La Fosa de Pisagua. 28 años, sus hijos esperando verdad y justicia.

La Fosa de Pisagua. 28 años, sus hijos esperando verdad y justicia.
A 28 años del hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, sigue la demanda de verdad y justicia
 3 junio, 2018 Edición Cero 0
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Patricio Cabezas es hijo de un abogado ejecutado en la caleta de Pisagua durante el Golpe de Estado Militar en Chile en Septiembre de 1973. Durante el hallazgo de una fosa común cerca de su cementerio, se revelan las evidencias de terribles atrocidades cometidas en contra de ciudadanos chilenos por el régimen de Augusto Pinochet.

Mas de 10 cuerpos baleados son encontrados envueltos en sacos de papas y sujetados por alambres de las coronas de flores que abundan en las cercanías. Una misteriosa condición natural del desierto mantuvo los cuerpos casi intactos. Años más tarde un grupo de personas descubre, registra y da a conocer los hechos de este descubrimiento al mundo generando mucho impacto. Un joven Cabezas se encuentra entre los paleros que cavan la fosa. Esta experiencia le devuelve algo curativo para su vida pero lo deja marcado para siempre.

Un 02 de Junio de 1990, luego de reiteradas e infructíferas búsquedas, y ya con los albores de los primeros meses de recuperación democrática, fue descubierta la fosa clandestina de Pisagua, que contenía los cuerpos de 20 ejecutados políticos, quienes fueron vilmente asesinados. estaban con los ojos vendados, las manos atadas a su espalda y envueltos en sacos de arpillera. Pero, 17 años después, emergieron de la salina tierra nortina, para contar su verdad al mundo. No andaban escapados ni en libertad; fueron ejecutados.
Este domingo, como todos los años, se conmemora esta fecha, con una ceremonia en el Mausoleo Para Que Nunca Más, donde yacen los cuerpos de quienes fueron encontrados y cuyos familiares decidieron compartir un espacio que los cobijara a todos.  Y este año no fue distinto. En el Cementerio N° 3 se reunieron familiares, ex prisioneros, compañeros, amigos, ciudadanos…  todos bajo la consigna de “Para que Nunca Más” y siguiendo en la lucha de verdad y justicia.
En esta ocasión, concurrió como cada año, el Senador Jorge Soria Quiroga, quien también fuera prisioneros político en Pisagua y compañero de muchos de los desaparecidos. También estuvieron presentes el diputado Hugo Gutiérrez, el alcalde Mauricio Soria, el Presidente del Consejo Regional, Alberto Martínez y el Consejero Pedro Cisternas.En la ocasión se rindió un homenaje y se nombró a quienes fueron encontrados en la fosa:
Manuel  Sanhueza Mellado,
Hugo Martínez Guillén,
Alberto Yáñez Carvajal, 
Luis Alberto Toro Castillo,
Nelson Márquez Agusto,
Germán  Palominos Lamas, 
José  Córdova Croxatto, 
Juan Valencia Hinojosa,
Julio Cabezas Gacitúa,
Mario Morris Barrios,
Humberto Lizardi Flores,
Luis Lizardi Lizardi,
Marcelino Guzmán Fuentes,
Juan Calderón Villalón,
Nicolás Chanez Chanez,
Juan Mamani García,
Orlando Cabello Cabello,
Luis Manríquez Wilde
Juan Orlando Rojas Osega.
Mientras, sigue la búsqueda de Juan Antonio Ruz Díaz,  Rodolfo Fuenzalida Fernández, José Sampson Ocaranza, Michel Nasch y Freddy Taberna Gallegos.
BOLSA N° 20
Hay una situación que no está clara hasta hoy y que tiene que ver con la llamada “bolsa N° 20”, que contenía restos de a los menos 3 personas. Se le practicaron peritajes en el país, pero para acceder a una tecnología más avanzada, fue enviada al extranjeros. Hasta hoy, no se sabe a quiénes pertenecían los restos. Y la bolsa, también desapareció.
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La fosa está emplazada a casi 3 kilómetros al norte de Pisagua, a un costado del cementerio de la localidad costera, distante a 180 kilómetros al norte de Iquique. El hecho se registró el 2 de junio de 1990, luego que una avanzada de familiares, ex presos políticos y el arqueólogo Olaf Olmos buscaran desde hacía una semana restos de las víctimas del Régimen Militar.
El presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y Detenidos Desaparecidos, Afepi, Héctor Marín Rossel, recordó el hecho, explicando que solamente un grupo reducido de dirigentes conocía el hecho, pero se mantenía en absoluta reserva para no generar falsas expectativas.
“De hecho, muchas de las búsquedas nunca se dieron a conocer”.Explicó que fue “el 2 de junio, a las 18 horas, cuando apareció el primer cuerpo, que correspondía a Manuel Sanhueza Mellado, oriundo de Valparaíso, que fue detenido en Arica, junto con su esposa embarazada y su suegro y trasladado al campo de concentración de Pisagua. Paradójicamente fue el primero encontrado, pero el último en ser identificado, ya que a su familia le indicaron que en su traslado, él se había fugado y se había internado en el mar, ahogándose. Quedaron vivos su suegro y su esposa, quien abortó debido a las torturas”.
INHUMACIÓN ILEGAL Una vez encontrados los primeros restos, se hizo presente en el lugar el juez de Pozo Almonte, Nelson Muñoz Morales, quien llegó junto a Carabineros para denunciar la inhumación ilegal.Con ello comenzó a acordonarse el lugar.En el sitio emplazado a casi 3 kilómetros de Pisagua, a un costado del cementerio de la localidad costera distante a 180 kilómetros al norte de Iquique, continuaron las excavaciones en la madrugada del 3 de junio. Mientras, un grupo de viudas y familiares de las víctimas son informadas de los hallazgos y viajan raudamente a Pisagua, a quienes solamente se les permite el acceso hasta el sector de Alto Hospicio de la caleta costera, debido a que estaba acordonado el pueblo y prohibido el acceso a civiles. Tampoco se les confirma, ni niega el hallazgo.
PALEROS Por la tarde, tras una intensa jornada de trabajos de 25 paleros, fueron encontrados 19 cuerpos de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados, los que fueron trasladados por vehículos de la Funeraria la Humanitaria el mismo día hasta el Servicio Médico Legal.
El 5 de junio ya existía certeza de la identificación de algunas víctimas, ya que las familias pudieron ingresar para reconocer a los DD.DD. y Ejecutados Políticos. El primero en ser reconocido fue el profesor Humberto Lizardi Flores, luego Luis Lizardi Lizardi, después al abogado del Consejo de Defensa del Estado, Julio Cabezas. También se identificó a Martínez.
FUNERALES El primer funeral que todavía se recuerda por lo masivo y simbólico, fue el 7 de junio, donde fueron sepultados 13 de los cuerpos en el Cementerio Nº3, donde se habilitó un pabellón especial. La ceremonia litúrgica se efectuó en la Iglesia Catedral “Inmaculada Concepción”, para luego ser trasladados los restos hasta el campo santo. A los 3 días, se efectuó otro funeral, debido a que muchos de los familiares se encontraban en el sur del país, y del extranjero, como Holanda y Suecia.
EXCAVACIONES Paralelamente seguían las excavaciones en Pisagua, debido a las versiones que señalaban que existían 3 fosas más, no solo en la parte baja de la caleta, sino en Alto Hospicio de Pisagua, debido a que a los detenidos del Régimen Militar se les obligó a construir una pista de aterrizaje en el sector.
El caso fue designado al magistrado Hernán Sánchez Marré, en calidad de ministro en visita, quien tras un tiempo derivó la causa a la justicia militar, al declararse incompetente por estar supuestamente involucrados militares.
De ahí los antecedentes duermen hasta el retorno a la democracia en 1990.

LA MEMORIA, LA MEMORIA, LA MEMORIA, que se venga también LA JUSTICIA, LA JUSTICIA. LA JUSTICIA.

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Títulos póstumos en la U. de Chile: 101 cartones que vencieron la dictadura

Títulos póstumos en la U. de Chile: 101 cartones que vencieron la dictadura

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Familiares de 101 estudiantes de la casa de estudios desaparecidos y ejecutados recibieron este 11 de abril en la casa central de la institución las licenciaturas académicas y títulos profesionales simbólicos. Esta ceremonia dio inicio a un proceso de reparación y memoria anhelado por la comunidad universitaria que continuará con próximos reconocimientos a más estudiantes víctimas de la dictadura.

Por  / 11.04.2018

Dan los pasitos lentos. Los ojos vidriosos detrás de grandes anteojos dejan ver, antes que la emoción, el avance del tiempo. Era mi compañero de curso, íbamos en tercero, nos estábamos poniendo de acuerdo para decidir dónde haríamos la práctica, comentan algunos. Desde la universidad, desde Beauchef, nos íbamos juntos a tomar la micro para llegar a nuestro cordón industrial, recuerdan otros. Son cien. Ciento uno son los estudiantes asesinados por la dictadura que no pudieron hacer su práctica, que no alcanzaron a especializarse en sus pasiones. Ciento un títulos que jamás llegaron a decorar los livings sedientos de orgullo, cien pedazos de cartón cambiados por tortura y bala en una ciudad gris, sangrienta. Una centena de fotos de familias junto a un clavel de graduación que debieron esperar 45 años, fotos ahora sin protagonista en carne y hueso, sin verdad y sin justicia -en tantos casos-, sin madres y padres que dieron sus últimos suspiros deseando este momento. Hoy es la titulación póstuma de ciento un estudiantes de la Universidad de Chile avasallados por el poder. Y aquí, en el salón de honor de la Casa Central, están los que están, los que la maquinaria del tiempo y el amor por el prójimo ha permitido estar.

Está Juan. Juan Moya Cuevas. Juan viene a buscar el título de su hermano Carlos, dos años menor. Carlos estudiaba Ingeniería Civil, tenía todos sus ramos aprobados para pasar al cuarto año, en Beauchef, y ya tenía listo su futuro especializándose en Geología. Pero para el pesar de su destino se le ocurrió militar en las Juventudes Comunistas, cuando ser militante de una idea en esta tierra se podía castigar con lo que se le castigó a él. Un día su madre fue testigo de lo que más temía. Lo secuestraron, lo arrancaron de la casa, en San Miguel, en San Francisco con Carlos Valdovinos, y se lo llevaron a Londres 38. Pasaron dos dias de búsqueda frenética, desesperada, en shock constante. Dos días después, un sábado, Carlos junto a otros cuatro militantes de izquierda era presentado al país por el gobierno, por la prensa, como extremistas dinamitando una torre de alta tensión en Cerro Navia. Carlos y su madre pudieron enterrar a ese estudiante de Ingeniería, pero sin velarlo, esa condición les puso el instituto médico legal. Al vestirlo, la verdad fue irrefutable: marcas de tortura en las manos, en los pies. Lo mismo en sus compañeros de tortura: ojos menos, hoyos de pernos en la cabeza. Llegó 1991 y la madre de Carlos se fue. Murió. La misma que nunca dejó de pensar en su hijo que iba a ser geólogo, la misma que no pudo ser testigo de la condena que recibió Manuel Contreras por este montaje conocido como Plan Leopardo. La misma que hoy desde algún rincón donde vive la memoria observa a su otro hijo, a Juan, llevando a casa el cartón que ella merecía. Y lo lleva soberbio, mostrándolo a quien quiera mirarlo, firme como vino.

“Este es un reconocimiento de la universidad a sus estudiantes que fueron fisurados en su desarrollo y ayuda a mitigar en parte hacia la sociedad lo que fue el quiebre institucional del año ’73. Debe ser un camino al nunca más. Estas son señales de que lo que ocurrió en el periodo de la dictadura fue concreto y real, con consecuencias que permanecen hasta hoy. Ahora debemos buscar un lugar en la familia para poner este cartón, entendiendo que es un símbolo de lo que pudo haber sido, de los hijos que no tuvo, de los sueños que no cumplió, del proyecto que tenía mi hermano”, dice Juan, flor en mano, rostro en pecho. Dice Juan y se va con su diploma a seguir haciendo clases a sus alumnos, enterados de este hito en la vida de un profesor de matemáticas de Recoleta. Los hermanos, alguna madre, vecinos del barrio y profesores, se confunden con algunos niños. Jóvenes, adolescentes que visten diferente. Usan aros y no boinas revolucionarias. Llevan zapatillas y no lustrados zapatos de caballero. Chicas juegan con el celular mientras al lado dos sesentones conversan sobre cómo era su compañera de curso en la sala de clases, si era buena para la talla, si era estricta y seria, en los primeros meses del extraño e inolvidable ’73.

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Enrique era un estudiante apasionado, le gustaba de verdad la ingeniería, cuenta Rafael Kries. Enrique es Enrique Massa Carvajal, estudiaba Ingeniería Eléctrica y militaba en la Juventud Socialista. Enrique estaba metido fuerte en cordón Vicuña Mackenna y para allá se fue a defender a su gobierno el 11 de septiembre, el día del golpe de la derecha civil y militar. Enrique tenía rasgos afro, parecía cubano, todos lo conocíamos así, recuerda un amigo que vino desde Venezuela a esta ceremonia, un amigo que estudiaba Química y que militaba junto a él. Como parecía cubano, a él lo eligieron como víctima ese día en la fábrica Tisol, detrás de Luchetti, dice Rafael. “Este no sólo fue un crimen político, fue un crimen racista”.

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Cerca de doscientos trabajadores vieron cómo mataron al estudiante, a Enrique, quien estaba haciendo la práctica en una fábrica, quien no pudo recibir su nota, quien no pudo defender ninguna tesis, quien quedó inmortalizado en el recuerdo de las aulas que hoy le rinden el respeto que su ímpetu socialista aún aquí reclama. Enrique, el que estaba en cuarto año, ahora tiene título, hay felicidad en sus cercanos, pero aún no llega un fallo que le entregue la paz de la justicia. No está solo en eso.

El actor Alejandro Goic es el maestro de ceremonia. Su tono disgustado que despotrica contra los culpables de que esta ceremonia sea póstuma se detiene unos segundos. La emoción se torna amable cuando nombra a su amigo Carlos. “Carlos Lorca, joven valiente, ejemplar estudiante de medicina, detenido desaparecido”. Aplausos y miles de recuerdos invaden a los otros tantos que también lo conocieron. Carlos Lorca era el jefe de los jóvenes socialistas, muchos de los cuales hoy se titulan, y bien lo conoció también la señora Angela Jeria, madre de la ex presidenta Bachelet, aquí también presente. “Mientras me linchaba el alma evocada los hermosos espíritus de quienes homenajeamos hoy”, añade Goic, junto a Luz Croxatto. La emoción se desborda también en Faride Zerán, vicerrectora de Comunicaciones, quien habla de este acto como un acto de justicia. Habla sobre los antecedentes de esta entrega póstuma, sobre el retiro de las sanciones contra los estudiantes exonerados en 1991, sobre los títulos póstumos que también han entregado desde 2011 las universidades de la frontera, de Santiago y Católica. Sobre el trabajo de Alicia Lira y Lorena Pizarro, quienes atentas en el público asienten al escuchar nombres, historias, sus luchas, victorias y derrotas.En su ausencia está plasmado el ethos, el alma, lo mejor de esta universidad”, termina Faride.

“Nuestro agradecimiento a quienes no están va a ser eterno, porque los que no están aquí nos entregaron la posibilidad de estudiar sin el miedo a ser asesinados por nuestras ideas”, comenta el presidente de la Fech, Alfonso Mohor, quien da paso a Lorena Pizarro. “A quienes estuvieron dispuestos a dar la vida no les podemos olvidar, pero no es recordar por recordar, este es un acto de memoria y resistencia, porque no se puede borrar la resistencia. Hoy, 2018, los mismos rostros que justificaron estos crímenes, se han vuelto a ubicar a no más de dos cuadras de aquí, en el palacio de la moneda, son los mismos que anunciaron un proyecto de ley que busca perdonar a los asesinos de quienes aquí homenajeamos. Les quiero conminar a que resistamos la llegada de esta derecha que trae solo autoritarismo e impunidad”.

¡Presente. Presente. Presente! Pasan los familiares a recibir los cartones blancos, con engalanadas letras negras, y los gritos de garra y heroísmo, muchas veces de furia, se confunden con ternura, con la más ingenua ternura. En el escenario, el hermano de Alvaro Barrios, Germán, despliega un lienzo exigiendo verdad y justicia tras dar la mano a las mujeres que se van sumando.

