Familia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

DestacadoFamilia Gallardo. Núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura.

39 AÑOS DE ESPERA SIN JUSTICIA

La incansable lucha de la familia Gallardo Moreno

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo-afirma Alberto Rodríguez Gallardo

Entre 1975 y 1976 cinco integrantes de la familia Gallardo Moreno fueron asesinados por agentes de la DINA. Tres fueron torturados hasta la muerte en Villa Grimaldi y dos acribillados a balazos. A pesar de que han pasado casi cuatro décadas de sus asesinatos todavía no tienen justicia. Esta es la historia de una familia que fue víctima de uno de los peores montajes mediáticos durante la dictadura: el emblemático caso de Rinconada de Maipú. Hoy, los sobrevivientes, cuentan la historia de los que ya no están.

Rinconada

Isabel Gallardo Moreno de 16 años salió rápido de su casa a comprar el diario a petición de su hermana Catalina. Pensó que no lo encontraría porque era tarde. Catalina estaba nerviosa, daba vueltas de un lado a otro con su hijo de seis meses en brazos y necesitaba ver las noticias. Cuando regresó su hermana con el diario leyeron juntas sobre un enfrentamiento en una escuela de Santiago que dejó dos muertos: un “extremista” y un soldado del Ejército. Poco rato después, llega Mónica Pacheco (25), la esposa de su hermano Roberto Gallardo Moreno, embarazada de tres meses a conversar con Catalina. Fue la noche del 18 de noviembre de 1975.

Estaban perseguidas y querían pasar la noche. Pero yo vivía en una casa muy pequeña en Almirante Barroso con San Pablo y no tenía espacio así que fui donde un vecino amigo para ver si podía recibirlas, pero su padre era militar. Ahí me quedé sin opciones así que me devolví a la casa- relata Isabel Gallardo.

El pequeño Alberto, en brazos de su madre, no paraba de llorar. Isabel prefirió sacarlo de la casa pero no alcanzó.

A unos cuantos metros suyos vio a cuatro tipos salir de un auto negro que pertenecían a la Brigada de Investigaciones. Su instinto actuó rápido: “Atiné a devolverme con el Beto en los brazos, pensé pasarlo y que me detuvieran a mí. Pero no alcancé a hacer nada cuando entran a mi casa, encuentran a mi hermana Catalina y mi cuñada Mónica. Pensé en pasarle al niño al primero que abriera y que me llevaran a mí. Pero aparece otro auto más y nos meten a todos adentro”, relata Isabel.

Pocas horas antes, Ofelia Aida Moreno, madre de Isabel y Catalina, estaba en una reunión del colegio de su nieta Viviana de 9 años. Su esposo, Alberto Gallardo (63) va a buscarla de emergencia: el director general de la PDI, Ernesto Baeza Michelsen, estaba con hombres en su casa buscando a su hijo Roberto. Sin obtener respuesta se llevan detenidos a Ofelia, Alberto, su hijo Guillermo (32) y su nieta Viviana, de 9 años.

La familia casi completa llega al cuartel de Investigaciones de General Mackenna, donde se reúnen por última vez en el pasillo subterráneo aledaño a las salas de interrogatorio. “Te encargo a mi mamá y cuando salgas de acá tienes que buscar a Rolando (su esposo) y dile que vamos al norte”, le dice Catalina a Isabel. También les encarga a su hijo Beto. Isabel, sin entender el mensaje, le dice que sí, sin cuestionarlo. Luego comenzaron los interrogatorios. Algunos con amenazas verbales, otros con metralleta y golpes.

Me preguntaban por las actividades políticas de mi familia, en qué trabajaban. Yo decía que Catalina era secretaria y mi hermano Roberto, vendedor ambulante. También me preguntaban si mi papá tenía militancia política y, como yo pensaba que la detención era un error, por eso les dije que cuando joven era comunista– recuerda Isabel.

Fue la última vez que la familia permaneció junta. Luego los separan para siempre. A Guillermo, su madre Ofelia, Viviana, Isabel y al bebé los mandaron a una caseta de seguridad. Alberto Gallardo, Mónica y Catalina quedaron en las salas de interrogatorio.

