Una mujer embarazada en los cuarteles de la DINA. Reinalda

Una mujer embarazada  en los cuarteles de la DINA. Reinalda

Jueves 15 de Diciembre 2016
UNA MUJER EMBARAZADA EN LOS CUARTELES DE LA DINA
Por Andrés Scherman

Durante 1976 el puño de la DINA golpeó con fuerza al Partido Comunista. En siete meses dos direcciones completas fueron aniquiladas. No solo cayeron los principales dirigentes. Militantes jóvenes, que habían decidido pasar a la clandestinidad pese a los riesgos, también fueron detenidos y hechos desaparecer. Uno de ellos fue Reinalda del Carmen Pereira, quien tenía 29 años y un embarazo de cinco meses al momento de su detención.

Su marido, su madre y sus amigos la buscaron por décadas. Recién a mediados de 2007, cuando el esposo y la madre ya habían muerto, la justicia desentrañó los detalles del crimen. Su cuerpo hasta hoy sigue sin ser encontrado. Junto a Reinalda, otros once militantes comunistas y dos miembros del MIR cayeron en un operativo que se extendió por tres semanas y que se conoce como “el caso de los Trece”.

En esta historia se inspira parte del sexto capítulo de la serie Los archivos del cardenal.
Por Andrés Scherman

Llévame, voy justo hacia tu casa. Era la tarde del 15 de diciembre de 1976 y Reinalda del Carmen Pereira terminaba su jornada de trabajo en el laboratorio clínico que había fundado hacía unos pocos meses junto a su amiga Cristina Arancibia en el pasaje Matías Cousiño, en el centro de Santiago. Como tenía que ir cerca del Estadio Nacional, en Ñuñoa, le pidió a Cristina que la llevara en auto.

Ambas mujeres se conocían desde 1969 y eran militantes del Partido Comunista (PC), aunque solo Reinalda seguía vinculada a la colectividad. Hasta el Golpe de Estado de 1973, habían hecho una vida política juntas, llegando a encabezar –Cristina como presidenta y Reinalda como secretaria general– el Colegio de Tecnólogos Médicos de Chile. Pero después del 11 de septiembre, y ante la fuerte represión que vivían los partidarios del gobierno de la Unidad Popular, Cristina optó por concentrase en el trabajo y la crianza de sus hijos. Reinalda, en cambio, eligió una ruta distinta y se involucró de lleno en las actividades que por esos días llevaba adelante un golpeado y clandestino Partido Comunista.

Reinalda había arriesgado la vida varias veces en esos años. Ya en diciembre de 1976 estaba decidida a “descolgarse” de la actividad clandestina: tenía cinco meses de embarazo. Le faltaba apenas un poco de tiempo para cumplir sus últimas tareas.

Esa tarde del 15 de diciembre de 1976, tras dejar el laboratorio clínico en el centro de Santiago, las dos mujeres se dirigieron hacia Ñuñoa en la citroneta roja de Cristina. Al llegar a la esquina de calles Maratón y Rodrigo de Araya, Reinalda descendió del vehículo. Cristina recuerda que puso su auto delante del bus que tomaría su amiga para que ésta alcanzara a subir. No miró hacia atrás y supuso que Reinalda ya estaba sobre la micro. Le había dicho que iría a la consulta de un ginecólogo para controlar su embarazo.

Nunca más volvieron a verse.
No hay certeza, pero probablemente Reinalda caminó las ocho cuadras que separan el lugar donde descendió de la esquina de Rodrigo de Araya y Exequiel Fernández. De acuerdo al relato de testigos que declararon en el proceso, en esa esquina dos hombres descendieron de un automóvil marca Peugeot, patente HLN-55, y la tomaron fuertemente por la espalda. La mujer se aferró al poste de un semáforo y gritó pidiendo auxilio, pero fue doblegada e introducida a la fuerza en el auto, que inmediatamente salió por Rodrigo Araya.

Al día siguiente, su marido, su madre y sus amigos comenzaron a buscarla. Reinalda tenía 29 años. Y, vale la pena reiterarlo, cinco meses de embarazo.

La detención de Reinalda fue parte de la fuerte ofensiva que los servicios de seguridad de la dictadura lanzaron contra el PC en 1976. Si durante 1974 y 1975 la Dirección Nacional de Informaciones (DINA) concentró su labor en la aniquilación del Grupo de Amigos del Presidente (GAP), el Partido Socialista y el Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR), en 1976 su principal objetivo fueron los comunistas.

En ese momento, el PC era el único partido de izquierda que mantenía sus estructuras funcionando. A cargo de su directiva estaba el dirigente Víctor Díaz, quien asumió esa tarea pocas semanas después del Golpe. Sin embargo, todo cambió en 1976. En solo cosa de meses, dos directivas completas cayeron en manos de la DINA, arrastrando también a jóvenes militantes, como Reinalda del Carmen Pereira Plaza.

Crecer en otra casa
Reinalda del Carmen Pereira nació el 5 de mayo de 1947. Su madre, Luzmira Plaza, trabajaba como empleada doméstica en una casa ubicada en la calle Jorge Matte Gormaz, en la comuna de Providencia.

Luzmira, a quienes todos llamaban Lula, era una mujer campesina, proveniente de Lonquén, y sin ningún interés por la política. Tras quedar embarazada decidió permanecer en la casa en que trabajaba como asesora del hogar y dedicar todas sus energías a criar sola a su hija. Reinalda creció en ese lugar, donde se hizo amiga de los hijos del matrimonio dueño de casa y se fue integrando a algunas actividades familiares. Fue así como aprendió a tocar guitarra con el profesor que iba a enseñarles a los hijos de los “patrones” o partió de vacaciones a El Tabo, donde, a los 16 años, fue elegida reina del balneario.