Se conocen casi todos, se han visto en centenas de marchas, en los onces más solitarios afuera del estadio nacional, onces húmedos y acosados por guanacos, en las caminatas de los viernes contra punta peuco y su burlesca persistencia. En los desiertos atrapando esperanzas. Una mujer muy mayor recibe el título de Sergio Reyes Navarrete, ingeniero comercial, y los aplausos no dan abasto para honrar su coraje sujetado en un bastón. ¡Pueblo, conciencia, fusil, Mir, Mir! ¡Jota, Jota, Ce, ce! El salón se ha convertido en una marcha, en un espacio político cruzando humanidad. Profesora de Música, asistente social y magister en dirección teatral. Tres títulos recibe una familiar de Jacqueline. Antes, otro joven idealista se graduó con dos títulos en las manos de los herederos de su pasión. Por momentos, ellos están aquí. Esta Lumi Videla, en la gallardía de su hijo, activista y tantas veces denunciante de lo que hicieron a su msdre, estudiante de sociología lanzada muerta a la embajada de Italia. Lumi, desde hoy oficialmente socióloga. Las barreras del tiempo y espacio se han borrado ya. Los sueños están intactos, el honor no se mancilla en el salón de honor. En casa espera un almuerzo de celebración, seguramente, y a Mario Peña Solari, a Carlos Salcedo Morales, a Lumi Videla, no se les echará de menos; por qué hoy los titulados, 45 años después, en este cartón firmado en 2018, están vivos y aquí. No se han extinguido. Cómo tantas veces han vencido con la fortaleza del legado, con las rebeldes armas de la alegría. Aquí, hoy, perdió la dictadura. O por lo menos ha comenzado a perder.

Fernando Lavoz 

Hoy, a Alejandro Arturo Parada González, le fue conferido el tÍtulo de Médico Veterinario, en ausencia, esto como una forma de reparar la imposibilidad de haber terminado sus estudios, el 30 julio de 1974 fue detenido y hecho desaparecer, cursaba el tercer año. El Cano tenía 22 años, estaba casado y su esposa Alejandra estaba embarazada. Amanda, su madre debe estar contenta, es un signo de memoria.
LA MEMORIA, LA MEMORIA, LA MEMORIA, que se venga también LA JUSTICIA, LA JUSTICIA. LA JUSTICIA.

Ese encuentro entre Alejandro y Ariel, fue su última actividad Partidaria.
Aquella madrugada fría del 30 de julio fue allanado con violencia nuestro hogar, mis últimos momentos con él aún permanecen grabados en mi mente. Mi guagüita se agitaba fuertemente en mi vientre, teníamos miedo, mucho miedo…
Suplicamos para que te dejaran vestir. Entraste al dormitorio, pálido, tembloroso, sangrando. Nuestras miradas se encontraron.
Como podría olvidar tus penetrantes ojos azules que expresaban los que tus labios no podían. Esos momentos se hicieron eternos , las metralletas apuntando, el temor a contradecirnos. Lograste vestirte. Camisa celeste, pantalón negro, zapatos café, dos chalecos y una chaqueta azul marino. Te sacaron a la calle, apenas pude corrí detrás de ti y logré verte, manos engrilladas, vista vendada subiendo a esa camioneta, Esa es mi última imagen que tengo de ti, han pasado 43 años sin saber que pasó contigo amado mío” . 
NECESITO VERDAD Y JUSTICIA PLENA.
Nunca te olvidaré.
(Angélica Muñoz Catejo, esposa de Alejandro).

Su hija Alejandra Parada Muñoz (Jana)

 

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“Rezábamos, para que mi papá se muriera”

“Rezábamos, para que mi papá se muriera”

“Rezábamos, para que mi papá se muriera” testimonio de Mariana Dopazo, ex hija del genocida Etchecolatz.


10 de enero de 2018

La Garganta Poderosa

El repudio a la prisión domiciliaria de Miguel Etchecolatz en Mar del Plata suma más voces. Compartimos el testimonio de Mariana Dopazo, ex hija del genocida, publicado en La Garganta Poderosa.

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Crear una vida propia, a las sombras de mi progenitor, uno de los genocidas más siniestros de nuestra historia, fue muy difícil. Siempre rodeados de armas, acompañados de custodia policial y metidos en una burbuja. Mi vieja hacía lo que podía, amenazada recurrentemente por él: “Si te vas, te pego un tiro a vos y a los chicos”. De hecho, mi recuerdo más crudo de la infancia da cuenta del sufrimiento permanente: cada vez que él volvía de la Jefatura de Policía de La Plata, nos encerrábamos a rezar en el armario con mi hermano Juan, para pedir que se muriera en el viaje.

Sí, eso sentíamos, todos los días de nuestras vidas.

Crecí entre situaciones traumáticas, en plena soledad, porque vivir con Etchecolatz significaba no tener paz, hacer lo que decía y acostumbrarse al miedo de abrir la boca, porque podría venirse la respuesta más terrible. Aun así, desde chiquita fui bastante rebelde, tanto que mi familia me apodó “estrellita roja”. Lo desobedecía, sí, tanto como era posible. Y a ese ritmo, se repetían sus golpes. Era cruel, castigaba muy fuerte y después se preocupaba: “Mirá lo que me hacés hacerte”, decía. Cuando oía sus pasos, sentía el perfume del terror. Y sí, haber convivido con un genocida me permitió conocer su esencia, su faz más verdadera.

Siempre fue narcisista, una persona sin bondad, impenetrable, que nunca dio lugar para que sus hijos pudieran preguntar. Nunca nos explicó nada. Hay asesinos que le han contado algo a su círculo íntimo, pero Etchecolatz no. Y es un contrapunto interesante: no habló con su familia ni frente a la Justicia, sosteniendo un doble silencio. O sea, corporizó lo más terrible en todo momento, sin importarle jamás el otro y convirtiéndose en el símbolo más cruento del aparato represivo.

Cuando el Juzgado de Familia autorizó a deshacerme del apellido teñido de sangre, en 2016, para suplantarlo por el de mi abuelo materno, creí que había terminado una etapa. Sin embargo, la intención de beneficiar a los genocidas con el 2×1 me angustió y me impulsó a marchar por primera vez. Sentí que la Justicia había dejado de ser justa en materia de crímenes de lesa humanidad y empezaba a desampararnos. Pero incluso podía ser peor… Días atrás, mientras visitaba a mi familia me enteré que ahora tendrá el privilegio de irse a su casa. “Es imposible que le den la domiciliaria”, me aseguraba mi mamá, para tranquilizarme. Hasta que nos llamaron para avisarnos. Todo se convirtió en silencio. No pude pensar, ni hablar más. Así estuve la noche entera, tratando de salir de la oscuridad.

Ante semejante noticia, no puedo imaginarme lo que sentirán quienes lo sufrieron y menos todavía quienes deberán convivir con él, en el mismo barrio marplatense. Sólo dos tipos de personas conocen verdaderamente a un sujeto como él: sus víctimas y sus hijos. Por eso, a mí que no me lo vengan a contar. Nadie puede venderme el discurso de la reconciliación, ni el cuento del viejito enfermo que merece irse a su casa. Quienes conocemos su mirada, sabemos de qué se trata. Hay centenares de genocidas con prisión domiciliaria, pero él nos hierve la sangre porque representa lo peor de esa época, tras haber sido la cabeza de 21 centros clandestinos y no haberse arrepentido ni un centímetro de sus acciones, fiel e incondicional a las mentes que planificaron ideológicamente la masacre.

Justo y reparador sería que Miguel Osvaldo Etchecolatz estuviera para siempre en una cárcel común, hasta el final de sus días. Pues las marcas en el cuerpo, las marcas en la memoria, las marcas del espanto, las marcas del no saber, no se borran nunca, pero nunca más… Como sociedad, debemos luchar para que vuelvan atrás con esta decisión inadmisible y, aún en el sufrimiento, celebro que sigamos saliendo a la calle, aunque nos lo quieran prohibir. A mis 47 años, jamás creí que sufriríamos tal retroceso en Derechos Humanos, pero la fortaleza popular es enorme y debe seguir creciendo hasta meter a cada una de las bestias tras las rejas.

No se tranza con el dolor, ni se silencia el horror.
No pudieron vernos retroceder. Y tampoco van a poder.

Ver Vecinos protestan frente a casa del genocida

 

Jaime Castillo Petruzzi, el retorno de un sobreviviente

Se ha dicho de él que es un terrorista, un combatiente, un asesino. Uno de tres líderes del MRTA. Un guerrillero. Un héroe. Se han dicho muchas cosas, pero hasta ahora Castillo Petruzzi no había tenido la oportunidad de contar su versión

Crónica|
Jaime Castillo Petruzzi,
el retorno de un sobreviviente

Yasna Mussa |Martes 15 de noviembre 2016 12:09 hrs.

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El acusado de traición a la patria en Perú cuenta su retorno después de 23 años de prisión. Amor, odio, pasión y lucha, el relato de una prisión.

 Claves: 

Hace justo un mes, a la media noche del 15 de octubre, Jaime Castillo Petruzzi pasó el control internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez. Decenas de personas lo esperaban entre aplausos y  banderas después de una controvertida expulsión del Perú.

Se ha dicho de él que es un terrorista, un combatiente, un asesino, uno de los tres líderes del MRTA. Un guerrillero. Un héroe. Se han dicho muchas cosas, pero hasta ahora Castillo Petruzzi no había tenido la oportunidad de contar su versión. Este es el resultado de tres encuentros en los primeros 30 días de libertad del último chileno del Movimiento Revolucionario Tupac Amaru (MRTA) preso en una cárcel peruana.

Cuando faltaban 116 días para su liberación, el chileno Jaime Castillo Petruzzi, ex militante del Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR) y sindicado como parte de la cúpula del MRTA de Perú, comenzó a anotar en una agenda roja la cuenta regresiva. Era la primera vez que ponía atención a cuánto faltaba para salir tras las rejas.  Lo hizo sin pensarlo. Abrió la libreta un día lunes y contó en el calendario cuánto faltaba para el 14 de octubre de 2016, fecha en que terminaba su sentencia.

Hace exactos 23 años, el 14 de octubre de 1993, Castillo Petruzzi apareció en la prensa y televisión peruana al ser capturado tras un intenso enfrentamiento con las fuerzas del régimen fujimorista. Lo que parecían escenas de una película era más bien la operación policial que puso fin al secuestro del empresario Raúl Hirakoa Torres  y a la que le sucederían una decena de hechos irregulares que terminaron con 6 chilenos pertenecientes al MRTA condenados a cadena perpetua por traición a una patria que no era la suya. Aunque la condena parecía absurda, las reglas del juego tenían la arbitrariedad que definen a las dictaduras.

Ese año comenzó un camino de más de dos décadas privado de libertad. En él temió por su vida más que ninguna otra vez, recorrió 5 cárceles peruanas, conoció el amor, rompió un corazón, se distanció de uno de sus hijos y tuvo otros dos. Vivió de manera intensa, como si los barrotes no fueran un límite ni el tiempo una resolución.

Ahora camina por las calles de su Santiago natal mirando asombrado los autos de último modelo, los nuevos edificios, los viajeros del metro pegados a sus teléfonos inteligentes, las librerías cargadas de publicaciones que tiene pendiente leer. Está de regreso, poniéndose al día con su familia, con manifestaciones de movimientos sociales que demandan No Más AFP o Ni Una Menos, con amigos entrañables con los que nunca perdió el contacto. con sobrinos que sólo conocía por fotos, con la actualidad social del país y  una crisis de legitimidad política que protagonizan muchos de los que antes fueron sus compañeros de militancia.

Primer encuentro: Alan nunca fue mi amigo

Jaime Castillo Petruzzi es alto y fornido, aunque su presencia imponente contrasta con una amplia sonrisa. De esa fisonomía proviene el sobrenombre “torito”, con que sus compañeros del MIR lo llamaban cariñosamente cuando apenas tenía 16 años y no dudaba en aplicar las técnicas de kárate que aprendió desde pequeño, cuando la ocasión así lo ameritaba.

Este viernes de primavera, Castillo Petruzzi elige el menú del almuerzo con el entusiasmo de quien había olvidado lo que era elegir una ensalada, un café y mirar por la ventana a los transeúntes. Cada 10 minutos toma una pausa para acariciar a su segunda hija, de 32 años, quien lo acompaña a la entrevista y lo observa sin creer lo que ve.

-“Tuve que salir de Chile el año 1974 porque a dos vecinos y compañeros de militancia los fueron a detener una noche. Ambos son ahora detenidos desaparecidos”, dice para explicar por qué tuvo que salir del país a los 17 años con permiso notarial rumbo a París, Francia.

Allí se instalaría, estudiaría en la Université Vincennes y conocería a personas clave en su vida, como a Víctor Polay, futuro máximo líder del MRTA, y  Alan García, quien después se convertiría en presidente del Perú, pero que por ese entonces compartía departamento con Polay y por esta relación más tarde se crearía el mito de una amistad que nunca existió.

“Se dijeron muchas cosas, como que éramos amigos, pero Alan García siempre fue un déspota que me decía con desprecio: Hola, chilenito”, dice esta tarde, aclarando el falso vínculo.

En  esos  años en París mantuvo la militancia rodeado de otros latinoamericanos provenientes de Brasil, Uruguay, Paraguay, Argentina, Bolivia y, por supuesto, Perú.

Como muchos otros de sus compañeros de partido, se preparó desde el exilio para volver a Chile en la llamada “Operación Retorno”.

En 1980 ingresó clandestino al país, luego de tres años de recibir instrucción militar en otros países y comenzó de inmediato el trabajo asignado por la orgánica partidista. La situación  era  muy  diferente a lo que recordaba: La ciudad silenciosa, los vecinos desconfiados. Superficialmente parecía que no se hablaba de política y el MIR, su organización, ya contaba con muchos desaparecidos y asesinados, entre ellos, el histórico líder Miguel Enríquez.

”Cuando leí la noticia en la cárcel, sobre algunos ex presos políticos de mi organización  y  de  organizaciones hermanas involucrados en estos escándalos de corrupción, de boletas falsas, me preguntaban: cómo es posible. ¡Incluso el hijo de Miguel! No hay palabras para explicar. Lo único que puedo decir, es que es muy triste”, diría después, al repasar los últimos acontecimientos políticos que involucran a ex militantes de izquierdas que fueron parte de la resistencia a la dictadura de Augusto Pinochet.

Con un nombre de chapa y sin que su familia supiera de su regreso, Castillo Petruzzi permaneció en Chile hasta mediados de 1982, cuando un periódico exhibió su fotografía con una leyenda que anunciaba su muerte.

“Tuve que llamar a mi casa y decir que no era yo el que estaba en la foto. Y mi papá me decía: ¡Hijo ¿estás en Mozambique?!. No papá, estoy acá, le dije. ¿Y las cartas que llegan de Mozambique? Ya te explicaré, pero he estado todos estos años acá”, decía por teléfono a su padre que escuchaba atónito.

Con el plan guerrillero desmantelado y las identidades reveladas, Jaime Castillo se asiló en la embajada  de  Francia.  Esta vez, realizaba el viaje junto a Beatriz, compañera de vida y militancia, quien tenía 4 meses y medio de embarazo.

Se instaló  por segunda vez en París, aunque el panorama era muy distinto a su primera estadía: Ahora hablaba francés, estaba próximo a ser padre y debía dedicar su tiempo y esfuerzo en juntar los recursos para esperar a la primogénita. La estadía duró poco. Al año siguiente partieron destinados a Nicaragua.

-“Ahí teníamos compañeros que colaboraban en la revolución, combatientes que habían estado en la lucha revolucionaria antes, durante y después del triunfo”, recuerda emocionado aquellos años en que el Frente Sandinista de Liberación Nacional le había doblado la mano a la dictadura de Anastasio Somoza.  Hoy ve con desilusión el rumbo que ha tomado el gobierno de Daniel Ortega, recientemente reelegido presidente en unas elecciones sin competencia.

En ese país nacería la segunda hija de la pareja en 1987. Luego, Beatriz decide volver con las niñas a Chile. Jaime se uniría un año después. Mientras, trabajaba con compañeros peruanos con la intención de unificar las luchas. Pero una vez más el plan falló y entre los detenidos cae el líder del MRTA, Víctor Polay Campos, junto a otros dirigentes del movimiento de izquierda. Castillo Petruzzi es convocado a trabajar en la elaboración del plan de rescate que incluía la construcción de un túnel de 300 metros de largo. Entonces, el “torito” arma maletas, se despide de sus hijas y pone fin a la relación amorosa que lo unía con Beatriz. Se incorpora en Lima al trabajo partidario. Para ese entonces, Castillo Petruzzi respondía más al MRTA que al MIR.

Segundo encuentro: 5 minutos al día

La segunda cita transcurre la tarde de un lunes. Jaime está a cargo del negocio donde ha comenzado a trabajar hace apenas una semana y frente a él todo parece novedad. Aunque intentó llevar una vida normal como interno, la cárcel siempre será un paréntesis cuando se trata de tecnología y avances médicos. En este mes de libertad recién aprende a manipular cheques y computadores.