Temprano al día siguiente el director de la PDI, Baeza Michelsen, va a buscar al primer grupo a la caseta de seguridad y les dice: “Pueden irse a su casa, pero sepa usted, señora, que su hijo Roberto murió ayer y a Catalina, Mónica y Alberto los tiene que reclamar en la DINA”. Todos comienzan a llorar por Roberto sin entender qué estaba pasando. La familia Gallardo Moreno no tenía idea qué era la DINA.

Historia de persecución

Alberto Gallardo Pacheco llegó a Santiago a los 25 años, desde el pueblo de Gatico, cerca de Tocopilla. En el norte se había hecho militante del partido comunista y, por falta de trabajo como tornero mecánico, decidió arrendar una pieza en una pensión con unos compañeros. Ahí conoció a Ofelia de 17 años y nunca más se separaron. Familia grande y unida de cuatro hijos: Isabel, Roberto, Catalina y Guillermo. Llevaban una vida tranquila, hasta que en 1958 Alberto se ve obligado a emigrar a Argentina, porque nadie acá le daba trabajo por estar en la lista negra por ser comunista cuando el presidente González Videla decretó la ilegalidad del partido.

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En Argentina todo fue más llevadero. Una parroquia del barrio empezó a llamar la atención de los hijos y de Ofelia. La más entusiasta era Catalina, que entró a Acción Católica Argentina y al poco tiempo Roberto siguió sus pasos, logrando que toda la familia se acercara a la Iglesia. En 1969 Isabel vuelve a Chile junto a sus padres y en 1970 Catalina y Roberto se les unen.

Empezaron a militar en la juventud Obrera Cristiana (JOC), con quienes todos los veranos organizaban un paseo en una casa donada por el cardenal José María Caro en El Quisco, destinada exclusivamente para ser la “casa de vacaciones de obreros”. Esa enorme casa de 50 camarotes por cada lado, la preparaban todos los veranos los hermanos Gallardo Moreno como voluntarios.

En esa época se conversaba mucho no solo de religión si no también de cómo bajar la religión a la realidad. Ahí formamos nuestra conciencia de clase, en el proceso de la Unidad Popular. Porque todos éramos hijos de trabajadores- recuerda Isabel con nostalgia.

En verano de 1970, Juana Ramírez, una religiosa de la Congregación Hijas del Corazón de María y amiga cercana del padre José Aldunate, conoce por primera vez en El Quisco a Roberto Gallardo.

Juana aún no olvida las primeras palabras que cruzaron:
Hermana, ¿por qué murió Jesús en la cruz? – preguntaba Roberto.
Porque esa era la voluntad de Dios – le decía Juana.
No, hermana, Jesús murió en la cruz porque era un rebelde que le hizo frente al imperio romano y quería justicia para el pueblo israelí.

“También me decía que Jesús no estaba en el cielo si no entre nosotros. Y esas palabras llevaron la revolución a mi vida. Yo siempre digo, él me evangelizó a mí”, recuerda con cariño Juana Ramírez. Dos años después Rolando fue a visitarla al El Quisco con su polola Mónica. “Ella era una dulzura, de una ternura increíble. Me invitaron a comer un poco de arrocito con leche, conversamos y regaloneamos. Andaban vendiendo unos avioncitos de plumavit en la playa. Esa fue la última vez que los vi vivos”, cuenta Juana. Solo tres años después Juana, con el padre José Aldunate y la hermana de Ofelia Moreno, serían los encargados de reconocer sus cuerpos torturados.

La revolución latente que Roberto llevaba la compartía con Mónica, Catalina y su novio Rolando Rodríguez, quien era dirigente nacional de la JOC y militante del MIR. “Tomamos conciencia y nos hicimos comprometidos con el proceso de la UP. Yo participaba en la Juventud Socialista y en las marchas, que eran casi todos los días, veía a Rolando. Él iba con la gente del MIR. Muchos amigos cercanos estaban ahí, el estallido social era impresionante”, recuerda Isabel.

