Sesenta Mujeres presas en Pisagua

Después de 43 años, ex presas políticas en Pisagua se querellarán contra carceleros que las vejaron

 

 

Anyelina Rojas V/ Periodista Edición Cero.-

En sí y año tras año, el acto de conmemoración en honor a las víctimas de DDHH, tras el golpe de Estado, es un acto de extrema emocionalidad, de sentimientos encontrados, de recuerdos que no se quieren recordar. Sin embargo, en éste, el Nº 43, fue de una explosión emocional, cuando las mujeres presas en Pisagua, todas que muy jóvenes en aquella época, incluso, algunas adolescentes y que hoy desde la madurez y la sabiduría de los años, anuncian que se querellarán contra quienes las vejaron sexualmente durante sus detenciones. No fue algo generalizado, pero son muchos los casos… que se han callado por años, pero hoy es la hora de la verdad… Y la justicia.

Fue impactante cuando la activista de Derechos Humanos y dirigente de la Corporación Pisagua, Juana Torres, de militancia comunista desde su juventud, hizo el anuncio a viva voz, en pleno acto conmemorativo. Y lo hizo mientras las mujeres, como tradicionalmente lo hacen, se presentaban en un coro para sumarse al homenaje, de cada 11 de septiembre.

Nadie lo esperaba. Tampoco lo contaron antes, por lo que la concurrencia quedó sorprendida… Se produjo un gran silencio, seguido de un gran aplauso por la valentía de todas ellas. Cada una con una historia particular, que ahora enfrentarán de manera completa, porque “la sociedad no merece nuestro silencio”, señala Juana Torres.

“Es hora que el mundo entienda que esas mujeres fueron capaces de superar el dolor… Y aquí estamos compañeros, presentes y con la frente en alto”, dijo con voz entrecortada, recordando a muchas de otras mujeres que ya murieron.

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Juana Torres recordó que en los años 70 eran muchachas jóvenes, entusiastas. Sesenta llegaron a Pisagua. Dijo que ya ahora, mujeres adultas y con sus vidas realizadas, se reúnen todas las semanas para ensayar sus coros, y a través de sus canciones, entregar su mensaje. Así, entre ensayos y encuentros surgen las inevitables conversaciones de lo ocurrido en Pisagua, los recuerdos. Pero también la alegría y el valor por seguir luchando.

Entonces entre reunión y reunión, comienzan a analizar el tema, con una mirada más allá de lo que habitualmente lo hacían. “Pensamos que aún no estamos totalmente sanas, porque esta fecha todavía nos asusta… No tenemos ese miedo y ese dolor de llanto, tenemos ese dolor revolucionario, ese dolor que fortalece…”

Se deciden entonces, a exponer el tema “porque creemos que no tenemos derecho de negar a la sociedad; no decir lo que pasamos. No estamos de acurdo con los 50 años de silencio y estábamos cayendo en eso”.

Tomada la decisión de denunciar los abusos sexuales, que se suman a la brutalidad de la detención, la tortura y el cautiverio, el paso ahora es trabajar en la querella. Este fue el tema que marcó el acto conmemorativo, a 43 años del golpe de estado.

ACTO CONMEMORATIVO

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Los homenajes partieron en la Plaza que recuerda al presidente Allende, para luego enfilar, hacia el Cementerio Nº 3, donde se levanta el Mausoleo “Para Que Nunca Más”, donde yacen ex prisioneros poíticos, aparecidos en la fosa clandestina de Pisagua.

El acto fue dirigido por los dirigentes de la AFEPI, Héctor Marín y Lisabeth Millar, hermano e hija de Jorge Marín y Williams Millar, ejecutados en el Regimiento Telecomunicaciones, luego trasladados al mismo cementerio, donde se urdió una falsa historia de fuga y enfrentamiento.

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En la ocasión, asistió el alcalde Jorge Soria, en tal calidad, pero también por su condición de ex prisionero político. Dijo que su lucha y su gestión histórica, está inspirada en las ideas del Presidente Allende, quien pretendía mayor igualdad, mejor educación y salud. También recordó que el creador de la Zona Franca de Iquique, no fue Pinochet, sino que Salvador Allende.

También intervinieron Etna Venegas, del partido Humanista y Juan Carlos Zavala, del Partido Socialista, en línea disidente a la de la colectividad.