Hoy tiene cita con la oftalmóloga, pues necesita saber en qué estado se encuentra su visión. En la cárcel, hasta lo más básico tiene un impuesto al encierro.  Los lentes ópticos no son la excepción. Por eso, hoy caminamos puntuales hacia la óptica donde más tarde descubrirá que es miope. El ex guerrillero internacionalista tiene una anomalía en los ojos que no le permite ver de forma clara, sino más bien borroso, los objetos lejanos.

“Lo contrario pasa en la política. Con los años vemos más claro los errores”, bromea al salir de la consulta. Y agrega en tono serio: “Objetivamente, nosotros cometimos errores y esos fueron los aciertos del enemigo”.

Uno de esos aciertos del enemigo fue cuando la policía peruana dio con la casa de seguridad donde pasó un mes, luego de detectar que lo estaban siguiendo. Ese mismo día, Castillo Petruzzi pensaba abandonar el Perú.

Aunque los medios lo acusaron de escudarse, con metralleta en mano, detrás de una anciana, Castillo Petruzzi desmiente esta versión. Dice que la policía los acorraló, pero que ellos jamás faltaron a su ética. No traficaban, ni colaboraron con el narcotráfico ni tuvieron blancos civiles. Asegura que vestían uniformes militares en el campo para ser identificados y no ser confundidos con los campesinos. Acepta, que hubo un número menor de víctimas que no pudieron evitar.

-”Nosotros  como  organización  hemos  pedido disculpas a los deudos de esas familias. A diferencia del terrorismo de Estado, que sí afectó directamente a la población civil con sus bombardeos masivos, con sus torturas sistemáticas, con las desapariciones absolutamente masivas”, dice Castillo Petruzzi.

Eran los primeros años gobernados por Alberto Fujimori, ex presidente del Perú que durante una década cometió ilícitos que iban desde lo financiero, con escándalos de corrupción, hasta el terror; con violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad que hoy lo tienen cumpliendo una condena de 25 años.

Pero ese 14 de octubre de 1993, Jaime Castillo pagó el precio de una seguidilla de errores que terminaron con su detención. A eso le continuó un juicio de apenas tres horas frente a un tribunal militar sin rostro. Allí comenzaron varias irregularidades, en donde la arbitrariedad era el denominador común. Los propios abogados no tuvieron acceso a los expedientes.

Hacinados, en las peores condiciones, los prisioneros permanecían aislados, en celdas mínimas sin baño ni luz. Apenas contaban con 5 minutos para salir agachados, en cuclillas y custodiados por dos policías con fusil en mano apuntando sus cabezas. En eso 5 minutos, una vez al día, los prisioneros debían elegir entre ir al baño, cepillar sus dientes o tomar una ducha.

Fue la primera vez que Castillo Petruzzi enfrentaba esas condiciones carcelarias y durante esos tres meses, en los que estuvo detenido en la base aérea Las Palmas de la Fuerza Aérea del Perú (FAP), su cuerpo se acostumbró a permanecer doblado en un espacio que compartía con otros 10 compañeros del MRTA, entre los cuales habían 5 chilenos y 6 peruanos.

Entre la oscuridad y la tortura psicológica, hubo algunos arrepentidos que pedían una segunda oportunidad en medio de sollozos nocturnos. Él, en cambio, permanecía firme, y para no ceder a la locura o al miedo, cantaba Venceremos o el Himno de los trabajadores a viva voz, recitaba poesía o invitaba a sus compañeros a reflexionar sobre distintos momentos de su lucha.

Jaime Castillo está consciente de que su pasaporte chileno alejó la posibilidad de ser torturado físicamente. Aunque sí hubo condiciones que dañaron su estado físico y psicológico.

-”Ahí comprobamos que el hombre es un animal de costumbre. El cuerpo se acostumbró, entonces cuando salias en posición de rana, hacías tus necesidades en un minuto, y después te bañabas y volvías”, reconoce Castillo.

Luego de tres meses detenido entre la Dirección Nacional contra el Terrorismo (Dircote) y la FAP, de decenas de interrogatorios y presión psicológica, fue  trasladado a un penal civil. La condena fue una decisión política del Estado: cadena perpetua para todos por traición a la patria.

“Chileno, te voy a matar”, amenazaban a Jaime Castillo, quien luego de 23 años recluido en prisiones peruanas tiene un inconfundible acento peruano. Tres de sus hijos comparten esa nacionalidad y varias palabras recurrentes en su vocabulario reflejan la fusión cultural después de años de convivencia.

Castillo  compara  las  irregularidades  con  que fue juzgado con lo que sucede con la Ley Antiterrorista chilena, donde existen testigos protegidos. “Es lo mismo, no ha cambiado nada en todos  estos  años.  En  el  Perú  hasta  el  dia  de  hoy,    así  como  en  Chile,  tenemos  las constituciones dictatoriales. Eso es inconcebible, hermana”, señala incrédulo. Y agrega: “En Chile tenemos 26 años de democracia y seguimos con la misma constitución. En Perú tenemos desde el año 2000, y todo el que levante asamblea constituyente o nueva constitución ha sido estigmatizado”, dice con la certeza de quien sabe de estigmas.

Al MRTA se le acusó de todo. Sus años de acción coincidieron con los de la organización Sendero Luminoso (PCP-SL, en su sigla oficial), con la que siempre han mantenido distancia y han marcado sus profundas diferencias en cuanto a estrategia y procedimientos. Pero los medios de comunicación, en medio de la vorágine de enfrentamientos entre uno y otro bando, señaló al MRTA como responsable del asesinato a civiles y de sembrar el terror entre la población. También fueron acusados de homofóbicos y de perpetrar crímenes u ataques a homosexuales.

”Nunca fue política de la organización el asesinar a gente por su orientación sexual. Nunca lo fue ni en los documentos ni en la actitud de los dirigentes. Ha sido una metida de pata de mandos locales, enceguecidos, y esto lo han utilizado para decir que el MRTA es homofóbico”, aclara ante la pregunta y asegura que dentro del MRTA hubo varios compañeros y compañeras homosexuales  a  quienes jamás se les juzgó por esa razón y sólo se les evaluó por su desempeño y compromiso político.

En este segundo encuentro, Jaime Castillo, se acerca a la grabadora y aprovecha de despejar otro  aspecto que, según su versión, no es más que un mito: “Yo nunca fui uno de los tres líderes.   Fui un cuadro medio. Tenía responsabilidades, pero no era ninguno de los tres primeros”, dice para luego señalar a Víctor Polay Campos, Miguel Rincón Rincón y Néstor Cerpa Cartolini como los tres primeros en orden jerárquico del MRTA:

De su paso por la cárcel de Lima, penal Miguel Castro Castro, recuerda las condiciones en que encontraron el recinto con apenas 600 personas de su capacidad para 1200 presos.  Fue poco después del ataque por tierra y aire que terminó con la vida de más de 200 prisioneros políticos de Sendero Luminoso y del MRTA, en una matanza en la que se responsabiliza a Fujimori.

En esas condiciones de reapertura, recién comenzaba una batalla judicial que tuvo varios reveses durante los 23 años de reclusión.  Aunque sabían que la cadena perpetua no se concretaría,  los emerretistas   confiaban   sobre   todo   en  que  sus  compañeros  no  los abandonarían y más temprano que tarde iban a planificar un rescate.

Jaime Castillo, el hombre macizo y de sonrisa recurrente, se emociona al recordar el bullado episodio de la toma de la residencia del embajador japonés en Lima, el 17 de diciembre de 1996. Ese día, miembros del MRTA tomaron como rehenes a diplomáticos, militares y funcionarios de alto rango del gobierno de Fujimori. Luego de 125 días, la toma terminó con un rescate protagonizado por las Fuerzas Armadas de Perú en la que murieron todos los militantes del MRTA.

Derrotada la vía del rescate, la estrategia de liberación se enfocó en el derecho internacional. Con  la ayuda de un grupo de abogados, entre ellos los chilenos Verónica Reyna, de la Fundación de Ayuda Social de las Iglesias Cristianas  (Fasic), y Nelson Caucoto, Corporación de Promoción y Defensa  de los Derechos del Pueblo (Codepu), presentaron el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, una vez que se agotaron todas las instancias nacionales. En mayo de 1999, el caso pasó a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), donde se atestigua que no había ningún tipo de voluntad política ni jurídica de parte del Estado peruano.

Pidieron su libertad inmedia por todos los vicios procesales,  por la tipificación del delito y,  sobre  todo,, por considerarlos  traidores a la patria,  una cosa ilógica, considerando su nacionalidad chilena. Todo esto sin una defensa  adecuada, sin un proceso legal bajo los estándares internacionales y sometidos a fuertes presiones psicológicas, incluídos los abogados, quienes recibieron presión política y acoso.

El 2003 comenzaron los nuevos juicios, en un momento en que el país vivía una transición política post era fujimorista y tras un breve gobierno de Valentín Paniagua. Con Alejandro Toledo en la presidencia, se realizó un nuevo juicio que duró 4 meses. A uno de los compañeros lo condenaron a 15 años, a otro a 18, a uno a 20 y a Jaime Castillo Petruzzi, a 23 años. Gracias a un movimiento político importante, apoyado por organizaciones de izquierdas y progresistas, el Partido Comunista logra recolectar medio millón de firmas, gracias a una iniciativa ciudadana, con las que el Congreso aprueba beneficios penitenciarios para todos los presos políticos del Perú. Esa nueva condición, le otorga a Castillo Petruzzi la posibilidad de salir en libertad a los 17 años de pena, es decir, en 2010.

Todos los chilenos consiguieron la salida en menos años gracias a los beneficios, salvo Castillo Petruzzi. Ahí aparecería nuevamente en la historia Alan García Pérez, quien bajo su segundo mandato como presidente cortó todos los beneficios, el 14 de octubre de 2009. Con un decreto de ley, el mismo que según los medios era amigo de Castillo Petruzzi, postergó su posibilidad de recuperar la libertad.  No importó su buena conducta, las horas de estudios universitarios certificados dentro del penal, ni las horas de trabajo. Los días en la cárcel continuaron con la esperanza puesta en el 2016.

El arte y el amor

Aunque Jaime Castillo Petruzzi asegura que donde más temió por su vida fue en la cárcel, en su encierro también supo de amor y pasión. Allí conoció a su actual pareja, Maite, quien por esos días visitaba a su padre, Walter Palacios, periodista y también preso político. De esos encuentros nació una pasión incontrolable que los convenció de terminar con sus respectivas relaciones y enfrentar el futuro juntos.

Maite Palacios dejaba su vida en Italia, mientras intercambiaba mensajes de texto con su nuevo enamorado. Jaime Castillo, al otro lado del océano y tras las rejas, transcribió en una libreta cada una de las respuestas de Maite. Mientras el tiempo transcurría entre mensajes telefónicos y días de visita conyugal, nacieron sus dos hijos, Paula y Rocco, de 11 y 6 años respectivamente.

Esta tarde, en el café, Jaime Castillo Petruzzi, cambia el tono alegre y optimista con que se expresa. Su voz se quiebra al recordar el nacimiento de sus hijos, los que sólo pudo seguir por teléfono desde la cárcel, alentando a su compañera y escuchando el primer llanto de los más pequeños de sus 5 hijos. Dice que desde los 15 días de nacidos Maite los llevaba al penal para comenzar una rutina que jamás cesó. Dice, también, que los niños siempre han sabido por qué su padre estaba preso, a qué grupo pertenecía y por qué vivían esa situación.

Tercer encuentro: La lucha sigue

La  última  cita  se  produce  un  poco  más  alejada  del  centro de Santiago, en una de las dependencias de su nuevo trabajo. Jaime prepara café de grano, dispone dátiles y pistachos para desayunar. El ritual, es parte de los pequeños placeres que adquirió cuando se instaló solo y menor de edad en París, sin hablar ni una palabra de francés. Allí aprendió la lengua de Molière de la mano de argelinos, marroquíes y palestinos, con un marcado acento árabe,

Jaime  Castillo comenzó  a  dominar  un  idioma  que  años  más  tarde  se transformaría en su gran distracción, pues se dedicó por mucho tiempo a impartir talleres de francés a sus compañeros internos y funcionarios de la policía. También domina el italiano y dice orgulloso algunas frases en árabe que, pese a los años, jamás olvidó.

En la cárcel el tiempo es lo único que sobra. Con la disciplina de la militancia aprovechó las horas, los días y los años en aprender a trabajar la cerámica, creando obras que después serían las protagonistas de exposiciones en España, Francia, Italia y Chile. Una entrada de dinero que no venía mal.

Aprendió también a tejer en macramé. Una cura para el estrés que conlleva la espera. Un recuerdo que hoy luce en su muñeca derecha en una pulsera que combina hilos en rojo y negro, los colores oficiales del MIR y del MRTA.

Además, realizó talleres de kárate y mantuvo constantes encuentros con políticos, periodistas, miembros de la Cruz Roja y una larga fila de visitantes. En esas circunstancias fue que conoció a Víctor Hugo de la Fuente, director del periódico francés Le Monde Diplomatique-Chile, quien en un viaje a Lima se animó a visitarlo en la cárcel. Durante años de la Fuente le envió correspondencia y material literario, pero sólo en ese viaje comenzó una amistad que se afianzó en el tiempo. Por eso, cuando supo que se había confirmado la fecha de su liberación, no dudó en comprar un pasaje a Lima y acompañar a su amigo Jaime en el esperado retorno a su país.

-“Me parecía necesario que no viajara solo. Emocionalmente, creo que era mejor que estuviera acompañado y fue asi como nos encontramos minutos antes de abordar el avión”, relata un mes después Víctor Hugo de la Fuente.

El director de Le Monde Diplomatique fue testigo privilegiado de las últimas horas de Castillo Petruzzi en Perú, justo antes de su expulsión de por vida del vecino país. En el avión, la entusiasta conversación hizo que el viaje se hiciera corto y que pese a la importancia del acontecimiento, Castillo Petruzzi se mostró  “fuerte, entero, alegre y, por supuesto, emocionado”.

Aunque fue retenido por la Policía de Investigaciones apenas pisó el salón internacional del aeropuerto Arturo Merino Benítez, el interrogatorio que parece ser parte de la rutina habitual tras una deportación, fue en un tono amable y respetuoso.

Cuando  se  abrieron  las  puertas  automáticas  de  la salida de pasajeros de vuelos internacionales,  se  escuchó  una  ovación. Decenas de personas lo esperaban con cantos, banderas, guitarras y aplausos.

Quien había sido expulsado como terrorista por las autoridades peruanas, era recibido como héroe por sus compañeros de vida y de lucha. Eran las dos caras de una misma moneda que, en ambos casos, confirmaban una manifestación política  que no dejaba lugar a interpretaciones.

-“Hice lo que tenía que hacer,  que era acompañarlo. Ya  lo había ido a ver muchas veces desde hace como 15 años”, recuerda emocionado de la Fuente, quien dice que el resto no necesita descripción pues las imágenes hablan por sí solas.

-“Realmente emocionado a decir basta. Imposible describir este momento con palabras”, decía esa noche Castillo Petruzzi.

Un mes después Jaime Castillo describe con palabras lo que fue ese día, pero se quiebra al recordarlo.

-“Ha  sido  un  periodo  de  nuestra  vidas,   de todos, de prueba, de poner adelante nuestras convicciones. Nos consideramos sobrevivientes a la dictadura, al militarismo. Hemos mantenido la dignidad de los presos políticos revolucionarios del continente, de Chile, del Perú. Venimos con la más amplia voluntad de juntarnos a la construcción del mundo  nuevo,  para  seguir  empujando el carrito de la Historia, con humildad, con mucha humildad.   Ser uno más”, decía Castillo ante los medios que se congregaron ese 15 de octubre en el aeropuerto.

Hoy, como uno más, analiza el acontecer político y social mientras sorbe su café. Confiesa que no deja de sorprenderse cómo los medios de comunicación han manipulado tanto la información. Destaca la figura de Nelson Mandela, de quien dice admirar la convicción de sus actos, los sacrificios personales que tuvo que asumir y cómo la Historia terminó reconociendo su recorrido, cuya lucha armada fue tachada de terrorista, para ser merecedor finalmente del Premio Nobel de la Paz.

Es difícil no hacer la comparación con quien fuera considerado el preso político más famoso del mundo, luego de 27 años de prisión. Por eso, lo instala junto al Che, a Trotsky, Lenin, Ho Chi Minh y Fidel Castro, dentro de los revolucionarios que más admira.

