Los hijos del Cóndor.Carla Rutila Artes.

Los hijos del Cóndor.Carla Rutila Artes.
Argentina|Descansa Carlita Rutila Artes, a quien de bebé la dictadura de Banzer quiso desaparecer.
 Hija de Graciela Rutila y Enrique López, de nacionalidad uruguaya, Carla Graciela López Rutila nació el 28 de junio de 1975 en Miraflores, Perú. Vivieron durante un tiempo en Bolivia donde Graciela fue detenida junto a su pequeña hija el 2 de abril de 1976 en la localidad de Oruro. Según consta en un radiograma oficial, el 29 de agosto de ese mismo año las autoridades bolivianas entregaron a Graciela y a Carla a las fuerzas de seguridad argentinas, en el marco del “Plan Cóndor”.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambas permanecieron detenidas en el CCD  “Automotores Orletti”. Enrique fue asesinado el 17 de septiembre de 1976 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En diciembre de 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Carla en poder de Eduardo Alfredo Ruffo, integrante de la Triple A, y su esposa Armanda Cordero. El matrimonio se encontraba prófugo de la justicia hasta que en 1985, tras una intensa búsqueda, fueron localizados. La niña se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y en septiembre de 1985 los resultados confirmaron que se trataba de Carla, hija de Graciela y Enrique. Su madre permanece desaparecida.

La TV Pública presenta “Nietos, historias con Identidad”, una serie de micros con relato de Víctor Hugo Morales en los que a través de testimonios de los protagonistas, se cuenta la historia de búsqueda de familiares de desaparecidos y de hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad y fueron restituidos a sus familias. Además, se invita a todos aquellos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo.

Emitido el 15-08-12 por la TV Pública.

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Carla Rutila Artes falleció este 22 de febrero de 2017, con 41 años en Buenos Aires-Argentina a causa de un cáncer que ni en los peores momentos le impidió reclamar memoria, verdad y justicia.
Su historia, es una prueba del terrorismo de Estado y la existencia del Plan Cóndor, una estrategia de coordinación entre las dictaduras latinoamericanas con el apoyo de la CÍA, en la década de los años 70.
Carlita nace el 28 de junio de 1975 en Miraflores-Perú, hija de la joven pareja de militantes internacionalistas Graciela Rutilo (argentina) y Enrique Lucas López (uruguayo). Por entusiasmo de Graciela, quien creció y estudió en La Paz, la pareja se traslada a Bolivia y milita en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de detener la dictadura banzerista que sume a Bolivia en un ambiente autoritario y represivo.
Enrique es asesinado en septiembre de 1976 por grupos paramilitares y sus restos permanecen desaparecidos hasta el año 1999. El 2 de abril del año 1976, Graciela apoya una huelga minera en Oruro y es secuestrada junto a Carlita, quien tiene 9 meses. Madre e hija son llevadas al Departamento de Orden Político (DOP) de Oruro y posteriormente a la ciudad de La Paz. En el nuevo destino Graciela es sometida a interrogatorios en un centro de tortura y la bebé queda en custodia de 4 miembros del Ministerio de Gobierno boliviano, que envían a la menor al hogar “Carlos Villegas” y posteriormente al orfanato “Virgen de Fátima” bajo el nombre falso de Nora Nemtala (N.N.). Por distintos testimonios y problemas de salud en Carla, se comprueba que los represores la sacaron del orfanato para llevarla a las sesiones de tortura de Graciela, donde golpeaban a la bebé para atormentar a su madre. Debido a esta acción, Carlita pierde parte de su audición y años más tarde debe utilizar audífonos.
El 29 de agosto de 1976, la dictadura de Banzer en Bolivia entrega de forma ilegal a Graciela y Carla a la dictadura de Videla en Argentina. El traslado y con ello, la responsabilidad y complicidad del estado boliviano en la desaparición de madre e hija, queda certificado en un radiograma emitido por el Ministerio de Gobierno boliviano en el que comunica que Graciela y Carla son expulsadas de Bolivia por el puente internacional con Argentina (Villazón-La Quiaca). En la frontera, los represores bolivianos obligan a Graciela a firmar un certificado donde reconoce que le entregan a su hija en buen estado de salud.
En Buenos Aires, ambas son trasladadas al centro clandestino de tortura Automotores Orletti, donde Graciela desaparece. En dicho lugar, Carla es robada por el torturador argentino Eduardo Alfredo Ruffo, miembro de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) quien inscribe a Carla como hija propia bajo el nombre de Ginna Amanda Ruffo. A su vez, el torturador se apropia de otro niño y le pone el nombre de Alejandro. Ambos niños crecen pensando que son hijos biológicos de la familia Ruffo.
Mientras los organismos de inteligencia latinoamericanos operan con el terror de forma sistemática. Matilde Artes (madre de Graciela) emprende una larga búsqueda de 9 años para encontrar a su hija y nieta con el apoyo de madres, abuelas de plaza de mayo y otros organismos internacionales. Carla recordaba que la primera vez que vio a su abuela materna fue por televisión en los inicios del proceso democrático argentino y que su primera reacción fue pensar y preguntar a su apropiador: “¿Qué hace esta señora con mi foto?”. A lo que Ruffo la golpea y le indica que es una vieja bruja que le quiere sacar la sangre.
En el año 1983, Abuelas de Plaza de mayo localiza a Carla, pero los apropiadores huyen. Dos años más tarde las abuelas relocalizan a la niña y mediante una prueba de ADN confirman su verdadera identidad. En una entrevista, Carla recuerda el reencuentro con su abuela de la siguiente manera: “El juez nos presenta y me dice Carla esta es tu abuela y mi abuela dice “sí carlita soy tu abuela y hace 9 años que te busco mi amor”. Entonces abre el poncho y no sé si fue instintivo el hecho de apoyar la cabeza y abrazarnos, estuvimos como 10 o 15 minutos. Y sentí que ese abrazo y momento, me restituyó todo el amor que me habían robado”. Por motivos de seguridad, Matilde decide irse a España con su nieta.
En España, Carla rehace su vida junto a su abuela y se convierte en madre de 3 hijos: Graciela, Anahí y Enrique a los que cría sola. Sin embargo, las circunstancias económicas y políticas la hacen regresar a Latinoamérica. En el año 1999, durante el segundo gobierno de Banzer, se encuentran los restos de su padre Enrique Lucas López en Bolivia. En ese contexto, Carla Rutila Artes, quien fuera una bebé ilegalmente sacada del país por la dictadura de Banzer, regresa de forma legal con 25 años para denunciar su caso y la impunidad de la represión dictatorial. Sin embargo, pocos fueron los medios que pudieron darle un espacio, e incluso la revista Informe R que le realiza un reportaje, sufre la incautación de sus ejemplares por parte del Ministerio de Gobierno, en una acción dictatorial ejecutada en tiempos democráticos. La corta estancia de Carla en Bolivia puso nervioso al gobierno banzerista. “Carlita, vives y vuelves a contar que es un asesino el General, pero él no quiere recordar, aunque te quiso matar” escribió Antonio Peredo, en un poema dedicado a Carla durante su valiente estancia en Bolivia.
En el año 2011 Carla se traslada a Argentina donde su memoria fotográfica ayuda a dar sentencia a distintos represores que tenían contacto con su apropiador Eduardo Ruffo. A su vez, pudo declarar y enfrentar desde cercana distancia al mismo, quien no pudo sostenerle la mirada mientras lo denunciaba por maltrato infantil, psicológico y sexual. En medio de distintas investigaciones, Carla conoce a Nicolás Biedma,* hijo de un desaparecido chileno en Automotores Orletti, ambos se enamoran, se convierten en compañeros de vida y el año 2012 se casan. Carla vivió dicha acción con emoción y la describía como “un acto en defensa de la vida”, de la misma forma, contaba con alegría y entusiasmo el nacimiento de su nieta Nina.
Quienes conocimos a Carla podemos hablar de una mujer fuerte, la más fuerte, como su nombre significa. Una persona con capacidad de luchar por la misma causa en todo lado, desde todo espacio. Una niña que le ganó al terror y la muerte, una mujer que se hizo cargo de su historia, de su verdadera identidad y de la lucha de sus padres. Creo que por ese motivo su última voluntad fue ser cremada y colocada en el centro de detenciones Orletti, que Carla consideraba un lugar que la acerca a su madre, porque es el lugar hasta donde llegó la investigación sobre el paradero de Graciela. Independientemente de esta acción simbólica, Carla ahora se convierte en parte de nuestra historia y se une a los muchos y muchas que debemos recordar.
La historia de Carlita demuestra la coordinación de las dictaduras de Bolivia, Argentina, Uruguay, e incluso Chile. Su testimonio incomodó a muchos, porque es la demostración de que las dictaduras impusieron su sistema desde una barbarie que ni siquiera tuvo piedad con los bebés. Me niego a decir que está muerta la bebé que le ganó al miedo, a la dictadura, al olvido y a la muerte. Me atrevo a soñar que por fin se reencontró con sus padres, me animo a decir que descansa, mas no en la paz que se merece, porque la cultura de la impunidad lamentablemente sigue vigente. La existencia de Carla me hace entender que el pasado no terminó y tiene consecuencias en el presente, nos invita como continente a hacernos cargo de nuestra historia para construir nuestra verdadera identidad. Carlita vive y vivirá siempre porque no pudieron vencerla, guardaremos su historia y valentía en nuestro recuerdo y estará con nosotros cada vez que enfrentemos a quienes pretenden hacernos olvidar lo que no tiene perdón. Carla quedará en nuestra utopía, en nuestros sueños de justicia y cada vez que gritemos con fuerza: NUNCA MÁS.

Para mayor información

EL PAIS › EL TESTIMONIO DE CARLA ARTES, APROPIADA POR EDUARDO RUFFO, EN EL JUICIO POR ROBO DE BEBES

“Me restituyeron el nombre y el amor”

Después de vivir veinticinco años en España junto a su abuela Sacha, Carla Artes volvió a la Argentina y reiteró ayer ante el tribunal que Ruffo abusaba de ella y se fugó cuando su abuela la encontró. El represor pidió no estar en la audiencia.

 Por Alejandra Dandan

Cuando Carla Rutila Artes vio por primera vez su foto en televisión y a una señora que decía que la estaba buscando, le preguntó a Eduardo Ruffo quién era esa mujer. El parapolicía, que integraba la banda de Aníbal Gordon, le respondió que era “una vieja bruja” que la buscaba para sacarle la sangre. Tiempo después, cuando finalmente Carla conoció su historia, un juez le presentó a su abuela biológica. “Entra mi abuela y creo que conocer a la vieja bruja fue lo mejor que me pasó en mi vida; el proceso con ella indudablemente fue complicado, pero hay dos cosas que se me restituyen en ese momento: el nombre y el amor, porque con Ruffo tenía todo lo material, pero carecí de todo eso”.

Carla Rutila Artes declaró en la audiencia del plan sistemático de robo de bebés como el año pasado lo hizo en el juicio por los crímenes de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en el país. Esa vez, Carla se sentó frente a su apropiador, que permaneció en la sala para escuchar, entre otras cosas, la primera denuncia que ella se animaba a hacer públicamente sobre la condición de abuso a la que él la sometió desde los tres a los nueve años. Esta vez Ruffo no estuvo presente en la sala. Antes de que empiece la audiencia pidió al Tribunal Oral Federal 6 una autorización para retirarse a la alcaidía. Ruffo se fue. Carla entró. Habló de su historia sin la obligación de esquivar la mirada que el año pasado la hundió durante varias semanas en sus más pesados fantasmas.

Ella volvió al país hace unos meses después de 25 años de vida en España. En el cuerpo lleva la marca de una disminución de la escucha, producto de los golpes de quien la situó durante años como su hija. Se sentó con la cabeza de costado, para escuchar las preguntas. Les pidió a los jueces la compañía cercana de la coordinadora del centro Ulloa de asistencia a las víctimas, para poder sostenerse.

Cuando lo bueno desaparece

A Carla la secuestraron en Bolivia el 2 de abril de 1976 con su madre, Graciela Rutila Artes, dirigente estudiantil en Oruro. “A mí me llevaron a un orfanato, me condenaron a desaparecer desde ese momento, sé que a mi madre la llevaron al Ministerio del Interior de La Paz. El 24 de agosto nos reúnen nuevamente, me sacan del orfanato en medio de un operativo bastante impresionante, a ella la llevan a la cárcel de mujeres y sé que gracias a la denuncia que empezaba a hacer mi abuela hicieron que la Cruz Roja boliviana presenciara la situación. La obligaron a firmar un papel como que estábamos en perfecto estado de salud y el 29 de agosto de 1976 nos trasladaron de Villazón a la Argentina.”

Participaron la Policía Federal argentina y el Servicio de Inteligencia, pese a que hacía tiempo que ninguna de las dos estaban en el país. En Orletti, Carla tenía un año y tres meses. “Yo sé que debo haber estado tres semanas, como mucho un mes. Me acuerdo del suelo, la altura de una canilla, los pitidos del tren: eso no se me olvidó nunca, porque al día de hoy sigo teniendo los pitidos frecuentes adentro del oído.”

Un sobreviviente situó a su madre en ese espacio, pero después nadie supo más nada de ella porque, como su militancia estuvo en Bolivia, en el país nadie la reconoció. “A mí me sacan en esos días y me llevan a Magister, que era una empresa regenteada por Otto Paladino, un lugar encubierto donde trabajaba la Triple A con Eduardo Alfredo Ruffo, Aníbal Gordon. A días de estar ahí, fui apropiada por Ruffo. Me inscribieron como Gina Amanda Ruffo, nacida el 26 de junio de 1976, figuro haber nacido en el seno de esa familia, como hija de él y de Amanda Cordero de Ruffo.”

Los Ruffo tuvieron un hijo un año más tarde. “Nunca me dijeron nada: es decir que yo viví desde el ’76 hasta el ’83 con relativamente alguna normalidad de ir al colegio, de vida normal entre comillas, dentro de lo que se puede considerar una vida normal hasta que este señor Ruffo empieza a ser investigado por la Justicia y en enero de 1984, cuando era inminente el arribo de mi abuela al país porque había nueve denuncias por mi caso, él tuvo cierta urgencia de ponerse prófugo.”

En la sala, el fiscal Martín Niklison hizo la primera parte de las preguntas. “Cuando uno lo ha pasado tan mal y ha tenido una infancia tan infeliz lo poco de bueno desaparece: los únicos recuerdos de la infancia son junto a mi hermano, mi infancia fue una infancia llena de violencia psicológica y física y de abusos sexuales de los 3 años a los 10 años.”

La búsqueda

Con Ruffo prófugo, ellos cambiaron de casa cada tres meses. Carla quedó desescolarizada dos años. “No podíamos salir a la calle, con lo cual yo era el origen de todos sus males: me teñían el pelo todo el tiempo, buscaban la forma de esconder esta carita que era tan parecida a cuando era chica.”

En los vaivenes hubo comilonas y asados con los agentes de la Triple A y de seguridad, rondas de veinte personas con hijos y mujeres. Estaba Gordon, su hijo, el yerno de Otto Paladino. En la sala le preguntaron por las armas. Carla habló de Cariló, una casa con una puerta hacia abajo donde había armas y un arsenal “bastante grande”. “Nunca me olvidaré de una de ellas porque todavía me da pánico –dijo–: era un arma tipo alemana, me di cuenta de que la usaban los nazis.”

El 11 julio de 1984 Carla se vio en televisión. Matilde Artes estaba en la pantalla con fotos de su hija Graciela y de la nieta Carla de año y medio: “Cuando la veo a ella en televisión me reconozco”, dijo. “Las fotos eran de un bebé de un año y medio con el mismo pelito rosado que tenía yo en las fotos que ellos me habían sacado. Y la respuesta de él, aparte de la tremebunda paliza para que no volviera a preguntar nada, es que ella era una vieja bruja que te está buscando para sacarte la sangre.” Después vino un afiche en la calle, Carla mirando en el afiche la imagen de Ruffo y la palabra buscado. La idea de que algo no estaba bien. El operativo en la casa. La detención y un juez que le explica su historia.

“Me dice que no me llamaba como me llamaba sino que me llamaba Carla y que mis padres estaban desaparecidos; y que mi abuela hacía 9 años que me estaba buscando: creo que uno de los actos más importante de mi vida fue cuando me restituyeron mi nombre y no me he dejado de llamar Carla.”

