Consenso y Disenso en la Memoria Histórica y en las Actitudes Hacia la Reparación en Tres Generaciones de Chilenos.

Resumen

CARVACHO, Héctor et al.

Consenso y Disenso en la Memoria Histórica y en las Actitudes Hacia la Reparación en Tres Generaciones de Chilenos. Psykhe[online]. 2013, vol.22, n.2, pp. 33-47. ISSN 0718-2228.  http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.22.2.601.

El análisis de una pregunta abierta muestra consenso intergeneracional y entre grupos políticos en que el golpe de Estado de 1973 y la transición a la democracia son los elementos centrales de la historia política chilena. Usando un modelo de ecuaciones estructurales, se encontró que los grupos políticos disienten en su valoración de las políticas de reparación (la izquierda tiene actitudes más positivas), en función de las actitudes ideológicas que subyacen a la orientación política.

Palabras clave : generaciones; memoria histórica; socialización política; orientación política; actitudes ideológicas.

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En 2 estudios correlacionales, con muestras basadas en cuotas de nivel socioeconómico, edad y género (N1 = 996 y N2 = 841), en Santiago de Chile se evaluaron 2 hipótesis: (a) chilenos que se socializaron políticamente en diferentes épocas (previa, durante y posterior a la dictadura) y que tienen diferente orientación política (izquierda, centro o derecha) manifiestan consenso en su memoria histórica, pero disenso en su valoración de las políticas de reparación hacia víctimas de la dictadura y (b) las actitudes ideológicas (autoritarismo, apoyo a la democracia y orientación a la dominancia social) explican las diferencias en la valoración de las políticas de reparación. El análisis de una pregunta abierta muestra consenso intergeneracional y entre grupos políticos en que el golpe de Estado de 1973 y la transición a la democracia son los elementos centrales de la historia política chilena. Usando un modelo de ecuacionesestructurales, se encontró que los grupos políticos disienten en su valoración de las políticas de reparación (la izquierda tiene actitudes más positivas), en función de las actitudes ideológicas que subyacen a la orientación política.

Palabras clave: generaciones, memoria histórica, socialización política, orientación política, actitudes ideológicas


In 2 correlational studies conducted in Santiago de Chile (N1= 996 and N2= 841) —with samples based on quotas of socioeconomic status, age, and gender— 2 hypotheses were tested: (a) that Chileans socialized in different political context (before, during or after the dictatorship) and who have different political orientations (left, center or right) exhibit consensus in their historical memory, but differ concerning the evaluation of reparation policies toward victims of the dictatorship, and (b) that ideological attitudes (authoritarianism, support for democracy, and orientation towards social dominance) explain differences in the evaluation of the reparation policies. Analysis of an open question showed consensus between generations and between political groups about considering the coup d’état in 1973 and the transition to democracy as the central elements of Chilean political history. Results of structural equation modeling showed that political groups differ in their evaluation of reparation policies (with the left being more supportive). Dissent was explained by the ideological attitudes underlying the left-right distinction.

Keywords: generations, historical memory, political socialization, political orientation, ideological attitudes


¿Qué tan profundo es el impacto de los eventos políticos más importantes de la historia en la cultura política de un país? ¿Es posible hablar de generaciones que son definidas por su experiencia compartida en torno a uno de estos eventos? Durante los últimos 100 años no hubo un evento más relevante para la historia política chilena que el golpe de Estado de 1973 y la subsecuente dictadura que duró 17 años. A través de dos estudios, buscamos, en primer lugar, explorar el impacto que tuvo la dictadura en la cultura política chilena y, en particular, si la memoria es afectada por el contexto político en el que las personas han sido socializadas: antes, durante o después de la dictadura. En segundo lugar, examinamos la relación entre las actitudes sociales que subyacen la orientación política y las actitudes sobre las políticas de reparación hacia las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La relevancia del golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 y la dictadura encabezada por Pinochet hasta Marzo de 1990 se refleja en el estudio de la memoria histórica en Chile. Esta línea de investigación se ha concentrado en identificar cómo la memoria histórica se construye usando el golpe de Estado y la dictadura como sus referentes más importantes (e.g., Arnoso, Cárdenas & Páez, 2012; Escobar & Fernández, 2008; Haye, 2003; Manzi, Helsper, Ruiz, Krause & Kronmüller, 2003; Piper, 2005; Prado & Krause, 2004; Tocornal, 2008; Waldman, 2009). Se han descrito, por un lado, los patrones discursivos de los distintos grupos ideológicos involucrados en el conflicto (e.g., Manzi et al., 2004; Ruiz & Krause, 2003) y, por otro, las diferencias entre generaciones que fueron socializadas en distintos contextos políticos (Arnoso et al., 2012; Concha, Guichard & Henríquez, 2009; Guichard & Henríquez, 2011; Manzi et al., 2003).