Ha sido un mes de actividades intensas. Antes de eso, los últimos 15 días de sus 23 años en prisión fueron frenéticos. Aprovechó de participar en todas las actividades y homenajes en su honor. Hizo correr un cuadernos donde sus compañeros estamparon mensajes con buenos deseos, números y direcciones para no perder el contacto. En él se leen dedicatorias en francés e italiano de quienes por años fueron sus alumnos.

-¿Valió la pena?, le pregunto.

-”Por supuesto. Estoy vivo. Soy sobreviviente. Y tenemos mucho por hacer todavía. La lucha sigue compañera”, me responde con su sonrisa plena, mientras sigue repasando los mensajes que escribieron sus compañeros.

En la página del “día cero”, apuntado en su agenda roja donde llevaba la cuenta regresiva , aparece  escrito  en  mayúsculas  la  palabra  Nascere,  que  en italiano significa nacer. Está anotada justo debajo de donde se lee “14 de octubre”. Ese día, a los 60 años, Jaime Castillo Petruzzi dice que volvió a nacer.

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Otrxs Hijxs. Los que no pueden acusar.

Otrxs Hijxs. Los que no pueden acusar.

¿Quienes somos?

QUIENES INTEGRAMOS HISTORIAS DESOBEDIENTES 

Siempre fuimos historias desobedientes y solitarias, pero hoy elegimos encontrarnos. Nos movilizaron muchas cosas, como el 2×1, como la voz de Mariana, la hija de Miguel Etchecolatz. Nos unimos por el dolor, pero cuando nos encontramos nos dimos cuenta de que compartíamos muchas cosas, muchos sentimientos e ideales, que nos podían ayudar a sanar.

Nos juntamos para repensarnos y posicionarnos, porque no nos sentíamos representados por las voces de los familiares de represores que se venían pronunciando hasta el momento. Porque sentimos la necesidad de alzar nuestra voz en este momento del país, con un gobierno que insiste en negar el genocidio y los 30 mil desaparecidos.Alzamos nuestra voz para romper el mandato de silencio y sumarnos a una lucha por la Verdad, de la que muchos de nosotros ya veníamos participando desde hace tiempo. Una voz que se multiplica desde abajo en oposición al discurso sin escrúpulos de los medios de comunicación que fueron cómplices de la dictadura y del terror.

Porque desde siempre, en la intimidad o en colectivo, acompañamos con el corazón la lucha de las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, y nos alegramos con cada nieto y cada nieta restituidos que recuperaban su identidad arrebatada.

Porque la recomposición de la sociedad no puede surgir nunca de la llamada “pacificación” o “conciliación”, sino de la Justicia y la Verdad. Porque aquel mandato de silencio y complicidad que se enquistó al interior de nuestras familias, solo pudo sobrevivir a costa de la impunidad, con leyes de indulto y obediencia debida. Colaborando con la memoria colectiva.

Hoy somos un colectivo de historias y voces desobedientes. Somos hijas e hijos de genocidas, pero no somos solamente eso, también somos artistas, docentes, profesionales, y muchas otras cosas más. Recibimos el apoyo y el mensaje de otras y otros que sienten la misma necesidad de contar su historia y tal vez así aportar un granito de arena para suturar las heridas profundas que generó el terror de Estado en nuestra sociedad. A ellas y ellos les agradecemos profundamente y les pedimos paciencia, porque esto recién empieza, y porque preferimos avanzar de a poco, reflexionando sobre nuestro lugar en la sociedad y en la historia, pero sobre todo, siendo respetuosos de cada una de las historias que vamos conociendo. En este camino, vamos buscando el marco adecuado para canalizar todas las necesidades que surgen.

Porque solo así, con mucho amor y respeto de las voces y las historias, podremos dar el paso del silencio a la acción y del dolor a la esperanza.

2017-11-01

COMUNICADO DE PRENSA

Para que las hijas, hijos y familiares de genocidas podamos denunciarlos penalmente y declarar en los juicios, presentamos este proyecto de ley. 
Desde Historias Desobedientes, Hijas, Hijos y familiares de genocidas, por memoria verdad y justicia, presentaremos el martes 7 de noviembre a las 14 horas, por mesa de entrada del congreso, Rivadavia 1864, el
PROYECTO DE REFORMA AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO I – CAPÍTULO I, Y AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO III – CAPÍTULO IV DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN
La redacción actual de los artículos es la siguiente:
178: Nadie podrá denunciar a su cónyuge, ascendiente, descendiente o hermano, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del denunciante o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el denunciado.
Art. 242: No podrán testificar en contra del imputado, bajo pena de nulidad, su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos, a menos que el delito aparezca ejecutado en perjuicio del testigo o de un pariente suyo de grado igual o más próximo que el que lo liga con el imputado.
El proyecto de reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando de esta manera a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa.
La necesidad de esta reforma se plantea al momento que una hija, hijo o familiar de genocida, tomamos conciencia de la información que tenemos y que puede aportar al esclarecimiento de una causa, teniendo muy en cuenta la obligación ética que sentimos, por tratarse de crímenes de lesa humanidad.
La urgencia de esta presentación se justifica en los límites de tiempo para esclarecer estas causas, que si bien no prescriben, los protagonistas de los hechos están en edades muy avanzadas, y es necesario que sean esclarecidos, para lograr justicia.
Desde el colectivo Historias Desobedientes, nos vemos interpelados por esta realidad, por lo tanto hacemos la presentación de este proyecto de ley de modificación de los artículos citados.
Pedimos a la prensa que nos acompañe en esta instancia para que se difunda el pedido y que la sociedad tome conocimiento de nuestro padecer frente a la imposibilidad de hablar y nos pueda acompañar en este justo y necesario pedido.
Lo que no se puede decir tampoco se puede callar.

PROYECTO DE REFORMA AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO I – CAPÍTULO I, Y AL LIBRO SEGUNDO – TÍTULO III – CAPÍTULO IV DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL DE LA NACIÓN

QUEBRÓ EL PACTO DE SILENCIO

Hijo de genocida denunció la participación de su padre en vuelos de la muerte

Julio Verna fue médico de Campo de Mayo durante la dictadura y aplicaba sedantes a detenidos que iban a ser arrojados al mar. “Las personas quedaban despiertas pero paralizadas por la anestesia”, relató Pablo, su hijo y denunciante.

08|11|17

 

Pablo Verna pide testificar junto a otros hijos de padres represores o cómplices de la dictadura militar.
Pablo Verna pide testificar junto a otros hijos de padres represores o cómplices de la dictadura militar.Foto:El País

Pablo Verna, es el hijo mayor de Julio Alejandro Verna, médico con grado de Capitán Retirado del Ejército Argentino. Durante la dictadura militar, Verna trabajó como médico anestesista y traumatólogo en el hospital que funcionaba dentro del centro clandestino de detención y exterminio de Campo de Mayo.

Verna hijo se animó a través de un informe en Telefé Noticias, a describir las aberrantes funciones que realizó su padre, ya que el sistema penal no le permite denunciarlo si no se trata de un delito cometido contra él mismo u otro familiar. “Mi mamá hablaba con otros familiares de lo que hacía mi viejo, no conmigo. Un día, después de tantas contradicciones que fui recopilando, lo interpelé y lo descubrí”, relató.

En el informe Pablo denunció que su padre era el encargado de aplicar sedantes a los detenidos que iban a ser arrojados al mar en los vuelos de la muerte, e incluso subía a los aviones por si despertaban antes de tiempo, para reforzar la dosis: “Las personas quedaban despiertas pero paralizadas por anestesias”, describió visiblemente conmovido. 

Asimismo, aseguró que su padre participaba de allanamientos y secuestros por si resultaba herido alguno de los integrantes del grupo, y también cumplía tareas atendiendo a los prisioneros en el centro de detención, para que pudieran soportar nuevas sesiones de tortura.

Pablo recordó, además, que dentro de su casa su padre se jactaba sobre su accionar en los escuadrones de Campo de Mayo, el Centro Clandestino que secuestró y mató a casi 5 mil personas y no dejó sobrevivientes, lo que complica a la justicia para condenar a los responsables de los delitos de lesa humanidad.  

Denuncia. Cuando comenzaron los juicios de lesa humanidad, Pablo interpeló a su padre y obtuvo un registro de audio con la confesión de los hechos. El 23 de diciembre del 2013 Pablo se presentó en la Secretaría de Derechos Humanos y lo denunció. La Secretaría presentó la denuncia al juzgado que lleva la causa de Campo de Mayo – “vuelos de la muerte”, TOF 1 DE SAN MARTÍN. La Jueza Alicia Vence aún no avanzó con la causa.

“La duda tan tremenda que tenía ya era una certeza y confirmaba lo que mi mamá me había dicho. Fue un alivio. Y ahí empezó el sufrimiento, el duelo, el dolor de que haya participado de estos crímenes”, relató Verna hijo.

Julio Verna transita sus días en un departamento de la calle Simbron al 3000, en Villa del Parque. Entra y sale de su vivienda como si nada hubiera sucedido. Al ser consultado para el informe de Telefe Noticias, se negó a dar declaraciones y dijo que “hablen con el juzgado”. Pablo, desde entonces dejó de ver a su padre. “Hacé una investigación, yo no voy a dar ningún nombre ni datos”, le advirtió.

Este año el joven, abogado de 44 años, se unió al grupo “Historias desobedientes” que integran hijos de represores que repudian los actos de sus padres. La iniciativa surgió por la exposición pública de Mariana Dopaso, la hija de Etchecolátz.

“Es una forma de aportar nuestro grano de arena a la lucha por Memoria, Verdad y Justicia que los organismos de derechos humanos libran desde hace años. Venimos de distintas historias, y tras asumirlas queremos dar testimonio en los Tribunales”, sostuvo.

Con el apoyo de esa agrupación Pablo escribió un proyecto de ley donde propone modificar el código penal donde los hijos de las personas sospechadas de Delitos de Lesa Humanidad puedan declarar/denunciar a sus padres. “La otra alternativa era quedarme en silencio, es una complicidad mucho más que jurídica, lo hice por mí y por la humanidad”, concluyó.

Temas:

Hijos de represores argentinos piden testificar contra sus padres

Familiares de acusados por crímenes de lesa humanidad quieren cambiar la ley que les impide declarar contra sus progenitores

Pablo Verna muestra el proyecto de ley presentado en el Congreso. EFE

Meses atrás, hijos de represores argentinos se rebelaron contra sus padres y se unieron para exigir que no salgan de la cárcel. Ahora piden al Congreso cambiar la legislación que les impide declarar contra ellos en juicios por crímenes de lesa humanidad. Los familiares agrupados en el colectivo “Historias desobedientes” denuncian que una vez decididos a romper el pacto de silencio familiar ahora son las leyes argentinas las que les impiden testificar sobre las atrocidades cometidas durante la última dictadura (1976-1983).

“Historias desobedientes”: La lucha de hijos e hijas de genocidas argentinos para declarar contra sus padres

Un grupo de hijos e hijas de agentes represivos de la dictadura argentina comenzaron a organizarse para romper con los pactos de silencio. La ley no les permite denunciar o declarar contra un familiar directo, a menos que se trate de la víctima directa del delito.

Por  / 08.11.2017 

Primero se rebelaron contra sus padres, miembros activos de la represión y desaparición de cientos de personas en la dictadura argentina. Se organizaron para evitar que salgan en libertad y hoy piden al Congreso que les permita declarar contra ellos en crímenes de lesa humanidad. Los familiares del colectivo “Historias desobedientes” están decididos a romper con los pactos de silencio y las leyes argentinas que impiden hacer justicia.

Uno de ellos es Pablo Verna, quien está dispuesto a declarar contra el ex capitán Julio Alejandro Verna, su padre y médico militar: “Le pregunté muchas veces y él siempre me negó su participación”, contó a El País. Luego, en 2013, él lo admitió por primera vez.

Entrevista Pablo Verna

Entrevista Analía, Vivi ,Pablo hijos de genocidas

“Admitió que participó en los vuelos de la muerte, inyectando a personas que viajaban en los vuelos con anestesia que los dejaba prácticamente inmóviles”, relató. Desde entonces no volvieron a tener contacto.

Hoy, el Código Procesal Penal de Argentina prohíbe que una persona pueda denunciar o declarar contra un familiar directo, a menos que se trate de la víctima directa del delito. Por ello, es necesario modificar los artículos 178 y 242 que lo impiden.

El proyecto publicado en la web de Historias Desobedientes explica que “esta reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa”.

Hoy, el país trasandino tiene 16 juicios abiertos por crímenes cometidos en dictadura. Desde la anulación de la Ley de Amnistía en 2003, han sido condenadas 818 personas. Los casos de hijos que han apuntado a sus padres y exigido justicia no son pocos: de hecho, el colectivo nació después de la movilización social contra la sentencia que pretendía reducir el tiempo de condena de los represores.

En esa marcha estuvo Mariana, hija de Miguel Etchecolatz, uno de los peores agentes represivos de la dictadura. Ella lo definió como “un monstruo” y recalcó que no debía salir en libertad. También alzó la voz Analía Kalinec, hija de Eduardo Kalinec, un conocido represor que cumple cadena perpetua y Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, médico obstetra que ayudó a parir a varios hijos de desaparecidas y quien se suicidó en 2012, al saber que sería condenado.

MÁS INFORMACIÓN

Es el caso de Pablo Verna, dispuesto a declarar contra su padre, el excapitán Julio Alejandro Verna, médico militar. Frente al Congreso, Verna, impulsor de la ley, recuerda que comenzó a sospechar cuando tenía 11 o 12 años, aún sin un punto de vista crítico. Fue “un camino muy largo” llegar a escuchar la verdad, cuenta a EL PAÌS. “Le pregunté muchas veces y él siempre me negó su participación”, dice. Tuvo que esperar hasta 2013. “Yo tenía conocimiento de los hechos por mi madre y él lo admitió. Admitió que participó en los vuelos de la muerte, inyectando a personas que viajaban en los vuelos con anestesia que los dejaba prácticamente inmóviles”, asegura. Desde ese dìa no ha vuelto a tener contacto con él. Detalla que su padre está acusado por la querella, pero no ha sido imputado por el fiscal.

El Código Procesal Penal argentino prohibe que una persona denuncie o declare contra un familiar directo a menos que éste sea la víctima directa del delito. El colectivo quiere modificar los artículos 178 y 242 que lo impiden. “Esta reforma es para que estas prohibiciones sean removidas cuando se trate de delitos de lesa humanidad, habilitando a las hijas, hijos o familiares de genocidas, que en forma voluntaria quieran dar su testimonio, y de esa manera puedan aportar a la causa”, sostiene el proyecto legislativo publicado en la página web de Historias Desobedientes.

“Nosotros sufrimos un mandato de silencio familiar, para que lo que se hablaba no saliera de la puerta de casa. Pero la ley es también una mordaza que nos impide hablar”, asegura Laura Delgadillo, cuyo padre, comisario de policía, murió sin condena. “Quizás (poder declarar) no sea de gran ayuda en los juicios, pero queremos colaborar en la reconstrucción de la memoria colectiva”, agrega Delgadillo.

Analía Kalinec (izq), Pablo Verna y Lorna Milena, este martes en Buenos Aires.
Analía Kalinec (izq), Pablo Verna y Lorna Milena, este martes en Buenos Aires. EFE

Argentina tiene abiertos en la actualidad 16 juicios por crímenes cometidos durante la última dictadura. Según datos de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad, han sido condenadas 818 personas en 193 sentencias desde la anulación en 2003 de las leyes de amnistía.

El colectivo nació poco después de la gran movilización social contra una sentencia que permitía reducir el tiempo de condena de los represores, el pasado mayo. En esa marcha participó Mariana, la hija de Miguel Etchecolatz, uno de los peores torturadores de la dictadura. En una entrevista posterior, definió como “un monstruo” a su padre y mostró su inquietud por que fuese excarcelado.

Pocos días después, comenzaron a levantarse voces similares, como la de Analía Kalinec, hija de Eduardo Kalinec, alias doctor K, un conocido represor que cumple cadena perpetua. O la de Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, el obstetra que ayudó a parir a varios hijos de desaparecidas y se suicidó en 2012 al ver que le iban a condenar. Algunos decidieron unirse. De la media docena inicial, con el paso de los meses cerca de 50 se han acercado a preguntar y a hablar.

