A 45 años de la Operación Colombo: lucha, (in)justicia y memoria

A 45 años de la Operación Colombo: lucha, (in)justicia y memoria

Nicolás Arraño Moreno | Viernes 24 de julio 2020 

Esta semana se conmemoran 45 años de Operación Colombo o caso 119, operativo civil y militar llevado a cabo en 1975 por la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA), cuyo fin fue encubrir mediante un montaje comunicacional la desaparición forzosa de 119 chilenos y chilenas. Considerada como la primera acción informal de la Operación Cóndor, la desaparición de estas 119 personas contó con la colaboración de los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, que, a través de publicaciones en falsos periódicos, divulgaban listas de chilenos, hasta ese momento desaparecidos, que habrían perecido asesinados en diferentes países.

Sin lugar a duda, el caso 119 resultó ser un operativo impresionante en cuanto a la capacidad de coordinación entre diversos actores civiles, militares, nacionales e internacionales para falsear la realidad. El camino plagado de montajes, omisiones y mentiras ha hecho de la búsqueda de justicia una tortuosa experiencia para los familiares, que, en base a fuerza, lucha y compromiso han sabido construir, mucho antes de que los criminales fuesen condenados, la senda de la memoria.

En el presente texto hacemos un balance de los avances en materia de justicia y en las formas de levantar memoria a partir del caso 119, entendiendo estas dos luchas como fundamentales para la construcción de una sociedad que no dé lugar al olvido ni a la impunidad. De esta manera, memoria y justicia aparecen como caminos que se entrecruzan y dialogan, cimentados paso a paso por los familiares, compañeros y compañeras de los 119 que han hecho de la lucha su vida.

La Guerra Sicológica: Operación Colombo

Desde su inicio, el 11 de septiembre de 1973, la dictadura aplicó entre sus actos criminales la desaparición forzada de personas, práctica que según diversos estudios ha sido considerada como la más cruel de las formas de violación de derechos humanos, pues impide a los familiares procesar el respectivo duelo psicológico y material, lo que se traduce en un daño permanente, definido como cronificación del daño.

Esta práctica, según consigna el informe Rettig, consistió en la aprehensión y secuestro de la persona para ser trasladada a algún lugar clandestino de reclusión, “acción acompañada o seguida de medidas de ocultamiento y negativas oficiales” a reconocer la detención, impidiendo “la disposición de sus restos de modo que no pudieran ser encontrados”. Dicha fórmula, implica además una compleja situación desde el punto de vista jurídico, y de aplicación de justicia, o más bien, de imposibilidad de su aplicación. En efecto, al no haber pruebas materiales de los hechos, se depende sólo de los testimonios de las personas que estuvieron con el prisionero y/o de testigos. A lo anterior, debemos sumar el hecho que a los detenidos se les aplicó legislación en tiempos de guerra, lo cual configura una ilegalidad que contraviene todos los principios y tratados internacionales referentes a los Derechos Humanos (DD.HH.).

Para atender el desarrollo del caso 119, se debe comprender la estrategia de guerra psicológica desplegada por el régimen, en su afán de “conquista del espacio interior de las personas al cual se penetra a través de mensajes. Tales mensajes actúan sobre los sentimientos y pensamientos de los individuos con el fin de cambiar sus conductas y comportamientos”, es decir, en su intento por encubrir la acción represiva y desmoralizar la resistencia al régimen, manipulando la opinión pública y el sentido común.

Será en el marco de estas políticas represivas y de exterminio, que en 1975 la DINA, en colaboración con los servicios de inteligencia de Brasil y Argentina, llevaron a cabo la denominada “Operación Colombo”. Así, entre el 27 de mayo de 1974 y el 20 de febrero de 1975, fueron secuestrados por la DINA 100 hombres y 19 mujeres, la mayoría menores de 30 años, entre los cuales 94 eran militantes del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), 10 del Partido Socialista (PS), 9 del Partido Comunista (PC), 2 del Movimiento de Acción Popular Unitaria (MAPU), uno de la Liga Comunista y tres sin militancia conocida.

Ante la temprana presión de los familiares, del Comité de Colaboración para la Paz y de organismos internacionales como la Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas[5] denunciando los secuestros y presentando recursos de amparo reiterativamente, es que los servicios de inteligencia dan paso a un macro-montaje comunicacional, con el fin de ocultar las acciones criminales que tenían deparadas para los 119. De esta manera, comienzan a publicarse en distintos medios de prensa nacionales notas acerca de la instrucción militar que estarían recibiendo en el extranjero opositores al régimen. Así, el 12 de junio de 1975 el vespertino La Segunda notificaba en sus titulares “dos mil marxistas reciben instrucción en Argentina” y “se organizan guerrillas en contra de Chile”, indicando que entre ellos se encontraban opositores dados por desaparecidos en Chile. A esto le siguió una seguidilla de publicaciones de la prensa controlada por la dictadura denunciando el falso plan subversivo que se ideaba desde el extranjero por grupos de izquierda.

No obstante, la guerra sicológica promovida por la DINA requirió de la cooperación de sus pares argentinos y brasileños, quienes a través de ficticios medios de prensa anunciaban la muerte de 119 chilenos y chilenas. De este modo el 25 de junio en Curitiba, Brasil, un diario de irregular circulación llamado O’Día anunciaba que 59 chilenos, militantes del MIR, habían resultado muertos en enfrentamientos con la policía argentina en Salta. Asimismo, en Buenos Aires el 15 de julio la revista Lea publicaba, mediante un reportaje acerca de la “vendetta chilena”, que 60 miristas chilenos habían sido asesinados en Argentina, Colombia, Venezuela, Panamá, México y Francia por “sus propios compañeros de lucha”. Ninguno de estos medios se publicó de nuevo y de la única edición de O’Día las autoridades brasileñas se desentendieron, sin embargo, para el caso argentino, el único número de Lea fue editado por la empresa Codex, vinculada al Ministerio de Bienestar Social argentino, que se encontraba a cargo del líder de la “Triple A”, José López Rega.

El único fin de estas publicaciones fue que las noticias repercutiesen en Chile y sirviesen de referencia para la prensa nacional. Luego, el montaje continuaría con la publicación del día 23 de Julio de 1975 en el diario El Mercurio de la lista de 60 miristas asesinados, citando a Lea. Al día siguiente, La Segunda, bajo el titular “Exterminan como ratas a miristas” divulgaba la lista de 59 muertos haciendo alusión a lo publicado por O’Día. Finalmente, el día 25 La Tercera titulaba “Miristas asesinados en Argentina se burlaban de tribunales chilenos”, replicando la información. El cruel montaje perpetrado bajo la lógica de la guerra sicológica se encontraba consumado. No obstante, las labores de los familiares, compañeros y compañeras, organismos de DD.HH., prensa internacional y las investigaciones realizadas a posteriori por el Juez Juan Guzmán; han dejado al descubierto esta gran farsa.

La reacción de los familiares y compañeros: Injusticia dictatorial, lucha y memoria

Desde el comienzo de las detenciones, los familiares buscaron la forma de denunciar lo que acontecía. En ese sentido, acudieron al Comité de Colaboración para la Paz, que se mostró, con un gran sentido de humanidad y solidaridad, como un pilar de apoyo, brindándoles asistencia jurídica y espiritual. Así, aun creyendo en las labores judiciales se presentaron múltiples recursos de amparo por cada uno de los detenidos.