Luego de terminar la secundaria, Reinalda entró a estudiar Tecnología Médica a la Universidad de Chile. Fue la primera de su familia en acceder a la educación superior, motivo de gran orgullo para su madre.

En la universidad, Reinalda se encontró con la efervescencia política de los 60 y comenzó a militar en las Juventudes Comunistas. Quienes la conocieron recuerdan especialmente dos aspectos de ella: su fuerte determinación y su belleza.

“Era preciosa. Blanca, delgada, tenía unos ojos verdes penetrantes, pelo negro, una nariz un poco aguileña, labios finos, cejas muy bien delineadas. Estoy mirando a la Carmen –que es como la llamaban sus cercanos- en este minuto”, recuerda Cristina Arancibia, quien por primera vez habla con un periodista sobre la desaparición de su amiga.

La belleza de Reinalda iba acompañada de un fuerte carácter, lo que varias veces la enemistó con otras personas. “Tenía sus ideas políticas clarísimas. Te discutía todo y te tiraba granadas con las que tú no hallabas qué hacer, lo que despertaba en ese tiempo muchas odiosidades. Era muy vehemente, pero también estudiosa”, relata su amiga, quien fue la última persona en verla con vida.

Tras titularse de tecnóloga médica en 1969, Reinalda comenzó a trabajar en el Hospital doctor Sotero del Río. Además de su trabajo profesional, las actividades políticas y gremiales empezaron a ocupar cada vez más parte de su tiempo. Se involucró primero en la Federación de Tecnólogos Médicos y, después, participó en la fundación y dirección del Colegio que reunía a estos profesionales. También en esa época conoció a Max Santelices, un kinesiólogo que pertenecía al Partido Comunista, y que también participaba en los gremios de la salud.

Reinalda y Max comenzaron a salir en 1971. Formaron una pareja que, de acuerdo a quienes los conocieron, reunía dos personalidades bastante distintas. Mientras Reinalda se caracterizaba por ser estructurada y tener una gran capacidad de organización, Max era más disperso. “En esa pareja, Carmen ponía el orden y el flaco ponía la risa y la talla”, asegura Cristina Arancibia.

Fueron años intensos. Tras la elección de Salvador Allende el trabajo político y gremial se multiplicó. También las relaciones con los colegas que defendían otras posiciones políticas se hicieron más ásperas. De hecho, en 1973, Reinalda y Cristina perdieron la dirección del Colegio de Tecnólogos en una asamblea que se extendió por horas y donde debieron enfrentar a un juicio de destitución promovido por los opositores al gobierno de la Unidad Popular.
En julio de 1973, Reinalda y Max se casaron y se fueron a vivir juntos. Los acompañó la señora Lula, que apenas unos pocos años antes había dejado la casa de sus patrones. En el país la tensión era máxima: unas pocas semanas antes del casamiento un grupo de militares, encabezados por el coronel Roberto Souper, había intentado derrocar al Gobierno. La sublevación pasó a ser conocida como el “Tanquetazo”.

Viene el Golpe
Las primeras consecuencias del Golpe de Estado se sintieron rápido en la vida del matrimonio. Pocos días después del 11 de septiembre, ambos fueron detenidos en el Sótero del Río. Reinalda fue llevada al Regimiento de Ferrocarriles del Ejército de Chile, donde permaneció por cerca de 10 horas. Después de esta detención fue obligada a firmar semanalmente, durante un año, un registro llamado “control de personas con comprometimiento político”. Max, en tanto, fue trasladado al Estadio Nacional, desde donde logró salir veinte días después.

En las semanas siguientes, los problemas continuaron. Reinalda y Max fueron despedidos del hospital. Quedaron sin trabajo y con muy pocas posibilidades de ejercer su profesión en un sistema de salud que en aquella época era casi íntegramente estatal.
Sin un empleo estable, ambos se sumergieron en tareas políticas y ocasionalmente realizaban algunos trabajos esporádicos para juntar dinero. La señora Lula siguió viviendo con ellos, pero sin nunca sospechar las tareas políticas clandestinas que realizaban su hija y su yerno. La dictadura, la clandestinidad y la persecución eran temas completamente lejanos para esta mujer.

En 1976 el Partido Comunista enfrentó su año más difícil desde el inicio de la dictadura. El primer golpe fue la detención del subsecretario de las Juventudes Comunistas, José Weibel, quien cayó el 29 de marzo a manos del Comando Conjunto, un organismo represivo que competía con la DINA y cuya existencia era desconocida. Weibel se unía a otros dirigentes juveniles apresados y desparecidos el año anterior.

Posteriormente, a principios de mayo 1976, la DINA logró identificar una casa de seguridad en la calle Conferencia donde se reunirían miembros de la cúpula para tratar temas sindicales. Los agentes de seguridad ingresaron a la casa a esperar la llegada de los dirigentes. Uno a uno los asistentes a la reunión fueron apresados mientras ingresaban a un lugar que creían seguro y que se había transformado en una ratonera. En Calle Conferencia cayeron Jorge Muñoz (esposo de Gladys Marín), Mario Zamorano, Uldarico Donaire y Jaime Donato.

La aniquilación de la directiva se completó unos días después con la captura de Víctor Díaz, quien encabezaba el trabajo clandestino del partido desde los días posteriores al Golpe Militar, que prohibió el funcionamiento de los partidos políticos, dejándolos al margen de la legalidad.

