Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Augusto, “el Pelao Carmona”, mi compadre. Justicia al fin.

Justicia, 40 años después

Publicado el 29 Mayo 2017

ESCRITO POR LUCÍA SEPÚLVEDA

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo,  cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años,  fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos  irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.  

 

 

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto  había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003  para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres.  Era  lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”:  El año 2006 muere  Pinochet sin pagar por este ni ningun otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.  

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”.  Sin embargo viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe  el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras.  La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

 

Privilegios de criminales  

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a10 años y 1 día  a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado,  pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de  $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad.  Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR –   bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

 

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972 intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar,  él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”,  comenzó a organizar la red  de  periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y  testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado  de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.  

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que  era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las  conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión  y creatividad, cambiando su aspecto físico  y reduciendo sus salidas para eludir la persecución.  La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”.  Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo,  así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo. 

Delito de lesa humanidad
La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

 La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos.  Los ministros Haroldo Brito,   Milton Juica y Jorge Dahm,  respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los  ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta.  Siguieron así  la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch,  similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el  tribunal los testigos –entre los que se cuenta  el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.  

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el Pelao había  intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que éste contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche,  cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen,  había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

 

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El  se especializó en el exterminio del MIR.  Según información  del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros  de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo   (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz,  Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva,  Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de  Diana Aaron, Luis Arias,  Alvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún,  Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y  Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aun está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no  ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario reivindica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”.  La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y  a  4 años por asesinato del coronel Huber.  Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del el ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue  condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés,  y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una  pensión de $1.653.952.

Basclay  Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos,  M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por  los secuestros y desapariciones de Alvaro Barrios,  Carmen Díaz, Elsa Leuthner,  Antonio Llidó, Iván Monti,  José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez  (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una  sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo, (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros  de militantes comunistas en calle Conferencia.
José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona,  está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió  en libertad una “condena” por el  secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

 

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria pero también y sobre todo,  a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula.  ¡Hagámoslo ya!

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…

Incorporando a la memoria la historia del periodista revolucionario Agusto Carmona, el Pelao…
Justicia 40 Años despues

Por Lucía Sepúlveda Ruiz

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Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la […]

Por el asesinato del periodista y dirigente del MIR, Augusto Carmona Acevedo, cometido por la CNI el 7 de diciembre de 1977 cuando él tenía 38 años, fueron condenados, 40 años después, algunos de los responsables. Augusto, “el Pelao Carmona”, padre de mi hija Eva María, fue mi compañero en los inolvidables años de la Unidad Popular y luego en la lucha antidictatorial. Eva María y Alejandra, su otra hija, crecieron sin él. Sus seis nietos irán conociendo la verdad histórica, aun cuando ello no borrará el dolor de la ausencia.

 

Alejandra y Eva María Carmona conferencia de prensa condena ex agentes CNI

Alto dirigente del MIR en la clandestinidad, Augusto había sido ex jefe de Prensa de Canal 9 de TV de la U de Chile y redactor de la revista Punto Final. El crimen fue presentado por la dictadura y los medios como un enfrentamiento.

La querella interpuesta en 2003 para impugnar la amnistía impuesta en 1993, era contra Augusto Pinochet y todos los que fueran responsables. Como familia, habíamos vivido con júbilo la detención de Pinochet en Londres. Era lo más cercano a la justicia y a la reparación. El hecho había remecido a la justicia chilena. Pero la impunidad persistió, con trucos judiciales para dilatar los procesos, entre otras movidas que permitían el avance de la “impunidad biológica”: El año 2006 muere Pinochet sin pagar por este ni ningún otro crimen. Fue en el Día Internacional de los Derechos Humanos, que coincide con mi cumpleaños…No hubo regalos de la justicia para nosotros en estos años.