En los estudios que reportamos en este artículo buscamos extender esta línea de investigación, abordando, en primer lugar, los aspectos consensuales de la memoria intergeneracional y, en segundo lugar, los elementos ideológicos que subyacen al disenso entre grupos ideológicos.

Memoria y Generaciones Políticas

El concepto de generación política viene de la tradición de la sociología del conocimiento y fue usado inicialmente por Karl Mannheim (1952), quien postuló que las condiciones socio-históricas en que las personas viven definen sus posibilidades de conocimiento. De este modo, un grupo de personas que comparten un cierto tiempo o época deberá estar marcado por las condiciones socio-históricas específicas de ese tiempo. Este grupo corresponde a una generación.

El desarrollo posterior del concepto fue influido por la psicología del desarrollo. La discusión se centró en vincular el desarrollo psicológico individual con los procesos socio-históricos desde dos perspectivas dominantes. La primera, más prominente en la sociología, se centra en el concepto de trayectorias individuales de vida (Mayer, 2009), observando el impacto en ellas de las estructuras macrosociales y de las instituciones. La segunda ha predominado en la psicología y se basa en el concepto de ciclo vital (Baltes, 1987; Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999), reconociendo una multiplicidad de elementos que convergen para explicar los procesos de cambio: factores del desarrollo; dinámicas de crecimiento y ganancia, por un lado, y deterioro y pérdida, por otro; factores históricos y otros elementos de la estructura sociocultural; plasticidad en el desarrollo y procesos de adaptación.

Desde la perspectiva psicológica, se ha derivado la hipótesis de los años impresionables, que subyace a la idea de generaciones políticas (Alwin & Krosnick, 1991; Osborne, Sears & Valentino, 2011; Sears & Valentino, 1997; Valentino & Sears, 1998). Esta hipótesis plantea que el final de la adolescencia y el comienzo de la adultez joven constituyen etapas en que las personas son especialmente susceptibles de ser impactadas por su entorno socio-histórico. Como resultado, las experiencias políticas que son vividas en estas etapas del ciclo vital juegan un rol central en la consolidación de las configuraciones ideológicas, incluida la memoria, y permanecerán estables por el resto de la vida. El estudio de las generaciones políticas ha sido de central importancia para la investi gación sobre memoria histórica. La proximidad de eventos históricos relevantes a los años impresionables deja una marca importante en la forma en que las personas construyen su memoria, siendo estos eventos recordados y catalogados como los más importantes para la sociedad (Schuman & Corning, 2006; Schuman & Rodgers, 2004; Schuman & Scott, 1989).

En el caso chileno, las investigaciones en el tema han mostrado resultados mixtos. Por un lado, cuando se ha preguntado por los eventos más importantes de la historia, los resultados muestran un consenso en torno a la centralidad del golpe de Estado entre generaciones socializadas antes, durante y después de la dictadura (Manzi et al., 2003). Estos resultados llevaron a Manzi et al. (2003) a concluir que, a pesar de la existencia de un componente generacional, la prominencia del golpe para la memoria histórica chilena es tal que sobrepasa las diferencias generacionales. Por otro lado, en un estudio más reciente, en el que los participantes debían mencionar un evento que hubiese ocurrido durante el transcurso de sus vidas, los resultados mostraron que el golpe de Estado es central para quienes lo vivieron en sus años impresionables o después, pero para quienes lo vivieron a muy temprana edad la vuelta a la democracia cobra mayor relevancia (Concha et al., 2009; Guichard & Henríquez, 2011). Esta idea es concordante con la de la existencia de una nueva generación posterior al plebiscito que puso fin a la dictadura (Toro, 2008). Tanto el estudio de Manzi et al. (2003) como el de Guichard y Henríquez (2001 presentan limitaciones que deben ser abordadas. Una de las limitaciones del estudio de Manzi et al. (2003) es que se llevó a cabo en un periodo en que la figura de Pinochet estaba en el centro de la discusión pública, pues en esa época había sido detenido en Londres por el juicio que se llevaba en su contra por crímenes contra la humanidad. Esto pudo haber hecho saliente los eventos conectados con la dictadura, causando que el nivel de consenso encontrado fuera mayor (ver Jelin, 2001). Se vuelve relevante, entonces, replicar el estudio en un momento en que no haya una contingencia noticiosa que influya directamente en los resultados. El estudio de Guichard y Henríquez (2011), por su parte, solo permitió identificar hechos que ocurrieron durante la vida de los entrevistados, por lo que la valoración del golpe de Estado por parte de las generaciones jóvenes no se exploró. A pesar de que el golpe de Estado es un evento que los jóvenes no vivieron personalmente, la transmisión intergeneracional podría haberlo convertido en el evento más relevante pare ellos.