Tras ese golpe contra la primera dirección clandestina, el PC trató de reorganizarse formando una segunda directiva, encabezada por el profesor universitario Fernando Ortiz. Tras la conformación de la nueva cúpula, Reinalda dejó de ser solo una militante que trabajaba en la clandestinidad y pasó a cumplir una labor de alta relevancia en la estructura del Partido Comunista: se convirtió en “enlace” de los miembros de la dirección que funcionaba en la clandestinidad. Ser “enlace” era una tarea riesgosa y que solo se le encargaba a militantes probadamente comprometidos con el partido. Entre las tareas de quienes cumplían este rol estaba trasmitir los mensajes de los distintos miembros de la directiva que se encontraban escondidos en casas de seguridad, y generar las condiciones necesarias para reunir cada cierto tiempo a los principales dirigentes, de modo que pudiesen debatir las líneas de acción de la colectividad sin correr riesgos. Reinalda formaba parte del anillo de confianza de los máximos dirigentes.

En este escenario de alto riesgo, Reinalda dividía su tiempo entre el ejercicio profesional y su rol de enlace en el PC.

¿No encuentras que es un poco peligroso que andes en esto?-, le preguntó su amiga Cristina Arancibia unos días antes de su desaparición.

Si se va a acabar. No te preocupes-, le respondió Reinalda, consciente de que su embarazo de cinco meses le impedía seguir asumiendo esa tarea partidarias.

El tema de la maternidad fue recurrente en las conversaciones que tuvieron las dos amigas durante esos días. “Conversamos mucho lo que era el embarazo, lo que era la maternidad, cómo era tener los chiquillos, después criarlos. Hablábamos mucho de eso”, cuenta Cristina.

A fines 1976 se produjo la caída de la dirección de Fernando Ortiz, que había sido detectada rápidamente por los servicios de seguridad. Entre el 29 de noviembre y el 20 de diciembre de 1976 trece personas fueron detenidas y desaparecidas por los servicios de seguridad de la dictadura. Once de ellos eran militantes del partido comunista –incluyendo a varios miembros de su dirección- y otros dos pertenecían al Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR).

Reinalda del Carmen Pereira fue una las víctimas de esta operación, que pasó a ser conocida como el “El caso de los trece”. * Junto a ella, los otros doce detenidos, de los que se perdió todo rastro, fueron Santiago Araya, Armando Portilla, Fernando Navarro, Lincoyán Berríos, Horacio Cepeda, Luis Lazo, Fernando Ortiz, Waldo Pizarro, Héctor Véliz, Lizandro Cruz, Carlos Durán y Edras Pinto.

En un plazo de solo siete meses, dos directivas del PC fueron completamente aniquiladas.

Los militantes comunistas pagaron caro su falta de experiencia en el trabajo político clandestino. En el pasado, habían tenido que enfrentar la Ley Maldita, que en 1948, bajo el gobierno de Gabriel González Videla, declaró ilegal a la colectividad. Pero se trataba de dos situaciones muy diferentes. A fines de la década de los ‘40 hubo persecución, pero no un aparato represivo que buscara el exterminio de sus oponentes. Entonces bastaba con cambiarse de nombre y no realizar actividades políticas públicas. Algo que resultó insuficiente tras el golpe militar de 1973, lo que redundó en la caída de las dos primeras direcciones clandestinas. En el futuro en el PC aprenderían que los dirigentes clandestinos debían cortar todo contacto con sus familias, no realizar reuniones en un mismo lugar, compartimentar la información, y poner en marcha técnicas de chequeo y contra chequeo para descubrir si eran seguidos por los aparatos represivos.
El “caso de los Trece” causó tal revuelo, que en enero de 1977 la Corte Suprema designó como ministro en visita a Aldo Guastavino. Un mes después este cerraba el caso, luego de que el ministerio del Interior le entregara certificados –que resultaron ser falsos- indicando que los desaparecidos habían viajado hacia Argentina. Haciéndose eco de esta versión oficial, el diario La Segunda tituló el 9 de febrero de 1977: “No hay tales desaparecidos”

Seis años después, en 1983, el caso llegó azarosamente a manos del juez Carlos Cerda, quien estableció que los documentos de viaje fueron falsificados y constató que se trataba de un caso de desaparición forzada de personas.

Detención y muerte
Tras darse cuenta de que su mujer no había llegado a la casa, Max Santelices se puso inmediatamente en alerta. A primera hora del 16 de diciembre partió al laboratorio clínico de Matías Cousiño para preguntarle a Cristina Arancibia si tenía alguna noticia o si Reinalda había dormido en su casa.

A partir de ese momento se inició una frenética búsqueda, que topó con un complejo obstáculo: Max también era parte de la estructura clandestina del PC, lo que le impedía asumir las primeras acciones sin generar nuevas situaciones de riesgo. “Max estaba submarineando, como se llamaba en ese tiempo. Estamos hablando de los primeros días después de la detención”, explica Cristina. Unos meses después, tras descolgarse de sus tareas partidarias, Max Santelices se dedicó de lleno, y por el resto de su vida, a encontrar a su mujer. En el intertando, la madre de Reinalda, doña Lula, fue quien realizó las primeras gestiones para encontrar a su hija.

Primero acudió al Colegio de Tecnólogos Médicos y unos días después a la Vicaría de la Solidaridad, que había sido creada ese mismo año por la Iglesia Católica, tras el cierre del Comité Pro Paz.

La madre de Reinalda, que provenía del campo y tenía un bajo nivel de instrucción, debió aprender cuáles eran las instancias judiciales y las puertas que se podían golpear. Con la ayuda de los abogados de la Vicaría presentó un recurso de amparo el 20 de diciembre de 1976 ante la Corte de Apelaciones, el que como era habitual en la época, fue rechazado. Por otra parte, ante la demanda de información, la respuesta permanente de las autoridades fue que Reinalda, como los otros de los doce desaparecidos, había cruzado la Cordillera de los Andes hacia Argentina.

La tesis de un cruce por un paso fronterizo, de la que no había ninguna evidencia, también guió las primeras diligencias judiciales. Cuando Cristina fue llamada a declarar por el juez Guastavino, como la última persona que había estado con la víctima, hizo un relato de los hechos ocurridos el día de la detención, tras lo cual le entregaron un papel para firmar su declaración. La mujer la leyó y vio que el contenido era muy distinto de su relato y apoyaba la idea de que Reinalda Pereira había cruzado la cordillera. Cristina se retiró sin firmar nada.