El 28 de mayo de 1975, se logró presentar ante la Corte de Apelaciones una solicitud colectiva de 164 familiares de detenidos desaparecidos para investigar su paradero, la que fue rechazada. En tanto, el 8 de julio se replicó la solicitud en la Corte Suprema, corriendo la misma suerte. Al momento de la publicación de las listas por parte de la prensa dictatorial, ya se habían presentado recursos de protección por la mayoría de los 119 en distintos juzgados del país. Sin embargo, la respuesta del Poder Judicial ante las desapariciones fue nula, tal y como consigna la Comisión de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos (OEA):

“Los tribunales aceptaron las peticiones del gobierno de que éstos no podían solicitar directamente informaciones a la DINA sobre los detenidos y jamás se constituyeron en los recintos secretos en que se denunció podrían encontrarse los detenidos. De los miles de recursos de amparo que se presentaron muy pocos fueron acogidos y, en el caso de los desaparecidos, puede afirmarse, ninguno de ellos logró salvar la vida de un desaparecido”.

De esta forma, los familiares y compañeros, asumiendo que el poder judicial no actuaría, se volcaron hacia la organización, la lucha y la persistencia para denunciar y visibilizar las desapariciones. Congregados en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) fueron múltiples las acciones emprendidas que buscaban conmover a la opinión pública, tanto nacional como internacional. Se escribieron cartas a las autoridades, a los tribunales, a la Cruz Roja Internacional, se realizaron campañas internacionales y se tomaron las calles.

Al publicarse las listas de los 119, las agrupaciones de DD.HH. y la militancia de izquierda se percataron inmediatamente del montaje. Julio Moreno Fuenzalida, hermano de Germán Moreno Fuenzalida, quien aparece en una de las listas, el mismo 24 de Julio de 1975 escribía una carta desde su prisión política en Ritoque a su madre y hermana, en la que versaba:

“La noticia de las muertes de Germán, Marcos y otro centenar de compañeros nos golpea brutalmente[…]. Mamá, Nany, el dolor del asesinato de nuestro hermano no nos pertenece, no tenemos derecho a considerarlo solamente nuestro, su muerte es un golpe para todos los trabajadores, los campesinos, los pobres, porque por ellos vivió y murió, es un golpe para todos los que consideran como suya la causa del Socialismo que es también la nuestra”.

Así también, el 31 de julio de 1975, 95 detenidos del campamento Melinka en Puchuncaví, que decían haber visto a gran parte de los desaparecidos de las listas en distintos centros de detención, iniciaron la primera huelga de hambre en dictadura, denunciando la falsedad de las publicaciones de la prensa y exigiendo verdad y justicia. Así, fueron muchas las protestas que marcaron la lucha de los familiares y compañeros de detenidos desaparecidos, entre las que destacan dos huelgas de hambre desarrolladas en 1977 en la sede de la CEPAL y en la Iglesia San Francisco; una tercera en 1978 con motivo del decreto Ley de Amnistía en parroquias de Santiago y en el local de la UNICEF; y el encadenamiento en 1979 al ex Congreso Nacional, en aquel entonces Ministerio de Justicia. Todas estas acciones no obtuvieron respuesta sobre el paradero de los desaparecidos, pero, sin embargo, fueron forjando el camino de la memoria que luego develaría el montaje. Pues tal y como indica Carla Peñaloza, “la temprana organización de los familiares de las víctimas de las violaciones a los derechos humanos y la creación de redes de solidaridad y denuncia que los cobijaron, favorecieron la construcción de una memoria de los vencidos”.

(In)Justicia Transicional y Memoria: Condenas, colectivos y memoriales

Al momento de asumir como presidente de la República Patricio Aylwin en marzo de 1990, este anuncia las aspiraciones de su gobierno por esclarecer la verdad acerca las violaciones a los Derechos Humanos ocurridas entre 1973 y 1990. Bajo este principio, el 25 de abril se aprueba el Decreto Supremo 355 que crea la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación presidida por el jurista Raúl Rettig, cuyo informe entregado nueve meses después, resultó categórico al reconocer los crímenes perpetrados por el Estado de manera sistemática durante los 17 años de la dictadura.

Para la calificación de los casos, resultaron fundamentales los archivos que habían formulado en su lucha durante toda la dictadura las agrupaciones de familiares de las víctimas y de DD.HH. Si bien el informe contribuyó al reconocimiento oficial de los crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado, carecía de un carácter vinculante con la justicia, y en la medida que no contó con la colaboración de las Fuerzas Armadas, tampoco significó un avance para dar con el paradero de los detenidos desaparecidos. Además, el cariz pactado de la transición contemplaba la mantención de enclaves autoritarios y la vigencia de la Ley de Amnistía promulgada en dictadura, que constituyeron trabas enormes a los procesos que se pudiesen impulsar en la búsqueda por verdad y justicia.

Ante tal panorama desalentador en materia jurídica, las acciones de memoria se mostraban como una opción para palear el dolor mientras los tribunales mantuviesen impunes a los criminales y no se supiera del paradero de los desaparecidos. En ese sentido, la inauguración en 1994 del Memorial de los Detenidos Desaparecidos y Ejecutado Políticos del cementerio general marcó un hito, ya que entregó a los familiares y al pueblo chileno un espacio donde poder conmemorar y llorar a los arrebatados y arrebatadas por el terrorismo de Estado. Las conmemoraciones año a año y el levantamiento de sitios de memoria a partir de la recuperación de centros de detención ha enriquecido la tarea de memoria desplegada por las agrupaciones de DD.HH. y familiares. A pesar de que la justicia no ha obrado como se desearía, la organización civil con apoyo institucional ha impulsado iniciativas ejemplares en materia de memoria. En ese sentido, los proyectos de Londres 38, la Casa de la Memoria de José Domingo Cañas, el Parque por la Paz Villa Grimaldi y el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, todos vinculados al caso 119, son ejemplos de la fructífera labor realizada, que ha fomentado la construcción de una sociedad sin amnesia, que promueva los valores democráticos con miras al futuro. En este tránsito, el Centro Cultural 119 Esperanzas y el colectivo 119 Familiares y Compañeros en conjunto con diversos actores sociales, sean estudiantes, trabajadores o pobladores han desarrollado distintas actividades y proyectos a lo largo de los años, entre los cuales se cuentan un memorial en la bahía de Quintero erigido junto al sindicato de pescadores de la caleta el Manzano en 2010, otro en la facultad de Derecho de la Universidad de Chile inaugurado el 2014 junto a los estudiantes o la producción del documental “119 esperanzas” en 2013, por sólo mencionar algunas, a las que se suman los actos realizados en cada fecha conmemorativa en los múltiples espacios de memoria.