Memoria e Ideología

Desde Halbwachs (1925) y Bartlett (1932), la memoria histórica se concibe como una dimensión social y una construcción colectiva. Más aún, en los últimos años se ha mostrado cómo los procesos de categorización e identificación grupal tienen un impacto directo en la memoria (Haye, 2003; Sahdra & Ross, 2007). Haye (2003) mostró experimentalmente que la identidad grupal afecta el juicio de verdad respecto de un recuerdo y los recuerdos, a su vez, afectan los procesos de categorización grupal. El estudio se centró en el caso chileno y mostró cómo las identidades políticas de izquierda y derecha (a nivel grupal) son centrales para la formación de memoria específica que se construye en relación con estas identidades.

Los hallazgos de dicho estudio son concordantes con otros que, usando diferentes metodologías, han mostrado también que el relato histórico depende de la identidad política de los sujetos (Manzi et al., 2003, 2004; Piper, 2005; Ruiz & Krause, 2003; Tocornal, 2008; Waldman, 2009). De estos estudios se concluye que, a pesar del consenso respecto de cuáles son los eventos más importantes, existe un notable disenso respecto de la interpretación de las causas y consecuencias del golpe y la dictadura, que depende de las orientaciones políticas.

El estudio de las consecuencias de la dictadura ha abordado múltiples elementos. Entre ellos destaca la transmisión, no solo de la memoria a las nuevas generaciones, sino también de la experiencia de traumatización, tanto de víctimas directamente afectadas por la represión como de sus familiares y cercanos y de personas que han estado en contacto con la experiencia traumática represiva (Becker & Díaz, 1998; Cornejo, Brackelaire & Mendoza, 2009; Cornejo, Morales, Kovalskys & Sharim, 2013; Faúndez & Cornejo, 2010; Kovalskys & Morales, 2001; Lira, Becker & Castillo, 1991; Lira & Castillo, 1991; Morales & Cornejo, 2013; Sharim, Kovalskys, Morales & Cornejo, 2011). Sin embargo, el ámbito en el que el disenso basado en identidad política ha sido más evidente es el de las políticas de reparación (Cornejo et al., 2007; Lira & Morales, 2005; Montenegro & Piper, 2009; Reyes, 2007; Ruiz & Krause, 2003). Se ha mostrado que las políticas que buscan la reconciliación son percibidas controversialmente. Las instancias más importantes sobre verdad y reconciliación que ha llevado a cabo el Estado chileno han sido la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura en 2003, la Mesa de Diálogo en 2001 y la Comisión Asesora Presidencial Para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en 2009 (Cárdenas, Páez & Rimé, 2013; Cornejo et al., 2007; Cornejo, Rojas & Mendoza, 2009; Lira & Morales, 2005). Mientras las personas de izquierda consideran que el enjuiciamiento de los responsables por las violaciones de los derechos humanos, el reconocimiento público del daño causado y la reparación hacia las víctimas son condiciones necesarias para la reconciliación, las personas de derecha consideran que la unidad nacional conseguida a través del perdón de las víctimas es lo más importante pare la reconciliación (Ruiz & Krause, 2003). Estudios con jóvenes universitarios, muy distantes biográficamente con los hechos del golpe de Estado, muestran también importantes diferencias entre quienes se identifican con la derecha y la izquierda en la propensión a reparar y a perdonar a la otra parte (ver González, Manzi & Noor, en este número).