No en mi nombre: hijos de torturadores argentinos repudian a sus padres

Un grupo de familiares de represores se unen para rechazar sus crímenes y exigir que cumplan sus condenas

Sus reuniones son duras. Una especie de terapia colectiva. La mayoría lleva años sin compartir su secreto, y tienen muchas ganas de hablar. Necesitan sacarlo. “Al principio fue una catarsis. Acabamos llorando casi todos. Arrastramos una cultura muy arraigada que nos dice honrarás a tu padre. Es muy difícil romper con eso”, cuenta María Laura Delgadillo, (AUDIO) una de las fundadoras de “Historias desobedientes”, el grupo que ha conmocionado a una Argentina acostumbrada a los relatos terribles de la dictadura. Pero este es diferente, porque se hace desde dentro. Son los hijos de los represores, que se rebelan contra sus padres y se unen para exigir que no salgan de la cárcel, que cumplan sus condenas de cadena perpetua.

María Laura Delgadillo y Walter Docters durante la entrevista con EL PAÍS.
María Laura Delgadillo y Walter Docters durante la entrevista con EL PAÍS. MARIANA ELIANO

Durante años, el mundo de la represión de una de las peores dictaduras del planeta se dividía en dos, como los espacios dentro de los juicios de lesa humanidad: por un lado, los represores y sus familias, por otro, las víctimas y las suyas. Pero eso se acabó el día que este pequeño grupo en el que hay sobre todo mujeres, que empezaron media docena y ahora ya son más de 50, fue a una manifestación con una pancarta: “Hijos e hijas de genocidas por la memoria, verdad y justicia”.

Allí estaba Analia Kalinec, hija de Eduardo Kalinec, alias doctor K, un conocido represor que cumple cadena perpetua. O Erika Lederer, hija de Ricardo Lederer, el obstetra que ayudó a parir a buena parte de los hijos de desaparecidas, que se suicidó en 2012 al ver que le iban a condenar. Erika no solo ha tenido valor para crear este grupo. También lo tuvo para encontrarse con el nieto 106 de Abuelas de Plaza de Mayo, al que su padre había ayudado a entregar a una familia fiel a la dictadura. La firma de Lederer en el falso certificado de nacimiento era su condena. Erika, también víctima de su padre, que la maltrataba, quería saber cómo podía ayudar a Pablo, el nieto al que el Lederer le había arruinado la vida.

Todos arrastran historias así, por eso sus reuniones son difíciles. “Algunos solo hemos recibido caricias de una mano contaminada por la tortura”, contó uno de ellos en la última cita. Muchos sufren consecuencias físicas de tanta tensión, se enferman. Tiene apoyo de psicólogos para que les ayuden a contar. Todos superan los 40 años, algunos llegan a 60, y sus padres se están muriendo. Lo que más les angustia es que lo hacen sin contar nada, sin decir dónde están los desaparecidos.

Porque el gran sueño de muchos de estos hijos es convencer a sus padres de que se arrepientan y ayuden a encontrar los cuerpos de los desaparecidos o los nietos aún sin recuperar. “Queremos romper el pacto de silencio que hay entre ellos. En las familias a veces hay datos que pueden reconstruir la historia. Si conseguimos unirlos podemos ayudar a otras víctimas”, explica María Eugenia Vergera, otra miembro del grupo, que tiene doble condición: es sobrina de un represor y a la vez esposa de un desaparecido.

El grupo de hijos de represores en su primera aparición pública en Buenos Aires, el 3 de junio pasado.
El grupo de hijos de represores en su primera aparición pública en Buenos Aires, el 3 de junio pasado.AFP

El sueño sería que los hijos lograran convencer a los padres. Pero no se engañan, ahora mismo parece imposible. El pacto de silencio de los represores ha resistido. Nadie se ha arrepentido ni ha dado un solo dato de una fosa común. Ni siquiera ante sus hijos. Liliana Furió, hija de un conocido represor de Mendoza, condenado a perpetua en 2013, lo intentó muchas veces. Hasta que él le gritó “No se hablé más, si tuviera que volverme a poner la capucha lo volvería a hacer”. Ahora él está senil, y ella lo visita en su arresto domiciliario. Algunos tienen relación con sus padres, otros no. Muchos han fallecido.

“Mi padre se murió discutiendo conmigo”, cuenta Walter Docters. Su padre era represor y él luchaba contra la dictadura, pasó varios años en la cárcel. Pero no lo mataron precisamente por su apellido, porque Echecolatz, que dirigía la represión en la provincia de Buenos Aires, le prometió a su padre que lo salvaría. “Era de ideología nazi, era arquitecto y trabajó con Echecolatz en el diseño de los lugares donde tenían a los detenidos. Yo militaba en el ERP pero él logró que no me mataran”. También le pidió muchas veces que confesara, sin éxito. “Me decía tú tienes tus compañeros, yo los míos. Ellos te mantuvieron con vida, cumplieron, yo no voy a ir contra los muchachos”.

Precisamente el conmovedor testimonio de la hija de Echecolatz, que apareció en la revista Anfibia, impulsó a muchos de estos hijos a unirse. Algunos ya habían aparecido con sus historias en el libro Hijos de los 70 (Sudamericana) de Carolina Arenes y Astrid Pikielny, un texto sobrecogedor. Pero Mariana, que ya no se apellida Echecolatz porque se lo cambió, removió muchas cosas al contar el horror de ser hija de ese monstruo que también lo era en casa, como muchos de ellos. Aunque no todos, algunos se comportaban como padres muy cariñosos.

Quieren justicia. Exigen que a sus familiares no se les apliquen un beneficio, el llamado dos por uno (dos días por cada uno pasado en prisión preventiva) que sacaría a muchos a la calle. Algunos tienen terror ante la idea de que sus padres salgan libres.

A otros, como Delgadillo, cuyo padre murió sin condena, les mueve una necesidad de hacer algo para reparar un daño que ni siquiera conocen del todo. “Mi papá era comisario de policía. Un día encontré una capucha entre sus cosas. Alguna vez trajo ropa, zapatos, un reloj, un microscopio, de sus operativos. Mi madre siempre nos prohibió tocar esas cosas. Lo quemó todo salvo el microscopio. Era muy violento, nos pegaba con una caña. Mi mamá se intentó suicidar metiéndose en un cuartel de noche, para que mi viejo viera cómo eran sus compañeros, pero no le dispararon”.

Otros sí conocen con detalle los crímenes de sus padres, los han leído en sentencias judiciales, han escuchado los testimonios de las víctimas. Y les cuesta vivir con ese peso. Por eso se unen. Están recibiendo mensajes de todo el mundo, y en Chile algunos hijos de represores quieren organizar algo parecido. Todos quieren gritar lo mismo: no en mi nombre.

Los hijos de los represores argentinos rompen su silencio

CÉSAR G. CALERO Buenos Aires / 2 jul. 2017

Unen sus voces en el grupo Historias Desobedientes para denunciar los crímenes cometidos por sus progenitores durante la última dictadura.

Los hijos de los represores argentinos rompen su silencio
Ciudadanos con el pañuelo blanco que simboliza a las Madres de Plaza de Mayo, durante una protesta contra la reducción de la pena de un represor, en Buenos Aires. MARTÍN ACOSTAREUTERS

Cuando llegaba a casa después del trabajo, el oficial de la policía federal Eduardo Kalinec se transformaba en un padre de familia afectuoso con su mujer y sus hijas. Al día siguiente, volvía a lo suyo: la tortura sistemática de personas detenidas en varios centros clandestinos por su oposición a la dictadura argentina que dejó 30.000 desaparecidos entre 1976 y 1983. Kalinec, conocido como el ‘Doctor K’, fue condenado a cadena perpetua en 2010. Ahora, una de sus hijas, Analía Kalinec, y otros hijos de represores han decidido romper su silencio y compartir sus historias con la sociedad con un propósito común que se resume en las tres palabras que simbolizan la lucha de los derechos humanos en Argentina: memoria, verdad y justicia.

Nacida en 1979, Analía Kalinec fue una de las primeras en contar su historia en 2009. Pero fue hace tan sólo unas semanas cuando varios hijos de represores decidieron que era hora de agrupar sus voces y exponer públicamente su contundente rechazo a la barbarie en la que participaron sus progenitores. Nacía así ‘Historias Desobedientes y con Faltas de Ortografía’, una página de Facebook donde varios hijos de ex militares y ex policías van relatando sus experiencias. Al grupo inicial, formado por Analía Kalinec, Erika Lederer, Laura Delgadillo, Liliana Furio, Rita Vagliati y Martín Azcurra se han sumado en los últimos días más de 30 hijos (la gran mayoría, mujeres) que también quieren alzar su voz.

“Yo me enteré de que mi papá participó en la dictadura cuando me llama mi mamá y me dice que él está preso. Antes nunca lo había conectado con la dictadura. Es ahí (en 2005) cuando hago mi quiebre existencial”, comenta Analía Kalinec a EL MUNDO en una larga charla en la que también participan Laura Delgadillo y Liliana Furio. Tras un periodo de “negación” de esa realidad, Analía fue asimilando poco a poco que el mismo padre con el que había vivido una infancia dorada (“éramos como la familia Ingalls, cuatro hijas obedientes, una madre ama de casa…”), había sido un torturador. En 2008, ya con el juicio en marcha, se produce la ruptura definitiva: “Es un camino de ida sin retorno. Nosotros no suscribimos que aquello fue una guerra. Nosotros decimos que somos hijos de genocidas y que lo que hubo fue terrorismo de Estado“.

El detonante de la formación de Historias Desobedientes fue la participación de la hija de un célebre genocida en la multitudinaria marcha celebrada en Buenos Aires el pasado 10 de mayo contra una sentencia de la Corte Suprema que redujo la pena a un represor. Esa movilización de la ciudadanía impulsó una ley para frenar los beneficios a los condenados por delitos de lesa humanidad. Mariana D., hija del ex policía Miguel Etchecolatz, reveló en la revista digital ‘Anfibia’ por qué se manifestó contra su padre ese día y cómo fue el proceso de repulsa que le animó a cambiarse el apellido hace unos años.

Otra hija de un represor, Erika Lederer, tomó el testigo de Mariana y publicó en el mismo medio un estremecedor relato sobre esa ‘piedra de Sísifo’ con la que, a su juicio, cargan los descendientes de los genocidas. El padre de Erika, Ricardo Lederer, se suicidó en 2012 cuando la justicia lo tenía cercado. Durante la dictadura había trabajado como obstetra de la maternidad clandestina del centro de detención Campo de Mayo. “Tenemos el deber cívico y humano de dar presencia y memoria”, escribió Erika, para quien la razón de juntarse con otros hijos de genocidas debe ser “aportar datos a los familiares que aún hoy buscan justicia, nietos, y poder llorar sus muertos”.

“La gente se acercaba y lloraba al vernos”

Las integrantes de Historias Desobedientes hicieron su primera aparición pública como colectivo el pasado 3 de junio durante la marcha convocada por el movimiento Ni Una Menos contra la violencia de género. “Éramos seis personas con la bandera. La gente se acercaba y lloraba al vernos”, cuenta Laura Delgadillo, hija de un represor de La Plata ya fallecido que nunca fue juzgado. Para Liliana Furio, veterana militante feminista y cuyo padre cumple cadena perpetua domiciliaria, la elección de ese día no fue casual: “Tiene una conexión directa. Los gobiernos genocidas representan el machismo criminal“.

Con la llegada al poder de Néstor Kirchner en 2003 se enterraron las leyes de impunidad aprobadas en el pasado y se dio alas a la justicia para que se retomaran los juicios contra los miembros de la dictadura. Cristina Fernández de Kirchner dio continuidad a esa política durante sus dos mandatos presidenciales (2007-2015). “Si no hubiera sido por esas políticas, nunca me hubiera enterado de lo que hizo mi papá; era un secreto familiar”, apunta Analía.

Durante esos años se reforzó también el papel de organizaciones como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Las integrantes de Historias Desobedientes ya han comenzado a tender puentes con esos grupos de derechos humanos y han recibido mensajes de apoyo de supervivientes de la dictadura y de hijos de desaparecidos.

El desafío de estas hijas e hijos con historias tremebundas a sus espaldas es ahora dotarse de una identidad como colectivo. Cada una de sus experiencias es diferente a las otras. Y los sentimientos que albergan hacia sus progenitores también difieren. Analía y Liliana ven sus casos como una “tragedia familiar” que les ha dejado ante todo una “profunda tristeza”, un sentimiento que -aseguran- está por encima del odio. Analía, maestra psicóloga de profesión, le escribió varias cartas a su padre tras el juicio. “Mi posicionamiento -subraya- también es un acto de amor hacia él. Le estoy ofreciendo que se arrepienta”. Nunca obtuvo respuesta. Ni el ex oficial Kalinec ni ningún otro represor se han arrepentido jamás. Por eso, algunos de sus hijos rompen hoy su silencio en Argentina.

La lucha por sitios de memoria en la V Región. Academia de Guerra Naval (AGN) el “Palacio de la Risa”.

La lucha por sitios de memoria en la V Región. Academia de Guerra Naval (AGN) el “Palacio de la Risa”.

La lucha por sitios de memoria en la V Región

Los ex presos estamos pidiendo, desde siempre, verdad, justicia y reparación. Dentro está la de mantener los sitios de memoria”.

Los forados de la historia

La demolición del edificio de la Academia de Guerra Naval, por parte de la Armada a inicios de febrero, y los silencios que ha tenido que encarar la Corporación de Memoria y Cultura de Puchuncaví para obtener el terreno donde se emplazó el antiguo campo de prisioneros, subrayan los obstáculos para preservar la memoria en Valparaíso y alrededores. Una partida entre el olvido y la memoria se juega en muchos puntos de Chile.

 

EL CIUDADANO
15 APRIL
#CHILE#HISTORIA#JUSTICIA Y DD.HH#POLÍTICA#PORTADA

Silenciosamente, entre el 8 y 10 de febrero pasado, la Armada demolió el edificio de la antigua Academia de Guerra Naval (AGN), ubicado al final de la calle Pedro León Gallo, en una colina que baja al mar, en el barrio de Playa Ancha. Allí se configuró el golpe de Estado. Allí fungió el cuartel central del almirante Toribio Merino durante el 11 de septiembre. La locación también fue conocida por los centenares que fueron detenidos en los días posteriores. Al edificio fueron trasladados obreros, estudiantes, profesores, mujeres y jóvenes; militantes y simpatizantes de partidos de izquierda. Allí fueron vejados y torturados. Miguel Woodward, el sacerdote que había abrazado la causa de los pobladores, era uno de ellos. Tras ser sometido a tormentos en la Universidad Técnica Federico Santa María, fue trasladado a la AGN desde donde salió agónico hasta el buque-escuela Esmeralda. Luego fue desaparecido.

En el mapa de los sitios donde operó el terrorismo de Estado en Valparaíso, la AGN, junto al adyacente cuartel Silva Palma, relumbran como infames faros. “Tenía que dejar alimentos a los detenidos en la Academia. Hacíamos varias triquiñuelas para averiguar quiénes estaban ahí porque no se podía hablar”, rememora hoy Ricardo Tobar, cabo segundo, y uno de los marinos que intentó impedir la conjura golpista al interior de la Armada. No militaba en ningún partido de la UP pero simpatizaba con el MIR. Fue detenido el 15 de septiembre de 1973, por la FACH, en Quintero. Fue torturado y sometido a Consejo de Guerra. Desde hace años, es uno de los voceros de los Marinos Constitucionalistas y Antigolpistas, una de las agrupaciones que denunciaron el subrepticio derribo del alguna vez llamado -macabramente- “Palacio de la Risa”.

“Desde que entré a la marina, en 1964, (Allende) fue el único presidente que dijo algo por el perraje. Nos subió el sueldo. Entonces era la conciencia de clase la que jugaba a nuestro favor. El 90% o más somos hijos de obreros”, recuerda. El mayor de 7 hermanos, y oriundo del barrio de Miraflores Alto, en Viña del Mar, había ingresado con 15 años a una institución que podía darle, como cuenta hoy, una solución rápida a la escasez. “Fue la jugada de mis padres para que tuviéramos buena educación. Por edad no podía llegar a la universidad, así que era la posibilidad”.

Con sus compañeros percibió ya, a fines de los 60, el talante reaccionario de la oficialidad naval, institución conocida por su clasismo. “Cuando salió Allende, las arengas que hacían los oficiales empezaron contra el gobierno”, dice. En su unidad, la Escuela de Armamento de Las Salinas, también observó la inquietante presencia de marines y asesores militares estadounidenses.

– ¿Usted sospechaba que se incubaba en la Armada ese nivel de encarnizamiento en la represión?

“Absolutamente no. Sí sabíamos que el entrenamiento para los buzos tácticos era totalmente brutal. Tenían que descuartizar un animal doméstico… Algo propio de los gurkhas. La Infantería de Marina sí practicaba la brutalidad. Muchos se salían porque no se identificaban con lo que pasaba allí. Al (almirante Eugenio) Codina, cuando nos reunimos con él (en 2009), le preguntamos en qué parte de la instrucción naval se enseñaba a dar golpes de Estado”.