En cuanto a la justicia, en 1998, el juez Baltasar Garzón incluyó la desaparición de los 119 entre las causas que motivaron la detención de Pinochet en Londres, mientras que, en los tribunales chilenos, el juez Juan Guzmán fue el encargado de investigar a la DINA. En aquel proceso, Guzmán determinó investigar el paradero de algunos de los 119 en el marco de la Operación Cóndor, pues la vinculación entre ambas operaciones quedó en evidencia tras descubrir distintos archivos en Argentina el año 1978 en la oficina de Mario Arancibia Clavel, ex miembro de Patria y Libertad y agente exterior de la DINA que participó en los atentados contra el excomandante en jefe Raúl Schneider y en el doble asesinato de Carlos Prats y su esposa Sofía Cuthbert. Entre los documentos encontrados, había cedulas de identidad de desaparecidos chilenos, algunas de las cuales correspondían a víctimas de la Operación Colombo, así como también se encontró una lista de otros 32 nombres que aparecieron en las listas de los 119. En otros procesos llevados adelante en el país vecino, se ha evidenciado la colaboración de Arancibia con los grupos de exterminio de la dictadura argentina, llegando a establecerse su implicancia en la Operación Cóndor y quedando demostrado el rol que supuso la Operación Colombo como antecedente para la coordinación entre los servicios de inteligencia de las dictaduras de Latinoamérica adscritos a la Doctrina de Seguridad Nacional.

En Chile, el escenario judicial cambió cuando los jueces comenzaron a aplicar la figura del secuestro permanente, lo que implica que el delito, mientras no aparezca el cuerpo, aún se mantiene vigente. Por otra parte, comenzaron a primar las normas internacionales acerca de las violaciones a los Derechos Humanos, consagrados en el convenio de Ginebra, y la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que indican a los crímenes de lesa humanidad como inamnistiables e imprescriptibles, de manera tal que estos avances en materia judicial han permitido los procesos indagatorios que hasta hoy siguen su curso.

Aunque el caso 119 no ha sido llevado como causa conjunta a la justicia, muchos de los detenidos de la operación han sido incluidos en las causas de las casas de memoria ya nombradas, o bien cada familia ha iniciado procesos de forma particular. Lo que sin duda marcó un hito en cuanto a la justicia transicional en Chile fue cuando el 28 de enero de 2005, la policía de investigaciones tomaba detenido en su hogar al ex director de la DINA, el general (r) Manuel Contreras para ser trasladado al Penal Cordillera y cumplir ahí una condena de 12 años por el caso de Miguel Ángel Sandoval, víctima de la Operación Colombo. A su vez, fueron sentenciados el coronel (r) Marcelo Moren Brito y el brigadier (r) Miguel Krassnoff. Con este hecho comenzaría un proceso de mayor apertura de procesos, a los que le siguieron múltiples sentencias.

De acuerdo con la información proporcionada por la abogada Loreto Meza del entonces Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, a agosto del 2016 por las víctimas de la Operación Colombo se habían dictado 52 condenas efectivas y ejecutoriadas, habiendo 35 causas sentenciadas en primera o segunda instancia, 10 en investigación o etapa de sumario y 19 procesos en etapa de plenario, esperando que se dicte sentencia. No obstante, al observar los nombres de los militares a quienes se dictan diferentes condenas, estos se repiten una y otra vez, resultando sentenciados nada más que un reducido número de agentes de la DINA, principalmente, su plana mayor: Manuel Contreras, Miguel Krassnoff Martchenko, Marcelo Moren Brito, Basclay Zapata Reyes, Pedro Espinoza Bravo, Francisco Ferrer Lima, Rolf Wenderoth Pozo, Raúl Iturriaga Neumann y Osvaldo Romo Mena, único civil condenado.

Así el poder judicial ha ignorado, al momento de ejercer justicia por el caso 119, la gran cantidad de funcionarios y agentes, civiles y militares con los que contó la DINA. Además, ha desconocido a los otros grandes promotores de la guerra sicológica: La prensa y periodistas involucrados, muchos de los cuales, mantuvieron impunemente sus trabajos en los medios escritos nacionales, como dejó demostrado el trabajo de la periodista Lucía Sepúlveda[12]. A esto se le suma, que el dictador Augusto Pinochet, quien emitía órdenes directas a la DINA, manteniéndose al tanto de todos sus movimientos y por lo tanto, fue ideólogo activo de la Operación Colombo, murió impune. Aunque desaforado a petición del juez Guzmán en 2004, el tirano falleció el 10 de diciembre del 2006 sin condena alguna.

Reflexiones

Es posible sostener que la justicia fue, en primera instancia, la vía a la que recurrieron familiares y compañeros de los 119, quienes por medio de presentaciones, requerimientos y diligencias judiciales buscaban saber la verdad, aunque con un aparato judicial absolutamente al servicio del terrorismo de Estado, no lograban prácticamente nada. No obstante, todas aquellas denuncias y registros formulados por la AFDD, el Comité de Colaboración para la Paz y luego la Vicaría de la Solidaridad, hoy constituyen los archivos del sufrimiento, que como señala Carla Peñaloza, han sido concebidos “en un primer momento como testimonios de denuncia, de investigación y condena a la dictadura y hoy como archivos de memoria”.

Ignorados y violentados por el poder judicial, la acción y movilización se constituyó como el camino a seguir para las agrupaciones a fin de visibilizar el caso y las sistemáticas violaciones a los DD.HH. Así, los familiares y compañeros de las víctimas, arriesgando incluso sus vidas y sin temor a represalias, en plena dictadura tenían el coraje de protestar, denunciar y mostrar a la oprimida opinión pública chilena, los crímenes que el régimen pretendía ocultar. En esta seguidilla de acciones es donde las agrupaciones, germinan la semilla de la memoria, que hoy se configura como un sólido y robusto árbol que ha facilitado y posibilitado las labores en materia de justicia y reparación. De esta forma, los familiares en su desesperación por denunciar y saber la verdad abrieron, sin proponérselo, la senda de la memoria herida que hoy vemos consolidada, más no concluida.

La lucha de las agrupaciones logró concientizar a gran parte de la sociedad chilena respecto a las violaciones a DD.HH. que perpetraba la dictadura, de manera que, una vez llegada la democracia y con una sociedad al tanto de los crímenes, la fuerza de las agrupaciones se volcó a la búsqueda de verdad y justicia y a la construcción de memoria. Con un trabajo de visibilización y denuncia realizado durante toda la dictadura y con el montaje comunicacional de la Operación Colombo derribado, en el período transicional la lucha debía darse tanto en el ámbito jurídico: en tribunales, tratando de condenar a los culpables y de conocer el paradero de los 119; como en la esfera social: promoviendo el principio pedagógico de la memoria de mantener presente los hechos traumáticos de nuestro pasado reciente y haciendo del nunca más un compromiso con la democracia.

En cuanto a los procesos judiciales, las cifras expuestas muestran los avances a lo largo del periodo transicional. A pesar de los procesos en curso y los ya ejecutoriados, las condenas por el caso 119 solo han implicado la pena de cárcel para la plana mayor de la DINA, repitiéndose en cada sentencia los mismos nombres, desconociendo que dicha organización contó con miles de funcionarios y colaboradores tanto militares como civiles. Además, Pinochet murió sin cumplir condenas y no ha habido condena alguna para los periodistas que formaron parte activa del montaje de la Operación Colombo, omitiendo el rol criminal jugado por la prensa proclive a la dictadura[15]. Mención aparte merecen las condiciones en que los criminales han sido encarcelados.

Los años siguen pasando y los pactos de silencio se mantienen intactos, la pregunta ¿Dónde están? no halla su respuesta, la mayor parte de los criminales mueren sin ser condenados, en tanto los familiares de los y las 119 también fallecen. La atrocidad y brutalidad de la desaparición implica para el familiar, el compañero o la compañera una angustia latente, por lo que el daño se prolonga en el tiempo, significando que toda medida reparatoria resulte insuficiente, pues el luto es de nunca acabar. Esta cronificación del daño, sumada a la impunidad biológica a la que ha apelado constantemente el poder judicial, hacen difícil que podamos hablar de justicia y reparación.