Investigaciones judiciales posteriores han establecido que luego de ser secuestrada en la esquina de Rodrigo de Araya con Exequiel Fernández, Reinalda fue conducida al cuartel Simón Bolívar, un secreto cuartel de la DINA, ubicado en la comuna de La Reina. A ese mismo lugar llegaron también varios de los otros detenidos en el “caso de los 13”, además de Víctor Díaz, quien encabezó la directiva del PC desbaratada en mayo de 1976.

El abogado Nelson Caucoto, querellante en la causa de Reinalda del Carmen Pereira, explica que el cuartel Simón Bolívar fue “un centro del exterminio, del que nadie salió vivo”. Justamente por eso su existencia permaneció desconocida durante años para los jueces y los organismos de derechos humanos. En ese lugar operaba la Brigada Lautaro, encabezada por el entonces capitán de Ejército Juan Morales Salgado. Posteriormente se sumó el grupo Delfín, encabezado por el entonces capitán de Ejército Jorge Barriga y el teniente de Carabineros Ricardo Lawrence, que también eran parte de la DINA y que provenían de Villa Grimaldi, otro de los más cruentos centros de detención del organismo comandando por Manuel Contreras.

Lo ocurrido con Reinalda se ha podido conocer debido a las declaraciones de agentes de seguridad procesados en la investigación que realizó el juez Víctor Montiglio a partir de 2007. A esto se suma el testimonio de Jorgelino Vergara, quien tenía 16 años al momento de los hechos y que llegó a Simón Bolívar tras trabajar como mozo en la casa de Manuel Contreras. Vergara, quien era conocido como el “mocito”, combinaba labores domésticas, como servir los cafés durante las sesiones de tortura, con tareas de centinela, las que realizaba provisto de armamento.
El testimonio de Vergara, recogido en extenso en la investigación periodística La danza de los Cuervos de Javier Rebolledo, explica en detalle el tránsito de la militante del PC por Simón Bolívar.

De acuerdo a este relato, cuando Reinalda ingresó al cuartel, Vergara vio a una mujer embarazada (desconocía su nombre) que era torturada en la parrilla –una cama, generalmente metálica, en que los detenidos eran maniatados y sometidos a vejámenes. El “mocito” también fue testigo de cómo Barriga y Lawrence golpeaban a Reinalda con distintos objetos.

“A esa mujer la torturaron brutalmente, y ella clamaba para que pararan porque decía que estaba embarazada. La teniente Calderón chequeó que eso era efectivo, pero igual el capitán Barriga siguió con las torturas y la corriente. Estaba en muy mal estado y empezó a pedir que la mataran. Lawrence fue a buscar una sartén y la golpeó. Al mismo tiempo, Barriga efectuaba simulacros de ejecución con una pistola vacía sobre la sien de la mujer. Murió unas tres horas después, en el gimnasio del cuartel. La teniente Calderón le inyectó cianuro en la vena para asegurar su muerte”, declaró el mismo Vergara antes el juez Montiglio.
Tras su deceso, tal como ocurrió con otros prisioneros asesinados en Simón Bolívar, las huellas digitales de Reinalda fueron quemadas con un soplete para dificultar su identificación.

Una posibilidad es que los restos de Reinalda Pereira hayan sido enterrados clandestinamente en la Cuesta Barriga, donde se han encontrado pequeñas osamentas que permitieron la identificación de otros militantes del PC que fueron detenidos en las mismas fechas y que estuvieron en Simón Bolívar, como Fernando Ortiz y Horacio Cepeda. Sin embargo, las múltiples búsquedas que se han realizado en ese lugar no han permitido encontrar sus restos.
Las indagaciones en Cuesta Barriga son extremadamente difíciles: a principios de 1979 los cuerpos de las víctimas fueron removidos en el marco de la operación “retiro de televisores”, un masivo traslado de restos ordenado por Pinochet, luego del hallazgo de 13 desaparecidos en unos hornos de Lonquén. Los cuerpos que estaban en la cuesta Barriga fueron llevados a otros lugares o arrojados al mar. De hecho, el abogado Caucoto explica que en otros procesos judiciales el agente de la DINA y la Central Nacional de Informaciones (CNI) Enrique Sandoval –quien hasta hace algunos años trabajada en la municipalidad de Providencia con el coronel (R) Cristián Labbé- ha relatado que por orden del director de la CNI Odlanier Mena removió cuerpos en el lugar.
Muerto en vida
La desaparición de Reinalda del Carmen Pereira dejó otras dos víctimas en el camino: su marido Max Santelices y su madre, la señora Lula.

Tras dejar sus tareas partidarias, Santelices se dedicó a la búsqueda de su mujer. Se reunió con abogados, participó en la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) y realizó indagaciones por su cuenta. Incluso se encadenó frente al Palacio de Tribunales para exigir la liberación de su esposa.

Más tarde, durante la década de 1980, buscó a niños que pudieran ser su hijo. Pensaba que en Chile podría haber ocurrido lo mismo que en Argentina, donde los bebés de las mujeres embarazadas que pasaron por los centros de exterminio fueron dados en adopción a esposas de militares o familias partidarias del régimen militar.
“Max nunca superó la desaparición de Reinalda”, asegura Ana Gamboa, una de las mejores amigas de Santelices. Lo mismo piensan el abogado Nelson Caucoto y Cristina Arancibia.

“Había épocas en que ni siquiera se le podía hablar cuando uno iba a su oficina por alguna razón. Él no decía que estaba mal, pero uno que lo conocía se daba cuenta”, cuenta Ana, quien desde 1991 trabajó junto a Max en una consulta de kinesiología ubicada cerca del metro Manuel Montt.