– ¿Cómo se transformaba un conscripto en una máquina de matar y torturar y, más aún, desconectado de su origen?

“Es muy fácil: El embrutecimiento. Una persona que entró medianamente al colegio, que no tuvo la capacidad de crecer como persona, era más fácil encuadrarla en el sistema de ellos. El mando siempre tiene la razón. También va a depender la guía primera que tengan, que son los padres”, contesta.

Tobar cree que el objetivo de la demolición de la AGN no sólo es el borrado de la memoria si no complementarios intereses inmobiliarios. “¿Quién o quiénes dieron la orden?”, pregunta. Recuerda cuando, a principios de los 90, echaron abajo el Fuerte Papudo, en el sector de Recreo. Hoy en ese predio se aprecian edificios. “Cuando iban a vender Las Salinas a la inmobiliaria del grupo Luksic ¿quién le permite a la Armada, que forma parte del Estado, vender cosas del Estado?. Los ex presos estamos pidiendo, desde siempre, verdad, justicia y reparación. Dentro está la de mantener los sitios de memoria”.

Por tal motivo, señala, junto al Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) han presentado una acción para impedir la demolición del cuartel Silva Palma, que ven como un acto más dentro de una narración, hasta el momento impune.

“Los vestigios del pasado reciente siempre han incomodado a las FFAA y se han encargado de hacer prevalecer su visión histórica de la dictadura”, señala Alejandra López, historiadora, quien desarrolla hoy un Magíster en Derecho Internacional de Derechos Humanos. Su tesina versa sobre el derecho a la memoria y los procesos de memorialización. “Es de la mayor relevancia ético-moral que los sitios donde ocurrieron crímenes de lesa humanidad, sean rescatados por quienes sufrieron ahí prisión política y tortura. Son ellos, los testigos-sobrevivientes. Quienes más que ellos, son los llamados a liderar iniciativas de rescate de la memoria histórica reciente”.

 

CARRERAS INTERRUMPIDAS

En septiembre de 1973, Jorge Rojas era estudiante de la Universidad Técnica Federico Santa María (UTFSM), tenía 20 años y era cercano al PS. Fue detenido en octubre, al intentar inscribir los ramos del segundo semestre. Efectivos navales habían ocupado el recinto universitario desde las primeras horas del golpe de estado. Un listado puesto en la entrada les indicaba qué estudiantes debían ser apresados. Tras algunas horas fue subido a un camión, junto a otros jóvenes. Algunos viajaron sentados en el piso y otros acostados “para no ser vistos en el cruce de la ciudad”, recuerda. El destino era la Academia de Guerra Naval.

Las torturas físicas y psicológicas comenzaron desde que el grupo descendió desde el vehículo. Fueron encapuchados, y al momento de subir al tristemente célebre cuarto piso, “se pasaba una suerte de ‘callejon negro’ con golpes de culata, puntapies y puños”, recuerda Rojas. “Eran dos grandes salas. La primera, donde se llegaba en espera del interrogatorio, y la segunda, más pequeña, donde uno pasaba después. En la primera era habitual que llegara algún oficial ‘malo’ y ordenara largos períodos en posición inmóvil, que inducían calambres y otros malestares; quien cambiaba de posición era pateado. La rutina de encarcelamiento era continua. No había hora de levantarse o comida. Sólo algunas veces al día se podía ir al baño, en grupo y encapuchado”.

El baño también estaba en el cuarto piso, que aseaban los mismos prisioneros. “(Había) cero posibilidad de higiene personal, ni siquiera bucal. Alguna vez trajeron un recipiente con arroz y papas incomibles. Los interrogatorios eran en cualquier momento del día pero preferentemente de noche. Las luces estaban prendidas permanentemente y dormir era un suplicio pues llamaban todo el tiempo a alguien a interrogar. Yo fui interrogado tipo 4 de la mañana. Me sacaron con una capucha olor a vómito y un ‘cosaco’ (infante de marina) me iba torciendo el brazo. Casi al llegar al lugar de interrogatorio, recibí un fuerte golpe en la cabeza. No sé si fui golpeado o se me hizo golpear con un palo atravesado. Las preguntas estaban dirigidas, fundamentalmente, a actividades políticas realizadas y conminación a delación. Todo el interrogatorio transcurrió encapuchado por lo que nunca vi el entorno y las personas que participaban”, describe.

Durante los 4 a 5 días que permaneció detenido, Rojas pudo reconocer a otros estudiantes, un profesor de la Universidad de Chile y un sacerdote. “Hubo un marinero que, en algún momento, ofreció si alguien quería avisar a alguien afuera. Me acerqué y di un teléfono de un familiar que fue contactado indicándole que estaba en la AGN. Eso sirvió para que me hicieran llegar una frazada que me ayudó de manta y colchón”. El gesto humanitario no era común: “Había otros marinos, que llegaban a rostro cubierto, imponiendo castigos a todos, sin motivos aparentes”, cuenta.

Tras ese período, fue dejado en libertad y amenazado si hacía público lo experienciado. Fue expulsado de la universidad. Pudo viajar a Bélgica donde terminaría sus estudios de Ingeniería Civil. Sólo tras el fin de la dictadura, Jorge Rojas testimonio ante la comisión Valech. “Es lamentable la demolición de la AGN. Siguiendo esta línea, la Armada debería hundir la Esmeralda que fue, igualmente, centro de detención y torturas”, dice hoy con ironía. “Tal como en Europa, (acá) deberían preservarse los campos de concentración para la memoria histórica”.

UNA POLÍTICA AUSENTE

En 2016, fue publicado “El Golpe llegó a golpearnos” (RIL Editores). Su autor es Carlos Carstens Soto, otro estudiante de la UTFSM y militante, en ese entonces, del Frente de Estudiantes Revolucionarios (FER). El libro narra el paso de su autor por aulas secundarias y universitarias, dando cuenta de la intensa vida política y cultural porteña a inicios de los años 70. Como contracara, abunda en el fin violento de dicho proceso. Carstens fue detenido en septiembre de 1974 por efectivos navales y conducido al cuartel Silva Palma, donde fue torturado. Luego, junto a otros estudiantes, permaneció encarcelado por meses en la cárcel porteña. Igualmente fue expulsado de la universidad. Tras algún tiempo, se exilió en Inglaterra donde concluyó sus estudios de ingeniería electrónica. “Testimoniar era un deber y una necesidad. Me obligué con dolor y rabia a repasar esa historia que había ocultado por cuatro décadas pero que no había olvidado.

Frente a lo acontecido con la AGN señala: “El rescate de la memoria histórica tiene como objetivo basal el mantener el lema “para que nunca más”. Su preservación tendría que contemplar estrategias y acciones destinadas a difundir su historia a través de la educación, testimonios, cultura, y documentos relevantes tal de evitar la desaparición de estos lugares. La preservación debe ser una política de estado, ya que requiere recursos para fomentar una campaña que contemple estrategias y acciones específicas destinadas a contrarrestar su total desaparición”.

En su opinión, lo perpetrado por la Armada tiene consonancia con acciones que nunca han reconocido ni mucho menos pedido perdón: “(Se) aplica una acción sistematizada frente a ciertos reconocidos centro de detención y torturas como lo han sido Puchuncaví, Colliguay, la base aeronaval de El Belloto, y ahora la AGN, entre tantos”.

Si bien, desde 1990 a 2009 han existido 31 políticas públicas de distinta índole, que “efectivamente habla que sí ha habido un esfuerzo al respecto”, para Alejandra López ha sido la sociedad civil organizada “quienes han exigido la recuperación de los sitios de memoria y ha sido acompañada con distintos énfasis por instituciones de gobierno y expuestas a las siempre presentes trabas burocráticas”.

Como un par de datos complementarios, que explaya la magnitud de la faena, es necesario mencionar la presencia actual del monumento a Toribio Merino, en los jardines del Museo de Historia Naval, en Playa Ancha. Por otro lado, en la parte alta del cerro Placeres, una población aún lleva por nombre el de Juan Naylor, cómplice de actos tan graves como los descritos.

LA RESPONSABILIDAD

Tras pasar por el denominado campo de detención “Isla Riesco”, en Colliguay, al interior de Quilpué, Ricardo Tobar recaló en “Melinka”, el nombre que la Armada tenía para el reclusorio donde, hasta septiembre de 1973, se emplazó un balneario popular (ver El Ciudadano n° 205), en Puchuncaví, 36 kilómetros al norte de Valparaíso. Junto a otros cautivos, fue obligado levantar alambradas y torres de vigilancia en los alrededores de las cabañas con forma de A. El centro estaba a cargo de la infantería de marina. Su aspecto traía a la memoria, sin muchos esfuerzos, los campos de concentración nazis.

En abril de 1975 fueron trasladados allí Rodrigo del Villar y Miguel Montesinos, militantes del MIR. Ambos habían pasado ya por el cuartel Terranova (Villa Grimaldi), Cuatro Álamos y Tres Álamos. Su cautiverio duraría hasta 1976. “El campo tenía capacidad como para 300 personas y, por lo menos, el tiempo en que estuvimos nosotros, siempre estuvo lleno. Además, hubo rotativa de gente”, relata Montesinos, un arquitecto que, tras recuperar su libertad, permaneció en Chile.

Rodrigo del Villar vivió hasta 1991 en Suecia, tras ser expulsado en 1976. Sin embargo, a inicios en 1983 regresó hasta Puchuncaví donde tomó fotografías del predio ya abandonado. A inicios de los 90, junto a Miguel Montesinos, formó parte del grupo que preservó Villa Grimaldi, en Peñalolén. “Uno tiene una responsabilidad”, señala. “El hecho de haber vivido esa experiencia, con compañeros asesinados o hechos mierda por la tortura, te deja algo: Es importante que no se olvide. En Villa Grimaldi realizamos visitas guiadas a colegios, a universidades. Los jóvenes podían conversar con 2 personas que habían estado allí, y eso les cambiaba el switch. Hubo muchos testimonios de estudiantes que nos dejaron tras las visitas”.

“El mejor legado que podemos dejar aquellos que sufrimos este gran golpe, son estos sitios de memoria. Este país tiene el problema que la memoria es tan frágil…”, acota Montesinos.

Ambos venían visitando, durante años, lo que fue “Melinka”. Constataron la progresiva desaparición de evidencias. Primero la demolición de las cabañas y la torre, en un terreno de propiedad municipal. Las alambradas y la antena de radio fueron retiradas. El terreno fue socavado. Los restos de una cabaña con forma de A, probablemente la última, fueron trasladados a una escuela en Maitencillo. Hace poco más de un año, durante las excavaciones para la construcción de un jardín infantil, en un sector del predio, aparecieron restos de herramientas. En algunos puntos se aprecian, hoy, ciertos vestigios como los agujeros para los baños, retazos del piso de algunas dependencias, incluso el empedrado artesanal que algunos presos dispusieron a la entrada de sus cabañas/celdas.*

En 2014, junto a otras personas, Del Villar y Montesinos constituyeron la Corporación de Cultura y Memoria de Puchuncaví. “Queremos replicar lo hecho en Villa Grimaldi. El interés nuestro es que todo el mundo sepa lo que pasó. No queremos un sitio donde nos sigamos contando el cuento entre las mismas personas. Creemos que hay otras instancias para eso. No convertirlos en trincheras, que provoca reticencia en otras personas”, señala el arquitecto.

http://villagrimaldi.cl/noticias/ex-campo-de-concentracion-de-puchuncavi-debe-ser-declarado-monumento-historico/

Recorremos el terreno. Del Villar y Montesinos indican algunos puntos, como la antigua entrada al campo, los límites de la “tierra de nadie”, es decir, el espacio entre alambradas, el depósito de agua adyacente, aún en funcionamiento, todo un símbolo; al fondo, un frondoso árbol nativo, mudo testigo de décadas. “La propuesta nuestra es un centro cultural que sea usado por la gente de Maitencillo, Puchuncaví y Ventanas. No los veraneantes sino quienes viven acá. Donde haya talleres de música, pintura, artes, y temas medioambientales que es algo muy sentido”, abunda Montesinos. “No solamente estar pensando en que fue un campo de prisioneros. Para eso va a estar el museo, con fotos, artesanías, testimonios. Pero también mirar para adelante”.

Han realizado un plano que reconstruye, con los testimonios de antiguos prisioneros, las dependencias del campo de detención. Un anteproyecto de su propuesta de centro cultural puede revisarse desde su página en facebook.

Como corporación han efectuado encuentros con organizaciones locales, entre estas el Museo de Puchuncaví, pero tras gestiones con 3 administraciones edilicias no han obtenido respuesta a su solicitud de comodato del predio. “Un alcalde nos dijo: ‘Pongamos una piedra’… En 40 años más nadie se va a acordar. Lo más probable es que se destruya”, objeta Rodrigo del Villar. Esa indolencia, a su juicio, tiene consonancia con que los derechos humanos no son tema: “Desde 1997 a 2004, fue el auge de los DDHH en este país. Luego comenzó a decaer. No me refiero a la gente de la UDI y RN sino a gente que estuvo detenida y que tiene cargos importantes como diputados y senadores. El tema se les transformó en un problema. Es cosa de ver los movimientos de ex presos solicitando que, por favor, se les retribuya por el drama que se les hizo, y lo siguen viviendo”.

Felipe Montalva

El Ciudadano

VER

*la medida 29
Ritoque y Puchuncaví
reconstrucción de la memoria
de un sitio borrado

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María Adriana Pablos Esposa de Carlos Contreras Maluje   El 2 de noviembre de 1976, Contreras Maluje, entonces de 29 años de edad, ex regidor de Concepción, y de profesión químico farmacéutico, fue detenido por agentes …

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Isolina Ramirez

Isolina Ramirez Esposa de Mario Zamorano Donoso Caso Conferencia : Mario Jaime Zamorano Donoso, casado, tres hijas, obrero marroquinero, miembro del Comité Central del Partido Comunista, fue detenido junto a un grupo de dirigentes de …

Violeta Reyes

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Marta Rocco

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Marta Rocco Esposa de Mario Juica Vega Mario Jesús Juica Vega, casado, 5 hijos, ex presidente de los obreros municipales de Renca, militante comunista, fue detenido por agentes de la DINA el 9 de agosto …

Max Santelices

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Sola Sierra

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Sola Sierra Henríquez esposa de Waldo Ulises Pizarro Sola Sierra Henríquez nació en Santiago en 1935. Hija de Marcial y Ángela, sobreviviente de la Matanza de Santa María, quienes tenían una tradición familiar de militancia …

Tania Toro

María Tania Toro

María Tania Toro Hermana de Nicomedes Toro Bravo Nicomedes Toro, de 31 años de edad, soltero, obrero, era miembro de la Brigada Ramona Parra del Partido Comunista. Detenido el día 28 de julio de 1976 …

Aminta Traverso

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Aminta Traverso Bernaschina Esposa de Marcelo Concha Bascuñan, primo de Iván Sergio Insunza   Marcelo Concha Bascuñan tenía 30 años de edad, casado, padre de tres hijos, militante del Partido Comunista  y de profesión Ingeniero Agrónomo , …

Carmen Vivanco

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Carmen Vivanco Esposa de Oscar Ramos Garrido, Madre de Oscar Ramos Vivanco, hermana de Hugo Vivanco Vega, cuñada de Alicia Herrera Benitez y tía de Nicolás Vivanco Herrera (hijo de Alicia Herrera )   “Me …