La desaparición de los cuerpos es un atentado a la historia, pues los criminales consideraron que había personas que no merecían permanecer en nuestro tiempo y espacio, ni podían dejar huella en esta tierra. Pero a pesar del intento del terrorismo de Estado de eliminar de todo relato a los 119, surge con fuerza la memoria y una tortuosa búsqueda de verdad y justicia. Este arduo trabajo y compromiso que han mostrado desde un principio las agrupaciones de familiares y DD.HH. hace posible que hoy sea insostenible la negación de los crímenes que la dictadura perpetró y pretendió ocultar.

El mayor homenaje para los 119, es continuar la senda de la memoria, haciendo honor a sus vidas entregadas a la militancia y a sus convicciones. Hoy el pueblo chileno los releva en las luchas por las que vibraron y se entregaron. De esta manera, la ausencia de los cuerpos es compensada con memoria y lucha.

Lista de los 119 compañeros y compañeras:

  • Arturo S. Aguilera Peñaloza
  • Francisco Aedo Carrasco
  • Rubén David Arrollo Padilla
  • Miguel Acuña Castillo
  • Victor D. Arévalo Muñoz
  • Alberto Vladimir Arias Vega
  • Jorge Elías Andrónico Antequeras
  • Juan Carlos Andrónico Antequeras
  • María Inés Alvarado Boergel
  • María Angélica Andreoli Bravo
  • René R. Acuña Reyes
  • Eduardo Alarcón Jara
  • Sonia del C. Bustos Reyes
  • María Teresa Bustillos Cereceda
  • Jacqueline del C. Binfa Contreras
  • Jaime M. Buzio Lorca
  • Cármen C. Bueno Cifuentes
  • Arturo Barria Araneda
  • Antonio S. Cabezas Quijada
  • Francisco J. Bravo Nuñez
  • Mario A. Carrasco Díaz
  • Mario E. Calderón Tapia
  • Alfonso A. Chanfreau Oyarce
  • Claudio Contreras Hernández
  • Juan A. Chacón Olivares
  • Cecilia G. Castro Salvadores
  • Abundio Contreras González
  • Ismael Darío Chavez Lobos
  • Carlos L. Cubillos Gálvez
  • Manuel Cortes Joo
  • Roberto S. Chaer Vasquez
  • Washington Cid Urrutia
  • Jacqueline Drouilly Yurich
  • Luis E. Duran Rivas
  • Muriel Dochendorff Navarrete
  • Jorge H. Orival Briceño
  • Bernardo de Castro Lopez
  • Félix de la Jara Goyeneche
  • Jorge Espinoza Méndez
  • Modesto S. Espinoza Pozo
  • Martín Elgueta Pinto
  • Adolfo A. Espejo Gómez
  • Luis F. Fuentes Riquelme
  • María Teresa Eltit Contreras
  • Julio Flores Pérez
  • Albano A. Fiorasco Chau
  • Nestor A. Gallardo Agüero
  • Luis J. Guajardo Zamorano
  • Héctor M. Garry Hermosilla
  • Rodolfo V. Gonzalez Perez
  • Gregorio A. Gaete Farías
  • Alfredo G. García Vega
  • Carlos A. Gajardo Wolff
  • Hernán G. Gonzalez Inostroza
  • María E. Gonzalez Inostroza
  • Jorge A. Herrera Cofré
  • Juan E. Ibarra Toledo
  • José A. Jara Castro
  • Mauricio Jorquera Encina
  • María Isabel Joui Petersen
  • Sergio H. Lagos Hidalgo
  • María C. López Stewart
  • Violeta del C. López Díaz
  • Ofelio de la Cruz Lazo Lazo
  • Eduardo E. Lara Petrovich
  • Mónica LLanca Iturra
  • Ramón I. Labrador Urrutia
  • Juan A. Molina Mogollones
  • Sergio Montecinos Alfaro
  • Pedro Merino Molar
  • Leopoldo Muñoz Andrade
  • Germán Moreno Fuenzalida
  • Eduardo F. Miranda Lobos
  • Rodolfo Marchant Pereira
  • Eduardo A. Morales Chaparro
  • Eugenia del C. Martinez H.
  • Agustín A. Martínez Meza
  • Juan B. Maturana Perez
  • Zacarías Machuca Muñoz
  • Ramón Nuñez Espinoza
  • Marta A. Neira Muñoz

Salir del gueto.A 43 años del montaje: Las 19 mujeres víctimas de la Operación Colombo

DestacadoSalir del gueto.A 43 años del montaje: Las 19 mujeres víctimas de la Operación Colombo

Salir del gueto.

Adriana Goñi Godoy

22 de julio de 2018

 Ayer, en el homenaje a los 119 compañeros desaparecidos, Lucía Sepúlveda planteó lo siguiente: instalar en el presente de las luchas feministas a las 19 mujeres caídas en esta operación. Ellas fueron militantes sociales que son raíz de las muchas luchas históricas de las mujeres, continuando una lucha ininterrumpida de distintos sectores de mujeres que hoy confluyen en el movimiento feminista que ha remecido el país. No podemos suscribir esta lucha a los sectores universitarios sin ligarlo a la permanente lucha de otros sectores de mujeres- trabajadoras domésticas, temporeras, funcionarias, campesinas, originarias, diversidad sexual, pobladoras, defensoras de los derechos humanos, sindicalistas, artistas, mujeres exiliadas, militantes… .

La memoria nuestra está en un gueto formado por los familiares, sobrevivientes, compañeros. Nuestro deber es des encapsularla y traspasarla al conjunto de la sociedad, que fue afectada transversalmente por las violaciones a los derechos humanos. Las secuelas de la dictadura y la post dictadura afectan hasta el presente a los diversos sectores que componen el tejido social. El sistema implantado a partir del Golpe de Estado y mantenido en la transición es estructuralmente violador de los derechos sociales, culturales y económicos del conjunto de la sociedad. No es posible invisibilizar este hecho si defendemos los derechos humanos. Nuestros compañeros fueron luchadores sociales y dieron su vida por construir una sociedad más justa. En la Operación Colombo, asesinaron a 19 mujeres jóvenes que militaban en distintos sectores apoyando, construyendo, creando espacios de participación y lucha y 100 compañeros que abrazaron igualmente la causa de los pobres del campo y la ciudad. La sociedad del presente debe conocer sus luchas e integrarlas a las luchas del presente. —

Esta lucha es transversal y tenemos la capacidad de darla en todos los espacios, utilizando todas las armas que hoy tenemos. .

A 43 años del montaje: Las 19 mujeres víctimas de la Operación Colombo

“Exterminados como ratones”, tituló el 24 de julio de 1975 el diario La Segunda. Aquí la historia de las 19 mujeres detrás de ese montaje, las 19 desaparecidas de la Operación Colombo.

Por Lucía Sepúlveda Ruiz / 24.07.2018

Agentes del Estado ejercieron violencia sexual política extrema sobre diecinueve prisioneras políticas detenidas en la Operación Colombo. Resistieron hasta su ignoto final estas mujeres de los años 70, libres, solidarias, que vivían el amor y la militancia política a fondo. 