Una muestra clara de cómo la desaparición forzada de su mujer marcó el resto de la vida de Max Santelices, es que nunca logró reconstruir su vida afectiva. “Pareja que encontraba Max, tenía metida a la Carmen al medio. Era imposible pensar que iba a encontrar otro amor porque es diferente a que tú pelees con tu pareja a que desaparezca por sus ideas. Y que desaparezca en el mejor momento de una pareja, que es cuando están enamorados y cuando están esperando un hijo. Entonces, mataron a dos personas. Siempre he dicho eso yo: mataron a Max y a la Carmen”, reflexiona Cristina.

Tras la recuperación de la democracia, Santelices siguió buscando pistas y antecedentes, los que compartía con el abogado Caucoto, quien presentó en 2002 una querella contra la cúpula de la DINA por la desaparición de Reinalda. Uno de los mayores dolores de Santelices fue provocado por el informe emanado de la Mesa de Diálogo, instancia creada en 1999, para que los militares entregaran información respecto al paradero de los detenidos desparecidos. El documento, que se hizo público en enero de 2001, indicaba la posible presencia de cuerpos en Cuesta Barriga y daba información sobre otras dos mujeres embarazadas que fueron apresadas en esos años. Sin embargo, no había una sola línea sobre su mujer. Su molestia la hizo pública a través de una carta abierta que envió al entonces Presidente Ricardo Lagos.

En 2005, a Max Santelices –un fumador implacable– le diagnosticaron un cáncer que ni las hospitalizaciones ni las quimioterapias pudieron detener. Murió en 2007.
Durante los últimos meses de su vida se dedicó a recopilar todo el material que tenía sobre Reinalda. Fotografías, documentos y grabaciones caseras de su esposa cantando cueca que fueron confiados a Ana Gamboa, algunas de las cuales se reproducen aquí.

La tercera víctima de esta historia fue la señora Lula. Su hija había sido el mayor proyecto de su vida. Renunció a tener pareja para concentrarse en la educación de Reinalda, y con mucho esfuerzo había logrado que su única hija llegara a ser una profesional. Lo que sucedía le parecía inexplicable.

La ex diputada Fanny Pollarolo prestó apoyo psicológico a Lula durante 1977. Las sesiones se realizaban en una casa ubicada cerca de la esquina de Irarrázabal con Santa Julia, donde funciona el “Programa de Atención Médico-Psiquiátrico para Personas Víctimas de la Represión”. Pollarolo recuerda con claridad el orgullo que la mujer sentía por su hija. También que “se encontraba en una situación emocionalmente insostenible”. Por una parte, quería que su hija estuviera viva, pero al mismo tiempo sabía que si permanecía con vida estaría siendo sometida a torturas insoportables.
Desde un inicio, Lula participó activamente en la búsqueda de su hija y fue una asistente habitual a las actividades y manifestaciones de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos. Al igual que Max, siguió indagando y preguntando por Reinalda durante años. Murió el año 2003.

Max y Lula fallecieron sin tener noticia alguna sobre lo sucedido con Reinalda. No alcanzaron a ver los avances que el juez Montiglio empezó a conseguir desde que tomó la causa en 2007 y que hoy se han traducido en una acusación que el ministro Miguel Vásquez formuló, el 31 de enero de 2014, contra 53 ex agentes de la DINA por el llamado “Caso de los Trece”.

Junto a los avances judiciales, la historia de Reinalda Pereira sigue viva en otros ámbitos. Una vez al año se le rinde un homenaje en el Hospital Sótero del Río, donde trabajo como tecnóloga médica y fue dirigente gremial. Frente a un monolito que fue instalado en 1991, los funcionarios del centro médico y los amigos de toda la vida recuerdan su memoria.
No es el único esfuerzo que se hace por que esta historia no quede en el olvido. Los amigos de Max organizaron tras su muerte el “Grupo de Amigos y Amigas de Reinalda del Carmen Pereira”, encabezado por Ana Gamboa. También a modo de homenaje, en 2009 instalaron en el mismo Sótero del Río, un banco donde están inscritos los nombres de Max y Reinalda.

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Ninguna calle lleva tu nombre, compañera.

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Detenidas desaparecidas que estaban embarazadas

¿DONDE ESTAN SUS HIJOS?

La irracionalidad pudo más: durante la dictadura militar las llevaron detenidas estando embarazadas y las hicieron desaparecer junto con sus hijos. Nada se sabe de esos niños, que hoy serían veinteañeros.
La Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) registra nueve casos de mujeres embarazadas cuya suerte se desconoce. Este año ( se inició una campaña para ubicar a sus hijos, eventualmente nacidos en cautiverio, que contempló una línea telefónica. Sin embargo, según Graciela Zúñiga, integrante de la AFDD, “la campaña no funcionó, en parte debido a nuestras carencias, a limitaciones tan simples como la imposibilidad económica para sacar más afiches. Aun así, tenemos mucha paciencia. Hemos estado treinta años buscando y exigiendo. Tal vez nos queden otros treinta años para poner en el tapete la situación de las detenidas desaparecidas embarazadas”.
Imaginar a mujeres embarazadas detenidas desaparecidas es algo que conmueve e impacta, especialmente en Latinoamérica donde la imagen de la madre es muy fuerte. Para la AFDD es un desafío: “De alguna forma, este tema rompe un discurso patriarcal que a nosotras mismas nos hace hablar de ‘detenidos desaparecidos’, aunque somos una organización principalmente de mujeres. Nos olvidamos de las 75 mujeres detenidas desaparecidas y de las nueve embarazadas: no las reivindicamos; son luchadoras de Izquierda, se olvida su historia con roles protagónicos dentro de la sociedad”, señala Graciela.
Los casos de mujeres embarazadas detenidas desaparecidas son complejos y el impacto en las familias es brutal. “En cierta forma, las madres de ellas se sienten abuelas, piensan en nietos de más de veinte años y cada antecedente falso les genera nuevos dolores”, dice la encargada de recursos de la AFDD.
Hasta ahora, los resultados de la búsqueda han sido nulos. “Hemos escuchado mil historias del paradero de los hijos, pero no tenemos ninguna prueba que nos permita seguir el hilo -dice Graciela-. Hay antecedentes sobre Colonia Dignidad, pero está claro que realizar investigaciones adentro es como entrar en la dimensión desconocida. Además, varios casos fueron sobreseídos. No se puede afirmar fehacientemente que los hijos nacieron. Y si hubo partos, los funcionarios médicos que habrían atendido esos alumbramientos no han roto su pacto de silencio”.
Viviana Díaz, ex presidenta de la AFDD, también lamenta los escasos avances judiciales y señala que “nunca se consideró a la madre con el hijo, como si el hijo no importara. Pero era un ser vivo que estaba en el vientre de la madre”. De ahí la importancia de la campaña.