A pesar de los intentos por describir la distinción izquierda-derecha como menos relevante en los últimos años, se ha mostrado que esta sigue siendo una categoría fundamental en la que la mayoría de las personas se puede auto-clasificar (Jost, 2006), lo cual también aplica para el contexto latinoamericano y Chile en particular (Colomer & Escatel, 2005). A la distinción izquierda-derecha subyace una serie de actitudes ideológicas que se configuran de forma consistente en diversos contextos (Carvacho & Haye, 2008; Haye, Carvacho, González, Manzi & Segovia, 2009). Dos parecen ser las actitudes más importantes para entender la diferencia: preferencia por cambio versus statu quo y apoyo a la igualdad (Jost, Glaser, Kruglanski & Sulloway, 2003). Específicamente, las personas de izquierda tienden a preferir el cambio social, propiciando una organización más igualitaria de la sociedad, a rechazar actitudes nacionalistas y autoritarias y a mostrar apoyo al régimen democrático. Por el contrario, las personas de derecha muestran preferencia por las tradiciones, la preservación del orden actual de las cosas y las jerarquías sociales. Estas personas tienden a identificarse más con su grupo nacional, muestran más actitudes patrióticas y nacionalistas y cuidan más la cohesión grupal a través de actitudes autoritarias.

En el presente estudio nos enfocamos en tres actitudes ideológicas: autoritarismo de derecha, orientación a la dominancia social y apoyo a la democracia. El autoritarismo de derecha incluye tres dimensiones: (a) agresión autoritaria, que se define como el apoyo a autoridades fuertes y punitivas; (b) sumisión autoritaria, definida como la obediencia irreflexiva a las autoridades y (c) convencionalismo, que es una preferencia por lo previamente existente y un apego estricto a las normas grupales (Altemeyer, 1981). La orientación a la dominancia social es una disposición individual a apoyar y naturalizar las jerarquías sociales basadas en grupos arbitrarios (Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994; Sidanius & Pratto, 1999, 2012). Por último, el apoyo a la democracia se define como la preferencia de regímenes democráticos por sobre regímenes autoritarios o la indiferencia respecto del tema (Carvacho & Haye, 2008). Las tres actitudes subyacen a la distinción entre izquierda y derecha, tanto en Chile como internacionalmente (Haye et al., 2009; Jost et al., 2003; Jost, Federico & Napier, 2009). Es más, se ha propuesto el concepto de configuración ideológica para entender el modo en que estas actitudes se organizan (Carvacho, 2010; Carvacho & Haye, 2008). Esta noción supone que estas actitudes son relativamente estables y son relevantes para entender cómo un sujeto toma posición frente a objetos del mundo político. En culturas en las que el mundo político se organiza en torno a un eje, como izquierda y derecha, estas actitudes pueden ser entendidas como una unidad que se ordena en torno a un núcleo que implica intolerancia y derogación de otros (Carvacho, 2010), donde niveles más altos de estas actitudes (y más bajos para el caso de apoyo a lademocracia) significa más derechismo (Haye et al., 2009).

Las actitudes ideológicas usadas en nuestro estudio son antecedentes de una multiplicidad de actitudes sociales, tales como prejuicio, etnocentrismo y religiosidad (Ho et al., 2012; Mavor, Louis & Laythe, 2011; McFarland, 2010a; Sidanius & Pratto, 2012). Sin embargo, para nuestra investigación fueron de especial interés los resultados de un estudio que mostró que estas actitudes predicen el apoyo a los derechos humanos y su implementación (McFarland, 2010b).

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Dictaduras en Latinoamérica: la impunidad no cierra heridas

JUNE 14, 2014 

La historia de América Latina esta sembrada de crueles dictaduras militares. El saldo: miles de muertos, torturados y desaparecidos. El juicio al dictador es la forma en que la democracia hace justicia y cierra heridas, pero la mayoría han quedado impunes.

 

Castigo al dictador 12Noelia Ceballos Terron

Mexicana residente en UK.,Psicóloga, maestra, pedagoga, dependienta y limpiadora son solo algunas de las facetas que Mabel ha tenido en su vida laboral. Tras diez años en el Reino Unido ya ha terminado su doctorado en educación que le permite dedicarse a su pasión, la investigación, que combina con una intensa actividad como militante en la organizaciones sociales latinoamericanas. –

 

En la segunda mitad del siglo XX, 18 países de América Latina han conocido en algún momento la violencia de las dictaduras militares. Son 31 los dictadores que han llevado las riendas de esos países sin respeto alguno a los valores democráticos ni a los derechos humanos.