Tan lejos llegó esa complicidad entre ellos, que Catalina y Rolando, con Roberto y Mónica se decidieron casar exactamente una semana antes del golpe de Estado. Fue una gran fiesta familiar. Pero la alegría no duraría mucho.

El 11 de septiembre del 73 los hermanos Gallardo Moreno salieron juntos en un taxi, dejando a sus padres, Ofelia y Alberto en la casa. Tenían una reunión en una fábrica cerca de Cumming con la Alameda, ahí un grupo intentó organizarse reuniendo implementos de primeros auxilios y enseñando a usar armas.

Isabel tenía un kit de emergencia con medicamentos para la ocasión. “Todos pensábamos que iba a ser un enfrentamiento cuerpo a cuerpo. De momios contra nosotros. Nunca pensé lo que realmente sería, fui muy ilusa”, recuerda Isabel. Pero eso fue solo el comienzo. Su hermano Roberto Gallardo, que siempre había perseguido sus ideales, ingresó obligatoriamente al Servicio Militar, teniendo que vivir como conscripto aquel año.

Mi abuela siempre nos cuenta que mi tío Roberto era extrovertido. De risa fácil, un hombre que le gustaba divertirse todo el tiempo. Pero cuando entró al ejército su sonrisa se borró – cuenta Alberto Rodríguez.

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Luego de largas jornadas diarias, Roberto llegaba a su casa atribulado. Le contaba a su madre que había sido obligado a participar en allanamientos en poblaciones donde tenía que fingir que golpeaba a la gente. A veces pasaban días sin saber de él, a ratos lo acuartelaban y no tenían ninguna noticia suya en varios días. “Finalmente por una complicación del primer embarazo de su esposa Mónica pudo salirse, porque estaba desesperado. Apeló a la salud de Mónica y la pobreza de la familia. Logró salir, pero algo en él había cambiado por lo que le había tocado vivir. Roberto se volvió reservado”, cuenta Isabel.

Noche de horrores

Después de ser liberados por la Brigada de Investigaciones la mañana del 19 de noviembre de 1976 y que les anunciaran la muerte de su hermano Roberto Gallardo, Isabel y Guillermo empezaron a hacer los trámites para encontrar su cuerpo. Su madre Ofelia estaba pasmada. Fueron a la morgue pero nadie con su nombre estaba ahí. Isabel recuerda que alguien les dijo que debían ir a poner una denuncia al Comité Pro Paz -organismo de la Iglesia católica que buscaba resguardar los derechos humanos- y que ahí expusieran su caso. Sin saber qué hacía el Comité, llegó allá y le contó su historia a Juana Ramírez que trabajaba ahí desde 1974. Juana sabía exactamente quien era Roberto. Entre llantos y desesperación en el Comité les propusieron interponer un recurso de amparo por Catalina, Roberto, Mónica y Alberto Gallardo.

Todas las luces de esperanzas, sin embargo, se derrumbaron cuando vecinos le avisan a la señora Ofelia que nombraban a su esposo, su hija y nuera en la televisión mientras sus otros hijos hacían los trámites. En una entrevista con la revista Pastoral Popular en marzo de 1991, ella recordó ese momento:

Isabel y Guillermo andaban en el Comité Pro Paz cuando recibo un llamado telefónico de una hermana que me dice que vea las noticias. Se trataba de un extra informativo donde se hablaba de un enfrentamiento con organismos de seguridad en la Rinconada de Maipú. Señalaban que habían sido exterminados “los extremistas” y daban los nombres de mi esposo, mi hija Catalina y mi nuera Mónica. Me negué a todo. Pero a las 9 de la noche sale un reportaje de Julio López Blanco sobre el enfrentamiento y seguí negando. Pensé que era una mentira para que mi hijo Roberto se presentara a las autoridades– comenta la señora Ofelia en esa entrevista.

Fue una noche terrible. En la televisión los periodistas Claudio Sánchez y Julio López Blanco daban detalles de un enfrentamiento que a nadie en la familia le hacía sentido.