Chile roto. Uruguayos el día del golpe militar de Pinochet

Chile roto. Uruguayos el día del golpe militar de Pinochet
LIBROS
Chile roto. Uruguayos el día del golpe militar de Pinochet

 15 DICIEMBRE, 2003

Recientemente acaba de aparecer en Chile el libro `Chile Roto. Uruguayos el día del golpe en Chile`, de los autores Eleuterio Fernandez H. y Graciela Jorge Pancera, los cuales realizaron un trabajo de investigación en torno de la situación que padecieron muchos ciudadanos uruguayos que se encontraban en Chile, al momento del golpe de Estado, ocurrido el 11 de septiembre de 1973.

De acuerdo a informaciones oficiales, mas de dos mil uruguayos vivan en Chile al momento del golpe de estado en 1973. La mayor parte de ellos eran militantes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros) y del Partido Comunista Uruguayo, que llegaron a Chile después del triunfo de la Unidad Popular, huyendo de las persecuciones pachequistas.

A partir de los años 60 y después del triunfo de la Revolución Cubana, se va desarrollando un intrincado nudo histórico en la mayor parte del Cono Sur Latinoamericano: Golpe de estado en el Uruguay, triunfo electoral de Hector Campora en la Argentina y al poco tiempo el establecimiento del terror y la muerte que llamaron la atención del mundo entero; Golpe de Estado en Bolivia, Chile y Perú.

`Cuando se mira ese pasado es imposible eludir la constatacion de que en el Cono Sur estaba preñado de acontecimientos decisivos y es en ese marco que podemos comprender el por que de las hecatombes. El por que de nuestros errores. El por que de la alarma del imperio y por lo tanto el por que de sus acciones genocidas`, expresa la presentación del libro.

El presente libro fue escrito veinte años después de que se desataran los acontecimientos de muertes, y los testimonios que entregan los autores tiene el valor de la síntesis realizada a partir de la experiencia de decenas de personas, todos sobrevivientes, quienes entregaron sus relatos en torno de la solidaridad, la entrega y del cómo, por su condición de refugiados que llevaban encima la experiencia de la tortura y la represión , pudieron
evaluar el momento político del Chile de esos años, y muchos otros tomaron la decisión de partir antes que se estableciera el horror del golpe de estado.

En base a los diversos testimonios que aparecen en el libro, la Comisión Rettig reconoció oficialmente la desaparición de ciudadanos uruguayos en el Chile de Pinochet. Los autores expresan que ellos no pretenden hacer una especie de resumen o análisis del gobierno de la Unidad Popular, destacan que apenas es un homenaje y una contribución a la lucha por los recuerdos. Como fundadores y militantes del Movimiento de Liberación Nacional (Tupamaros), ha sido fuerte la intención de entrar a profundizar en el estudio de ese negro período porque Chile forma parte importantsima y decisiva en la historia de muchos luchadores sociales en nuestra América Latina. Una experiencia política histórica que es necesario seguir estudiando, para aprender de ella, de cómo actúan las oligarquías locales con el apoyo de los sectores mas reaccionarios y neo fascistas de los
EE.UU. como lo demuestra la documentación que hay al respecto.

Cabe recordar, que al momento del triunfo electoral obtenido por la Unidad Popular, militantes de la izquierda latinoamericana, se apersonaron en Chile, con el objeto de seguir de cerca el importante proceso de cambios que comenzaba a vivir Chile, o directamente entraron a colaborar con el, en diversos ámbitos de su gestión. Muchos de ellos, provenían del Uruguay, Brasil, Bolivia y Centro América. Al momento del golpe, debieron asilarse, otros fueron detenidos, y también de muchos de ellos, nunca se supo su paradero, por que fueron asesinados en las diversas olas represivas o pasaron a formar parte de la lista de detenidos desaparecidos. La reciente reaparición de este libro, viene a contribuir a llenar los vacíos históricos del 11 de septiembre de 1973 y que aportan significativamente al esclarecimiento de la verdad.

referencia Chile Roto. LOM

Amanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

DestacadoAmanda no es la letra de una canción … “Yo soy la hija de Víctor Jara”.

Amanda no es la letra de una canciónHija Amanda Jara

Cuando dice su nombre en el consultorio le cantan “Te recuerdo, Amanda”. Antes se hacía la lesa. Ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Amanda no canta, no toca guitarra y tampoco milita en el PC. No pretende ser el vivo retrato de su padre. Su recuerdo es íntimo, un proceso personal en el que ha debido aprender a desenrabiarse con Víctor ausente y a pedir explicaciones por su muerte.

Domingo 25 de mayo de 2008 | por Alejandra Carmona López

La noche que Amanda voló hacia su exilio se fue sólo con lo puesto. Ni siquiera alcanzó a recoger sus juguetes de niña de nueve años. En las tres maletas que llevaban ella, su madre, Joan, y su hermana, Manuela, sólo cupo su padre: sus fotos, un montón de recortes de diarios, cartas y cintas de grabación. En medio de fusiles y militares arrogantes que abundaban en el aeropuerto de Santiago, enfilaron hasta la puerta del avión con destino a Londres, las tres de la mano, escoltadas por un funcionario de la Embajada de Inglaterra en Chile. Era el 16 de octubre de 1973, y ésa, la única escena de esa noche que Amanda Jara tiene en la cabeza. Además de la sensación de vacío, de volar mucho antes que el avión despegara. El desamparo.

En Chile quedaba su casa de Colón, el cuarto básico en el Manuel de Salas, las tardes de asombro y aprendizaje. La humedad de los paisajes de Isla Negra que tanto le gustaba mirar. Los amigos, los sueños y su padre muerto con 44 balazos.

Por estos días, los recuerdos son como un dedo impertinente apretando el corazón. La semana pasada, el ministro Juan Eduardo Fuentes Belmar cerró la causa de la muerte de Víctor como ella llama a su padre y ha tenido que recordar a la fuerza muchas de las cosas que su mente había intentado borrar.

Amanda Jara no canta, no toca la guitarra, no milita en el PC y tampoco quiere formar una familia de artistas que se llame “los Jara”, aunque algunos de sus primos se lo han sugerido. Alguna vez, cuando era chica, bailó en un grupo folclórico, pero nunca le gustó exponerse. No escucha todo el día canciones de trova y se niega a dar la razón a quienes dicen que tiene la misma sonrisa de su padre. Va a pocos encuentros proderechos humanos, no lleva la bandera de lucha de ninguna causa. A Amanda Jara no le interesa ser símbolo de nada.

Con suerte acepta dar esta entrevista.

Pero lo suyo no es una pose de rebeldía. Recién se está reconciliando con buena parte de su vida. Ahora que tiene 43 años, desde su tranquila vida en Quintay donde llegó hace 18 años macera los recuerdos ingratos y ha vuelto a escuchar las canciones de Víctor Jara sin sentir rabia por haberla dejado.

SIMPLEMENTE MARÍA

 
  Joan, Víctor, Amanda (sentada en las piernas de su papá) y Manuela. Todos en compañía de una guitarra. Foto: Gentileza Fundación Víctor Jara

Todo fue muy confuso ese 11 de septiembre de 1973. Víctor tenía agendado un acto en la Universidad Técnica del Estado. La idea: luchar contra la guerra civil en Chile. De pronto, ese martes cambió de rumbo. Por la radio se escuchó sobre el ataque a La Moneda y el levantamiento de los militares. Allende estaba pronunciando su discurso histórico cuando Víctor decidió salir a la calle. “Era un día extraño, con los relatos de la radio, y todo hacía que fuera un día especial, pero nadie pensó que la situación llegaría a tal extremo. Nadie pensó que chilenos terminarían matando chilenos”. Víctor salió de la casa rumbo a la Universidad Técnica.

Entonces, Amanda nombre que heredó de su abuela paterna estaba por cumplir ocho años. Sus días transcurrían tranquilos en la casa de Colón donde todavía vive su mamá, la bailarina inglesa Joan Turner. “Yo me crié escuchando música cuenta Amanda . Había un cuarto trasero donde ensayaban los Quila y los Inti. Hacían unas murgas muy chistosas en el patio. Dejaban la escoba con los vecinos”. En otra parte de la casa, su mamá ensayaba escuchando a Vivaldi y su hermana Manuela, la “Manu” hija del fallecido coreógrafo Patricio Bunster , se divertía aprendiendo a tocar guitarra con Víctor. En las tardes, Manuela y el cantautor eran absorbidos por la televisión mexicana, y la teleserie “Simplemente María” los consumía. Aunque sus padres trabajaban mucho, Amanda no tiene ninguna sensación de ausencia.

“Víctor nos cantaba, aunque sólo la ‘Manu’ se acuerda cuando ensayaba pequeñas estrofas de sus creaciones con la guitarra. Nosotros también le cantábamos, hacíamos shows; la ‘Manu’ era rebuena para eso. Bailaba, se disfrazaba, y él se mataba de la risa; le gustaba mucho estar con nosotras”, cuenta Amanda. Juntos salían de paseo a la Quinta Normal y probaban las sopas, platos estrella de la afición culinaria de Víctor Jara.

Los recuerdos de Amanda son tal y como alguna vez los describió el cantante al momento de hablar de su familia. “Tenemos dos hijas, Manuela y Amanda, por las que confieso total y absoluta debilidad En mi día ideal estaría todo el día en la casa, no habría fuerza que me hiciera salir. Me dedicaría a trabajar en el jardín, a hacer aseo, a contemplar muchas cosas que por falta de tiempo no puedo contemplar ahora. A jugar con mis hijas”.

UNA PROTESTA EN MATTA

Hace 18 años que Amanda Jara eligió Quintay como su refugio. Ella prefiere la calidez de la cabaña que comparte con Nego, un buzo que trae el pescado para el almuerzo. Ella colabora con verduras de su chacra. Se alejó de Santiago porque no le gusta la tontera de la capital. “En Santiago creen que la vida se trata de farándula, de los futbolistas, de la chimuchina. Son cosas muy superficiales, y lo peor es que se creen la muerte, pero las cosas no son iguales en el resto de Chile. Ya estaba aburrida de la capital”, asegura.

Después de estudiar Comunicaciones Visuales y cuatro años de Bellas Artes en la Arcis, dejó todo y se fue a vivir al terreno que habían comprado años antes con su mamá. “Con la Turistel en la mano buscamos sitios, hasta nos ofrecieron Tunquén, pero nos pareció muy solo, así que no vivo en el sector cuico”, dice muerta de la risa, hasta que las carcajadas se apagan, desaparece la coraza y esa chapa de “inepta social” que Amanda se impone porque no quiere contestar nada que la delate.

“Siento pena por la muerte de mi papá, pero por mucho tiempo, muchos años, sentí mucha rabia”. Interrumpe su relato para explicar que ella no es siempre así, pero que estos últimos días tiene un revoltijo en la guata y la pena no tarda en aflorar. Sigue entre sollozos por varios minutos: “Tenía rabia, me preguntaba por qué Víctor había salido de la casa ese día, por qué no se había quedado con nosotras, por qué se fue a la Técnica”. Es su desahogo, pero se incorpora nuevamente para explicar que todo esto hizo que ella no escuchara a Víctor Jara por mucho tiempo. “En mi casa no se escuchaba; en Londres, porque mi mamá se volvía un mar de llanto, y luego acá, simplemente porque tardé en reconciliarme con esa historia”, dice. “Quizá por eso tampoco aprendí a tocar guitarra, ni a cantar; seguramente era lo que esperaban de la hija de Víctor Jara”.

Cuando Amanda volvió a Chile sólo pensaba permanecer un año y regresar a Londres, pero se quedó más tiempo. “Me enamoré de un hombre y también de este Chile combativo, entregado, que salía a la calle a luchar”. Era 1983 cuando asistió a su primera protesta en Santiago. Caminó cuadras y cuadras por avenida Matta, mientras Chile asistía a períodos crudos de represión producto de las primeras marchas antidictadura. De entre la muchedumbre se oyó el grito: “Compañero Víctor Jara, presente”. Con el pecho hinchado y las lágrimas sin contención, Amanda tomó aire contaminado y lacrimógeno y respondió: “Presente”. Como si fuera un muerto ajeno, pero también como si fuera suyo y de todos. Entonces comenzó a reconciliarse con su padre. Si Víctor Jara no hubiese ido a la Universidad Técnica ese martes, no habría sido Víctor Jara.

TE RECUERDO, AMANDA

Por estos días, Amanda va y viene de Quintay. Deja a Nego con sus labores de pescador y ella viaja a Santiago a enterarse de la fundación que lleva el nombre de su padre y también del curso que ha tomado la investigación por su muerte. “Yo me hago una sola pregunta: si mi padre, que es el caso emblemático del Estadio Chile no tiene solución, ¿entonces qué pasa con el resto de muertos, dónde están los culpables?”, dice. Amanda no puede creer que en todos estos años no haya ni un solo testigo que pueda reconocer al asesino. Pero maneja una teoría: “Hay un par de oficiales que estaban presos por el tanquetazo de julio. Ellos fueron liberados el día del golpe. Se dice que a estos oficiales se les dio el Estadio Chile como un premio”.

Amanda cree que la información no ha llegado a las manos de la justicia porque hay quienes no han querido que se sepa la verdad. “La gran piedra de tope para los casos del Estadio Chile ha sido el Ejército, las Fuerzas Armadas. No han querido entregar un organigrama de mando. El Ejército tiene la información y no la ha entregado, por eso se ha visto frustrado no sólo el caso de mi padre, sino que tantos otros”. A pesar de la resolución judicial, Amanda no culpa al ministro Fuentes Belmar. Tampoco le interesa que quienes asesinaron a su padre, “viejos de más de 70 años”, se pudran en la cárcel. “Lo que yo quiero es justicia, y la justicia para mí es que se sepa quiénes son los asesinos. Que podamos ver una lista y decir este señor de acá, con nombre y apellido, es un asesino”.

Amanda nunca ha pedido públicamente justicia para su padre. Sin embargo, ahora no se pierde detalle y viajó especialmente desde Quintay para reunirse con el ministro de Justicia, Carlos Maldonado. Ya no tiene cuentas pendientes. De esas que son personales y no se escriben en la prensa. Incluso ahora bromea cuando va al consultorio o a pagar alguna cuenta y al decir su nombre le cantan: “Te recuerdo, Amanda”. Antes se quedaba callada, ahora dice: “Yo soy la hija de Víctor Jara”. Y si una periodista le dice que esa canción la escribió su padre para su madre, ella también tiene respuesta: “Cuando la hizo, yo tenía dos años y medio y me habían diagnosticado diabetes, así que esa canción también la escribió un poco por mí”. LND

    Rugbistas argentinos desaparecidos en dictadura.la Voces de sus hijxs y amigos

    Rugbistas argentinos desaparecidos en dictadura.la Voces de sus hijxs y amigos
    Soy madre de tres rugbistas chilenos y abuela de otros dos. He conocido desde décadas un montón de jugadores y he compartido con ellos en las graderías, en los tercer tiempo y en vacaciones. Sé que los rugbistas forman unos de esos extraños grupos en que se producen y entablan profundos lazos de afecto, compañerismo,fraternidad sin que por lo general los unan lazos de familia. Son un grupo de pertenencia que mantiene unidos a hombres desde la infancia hasta los últimos años, incluyendo en sus afectos a sus esposas e hijos. Es por ello que esta historia caló muy hondo en mí, porque puedo imaginar perfectamente cuan profundos eran los vínculos que este deporte y la militancia unió a estos deportistas.
    Agradezco a Carola Ochoa, que una vez publicada la primera nota acerca de los rugbistas argentinos desaparecidos me hizo llegar a través de facebook esta que ahora  comparto y que lleva el horror a un grado difícil de aceptar.

    Una lista que no para de crecer

    La sanjuanina Carola Ochoa, con la colaboración de familiares, amigos y compañeros de esos rugbiers y su tarea de investigación exhaustiva, logró confeccionar una nómina que hoy alcanza el centenar de casos.

    Hernán Rocca, uno de lo tantos rugbiers desaparecidos, va en busca de la pelota.

    Una mujer, casi de la nada y solo con su compromiso militante armó un registro de jugadores de rugby desaparecidos que no tiene precedentes. Carola Ochoa vive en San Juan, habla pausado y menciona con orgullo su trabajo social en Villa Hipódromo. Quizá no tenga idea del valor de su tarea: su pesquisa constante, la búsqueda de un nombre, de un club, del dato que esclarece. Hizo crecer la lista con la colaboración de familiares, amigos y compañeros de esos rugbiers que hoy pueblan sus archivos. Una cifra todavía imprecisa que ya superó con holgura a los 52 que son homenajeados en un torneo nacional que ella misma creó. Hoy casi duplicó la cifra. Pero además de su paciencia tibetana para juntar historias –todas reunidas en su página de Facebook– Carola consiguió que nos hiciéramos de nuevo una pregunta: ¿cómo pudo ser que tantos jóvenes que abrazaron ideales revolucionarios en los años 70 eligieran al rugby como deporte?