El enjuiciamiento de los responsables de las miles de muertes, torturas y desapariciones que tuvieron lugar durante esos regímenes es lo que más reclaman las víctimas y sus familias como reparación moral a su sufrimiento.

Las cifras en toda la región son difíciles de determinar, pero se pueden estimar más de 470.000 afectados, incluyendo muertos, desaparecidos, torturados y presos políticos.Castigo al dictador 17

En total diez dirigentes enfrentaron juicios por los delitos cometidos en su día. Y cinco siguen cumpliendo condena o están siendo procesados.

Pero un balance que revela que más de la mitad de los dictadores terminaron sus días sin rendir cuentas.  Ello es porque la impunidad es un fenómeno que se ha dado en el área de América Central y del Sur con más frecuencia que a nivel global.

Según revela un estudio de Abel Escribá Folch en la Revista Mexicana de Sociología, tan solo un 31% de los dictadores que gobernaron entre 1946 y 2000, en todo el mundo, permanecieron impunes. Hoy, cuatro ex-dictadores viven sus últimos años sin haber conocido la cárcel.

Ríos Montt

Los dos últimos presidentes de la dictadura militar en El Salvador siguen vivos lejos de su país. Se trata de Arturo Armando Molina, que gobernó de 1972 a 1977, y de Carlos Humberto Romero, que protagonizó el final del régimen de 1977 a 1979. Se cree que el primero reside entre Miami y Panamá, mientras que el segundo viviría en los Estados Unidos tras un primer exilio en Guatemala.

Por su parte, el militar Guillermo Rodríguez Lara, que ostentó el poder del gobierno ecuatoriano entre 1972 y 1976, lleva en la actualidad una vida retirado de la política ysin temor de enfrentarse a juicio alguno, en sus propiedades agrícolas.

Otro caso es el del guatemalteco Ríos Montt. Acusado de genocidio, sus víctimas de etnia maya que fueron asesinadas durante su mandato (1982-1983) ascienden a 1.771. El 10 de mayo de 2013 un tribunal de Guatemala condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad del país anuló la sentencia por desobediencia y desacato del tribunal que la emitió. Hoy este genocida sigue en libertad.

Castigo al dictador 8- Juicio a VidelaCondenas

A pesar de todo, cinco de los responsables de las atrocidades que marcaron el siglo XX suramericano están pagando por lo que hicieron.

La justicia argentina ha sido una de las más duras. Todos los presidentes que estuvieron a la cabeza del país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri murieron reclusos).

Esto fue posible gracias a la abolición en el 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a todos los responsables de crímenes durante la dictadura (se calcula que entre 1976 y 1983, 30.000 personas fueron desaparecidas).

Castigo al dictador 14De Reynaldo Benito Bignone, último presidente de la dictadura argentina, se sabe que ingresó en la cárcel en 2010 a la edad de 82 años para cumplir una pena de 25 años, que posteriormente se ha extendido a cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, en Panamá fue Noriega el último déspota que dirigió el país centroamericano: de 1983 a 1989, pero fue extraditado en 2011 para cumplir una pena de 60 años por el asesinato de once panameños durante su gobierno. Esta condena se produjo tras 19 años en penales de Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. La cifra de víctimas de esta dictadura asciende a 107.

Otro de los casos que terminaron con condena fue la del peruano Alberto Fujimori. Durante sus mandatos, de 1990 al 2000, el entonces presidente fue responsable de ordenar el asesinato de civiles con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Fue hallado culpable de crímenes como los de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, por lo que el 7 de abril del 2009 inició una pena de 25 años de prisión, a sus 70 años.

Castigo al dictador 3Bolivia se suma a una breve lista de países que han logrado meter entre rejas a sus dictadores. A pesar de que Hugo Banzer, quien mantuvo al país bajo su yugo entre 1971 y 1978 causando la desaparición de 150 presos políticos, murió impune, otro déspota boliviano rinde cuentas a la justicia. Es Luis García Meza, gobernante entre 1980 y 1981, período durante el cual ordenó asesinar a miembros de la oposición. Por ello cumple desde 1995 una pena de 30 años en el centro de Chonchocoro, en el altiplano boliviano.