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-Empieza a nombrar nuestros familiares como los caídos y nosotros no entendíamos nada. No sabíamos que decir, fue la noche más horrorosa, fue terrible. Todos nos acostamos en una sola cama pero no pudimos pegar ni una sola pestaña, por las dudas y por la angustia, fue un sentimiento indescriptible- recuerda Isabel acongojada.

Hasta ese momento parte de la familia Gallardo Moreno todavía no entendía la noche de horror que habían vivido sus seres queridos. Noche que estuvo muy lejos de ser un enfrentamiento armado en los cerros de la Rinconada de Maipú. Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo fueron trasladados desde el cuartel de la Brigada de Investigaciones al cuartel militar Terranova (denominado más tarde Villa Grimaldi). Las justificaciones para su detención estaban claras para la DINA: El día anterior se había producido un operativo armado de miembros del MIR en la Escuela Bío-Bío en Santiago. A consecuencia del cual falleció el soldado Hernán Salinas y el militante del MIR Roberto Gallardo Moreno (25), hermano de Catalina, esposo de Mónica e hijo de Alberto.

Como constan los testigos presentes en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la noche del 18 de noviembre fue la peor noche de Villa Grimaldi. Testigos aseguran que hubo un gran movimiento de vehículos, donde dos detenidas fueron llevadas a las piezas de tortura aledañas a las celdas de mujeres. También recuerdan que un anciano estuvo largo rato en el jardín del cuartel, donde se escuchaban gritos y mucho movimiento. Luego se les sumaron varios detenidos más y las dos mujeres (Mónica y Catalina) fueron llevadas al jardín, donde se escuchaban los gritos de Marcelo Moren Brito pidiendo agua caliente y aceite hirviendo.
Los gritos quedaron marcados en los recuerdos de los detenidos.

Leila Pérez, detenida en octubre de 1975, recuerda los gritos en el patio y el vozarrón inconfundible de Marcelo Moren Brito, en ese momento a cargo de Villa Grimaldi. Otro testimonio clave fue el del historiador Gabriel Salazar quien también declaró que fue la peor noche de todas: golpes, gritos de los detenidos, caos e instrucciones de los agentes de la DINA que corrían para todas partes.

– Me ha tocado conversar con detenidos que estuvieron ese día como Gabriel Salazar, Patricio Bustos del Servicio Médico legal, Leila Pérez y otros. Todos convergen en que fue una noche de horror. Tanto así que gente hizo juramentos de no volver a hablar de lo que habían visto esa noche. Pero la verdad es tan liberadora que también se habla de la intachable integridad, porque a pesar de todo lo que les hicieron ellos no hablaron. Tuvieron convicción y dignidad hasta su muerte- cuenta Alberto, hijo de Catalina y Rolando Rodríguez.

Al día siguiente, como relata la señora Ofelia en su Familia Gallardo Presente: Necesito La Verdad“>Entrevista aparecida en la revista Pastoral Popular Nº 206 – Marzo de 1991, sus hijos Isabel y Guillermo volvieron a la morgue en búsqueda de respuestas. “Por la tarde, casi al cerrar la morgue, mi hijo Guillermo pudo conversar con el portero y le cuenta su tragedia. Este hombre se ablandó y lo deja entrar escondido. Ahí encuentra a mi hijo Roberto, recién llegado. Estaba desfigurado, para asegurarse de su identidad le abrió la boca y ubicó un diente característico de nuestra familia”, relata Ofelia. Roberto había muerto el 17 de noviembre en un asalto que el MIR hace a la Escuela Bío-Bío, recinto que funcionaba como fachada para esconder armamento militar que ellos pretendían recuperar para poder combatir la dictadura.
Pero nada se sabía de Catalina, Mónica y Alberto. Casi a mediados de diciembre y gracias a la gestión de la abogada de derechos humanos Fabiola Letelier -hermana de Orlando Letelier, asesinado en Washington- les entregaron los cuerpos. A reconocerlos llegaron el padre José Aldunate, Juana Ramírez y la hermana de la señora Ofelia. Juana recuerda ese momento como si fuera ayer.