Iban muriendo los criminales mientras los padres de los ejecutados detenidos desaparecidos partían sin conocer verdad ni justicia, tal como ocurrió con don Augusto y la señora María Acevedo, los padres del “Pelao”. Sin embargo, viva está la constitución pinochetista, al igual que el modelo económico implantado entonces y perfeccionado por la Concertación/Nueva Mayoría. Sólo a través de la lucha social de los de abajo, y los terremotos irrumpe el verdadero rostro del país por el que se jugaron y entregaron su vida “Oslo” y miles de compañeros y compañeras. La corrupción y el envilecimiento de la política, la corrupción y el saqueo de los bienes comunes se nutren de la impunidad y de la tolerancia a las prácticas de tortura instaladas en distintos ámbitos de la acción del Estado, sea con los menores, sea en las comunidades mapuche allanadas y militarizadas o en las cárceles.

Privilegios de criminales

En este marco llega finalmente la sentencia de la Corte Suprema: a 10 años y 1 día a los ex brigadieres de ejército Miguel Krassnoff y Manuel Provis Carrasco; al mayor (r) de ejército Enrique Sandoval Arancibia y al coronel (r) Luis Torres Méndez, así como los ex suboficiales del ejército José Fuentes Torres y Basclay Zapata. Menciono sus grados porque en Chile ningún criminal ha sido degradado, pero la sentencia judicial sólo los individualiza por sus nombres. Los criminales reciben legalmente las generosas pensiones que se autoasignaron las Fuerzas Armadas mientras condenaban al resto de los chilenos a jubilar con las miserables pensiones del sistema de las AFPs. Mientras escribo, me pregunto además si este año Krassnoff podrá gozar en libertad de su pensión de $ 2.489.658, ya que otros criminales con condenas por delitos de lesa humanidad ya han obtenido la libertad condicional. El monto de la pensión se conoció por la lista entregada por el Consejo para la Transparencia al diario La Tercera recientemente.

En el procesamiento inicial del ministro en visita Leopoldo Llanos (2005) la lista de criminales era encabezada por Odlanier Mena, director de la CNI, que estaba con condicional por otro homicidio y se suicidó (2013) eludiendo su responsabilidad. Los agentes que declararon en el proceso por el asesinato de Augusto Carmona aseguraron que desde el reemplazo de la Dina por la CNI, a mediados de 1977, con Odlanier Mena como director, todos los operativos de exterminio debían contar con su autorización previa. La Brigada Roja (sucesora de la Halcón) fue la encargada de llevar a cabo la ejecución de Augusto Carmona, operación supervisada por Krassnoff – quien dirigió todos los operativos contra el MIR – bajo el probable mando operativo de Manuel Provis. Mena llegó al lugar de los hechos pocas horas después.

Periodista de trinchera

Carmona tuvo una destacada carrera en el periodismo nacional, donde fue jefe de prensa de Canal 9 de TV –entonces de la Universidad de Chile- elegido por los trabajadores que ocuparon la estación en agosto de 1972, intentando detener el avance del golpismo. Tras el golpe militar, él escogió los riesgos de la lucha de resistencia, aunque su salud era precaria por haber sufrido una compleja operación al corazón. En esos primeros años en que sólo existía la prensa adicta a la dictadura, el “Pelao Carmona”, ahora “Oslo”, comenzó a organizar la red de periodistas que recolectaba noticias sobre los crímenes de la DINA, y testimonios sobre la existencia de detenidos desaparecidos, enviándolas al “Correo de la Resistencia”, en México. Carmona era miembro del comité central del MIR en la clandestinidad. Como encargado de las relaciones políticas, se reunía con dirigentes de la izquierda y un sector de la Democracia Cristiana para impulsar acuerdos tendientes a formar un movimiento amplio de resistencia popular.

Las exigencias de la vida clandestina eran contradictorias con el carácter del Pelao, que era comunicativo, amistoso, seductor, dado a las conversas de café y a escuchar y bailar tangos y boleros. Ese amor por la vida lo transmitió a sus tareas políticas, que arremetía con vehemencia, pasión y creatividad, cambiando su aspecto físico y reduciendo sus salidas para eludir la persecución. La forzosa quietud le permitió asumir el rol de cuidar a Eva María, nacida poco después del golpe, a quien prodigaba su ternura y atención, superando el machismo característico de esa época. Eva tenía 3 años cuando lo asesinaron y no podía ni siquiera llevar su apellido, pues vivíamos en la clandestinidad.