Hay casos como el de Haití en que no es fácil someter al antiguo dictador a la justicia. Aunque finalmente, en febrero de 2013, un tribunal haitiano obligó a Jean-Claude “Babydoc” Duvalier a presentarse ante el juez. Desde entonces se enfrenta a un proceso en el que se le acusa de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo ha transcurrido un año sin que Duvalier haya vuelto a presentarse a ninguna sesión. Las víctimas durante su mandato (1971-1986) se cifran en unas 30.000 personas detenidas, muertas y exiliadas.

Reparaciones a víctimas

Castigo al dictador 11Parte del proceso de recuperación de un país tras un episodio de violencia es restablecer los hechos lo más objetivamente posible, para señalar a responsables y reconocer los daños causados a las víctimas.

El modo que más se ha extendido en América Central y del Sur son las Comisiones de la Verdad. Según la organización Amnistía Internacional, entre 1974 y 2007 se crearon estos grupos en 28 países alrededor del mundo. La mitad fueron países latinoamericanos.

La labor de estas comisiones, creadas por decisión gubernamental y con un mandato de tiempo limitado, es investigar los ataques a los derechos humanos de los ciudadanos por el aparato del Estado.

Castigo al dictador 5De los 18 estados que conocieron dictaduras militares en Latinoamérica, 14 han puesto en marcha dichas Comisiones, recibiendo denuncias y testimonios de víctimas de la represión y sus familiares. Los casos son examinados uno a uno para verificar la condición de víctima, y así cifrar los afectados. Las recomendaciones más comunes de los informes finales son el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y las reparaciones económicas.

A pesar de ello, tan solo ocho gobiernos latinoamericanos conceden indemnizaciones a los afectados por la violencia de estos regímenes.

Argentina es uno de ellos. Entre 1991 y 2004 el Congreso aprobó tres leyes que indemnizan a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio. De este modo, las familias de los desaparecidos fueron resarcidas con 224.000 dólares. Los ex-convictos recibieron 74,66 pesos por día de encierro. Los hijos nacidos durante la detención tuvieron acceso a una compensación de entre 70.000 y 245.000 pesos.

Castigo al dictador 16El estado paraguayo dio el paso de crear su Comisión de Verdad y Justicia en el 2003. Así se estableció la cifra de 20.090 víctimas directas de la represión de Stroessner.

En 2011 el gobierno gastó 9,4 millones de dólares en las reparaciones económicas a víctimas y familiares de desaparecidos bajo la dictadura. Pero desde entonces, más de 2.400 víctimas reconocidas no han percibido la ayuda prometida.

Otra de las naciones que reconoce el derecho a la reparación es Chile: prisioneros políticos, funcionarios públicos despedidos, y víctimas de tortura y los desaparecidos perciben pensiones anuales de entre 2.314 y 2.648 dólares de por vida, desde la ley de 2004. Además, se les incluye en el sistema público de salud. Los beneficios se extienden a los hijos de las víctimas, quienes gozan de educación gratuita y están exentos de realizar el servicio militar obligatorio.

La modalidad varía en Perú, donde las principales reparaciones son colectivas. A finales de 2013, 1.946 comunidades habían recibido 100.000 soles para proyectos de desarrollo económico Pero las poblaciones no lo consideran como una reparación por la violencia sufrida durante el conflicto. Recientemente el ejecutivo ha dado salida a una indemnización de 10.000 soles a padres y cónyuges de las víctimas. Aunque hasta ahora sólo una quinta parte de los casi 79.000 beneficiarios reconocidos la han percibido.

Castigo al dictador 15El plan para el reconocimiento de las víctimas puesto en marcha por Uruguay es más extenso. Además de dotar a 277 familiares y víctimas de la dictadura con 15.000 dólares por los daños causados, también les presta asistencia médica gratuita así como psicológica.

En cambio, en Bolivia, pese a la aprobación de una partida de 3,6 millones de dólares para sus 6.221 víctimas del despotismo de Hugo Banzer y Luis García Meza, la ley prevé que solo un 20% de los afectados se beneficien de la ayuda.