Solo nos dejaron ver rápidamente los cuerpos. Catalina no tenía ojos en sus cuencas. Yo casi perdí el conocimiento, estaba profundamente conmocionada pero tenía que controlarme. Todos estaban visiblemente torturados, caras enrojecidas, quemadas con cigarros, hinchados, desfigurados, con tierra, ensangrentados. Mónica estaba embarazada de tres meses, ni te explico. Esa imagen no se me olvidará nunca– recuerda Juana.

El padre José Aldunate, a pesar de que conocía muy bien a Roberto y Catalina de la JOC, donde se relacionaban también con Mariano Puga y Roberto Bolton, se quedó en silencio. Los tres llevaron los ataúdes sellados al Cementerio General donde Ofelia esperaba a su familia.

39-años-de_portada-de-“La-Tercera-de-la-hora”,-del-20-de-noviembre-de-1975

Fue todo muy emotivo. Los sepultureros empezaron a sacar flores de otras tumbas para ponerles, porque nadie pudo llevar flores. Desde ese momento yo nunca me pude separar de esa familia. Eran una familia pura, preciosa. Hoy soy madrina de Alberto y nunca más me separé de Ofelia – recuerda Juana Ramírez que hoy vive en el mismo terreno familiar que toda la familia en Renca.

El ensañamiento que Manuel Contreras, Marcelo Moren Brito, Víctor Laurence Mirens, Francisco Ferrer Lima, Miguel Krassnoff, entre otros, infringieron a la familia Gallardo Moreno ese día, no tuvo límites. Y esa pregunta fue la que llevó a Alberto Rodríguez a dedicarse los últimos nueve años de su vida a indagar más sobre la historia política de su familia, que hoy le llena de orgullo. Si bien aún no tiene clara las fechas, Rolando, Catalina, Mónica y Roberto entran al MIR vinculado a un grupo del Colegio Andacollo, en el barrio que vivían.

Mi familia eran muy creyentes y en esa convicción de fe se dieron cuenta que con el accionar de la Iglesia no bastaba para hacer una transformación social y ahí deciden entrar al MIR, con el fin de actuar, tomar el compromiso de lucha y luego de resistencia a la dictadura. De hecho mis papás Catalina y Rolando tenían un compromiso que si uno caía, el otro seguía. Y así fue. Cuando mataron a mi madre, mi papá pasó a la clandestinidad para seguir luchando, hasta que lo acribillan a plena luz del día- cuenta Alberto Rodríguez.

Su padre fue acribillado casi un año después el 20 de octubre de 1976 en plena calle. Su familia intentó que se asilara, pero no hubo caso. Le decía que pensara en Alberto, que crecería sin sus padres si no se iba. Pero Rolando estaba decidido a quedarse y seguir la lucha ante la dictadura que le había arrebatado a su esposa: “justamente por el Beto es que hago esto”, respondía su padre.

Lucha sin descanso

La familia Gallardo Moreno como otros núcleos familiares que fueron desmembrados durante la dictadura –como la familia Recabarren González y Vergara Toledo, entre otras- todavía están atrapadas en la impunidad. Han pasado 39 años desde los hechos y todavía los autores intelectuales y materiales de los asesinatos de Roberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco y Alberto Gallardo no reciben condena por parte de los Tribunales de Justicia, debido a que la causa judicial quedó estancada en la orden de procesamiento del juez Alejandro Solís el año 2006. Las muertes de Roberto Gallardo y Rolando Rodríguez pasan por el mismo escenario.

Hoy la abuela Ofelia Moreno tiene 89 años, Isabel Gallardo 57, Guillermo Gallardo falleció justo el 11 de septiembre de 1997 y Alberto, el niño que fue detenido junto a su madre cuando tenía seis meses, tiene 39. A pesar de ser el primer caso de la Comisión Rettig reconocido como una grave violación a los derechos humanos, aún esperan justicia.