De: edicióncero.cl

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…
Justicia 40 Años despues

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la […]

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.

 

Alejandra y Eva María Carmona conferencia de prensa condena ex agentes CNI

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003 para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres. Era lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”: El año 2006 muere Pinochet sin pagar por este ni ningún otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”. Sin embargo, viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras. La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

Privilegios de criminales

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a 10 años y 1 día a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado, pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad. Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR – bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972, intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar, él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”, comenzó a organizar la red de periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión y creatividad, cambiando su aspecto físico y reduciendo sus salidas para eludir la persecución. La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”. Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo, así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo.

Delito de lesa humanidad

La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos. Los ministros Haroldo Brito, Milton Juica y Jorge Dahm, respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta. Siguieron así la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el tribunal los testigos –entre los que se cuenta el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el HJUYYTRF5F había intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que este contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche, cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen, había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El se especializó en el exterminio del MIR.

Según información del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz, Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva, Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de Diana Aaron, Luis Arias, Álvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún, Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aún está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario justifica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”. La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y a 4 años por asesinato del coronel Huber. Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés, y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una pensión de $1.653.952.

Basclay Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos, M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por los secuestros y desapariciones de Álvaro Barrios, Carmen Díaz, Elsa Leuthner, Antonio Llidó, Iván Monti, José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros de militantes comunistas en calle Conferencia.

José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona, está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió en libertad una “condena” por el secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria, pero también y sobre todo, a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula. ¡Hagámoslo ya!

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Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

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Familia Gallardo responde a Matías del Río y al periodismo que pretende desviar la atención de temas de Derechos Humanos

Vicepresidente, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Hace una semana, el periodista de TVN Matías del Río publicó una pregunta en Twitter sobre si se deberían respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Esta es la respuesta de Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo, brutalmente asesinada en noviembre de 1975.

/ villagrimaldi.cl/ villagrimaldi.cl

Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy miembro sobreviviente de la Familia Gallardo, familia brutalmente torturada y asesinada en noviembre de 1975, la cual es conocida además por el Montaje de Rinconada de Maipú. No entraré en los detalles de que han envuelto nuestro caso porque ya han sido ampliamente difundidos por los medios.

 

Me quiero centrar en lo que esconde la pregunta que levanta el conductor de noticias de TVN Matías del Río al hacer la pregunta en la red social del pajarito.

Sabemos que una pregunta deja al descubierto una realidad, pero inmediatamente deja oculta otras realidades y en este contexto lo que el periodista hace es dejar oculta las preguntas relativas al avance en materia de Verdad, Justicia y Memoria. Es curioso, porque jamás le he escuchado una palabra respecto de estos temas.

Antes de poner el tema de los Derechos Humanos de los Violadores de Derechos Humanos como discusión en la opinión pública, me gustaría saber su opinión como periodista sobre las medidas que orientan los avances en Justicia. Me gustaría que pudiera realizar preguntas tales como los grados de satisfacción de los familiares respecto de la espera de más de 40 años de Justicia para que después de investigar y sancionar las condenas sean mucho menores que los tiempos de espera. Que pudiera preguntar sobre el destino final de los Detenidos Desaparecidos, ya que sólo el 8% de sus restos ha sido identificado y y devuelto a sus familiares para ser enterrados cumpliendo con el rito funerario. Me gustaría que este periodista pudiera preguntarle a los propios perpetradores de estos crímenes que sentían al momento de infringir tormentos en los centros de detención clandestinos, cuando interrogaban a hombres y mujeres amarrados o colgados, cuando los torturaban frente a familiares, cuando les amenazaban con torturar a su hijos/as. Preguntarles que sienten al haber traicionado a la patria cumpliendo órdenes de Estados extranjeros, ya que como sabemos a estas alturas, las órdenes vinieron del país del Norte. Preguntar por los miles de agentes de la DINA y la CNI, que siguen estando al amparo de las fuerzas armadas. Otra pregunta pertinente en el actual contexto es qué políticas públicas ha impulsado el Estado como garantía de No Repetición de los crímenes de Lesa Humanidad.