A la cola se encuentran estados como Guatemala que, con un lastre de 200.000 fallecidos por la violencia, especialmente durante el genocidio maya a manos de Ríos Montt: no concede compensación económica de ningún tipo.

Memoria histórica pendiente

La memoria histórica es un concepto que crea polémica. El reconocimiento por parte de las instituciones de lo ocurrido en el pasado y los daños provocados, así como la promoción de acciones para esclarecer el pasado son bien acogidas por aquellos que creen que un pueblo debe mantener viva su memoria para no volver a cometer los mismos errores.

Castigo al dictador 4En América Latina, la voluntad política por preservar esta memoria se ha extendido en los últimos años, aunque no es mayoritaria en la región. Un solo país, Venezuela, cuenta con una ley de memoria histórica.

Y menos de la mitad de las antiguas dictaduras han visto al jefe del Estado u otros agentes de la administración pedir perdón por los crímenes del pasado, cosa que ha sucedido únicamente en 7 países.

Las exhumaciones son otro de los temas pendientes para las familias y las víctimas, pues la mitad de estos estados todavía no realiza las investigaciones forenses necesarias para la identificación y la restitución de los restos.

Aún así, la conmemoración simbólica de las víctimas es la forma más frecuente en que dichos países mantienen viva la historia. En 11 de las 18 ex-dictaduras es posible encontrar monumentos, museos y centros para la memoria y los derechos humanos.

Castigo al dictador 10El caso de Argentina es llamativo. Es el estado con mayor índice de condenas por crímenes contra los derechos humanos, y donde más se ha perseguido a los responsables de la dictadura. Sin embargo, ningún presidente desde la vuelta a la democracia en 1983 ha pedido oficialmente disculpas a las víctimas. El único gesto de reconocimiento fue la instauración del Día Nacional por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo.

En el caso de Chile, el proceso de exhumaciones sigue abierto y ha tenido gran repercusión en casos como el del poeta Pablo Neruda.

El perdón por la actitud de la administración durante el período Pinochet todavía no ha llegado por parte del gobierno, pero los jueces se disculparon públicamente el pasado 5 de octubre por sus “acciones y omisiones” al negar protección a quienes denunciaron la represión entre 1973 y 1990.

La nación guatemalteca también recibió las disculpas del ex-presidente Álvaro Colom por el genocidio cometido sistemáticamente por los aparatos estatales entre 1960 y 1996. Y en mayo pasado un tribunal resolvió que el presidente deberá volver a disculparse con la etnia ixil. El Ejército y los ministros de Gobernación y Defensa deben todavía sumarse a la declaración.

Paraguay es otra de las naciones que está trabajando a favor de los derechos de las víctimas y los familiares. El pasado 14 de febrero liberó una partida de 72.600 dólares para la identificación de 20 cadáveres, que se sumaron a los 72.400 dólares que se destinaron el pasado mes de agosto a la Dirección de Reparaciones y Memoria Histórica.

Castigo al dictador 1Además, en 2008 el presidente Fernando Lugo salió públicamente a pedir perdón a las víctimas de la persecución de Stroessner.

Colombia, Honduras, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Haití son los países que menos trabajo han hecho a favor de su memoria colectiva por las dictaduras del pasado.

En esas condiciones, las víctimas de la violencia del Estado están lejos de hallar consuelo para cerrar heridas.

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the Historical Memory Project of John Jay College of Criminal Justice.

Los documentos históricos del proyecto de memoria y aumenta la conciencia acerca de la historia de la guerra, el genocidio y las dictaduras militares en América Latina. El objetivo del proyecto es proporcionar datos históricos cruciales que documentan episodios de violencia masiva extrema. Esto incluye fotografías, cartas, artículos de periódico y otros artefactos de memoria.

El Proyecto también recopilar, centralizar y poner a disposición del público los registros legales de los recientes y continuos crímenes de guerra de Chile, Argentina, Guatemala y otras naciones del hemisferio occidental.

Al participar en estas iniciativas, esperamos mejorar la comprensión global de las causas y los efectos a largo plazo de estas tragedias.

Marcia Esparza, Ph.D:

Fundador y Director, Profesor John Jay College

de Justicia Penal

Lydia Shestopalova:

Subdirector

Jennifer K. Harbury:

Asesor Principal, EE.UU. abogado de derechos humanos y activista

Stephanie Alfaro:

Ejecutivo Senior Researcher, MPH

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