    La respuesta no la tiene ella ni tampoco nosotros. Podríamos hacer elucubraciones sobre la matriz solidaria del juego. La época convulsionada que los encontró en la lucha. Las coincidencias en el estudio, la pasión por el rugby y sobre todo, su identificación con diferentes proyectos políticos. Eran montoneros, comunistas, guevaristas, maoístas, trotskistas. Ochoa hilvanó sus perfiles con el hilo conductor del deporte. Hizo tanto en tan poco tiempo que hasta ella misma está sorprendida. Y confiesa que se sacó de encima los prejuicios con el ambiente del rugby cuando se entusiasmó al unir las historias de sus desaparecidos.

    Ahora cuenta desde su provincia: “Esta iniciativa empezó cuando Fernando Sandoval, un profesor y militante de los Derechos Humanos en Chubut, me invitó a formar parte del grupo organizador en el país de La Carrera de Miguel para traerla a San Juan. Fue durante una capacitación de tres días en Puerto Madryn, con Elvira Sanchez, hermana de Miguel, y los referentes nacionales”.

    Después –confiesa en su largo correo– leyó el libro Deporte, desaparecidos y dictadura publicado en 2006 y reeditado en 2010. Una pieza encaja en la otra hasta formar un mecano que Ochoa contribuyó a extender por todo el país. Dice que en San Juan no hay jugadores de rugby desaparecidos, pero buscó y chequeó las identidades de casi noventa casos confirmados. La nómina según ella ya supera los cien. En ese número hay quienes representaban a clubes que también desaparecieron como sus deportistas. Atahualpa Rugby Club o Central Buenos Aires, el club donde jugaban los alumnos y ex alumnos del Colegio Nacional Buenos Aires.

    Uno de los más entusiastas colaboradores de la sanjuanina es el ex puma Eliseo Branca. Gran jugador del CASI de San Isidro y su entrenador campeón en 2005 después de veinte años sin títulos. También se sumó Martín Sharples, tercera línea del club Porteño y atleta. Dos condiciones que no lo definen totalmente porque además es un militante comprometido que perdió una pierna en un accidente de moto. Y juega al rugby con una prótesis. Martín –confiesa Carola– la convenció de que en determinado momento debía ponerle una cifra al torneo de rugby que imaginaba. De ahí surgió el 52. Pero se quedó demasiado corta porque seguiría topándose con más casos.

    “En 2015, cuando vi por internet el video de Ensenada RC. Rugby Social, conocí a integrantes de la comisión directiva: Gabriel Merayo, Germán Fisser y Ana Garcia Munitis. Me invitaron a La Plata para explicarles mi proyecto” cuenta la sanjuanina. La capital bonaerense será escenario el domingo 13 de noviembre de una jornada que seguramente Carola jamás olvidará. En el Colegio Nacional Rafael Hernández que homenajeó a sus alumnos desaparecidos colocándoles sus nombres a las aulas –varios de ellos jugaban al rugby– se realizará una jornada con doce talleres sobre derechos humanos, memoria, literatura e inclusión en el deporte de la ovalada, entre otros temas.

    El sábado 12 se disputará un partido de seven y otro de veteranos en homenaje a los jugadores desaparecidos. Veinte de ellos integraron distintos planteles de La Plata Rugby Club entre las décadas del 60 y 70. La institución los recuerda en una placa colocada en su sede de Gonnet hace unos años. Sobre la historia de esta tragedia, el periodista Claudio Gómez escribió un magnífico libro: Maten al rugbier. También se filmaron un par de documentales en Brasil e Italia. Y una miniserie sobre deportistas desaparecidos les dedicó un capítulo a los del club canario –se los conoce así por su camiseta amarilla– que se estrenó en Canal Encuentro en 2015.

    Otra mujer, la periodista del diario La Capital de Rosario Laura Vilche también aportó en sus investigaciones las historias de los jugadores desaparecidos de aquella ciudad. Si Ochoa encontró solo en la capital bonaerense 41 casos repartidos entre La Plata Rugby, Universitario, Los Tilos y San Luis, desde la segunda ciudad del país le aportaron dieciocho historias más de sus clubes Old Resian, Jockey, Duendes, Universitario y Logaritmo.

    La organizadora de esta movida que recorrió nuestra amplia geografía sueña con repetir la jornada del próximo fin de semana en San Juan, una provincia sin tradición rugbística. Ella no quiere olvidarse de todos sus colaboradores, de quienes la acompañan en la búsqueda de más datos, más fotos, más nombres que coincidan con esas fotos que, de no ser por ella, estarían guardadas en el cajón de alguna cómoda, dispersas, quién sabe dónde. El resultado es una contribución a la memoria de un deporte que sufrió como ninguno el terrorismo de Estado. Un registro que estimulará nuevas investigaciones porque en cada caso hay una historia que merece completarse.

    El primer acercamiento que tuve con los casos de los rugbiers desaparecidos de La Plata fue por una nota que publiqué en el diario Perfil el 24 de marzo de 2006. Había leído sobre el tema (algún escrito de Gustavo Veiga en Página/ 12), pero esa tarde, cuando viajé por primera vez hasta el club en Gonnet, la historia me conmovió. Los anfitriones fueron Raúl Barandiarán, ex compañero de cinco jugadores-militantes, y dos hijas, Ana Balut y Verónica Sánchez Viamonte.
    De aquella nota conservo un puñado de recuerdos; quiero rescatar dos. El primero es que después de desgrabar las entrevistas y reunir el material estuve un par de días dando vueltas sin poder arrancar. Escribía y borraba, una y otra vez; no aparecía un comienzo que me conformara. Tenía la mejor historia para contar —lo sabía—, pero el teclado se resistía. El compromiso y la exigencia que sentía eran desmedidos, algo que con otros temas no me ocurría. Al final la entregué, claro, forzado por los tiempos del cierre. El otro recuerdo que me quedó es que, cuando salió publicada, seguí insatisfecho: tenía la certeza de que el tema abarcaba una dimensión que excedía las dos páginas de un diario.
    Tuvo que pasar un tiempo para que me decidiera a llevar esas historias a un libro. Una vez que arranqué fueron dos años intensos de búsquedas, viajes y escritura. Los rugbiers desaparecidos de La Plata se convirtieron en una obsesión. Y durante ese lapso pasaron cosas. Cuando empecé a fines de 2012, los casos eran diecisiete. Seis meses después, una investigación de Julián Axat —hijo de Rodolfo, uno de los rugbiers desaparecidos— reveló dos casos más. Al año, en una charla con un ex jugador del club, descubrí el vigésimo. La investigación influyó hasta en mis hábitos más cotidianos. Repetí hasta el hartazgo la canción que menos había escuchado de Virus. Conseguí un disco de Agapornis solo porque la banda está integrada por jugadores de LPRC.
    No recuerdo en estos dos años haber leído un libro que no tuviera que ver con la militancia en los setenta. Y con las películas me ocurrió algo parecido.
    Mientras yo buscaba a hijos, hermanos, amigos y compañeros, La Plata sufrió la peor inundación de su historia que —entre otros desastres— provocó ochenta y nueve muertos. Y seguí atento dos juicios por delitos de lesa humanidad. En la causa por el Circuito Camps condenaron a prisión perpetua a dieciséis militares y a un civil, el represor y ex ministro de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Jaime Smart. Y por el centro clandestino de detención La Cacha recibieron perpetua quince genocidas, entre ellos, el ex policía Miguel Osvaldo Etchecolatz.
    Una tarde estaba escribiendo mientras en la tele hablaba la presidenta Cristina Fernández. Yo trataba de resolver alguna historia mientras ella lanzaba el canal gratuito DeporTV en un acto en Tecnópolis. Su voz, apenas un rumor de fondo, entraba en segundo plano. Hasta que empezó a enumerar: “Santiago Sánchez Viamonte, Mariano Montequín, Moura, Rocca, Marcelo Bettini…”.Mis dedos se frenaron sobre el teclado. Sorprendido, giré la cabeza: era ella, la presidenta, recordando a esos muchachos que ya formaban parte de mi rutina. Horas después, YouTube completó la parte del discurso que me había perdido. Todavía vestida de negro, Cristina detalló: “Los deportistas desaparecidos después del golpe del 24 de marzo de 1976 me impactaron como ciudadana, como militante y como vecina de la ciudad de La Plata, porque de La Plata Rugby Club, que era uno de los mejores cuadros de rugby, no era el mío, pero era uno de los mejores cuadros de rugby de La Plata, si no el mejor, dicen algunos, desaparecieron dieciocho jugadores, muchos de los cuales eran muy amigos míos, conocidos”.
    Una hija me confesó que se inventó recuerdos. Otra, que cuando piensa en sus padres los representa en una foto, que no puede imaginarlos en movimiento. Y otra, que está convencida de que suele tener conflictos con sus parejas porque es hija de desaparecidos. Una hermana me mostró un cinturón con manchas de sangre y marcas de balas. Un hermano me confió que su memoria borró todo lo que ocurrió aquellos años. Otro, que a su casa iba el delator que se había infiltrado en la agrupación. Una madre me detalló el encuentro que los represores le permitieron tener con su hijo para que se despidieran. Un padre, en el rol de juez, le tomó declaración a un genocida.
    Un compañero del club me dijo que durante años fantaseaba con que sus amigos llegaban caminando por la playa de San Bernardo. Hay una habitación que sigue intacta. A un ex militante de la UES (Unión de Estudiantes Secundarios), Independiente le salvó la vida. Y un ex dirigente del ERP (Ejército Revolucionario del Pueblo) me reconoció que tuvo que aceptar, resignado, que la mayoría de las caídas se produjeron por delaciones. En LPRC hubo veinte casos, pero las historias los exceden.
    La reconstrucción de fragmentos de las vidas de las víctimas me llevó a enfrentarme con episodios del presente tan complejos e intensos como aquellos que se vivieron en los años de militancia. El 29 de junio de 1978 murió el último rugbier. Pero el genocidio no se cerró.

    Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

    Las fotos de Josefina. Memoria EN_REDADA

    Memoria EN_REDADA

    Recibí en mi correo eléctrónico un mail de mi amiga Marta, con quien mantengo una amistad que ha enlazado nuestras memorias militantes y femeninas uniéndonos en una red de sororidad más allá del tiempo y el espacio.

    Marta me envía una historia de otras mujeres, de mujeres militantes, y me escribe:

    “Queridxs colegas, amigxs

    avanzan el semestre y otras ocupacionesc  y con ello vuestra carga de trabajo, pero espero que pueden encontrar unos minutos para leelr estos conmovedores momentos de mujeres choras http://martazabaleta.blogspot.co.uk/2017/02/argentinalas-fotos-de-josefina-por.html
    de Argentina.

    Se puede aprender tanto de ellas.
    Abrazos.

    Abro el enlace que Marta,economista, académica y poeta exiliada argentina en el Reino Unido me ha compartido y me encuentro con esta imagen que abre mi memoria de mujer una vez joven y madre de una hija una vez viva…

    Leo la nota en la fuente y me lanzo a buscar en la web a estas dos mujeres con la sensación de escarbar en una historia cuyas raíces se hunden en mi propia historia, en la de Marta y en la de tantas otras mujeres que militan y militaron en Latinoamérica trascendiendo su tiempo y su espacio.
    y repito, como dice Marta, se puede aprender tanto de ellas.
    RESISTENCIAS
    Las fotos de Josefina

    Voy a empezar por el final: de la mesa frente a la que estaba sentada tomó el collar de cuentas redondas, grandes, estriadas en rojo, y se lo sujetó al cuello. Después recogió las fotos que había mostrado, se paró y salió entre los aplausos de quienes la escuchamos del otro lado del vidrio. Cuando la abracé, sin saber quién contenía a quién, sentí las cuentas incrustándose en el pecho de las dos.

    Ella se llama Josefina, el collar era de su mamá, lo rescató la mañana siguiente a su secuestro, cuando volvió a ese departamento con la puerta arrancada para cubrir la vergüenza de estar en bombacha con una remera roja, un jean y unas zapatillas. Tenía siete años, le faltaba un mes para cumplir los ocho, su hermano uno y medio y los dos habían dormido en la casa de una vecina a la que la patota le golpeó la puerta para dejarlos como un paquete.

    “¡Qué voy a hacer con estos chicos!”, se había desesperado la mujer y ella guardó esa frase y ese tono por décadas, hasta que encontró a la vecina que ahora tiene nombre y es Susana, hasta que pudieron poner en común aquella noche larga del 6 de diciembre de 1977. “La encontré y la traje para acá”, dijo Josefina y una risa sosegada, tal vez de alivio, tal vez de complicidad, como un aflojarse del lazo que nos unía a quienes la escuchábamos, anduvo de boca en boca.

    Josefina declaró el miércoles, en el juicio de lesa humanidad que tiene entre las víctimas a su madre, Vibel -Virginia- Casalaz. Josefina es una de esas amigas entre las que nos salvamos la vida, aunque el devenir de las cosas nos mantengan a distancia más tiempo del que desearíamos. A lo largo de los más de 20 años que llevamos de amistad, junto con Raquel y con Alba, ese núcleo duro de complicidad femenina, nos sacamos muchas fotos juntas, antes de que se llamaran “selfies”, las cuatro con las sonrisas incandescentes. Esta vez también hubo foto, en el subsuelo de los tribunales federales, en ese sitio sin ningún ángel en la calle Comodoro Py; habíamos llorado todas, Jose en el lugar de los testigos, el resto sosteniendo a la distancia esa entereza, todas esas palabras que supo enhebrar, buscadas y encontradas en noches de insomnio, en los días de la militancia en H.I.J.O.S., extraídas de diálogos con sobrevivientes, con sus amores; escritas también, ella que sabe hacerlo como pocas. Las sonrisas, a pesar del llanto, volvieron a capturar la luz en la imagen.

    El collar que tanto le gustaba a su madre no fue lo único que rescató Josefina del departamento violentado. También se llevó una bolsita con fotos que les sirvió a los policías que la fueron a buscar al día siguiente para preguntarle por todas y cada una de las personas amadas que ahí aparecían. Ella estaba prevenida, iba a segundo grado en la misma escuela a pesar de los cambios de casa a que obligaba la persecución con un nombre falso, María José Roldán. No identificó a nadie. Las fotos siguieron su camino con ella, el primer viaje lo hicieron en la valijita con la que iba al colegio y que la acompañó en los dos días que pasó en la casa de una mujer policía, separada de su hermano al que se llevó un hombre de la misma fuerza. ¿A qué se debió esa separación por género? ¿Por qué no los dejaron juntos? Josefina no se acuerda casi nada de esos dos días, estaba enferma de hepatitis y sin duda la memoria da respiro, espacios de olvido necesarios para seguir adelante con la sucesión de los días. La noche del secuestro, por ejemplo, termina para ella con la imagen de su madre yéndose en el ascensor con esos tipos jóvenes y con armas largas que recuerda. “Mi mamá me tendría que haber dicho algo en ese momento, eso es lo que yo sentía, me tendría que haber dado una última instrucción”, dijo frente al tribunal y cerró: “Pero según me contó la vecina, cuando yo salí de ahí estaba en el piso, boca abajo, encañonada”.

    No tenía instrucciones pero rescató los bienes preciados de su madre, el collar, las fotos que eran un resguardo de la vida cotidiana: playas, sonrisas, besos que no podían perderse en la huida aun a riesgo de convertirse en delación involuntaria. ¿Cuánto sabía la niña de todo lo que iba a perder como para que antes que sus juguetes guardara la bolsita de las fotos?

    –Polo no es un nombre -le dijo el comisario de la 35 a la niña de 7 que había dado apodo, apellido y ocupación de su abuelo, “un fabricante de soda de Tres Arroyos”.

    –Usted búsquelo que lo va a encontrar -contestó ella y así fue, constatando una vez más la enorme maquinaria del plan sistemático para la desaparición de personas no sólo represiva, también burocrática. Una burocracia dócil que ahora pretende aplicarse al conteo de los cuerpos que nos faltan. Nombrar es una cuestión de poder, decir 30 mil  y que haya acuerdo es el poder que hemos ido acumulando a lo largo de cuatro décadas y es lo que está en disputa.