El Pelao había estudiado periodismo y bibliotecología tras egresar del Instituto Nacional. Fue presidente del centro de alumnos de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile y más tarde, presidente del sindicato de trabajadores del Canal 9, donde fue redactor político del Noticiero “Nueve Diario”. Como redactor de la revista Punto Final viajó a Cuba junto a un grupo de periodistas que entrevistaron a Fidel Castro en La Habana. En agosto de 1967, había reporteado el juicio militar en Camiri, Bolivia, a Régis Debray y otras personas vinculadas a la guerrilla del Che.

En 1973 fue, además, jefe de prensa de Radio Nacional, emisora del MIR. Perteneció a una generación de notables periodistas comprometidos con el pueblo, como Augusto Olivares, Máximo Gedda y José Carrasco Tapia, grandes amigos suyos. De la promoción 1957 del Instituto Nacional arranca su estrecha amistad con el poeta Manuel Silva Acevedo, así como con el pintor Raúl Sotomayor y el académico Grinor Rojo.

Delito de lesa humanidad

La sentencia de la Suprema calificó el asesinato del periodista como un delito de lesa humanidad dado que fue “un ataque sistemático o generalizado en contra de bienes jurídicos como la vida de una parte de la población civil con determinada opción ideológica, con la participación del poder político y la intervención de agentes del Estado” y concedió también, a contrapelo del Consejo de Defensa del Estado, y cumpliendo las obligaciones internacionales de Chile, la reparación civil solicitada para las hijas.

La acuciosa investigación iniciada por el ministro Alejandro Solís, hoy jubilado, fue retomada por el juez Llanos. Los ministros Haroldo Brito, Milton Juica y Jorge Dahm, respaldaron lo obrado por Llanos, en tanto los ministros Carlos Künsemüller y Lamberto Cisternas, sostuvieron en un voto de minoría que los criminales debían cumplir sólo la mitad de la pena impuesta. Siguieron así la teoría de la “media prescripción” respaldada por el Presidente de la Corte Suprema Hugo Dolmetsch, similar al “2 x 1” aplicada en Chile en varias oportunidades y rechazado en Argentina recientemente en masivas movilizaciones.

La trampa mortal

El crimen ocurrió el 7 de diciembre de 1977, bajo estado de sitio pero los testimonios de los vecinos hicieron resplandecer la verdad. Ante el tribunal los testigos –entre los que se cuenta el escritor Reinaldo Marchant que acudió motu proprio a la Comisión Rettig a contar lo que vivió ese día – declararon lo mismo que Marchant expuso ante la Rettig , refutando la mentira del enfrentamiento. También lo había denunciado yo ante la Comisión Allana de Naciones Unidas, que visitó Chile un año después. Me protegió para comparecer el querido Padre José Aldunate.

La tortura fue la clave para detectar al Pelao. No nos enteramos a tiempo de la detención de un colega y su equipo de apoyo. Paradojalmente el HJUYYTRF5F había intentado protegerlo y asilarlo para salvar la red clandestina de periodistas que este contactaba. Pero era demasiado tarde y ellos ya habían caído en manos de la CNI. Ese día, una veintena de vehículos rodearon desde temprano la manzana en que vivía el Pelao, en la calle Barcelona, de la comuna de San Miguel. Los agentes allanaron su domicilio y ocuparon además la casa contigua. Luego ordenaron a los vecinos recogerse en sus casas y permanecieron horas esperándolo en el interior del inmueble. Cerca de medianoche, cuando él sacaba sus llaves para ingresar a la casa, dispararon una ráfaga de subametralladora acribillándolo por la espalda. Los agentes arrastraron el cuerpo al interior. Un fiscal militar ordenó más tarde un informe a los peritos de la Brigada de Homicidios de Investigaciones. El informe estableció que el cuerpo fue arrastrado y que la pistola que portaba Carmona estaba con seguro, por lo que no pudo hacer uso de ella para defenderse. Al lugar llegó más tarde el director de la CNI, Odlanier Mena en su vehículo marca Volvo, según declaró Juan Arancibia López, su chofer.