Museo de la Memoria. Exposición
 Lenguaje y archivo: Exploraciones performativas, visuales y sonoras del archivo Huelga de hambre en la CEPAL, 1977.
“La voz se sostiene en “la ley no escrita”. (Esta división es puesta vívidamente en escena en Antígona, con la distinción entre las leyes divinas no escritas y las leyes humanas de la polis.)Podríamos ver aquí un sucinto resumen de lo que Kant denominará,un par de milenios más tarde, la oposición entre moralidad y legalidad.Esta distinción depende de que se comprenda de cierta manera la división entre la voz y la letra,donde se concibe la moralidad como un asunto relativo a la voz y la legalidad como un asunto relativo a la letra.”Dolar, Mladen. Una voz y nada mas.1ª edición, Ediciones Manantial SRL., Buenos Aires, 2007.
Esta obra fue un proceso de investigación y creación colectiva[1] sobre la primera huelga de hambre de los familiares de los detenidos desaparecidos –CEPAL, 1977– a partir del archivo sobre la misma, depositado en el Museo de la Memoria y de la entrevistas a fuentes directas –testimonios de los participantes de la huelga de hambre–.
Contexto histórico
En 1977 familiares de detenidos desaparecidos inician una serie de acciones que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la búsqueda de justicia para sus familiares víctimas de la dictadura. El 14 de junio de 1977 se inicia La huelga de hambre en la CEPAL[2] que duró 9 días, constituyéndose en la primera huelga de hambre de familiares de detenidos desaparecidos y la segunda huelga de hambre en dictadura.[3]
La huelga de hambre en la CEPAL, dispuso de los cuerpos en colectivo para la resistencia del mismo como protesta ante la violencia del Estado, exigiendo una respuesta sobre el paradero de sus familiares desaparecidos: 24 mujeres y 2 hombres iniciaron la huelga de hambre con el lema “mi vida por la verdad. En la Sede de la CEPAL de Santiago, desplegaron un lienzo de diez metros de largo que proclamaba: “Por la paz, por la vida, por la libertad, los encontraremos”[4] . Y aseguraron que no saldrían de ahí hasta que Pinochet se comprometiera a responder por los desaparecidos.Esta huelga se produjo en pleno funcionamiento de la DINA y a casi seis meses de la detención y desaparición del Comité Central del Partido Comunista en clandestinidad –ocurrido en diciembre de 1976– , los familiares buscaban a sus parientes vivos.
La importancia de esta Huelga radica en varias acciones y consecuencias hasta ese momento inéditas en la lucha contra la dictadura:– Da a conocer a nivel global lo que estaba pasando en Chile en relación la violación sistemática de los derechos humanos y en especial el caso de los detenidos desaparecidos.
Hubo un intercambio de información que logró ser publicado por los medios en Chile debido a la presión que fue ejercida desde el exterior, esto debido a la condición internacional de la CEPAL y al aparato montado por los ayudistas de la huelga que activaron huelgas de hambre en otras sedes de la CEPAL, por ejemplo en México.– Entregó una clara señal a la dictadura de que el Partido Comunista no había sido exterminado, reactivando los sistemas de operación clandestinos y públicos del Partido bajo las acciones de los denominados un-dos-tres los cuales habían sido fuertemente golpeados por la detención y desaparición del Comité Central.
María Estela Ortiz se refiere a esta estructura:“Trabajamos con gente que jugó un rol determinante para que pudiéramos entrar, otra gente que jugó un rol determinante para hacer los chequeos de salud de todo tipo, con electrocardiograma, con todo y trabajamos en la clandestinidad, osea, todo fue fuera de la Vicaría, nos juntábamos en otros lugares, sabíamos sólo las personas que estábamos en el un,dos, tres.Un dos tres le decíamos en la época de dictadura a los equipos que dirigíamos– porque éramos tres personas, éramos nosotros tres donde cada uno tenía una responsabilidad”. ( Extracto de entrevista a Estela Ortiz )–
Instaló inéditas operaciones de despliegue organizado mediante la  utilización de diversos medios de publicación, preparación de la huelga ­–chequeos médicos, coartadas para ingresar a la CEPAL, cambios de vestimenta, peluquería, sistema de parejas para ingresar, puntos de encuentro, lo que debían llevar a la huelga, etcétera–  y la vinculación con organizaciones internacionales en contra la dictadura.
Podríamos decir que con esta huelga de hambre la dictadura se vio enfrenta a un cambio en el lenguaje de la resistencia, el se cual rebeló en forma de un cuerpo colectivo, afectado, militante y resistente –cuerpos en su mayoría de mujeres–, la violencia de la dictadura ejercida sobre el cuerpo desparecido, señalando su ausencia.De este modo la huelga de hambre es percibida como una política del cuerpo ejercida en contra de la represión, de un cuerpo político que opera a través de actos vitales de transferencia, transmitiendo el saber social, el sentido de identidad y la memoria a partir de acciones que de acá en adelante se tornaran reiteradas.
Bitácoras, cartas, notas de prensa, dos fotografías, declaraciones de apoyo, etcétera, es lo que contiene en la actualidad el corpus archivado de la huelga depositado en el Archivo del Museo de la Memoria[5], el cual segmentado bajo lógicas archivísticas del Museo, disemina su noción inicial de un cuerpo concebido como uno sólo en lo colectivo, donde lo escrito es nuevamente, lo inscrito en el archivo, su documentación, dejando en estado de latencia lo impermanente como la potencia real del archivo.Así, como parte de un proceso de búsqueda y exploración de lenguajes, sus límites y sus diferencias, que se inician con el archivo Arqueología de la ausencia, es que emerge y como una insistencia en mi producción visual, la lectura –la voz como objeto–  y el montaje del fragmento, poéticas a que refieren al archivo y a la imposibilidad de la construcción de un relato único y hegemónico. Así, restaurando el vestigio y los intersticios como poéticas por medio del montaje, se produce la articulación crítica sobre la tensión y las diferencias entre la inscripción legal –documento– y la lectura del mismo, vista ésta –lectura– como un instancia en que la voz como objeto estético vehicula los conceptos del fragmento como condición inherente al archivo y la impermanencia del sonido como la subversión de la idea originaria del archivo, lo dispuesto para permanecer.
Verónica Troncoso
02_vero
Magister en Artes Visuales de la Universidad de Chile.
Participó como directora del proyecto de investigación y creación sobre la primera Huelga de Hambre realizada por familiares de Detenidos Desaparecidos durante la dictadura cívico-militar en Chile, la cual se llevó a cabo en junio de 1977 en las dependencia de la CEPAL.
 ARTE ARCHIVO Y DERECHOS HUMANOS.
Formulación proyecto huelga de hambre, 1977
“Los archivos han sido sacralizados y al mismo tiempo “desordenados” al poner en cuestión el canon,las instituciones y las historias construidas.Ahora, como nunca antes, se constituyen en repositorios desde el cual es posible escribir otras historias.”Andre Giunta, #Errata 1
La progresiva referencia al archivo como programa de producción en el arte contemporáneo, tiene una de sus condiciones más importantes en la necesidad de reflexionar la crisis del humanismo a la que nos enfrentan los acontecimientos y, más precisamente, los procesos históricos que se suceden desde el siglo XX hasta hoy.
Acontecimientos y procesos que han puesto concretamente en entredicho la posibilidad de elaborar una historia que, al modo de una narración, permitiera comprender lo que ha sido el devenir de los pueblos. En este sentido las artes visuales se constituyen como un campo dialógico de exploración y proliferación de lenguajes, en donde éstos –los lenguajes– representan no solo la posibilidad de nuevas lecturas con respecto al archivo, sino a su vez, la reactivación de los mismos, bajo diversas operaciones visuales y de montaje de lo contenido en el corpus del archivo, así como señala Graciela Carnevale: “Mostrar el archivo es una forma de compartir con los otros. Es un espacio de diálogo, un espacio en el que unos escuchan a los otros e intercambian perspectivas y preguntas sobre su propia práctica. Entendiendo el archivo como un espacio abierto en el que uno contempla, discute y debate. Lo concibo como un proceso, como algo incompleto que es reforzado por cada nueva experiencia del presente.“
Los desastres que marcan este fin del milenio son también archivos del mal; disimulados o destruidos, prohibidos, desviados, «reprimidos». Su tratamiento es a la vez masivo y refinado en el transcurso de guerras civiles o internacionales, de manipulaciones privadas o secretas. Nunca se renuncia, es el inconsciente mismo, a apropiarse de un poder sobre el documento, sobre su posesión, su retención o su interpretación. ¿Más a quién compete en última instancia la autoridad sobre la institución del archivo? ¿Cómo responder de las relaciones entre el memorándum, el indicio, la prueba y el testimonio?”(Derrida, Mal de Archivo)
Los archivos sobre derechos humanos en Chile producidos por el Estado, son en la actualidad archivos cerrados y parcialmente clausurados, sobre ellos se han aplicado leyes de secreto y de seguridad. Los archivos sobre este tema de los cual se disponen, han sido producidos por iniciativas ciudadanas sin contraparte. Esta falta de contraparte ha consignado a estas historia como <<personales>>, por ende subjetivas, haciendo que la inscripción en la denominada historia con mayúscula, les haya sido negada por muchos años.
Podríamos decir que las operaciones sobre el archivo desde el campo del arte generan la posibilidad de su inscripción en un espacio para el cual no estaba pre-consignado.
Los archivos olvidados, los archivos disfuncionales, los archivos secretos han sido problematizados sistemáticamente desde el campo del arte.
Voluspa Jarpa con su obra Minimal Secret, expuesta en la feria Arco de Madrid, problematiza los archivos desclasificados y tachados de la CIA sobre Chile, mediante el desplazamiento del archivo, la puesta en escena de su tachadura y por ende de su clausura, es que se deja ver los fragmentos incompletos de una historia que no se puede contar.
 “El deber de la memoria no se limita a guardar la huella material, escritura u otra, de los hechos pasados, sino que cultiva el sentimiento de estar obligados respecto a estos otros de los que afirmaremos más tarde que ya no están pero que estuvieron.
Pagar la deuda, diremos, pero también someter la herencia a inventario” (Ricoeur)
En 1977 la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos inicia una serie de hechos que marcaron el comienzo de una nueva etapa en la búsqueda de justicia para las víctimas de la dictadura. La huelga en la Cepal vii que duró 9 días, dispuso de los cuerpos en colectivo para la resistencia del mismo como protesta ante la violencia del Estado, exigiendo una respuesta sobre el paradero de los familiares desaparecidos, “24 mujeres y 2 hombres de la agrupación de familiares de detenidos desaparecidos iniciaron una huelga de hambre con el lema “mi vida por la verdad” en la Sede de la Cepal de Santiago, allí desplegaron un lienzo de diez metros de largo que proclamaba: “Por la paz, por la vida, por la libertad, los encontraremos” . Y aseguraron que no saldrían de ahí hasta que Pinochet se comprometiera a responder por los desaparecidos” .
Otros familiares de la Agrupación entregaron una nota a 16 medios de comunicación, también repartieron volantes en las calles, pintaron murales, organizaron misas y hubo en su apoyo declaraciones de abogados, personalidades políticas y sociales, un grupo amplio de intelectuales y decenas de federaciones sindicales”.La huelga de hambre en la Cepal, es el punto de partida en el despliegue de nuevas estrategias y acciones colectivas en el ámbito de la resistencia y denuncia contra la dictadura militar, en donde “el cuerpo es también lugar de resistencia cuando se vive como primer espacio de soberanía”. El cuerpo afectado por el hambre, el cuerpo como uno subversivo, que hace uso de la decisión de no ejercer una acción de violencia externa sino de la internalización de ésta para manifestarse, es sólo su propia inapetencia el actor de la acción silenciosa.
 .Bitácoras, cartas, notas de prensa, una fotografía, listas, etcétera, es lo que contiene en la actualidad el corpus archivado de la huelga, segmentado bajo las lógicas del archivo, diseminando su noción inicial de un cuerpo concebido como uno sólo en lo colectivo, donde lo escrito es lo inscrito en el archivo, su documentación , dejando en estado de latencia lo impermanente como la potencia real del archivo, su lectura.Su potencia real radica en la reactivación de lo que hemos denominado la letra muerta en el archivo, como un acto que trae al presente un hecho del pasado a través de lo oral que está contenido en él .
Las Yeguas del apocalipsis en 1993 , realizan en protesta por la ausencia de políticas concretas de justicia por parte del gobierno de Aylwin frente a las violaciones a los derechos humanos , la performance Tu dolor dice: Minado. En un ex centro de detención ilegal en calle Belgrano –Santiago– Lemebel y Casas realizan la lectura performática de la lista de los detenidos desaparecidos reconocidos por el Estado de Chile y publicados en el informe Rettig, la lectura se efectúa dando la espalda al espectador , en donde las espaldas desnudas de Lemebel y Casas presentan al cuerpo expuesto como imagen anónima del mismo, mientras tanto la lectura trae a presencia mediante el sonido al nombre del desaparecido , reactivando la letra muerta del archivo mediante lo efímero de la voz y su puesta en escena. La lista del archivo es reactivada mediante la performatividad de la voz y su puesta en escena, ya no son nombres pertenecientes a una estadística del horror, sino que son sonidos concretos de la realidad del horror. La acción realizada por Lemebel y Casas dispone de parte del archivo –la lista– haciendo cruces entre archivo, cuerpo y performance.Surge entonces la interrogante de buscar un elemento transversal entre una huelga de hambre y un acto performático más que el mismo cuerpo; donde el acto performático según (*) Richard Schechner parte por hacer una diferencia fundamental para entenderlo, algo es performance o algo se puede entender como performance.
Podríamos decir que la incidencia de la violencia sobre el cuerpo colectivo así como sobre el cuerpo individual trasciende los territorios primariamente pactados y así como la Huelga de hambre puede ser vista como una performance, la acción de Lemebel y Casas puede ser vista como un acto político, como señala Suely Rolnik: “Lo que lleva a los artistas a agregar lo político a su investigación poética es el hecho de que los regímenes autoritarios entonces vigentes en sus países inciden en sus cuerpos de manera especialmente aguda, pues afectan su propio quehacer, y es así como viven al autoritarismo en la médula de su actividad creadora. Se asocia así el impulso de la creación al peligro de sufrir la violencia por parte del Estado, que puede ir desde la prisión hasta la tortura y llegar incluso a la muerte; dicha asociación se inscribe en la memoria inmaterial del cuerpo: es la memoria física y afectiva de las sensaciones de dolor, miedo y humillación.”
Las huelgas de hambre son vistas como una política del cuerpo ejercida en contra de la represión, el cuerpo de lo político opera como actos vitales de transferencia, transmiten el saber social, el sentido de identidad y la memoria a partir de acciones reiteradas. “Constituyéndose como performance mediante su archivación”, así el proceso de archivo puede caracterizarse de algún modo como un acto performático, su reactivación en la inversión de su escritura, en donde la reescritura del archivo está dada por el sonido de su lectura y la lectura de su sonido vendría a ser el capital político de lo inmaterial/oral.
Texto perteneciente a parte del proyecto de investigación y creación sobre la huelga de hambre de 1977.
Tagged: archivo, derechos humanos[1] Este proyecto de investigación fue premiado con el Fondo de Incentivo a la Creación de la Universidad de Chile. Proyecto del cual soy directora, los demás participantes del mismo fueron: el académico Mauricio Barría; los tesistas de pre-grado del Departamento de Artes Visuales: Jennifer Frías, Waldo Estuardo y Sergio Michael; y los alumnos Pablo Sanchez y Matías Serrano. Todos pertenecientes a la Facultad de Arte de la Universidad de Chile.[2] Comisión económica para América Latina y el Caribe.[3] La primera fue realizada de los presos de Puchuncaví en 1975, en protesta por el caso de los 119.[4] Amorós, Mario. “Después de la Lluvia: Chile la memoria herida.” P.394 . Versión digital, visitada el 20 de febrero del 2015. Véase en: books[5] El archivo sobre la Huelga de hambre en la CEPAL, se encuentra dentro del Fondo Ortiz- Rojas. Fondo ordenado tanto por pieza como por fondo documental, un total de 7 carpetas con documentos, de los cuales hay una parte digitalizada.

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Mi padre Ismael Chávez.

Mi padre Ismael Chávez.

El 11 de septiembre del año 2013, 40 años después del golpe militar, Juan Carlos Chávez interpuso la primera querella criminal contra Agustín Edwards como autor intelectual del delito de homicidio, en favor de los 119 muertos en la Operación Colombo, entre ellos su padre. Esta es la historia de su larga búsqueda y la sensación de liberación que tuvo después de sentar en el banquillo al magnate de la prensa chilena. “Me sentí más liberado y que en cierta forma hacía justicia por mi viejo y por todos aquellos que no se pudieron defender en su momento”, cuenta.

Poco antes de la medianoche, golpearon a la puerta de la casa. “¿A quién busca?”, preguntó Mónica Pilquil a un hombre alto y de voz amable que le pidió hablar con Juan Carlos. Pese a que no era el nombre original de su esposo, sino la chapa con la que lo identificaban en el MIR, accedió a buscarlo sin entrar en detalles.

Si bien era extraño que un desconocido se presentara a esa hora en la casa, pensó que podía tratarse de un compañero que desconocía la identidad original de Ismael. Una estrategia habitual en el trabajo clandestino de aquellos años que no le causó mayores sospechas. “Debe tratarse de algo importante”, pensó.

Esa misma tarde Ismael Chávez había presentado a su hijo recién nacido a sus alumnos de expresión corporal en el Duoc. Estaba tan orgulloso que pidió a Mónica que lo llevara y luego regresaron juntos a su hogar. Cuando descansaba con el niño en una habitación sintió el llamado de su esposa. Al llegar a la puerta escuchó un leve forcejeo.

Tres hombres habían ingresado a la fuerza al domicilio y se identificaron como agentes del Estado. Afuera los esperaba un vehículo con el motor encendido. Recién ahí entendieron que se trataba de una operación de la DINA para capturar a militantes de izquierda delatados por compañeros torturados, que en jerga de la época se conocía como “poroteo”.