    Mientras escucho a mi amiga, pegada al vidrio que nos separa con la ilusión de encontrar sus ojos como si hiciera falta para sostenerla cada vez que amenaza con quebrarse, pienso con deseo en el lugar que ocupa. Yo también quiero acusar, quiero que llegue la hora del juicio por lo que le hicieron a mi madre y a sus compañeros y compañeras de cautiverio. Cuando promediaba el año pasado y se supo que no sucedería en octubre como habían prometido, y después, cuando tampoco habría fecha designada para marzo, empezó a circular entre los querellantes la lista de testigos que tendrían que adelantarse en testimoniar porque la dentellada de la muerte ya les está mordiendo los talones. 85, 87, 90, 95 años se leía junto a algunos nombres. Alguien anotó en ese intercambio de correos que su madre ya no podría declarar porque el ejercicio de memoria había destrozado sus neuronas. Hace 13 años que presentamos la querella. En ese tiempo todos y todas nos convertimos en otros, en otras, guardando a la vez quienes fuimos para no perder detalle cuando nos den la palabra. La impotencia se come el fin de la impunidad que ya no podemos declamar.

    Antes de escuchar a Josefina, en un cuarto intermedio que tensa nuestra paciencia, Raquel me dice con ojos húmedos: “Siento que nos están tomando el pelo, ya no le encuentro sentido”. Es una descarga de derrota que no va a acatar, aunque las dos sabemos de qué habla. La Justicia, con esos pies de plomo, ya no puede llamarse así. Y sin embargo.

    “¿Pudiste reconstruir…?”, es la primera parte de la pregunta que se repite para que Josefina de cuenta de lo que sabe de su madre, de su destino después del secuestro. Ella contesta una y otra vez, sobre los testimonios leídos, los diálogos ansiosos que persiguen un dato más, por nimio que fuera. Todo el trabajo lo hicimos las víctimas y quienes se comprometieron con nuestro duelo, el inmenso duelo acuoso de un país entero que todavía sigue evaluando el tamaño de las heridas que dejó el terrorismo de Estado. ¿Dónde están los papeles, los organigramas, los números de ellos, los ejecutores? ¿Dónde ocultaron los cuerpos? ¿Por qué a ellos se les permite todavía ahora ocultarse?

    Hubiera querido que estén aquí los acusados, para interpelarlos. Quiero decir que yo pienso todas las noches en el cuerpo torturado y violado de mi madre. Y los represores piensan que así le hicieron bien a la patria. -dijo Josefina y tomó el collar de su madre de la mesa frente a la que estaba sentada y se lo puso, recogió sus fotos y enjugó sus lágrimas. Para que se vea y que se sepa: aun cuando le arrebataron tanto no pudieron quitarle todo.

    En otro espacio virtual leo acerca de esta hija militante de la memoria:

    UN COLLAR DE CERÁMICA

    La estridencia de los camiones que pasan por encima apenas le permiten hablar a Josefina Giglio. Pero no grita, no lo quiere hacer en este lugar.

    Josefina Giglio señala el retrato de su madre dentro de un cartel en el lugar donde estaba ubicado el centro de tortura El Atlético.

    Madre de dos niños e hija de desaparecidos, intenta hallar el retrato de su madre en el afiche que está colgado sobre las ruinas del Centro Clandestino de Detención y Tortura Club Atlético, que está -estaba- ubicado debajo de la autopista 25 de mayo de la capital argentina.

    Aquí está Coca, mirá- señala la foto de Virginia Isabel Cazalas, su madre, entre las centenares de imágenes de personas impresas sobre una sábana como recuerdo de quienes estuvieron presos aquí.

    Josefina está acá porque este fue el último lugar donde, según testimonios de otros detenidos sobrevivientes, su madre fue vista por última vez.

    A principios de 1978, cuando tenía 8 años, se la arrebataron de la casa en donde vivían clandestinos en Buenos Aires. Desapareció, lo mismo que había ocurrido con su padre un año antes.

    Y desde entonces los anda buscando, a ella y a él, sin éxito.

    Virginia Isabel Cazalas, más conocida como “Coca”, era la madre de Josefina.

    Josefina es una de los muchos hijos que todavía no pudieron reunirse con los huesos.

    Por eso tal vez sus peregrinaciones a las ruinas de Club Atlético, como un mecanismo para no olvidar ante la tierra abierta de las excavación arqueológica que se realiza ahora en este lugar antes utilizado para la tortura y que quedó sepultado cuando se construyó la autopista.

    “En esto hay como dos partes: primero estás como esperando, como detenido en el tiempo esperando a que vuelvan, y después hay un momento en que comenzás a buscar”, dice Josefina.

    “Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, Josefina Giglio, hija de desaparecidos.

    “Siempre estás buscando”.

    “Había una época en que había una publicidad en la tele y el actor era igual a mi papá. Igual. Y mi papá había estudiado teatro, entonces yo decía ‘por ahí le dieron un golpe en la cabeza, se olvidó quién es y es ese actor’. Escribí al canal y todo. Nunca nadie me contestó, obviamente… Después, mi búsqueda en serio comenzó cuando de grande empecé la universidad”.

    Su despertar universitario fue también el inicio de una misión colectiva: la agrupación Hijos e Hijas por la Identidad, la Justicia contra el Olvido y el Silencio (H.I.J.O.S), algo así como una versión filial de lo que hacían las Madres y las Abuelas de Plaza de Mayo, que fue fundada en 1994, cuando muchos de los hijos de los desaparecidos cumplieron la mayoría de edad.

    El centro clandestino de detención Club Atlético funcionaba a pocas cuadras de la cancha del popular equipo de fútbol Boca Juniors.

    Con ellos logró, dice, “democratizar el dolor”. Con ellos lloró, protestó en las calles.

    Estudió a fondo la historia de sus padres para intentar encontrar pistas: las impresiones del sulfuro de plata en las fotografías, la tinta aplastada en las hojas de las cartas. Algo que le permitiera entender quiénes eran, por qué habían luchado, qué sentido había tenido su muerte casi segura.

    Y ha visto, como un tren que pasa de largo en una estación, cómo a otros compañeros de militancia el EAAF les han restituido los restos de sus padres, mientras ella los sigue esperando.

    “Tengo la fantasía que me iría a dormir la siesta con los huesos”, cuenta y se ríe. La carcajada le suelta la mirada que aguarda tras unos anteojos gruesos de carey. La idea le enciende una chispa.

    “Tendría algo así como un amuleto, un deseo de hacerme un colgante con ellos”, continúa sonriente.

    “La tierra contiene como un útero los huesos que esperan”, se lee en uno de los cuadros de las oficinas del EAAF.

    Josefina ya tiene un collar.

    Al día siguiente del secuestro en el verano del 78, cuando le dieron permiso para entrar al departamento de donde se habían llevado a Virginia para buscar algunas cosas, la única pertenencia de su madre que se llevó fue un collar de cerámica que habían comprado juntas en la feria de Plaza Francia.

    “Pensaba dárselo cuando volviera”.

    Durante estos años ha elaborado mil conjeturas, pero a pesar de su empeño hay cuentas que no puede obviar: el EAAF sólo tiene restos óseos de unas 600 personas y siguen hallándose algunos centenares más, pero el número queda muy lejos de los 30.000 desaparecidos que calculan las organizaciones de derechos humanos e incluso de los 10.000 que reconocen las fuentes más conservadoras.

    Y a muchos de ellos, se sabe, los tiraron al Río de la Plata y al mar desde los llamados “vuelos de la muerte”.

    “Durante mucho tiempo tenía la sensación de ser hija de un agujero negro y los huesos siento que me permiten esa continuidad: yo soy esos huesos, voy a ser esos huesos. Recuperar esa continuidad que se cortó. Uno cree que una tibia y un peroné son innecesarios, hasta que te das cuenta de que son una fuente de alivio y te darían un cierre”, reclama.

    Una fila india de camiones interrumpe la charla hasta el punto de suspenderla. Pero antes de irse ella mira el abismo de las excavaciones: dice que siempre busca algún objeto, alguna presilla, un pedazo de herencia que le debe el destino.

    Para tenerlo mientras llegan los huesos.

    Y es así que en mi transito virtual encuentro una noticia de hace cuatro días, una fotografía de dos hijos – Josefina y Francisco – hijos de Virginia y Carlos, huérfanos por el terrorismo de Estado en la Argentina que una vez nos acogio a mis hijos y a mi, donde vivimos la segunda dictadura a las que hemos sobrevivido.

    Carlos y Vibel –el padre y la madre de Josefina, Coco y Coca para sus compañeros de partido- militaban en el Partido Comunista Marxista Leninista (PCML). Carlos era arquitecto, había caído el 19 de mayo de 1976 en una reunión del partido en Combate de los Pozos y Pavón, por un vecino que lo denunció. Cuando intentaba huir por la terraza, fue herido en una pierna y cayó al pozo de luz. Nunca más se supo de él. Desde entonces, Vibel –psicoanalista- peregrinaba entre una sombra y la otra mirándose las espaldas. Los militares la alcanzaron un año y medio después, en un departamento de Belgrano R. No estaba sola: Josefina tenía 7 años, Francisco uno y medio. Estaban además otros militantes del PCML. Los militares lo llamaron Operativo Escoba.

    “Entre que se llevan a mi padre, el 19 de mayo de 1976, y caemos con mi madre el 5 de diciembre de 1977, hubo un dispositivo de pinzas para buscarla. La noche del 8 de junio se llevaron en La Plata a mi abuela paterna, Tecla, a mi tío que estaba con ella, en Tres Arroyos a Polo, y en Mones Casón, cerca de Carlos Casares, a mi tío Oscar Bossier, el cuñado de mi padre”.

    http://memoria.telam.com.ar/noticia/-un-brigadier-dijo-que-mama-era-la-mujer-mas-buscada-_n3809

    Necesitamos recuperar los restos. Josefina y Francisco Giglio

    Josefina y Francisco Giglio declararon en el juicio por los crímenes cometidos en el llamado circuito ABO.

    Los testimonios de Josefina y Francisco Giglio, hijos de los desaparecidos Virginia Isabel Cazalás y Carlos Giglio, inauguraron la audiencia que reactivó tras la feria el tercer tramo del juicio por los crímenes de lesa humanidad cometidos en los centros clandestinos de detención y exterminio Atlético, Banco y Olimpo. Fue la primera vez que ambos contaron en tribunales la historia de sus vidas desde la arista que representa el secuestro y la desaparición de su mamá, que fue vista en el Banco por sobrevivientes. “Vebel”, como la llamaban en su familia. “Coca”, como la habían bautizado sus compañeros de militancia del Partido Comunista Marxista Leninista (PCML), fue llevada del departamento en el que estaba escondida la noche del 5 de diciembre de 1977 por una patota del Ejército. Estaba en camisón. Josefina, de siete años, y Francisco, de año y medio, fueron dejados con una vecina. Crecieron con sus abuelos maternos en Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires. Nunca más supieron de su mamá ni de su papá, que había desaparecido en mayo del ‘76. Con cuarenta, Francisco reconoció ante el Tribunal Oral Federal número 2 que todavía los espera. No obstante, reclamó por sus restos, al igual que su hermana, que se quejó de que los acusados no presencien el juicio. “No alcanza con los juicios. Sería bueno que los imputados estén sentados acá también. Todas las noches pienso en el cuerpo de mi madre violado y torturado. Y los señores que dieron las órdenes y las cumplieron piensan que hicieron un bien a la patria”, remató, sobreponiéndose al llanto, que logró contener durante todo su testimonio. El público que presenció la jornada la aplaudió un rato largo. Cuando el TOF le dio permiso para retirarse, ella tomó el collar de perlas grandotas que era de su mamá, y que había colocado en la mesa del estrado al comenzar a hablar, y se lo puso.

    “Primero quisiera contar un poco sobre mi mamá, que era la más linda del mundo”, propuso Josefina como respuesta a la consulta que le realizó la fiscal Gabriela Sosti para introducirla en su testimonio. La hija de “Coca” completó la selección de fotografías entregadas al TOF que había iniciado su hermano, quien la precedió en el estrado. Josefina explicó que cuando un policía y una presunta asistente social la llevaron al departamento de Belgrano R donde la noche anterior habían secuestrado a su mamá para que agarrase ropa para ella y para su hermano, bebé entonces, ella también se llevó una bolsa con fotos que su mamá siempre llevaba de casa a casa y ese collar de perlas grandotas, que “a ella le gustaba mucho” y que encontró sobre su mesita de luz. Ayer, mientras declaraba, lo sacó de su cartera y lo puso sobre la mesa del estrado.

    Pasaron más de 40 años, pero Josefina fue clara y precisa para contar lo ocurrido la noche del 5 de diciembre de 1977 y las que le siguieron. Ella, su mamá y su hermano vivían en un departamento de la calle Ramón Freyre con dos compañeros de militancia: Mariano Montequón y Patricia Villar. Esa noche acababan de cenar y hacía calor. “Mi mamá estaba en camisón, y así se la llevan, y yo estaba en bombacha”, contó.

    Sientieron que rompían la puerta de entrada. “Yo me escondí porque no quería que me vieran, mi mamá pidió cambiarse pero no la dejaron. A nosotros nos dejaron con la vecina”, siguió. Aún hoy, le extraña que ella no le haya dado “alguna instrucción” antes de que se la llevaran.

    Años después se reencontró con Susana Martínez, la vecina a la que “tres jóvenes de civil” le pidieron que cuidara a ella y a Francisco “hasta que llegara la Policía”. Susana también declaró ayer en el juicio. El otro testigo fue Daniel Merialdo, un sobreviviente del circuito ABO.

    Cuando la encontró, Susana le dijo que la última vez que la vio su mamá estaba tirada en el suelo, apretada por una pistola larga. Con el tiempo, ella y su hermano supieron que su madre fue atrapada en un operativo al que el Ejército llamó “Escoba” y que barrió con casi todos los militantes del PCML.

    Al otro día, la policía los llevó a buscar ropa al departamento reventado por el Ejército. “Cuando esta mujer que dijo ser asistente social pero que no aparece en ningún registro me vio con la bolsa de fotos, me sentó en la mesa y me hizo verlas una por una mientras me preguntaba ‘¿este quién es? ¿y éste quién es? Yo estaba entrenada y sabía que no tenía que decir nada”.

    Tenía siete años Josefina, pero ya sabía que en la escuela y en todos lados era María José Roldán. La familia estaba clandestina desde 1975, cuando les allanaron la casa. Francisco nació en julio de 1976, pero su padre no llegó a conocerlo. Fue secuestrado en Constitución, un mes antes. “Nos quedamos solos. Pienso mucho en esa mujer sola, con dos hijos y escapando”, relató Josefina.

    Tres días después del secuestro de su mamá, su abuelo de Polo, de Tres Arroyos, los fue a buscar. Cuando fueron creciendo, Polo les contó que para dar con Vibel los terroristas dieron un par de pasos antes de reventar el departamento de Freyre: lo secuestraron a él –permaneció un mes en Vesubio–; a su abuela paterna y a un tío paterno y a un cuñado de Carlos Giglio.

    El relato de Francisco fue menos detallista. El tenía un año y medio cuando ocurrió todo. Coincidió con su hermana en el sentimiento de espera. “Llegó la democracia y todos pensábamos que los iban a liberar, porque creíamos que estaban detenidos en algún lugar. Yo creí que iban a aparecer para mi cumpleaños de quince. Y luego, para mi fiesta de egresados”, intentó explicar ella, que comparó al gobierno de Raúl Alfonsín con “la esperanza”; al indulto de Carlos Menem con “el abismo” y a las gestiones kirchneristas con el abandono de la clandestinidad. “Yo sentí que salía de la clandestinidad, que podía decir que mis viejos estaban desaparecidos y que no era mi culpa, y que había un Estado que en vez de discutir la cantidad de desaparecidos debería estar buscando los restos de mi padre y de otros”.

    Francisco lo analizó desde la figura del “desaparecido”, esa que “produce algo tremendo en la mente de un hijo, porque siempre lo estás esperando. Yo tengo 40 y sigo esperándolos en algún rincón de mí. La perversidad es tremenda”.

    Ambos saben que no volverán, por eso ven una posibilidad de “cierre” en la recuperación de los restos. “Necesito recuperar los restos de mis padres – dijo Francisco– sería de alguna manera reencontrarme con ellos”.