Uno de los referentes en esta lucha de la AFDD fue la Agrupación de Abuelas de Detenidos Desaparecidos, de Argentina. Los militares argentinos entregaron clandestinamente en adopción a cerca de dieciséis hijos de detenidas desaparecidas, y algunos fueron descubiertos tras largas investigaciones. En Chile, la inquietud por la búsqueda de esos hijos es de más larga data que en Argentina, pero también ha sido más lenta. Se ha perdido un tiempo valioso, aunque todavía no es demasiado tarde: después de más de 25 años las abuelas y familiares se han agrupado, se han reabierto procesos y una orden judicial ha llevado a investigar un hogar de menores.

ESPERANZA Y MEMORIA HISTORICA
Olivia Saso, 77 años, es la madre de la embarazada desaparecida Cecilia Labrín. Habla con preocupación de los posibles hijos nacidos en reclusión: “Tengo referencias de que mi nieta nació en cautiverio el 5 de marzo y pesó 3 kilos 200.

Es decir, tengo datos concretos. Me sentí muy ilusionada con ella, mi primera nieta. En 1975 tuve una reunión con el ministro del Interior, general César Benavides; me dijo que mi hija dio a luz. Después anónimamente me avisaron que a Cecilia la llevaron a un control de maternidad en el Hospital Barros Luco. Aunque siempre me han dicho que no se pueden hacer investigaciones judiciales sin nombres concretos, creo que es posible que los torturadores adoptaran a los hijos de las detenidas, como sucedió en Argentina. Además, no es descabellado suponer que una mujer con siete u ocho meses de embarazo haya tenido su hijo”.

En este drama afectivo las posiciones pueden ser contrapuestas. Por ejemplo, Graciela Zúñiga dice que si se basa en su sensibilidad femenina no cree que existan hijos de detenidas desaparecidas. “Yo soy pareja de Alvaro Barrios, un detenido desaparecido del MIR. Desde mi convicción de mujer, desde mis ovarios, siento que las embarazadas detenidas desaparecidas no tuvieron sus hijos, debido a la brutalidad con que se aplicaron las torturas.

Pienso que esas chiquillas murieron junto con sus hijos, pero es una opinión muy personal y sé que puede herir sentimientos. Y si los hijos efectivamente nacieron, no creo que a ellas las hayan ingresado en los hospitales con sus nombres verdaderos”, acusa.
Por su parte, el dolor, la esperanza y la ternura de madre y abuela de la señora Olivia Saso la hacen pensar en una hija y una nieta vivas. “Para mí, aunque soy católica, creo que no tienen perdón de Dios. Mi corazón sangra cuando hablo de mi hija, es una tortura que creo tenemos todas las mamás de detenidos desaparecidos. Yo, al principio, estaba medio loca, veía una niña pequeña por ahí y le miraba la carita. Era una verdadera sicosis. Aunque eso pasó, no dejo de recordar el cumpleaños de mi nieta, que en estos momentos tendría 27 años y sería mi nieta mayor. Ella, en mi corazón y en mi casa, está viva y presente. Aunque no la conocí, le puse Daniela y creo que puede estar viva. Si es así, lo único que quiero es que la familia que la crió le haya inculcado valores y la quiera como nosotros la hubiéramos querido”, susurra la hoy bisabuela y matriarca de un hogar de ocho personas de la comuna de La Reina.
Para Graciela Zúñiga, lo principal es el rescate de la memoria histórica. “Nosotros tenemos que reivindicar la memoria de todas nuestras víctimas. Como feminista, creo que debemos reivindicar la maternidad y le pido a la sociedad un poco de coherencia. Si la maternidad es tan valiosa, asumamos una parte de nuestra historia que es extremadamente negra, fea y dolorosa. Se puede reivindicar el nombre de estas mujeres con gestos pequeños: una calle en el barrio donde vivieron, una maternidad que lleve sus nombres, una sala cuna en el lugar donde trabajaron”.
Por su parte, Olivia Saso se muestra crítica frente a la “fiebre de memoria de los treinta años”. Que los medios de comunicación muestren los horrores de la dictadura es, para ella, “simplemente un mea culpa y no que estén realmente interesados en dar una respuesta completa”. Sin embargo, se manifiesta esperanzada en los jóvenes. “La mayoría de los estudiantes de servicio social no conoció a Cecilia -quien también optó por esa carrera-, pero le hacen homenajes y me llaman para que les hable de ella. Los veo comprometidos e interesados. Yo estoy orgullosa de lo que hacía mi hija, trabajaba en las poblaciones y siempre sacaba un paquetito de alimentos de mi casa y me decía ‘gorda, ellos no tienen nada’. Eso recién lo entiendo hoy. A esos jóvenes les digo que mi hija no en vano dio su vida. Y aunque suene extraño, yo no quiero un hueso suyo. Ella vive entera, y aunque me digan que soy ilusa sueño con que un día va a tocar el timbre de mi casa”.
Graciela Zúñiga afirma que aún falta dimensionar lo sucedido con las embarazadas desaparecidas. Por eso, la AFDD pidió que se designe un juez con dedicación exclusiva en el caso de estas mujeres. Viviana Díaz dice: “Queremos que quienes torturaron a Michelle Peña digan si su hijo murió en las torturas, o si ese niño o niña fue a manos de sus aprehensores. Todavía mantengo la esperanza de que alguno de los torturadores se decida a decir qué pasó con ellas. Más de alguna guagua debió nacer en cautiverio, y tal vez hoy sean jóvenes que no saben de su situación”

