sus parejas. En total, quedaron siete hijos huérfanos.
    Cecilia Bojanic Abad tenía 23 años, era secretaria y estaba embarazada de cuatro meses y medio. Se había casado con Flavio Oyarzún Soto (27), también detenido desaparecido. Ambos militaban en el MIR. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dina que los condujeron a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Alamos, desde donde desaparecieron. El día de la aprehensión, detuvieron a Cecilia junto a su hijo de un año y medio. La subieron a un automóvil para llevarla a la casa de su hermana Ximena, donde apresaron a Flavio y abandonaron al menor. El hijo que esperaba debería haber nacido en febrero de 1975.
    Tres de las embarazadas desaparecidas eran asistentes sociales de la Universidad de Chile. La primera en desaparecer fue María Cecilia Labrín Saso, militante del MIR con dos meses de embarazo. Fue detenida por la Dina el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas. Aunque se encontraba en cama porque su embarazo presentaba complicaciones, le dijeron que sólo deseaban hablar con ella por su trabajo en la Corvi. María Cecilia se levantó y los acompañó a la 23 Comisaría de Carabineros de La Reina. Su madre, Olivia Saso, insistió en acompañarla, pero no la dejaron. Como no retornaba, la madre acudió esa noche a la 23 Comisaría de Carabineros donde le informaron que no sabían nada al respecto. Fue a otras comisarías y a Investigaciones: tampoco encontró respuesta. Dos días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta el domicilio de Sergio Vesely Fernández, militante del MIR buscado por la Dina. Allí la recibió la madre de éste, quien declaró que la acompañaba un civil y que tenía los ojos llorosos. La joven abrazó a esta mujer y el desconocido la sacó del lugar. Cuando en noviembre de 1992 Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información relacionada con detenidos desaparecidos, dijo que María Cecilia Labrín estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Alamos. Su madre sostiene que nació una niña durante el cautiverio.
    Otra asistente social embarazada era Elizabeth Mercedes Rekas Urra, de 27 años, con un hijo en gestación de cuatro meses. Trabajaba en el Metro y estaba casada con Antonio Elizondo. Eran militantes del Mapu y fueron detenidos por la Dina el 26 de mayo de 1976. Dos días antes habían aprehendido al hermano de Elizabeth, quien fue interrogado en Villa Grimaldi por las actividades de su hermana. Por un relato de un fugado de Colonia Dignidad existe información no confirmada de que habría estado allí. Su hijo debería haber nacido en octubre de 1976.
    Jacqueline Droully fue detenida el 30 de octubre de 1974, con tres meses de embarazo. Cursaba cuarto año de la carrera de trabajo social y es la única que aparece en la nómina de los “119”. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e Investigaciones, los 119 detenidos desaparecidos habrían estado en Colonia Dignidad. Sin embargo, todas las investigaciones para comprobarlo han fracasado. Si nació, el hijo de Jaqueline tendría hoy 27 años.
    Gloria Esther Lagos Nilsson, secretaria, casada y madre de tres hijos, estaba embarazada de dos meses al momento de su detención. Militaba en el MIR y fue secuestrada por la Dina en su domicilio, el 26 de agosto de 1974, en presencia de su hijo de 10 años. Antes habían detenido a su pareja. Se sabe que estuvo en Cuatro Alamos. Su caso fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, en junio de 1981.
    Michelle Marguerite Peña Herreros era estudiante de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, y militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue detenida por la Dina el 20 junio de 1975. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento. Su madre sostiene que en los primeros días de julio de 1975 nació un niño en la maternidad del Hospital de la Fach y, según un estudio del Codepu, Michelle “pudo ser recluida en el antiguo hospital del pulmón ubicado en el Cajón del Maipo”. Fue detenida en su casa junto a Ricardo Lagos Salinas, dirigente socialista en la clandestinidad. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi. Igual que en otros casos, el sumario fue sobreseído temporalmente, pero su familia presentó una denuncia ante organismos internacionales. Michelle había nacido en Francia y su madre huyó de la España republicana derrotada.
    Nalvia Rosa Mena Alvarado era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 20 años al momento del secuestro; estaba casada con Luis Emilio Recabarren González y ya tenían un hijo de dos años y medio. Nalvia tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina junto a su esposo, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo pasaron a buscar a Luis Emilio a su lugar de trabajo para volver juntos al hogar, pero los dos adultos nunca llegaron a destino mientras el menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi. Testigos señalan que pese a los gritos y súplicas de Nalvia, los captores la golpearon en el vientre y la subieron en estado inconsciente al vehículo en que se movilizaban.
    Reinalda del Carmen Pereira Plaza era hija única y esperaba su primer hijo. Tecnóloga médica y militante del Partido Comunista, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y debería haber dado a luz en marzo de 1977. Igual que a otras siete personas, la detuvieron brutalmente en la vía pública. Había salido a buscar trabajo y a hacerse exámenes médicos. Cerca de las 20.30 horas sorpresivamente se detuvo un automóvil, la redujeron y la metieron al auto no sin antes golpear su cabeza contra el borde de la puerta. El ministro Carlos Cerda logró que testigos reconocieran que en los hechos estuvo presente el agente Roberto Fuentes Morrison, alias “El Walli”. El juicio por detención fue sobreseído definitivamente mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. El informe de la mesa de diálogo señaló que los restos de Pereira estarían en la cuesta Barriga, “pero muy a nuestro pesar tenemos que decir que ese fue un informe falso”, dice hoy Graciela Zúñiga.
    Gloria Ximena Delard Cabezas habría salido de Chile tras una acción planificada por su padre médico. En 1977, a los 23 años, fue apresada en Buenos Aires, donde estudiaba economía. Estaba casada con Roberto Cristi, tenía tres hijos y un embarazo de tres meses. Fue secuestrada junto a su esposo, ambos eran militantes del MIR. Tras la detención, dos de sus hijos fueron enviados a orfanatos y su hija Victoria quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Ex presos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Gloria habría dado luz a una niña. Las abuelas de la Plaza de Mayo recolectaron estos antecedentes e iniciaron una búsqueda hasta ahora sin resultados.
    La primera investigación sobre las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas la realizó un equipo del Codepu, en 1992. El libro Todas íbamos a ser reinas relata la vida de estas nueve mujeres. Fue el primer indicio de que algunas de ellas fueron llevadas a Colonia Dignidad y que otras podrían haber dado a luz en hospitales como el Barros Luco o el de la Fach.
    Quienes quieran obtener más información sobre este tema pueden hacerlo en la dirección electrónica www.memoriaviva.org. Y quien tenga antecedentes verificables, que los comunique al Codepu

    Barbara Uribe Tamblay, desaparecida, embarazada.

    http://www.blest.eu/biblio/presos/cap2.html

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    La Nación

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    Marta R. Zabaleta

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    mundosocialista.net

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    EN LAS CALLES NOS ENCONTRAMOS

    Una recopilación de afiches, rallados, pancartas, lienzos, stencils, convocatorias y mensajes callejeros en general (culturales, políticos, sociales, ecológicos, educacionales, futbolísticos) del Chile de los últimos años. Las imágenes en las que no se señala fuente son propias. Blog publicado desde el 14 de abril de 2015.

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