    Josefina también reclamó los restos: “Me gustaría que el Poder Judicial le exija al Ejecutivo que disponga de todos los medios para encontrar los huesos de mis padres y de todos los desaparecidos. Y que le dé prioridad a la búsqueda de todos los chicos que fueron robados. Yo no quiero que mis hijos crezcan buscando los huesos de su abuela. Ya pasaron 40 años, ya es tiempo”.

    Cartas…

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    El Comando de Vengadores de Mártires: secuestros, tortura y muerte

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    Espero que esta vez sí se pueda hacer justicia con Eduardo Jara, con su hijo que creció sin padre, con sus familiares, con Cecilia Alzamora que sobrevivió duramente al secuestro, con aquellos que recién ingresábamos a Periodismo de la PUC y vimos la tragedia de cerca en una universidad que no pudo ni quiso ayudar…

    Este mensaje leído en las redes sociales me condujo a investigar el caso poco conocido de las acciones de este grupo de militares que se tomaron la justicia- venganza en sus manos y han permanecido impunes hasta el año 2015.

    Nuestra memoria alerta está en-redada, y somos muchos más que dos…

    El COVEMA y la monja misteriosa

    Alejandra Matus.

     

    El tercer capítulo de Los archivos del cardenal se inspiró en los secuestros con que debutó, en 1980, el Comando de Vengadores de Mártires, formado por el entonces director de Investigaciones, Ernesto Baeza, para vengar la muerte del teniente coronel Roger Vergara, asesinado por el MIR ese año. Todos los secuestrados fueron liberados, pero uno de ellos, el estudiante Eduardo Jara, murió producto de las torturas. Hoy Cecilia Alzamora –quien fue apresada y liberada junto a Jara– habla sobre lo ocurrido y entrega antecedentes inéditos sobre el papel que habría tenido una monja como delatora de las víctimas.

    El 23 de julio de 1980, Eduardo Jara, estudiante de periodismo de la Universidad Católica, llamó a su amiga y ex polola Cecilia Alzamora. Ella ya había egresado, pero seguían en contacto. Ambos habían realizado la práctica profesional en Radio Chilena ese verano. Jara estaba muy acongojado porque no tenía dinero suficiente para pagar la matrícula para el segundo semestre. Por eso le pidió a Alzamora que lo acompañara a la universidad. Se le vencía el plazo ese mismo día y necesitaba conseguir que alguien le prestara el dinero. Ella aceptó a regañadientes, como en tantas otras ocasiones en que él enfrentó apuros similares.

    Entonces habían pasado ocho días desde que un comando del MIR asesinara al director de la Escuela de Inteligencia del Ejército, teniente coronel Roger Vergara Campos, cuando salía de su casa en Manuel Montt, cerca de Bilbao. Se trataba de una de las primeras acciones ejecutadas por la Fuerza Central del MIR, que en 1978 había dado curso a la «Operación Retorno» y a inicios de los años ochenta contaba ya con un contingente militar para realizar acciones selectivas y de cierta envergadura.

    Roger Vergara pertenecía a la inteligencia institucional del Ejército. Su asesinato representó un golpe duro para los servicios de seguridad de la dictadura, y motivó la baja inmediata de Odlanier Mena, el flamante director de la CNI (el organismo que había reemplazado a la Dirección de Inteligencia Nacional, DINA) y enemigo declarado de Manuel Contreras. En su lugar asumió Humberto Gordon. Santiago se volvió un hervidero de agentes y policías que tenían como único objetivo capturar a los asesinos de Vergara. En ese contexto, el director de Investigaciones, general Ernesto Baeza, seleccionó a cincuenta de sus hombres para buscar a los culpables. Así nació el Comando de Vengadores de Mártires, COVEMA. Y partió la cacería.

    Mientras viajaban desde el Paradero 25 de Gran Avenida rumbo al Campus Oriente, en micro, Alzamora y Jara repararon en la fuerte presencia de policías en la calle.

    –No es un buen día para salir –dijo él.

    –Menos para andar contigo –bromeó ella.

    Amistad en el Campus Oriente
    Cecilia Alzamora estudió periodismo en la Universidad Católica a mediados de los setenta. Tenía una hija, era soltera y, a pesar de ser de izquierda, había decidido mantenerse al margen de cualquier actividad política. Eran años en que la detención, la marginación, la pérdida del trabajo y aun la muerte le podían tocar a cualquiera que expresara oposición a la dictadura, y Cecilia quería proteger a su hija. Por eso mantenía la boca cerrada y en la universidad no hacía otra cosa que estudiar.

    Nunca le preguntó a Eduardo Jara si él militaba. Ella sospechaba que sí, por su amistad con los hermanos Romero, quienes eran un poco más abiertos respecto de sus convicciones políticas. Mario Romero era un estudiante brillante que terminó la carrera de periodismo en tiempo récord, y el hermano de este, Gonzalo, estudiaba medicina y atendía gratuitamente a opositores sin recursos. «Esos eran los códigos. Había cosas que no se decían, ni se preguntaban», recuerda.

    Había otra mujer que parecía una amiga cercana de Eduardo. Cecilia pensó que ellos tenían una sintonía más política, porque «había muchas conversaciones privadas y secretos entre ellos; o eso parecía». Lo curioso es que se trataba de una monja, quien había pedido el traslado a Periodismo desde la carrera de Teología. Algo similar había hecho el propio Jara, quien logró el traslado desde Pedagogía.

    Cecilia compartió con ella algunos ramos optativos, como un taller de cine, junto a Jara, Cecilia Serrano, Samuel Silva, María Elena Correa, Pamela Jiles y Tati Penna. «La monja», como le decían todos (y cuyo nombre mantenemos en reserva, en resguardo de la investigación judicial), era una mujer simpática que se ruborizaba intensamente cada vez que se decía un chiste de doble sentido o un profesor le hacía una pregunta. A Jara le regalaba leche holandesa y ropa usada europea, que conseguía en la Congregación del Buen Pastor, a la que pertenecía (aunque según otra versión se trataba de una monja paulina).

    «Ellos estudiaban juntos. Se prestaban libros. Todavía tengo un texto de ella sobre el Concilio Vaticano II. Eduardo me pidió que se lo devolviera cuando la viera», dice Alzamora. Pero la ocasión nunca se dio.

    Cecilia recuerda que, pocos días después del asesinato de Roger Vergara, Jara le confidenció que la monja había tenido una conducta extraña con él. «Me dijo que se habían juntado en el convento, porque ella le iba a dar algo, y que la monja se levantó el hábito hasta el nacimiento de las piernas, como acomodándose las medias, mirándolo en forma inquietante. Yo lo eché a la broma. Pero él estaba muy preocupado. No entendía por qué la monja había actuado así».

    «¡Bájate, conchetumadre!»
    Ese 23 de julio, en el Campus Oriente, el profesor Óscar González Clark salvó del apuro a Jara y le extendió un cheque por mil pesos. «Ándate corriendo», le dijo, porque el plazo para matricularse vencía y Jara tendría que ir hasta la Casa Central de la universidad, frente al cerro Santa Lucía.

    «Justo antes de salir nos encontramos con la monja. Eduardo se acercó a decirle algo y yo la saludé cuando terminaron de hablar. Salimos corriendo a tomar un colectivo», relata. Cecilia y Jara se sentaron adelante, junto al chofer, porque los tres asientos traseros estaban ocupados. El vehículo se detuvo en un semáforo en calle Los Leones, antes de llegar a Lota. Desde una camioneta C-10 se bajaron varios sujetos armados: «¡Bájate conchetumadre!», gritaron.

    «A mí me metieron una pistola en las costillas, pero yo gritaba: “¡No, no! ¡No me bajo!”. Yo no entendía qué estaba pasando. Pensaba que nos querían bajar a todos y no tenía intenciones de obedecer, hasta que Eduardo me dice: “Cecilia, bájate. Nos quieren a nosotros”».

    Los desconocidos los metieron en la parte trasera de la camioneta, les vendaron los ojos y los cubrieron con sus chaquetas. Les dieron numerosas vueltas, hasta llevarlos a un lugar que tiempo después Cecilia reconocería como la Brigada de Homicidios, ubicada en esa época en el subterráneo del Cuartel Central de Investigaciones, en la avenida General Mackenna.

    En operativos separados y en días sucesivos, el hasta entonces desconocido COVEMA secuestró al menos a catorce personas. Entre las víctimas estaban Juan Capra, Nancy Ascueta y Haissam Chaghoury, quienes vivían en una pensión cercana al lugar donde fue asesinado el teniente coronel; los siquiatras Alejandro Navarrete y Eduardo Pérez Arza; una mujer a la que solo se conoció como «la abuela» y el estudiante de medicina Gonzalo Romero, el amigo de Eduardo Jara. Con los días se sumarían los secuestros de Mario Romero, hermano del anterior, y Guillermo Hormazábal, directores de dos emisoras pertenecientes a la Iglesia Católica y cuya prominencia probablemente haría cambiar los planes del COVEMA.

    La silla giratoria
    Alzamora y Jara, los primeros detenidos, fueron separados inmediatamente al llegar a su lugar de reclusión. Fueron desnudados y revisados. A ella le dieron un golpe en la cabeza que le dejó el cuello inmovilizado y a Jara se lo llevaron a otra dependencia. Ella ya no podía escucharlo.

    Con los ojos vendados y sentada en una silla giratoria, Alzamora respondió preguntas sobre su supuesta vinculación con el MIR, el asesinato de Vergara y sus actividades políticas. Tras oír sus negativas, los agentes comenzaron a preguntarle por Jara y sus conexiones. Suponían que Alzamora era su polola y que, por lo tanto, sabría. Ella descartó que Jara pudiera estar involucrado en el asesinato de Vergara, porque aunque ya no estaban juntos recordaba que ese día él había estado ubicable y no había mostrdo especial preocupación por ese hecho. Los interrogadores de Jara iban y venían con listados de nombres que él había entregado en la tortura, para chequearlos con ella. Casi todos eran compañeros de universidad, de los cuales Cecilia desconocía que tuvieran vínculos con organizaciones políticas.

    «En un momento, me tomaron y me llevaron a la celda donde tenían a Eduardo. Estaba sentado, desnudo y amarrado, en una silla bajo un foco de luz. Me levantaron la venda para que pudiera verlo y para que él me viera a mí. “Ya, poh, dile, cuéntale…”, y acto seguido Eduardo dijo que vivía hacía varios años con la madre de su hijo, Ana María. “Pero no estoy casado”, aclaró seguidamente. Me di cuenta de que esos tipos pensaban que nosotros éramos pareja y que de ese modo me iban a poner en su contra para delatarlo, pero yo sabía lo de Ana María. Eduardo les siguió el juego y me pidió perdón por las mentiras que supuestamente me había dicho. Después me llevaron de regreso y me decían: “¿Viste que te hicieron güeona?”. “Sí –decía yo, siguiendo el juego–. Tienen razón. Qué le vamos a hacer”».

    Cecilia comenzó a sentir la presencia de otros prisioneros. Cuando podía, les preguntaba los nombres. Trataba de memorizarlos. Una anciana –«la abuela» o «señora Berta»– fue llevada hasta el cuartel para interrogarla por ser vecina de María Isabel Ortega, una militante del MIR. Como la mujer dijo no saber nada, trajeron a un niño, su nieto, para que la conminara a hablar.

    Cecilia se daba cuenta de que comenzaba la noche porque se aquietaban los ruidos a su alrededor. A Eduardo Jara lo dejaron en una habitación cercana a la suya. Ella lo oía quejarse, pedir agua. Un día, Jara no regresó. Los agentes le hicieron creer que él había muerto.

    «Me sentaron en la silla giratoria y me empujaban de lado a lado: “Ahora sí que vai a hablar. El Jara ya cagó. Quedai voh”. Yo les dije: “¿Saben qué más? Hagan lo que quieran conmigo, van a perder el tiempo”. Y era cierto, porque Eduardo jamás me confidenció nada de sus actividades, si las tenía, y yo solo lo conocía en el contexto de la universidad. Salvo la sospecha sobre la real naturaleza de su relación con la monja, que aún me guardaba».

    Una alarma radial la salvó momentáneamente. Habían asaltado varias sedes bancarias y los agentes salieron en bandada a la calle. Los prisioneros quedaron prácticamente solos. Pero volvieron. Y uno de los agentes, que parecía más educado que los demás, pasó por su lado y le dijo: «Eres lista. No hai entregado ná».

    «Yo imaginé que a Eduardo le habían sacado todo lo que podían hasta matarlo, y que ahora me tocaba a mí. “Tengo que entregarles algo que les sirva”, pensé, y me acordé de la monja. Me habían preguntado por todos los amigos de Eduardo, menos por ella. Sentía culpa, pero habían pasado varios días y suponía que ella habría tomado sus precauciones. Les di su nombre pensando que no podrían hacerle nada porque la Iglesia la iba a proteger. Para mi sorpresa, en vez de averiguar más dejaron de interrogarme. No me preguntaron nada nunca más».

    Una semana después del secuestro de Jara y Alzamora, el 30 de julio, fueron arrestados Guillermo Hormazábal, director de opinión pública del Arzobispado y jefe de prensa de Radio Chilena, y Mario Romero, director de la Radio Presidente Ibáñez, de Punta Arenas, quien estaba en Santiago preocupado por la desaparición de su hermano Gonzalo. Hormazábal y Romero fueron capturados cuando caminaban rumbo al restaurante Carillón, donde almorzaba el personal de Radio Chilena. El directorio de la emisora comenzó de inmediato una campaña intensa por su liberación y, cosa inusual para la época, la noticia de sus secuestros apareció en la prensa.

    En medio de la conmoción, los prisioneros fueron trasladados a la Octava Comisaría Judicial de Investigaciones, según pudo aclarar posteriormente la Vicaria. Jara ya no fue torturado, pero se quejaba constantemente de frío y de hambre. Decía que le dolían las muñecas. Imploraba que no lo dejaran morir.

    Hormazábal fue liberado el mismo día de su detención: lo dejaron abandonado en un sitio eriazo, con los ojos vendados. Sus captores le dieron plata para la micro y le pusieron un papel en el bolsillo en el que se identificaban como Comando de Vengadores de Mártires. En la madrugada del 31 de julio fue liberado Gonzalo Romero y, un poco más tarde, su hermano Mario.

    Ese día la Corte de Apelaciones designó al juez Alberto Echavarría para investigar los secuestros, en respuesta a un escrito del ministro del Interior, Sergio Fernández. En la misma jornada, dos de los liberados dieron una conferencia de prensa, pero Cecilia Alzamora, Eduardo Jara, Nancy Ascueta y otros seguían desaparecidos.

    «Cállate, huevón»
    La noche del 31 de julio, según pudo establecerse en los testimonios recogidos por la Vicaría, los guardias que custodiaban a los cautivos abrieron una botella de pisco de la que bebían mientras jugaban naipes. Jara, sentado en una banca, se quejaba. Pedía agua.

    «Nos tenían a todos vendados y cerca. Se notaba que movían cuerpos, y yo ya podía escucharlo. Estaba en shock. Desvariaba. “¡Cállate, huevón!”, le decían los guardias. Él volvió a quejarse y de repente oí un golpe fuerte y seco. Eduardo quedó en silencio. Ahí sentí miedo. Pensé que estaba muerto o inconsciente, porque no lo escuché más por muchas horas. Hasta que despertó y comenzó a quejarse de nuevo. Estaba muy mal».

    Tarde, el viernes 1 de agosto, los prisioneros remanentes fueron subidos en varios vehículos y abandonados en distintos sitios eriazos en la madrugada del sábado 2. A Alzamora y Jara los mantuvieron en un furgón por largas horas. Uno de los guardias se portó amable y le masajeó los pies al joven, porque los tenía helados y sin zapatos. Luego, en la noche, fueron metidos a un auto que al fin partió.

    «Eduardo seguía quejándose de dolor y frío. Se le caía la cabeza para el lado. Le decían: “Del MIR y recostándose como huevón. Enderézate”, pero él simplemente no podía. Nos bajaron en Valenzuela Puelma [en La Reina alta] y nos hicieron acostarnos en el suelo, boca abajo. Me dijeron: “Cuenta de cien hacia atrás. Fuerte. Para que te escuchemos”. Ahí me despedí de la vida. Estaba segura de que nos iban a disparar».

    Cecilia no dejó de contar hasta que llegó al número uno. Entonces se dio cuenta de que estaban solos y se quitó la venda.