Todo este tiempo llevamos esperando sentencia. Pero las condenas que se manejan son entre 10 y 15 años para los responsables. Ya el tiempo que llevamos esperando es mayor a la condena, es inaudito. Hoy nos damos cuenta que los montajes en Chile no han cesado y que desconfiemos de los medios es un derecho, porque han aportado a desinformar – relata frustrado Alberto.

Además de la justicia que les debe el Estado chileno, la Familia Gallardo Moreno desea que TVN y Canal 13 reconozcan públicamente su responsabilidad en uno de los montajes más sórdidos de la historia de Chile. “No es posible que hoy a casi 40 años ellos no hayan dicho que el montaje Rinconada de Maipú fue una mentira que le expusieron al país y al mundo, exigimos que den la cara ante el país y el mundo”, dice Alberto.

Solo el Colegio de Periodistas estableció sanciones por parte del Comité de Ética Metropolitano. “Al único que echaron y está sometido a proceso es Roberto Araya porque se comprobó que era agente de la DINA. Claudio Sánchez y López Blanco solo recibieron sanciones éticas”, comenta Isabel Gallardo.

En enero del 2012, la investigación del juez Alejandro Solís estableció que Roberto Araya y Julio López Blanco fueron efectivamente convocados por la DINA para emitir en televisión notas que presentaran como enfrentamiento los asesinatos de la familia Gallardo Moreno.

La “mami Ofelia” como le llaman en Renca se sumó a la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos poco tiempo después de la tragedia, siendo una de las primeras cinco integrantes. A pesar de ser nuevamente secuestrada por la DINA un año después para ser interrogada, nunca ha tenido miedo en gritar su verdad. “Si me van a matar por decir mi verdad, que me maten. Pero nadie me quitará el derecho de decir lo que me pasó”, siempre le dice a su familia. Y su lucha, hoy, está enfocada a limpiar el nombre de su familia y en hacer entender a la gente que lo que salió en televisión fue una gran mentira.

Entre los periodistas responsables no están solo los que aparecieron en pantalla. Está también Vicente Pérez Zurita, jefe de prensa de TVN en ese tiempo y también el director general del canal, Manfredo Mayol, padre del sociólogo Alfredo Mayol – comenta Isabel.

Las acusaciones de la familia están respaldadas por la investigación del juez Solís pero tampoco se ha hecho justicia respecto a los medios de comunicación que respaldaron la versión entregada por canal 13 y TVN: El Mercurio, La Segunda, Las últimas Noticias, La Tercera, la revista Qué Pasa, entre otros.

Para mí, la historia de mi familia es una historia de amor profundo, de amor por el pueblo chileno, por la familia. Un amor que habla de sueños de transformación. A pesar de la masacre de mi familia y de la falta de justicia, mi historia e identidad me llena de orgullo- afirma Alberto Rodríguez.

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En el Día Internacional de los Derechos Humanos querella familiares 119 por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman. Chile

Español: Cartel durante la marcha estudiantil ...
Español: Cartel durante la marcha estudiantil del 16 de junio de 2011, frente a la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. La leyenda dice: Chileno, 44 años después, El Mercurio aún miente. (Photo credit: Wikipedia)

Nueva querella criminal contra Agustín Edwards presentaron familiares de detenidos desaparecidos

 Publicado el 11 Diciembre 2013 ESCRITO POR ERNESTO CARMONA*

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por coincidencia, 7º aniversario de la muerte de Pinochet, fue presentada hoy una querella colectiva por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena El Mercurio, y otros personajes vinculados al periodismo.

 

La demanda fue introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos desaparecidos en Chile que en 1975 la llamada Operación Colombo de la DINA presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.

 

La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.

El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.

La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.

En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.

Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos” estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.

A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.

Exterminados como ratones”

La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres, el 22 y 24 de julio de 1975 en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil, en la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, y enseguida en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.

El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan  como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.

 

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

Los periodistas pidieron perdón

Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.

El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.

 

La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.

 

Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”

El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.

Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro “enfrentamiento” al sorprendérsele “poniendo una bomba” a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.

La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

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Rescate y recopilación de memoria intergeneracional en la Web.

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