Colombo fue -lo sabemos ahora- un mensaje colonizador en clave de género, un espejo del terror, dirigido también a las mujeres de esos tiempos. Porque estas mujeres eran autónomas, comprometidas con su tiempo, insurrectas, valerosas, alegres y se sentían dueñas de su destino.

La más joven de ellas, María Isabel, tenía 19 años y las dos mayores, 34 a la fecha de su detención. Trece de ellas tenían menos de 25 años y el resto, no llegaba a los 30. Sus nombres, junto a los de otros 100 varones detenidos, figuraron en listas publicadas por La Segunda y por medios de Brasil y Argentina, afirmando que 119 chilenos y chilenas habían sido exterminados “como ratones” por sus propios compañeros de lucha (titular del vespertino La Segunda del 24 de julio de 1975).

La mayoría de las detenidas en este episodio represivo era de Santiago, pero algunas venían de Isla de Maipo, Chillán o Temuco, y eran estudiantes universitarias, obreras, o funcionarias públicas. Militaban en el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR) dieciocho de ellas, y una pertenecía a las Juventudes Comunistas. Había una compañera embarazada, y cuatro eran madres de niños muy pequeños.

Desaparecieron entre 1974 y 1975, en la Operación Colombo, un montaje mediático con que la DINA buscó paralizar a quienes luchaban contra la dictadura, teniendo como blanco preferente al MIR. Antes de arrojarlas al mar, a un volcán o a una fosa sin nombre, los agentes represivos ejercieron en todas ellas violencia sexual y tortura en las más atroces formas imaginables, incluyendo el uso de inyecciones de pentotal para quebrantarlas, de animales amaestrados para vejarlas, y violándolas frente a sus parejas y seres queridos. Las sobrevivientes, sus hermanas, han testimoniado en tribunales en detalle, la violencia sexual que presenciaron y vivieron. Ni a las desaparecidas ni a sus compañeras –organizadas como “Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes” –  lograron someter los criminales. Las prisioneras, privadas de todo contacto con el exterior,  se apoyaban, cuidaban  sus heridas, lloraban, cantaban, tejían pulseras con astillas, se contaban historias,  recetas y poemas; intercambiaban ropas, ideaban códigos secretos para protegerse cuando las separaban, y seguían resistiendo.

Once fallos

En el caso de Jacqueline Binfa, el fallo a firme exculpó en 2009 a todos los agentes de la DINA, estableciendo la prescripción total del delito de secuestro. Este año 2018, la Corte Suprema sólo dictó dos fallos definitivos en el caso de las compañeras, con lo que se elevó a once la cifra de fallos emitidos por esa corte por las 19 desapariciones ya citadas de la lista de los 119, ocurridas hace 43 años.

Las tardías penas de los últimos años varían entre los 6 y los diez años para los perpetradores, casi siempre los miembros que quedan vivos de la plana mayor de la DINA encabezada por el ex generalManuel Contreras, en línea directa con Pinochet, y secundada por la brigada Halcón, cuya presa de caza eran los miembros del MIR. Al mando de Halcón estaba el ex brigadier de Ejército Miguel Krassnoff  Marchenko, uno de los que ahora espera cumplir sus múltiples condenas en la comodidad de su hogar. También han sido condenados el ex brigadier Pedro Espinoza (segundo al mando de la DINA y jefe en Villa Grimaldi); el ex general Raúl Iturriaga (subjefe de la DINA y responsable del departamento exterior que armó la Operación Colombo en Argentina, Brasil y otros países), el ex oficial de carabineros Ciro Torré (jefe del recinto Ollagüe de José Domingo Cañas); Francisco Ferrer (Comandante de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y miembro de la Brigada Caupolicán); Orlando Manzo, ex oficial de gendarmería (jefe de Cuatro Alamos). También hubo condenas para el ex general de Ejército César Manríquez (jefe de la Brigada de Inteligencia Metropolitana y luego de Villa Grimaldi), para Nelson Paz (suboficial de ejército  y agente DINA), Manuel Carevic, ex coronel de Ejército (miembro de la DINA), Risieri del Prado Altez, ex detective, (DINA) y Hugo Hernández, ex detective de la Venda Sexy, entre otros.

En algunos casos como el de María Angélica Andreoli, sólo fue condenada la cúpula de la DINA y los agentes ejecutores de las torturas y violaciones resultaron absueltos.

Siete de los 19 casos de las mujeres detenidas en la Operación Colom​b​o aún están en la Corte de Apelaciones o son de primera instancia. Y hay un caso, el de Violeta López en que ni siquiera hay procesados. En los once casos que la sentencia ha castigado en distinto grado a los criminales, lo ha hecho por secuestro. Sin embargo, la violencia sexual como forma específica de tortura, ha sido ignorada en los fallos. El Colectivo 119 de Familiares y Compañeros de los desaparecidos y desaparecidas en ese episodio represivo, junto a los abogados y otros colectivos de derechos humanos, ha luchado incesantemente por la justicia y la memoria. Por otra parte, una querella interpuesta en 2014 por mujeres sobrevivientes, se enfoca en el delito específico de violencia sexual política cometida en su contra, así como los efectos en las víctimas.

Ninguno de los condenados ha entregado  información que permitiera encontrar los restos de las detenidas. Todos los perpetradores conservan su grado militar, su pensión y granjerías como miembro de las Fuerzas Armadas, muy superior a las ínfimas jubilaciones que perciben los ciudadanos chilenos. El ejército pagó los gastos de su defensa legal, que por décadas logró prolongar los juicios y en varios casos ha significado la impunidad biológica, por muerte de los inculpados.

En total,  respecto de la lista de los 119 desaparecidos, la Corte Suprema ha dictado 56 sentencias a firme, de las cuales 45 fallos (cinco dictados en 2017/2018) corresponden a los varones desaparecidos en la Operación Colombo. Es decir, en menos de la mitad de los varones desaparecidos ha habido justicia. Uno de esos fallos (en 2016), en el proceso por el secuestro de Rodolfo Marchant, absolvió por muerte a Augusto Pinochet –que solo llegó a estar procesado por ese y otros casos- y también al ex mayor Marcelo Moren Brito (jefe de Grimaldi en un período) y a Manuel Contreras, el criminal director de la CNI, los tres únicos reos en la causa.

Para la ola feminista

Aquí presentamos finalmente, en orden alfabético, un breve fragmento de esas 19 vidas de mujeres chilenas –una de ellas de origen mapuche- que los torturadores segaron y quisieron borrar. Sus biografías están algo más desarrolladas en “119 de nosotros” (Lucía Sepúlveda, LOM, 2005), sin embargo es relevante traerlas ahora de vuelta al corazón y a la memoria, para entregarlas con amor a las nuevas generaciones de jóvenes luchadoras sociales y feministas.

1. María Inés Alvarado Borgel
Tenía 21 años cuando la detuvieron, el 17 de julio de 1974. Era secretaria y había estudiado en el Liceo Manuel de Salas. Militaba en el MIR. Antes del golpe, formaba parte de equipos que trabajaban con las pobladoras de la Nueva La Habana, una toma de terrenos, para tocar temas como violencia familiar, y hacer educación política. En dictadura, cumplió una de las tareas de mayor riesgo, invisibilidad y responsabilidad: ser enlace de su pareja, Martín Elgueta. Él era dirigente medio del MIR y se contactaba con Hernán Aguiló, otro dirigente. Martín fue detenido 2 días antes. María Inés fue torturada para que revelara el paradero de Aguiló. Los agentes la llevaron a casa de sus padres y montaron allí una ratonera esperando que llegaran otros resistentes. Su madre vio las huellas de la tortura y las marcas de las quemaduras y torturas sexuales en su hija. Sin la fortaleza y coraje de compañeras como María Inés, la resistencia no habría sido posible.