    «Hablé con él un poco. Le pregunté si había entregado a la monja. Me dijo que sí. “Yo también”, le dije. Lo ayudé a pararse. Casi no podía caminar. Yo le pasé mis zapatos y así pudo avanzar otro poco, pero no podía. Se iba para el lado. Lo dejé debajo de un poste y empecé a pedir ayuda. Me encontré con unos tipos que cuando supieron lo que nos había pasado salieron huyendo, despavoridos. Toqué el timbre en una casa y mentí. Dije que nos habían asaltado y así logré que llamaran a la ambulancia».

    Cecilia y Eduardo fueron trasladados a la Posta 4 de Ñuñoa. En camillas separadas por una cortina, Cecilia oía cómo los médicos anotaban las lesiones de Eduardo y pedían exámenes. Una enfermera le hizo un gesto indicándole que los médicos eran militares y se negó a tomar las pastillas que le ofrecieron. Fue trasladada a una comisaría y Jara quedó en el recinto médico. Mientras esperaba que su familia fuera a buscarla, un carabinero se le acercó y le dijo: «Aquí hay unos periodistas que quieren conversar con usted. ¿Desea atenderlos?».

    «Yo acepté pensando que serían colegas. Cuando me hizo pasar a la sala donde estaban, no podía creerlo. Los reconocí de inmediato. Eran los tipos que nos habían secuestrado. Uno que hablaba más que el otro me preguntó si yo creía que podría identificar a mis captores. Les dije: “Da la casualidad de que se parecen mucho a ustedes”, me di la media vuelta y salí».

    Minutos después, un carabinero se acercó a contarle que Jara había muerto.

    La monja
    A la mañana siguiente, a primera hora, Cecilia se presentó en la Vicaría. Lo primero que pidió fue que alguien se preocupara de la situación de la monja. Ella había dado su nombre en los interrogatorios y quería asegurarse de que alguien le advirtiera que podía correr peligro.

    «Los abogados me dijeron que no me preocupara, porque estaba bien, pero noté algo raro. Exigí hablar con el vicario Juan de Castro y él también insistió en que ella estaba bien. “No le ha pasado nada”, me dijo, pero no sonó convincente».

    Unos días más tarde, el juez Echavarría ordenó la detención del jefe de la Brigada de Homicidios, José Opazo, y el subjefe, Domingo Pinto, junto a seis subalternos. La justicia aceptó la hipótesis de que el COVEMA se había organizado a espaldas del mando institucional, pero el escándalo obligó a la renuncia casi inmediata del director de Investigaciones, general (r) Ernesto Baeza.

    Unas semanas más tarde, por una iniciativa de la revista Hoy, todos quienes habían sido secuestrados se reunieron. Entonces Cecilia se enteró de que Guillermo Hormazábal y Mario Romero habían visto a la monja minutos antes de ser detenidos. Contaron que ella les insistió en acompañarlos a almorzar, pero Guillermo se negó explicándole que Mario quería hablar un asunto delicado con él.

    Cecilia volvió a la Vicaría. Exigía saber qué había pasado con la monja. Entonces se enteró de que su congregación la había sacado del país. Años más tarde descubrió un hecho aun más escalofriante. La monja volvió a Chile desprendida de sus hábitos y ya de civil se casó con José Opazo, el ex jefe de la Brigada de Homicidios, el hombre que dirigió el operativo del COVEMA, y que estuvo procesado y detenido por unas semanas. Más tarde Opazo moriría de cáncer, pero la monja, titulada de periodista, se encontró en un par de ocasiones con Cecilia en actividades profesionales.

    «Ella me miraba desafiante. Como diciendo aquí estoy. A mí se me helaba la sangre. Durante los siguientes diez años, seguí recibiendo llamadas anónimas de amenaza. Principalmente de una mujer. A pesar de que me cambiaba constantemente de casa, siempre me ubicaban y amenazaban a mi hija o a mi padre. Una vez llamaron a unos vecinos para decirles: “¿Usted sabe que su vecina es una terrorista?”».

    Sin temor
    Álvaro Varela, uno de los abogados de la Vicaría que estuvo a cargo del caso, recuerda que el ministro Echavarría prácticamente no investigó. Era el mismo juez que en el caso de los diez dirigentes desaparecidos del PC en 1976 dio por ciertos los papeles que certificaban su salida al extranjero y cerró la causa. En cuanto a estos catorce secuestros del caso COVEMA, determinó que José Opazo y el detective Eduardo Rodríguez habían actuado motu proprio en la detención ilegal de Juan Capra y Nancy Ascueta, y en 1988 los condenó a una pena de 541 días que cumplieron en libertad. En cuanto a la muerte de Eduardo Jara, el juez no encontró pruebas de que los funcionarios hubiesen participado en su secuestro, ni que tuvieran responsabilidad en su muerte. El caso por su homicidio fue sobreseído sin culpables.

    En 1985, la Vicaría obtuvo el testimonio de un funcionario que había participado en el operativo como chofer, el que permitió establecer que fue el COVEMA el que secuestró y torturó a Eduardo Jara, y que la creación del Comando fue una orden del general Baeza, quien escogió personalmente a cincuenta de sus mejores hombres para la operación. Para ello contó con la colaboración, usual en aquel tiempo, de otros organismos de seguridad, como la CNI y aun de personal de Carabineros. Pero la justicia ignoró los antecedentes.

    Sobre el crimen de Jara, el abogado Varela señala: «Investigaciones creyó tener un hilo e intentó aclarar el crimen de Roger Vergara por esa vía. Pero sus pistas eran totalmente erradas. Jara era un militante marginal del MIR, sin participación en acciones militares, como creía Investigaciones. Lo que nunca tuvo una explicación muy clara fue la violencia de la acción y haber matado a Eduardo Jara, salvo que se les pasó la mano en la tortura».

    Cecilia Alzamora, por su parte, cree que al menos las detenciones de Eduardo Jara, Guillermo Hormazábal, Mario y Gonzalo Romero y la suya se debieron a un «soplo» de la monja. «Recuerdo que lo discutimos entre nosotros en aquel tiempo, pero optamos por no insistir. Destapar este dato hubiera servido para desprestigiar a la Iglesia y el trabajo de la Vicaría».

    Sin embargo, treinta y un años después del asesinato de Eduardo Jara, Cecilia Alzamora ya no siente ese temor y en abril pasado declaró lo que sabe ante el juez Mario Carroza.


    GALERÍA DE PRENSA


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    Juez Carroza procesará a 10 personas por muerte de estudiante de Periodismo en 1980

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    Resolución Juez Mario Carroza de mayo 2015

    José Eduardo Jara fue secuestrado y torturado por integrantes de Covema.

    Cecilia Alzamora también fue raptada junto al joven.

    covema.cl

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    Jara falleció producto de los golpes que recibió.

    El juez Mario Carroza procesará a 10 militares en retiro y ex integrantes de la Policía de Investigaciones por el homicidio calificado de José Eduardo Jara y el secuestro de Cecilia Alzamora, ambos estudiantes de periodismo en la Universidad Católica, ocurrido en julio de 1980.

    Alzamora y Jara fueron secuestrados el 23 de julio de 1980 tras ser interceptado el taxi en que se encontraban en la esquina de las calles Eliodoro Yáñez y Los Leones, menos de 10 días después de la muerte del director de la Escuela de Inteligencia del Ejército Roger Vergara.

    Resultado de imagen para Cecilia Alzamora

    Los jóvenes fueron retenidos por miembros del Comando de Vengadores de Mártires (Covema), quienes los torturaron durante un día, causando la muerte de Jara.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

    subirCaso emblemático

    La presidenta del Colegio de Periodistas, Javiera Olivares, sostuvo que “para nosotros son casos absolutamente emblemáticos y dentro de los cuales Eduardo Jara es -junto con Cecilia-, como estudiante de periodismo, un caso muy recordado”.

    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Eduardo Jara, hijo del fallecido, explicó que “esto es una acción que se decide como familia, en este caso mi madre y yo, más que nada para cerrar un ciclo en nuestras vidas. Yo soy padre y no me gustaría decirle a mi hijo que su abuelo fue asesinado en dictadura y que los asesinos quedaron impunes”.

    “Es parte del cierre que nosotros necesitamos como familia, dejar en claro que nosotros no queremos nada más que eso, no buscamos nada más que las personas, que sean identificadas y tengan una sanción como debe ser”, añadió.

    El abogado Luciano Fouillioux comentó que “el ministro Carroza procesa a este mismo grupo como autores de homicidio calificado de Eduardo Jara y un día de tortura o de aplicación de tormento de Cecilia Alzamora, previo secuestro de ambos, y han sido procesados y están siendo citados para ser notificados la próxima semana”.

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    “Por lo tanto, el hecho de vislumbrar posibilidades y caminos de justicia no solo nos parece lo justo, lo que tenía que haber sucedido hace mucho tiempo, sino que nos empuja a seguir pidiendo justicia para todo el resto de los otros casos”, agregó.

    Por su parte, Alzamora manifestó que “ha sido un proceso gradual y lo importante son los resultados. Yo creo que estamos en una etapa importante en este minuto también, estas personas están siendo formalizadas y vamos a ver qué pasa”.

    “Evidentemente que yo espero que esto llegue a término con condena porque esto fue muy grave y todos esperamos que haya castigo para los culpables y que no prime la impunidad, que ha sido la tónica en la mayoría de los casos de derechos humanos en Chile”, recalcó.

    Vicaria de la Solidaridad. Monumento Nacional

    Declaratoria Archivo de la Solidaridad

    Aprueban declarar como Monumento Nacional los Archivos de la Vicaria de la Solidaridad, memoria de la represión en Chile

    http://www.monumentos.cl/consejo/606/w3-article-72476.html

    09-nov-2016

    Los Archivos son un testimonio material del arduo y valiente trabajo en defensa de los Derechos Humanos que llevó a cabo la Vicaria de la Solidaridad durante la dictadura militar

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    El Consejo de Monumentos decidió por la unanimidad de sus integrantes reconocer como Monumento Histórico a los archivos de la principal institución defensora de los Derechos Humanos entre 1973 y 1990, otorgando protección patrimonial a un registro de la represión ejercida contra los opositores al régimen dictatorial.

    Tras el Golpe Militar de 1973 y enterado de los primeros y dramáticos testimonios sobre masivas violaciones a los Derechos Humanos en el país, el Cardenal Raúl Silva Henríquez, creó junto a iglesias cristianas y la comunidad judía una organización ecuménica denominada Comité de Cooperación para la Paz en Chile, organización que posteriormente se convertiría ya bajo el alero exclusivo de la Iglesia Católica en la Vicaria de la Solidaridad.

    El patrimonio documental que se convertirá en Monumento Nacional está constituido por el trabajo de profesionales de la Vicaria de la Solidaridad y su antecesor, el Comité Pro Paz, el que se encuentra en la actualidad custodiado, resguardado y administrado por la Fundación, desde el año 1992 hasta la actualidad.

    “Los fondos documentales producidos por el Comité de Cooperación para la Paz y su continuador, la Vicaria de la Solidaridad, constituyen un archivo de carácter nacional en Chile, que dan cuenta de las acciones de defensa y promoción de los derechos humanos, del rol desempeñado por la Iglesia, de la historia de las víctimas y en sentido amplio, de una página oscura del país, pero que es importante preservar para la memoria”, dijo Ángel Cabeza, vicepresidente del Consejo de Monumentos Nacionales.

    El archivo fue constituido por información recopilada sistemáticamente y consta de testimonios de familiares de víctimas, de causas judiciales, gestiones administrativas, testimonios de represores arrepentidos, material gráfico y audiovisual.

    “Sólo en Chile se pueden contar las violaciones de los derechos humanos a través de los expedientes judiciales. Como serán de importantes que fueron declarados Patrimonio Documental de la Humanidad por la Unesco”, dijo por su parte Roberto Garretón, impulsor de la declaratoria en representación de los trabajadores de la Vicaria de la Solidaridad.

    Al adoptar su decisión los consejeros consideraron como además como valores que el fondo documental es un aporte para la investigación académica y, especialmente, para los organismos de derechos humanos, chilenos y extranjeros, que requieren conocer de los hechos y de la valiosa experiencia de la Vicaria de la Solidaridad, como guía y orientación para sus propios trabajos.

    Que este conjunto de documentos es una fuente de información primaria y excepcional para la elaboración del informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, conocido como Informe Rettig y para la construcción del informe de la Comisión sobre Prisión Política y Tortura, conocido como Informe Valech y que también la información resguardad y conservada por la Fundación, continua siendo de gran utilidad para investigaciones judiciales actuales y futuras.

    Finalmente el Consejo estimó que la protección de estos documentos bajo la Ley N°17.288 de Monumentos Nacionales, favorece la generación de las condiciones para su conservación y puesta en valor, promoviendo un espacio de alta relevancia para el acervo cultural del país.

    Aprobada la declaratoria el Consejo remitirá al Ministerio de Educación los antecedentes para la dictación del decreto respecto que declara al significativo fondo como Monumento Nacional.

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    2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

    2054 .El secreto está, el secreto es visible…Ley 19.992

    Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    • La tortura seguirá siendo un pendiente de la democracia, parcial e inclusa, que hemos construido a más de un cuarto de siglo del fin fáctico de la dictadura si no avanzamos en derogar el secreto, crear los mecanismos de prevención e instituir reparaciones que verdaderamente se correspondan con el daño causado. De no ocurrir nada de lo anterior, la tipificación del delito de tortura será meramente una justiciabilidad de hechos. Una ventana que se abre, pero que no da paso a cerrar definitivamente las puertas a la tolerancia de estos actos vejatorios de la dignidad humana. Una medida que simbólicamente se entronca con el arrojo de *Sebastián Acevedo y el movimiento que propició su acto desesperado, pero que no honra su muerte con un nunca más.

      http://www.elmostrador.cl/noticias/opinión/2016/11/20/sebastian-acevedo-y-la-tortura-en-chile

     

     

    Víctimas de la dictadura consiguieron levantar secreto del informe de la Comisión Valech.

    Leer artículo completo

    Gracias a un resquicio en el artículo 15 de la Ley Valech, lograron romper el “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    “Recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado”, expresó una de las víctimas.

    EFE. Archivo.

    Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

    Los archivos contienen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, y la transcripción de sus testimonios.

    Quince víctimas de la dictadura militar consiguieron que se desclasificaran los documentos de la “Comisión Valech” que contienen testimonios y archivos relacionados con las torturas que sufrieron, rompiendo por primera vez el carácter de “secreto” de 50 años que rige sobre el informe.

    Gracias al descubrimiento de un resquicio que permite abrir los documentos solo con la propia voluntad de las víctimas, lograron quebrar el silencio de medio siglo impuesto por el Gobierno, que decretó que los archivos debían mantenerse en secreto hasta 2054.

    Las quince carpetas poseen fotografías, recortes de prensa y fichas de las victimas, además de la transcripción de sus testimonios, con los nombres y las descripciones de sus captores y torturadores durante el régimen de Augusto Pinochet.

    Forman parte de la información recabada por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, conocida como “Comisión Valech”, organismo creado en 2003 con el objetivo de esclarecer la identidad de las 40.000 personas que fueron detenidas y torturadas.

    Según el presidente Ricardo Lagos, quien promulgó la ley, el objetivo del secreto de 50 años fue “proteger la dignidad de las víctimas” que no querían que sus familias supieran de las torturas que sufrieron durante la dictadura.

    “Poder cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”

    Scarlett Mathieu, una de las ex presas políticas de la dictadura que el pasado jueves recuperó la carpeta vinculada con su caso, señaló a la Agencia Efe que “recuperar estos archivos es parte de la reparación moral que nos debe el Estado. Nosotros tenemos que ser los dueños de esa información y poco a poco debemos entregársela a la sociedad. Ahora está en nuestras manos un pedazo de la verdad”.

    Resultado de imagen para Scarlett Mathieu

    Testimonio Scarlett Mathieu Loguercio

    SCARLETT MATHIEU LOGERCIO: En Londres estuve aproximadamente diez días, ahí sufrí torturas de todo tipo, violencia política sexual específicamente, tortura psicológica de amenazas con detener a mis hijos, tortura psicológica de escuchar torturas a otras personas, que es una parte muy difícil de sobrellevar, psicológicamente queda uno muy marcada, porque las torturas propias uno está todo el rato resistiendo, de alguna manera, pero estar escuchando cómo torturan a otras persona, y lo hemos conversado con varias personas, es una de las experiencias más difíciles de asimilar.