En resumen, hay una tremenda cantidad de preguntas que se encuentran pendientes incluyendo muchas respecto de las políticas de reparación, etc. Todas estas preguntas me parece son fundamentales para solidificar la Democracia y que son anteriores a la pregunta hecha por el periodista Matías del Río. Curioso por decirlo menos, ya que antaño el periodismo jugó a favor de la violaciones de Derechos Humanos. Vaya que si lo sabemos nosotros como familia afectada, y hoy un periodista pretende desviar la atención de los temas relevantes para la convivencia democrática. Curioso, por decirlo menos.

24.11.2016

Manuel Guerrero por libertad condicional a asesino de su padre: “Si esto no es impunidad, pues qué es lo que es”

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, que constituyó el Caso Degollados.

Por @eldesconcierto

Agencia UnoAgencia Uno

Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

Aquí te dejamos íntegra su misiva:

“Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamentalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecuencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

Esos chilenos siempre forzados al exilio

“Y nosotros, dentro del país, no teníamos el derecho de decidir lo que queríamos hacer. Y éramos muchos los que nos organizamos para resistir. Pero nunca, ni a mí, ni a todos los compañeros que yo conozco, se nos puede acusar de haber atentado contra un gobierno democrático, legítimamente constituido. En ningún momento”.

Esos chilenos siempre forzados al exilio
Le Courrier de Genève
Traducido para Rebelión por Carmen García Flores
 DESTIERRO. Han abandonado su país cuando otros por fin podían entrar. Cuando, al regreso de la democracia, algunos oponentes armados tuvieron que elegir entre la prisión y el alejamiento.Cuarenta años. Esta es la pena de destierro que se impuso Carlos García Herrera en 1992, dos años después del retorno formal de la democracia en Chile. La condena más dura para seis chilenos que aún viven hoy en el exilio forzado en Bélgica y en Finlandia. “Este es un honor que yo no me merezco, dice irónicamente, jamás he sido un dirigente político” Carlos prefiere describirse como “un militante de la resistencia, un guerrillero urbano”.

Encarcelado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, está todavía condenado a cadena perpetua según una ley denominada “antiterrorista”. Para él, como para los otros militantes en su mismo caso, la vuelta del a democracia tuvo un gusto amargo. “Esperábamos una liberación incondicional de todos los presos políticos, como lo habían prometido los partidos del a oposición”.

Pero la transición no ha hecho tabla rasa con las instituciones del pasado. Con el ex dictador como comandante en jefe de la armada durante toda la duración de su mandato, y con una Constitución

elaborada por este último (aún hoy en día en vigor aunque enmendada por dos veces), el gobierno del demócrata-cristiano Patricio Aylwin se limitó a “investigar la justicia en la medida de lo posible”, como afirmó en su época.

Y el general Pinochet había tenido cuidado en hacer cumplir rigurosamente la Constitución de 1980: Nada de gracia posible para los prisioneros condenados por “terrorismo”. El gobierno de la transición le propondrá entonces elegir entre partir, sin posibilidad de retorno durante varios años, o permanecer en prisión. Entre 1990 y 1994, a veintinueve personas se les conmutaron sus penas de prisión por penas de alejamiento (extrañamiento). “Había pasado ya suficientes años en prisión, preferí partir”.

La trayectoria de Carlos es la de un hombre que ha atravesado por todas las tempestades de esta época agitada. En 1973, año del golpe de Estado contra el gobierno socialista de Salvador Allende, estaba en la Marina. Junto con otros, el sentía que algo se tramaba en el seno de la Institución. “Muchas personas eran conscientes de que se preparaba un golpe de Estado, había una gran efervescencia política en la Marina”.

De marino a guerrillero

Chile aún cuenta con una importante marina de guerra cuyos oficiales están claramente anclados en la derecha conservadora. “El embrión del golpe de Estado se encontraba allí, entre un grupo de oficiales de marina. Pinochet se sumó a la idea al final”, explica Jorge Magasich, doctor en historia de la Universidad de Bruselas y autor de la tesis Los que dijeron no. Historia del movimiento de los marinos chilenos opuestos al golpe de Estado de 1973.