Este fue el inicio de la política de la CNI de aniquilamiento de dirigentes, remplazando el secuestro por la ejecución in situ, enmascarada como un enfrentamiento. Un mes después, Germán Cortés, también alto dirigente del MIR fue asesinado en similares circunstancias.

El cartel de la DINA/CNI

Odlanier Mena Salinas, sobreseído por muerte de su responsabilidad en este crimen, había sido condenado en 2008 a seis años por los secuestros de Oscar Ripoll Codoceo, Manuel Donoso y Julio Valenzuela (Caravana de la Muerte), pero ya estaba en libertad condicional cuando el ministro Llanos lo procesó, y se suicidó en su propia casa al saberlo. Ello coincidió con el traslado de los criminales desde el penal de Cordillera hacia Punta Peuco.

El condenado Miguel Krassnoff Martchenko tiene la segunda más alta pensión de los 81 criminales actualmente condenados en Punta Peuco (sólo inferior a la del ex fiscal Torres). El se especializó en el exterminio del MIR.

Según información del Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, está condenado a firme por los secuestros de 20 resistentes en la llamada Operación Colombo (María Teresa Bustillos, Manuel Cortez Joo, Julio Flores, María Elena y Galo González Inostroza, Sergio Lagos, Ofelio Lazo, M. Cristina López, Mónica Llanca, Sergio Montecinos, Jorge D’Orival, Jorge Ortiz, Eugenia Martínez, Anselmo Radrigán, Marcelo Salinas, Fernando y Claudio Silva, Gerardo Silva, Muriel Dockendorff, Manuel Villalobos), incluidos en la Lista de los 119. Krassnoff también cumple condena por los secuestros y desapariciones de Diana Aaron, Luis Arias, Álvaro Barrios, Cecilia Bojanic, Amelia Bruhn, José Calderón, Carmen Díaz, Mamerto Espinoza, Iván Monti, Antonio Llidó, Luis Muñoz Rodríguez, Flavio Oyarzún, Sergio Pérez, José Ramírez, Sergio Riffo, Herbit Ríos, Jaime Robotham, Luis San Martín, Renato Sepúlveda, Claudio Thauby y Lumi Videla, casi todos militantes del MIR. Además, fue condenado por el montaje en Rinconada de Maipú en que la DINA ejecutó a Alberto Gallardo, Catalina Gallardo, Mónica Pacheco, Luis Ganga, Manuel Reyes y Pedro Cortés. A ello se agregan las condenas por torturar en Villa Grimaldi a prisioneros y prisioneras que sobrevivieron. En ausencia, fue condenado en Francia por la desaparición de los ciudadanos franceses Alfonso Chanfreau, Jean Yves Claudet, George Klein y Etienne Pesle. En Chile aún está procesado por muchos otros secuestros.

Krassnoff no ha entregado información alguna que permita encontrar a los desaparecidos y esclarecer casos, por el contrario justifica sus crímenes. Sin embargo, su abogado reivindica ante la Corte el actuar de su defendido contra el “terrorismo”. La Corte de Apelaciones acogió parcialmente, el 8 de septiembre de 2016, un recurso de protección interpuesto por Krassnoff para salir en libertad, abriendo la puerta a la reconsideración de su solicitud por parte de la Comisión de Libertad Vigilada. El 5 de octubre del año pasado, esta misma corte concedió la libertad condicional a Raúl Iturriaga Neumann, revocando así la repetida negativa de la Comisión de Libertad Condicional respectiva.