    Mathieu, que después del golpe de Estado perteneció al MIR (Movimiento de Izquierda Revolucionaria), fue detenida en 1974 y torturada durante ocho meses. En 2003 nombró ante la Comisión Valech a los agentes que la torturaron durante su cautiverio.

    “Me gustaría que mi testimonio saliera a la luz y que los nombres de quienes me torturaron pudieran ser conocidos por la ciudadanía. Yo solo pude reconocer a cinco agentes, pero había más. Es importante que muchas más víctimas hagan lo mismo, para que se pueda cruzar la información y armar un mapa completo de la represión”, explicó.

    Cómo se permitió la desclasificación

    Distintas asociaciones de DD.HH. llevan años pidiendo levantar el secreto. La Presidenta Michelle Bachelet prometió durante la campaña electoral que estudiaría este asunto.

    Pero fue la iniciativa de un artista visual lo que ha permitido quebrar el secreto.

    FRANCISCO PAPAS FRITAS: Al crear un secreto de 50 años, lo que tu esperas es que tanto las personas víctimas, como los victimarios, mueran, fallezcan y exista una impunidad, una impunidad de muerte, una impunidad biológica. Básicamente.

    El grupo “Desclasificación Popular” es un colectivo del artista Francisco “Papas Fritas”, que junto a un equipo de periodistas y abogados encontraron la forma legal de forzar al Estado chileno a entregar a las víctimas la transcripción de sus declaraciones, además de otros documentos relacionados con sus casos.

    Como señalan en su página web, “a partir de una nueva lectura a la ley 19.992 identificamos y reivindicamos el derecho de quienes prestaron estos testimonios a tener las declaraciones en su poder, mediante la exigencia del derecho que otorga el artículo 15″.

    El art. 15 de la Ley Valech dicta que mientras rija el secreto de 50 años, nadie tendrá acceso a los documentos, sin perjuicio del derecho personal que asiste a los titulares de los documentos, informes, declaraciones y testimonios incluidos en ellos, para darlos a conocer o proporcionarlos a terceros por voluntad propia”.

    Y es en este extracto en donde se apoyaron para pedir la desclasificación: la voluntad de cada víctima para sacarlos a la luz.

    “Nos hemos encontrado con todas las trabas, pero lo hemos conseguido. Es posible desclasificar los documentos. Estamos emocionados”, dijo el impulsor del grupo, Francisco “Papas Fritas”.

    Actualmente, hay otras 50 víctimas que están siendo asesoradas por el equipo y que han solicitado la entrega de sus declaraciones.

    Dicha información será publicada en la página web de la iniciativa, www.desclasificacionpopular.cl, donde, a partir del próximo 15 de diciembre se podrán consultar las declaraciones de las víctimas que de forma anónima deseen dar a conocer la identidad de sus torturadores.

    Este será el inicio de la desclasificación popular“, concluye el artista.

    Artista Francisco “Papas Fritas” tatúa en su cuerpo testimonio de tortura del Informe Valech

    por 19 diciembre 2016

    Artista Francisco
    ¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? En un video perforance, “Un cuerpo violentado” —el de la tortura y el del artista— el del autor de la obra, simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre su espalda del artista. Este cuerpo pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror.

    En la exposición 2054, el artista visual y agitador cultural Francisco “Papas Fritas” hace lo que no ha hecho el Estado.

    Después de dos años de trabajo en colaboración con el colectivo Desclasificación popular, en la muestra -que evoca el año en que el Estado chileno se comprometió a terminar con el secreto que encubre la responsabilidad de militares y civiles en los miles de casos de tortura durante la dictadura- se expondrán por primera vez  al público archivos de la Comisión Nacional de Prisión Política y Tortura durante la dictadura cívico-militar en Chile – conocidos como Valech I – que siguen estando en secreto por 50 años.

    Segunda fase del proyecto (sep 2015)

    Este proyecto comenzó el 2014 con Desclasificación Popular donde se construyó un sistema de desclasificación, cuya segunda etapa, iniciada a partir del año 2015, ha consistido en la difusión y sistematización del proyecto por parte de un equipo multidisciplinario. Este último ha sido el encargado de la generación de accesos de ex presos y ex presas políticas a sus archivos mediante recursos de protección contra el Instituto de Derechos Humanos, custodio legal de los archivos Valech.

    Bajo este mecanismo se han logrado desclasificar las primeras carpetas, poniendo en entredicho el secreto e impunidad que pesa sobre dicha Comisión. Estos archivos serán dados a conocer por primera vez en la exposición 2054, y de forma posterior en el sitio web de desclasificación popular.

    Con ello se dará inicio a la tercera etapa del proyecto que consiste en la triangulación de la información, tanto para la apertura de causas judiciales como para distintos tipos de investigación que contribuyan tanto a la verdad, justicia como a la memoria histórica.

    Artista simula tortura

    Frente a aquellas imágenes se exhibe un video-performance cuyo foco de atención no es otro que un cuerpo. Un cuerpo violentado; el del autor de la obra, Papas Fritas quien simula ser parte de una escena de tortura. Esta escena se entrecruza con una sesión de tatuaje que va escribiendo letra a letra un testimonio del Informe Valech sobre la espalda del artista.

    Abrir la herida 2016 Fotografía color 19,4x30 a proceso de cicatrización de tatuaje sin tinta de un archivo Valech

    Este cuerpo —el de la tortura y el del artista— pese a su fragilidad resiste al silencio impuesto por la lógica del secreto inscribiendo en sí un testimonio del horror. Más aún, es un cuerpo que trae de vuelta al presente historias, memorias y heridas.

    ¿Dónde empieza el arte, dónde acaba la política? El propio dispositivo visual se resiste a operar en la distinción y la clasificación, su proceder es más cercano a la infiltración y al contagio. 2054 más que ser sólo el año propuesto por el Estado chileno para la desclasificación de los archivos del Informe Valech se vuelve una clave de acceso al presente.

    Un presente que se describe en dos planos: uno, el del secreto; el otro, el de la resistencia política de la desclasificación popular. Para la resistencia política estética, 2054 es entonces la cifra que inicia el movimiento del dispositivo político visual de la desclasificación popular. Su tiempo es ahora el del presente-pasado.

    Imagen de reflejo

    De acuerdo con la descripción realizada por la académica y teórica feminista Alejandra Castillo, la instalación 2054 – año del supuesto fin del secreto – consiste en un conjunto de cuadros que en su mayoría no tienen más imagen que la del reflejo, otros, los menos, contienen piezas de los archivos de los testimonios de aquellas y aquellos que sufrieron de prisión política y tortura durante la dictadura militar iniciada el año 1973.

    papas-fritas-desclasificacion-12

    Cerca de aquellos cuadros, se instala otra serie de imágenes con las fotografías oficiales de quienes han gobernado Chile desde la 1990 hasta hoy; más los afiches del SI y del No de la campaña electoral de 1989 en forma invertida, volviendo visible la siguiente leyenda: is on. Más claramente se deja leer: The Secret is on. El secreto está, el secreto es visible, el secreto es ahora instalado a plena luz.

    Una mujer embarazada en los cuarteles de la DINA. Reinalda

    Una mujer embarazada  en los cuarteles de la DINA. Reinalda

    Jueves 15 de Diciembre 2016
    UNA MUJER EMBARAZADA EN LOS CUARTELES DE LA DINA
    Por Andrés Scherman

    Durante 1976 el puño de la DINA golpeó con fuerza al Partido Comunista. En siete meses dos direcciones completas fueron aniquiladas. No solo cayeron los principales dirigentes. Militantes jóvenes, que habían decidido pasar a la clandestinidad pese a los riesgos, también fueron detenidos y hechos desaparecer. Uno de ellos fue Reinalda del Carmen Pereira, quien tenía 29 años y un embarazo de cinco meses al momento de su detención.

    Su marido, su madre y sus amigos la buscaron por décadas. Recién a mediados de 2007, cuando el esposo y la madre ya habían muerto, la justicia desentrañó los detalles del crimen. Su cuerpo hasta hoy sigue sin ser encontrado. Junto a Reinalda, otros once militantes comunistas y dos miembros del MIR cayeron en un operativo que se extendió por tres semanas y que se conoce como “el caso de los Trece”.

    En esta historia se inspira parte del sexto capítulo de la serie Los archivos del cardenal.
    Por Andrés Scherman

    Llévame, voy justo hacia tu casa. Era la tarde del 15 de diciembre de 1976 y Reinalda del Carmen Pereira terminaba su jornada de trabajo en el laboratorio clínico que había fundado hacía unos pocos meses junto a su amiga Cristina Arancibia en el pasaje Matías Cousiño, en el centro de Santiago. Como tenía que ir cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa, le pidió a Cristina que la llevara en auto.

    Ambas mujeres se conocían desde 1969 y eran militantes del Partido Comunista (PC), aunque solo Reinalda seguía vinculada a la colectividad. Hasta el Golpe de Estado de 1973, habían hecho una vida política juntas, llegando a encabezar –Cristina como presidenta y Reinalda como secretaria general– el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Pero después del 11 de septiembre, y ante la fuerte represión que vivían los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, Cristina optó por concentrase en el trabajo y la crianza de sus hijos. Reinalda, en cambio, eligió una ruta distinta y se involucró de lleno en las actividades que por esos días llevaba adelante un golpeado y clandestino Partido Comunista.

    Reinalda había arriesgado la vida varias veces en esos años. Ya en diciembre de 1976 estaba decidida a “descolgarse” de la actividad clandestina: tenía cinco meses de embarazo. Le faltaba apenas un poco de tiempo para cumplir sus últimas tareas.

    Esa tarde del 15 de diciembre de 1976, tras dejar el laboratorio clínico en el centro de Santiago, las dos mujeres se dirigieron hacia Ñuñoa en la citroneta roja de Cristina. Al llegar a la esquina de calles Maratón y Rodrigo de Araya, Reinalda descendió del vehículo. Cristina recuerda que puso su auto delante del bus que tomaría su amiga para que ésta alcanzara a subir. No miró hacia atrás y supuso que Reinalda ya estaba sobre la micro. Le había dicho que iría a la consulta de un ginecólogo para controlar su embarazo.

    Nunca más volvieron a verse.
    No hay certeza, pero probablemente Reinalda caminó las ocho cuadras que separan el lugar donde descendió de la esquina de Rodrigo de Araya y Exequiel Fernández. De acuerdo al relato de testigos que declararon en el proceso, en esa esquina dos hombres descendieron de un automóvil marca Peugeot, patente HLN-55, y la tomaron fuertemente por la espalda. La mujer se aferró al poste de un semáforo y gritó pidiendo auxilio, pero fue doblegada e introducida a la fuerza en el auto, que inmediatamente salió por Rodrigo Araya.

    Al día siguiente, su marido, su madre y sus amigos comenzaron a buscarla. Reinalda tenía 29 años. Y, vale la pena reiterarlo, cinco meses de embarazo.

    La detención de Reinalda fue parte de la fuerte ofensiva que los servicios de seguridad de la dictadura lanzaron contra el PC en 1976. Si durante 1974 y 1975 la Dirección Nacional de Informaciones (DINA) concentró su labor en la aniquilación del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en 1976 su principal objetivo fueron los comunistas.

    En ese momento, el PC era el único partido de izquierda que mantenía sus estructuras funcionando. A cargo de su directiva estaba el dirigente Víctor Díaz, quien asumió esa tarea pocas semanas después del Golpe. Sin embargo, todo cambió en 1976. En solo cosa de meses, dos directivas completas cayeron en manos de la DINA, arrastrando también a jóvenes militantes, como Reinalda del Carmen Pereira Plaza.

    Crecer en otra casa
    Reinalda del Carmen Pereira nació el 5 de mayo de 1947. Su madre, Luzmira Plaza, trabajaba como empleada doméstica en una casa ubicada en la calle Jorge Matte Gormaz, en la comuna de Providencia.

    Luzmira, a quienes todos llamaban Lula, era una mujer campesina, proveniente de Lonquén, y sin ningún interés por la política. Tras quedar embarazada decidió permanecer en la casa en que trabajaba como asesora del hogar y dedicar todas sus energías a criar sola a su hija. Reinalda creció en ese lugar, donde se hizo amiga de los hijos del matrimonio dueño de casa y se fue integrando a algunas actividades familiares. Fue así como aprendió a tocar guitarra con el profesor que iba a enseñarles a los hijos de los “patrones” o partió de vacaciones a El Tabo, donde, a los 16 años, fue elegida reina del balneario.

    Luego de terminar la secundaria, Reinalda entró a estudiar Tecnología Médica a la Universidad de Chile. Fue la primera de su familia en acceder a la educación superior, motivo de gran orgullo para su madre.

    En la universidad, Reinalda se encontró con la efervescencia política de los 60 y comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Quienes la conocieron recuerdan especialmente dos aspectos de ella: su fuerte determinación y su belleza.

    “Era preciosa. Blanca, delgada, tenía unos ojos verdes penetrantes, pelo negro, una nariz un poco aguileña, labios finos, cejas muy bien delineadas. Estoy mirando a la Carmen –que es como la llamaban sus cercanos- en este minuto”, recuerda Cristina Arancibia, quien por primera vez habla con un periodista sobre la desaparición de su amiga.

    La belleza de Reinalda iba acompañada de un fuerte carácter, lo que varias veces la enemistó con otras personas. “Tenía sus ideas políticas clarísimas. Te discutía todo y te tiraba granadas con las que tú no hallabas qué hacer, lo que despertaba en ese tiempo muchas odiosidades. Era muy vehemente, pero también estudiosa”, relata su amiga, quien fue la última persona en verla con vida.

    Tras titularse de tecnóloga médica en 1969, Reinalda comenzó a trabajar en el Hospital doctor Sotero del Río. Además de su trabajo profesional, las actividades políticas y gremiales empezaron a ocupar cada vez más parte de su tiempo. Se involucró primero en la Federación de Tecnólogos Médicos y, después, participó en la fundación y dirección del Colegio que reunía a estos profesionales. También en esa época conoció a Max Santelices, un kinesiólogo que pertenecía al Partido Comunista, y que también participaba en los gremios de la salud.

    Reinalda y Max comenzaron a salir en 1971. Formaron una pareja que, de acuerdo a quienes los conocieron, reunía dos personalidades bastante distintas. Mientras Reinalda se caracterizaba por ser estructurada y tener una gran capacidad de organización, Max era más disperso. “En esa pareja, Carmen ponía el orden y el flaco ponía la risa y la talla”, asegura Cristina Arancibia.

    Fueron años intensos. Tras la elección de Salvador Allende el trabajo político y gremial se multiplicó. También las relaciones con los colegas que defendían otras posiciones políticas se hicieron más ásperas. De hecho, en 1973, Reinalda y Cristina perdieron la dirección del Colegio de Tecnólogos en una asamblea que se extendió por horas y donde debieron enfrentar a un juicio de destitución promovido por los opositores al gobierno de la Unidad Popular.
    En julio de 1973, Reinalda y Max se casaron y se fueron a vivir juntos. Los acompañó la señora Lula, que apenas unos pocos años antes había dejado la casa de sus patrones. En el país la tensión era máxima: unas pocas semanas antes del casamiento un grupo de militares, encabezados por el coronel Roberto Souper, había intentado derrocar al Gobierno. La sublevación pasó a ser conocida como el “Tanquetazo”.

    Viene el Golpe
    Las primeras consecuencias del Golpe de Estado se sintieron rápido en la vida del matrimonio. Pocos días después del 11 de septiembre, ambos fueron detenidos en el Sótero del Río. Reinalda fue llevada al Regimiento de Ferrocarriles del Ejército de Chile, donde permaneció por cerca de 10 horas. Después de esta detención fue obligada a firmar semanalmente, durante un año, un registro llamado “control de personas con comprometimiento político”. Max, en tanto, fue trasladado al Estadio Nacional, desde donde logró salir veinte días después.

    En las semanas siguientes, los problemas continuaron. Reinalda y Max fueron despedidos del hospital. Quedaron sin trabajo y con muy pocas posibilidades de ejercer su profesión en un sistema de salud que en aquella época era casi íntegramente estatal.
    Sin un empleo estable, ambos se sumergieron en tareas políticas y ocasionalmente realizaban algunos trabajos esporádicos para juntar dinero. La señora Lula siguió viviendo con ellos, pero sin nunca sospechar las tareas políticas clandestinas que realizaban su hija y su yerno. La dictadura, la clandestinidad y la persecución eran temas completamente lejanos para esta mujer.