2. María Angélica Andreoli Bravo
Fue detenida en su casa de calle Bilbao, el 6 de agosto de 1974. Tenía 27 años y era del MIR. Antes del golpe estudiaba en la Universidad de Talca. Iba a ser nutricionista. Pero tras el golpe militar interrumpió sus estudios y entró a trabajar de secretaria en Sigdo Coppers. Trabajaba en el equipo de apoyo a la Comisión Política del MIR, y a Miguel Enríquez, su secretario general. Fue entregada por una delatora, Marcia Merino. Los agentes la llevaron al centro clandestino de detención ubicado en Londres 38, donde otras prisioneras escucharon su voz por varios días, resistiendo.

3. Jacqueline Binfa Contreras
Militante del MIR fue detenida el 27 de agosto de 1974, cuando tenía 28 años. En la calle la entregó Marcia Merino, la Flaca Alejandra. Había cursado la secundaria en el Colegio San Gabriel, donde era una adolescente rebelde, muy crítica de su medio social. Como era de ideas de avanzada, discutía con su mamá, que era viuda y trabajaba en el Hospital Militar. Estudió Trabajo Social en la Universidad de Chile. Sus compañeros de la U la recuerdan como una estudiante comprometida y totalmente entregada a sus actividades en el frente poblacional, en San Bernardo.  Fue torturada en los centros clandestinos de detención de Villa Grimaldi, José Domingo Cañas y Cuatro Álamos. Pero no hay un solo detenido por su secuestro, violencia sexual y desaparición. La Corte Suprema determinó en 2009 que todos los delitos estaban prescritos.

4. Carmen Bueno Cifuentes
Actriz de cine, tenía 24 años cuando la detuvieron el 29 de noviembre de 1974. Había estudiado en el Liceo 1 de Santiago, y vivió en el barrio República. Era la tercera de cinco hermanos. Su hermana la describe como una mujer que fue libre en el amor, y en sus relaciones, sin convencionalismos, tabúes sexuales ni dobleces. Una amiga cuenta que era “cabezona, medio existencialista y leía libros sobre la mujer”. Carmen había actuado en “La Tierra Prometida”, del director Miguel Littin. Ella y su pareja, el camarógrafo Jorge Müller fueron obligados a subir a una camioneta y llevados a Villa Grimaldi. Ambos militaban en el MIR y participaban del Frente de Trabajadores Revolucionarios de Cine. Se enamoraron locamente mientras se filmaba la película “A la Sombra del Sol”, de Silvio Caiozzi, donde Carmen fue la productora. La pareja fue torturada en Villa Grimaldi y en Cuatro Álamos. Se apoyaban gritándose su amor mientras permanecían detenidos.

5. María Teresa Bustillos Cereceda
Militante del MIR, tenía 24 años cuando la detuvieron el 9 de diciembre de 1974. Faltaban sólo unos días para la fecha en que debía rendir su último examen para recibirse en Trabajo Social en la Universidad de Chile. Durante el gobierno de Salvador Allende, participó del Tren de la Salud, organizando la atención de los pacientes de lugares apartados del país que requerían atención médica. Hasta hoy la recuerdan otros participantes de esa experiencia, porque “ su cabellera cobriza le confería un aura de luz” y por la impecable organización allí desplegada por ella. Era dirigenta, pero también enlace de Hernán González, quien detenido previamente, entregó el local donde ella revelaba fotos, copiaba microfilmes y estudiaba mapas de la ciudad para fijar los puntos de contacto que les permitirían comunicarse con miembros de la organización. Fue llevada a Villa Grimaldi, torturada y vejada para luego desaparecer definitivamente.

6. Sonia Bustos Reyes
Militante del MIR y cajera en el Servicio de Investigaciones (la actual PDI), tenía 30 años cuando fue detenida en su casa del barrio Brasil, el 5 de septiembre de 1974. Su padre, que falleció tempranamente, estuvo preso en Pisagua en tiempos de González Videla. Estudió en el Instituto Superior de Comercio. La familia recuerda que en sus trabajos anteriores en un hotel y una inmobiliaria, no aceptaba ningún abuso de los patrones, y siempre luchó por dignificar la vida del pueblo. Su hermana Rosa, detenida junto a ella al igual que su novio Carlos, sobrevivió, y cuenta que Sonia era coqueta desde chica, y le gustaba arreglarse y diseñar su propia ropa. También escribía poemas y pintaba. Por su trabajo, ella recibía información sobre gente que la DINA buscaba, y lo hacía  llegar a la Resistencia para que se protegieran. Sonia trabajaba políticamente junto a un detective, Teobaldo Tello y a una funcionaria, Mónica Llanca. Todos están desaparecidos.

7. Cecilia Castro Salvadores
Tenía 24 años, una hijita de dos, Valentina, y un marido, Juan Carlos Rodríguez, cuando a ambos los detuvieron en su departamento el 17 de noviembre de 1974. Ella estaba en cuarto año de Derecho de la U, había sido seleccionada chilena en voleibol  y campeona nacional  en el liceo 1, donde estudió. En su familia había un historial de mujeres luchadoras. Su abuela paterna fue una de la primeras  sufragistas  y la primera mujer que firmó las filas del partido Radical. Cecilia militaba en el MIR donde hizo activismo participando en las tomas de fundo en Linares con el Movimiento Campesino Revolucionario, y haciendo alfabetización a las mujeres campesinas del lugar. Su grupo, tras ser desalojada la toma, fue a parar  a la cárcel de Parral  y liberado gracias a gestiones del Presidente Allende. Cecilia se casó  muy poco después de ese episodio con Juan Carlos, también mirista, en febrero de1972. La pareja fue torturada en José Domingo Cañas y luego Cecilia fue llevada a VillaGrimaldi. Una sobreviviente relata acerca  de  su dignidad en ese lugar.

8. Muriel Dockendorff Navarrete
Tenía 23 años cuando la detuvieron, el 6 de agosto del 74. Era mirista, y al igual que su marido, había sido dirigente estudiantil en la escuela de Economía de la U de Concepción, aunque venía de Temuco. En los años previos había participado en trabajos voluntarios en comunidades mapuche, alfabetizando y conversando sobre el derecho a organizarse y recuperar la tierra usurpada. Sus amigas de la época de universidad la recuerdan como una militante rigurosa, pero también saben de sus poemas y su cercanía al arte. A Muriel le gustaba bordar y daba toques muy personales a la casa en que vivía en Laguna Redonda, en Concepción. En prisión, cantaba canciones de amor y quería saber de Juan su marido, preso como ella. La entregó Marcia Merino. Como María Angélica Andreoli, pertenecía al  equipo de apoyo a la Comisión Política del MIR y a su secretario general, Miguel Enríquez. Gloria Laso, sobreviviente, cuenta que Muriel soñaba con reencontrarse con Juan cuando la pesadilla acabara, e irse a vivir al sur, donde “viviría en una casita de madera en medio de un bosque de mañíos y araucarias, y le pondría a sus niños nombres de héroes y de quienes habían caído luchando en pos de sus sueños”.