“Por contra, los suboficiales y sobre todo la tropa, son en su mayoría leales y de izquierda. Cuando comprenden que el pronunciamiento es inevitable y que serán obligados a participar en él, los marinos leales intentan alertar a las autoridades políticas. Pero en la noche del 5 al 6 de agosto de 1973, es decir un mes antes del golpe de Estado, una ola de arrestos cae sobre ellos. “Entre 150 y 200 marinos son arrestados, ellos serán los primeros torturados. A continuación, noventa y dos de ellos serán condenados por “sedición” a penas que iban desde tres a ocho años de prisión”, explica Jorge Magasich. Carlos García formaba parte de ese grupo. “Nosotros no éramos militantes, éramos simplemente personas que pensaban que un golpe de Estado es algo ilegal. Nuestro deber como marinos era defender al gobierno, poco importa cuál fuera con tal que fuera elegido democráticamente. Esto es lo que hicimos y fuimos encarcelados por ello”, recuerda.

Es en la prisión cuando se convierte en militante. En efecto, después del golpe de Estado los presos políticos afluyen por cientos. “Cada organización, en las prisiones o en los campos de concentración en la que había militantes encarcelados, mantenía una estructura organizativa. Es, pues, por su contacto como nosotros empezamos a formarnos políticamente y a conocer lo que es la teoría revolucionaria, el marxismo, etc”.

Liberado en 1976, Carlos retoma enseguida contacto con algunos camaradas del Movimiento de la Izquierda Revolucionaria (MIR) a los que conoció en prisión. Vuelve a vivir en Santiago donde se incorpora a los movimientos sociales que surgen después de la feroz represión que había seguido al golpe de Estado. “Hacia el 77-78 hubo una reactivación, especialmente del movimiento sindical. Pero la oposición no se detuvo ahí: “Como yo y otros compañeros teníamos una experiencia militar debido a nuestro paso por la Marina, el MIR nos propuso formar parte de un equipo de propaganda armada, un equipo de sabotaje. Y poco a poco comenzamos una guerrilla.

Contra la “Gestapo” chilena

Una guerrilla que aspiraba a desenmascarar los centros de tortura secretos de la dictadura, en la región de Santiago y Valparaíso principalmente. “Organizamos dos ataques relámpago contra estos centros de tortura, unos atentados contra los principales responsables de las torturas de la dictadura. Pero este tipo de acciones no era lo cotidiano, no ocupábamos también de la vida política durante la resistencia y además cada uno debía trabajar para vivir. Esto se parecía mucho a lo que hacían los Belgas, los franceses o los otros europeos contra la ocupación nazi”.

Entre las acciones dirigidas por esta célula figura el atentado de 1980 contra el teniente coronel Roger Vergara, director de la Escuela de enseñanza del Ejército. Para Carlos, esto fue un acto político, decidido colectivamente. “Habíamos asesinado a un responsable de la ‘Gestapo’ chilena” compara.

Enseguida, la vida legal y la resistencia armada se hacen inconciliables. Carlos permanece, pues, en la clandestinidad. Pero esta situación no durará por mucho tiempo, será arrestado unos meses más tarde, en enero de 1981.

“Era un día normal, había ido al cine y acababa de visitar a mi familia y al entrar en mi casa me tendieron una emboscada y me arrestaron junto a mi mujer y mi hija de un año y medio” Fue juzgado por un tribunal y condenado a cadena perpetua..

En 1992 se le conmuta la condena en dos penas de veinte años de alejamiento, es decir cuarenta años. Otros cumplieron penas más cortas de cinco, diez o veinte años de alejamiento y han vuelto o están próximos a volver definitivamente. Algunos, siempre bajo fuertes medidas, pueden entrar en Chile por breves periodos de tiempo “por razones humanitarias” como la defunción de un pariente. “Yo no quiero matar a mi madre para poder regresar a mi casa”, exclama Carlos.

Derecho a la resistencia

El pasado noviembre, cumplió su primera pena de veinte años. Escribió una carta al presidente Sebastián Piñera, a quien ha hecho que le llegara la carta en propia mano por la intermediación del Cónsul honorario de Amberes, en Bélgica. “Hace veinte años que estoy aquí, ¿no es suficiente? Me gustaría recuperar mi derecho a volver a mi casa. Aquí en Bélgica dispongo de todos los derechos como cualquier otro ciudadano ¿por qué no puedo disponer de ellos en mi propio país?” se pregunta.