    En 1976 el Partido Comunista enfrentó su año más difícil desde el inicio de la dictadura. El primer golpe fue la detención del subsecretario de las Juventudes Comunistas, José Weibel, quien cayó el 29 de marzo a manos del Comando Conjunto, un organismo represivo que competía con la DINA y cuya existencia era desconocida. Weibel se unía a otros dirigentes juveniles apresados y desparecidos el año anterior.

    Posteriormente, a principios de mayo 1976, la DINA logró identificar una casa de seguridad en la calle Conferencia donde se reunirían miembros de la cúpula para tratar temas sindicales. Los agentes de seguridad ingresaron a la casa a esperar la llegada de los dirigentes. Uno a uno los asistentes a la reunión fueron apresados mientras ingresaban a un lugar que creían seguro y que se había transformado en una ratonera. En Calle Conferencia cayeron Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire y Jaime Donato.

    La aniquilación de la directiva se completó unos días después con la captura de Víctor Díaz, quien encabezaba el trabajo clandestino del partido desde los días posteriores al Golpe Militar, que prohibió el funcionamiento de los partidos políticos, dejándolos al margen de la legalidad.

    Tras ese golpe contra la primera dirección clandestina, el PC trató de reorganizarse formando una segunda directiva, encabezada por el profesor universitario Fernando Ortiz. Tras la conformación de la nueva cúpula, Reinalda dejó de ser solo una militante que trabajaba en la clandestinidad y pasó a cumplir una labor de alta relevancia en la estructura del Partido Comunista: se convirtió en “enlace” de los miembros de la dirección que funcionaba en la clandestinidad. Ser “enlace” era una tarea riesgosa y que solo se le encargaba a militantes probadamente comprometidos con el partido. Entre las tareas de quienes cumplían este rol estaba trasmitir los mensajes de los distintos miembros de la directiva que se encontraban escondidos en casas de seguridad, y generar las condiciones necesarias para reunir cada cierto tiempo a los principales dirigentes, de modo que pudiesen debatir las líneas de acción de la colectividad sin correr riesgos. Reinalda formaba parte del anillo de confianza de los máximos dirigentes.

    En este escenario de alto riesgo, Reinalda dividía su tiempo entre el ejercicio profesional y su rol de enlace en el PC.

    ¿No encuentras que es un poco peligroso que andes en esto?-, le preguntó su amiga Cristina Arancibia unos días antes de su desaparición.

    Si se va a acabar. No te preocupes-, le respondió Reinalda, consciente de que su embarazo de cinco meses le impedía seguir asumiendo esa tarea partidarias.

    El tema de la maternidad fue recurrente en las conversaciones que tuvieron las dos amigas durante esos días. “Conversamos mucho lo que era el embarazo, lo que era la maternidad, cómo era tener los chiquillos, después criarlos. Hablábamos mucho de eso”, cuenta Cristina.

    A fines 1976 se produjo la caída de la dirección de Fernando Ortiz, que había sido detectada rápidamente por los servicios de seguridad. Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976 trece personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad de la dictadura. Once de ellos eran militantes del partido comunista –incluyendo a varios miembros de su dirección- y otros dos pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

    Reinalda del Carmen Pereira fue una las víctimas de esta operación, que pasó a ser conocida como el “El caso de los trece”. * Junto a ella, los otros doce detenidos, de los que se perdió todo rastro, fueron Santiago Araya, Armando Portilla, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Héctor Véliz, Lizandro Cruz, Carlos Durán y Edras Pinto.

    En un plazo de solo siete meses, dos directivas del PC fueron completamente aniquiladas.

    Los militantes comunistas pagaron caro su falta de experiencia en el trabajo político clandestino. En el pasado, habían tenido que enfrentar la Ley Maldita, que en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, declaró ilegal a la colectividad. Pero se trataba de dos situaciones muy diferentes. A fines de la década de los ‘40 hubo persecución, pero no un aparato represivo que buscara el exterminio de sus oponentes. Entonces bastaba con cambiarse de nombre y no realizar actividades políticas públicas. Algo que resultó insuficiente tras el golpe militar de 1973, lo que redundó en la caída de las dos primeras direcciones clandestinas. En el futuro en el PC aprenderían que los dirigentes clandestinos debían cortar todo contacto con sus familias, no realizar reuniones en un mismo lugar, compartimentar la información, y poner en marcha técnicas de chequeo y contra chequeo para descubrir si eran seguidos por los aparatos represivos.
    El “caso de los Trece” causó tal revuelo, que en enero de 1977 la Corte Suprema designó como ministro en visita a Aldo Guastavino. Un mes después este cerraba el caso, luego de que el ministerio del Interior le entregara certificados –que resultaron ser falsos- indicando que los desaparecidos habían viajado hacia Argentina. Haciéndose eco de esta versión oficial, el diario La Segunda tituló el 9 de febrero de 1977: “No hay tales desaparecidos”

    Seis años después, en 1983, el caso llegó azarosamente a manos del juez Carlos Cerda, quien estableció que los documentos de viaje fueron falsificados y constató que se trataba de un caso de desaparición forzada de personas.

    Detención y muerte
    Tras darse cuenta de que su mujer no había llegado a la casa, Max Santelices se puso inmediatamente en alerta. A primera hora del 16 de diciembre partió al laboratorio clínico de Matías Cousiño para preguntarle a Cristina Arancibia si tenía alguna noticia o si Reinalda había dormido en su casa.

    A partir de ese momento se inició una frenética búsqueda, que topó con un complejo obstáculo: Max también era parte de la estructura clandestina del PC, lo que le impedía asumir las primeras acciones sin generar nuevas situaciones de riesgo. “Max estaba submarineando, como se llamaba en ese tiempo. Estamos hablando de los primeros días después de la detención”, explica Cristina. Unos meses después, tras descolgarse de sus tareas partidarias, Max Santelices se dedicó de lleno, y por el resto de su vida, a encontrar a su mujer. En el intertando, la madre de Reinalda, doña Lula, fue quien realizó las primeras gestiones para encontrar a su hija.

    Primero acudió al Colegio de Tecnólogos Médicos y unos días después a la Vicaría de la Solidaridad, que había sido creada ese mismo año por la Iglesia Católica, tras el cierre del Comité Pro Paz.

    La madre de Reinalda, que provenía del campo y tenía un bajo nivel de instrucción, debió aprender cuáles eran las instancias judiciales y las puertas que se podían golpear. Con la ayuda de los abogados de la Vicaría presentó un recurso de amparo el 20 de diciembre de 1976 ante la Corte de Apelaciones, el que como era habitual en la época, fue rechazado. Por otra parte, ante la demanda de información, la respuesta permanente de las autoridades fue que Reinalda, como los otros de los doce desaparecidos, había cruzado la Cordillera de los Andes hacia Argentina.

    La tesis de un cruce por un paso fronterizo, de la que no había ninguna evidencia, también guió las primeras diligencias judiciales. Cuando Cristina fue llamada a declarar por el juez Guastavino, como la última persona que había estado con la víctima, hizo un relato de los hechos ocurridos el día de la detención, tras lo cual le entregaron un papel para firmar su declaración. La mujer la leyó y vio que el contenido era muy distinto de su relato y apoyaba la idea de que Reinalda Pereira había cruzado la cordillera. Cristina se retiró sin firmar nada.

    Investigaciones judiciales posteriores han establecido que luego de ser secuestrada en la esquina de Rodrigo de Araya con Exequiel Fernández, Reinalda fue conducida al cuartel Simón Bolívar, un secreto cuartel de la DINA, ubicado en la comuna de La Reina. A ese mismo lugar llegaron también varios de los otros detenidos en el “caso de los 13”, además de Víctor Díaz, quien encabezó la directiva del PC desbaratada en mayo de 1976.

    El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa de Reinalda del Carmen Pereira, explica que el cuartel Simón Bolívar fue “un centro del exterminio, del que nadie salió vivo”. Justamente por eso su existencia permaneció desconocida durante años para los jueces y los organismos de derechos humanos. En ese lugar operaba la Brigada Lautaro, encabezada por el entonces capitán de Ejército Juan Morales Salgado. Posteriormente se sumó el grupo Delfín, encabezado por el entonces capitán de Ejército Jorge Barriga y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, que también eran parte de la DINA y que provenían de Villa Grimaldi, otro de los más cruentos centros de detención del organismo comandando por Manuel Contreras.

    Lo ocurrido con Reinalda se ha podido conocer debido a las declaraciones de agentes de seguridad procesados en la investigación que realizó el juez Víctor Montiglio a partir de 2007. A esto se suma el testimonio de Jorgelino Vergara, quien tenía 16 años al momento de los hechos y que llegó a Simón Bolívar tras trabajar como mozo en la casa de Manuel Contreras. Vergara, quien era conocido como el “mocito”, combinaba labores domésticas, como servir los cafés durante las sesiones de tortura, con tareas de centinela, las que realizaba provisto de armamento.
    El testimonio de Vergara, recogido en extenso en la investigación periodística La danza de los Cuervos de Javier Rebolledo, explica en detalle el tránsito de la militante del PC por Simón Bolívar.

    De acuerdo a este relato, cuando Reinalda ingresó al cuartel, Vergara vio a una mujer embarazada (desconocía su nombre) que era torturada en la parrilla –una cama, generalmente metálica, en que los detenidos eran maniatados y sometidos a vejámenes. El “mocito” también fue testigo de cómo Barriga y Lawrence golpeaban a Reinalda con distintos objetos.

    “A esa mujer la torturaron brutalmente, y ella clamaba para que pararan porque decía que estaba embarazada. La teniente Calderón chequeó que eso era efectivo, pero igual el capitán Barriga siguió con las torturas y la corriente. Estaba en muy mal estado y empezó a pedir que la mataran. Lawrence fue a buscar una sartén y la golpeó. Al mismo tiempo, Barriga efectuaba simulacros de ejecución con una pistola vacía sobre la sien de la mujer. Murió unas tres horas después, en el gimnasio del cuartel. La teniente Calderón le inyectó cianuro en la vena para asegurar su muerte”, declaró el mismo Vergara antes el juez Montiglio.
    Tras su deceso, tal como ocurrió con otros prisioneros asesinados en Simón Bolívar, las huellas digitales de Reinalda fueron quemadas con un soplete para dificultar su identificación.

    Una posibilidad es que los restos de Reinalda Pereira hayan sido enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, donde se han encontrado pequeñas osamentas que permitieron la identificación de otros militantes del PC que fueron detenidos en las mismas fechas y que estuvieron en Simón Bolívar, como Fernando Ortiz y Horacio Cepeda. Sin embargo, las múltiples búsquedas que se han realizado en ese lugar no han permitido encontrar sus restos.
    Las indagaciones en Cuesta Barriga son extremadamente difíciles: a principios de 1979 los cuerpos de las víctimas fueron removidos en el marco de la operación “retiro de televisores”, un masivo traslado de restos ordenado por Pinochet, luego del hallazgo de 13 desaparecidos en unos hornos de Lonquén. Los cuerpos que estaban en la cuesta Barriga fueron llevados a otros lugares o arrojados al mar. De hecho, el abogado Caucoto explica que en otros procesos judiciales el agente de la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI) Enrique Sandoval –quien hasta hace algunos años trabajada en la municipalidad de Providencia con el coronel (R) Cristián Labbé- ha relatado que por orden del director de la CNI Odlanier Mena removió cuerpos en el lugar.
    Muerto en vida
    La desaparición de Reinalda del Carmen Pereira dejó otras dos víctimas en el camino: su marido Max Santelices y su madre, la señora Lula.

    Tras dejar sus tareas partidarias, Santelices se dedicó a la búsqueda de su mujer. Se reunió con abogados, participó en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y realizó indagaciones por su cuenta. Incluso se encadenó frente al Palacio de Tribunales para exigir la liberación de su esposa.

    Más tarde, durante la década de 1980, buscó a niños que pudieran ser su hijo. Pensaba que en Chile podría haber ocurrido lo mismo que en Argentina, donde los bebés de las mujeres embarazadas que pasaron por los centros de exterminio fueron dados en adopción a esposas de militares o familias partidarias del régimen militar.
    “Max nunca superó la desaparición de Reinalda”, asegura Ana Gamboa, una de las mejores amigas de Santelices. Lo mismo piensan el abogado Nelson Caucoto y Cristina Arancibia.

    “Había épocas en que ni siquiera se le podía hablar cuando uno iba a su oficina por alguna razón. Él no decía que estaba mal, pero uno que lo conocía se daba cuenta”, cuenta Ana, quien desde 1991 trabajó junto a Max en una consulta de kinesiología ubicada cerca del metro Manuel Montt.

    Una muestra clara de cómo la desaparición forzada de su mujer marcó el resto de la vida de Max Santelices, es que nunca logró reconstruir su vida afectiva. “Pareja que encontraba Max, tenía metida a la Carmen al medio. Era imposible pensar que iba a encontrar otro amor porque es diferente a que tú pelees con tu pareja a que desaparezca por sus ideas. Y que desaparezca en el mejor momento de una pareja, que es cuando están enamorados y cuando están esperando un hijo. Entonces, mataron a dos personas. Siempre he dicho eso yo: mataron a Max y a la Carmen”, reflexiona Cristina.

    Tras la recuperación de la democracia, Santelices siguió buscando pistas y antecedentes, los que compartía con el abogado Caucoto, quien presentó en 2002 una querella contra la cúpula de la DINA por la desaparición de Reinalda. Uno de los mayores dolores de Santelices fue provocado por el informe emanado de la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999, para que los militares entregaran información respecto al paradero de los detenidos desparecidos. El documento, que se hizo público en enero de 2001, indicaba la posible presencia de cuerpos en Cuesta Barriga y daba información sobre otras dos mujeres embarazadas que fueron apresadas en esos años. Sin embargo, no había una sola línea sobre su mujer. Su molestia la hizo pública a través de una carta abierta que envió al entonces Presidente Ricardo Lagos.

    En 2005, a Max Santelices –un fumador implacable– le diagnosticaron un cáncer que ni las hospitalizaciones ni las quimioterapias pudieron detener. Murió en 2007.
    Durante los últimos meses de su vida se dedicó a recopilar todo el material que tenía sobre Reinalda. Fotografías, documentos y grabaciones caseras de su esposa cantando cueca que fueron confiados a Ana Gamboa, algunas de las cuales se reproducen aquí.

    La tercera víctima de esta historia fue la señora Lula. Su hija había sido el mayor proyecto de su vida. Renunció a tener pareja para concentrarse en la educación de Reinalda, y con mucho esfuerzo había logrado que su única hija llegara a ser una profesional. Lo que sucedía le parecía inexplicable.

    La ex diputada Fanny Pollarolo prestó apoyo psicológico a Lula durante 1977. Las sesiones se realizaban en una casa ubicada cerca de la esquina de Irarrázabal con Santa Julia, donde funciona el “Programa de Atención Médico-Psiquiátrico para Personas Víctimas de la Represión”. Pollarolo recuerda con claridad el orgullo que la mujer sentía por su hija. También que “se encontraba en una situación emocionalmente insostenible”. Por una parte, quería que su hija estuviera viva, pero al mismo tiempo sabía que si permanecía con vida estaría siendo sometida a torturas insoportables.
    Desde un inicio, Lula participó activamente en la búsqueda de su hija y fue una asistente habitual a las actividades y manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al igual que Max, siguió indagando y preguntando por Reinalda durante años. Murió el año 2003.

    Max y Lula fallecieron sin tener noticia alguna sobre lo sucedido con Reinalda. No alcanzaron a ver los avances que el juez Montiglio empezó a conseguir desde que tomó la causa en 2007 y que hoy se han traducido en una acusación que el ministro Miguel Vásquez formuló, el 31 de enero de 2014, contra 53 ex agentes de la DINA por el llamado “Caso de los Trece”.

    Junto a los avances judiciales, la historia de Reinalda Pereira sigue viva en otros ámbitos. Una vez al año se le rinde un homenaje en el Hospital Sótero del Río, donde trabajo como tecnóloga médica y fue dirigente gremial. Frente a un monolito que fue instalado en 1991, los funcionarios del centro médico y los amigos de toda la vida recuerdan su memoria.
    No es el único esfuerzo que se hace por que esta historia no quede en el olvido. Los amigos de Max organizaron tras su muerte el “Grupo de Amigos y Amigas de Reinalda del Carmen Pereira”, encabezado por Ana Gamboa. También a modo de homenaje, en 2009 instalaron en el mismo Sótero del Río, un banco donde están inscritos los nombres de Max y Reinalda.

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