Antes de marcharse, sin que se percataran los visitantes, Chávez le entregó a Mónica un puñado de boletos de micros donde se escribían los puntos de encuentro durante la resistencia para que se deshiciera de ellos. Los agentes le dijeron a la familia que se trataba de algo rutinario y que regresaría en un par de horas. Mónica se subió a una escalera y observó desde el techo como su marido era escoltado por tres personas. Llevaba un poncho negro y transmitía una extraña sensación de calma. Ismael Chávez Lobos tenía 22 años y un hijo de menos de un mes de vida. El 26 de julio del año 1974 fue el último día que su familia lo vio con vida.

FALSO ENFRENTAMIENTO

El 22 de julio de 1975, casi un año después de su desaparición, la familia de Ismael Chávez se enteró a través de la prensa que había muerto en un enfrentamiento entre extremistas ocurrido en Argentina, conocido como Operación Colombo. La lista de 119 fallecidos, publicada por la revista argentina LEA y el diario brasileño O’Día, fue replicada en Chile por El Mercurio, La Tercera y el vespertino La Segunda. Este último, en un alarde de impudicia, tituló en primera plana: “Exterminados como ratones”.

La noticia rápidamente fue desmentida por agencias internacionales y el montaje periodístico quedó en evidencia.  En el campamento de concentración de Melinka, en Puchuncaví, 95 presos iniciaron una huelga de hambre denunciando que algunos compañeros asesinados habían estado hacía pocos días en el lugar.A tanto llegó el revuelo internacional que Sergio Diez, entonces embajador de Chile ante la ONU, tuvo que acudir a la Asamblea General de Naciones Unidas a dar explicaciones. Allí, con el desparpajo de los cómplices, aseguró que los asesinados ni siquiera tenían existencia legal.

Mónica, con su hijo en brazos, recorrió todos los centros de detención donde estaban recluidos los presos políticos, especialmente Cuatro Álamos y el Estadio Nacional. En ninguno de esos lugares recibió alguna pista sobre el paradero de Ismael Chávez. Su marido, a quien conoció cuando tenía 18 años en una marcha en el centro de Santiago, pertenecía al frente de estudiantes universitarios que dependía del Movimiento de Izquierda Revolucionaria.

Chávez había estudiado teatro en la Universidad de Chile y el mismo año de su desaparición se matriculó en la escuela de Derecho de la misma casa de estudios. Soñaba con ser diplomático de carrera y estaba convencido de que la intervención militar no se prolongaría por mucho tiempo.

Mientras, se dedicaba a labores de propaganda, confeccionando en mimeógrafo El Rebelde, una revista clandestina elaborada por el MIR donde escribía artículos y Mónica le ayudaba con las ilustraciones. Ambos, además, trabajaban en distintas poblaciones del sector poniente de Santiago. Juan Carlos, como conocían a Ismael, se dedicaba a realizar teatro comunitario en cuanto centro cultural se levantó en aquellos años. Buscaba concientizar a los pobladores a través de su oficio. Siempre decía que hacer teatro, era hacer política.

Mónica quedó embarazada en su último año de secundaria. Pese a que la gente del MIR no era partidaria de que sus miembros se casaran, entendiendo la grave crisis política que atravesaba el país, la pareja decidió contraer matrimonio. Lo hicieron el 1 de febrero del año 1974. Cinco meses más tarde nació Juan Carlos, bautizado así en honor a la “chapa” política de su padre, desaparecido pocos días después de su nacimiento. En 1977, después de varios allanamientos a la casa de Mónica, esta decide exiliarse en Holanda junto a su pequeño hijo.

EXILIO

Juan Carlos Chávez tenía apenas tres años cuando llegó a Ámsterdam. En Holanda comenzaron a vivir con una tía. Mónica empezó a trabajar en un comité internacional de refugiados, ligado al partido radical, y luego en servicios de solidaridad a otros países latinoamericanos que estaban en guerra, como Nicaragua y El Salvador.

El constante activismo político de su madre, despertó tempranamente las inquietudes políticas de Juan Carlos. La casa siempre estaba rodeada de dirigentes de diversos países y escuchaba lo que pasaba en otras partes del mundo. “Yo era súper chico y hacía análisis políticos, sabía harto de historia, sobre la vida del Che Guevara y le conversaba a la gente que llegaba a la casa. Ellos quedaban impactados. Era algo inconsciente”, recuerda Juan Carlos.

Pese a que su entorno era eminentemente político, él nunca se sintió como un exiliado. Iba a una escuela normal, hablaba perfectamente el idioma y su madre acababa de recibir un subsidio de vivienda por parte del gobierno holandés. Como todo niño de su edad comenzó a preguntar por qué su padre no lo iba a buscar al colegio. “A los cinco años supe que estaba desaparecido. Mi madre nunca me inventó nada. Siempre trató de explicarlo y como estábamos metidos en el tema político se me hizo más fácil”.

Juan Carlos piensa que esa resiliencia, en el fondo fue una estrategia emocional para transformar el dolor en un tema político, ideológico, de lucha. Un proceso que con los años, admite, le provocó algunos trastornos psicológicos. “Uno puede disfrazar ciertas cosas como heroísmo, pero tarde o temprano las cosas comienzan a afectarte. Es un fenómeno inconsciente que uno utiliza como una barrera de protección”, analiza hoy.

Encontrar un espacio en el mundo, definir su identidad, fue un trabajo largo y también doloroso. Una búsqueda que comenzó cuando visitó por primera vez Chile cuando tenía 10 años. Su madre, que tenía una relación formal con un ciudadano holandés con los que tuvo dos hijos, terminó de estudiar trabajo social y pidió hacer su práctica en Chile en la Vicaría de la Solidaridad.

El reencuentro con Chile coincidió con las emblemáticas jornadas de protestas en contra de la dictadura. Era el año 1984 y Juan Carlos tenía 10 años. Recuerda haber estado en la Villa Francia con dos de sus tías, arrancando de los pacos por unos estrechos pasajes de la población, en una protesta luego de la muerte de los hermanos Vergara. “Comencé a correr en la misma dirección que lo hacía la gente, había una tremenda balacera, y de repente me meten a una casa. Lo más gracioso es que estaba tirado en el piso y unos metros más allá, en el antejardín, estaba una de mis tías. La solidaridad era increíble”, recuerda.

De vuelta en Holanda, cuando le preguntaban qué le había gustado de Chile, respondía que lo más llamativo habían sido las protestas. Cinco años más tarde regresaría definitivamente al país.

LA BÚSQUEDA

La familia había crecido durante el exilio. A Mónica y Juan Carlos, se sumaron Vincent, la pareja de su madre, y dos hermanos más. Todos arribaron al país en febrero del año 89. El regreso de Juan Carlos al país coincidió con el proceso de transición que recién comenzaba en Chile.

Ese mismo año ingresó a estudiar al Liceo Juan Bosco y comenzó a involucrarse en el movimiento estudiantil secundario. “Me tocaron las protestas por el pasaje del metro, empecé a vincularme con integrantes del centro de alumnos, algunos chicos del MIR, y con gente del Liceo de Aplicación, pero no milité en ningún partido”, recuerda.

Su llegada al país concidió con una búsqueda que tenía pendiente: saber por otras personas quién había sido su padre. Visitó a varios presos políticos en la cárcel pública. Uno de ellos le comentó que era un tipo extrovertido, de voz imponente, que siempre vestía de poncho y lo acompañaba una mujer baja de piel blanca (su madre). El rompecabezas comenzaba a armarse.

Juan Carlos reconoce que, pese a la ausencia de su progenitor, siempre tuvo una dialéctica particular con él. Cuando era pequeño lo veía como un héroe sin fallas. Lo sentía cercano pero a la vez muy distante. Cuando se portaba mal no faltaba quien le recordaba que en esas circunstancias su padre no se habría comportado así. “En un momento -reconoce- comencé a peinarme como mi papá, a vestirme como él. No sé cómo explicarlo, como que no tenía una identidad propia”.

Durante un encuentro en Villa Grimaldi, Juan Carlos escuchó el testimonio de un sobreviviente que había venido a declarar en una causa que llevaba el juez Juan Guzmán Tapia por la Operación Colombo. Ahí se percató que la fecha en que estuvo detenido el prisionero y su padre eran coincidentes. Se acercó, le mostró la foto de Ismael y le preguntó si lo conocía. También le comentó como andaba vestido su padre al momento de su desaparición.

Pocos días después el hombre lo llama por teléfono y le contó una historia ocurrida en Londres 38. Le aseguró que uno de los detenidos, en una salida a “porotear”, se arrancó con la venda puesta y fue atropellado por un vehículo. Los agentes lo devolvieron al centro de detención y lo dejaron tirado en el piso. Estaba perdiendo sangre y hacía mucho frío. De pronto escuchó una voz y observó entre la venda cuando un hombre se acercó al herido y le entregó una prenda a nombre de un tal Juan Carlos. La ropa era un poncho negro. El mismo que su padre usaba cuando fueron a buscarlo a su hogar. Por fin, después de años de búsqueda, la familia encontraba una pista a la cual aferrarse.

LA SANACIÓN

En el año 90 murió en un accidente automovilístico Vincent, la pareja de su madre, que trabajaba como fotógrafo para agencias extranjeras. La ausencia del verdadero padre le impidió asimilar que tenía otro a su lado, que había marcado su vida de manera importante. Su deceso desató una crisis en Juan Carlos. “Me dí cuenta que tuve alguien importante y que no lo valoricé. Él se portó muy bien conmigo y me entregó muchos valores de tolerancia que aún conservo”.

Huérfano por segunda vez, Juan Carlos cayó en una fuerte depresión. Estudió periodismo, teatro, cine y derecho. No pudo terminar ninguna carrera. “Empezaba con entusiasmo, pero después se me quitaban las ganas. Eso me empezó a afectar en las relaciones de pareja. Comenzó a darme todo lo mismo. Me lamentaba no poder llevar una vida normal como el resto”, recuerda.

Comenzó una terapia junto a su madre. Le descubrieron un trastorno obsesivo compulsivo. Se dio cuenta que había ciertos rituales que repetía: apretar las llaves del agua y cerrar reiteradamente la puerta de su casa. “Yo pensaba que eran mañas. La doctora que me empezó a tratar no sólo me recetaba medicamentos, sino que también me explicaba cómo funcionaba fisiológicamente. Poco a poco comencé a entender de qué se trataba, pero aún seguía confundido”.

En el año 2014 ya no aguantaba más y decidió abandonar el tratamiento. Lo cortó de raíz y comenzó a tomar yerbas medicinales. El repentino cambio le provocó mareos, dolores de cabeza y náuseas. “Sentía que estaba en un limbo -recuerda- no daba más, podía pasar cualquier cosa”.

En diciembre de ese año llegó a visitarlo un primo del sur que se había transformado en machi. En cuanto su familiar lo vio, comenzó a abrazarlo y hacerle cariño. “Vengo a ayudarte”, le dijo. Luego le comentó que desde hacía muchos años sentía que a él le pasaba algo y que si quería sanarse tenía que obedecerle.

Le recomendó un trabajo sicológico, físico y espiritual. “Me dijo que no me vistiera más de negro, que usara colores más vivos, que me preocupara de proporcionarme inyecciones diarias de humor y que abandonara el círculo político de los derechos humanos por un tiempo. Me dio a entender que mi madre y yo estábamos en una simbiosis que era un circulo vicioso”.

Antes de marcharse el machi le dijo “cuando tú te sanes, comenzarás a sanar a otras personas”. El mensaje le pareció un tanto críptico, pero con el tiempo lo comenzó a descifrar. Las recomendaciones comenzaron a tener efectos y lentamente se comenzó a sentir mejor. Incluso logró entender, sin angustia, lo que su doctora intentó desentrañar. “Cuando cerraba las llaves compulsivamente, intentaba controlar situaciones que jamás pude manejar cuando pequeño. Yo tenía 26 días de vida cuando murió mi padre. No tenía de qué culparme”, reflexiona.

Una parte medular del proceso de sanación ocurrió cuando un abogado lo invitó a participar en una acción judicial. Un acto que tuvo un fuerte componente simbólico. El 11 de septiembre del año 2013, 40 años después del golpe militar, Juan Carlos Chávez interpuso la primera querella criminal contra Agustín Edwards como autor intelectual del delito de homicidio, en favor de los 119 muertos en la Operación Colombo, entre ellos su padre. “Me sentí más liberado y que en cierta forma hacía justicia por mi viejo y por todos aquellos que no se pudieron defender en su momento”.

“Agustín Edwards representa el mal que dirige todo, pero que nadie ve. Me atrevo a decir que fue peor que Pinochet. Los milicos hicieron el trabajo sucio y los civiles que apoyaron la dictadura son los Pilatos que se lavaron las manos y que finalmente planificaron todo”.

Para el hijo de Ismael Chávez la querella cerró un ciclo en su vida. “Sentí que se cerró algo, pero que se abrió otra cosa mejor con una nueva perspectiva. Lo más importante es el tema espiritual, porque sin ese camino de sanación nada tiene sentido”.

La acción judicial en contra del magnate de la prensa finalmente no prosperó, aunque el quinto Agustín tuvo que declarar en tribunales. Juan Carlos Chávez comenzó a estudiar el año pasado medicina naturopática. Los designios de su primo se estaban cumpliendo.

Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Justicia, 40 años después

Publicado el 29 Mayo 2017

ESCRITO POR LUCÍA SEPÚLVEDA

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo,  cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años,  fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos  irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.  

 

 

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto  había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003  para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres.  Era  lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”:  El año 2006 muere  Pinochet sin pagar por este ni ningun otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.  

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”.  Sin embargo viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe  el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras.  La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

 

Privilegios de criminales  

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a10 años y 1 día  a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado,  pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de  $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad.  Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR –   bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

 

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972 intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar,  él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”,  comenzó a organizar la red  de  periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y  testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado  de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.  

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que  era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las  conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión  y creatividad, cambiando su aspecto físico  y reduciendo sus salidas para eludir la persecución.  La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”.  Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo,  así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo. 

Delito de lesa humanidad
La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

 La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos.  Los ministros Haroldo Brito,   Milton Juica y Jorge Dahm,  respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los  ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta.  Siguieron así  la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch,  similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el  tribunal los testigos –entre los que se cuenta  el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.  

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el Pelao había  intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que éste contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche,  cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen,  había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

 

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El  se especializó en el exterminio del MIR.  Según información  del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros  de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo   (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz,  Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva,  Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de  Diana Aaron, Luis Arias,  Alvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún,  Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y  Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aun está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no  ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario reivindica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”.  La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y  a  4 años por asesinato del coronel Huber.  Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del el ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue  condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés,  y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una  pensión de $1.653.952.

Basclay  Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos,  M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por  los secuestros y desapariciones de Alvaro Barrios,  Carmen Díaz, Elsa Leuthner,  Antonio Llidó, Iván Monti,  José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez  (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una  sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros  de militantes comunistas en calle Conferencia.
José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona,  está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió  en libertad una “condena” por el  secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

 

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria pero también y sobre todo,  a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula.  ¡Hagámoslo ya!

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…
Justicia 40 Años despues

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la […]

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.

 

Alejandra y Eva María Carmona conferencia de prensa condena ex agentes CNI

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003 para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres. Era lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”: El año 2006 muere Pinochet sin pagar por este ni ningún otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”. Sin embargo, viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras. La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

Privilegios de criminales

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a 10 años y 1 día a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado, pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad. Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR – bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972, intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar, él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”, comenzó a organizar la red de periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión y creatividad, cambiando su aspecto físico y reduciendo sus salidas para eludir la persecución. La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”. Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo, así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo.

Delito de lesa humanidad

La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos. Los ministros Haroldo Brito, Milton Juica y Jorge Dahm, respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta. Siguieron así la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el tribunal los testigos –entre los que se cuenta el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el HJUYYTRF5F había intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que este contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche, cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen, había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El se especializó en el exterminio del MIR.

Según información del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz, Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva, Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de Diana Aaron, Luis Arias, Álvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún, Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aún está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario justifica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”. La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y a 4 años por asesinato del coronel Huber. Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés, y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una pensión de $1.653.952.

Basclay Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos, M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por los secuestros y desapariciones de Álvaro Barrios, Carmen Díaz, Elsa Leuthner, Antonio Llidó, Iván Monti, José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros de militantes comunistas en calle Conferencia.

José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona, está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió en libertad una “condena” por el secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria, pero también y sobre todo, a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula. ¡Hagámoslo ya!

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