Hoy, Carlos siente sorpresa por el hecho de que “después de todos estos años, el poder político chileno se niega a reconocer que las personas que participaron en esta resistencia han ayudado enormemente a debilitar la dictadura. Esta misma dictadura que cada año era condenada por la Asamblea General de las Naciones Unidas. Pero Pinochet y los suyos no escuchaban a nadie, las palabras no eran suficientes. Las condenas verbales, oficiales, diplomáticas eran útiles pero no suficientes”.

“Y nosotros, dentro del país, no teníamos el derecho de decidir lo que queríamos hacer. Y éramos muchos los que nos organizamos para resistir. Pero nunca, ni a mí, ni a todos los compañeros que yo conozco, se nos puede acusar de haber atentado contra un gobierno democrático, legítimamente constituido. En ningún momento”.

El 11 de septiembre de 2013, Chile conmemorará los cuarenta años del golpe de Estado militar. Veintitrés años después del final de la dictadura, muchas heridas quedan por cerrar. Si nadie lo remedia, Carlos no volverá a su país antes de 2032, él tendrá entonces 79 años.

Fuente: http://www.lecourrier.ch/node/105200

 

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Verdeolivo

Tomado de http://www.rebelion.org
Por Sébastian Brulez

    DESTIERRO. Han abandonado su país cuando otros por fin podían entrar. Cuando, al regreso de la democracia, algunos oponentes armados tuvieron que elegir entre la prisión y el alejamiento.

Cuarenta años. Esta es la pena de destierro que se impuso Carlos García Herrera en 1992, dos años después del retorno formal de la democracia en Chile. La condena más dura para seis chilenos que aún viven hoy en el exilio forzado en Bélgica y en Finlandia. “Este es un honor que yo no me merezco, dice irónicamente, jamás he sido un dirigente político” Carlos prefiere describirse como “un militante de la resistencia, un guerrillero urbano”.

Encarcelado por la dictadura de Augusto Pinochet en 1981, está todavía condenado a cadena perpetua según una ley denominada “antiterrorista”. Para él, como para los otros militantes en su mismo caso, la vuelta del a democracia tuvo un gusto…

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Fisco debió pagar $1.000 millones por caso de ejecutado político en 1973 en Porvenir.

Condenan al fisco a pagar $1.000 millones por caso de ejecutado político en 1973 en Porvenir

Juzgado de Santiago acogió la demanda civil interpuesta por la esposa y los cuatro hijos de la víctima.

2 de octubre de 2012

Luego que en marzo de 2010 la Corte Suprema confirmara la pena de 7 años para tres ex militares que fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado en las personas de Germán Cárcamo Carrasco, Carlos Baigorri Hernández y Ramón González Ortega, los familiares de este último ganaron una demanda de indemnización de perjuicios al fisco, por 1.000 millones de pesos.

La sentencia del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago dio lugar a la demanda presentada en enero de 2011 por la viuda María Genoveva Toro Rosa y sus hijos Iván Nelson, Carmen Genoveva, Gladys Carolina y Ricardo Antonio, todos ellos de apellidos González Toro.

Ramón Domingo González Ortega, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, tenía 37 años cuando fue detenido y ejecutado por agentes del Estado, según se basa en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
De acuerdo a dicho informe, Carlos Baigorri, militante comunista; Germán Cárcamo, socialista, Ramón González, sin militancia conocida, fueron detenidos en forma separada en sus respectivos domicilios y conducidos al Regimiento Caupolicán de Porvenir. El 30 de octubre de 1973, en horas de la madrugada, fueron sacados del lugar en que dormían y llevados por unos suboficiales al Polígono del Regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte. Los detenidos habrían sido ejecutados a las 4 de la madrugada de ese día, con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora.

La versión oficial del Ejército, publicada el 31 de octubre en el diario La Prensa Austral, dio cuenta que los detenidos se habían escapado el 29 de octubre a las cero horas y habían sido ubicados por las patrullas que salieron en su búsqueda a unos 20 kilómetros de Porvenir. La versión agregaba que al no hacer caso a la voz de alto, los soldados dispararon y les dieron muerte. Los cuerpos fueron entregados a los familiares varios días después de los hechos.