LUIS KLENER HERNANDEZ
RECUADRO 1

Una familia destruida

En este carnaval de horrores no sólo hay detenidas desaparecidas embarazadas. También hay cuatro mujeres embarazadas que fueron ejecutadas: Beatriz Elena Agüero, de 26 años; Sonia Norambuena Cruz, de 34; Alva Guida Grandón, de 29, y Mónica del Carmen Pacheco Sánchez, militante del MIR de 25 años, quien tenía tres meses de embarazo cuando fue asesinada.
Mónica Pacheco era hija de campesinos y ejercía como profesora básica en un colegio de Quilicura. Se casó con Roberto Gallardo Moreno, también ejecutado político. Su suegra, Ofelia Moreno, hoy de 78 años, la recuerda con cariño, igual que a los otros cuatro familiares ejecutados por la dictadura: su esposo Alberto Gallardo Pacheco, militante comunista de 62 años; su hijo Roberto Gallardo Moreno; su hija Catalina Ester Gallardo Moreno (29), y el esposo de ésta, Juan Rolando Rodríguez Cordero (31), militantes del MIR.
Mónica y Roberto se conocieron en la Acción Católica, el año 70. “En su matrimonio hubo un tremendo letrero de Cristianos por el Socialismo y pensé que eran socialistas -dice Ofelia Moreno-. Pero después los diarios dijeron que eran miristas”. Ella recuerda que en 1973 a Roberto le pedían el certificado del servicio militar, por eso ingresó al ejército. Le ordenaban cosas con las que no estaba de acuerdo, pero a fines del 73 logró que lo dieran de baja. “El año 75 nos llevaron a todos detenidos y ahí empezó el drama”, señala Ofelia. Al quedar en libertad, comenzó a buscar a sus familiares. “A las tres semanas me dijeron en la Vicaría que fuera a buscar los cuerpos de mi hijo, mi hija y mi nuera”. Mónica Pacheco fue asesinada con tres meses de embarazo. “Su cuerpo estaba completamente desfigurado”, recuerda Ofelia.
Agrega que en la operación participó el general Ernesto Baeza, entonces director de Investigaciones. “El nos detuvo y me dejó libre después. El general Baeza mandó a mi familia a Villa Grimaldi y levantó la calumnia de que eran extremistas. Tuve un comparendo con él, y mintió todo. Me dejó como una loca, pero cuando íbamos en el ascensor no subió en el mismo piso, sino más abajo. Mi nieta lo vio, se enfureció y empezó a gritarle ‘¡Asesino!’, en su cara. ¡Ese es mi único alivio!”