Otro condenado, Manuel Provis, ex jefe del Batallón de Inteligencia tiene dos condenas más por matar a sus pares: a 10 años y un día por la muerte del ex químico de la DINA Eugenio Berríos en Uruguay, y a 4 años por asesinato del coronel Huber. Su pensión es de $2.442.188. Provis está en Punta Peuco desde agosto de 2015, tras el suicidio del ex general director del DINE Hernán Ramírez, al ser notificado de la sentencia en el caso Berríos.

Enrique Sandoval Arancibia (“Pete el Negro”) ya fue condenado por el asesinato del dirigente del MIR Germán Cortés, y por el montaje (caso Las Vizcachas) en que se asesinó a Juan Soto Cerda, Luis Araneda, Luis Pincheira y Jaime Cuevas (1981). Por desaparecer al menor Carlos Fariña, no cumplió pena alguna de cárcel. Sigue gozando de una pensión de $1.653.952.

Basclay Zapata (“El Troglo”) está en Punta Peuco, condenado a 10 años por desaparición de Manuel Cortes Joo, Julio Flores, los hermanos Galo y María Elena González Inostroza; Sergio Lagos, M. Cristina López, Mónica Llanca, Jorge D’Orival, Anselmo Radrigán, Fernando y Claudio Silva Peralta, Manuel Villalobos (todos del caso Operación Colombo). Además condenado por los secuestros y desapariciones de Álvaro Barrios, Carmen Díaz, Elsa Leuthner, Antonio Llidó, Iván Monti, José Ramírez, Herbit Ríos, Ricardo Troncoso, Lumi Videla.

Luis Torres Méndez (“Negro Mario”) estaba en libertad condicional, al emitirse la sentencia de la corte Suprema, con una sentencia de primera instancia por el secuestro de Miguel Angel Acuña Castillo (Operación Colombo). También está procesado por casos de la Operación Cóndor y por secuestros de militantes comunistas en calle Conferencia.

José Fuentes Torres, (“Cara de Santo”) también libre al momento de dictarse la sentencia por el homicidio de Augusto Carmona, está procesado por su participación en la Operación Colombo y cumplió en libertad una “condena” por el secuestro y muerte de Mireya Pérez Vargas.

La historia de periodistas revolucionarios como Augusto Carmona Acevedo y tantos otros compañeros y compañeras de su generación, requiere ser incorporada a la memoria, pero también y sobre todo, a la práctica social y política de los comunicadores de hoy en este Chile donde quieren reinar para siempre el duopolio y la farándula. ¡Hagámoslo ya!

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2 de octubre de 2012

Luego que en marzo de 2010 la Corte Suprema confirmara la pena de 7 años para tres ex militares que fueron encontrados culpables del delito de homicidio calificado en las personas de Germán Cárcamo Carrasco, Carlos Baigorri Hernández y Ramón González Ortega, los familiares de este último ganaron una demanda de indemnización de perjuicios al fisco, por 1.000 millones de pesos.

La sentencia del Vigésimo Segundo Juzgado Civil de Santiago dio lugar a la demanda presentada en enero de 2011 por la viuda María Genoveva Toro Rosa y sus hijos Iván Nelson, Carmen Genoveva, Gladys Carolina y Ricardo Antonio, todos ellos de apellidos González Toro.

Ramón Domingo González Ortega, funcionario del Servicio de Impuestos Internos, tenía 37 años cuando fue detenido y ejecutado por agentes del Estado, según se basa en el informe de la Comisión de Verdad y Reconciliación.
De acuerdo a dicho informe, Carlos Baigorri, militante comunista; Germán Cárcamo, socialista, Ramón González, sin militancia conocida, fueron detenidos en forma separada en sus respectivos domicilios y conducidos al Regimiento Caupolicán de Porvenir. El 30 de octubre de 1973, en horas de la madrugada, fueron sacados del lugar en que dormían y llevados por unos suboficiales al Polígono del Regimiento, donde se les hizo correr y se les disparó hasta darles muerte. Los detenidos habrían sido ejecutados a las 4 de la madrugada de ese día, con el objeto de efectuar una medida ejemplarizadora.