La Comisión Verdad y Reconciliación se formó la convicción que las muertes de Baigorri, Cárcamo y González, fueron en realidad ejecuciones sin juicio, constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos.

Parte criminal

En la parte penal, la justicia falló una querella criminal interpuesta por la familia, condenando al entonces suboficial de Ejército, Miguel Pablo Muñoz Uribe; suboficial, Juan Antonio Ortiz Toledo, y teniente José Rafael Aguirre Aguirre, a la pena de 7 años de cárcel efectiva, por sus responsabilidades criminales, que en calidad de autores les correspondió en los delitos de homicidio calificado reiterados en las personas de González, Cárcamo y Baigorri, perpetrado en la ciudad de Porvenir, la madrugada del 30 octubre de 1973. En su parte civil, se acogió una indemnización de perjuicios a favor de los familiares de la víctima Carlos Baigorri Hernández.

Caso Ramón González

La demanda civil de la familia González Toro se sustentaba en la responsabilidad del Estado y su consecuentemente deber de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En efecto, los ataques y daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o libertad ambulatoria de una persona, constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

El Consejo de Defensa del Estado al contestar la demanda alegó la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” y a la vez planteó la “excepción de prescripción extintiva”.

No obstante, el juez Pedro Enrique García, titular del 22º Juzgado Civil de Santiago, al fallar la causa indemnizatoria, rechazó la argumentación del Consejo de Defensa del Estado al estimar que aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, citando al respecto varios textos legales y en particular lo establecido en la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Esrado, que señala que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, responsabilidad que, en todo caso, plantea la sentencia, “no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley Nº19.123 a los demandantes.

El daño moral, social y las secuelas médico psicólogicas sufridas por los familiares de Ramón González debido al homicidio cometido por militares, fueron acreditados a través de los informes emitidos por los profesionales del área.
“Este Tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las víctimas en nada destierran el dolor y la aflicción sufrido por los demandantes, debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado la noche del 29 de octubre de 1973, en la ciudad de Porvenir, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos, encontrándose entre ellos don Ramón González Ortega”, remarca el fallo.

Basado en dichos argumentos, el juez Pedro Enrique García resolvió que, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión al fallecido, sus hijos y cónyuge, durante tan largo tiempo, “corresponde ahora que los devuelva a su amparo, por lo que la demanda habrá de prosperar”.

La familia González Toro en su presentación pedía que se condene al fisco al pago de una indemnización de 1.000 millones de pesos, a razón de 200 millones de pesos para cada demandante. Esto fue lo que en definitiva acogió el Tribunal.

El fallo de fecha 28 de septiembre de 2012 podría ser apelado ante la Corte de Santiago por la demandada.

Hijo de ejecutado político el año 1973
“Este fallo viene a limpiar la imagen de mi padre
y nos regala lo que más esperábamos, justicia”

Sereno y con los pies en la tierra, así se podría describir el estado de ánimo que ayer tarde evidenciaba Iván González Toro, hijo de Ramón González, tras tomar conocimiento del fallo de primera instancia pronunciado a favor de su familia por la ejecución de su padre el año 1973.

“Que un juez de la República, condene al fisco a pagar la totalidad de la demanda civil interpuesta por un crimen de esta naturaleza, no viene más que a reafirmar que todo por lo que luchábamos, no era un empecinamiento o un revanchismo, sino que era una legítima lucha por justicia. Más allá del monto que sea, podrían haber sido 10, 25 ó 50 millones, pero que se reconozca la totalidad de los daños es lo que nos da la sensación de justicia”, comentó anoche a La Prensa Austral.

Pese al fallo favorable, y a la elevada cifra indemnizatoria, este joven profesional reconoce que el dictamen es de primera instancia y que resta un enorme camino por recorrer, pero valora el espíritu de la sentencia: “Esto es una alegría inmensa, mi padre nuevamente es reconocido, es reparado, su buen nombre es puesto de acuerdo a lo que él era, y no a un criminal, él no debió haber pasado lo que pasó, y todo esto que está pasando es por él, estamos alegres por su memoria, por su recuerdo. El nombre de mi padre ha quedado limpio, tanto judicialmente como socialmente y moralmente, se ha restablecido el buen nombre de Ramón González y los que fueron asesinados junto a él”, concluyó Iván González.