9. Jacqueline Drouilly Yurich
Tenía 24 años y un embarazo de 4 meses, cuando fue detenida en Santiago el 30 de octubre de 1974. Pocas horas después, en otro  lugar cayó detenido su marido, Marcelo Salinas. Miguel Enríquez ya había caído en combate el 5 de octubre, y ahora la DINA seguía buscando a su sucesor en la dirección del MIR, Andrés Pascal Allende. La pareja de militantes del MIR se había casado en agosto y luego de la fiesta con la familia y amigos, Jacqueline bromeaba mostrando las sábanas color púrpura, “de obispo”, conguardas blancas que había cosido cuando comenzó a vivir con Marcelo.

Ellos formaban parte de los equipos que realizaban tareas al interior de la estructura de Informaciones, directamente ligada a la dirección del MIR. Jacqueline era la mayor de cuatro hermanas y vivió su niñez y adolescencia en Temuco.  Estudió Trabajo Social, en la U de Chile. Pero como también tenía inclinaciones artísticas estudió dos años de Teatro en Santiago, cuando se trasladaron allí. Después del golpe, sus padres le ofrecieron apoyarla para irse a Europa. Pero ella y Marcelo rehusaron, argumentando que los  pobladores y los trabajadores no podían irse, y “vamos a aguantar” como ellos. Sabían los riesgos, pero también sabían que su partido y el pueblo los necesitaban. En prisión, en Cuatro Alamos, Jacqueline  se las arreglaba para comunicarse con Marcelo usando un espejo, y alegraba a sus compañeras contando historias y chistes.

10. María Teresa Eltit Contreras
Tenía 22 años y estudiaba secretariado. Militaba en el MIR. Fue detenida el 12 de diciembre de 1974, pocos días después de la detención y muerte en tortura de José Bordaz, jefe militar del MIR, con quien trabajaba como su enlace. Su militancia venía desde los tiempos en que era estudiante secundaria  y pertenecía a la FESES, Federación de Estudiantes Secundarios. En prisión se reencontró con una compañera de esa época, sobreviviente, que la  describe como  “impulsiva, enamorada y muy comprometida”  con los objetivos de su partido. Otra amiga la recuerda haciendo trabajo político en los campamentos “Patria o Muerte “y “Venceremos” de la comuna de  La Granja, surgidos de tomas de terreno. María Teresa fue torturada en la parrilla muchas veces, sin embargo otras presas recuerdan que era quien recibía y consolaba a quienes pasaban luego por ese mismo trance. Ante las otras compañeras manifestaba también su dolor por el desamparo en que había quedado su madre que era viuda y trabajadora del área de la salud.

11. María Elena González Inostroza
Tenía 22 años cuando fue detenida en Santiago, el 15 d agosto de 1974. Era mirista y hasta el golpe había sido Directora de la escuela N° 18 del fundo El Calabozo, de Chillán. Hija de campesinos, había sido la mejor  alumna de su carrera, titulada con distinción como profesora de educación básica en la U de Chile de Chillán. La persecución en esa región fue intensa. La casa de sus padres fue allanada 17 veces. Ella y su hermano Galo se trasladaron a Santiago y fueron detenidos en su departamento junto a otros tres compañeros y el hijo de 5 meses de una de ellas. Del extraordinario temple de María Elena en los campos de concentración testimonia una sobreviviente: “Sabía de cocina chilena y de empanadas. Todo lo medía en platos hondos. Me dijo impertérrita que la estuvieron torturando 36 horas en la parrilla”. Era capaz de reírse de todo, con un humor  negro a prueba de las circunstancias.

12. María Isabel Joui Petersen
Marisa, de 19 años, estudiaba economía en la Universidad de Chile. Fue detenida el 20 de diciembre de 1974. Era la única mujer de un hogar tradicional, en que sus dos hermanos y su padre eran uniformados. Ella llegó al compromiso político desde la vertiente cristiana, ya que fue miembro de la Juventud de Estudiantes Católicos JEC, donde entendió el cristianismo como lo explicaba  la teología de la liberación: compromiso con  la lucha por liberar a los oprimidos y construir un mundo mejor. Fue presidenta del Centro de Alumnos del Liceo 3, cuya directiva participaba en las reuniones de la FESES.Así fue como Marisa llegó al FER y más tarde comenzó a formar parte  de la Brigada Secundaria del MIR. Lecturas políticas del Ché y Bakunin, lucha callejera, tomas, huelgas, protestas frente a la embajada de Estados Unidos en el Parque Forestal así como la venta del periódico mirista El Rebelde a la entrada de las fábricas y antes de entrar a clase, eran parte de su vida. En esos tiempos surgió la inquebrantable amistad con María Teresa Eltit y con María Alicia (sobreviviente) quien recuerda que a Marisa le gustaba escuchar a Cat Stevens, a Creedence ClearWaterRevival y a Quilapayun. Con sus amigas celebró Marisa en la Alameda la noche del triunfo del Presidente Allende. Y en los trabajos voluntarios se enamoró de Renato Sepúlveda, estudiante de medicina, también del MIR.  Se casaron en diciembre del 73, cuando poco quedaba del mundo en que habían vivido. La dictadura había cerrado su escuela, pero ambos siguieron en la resistencia. El trío de amigas después compartió prisión y tortura. Con hilos de una frazada y astillas tejieron  pulseras que prometieron llevar siempre consigo.

13. Mónica Llanca Iturra
Tenía 23 años, un hijo de 2 años, Rodrigo, y un marido cuando la detuvieron el 6 de septiembre de 1974. Era funcionaria del Gabinete Central de investigaciones, y pertenecía a una red clandestina que proporcionó células de identidad a la resistencia. Trabajó junto a Antonio Tello y Sonia Bustos. A lo largo de 6 meses, logró traspasar cartolas de cédulas en blanco para la elaboración de nuevas células de identidad destinadas a los perseguidos dirigentes miristas que no podían pasar los controles callejeros. Mónica estudió en el Liceo 15 de calle Santo Domingo y vivía en el barrio Carrascal, donde conoció a Manuel. Se casaron en 1971 y compartieron el entusiasmo de los años de la Unidad Popular y los cambios que el país vivía. Mónica iba las concentraciones y las marchas, leía con Manuel la revista Punto Final y  El Rebelde, y en una carta a una amiga,  le preguntaba si encontraba que Allende era en verdad el Salvador de Chile. Manuel trabajaba en Cemento Polpaico, que había sido intervenida, y estudiaba de noche en la USACH, entonces Universidad Técnica del Estado. Eran una familia feliz y llena de esperanza, habían montado una casilla de madera en el patio de la casa de la hermana de Mónica. Manuel quedó cesante tras el golpe y vivieron días difíciles, sustentando ella sola el hogar. Una compañera de trabajo la describe como “alegre, vivaz, confiada y confiable. En el casino siempre nos hablaba con mucho amor de Manuel y de su hijito Rodrigo.”