La versión oficial del Ejército, publicada el 31 de octubre en el diario La Prensa Austral, dio cuenta que los detenidos se habían escapado el 29 de octubre a las cero horas y habían sido ubicados por las patrullas que salieron en su búsqueda a unos 20 kilómetros de Porvenir. La versión agregaba que al no hacer caso a la voz de alto, los soldados dispararon y les dieron muerte. Los cuerpos fueron entregados a los familiares varios días después de los hechos.

La Comisión Verdad y Reconciliación se formó la convicción que las muertes de Baigorri, Cárcamo y González, fueron en realidad ejecuciones sin juicio, constitutivas de graves violaciones de los derechos humanos.

Parte criminal

En la parte penal, la justicia falló una querella criminal interpuesta por la familia, condenando al entonces suboficial de Ejército, Miguel Pablo Muñoz Uribe; suboficial, Juan Antonio Ortiz Toledo, y teniente José Rafael Aguirre Aguirre, a la pena de 7 años de cárcel efectiva, por sus responsabilidades criminales, que en calidad de autores les correspondió en los delitos de homicidio calificado reiterados en las personas de González, Cárcamo y Baigorri, perpetrado en la ciudad de Porvenir, la madrugada del 30 octubre de 1973. En su parte civil, se acogió una indemnización de perjuicios a favor de los familiares de la víctima Carlos Baigorri Hernández.

Caso Ramón González

La demanda civil de la familia González Toro se sustentaba en la responsabilidad del Estado y su consecuentemente deber de reparar a las víctimas de violaciones a los derechos humanos. En efecto, los ataques y daños causados por parte de los agentes del Estado en contra de la vida, integridad física o libertad ambulatoria de una persona, constituyen un tipo específico de violación que deja al infractor en el deber de responder ante la comunidad internacional y a la víctima en situación de ser legítimamente reparada.

El Consejo de Defensa del Estado al contestar la demanda alegó la “inexistencia de un régimen especial de responsabilidad del Estado” y a la vez planteó la “excepción de prescripción extintiva”.

No obstante, el juez Pedro Enrique García, titular del 22º Juzgado Civil de Santiago, al fallar la causa indemnizatoria, rechazó la argumentación del Consejo de Defensa del Estado al estimar que aparece clara la responsabilidad civil del Estado, que fluye de los hechos descritos y de la intervención de sus agentes, citando al respecto varios textos legales y en particular lo establecido en la Ley Nº18.575 Orgánica Constitucional de Bases Generales de la Administración del Esrado, que señala que “el Estado será responsable por los daños que causen los órganos de la administración en el ejercicio de sus funciones, sin perjuicio de las responsabilidades que pudieren afectar al funcionario que los hubiere ocasionado”, responsabilidad que, en todo caso, plantea la sentencia, “no ha sido impugnada por la demandada, y que se refleja, además, en los beneficios otorgados por la Ley Nº19.123 a los demandantes.

El daño moral, social y las secuelas médico psicólogicas sufridas por los familiares de Ramón González debido al homicidio cometido por militares, fueron acreditados a través de los informes emitidos por los profesionales del área.
“Este Tribunal comprende plenamente que las sumas de dinero que se concedan a las víctimas en nada destierran el dolor y la aflicción sufrido por los demandantes, debido a las conductas ilícitas ejecutadas por agentes del Estado la noche del 29 de octubre de 1973, en la ciudad de Porvenir, momento en que desnaturalizándose y trastornándose los fines del Estado, aquellos que por disposición moral y legal estaban encargados de la cautela y seguridad de los ciudadanos, atentaron en los términos más crueles en contra de ellos, encontrándose entre ellos don Ramón González Ortega”, remarca el fallo.

Basado en dichos argumentos, el juez Pedro Enrique García resolvió que, habiendo el Estado dejado en el desamparo e indefensión al fallecido, sus hijos y cónyuge, durante tan largo tiempo, “corresponde ahora que los devuelva a su amparo, por lo que la demanda habrá de prosperar”.