Historias de vida y muerte

Todas las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas eran menores de 30 años. En la actualidad, sus hijos tendrían entre 25 y 28 años. Cuatro de ellas eran miristas, dos eran comunistas, dos socialistas y una del Mapu. Seis de ellas fueron apresadas con sus parejas. En total, quedaron siete hijos huérfanos.
Cecilia Bojanic Abad tenía 23 años, era secretaria y estaba embarazada de cuatro meses y medio. Se había casado con Flavio Oyarzún Soto (27), también detenido desaparecido. Ambos militaban en el MIR. Fueron detenidos el 2 de octubre de 1974 por agentes de la Dina que los condujeron a José Domingo Cañas y luego a Cuatro Alamos, desde donde desaparecieron. El día de la aprehensión, detuvieron a Cecilia junto a su hijo de un año y medio. La subieron a un automóvil para llevarla a la casa de su hermana Ximena, donde apresaron a Flavio y abandonaron al menor. El hijo que esperaba debería haber nacido en febrero de 1975.
Tres de las embarazadas desaparecidas eran asistentes sociales de la Universidad de Chile. La primera en desaparecer fue María Cecilia Labrín Saso, militante del MIR con dos meses de embarazo. Fue detenida por la Dina el 12 de agosto de 1974, en presencia de su madre y sus hermanas. Aunque se encontraba en cama porque su embarazo presentaba complicaciones, le dijeron que sólo deseaban hablar con ella por su trabajo en la Corvi. María Cecilia se levantó y los acompañó a la 23 Comisaría de Carabineros de La Reina. Su madre, Olivia Saso, insistió en acompañarla, pero no la dejaron. Como no retornaba, la madre acudió esa noche a la 23 Comisaría de Carabineros donde le informaron que no sabían nada al respecto. Fue a otras comisarías y a Investigaciones: tampoco encontró respuesta. Dos días después de ser detenida, María Cecilia fue llevada hasta el domicilio de Sergio Vesely Fernández, militante del MIR buscado por la Dina. Allí la recibió la madre de éste, quien declaró que la acompañaba un civil y que tenía los ojos llorosos. La joven abrazó a esta mujer y el desconocido la sacó del lugar. Cuando en noviembre de 1992 Marcia Alejandra Merino Vega empezó a entregar información relacionada con detenidos desaparecidos, dijo que María Cecilia Labrín estuvo en Londres 38, donde fue torturada y luego trasladada a Cuatro Alamos. Su madre sostiene que nació una niña durante el cautiverio.
Otra asistente social embarazada era Elizabeth Mercedes Rekas Urra, de 27 años, con un hijo en gestación de cuatro meses. Trabajaba en el Metro y estaba casada con Antonio Elizondo. Eran militantes del Mapu y fueron detenidos por la Dina el 26 de mayo de 1976. Dos días antes habían aprehendido al hermano de Elizabeth, quien fue interrogado en Villa Grimaldi por las actividades de su hermana. Por un relato de un fugado de Colonia Dignidad existe información no confirmada de que habría estado allí. Su hijo debería haber nacido en octubre de 1976.
Jacqueline Droully fue detenida el 30 de octubre de 1974, con tres meses de embarazo. Cursaba cuarto año de la carrera de trabajo social y es la única que aparece en la nómina de los “119”. Según antecedentes de Amnistía Internacional, el gobierno alemán e Investigaciones, los 119 detenidos desaparecidos habrían estado en Colonia Dignidad. Sin embargo, todas las investigaciones para comprobarlo han fracasado. Si nació, el hijo de Jaqueline tendría hoy 27 años.
Gloria Esther Lagos Nilsson, secretaria, casada y madre de tres hijos, estaba embarazada de dos meses al momento de su detención. Militaba en el MIR y fue secuestrada por la Dina en su domicilio, el 26 de agosto de 1974, en presencia de su hijo de 10 años. Antes habían detenido a su pareja. Se sabe que estuvo en Cuatro Alamos. Su caso fue sobreseído por la Corte de Apelaciones de Pedro Aguirre Cerda, en junio de 1981.
Michelle Marguerite Peña Herreros era estudiante de ingeniería en la Universidad Técnica del Estado, y militante socialista. Estaba embarazada de ocho meses y medio cuando fue detenida por la Dina el 20 junio de 1975. Hay antecedentes imprecisos de un eventual alumbramiento. Su madre sostiene que en los primeros días de julio de 1975 nació un niño en la maternidad del Hospital de la Fach y, según un estudio del Codepu, Michelle “pudo ser recluida en el antiguo hospital del pulmón ubicado en el Cajón del Maipo”. Fue detenida en su casa junto a Ricardo Lagos Salinas, dirigente socialista en la clandestinidad. Se sabe que estuvo en Villa Grimaldi. Igual que en otros casos, el sumario fue sobreseído temporalmente, pero su familia presentó una denuncia ante organismos internacionales. Michelle había nacido en Francia y su madre huyó de la España republicana derrotada.
Nalvia Rosa Mena Alvarado era militante de las Juventudes Comunistas. Tenía 20 años al momento del secuestro; estaba casada con Luis Emilio Recabarren González y ya tenían un hijo de dos años y medio. Nalvia tenía tres meses de embarazo cuando fue detenida por la Dina junto a su esposo, su cuñado y su suegro, el 29 de abril de 1976. Ella y su hijo pasaron a buscar a Luis Emilio a su lugar de trabajo para volver juntos al hogar, pero los dos adultos nunca llegaron a destino mientras el menor fue abandonado cerca de su casa por un sujeto que se movilizaba en taxi. Testigos señalan que pese a los gritos y súplicas de Nalvia, los captores la golpearon en el vientre y la subieron en estado inconsciente al vehículo en que se movilizaban.
Reinalda del Carmen Pereira Plaza era hija única y esperaba su primer hijo. Tecnóloga médica y militante del Partido Comunista, fue detenida el 15 de diciembre de 1976 y debería haber dado a luz en marzo de 1977. Igual que a otras siete personas, la detuvieron brutalmente en la vía pública. Había salido a buscar trabajo y a hacerse exámenes médicos. Cerca de las 20.30 horas sorpresivamente se detuvo un automóvil, la redujeron y la metieron al auto no sin antes golpear su cabeza contra el borde de la puerta. El ministro Carlos Cerda logró que testigos reconocieran que en los hechos estuvo presente el agente Roberto Fuentes Morrison, alias “El Walli”. El juicio por detención fue sobreseído definitivamente mediante la aplicación de la Ley de Amnistía. El informe de la mesa de diálogo señaló que los restos de Pereira estarían en la cuesta Barriga, “pero muy a nuestro pesar tenemos que decir que ese fue un informe falso”, dice hoy Graciela Zúñiga.
Gloria Ximena Delard Cabezas habría salido de Chile tras una acción planificada por su padre médico. En 1977, a los 23 años, fue apresada en Buenos Aires, donde estudiaba economía. Estaba casada con Roberto Cristi, tenía tres hijos y un embarazo de tres meses. Fue secuestrada junto a su esposo, ambos eran militantes del MIR. Tras la detención, dos de sus hijos fueron enviados a orfanatos y su hija Victoria quedó bajo la protección del obispo de Neuquén. Ex presos políticos señalan que Gloria y su esposo fueron llevados al centro de tortura de la Escuela de Mecánica de la Armada (Esma). Gloria habría dado luz a una niña. Las abuelas de la Plaza de Mayo recolectaron estos antecedentes e iniciaron una búsqueda hasta ahora sin resultados.
La primera investigación sobre las mujeres embarazadas detenidas desaparecidas la realizó un equipo del Codepu, en 1992. El libro Todas íbamos a ser reinas relata la vida de estas nueve mujeres. Fue el primer indicio de que algunas de ellas fueron llevadas a Colonia Dignidad y que otras podrían haber dado a luz en hospitales como el Barros Luco o el de la Fach.
Quienes quieran obtener más información sobre este tema pueden hacerlo en la dirección electrónica www.memoriaviva.org. Y quien tenga antecedentes verificables, que los comunique al Codepu

Barbara Uribe Tamblay, desaparecida, embarazada.

http://www.blest.eu/biblio/presos/cap2.html