14. Violeta López Díaz
Militante del MIR, viuda, desapareció, tenía 40 años, un hijo de 16, Ricardo, y una hija de 14, Rebeca. Militante y artista, madre y mujer bella, obrera y secretaria, rompía los cánones tradicionales. Antes del golpe, había fundado el grupo de teatro Acquarius. Participó en la Asociación de Teatro de los Ferrocarriles, y también fue secretaria de la Sociedad de Autores Teatrales de Chile. El 11 de septiembre trabajaba como obrera  en Cecinas Loewer y fue detenida junto a otros once trabajadores y hostigada por varios días. En una oportunidad los uniformados le hicieron tragar bencina, amenazándola con  prenderle fuego y hacer daño a sus hijos. Valiente, decidida, ella siguió adelante con su familia, su militancia y su vida pero tras su detención en su domicilio de San Miguel, el 29 de agosto de 1974, sus hijos la perdieron para siempre. La denuncia para el recurso de amparo la puso el niño en la Vicaría. Cuando la buscó en recintos policiales, los uniformados le respondían que se volviera a casa porque su madre lo había dejado botado. Siguió haciéndolo, desesperado y dejó los estudios.  Se fue preso una y otra vez porque durante las noches de toque de queda salía a las calles a exigir el paradero de Violeta y luego insultaba a los uniformados. Una demanda fue presentada en 2005 por CODEPU, y la última en 2015 como parte de una demanda colectiva de Londres 38. Finalmente la ministra Marianela Cifuentes tomó la causa, que aun no tiene procesados.

15.- María Cristina  López Stewart
21 años, militante del MIR, estudiante de historia en el Pedagógico de la U de Chile fue detenida el 22 de septiembre de 1974, en el marco de los operativos que la DINA realizaba para ubicar a Miguel Enríquez. La joven estudiante, de cabellos color miel y pequeña de estatura,  dirigía una parte de la estructura de informaciones, trabajando con Alejandro de la Barra, quien fue ejecutado por la DINA en diciembre de ese mismo año. Desde los ocho años, María Cristina, la menor de tres hermanas, llevó un diario de vida. A los 16 escribió allí : “Yo no tengo miedo a la muerte. Tengo miedo a dejar de vivir.” Estudió en el Liceo 7, donde pudo conocer niñas de sectores sociales diferentes a su familia, que vivía en La Reina e hizo allí amistades entrañables. Leía, estudiaba, escuchaba a Los Beatles, su grupo musical favorito, y jugaba con su perrita Jenny. Su rebeldía y su búsqueda de igualdad de derechos la llevaron a negarse a asistir a la graduación al fin de sus estudios secundarios,  porque había otras estudiantes que no lo harían por no poder costear el traje para la  ocasión. Comenzó su militancia universitaria en el frente estudiantil, participando incluso  domingos y festivos en el trabajo político y poblacional, lo que hacía decir a su mamá: “Parece ser que mi hija Mari siente que cada minuto de su existencia es más importante entregado a los demás que a sí misma y así va dejando su desbordante alegría y esperanza en hogares más humildes “. Luego Mari pasó a trabajar políticamente en la búsqueda, recolección y sistematización de información relacionada con los movimientos golpistas de determinados sectores.

16. Eugenia Martínez Hernández
Obrera, del MIR, colocolina, 25 años, fue detenida el 24 de octubre de 1974 en la industria Laban, donde trabajaba. Su madre explica que ella entró al MIR porque deseaba vivir en una sociedad libre y justa. Su compromiso social se despertó cuando trabajaba en una fábrica de papeles. Eugenia terminó su enseñanza  media asistiendo al Liceo Nocturno N=3  llegando muy tarde a su casa de La Legua Emergencia. La fábrica de Laban fue  tomada por sus trabajadores el 29 de junio del 73, día del “Tancazo” , una suerte de ensayo del golpe. Quena logró la intervención de la industria denunciando el boicot patronal a la producción y desde entonces se unieron al Cordón industrial Macul. Pero la experiencia sólo alcanzó a durar 2 meses. Tras el golpe, la industria volvió a manos de los patrones.

17. Marta Neira Muñoz
Comunista, 29 años, un hijo – Francisco- fue detenida el 9 de diciembre de 1974, a horas de que su pareja, César Arturo Negrete (MIR) de quien era enlace, también cayera preso. Tita, alegre y generosa, de grandes ojos azules, la tercera de cinco hermanos, creció en la localidad de Isla de Maipo. En la plaza todos le hacían rueda cuando bailaba rock and roll con su hermano Miguel Angel. Ella era el orgullo de las Juventudes Comunistas de la localidad, donde solía repartir El Siglo. Era bajita y le gustaba usar tacones muy altos. Su padre había conocido la persecución en tiempos que González Videla ilegalizó al Partido Comunista. Cuando la familia se trasladó a Santiago, estuvo un tiempo en el Liceo 5 de Portugal pero terminó sus estudios en un liceo nocturno. Su rostro hermoso, de tez tostada y sonrisa perfecta fue una vez portada de la revista juvenil Ramona que editaba Quimantu, donde trabajó hasta el 11 de septiembre.

18. Patricia Peña Solari
Estudiante de licenciatura en Biología, tenía 23 años cuando fue detenida el 10 de diciembre de 1974. Su hermano Fernando había caído el día anterior. Su madre, concertista en piano, hermana de la actriz Malucha Solari, había fallecido poco antes. Militaba en el MIR y se encargaba de reproducir el periódico del MIR, El Rebelde, en un complejo proceso que comenzaba con descifrar los textos que venían en microfilm. Había estudiado en el Liceo 1. Bella, de pelo largo liso y negro, ojos almendrados y piel morena, Patricia tocaba el piano y la guitarra y amaba la música. Pertenecía al coro del Liceo y luego al  coro de Cámara de Guido Minoletti. En las largas noches de tiempos de dictadura y resistencia, Patricia y su pareja trabajaban en los textos de El  Rebelde para hacer unos 200 ejemplares, tras lo cual, con las manos aun entintadas, se acariciaban…después Patricia tocaba el piano interpretando a Mozart y Chopin, en una sucesión que Claudio, su pareja, sobreviviente rememora: “Allí estabas nuevamente  dulce como siempre: el amor, la reunión, El Rebelde y  el regreso al pentagrama.”

19. Bárbara Uribe Tamblay
Detenida el 10 de julio de 1974, tenía 20 años. Egresó del liceo un año antes de  casarse con Edwin en diciembre del 73. Fue amor a primera vista, se conocieron en el local de la Federación de Estudiantes Nocturnos, como activos miembros del FER y ella tomó la iniciativa. Iván trabajaba en la estructura de Informaciones, y es probable que Bárbara tambiénlo hiciera. Estudió en los liceos 7 de Niñas y 9 de Macul y allí luchó por todas las causas justas. Eran cuatro hermanas,Su hermana Viviana cuenta que tenía fama de rebelde  y la echaban de todos lados. También se preocupaba de sus amigas y una de ellas recuerda que le enseñó a pintarse las pestañas. Emotiva, sensible, le gustaba  la música y el canto y le aburrían las lecturas pesadas. Muy bella, le aconsejaron ser  modelo pero ella optó por hacer un curso de secretariado. Ingresó al MIR tras participar en los trabajos voluntarios en apoyo al movimiento campesino y obrero en Talca: “Cuando conoció la pobreza  directamente,no dejó de verla más”, explica su hermana. Trabajó políticamente en los campamentos de Lo Hermida y Nueva Habana y conocía de cerca al agente Romo que en esa época era dirigente poblacional, y luego fue quien  la detuvo y vejó. Ella había continuado ligada a los pobladores y se esforzó por ayudar a los perseguidos. Bárbara y Edwin permanecen desaparecidos y unidos para siempre.

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