La familia González Toro en su presentación pedía que se condene al fisco al pago de una indemnización de 1.000 millones de pesos, a razón de 200 millones de pesos para cada demandante. Esto fue lo que en definitiva acogió el Tribunal.

El fallo de fecha 28 de septiembre de 2012 podría ser apelado ante la Corte de Santiago por la demandada.

Hijo de ejecutado político el año 1973
“Este fallo viene a limpiar la imagen de mi padre
y nos regala lo que más esperábamos, justicia”

Sereno y con los pies en la tierra, así se podría describir el estado de ánimo que ayer tarde evidenciaba Iván González Toro, hijo de Ramón González, tras tomar conocimiento del fallo de primera instancia pronunciado a favor de su familia por la ejecución de su padre el año 1973.

“Que un juez de la República, condene al fisco a pagar la totalidad de la demanda civil interpuesta por un crimen de esta naturaleza, no viene más que a reafirmar que todo por lo que luchábamos, no era un empecinamiento o un revanchismo, sino que era una legítima lucha por justicia. Más allá del monto que sea, podrían haber sido 10, 25 ó 50 millones, pero que se reconozca la totalidad de los daños es lo que nos da la sensación de justicia”, comentó anoche a La Prensa Austral.

Pese al fallo favorable, y a la elevada cifra indemnizatoria, este joven profesional reconoce que el dictamen es de primera instancia y que resta un enorme camino por recorrer, pero valora el espíritu de la sentencia: “Esto es una alegría inmensa, mi padre nuevamente es reconocido, es reparado, su buen nombre es puesto de acuerdo a lo que él era, y no a un criminal, él no debió haber pasado lo que pasó, y todo esto que está pasando es por él, estamos alegres por su memoria, por su recuerdo. El nombre de mi padre ha quedado limpio, tanto judicialmente como socialmente y moralmente, se ha restablecido el buen nombre de Ramón González y los que fueron asesinados junto a él”, concluyó Iván González.

Comisión Testimonios Histórico de Pisagua: acontecimientos acaecido en Iquique y Pisagua.

HOY FUI CITADO POR MINISTRO CARROZA

Después de entrevistarme y declarar en varias oportunidades ante la Brigada de DD.HH. de la PDI de Santiago que acompaña el trabajo de la Causa del Caso Pisagua que lleva el Ministro Mario Carroza, hoy Miercoles 31 de Julio 2013, acudí a la cita del llamado del Ministro Carroza.  Tuve la oportunidad de conversar directamente con él y seguir entregándole antecedentes reales y con respaldo documental de los años de investigación que he llevado desde que pasé por el Regimiento Telecomunicaciones y por el Campo de Concentración de Pisagua presentándole esquemáticamente el desarrollo de los acontecimientos acaecido en Iquique y Pisagua...  Al mismo Ministro le expresé que, las declaraciones  de cada ex – preso político que declaró anteriormente, es de gran ayuda a esta causa que cerca de 40 años hemos seguido apoyando y esperando la justa expresión de justicia..
Como sobreviviente del Campo de Concentración de Pisagua, tanto a los Ministros anteriores, Juan Guzmán, Calvo, Billard y ahora el ministro Carroza, he sido cuidadoso con mis declaraciones, pues todo lo que entregué como también mis compañeros fueron lisa y llanamente testimonios reales que nos pasó a nosotros y lo que presenciamos en vivo y directo de los horrores vividos,   por Pisagua, pasó la mentalidad enfermiza del nazismo, practicamente se desarrolló una suerte de morbosidad y sadismo de parte de nuestros custodios: – golpizas, flagelaciones, torturas, simulacro de fusilamiento y ejecuciones propiamente tales; en honor a la verdad cada uniformado individualmente se extra limitó en su accionar brutal, cometiendo la tortura y el asesinato (ejecuciones)…   Debo decir además que, el concepto de culpa es para aquel uniformado o agente de Estado que cometió ese delito, deberá asumir su culpabilidad legal.
Tiempo atrás lo dije y hoy lo reitero, porque en honor a la verdad, algunos oficiales evitaron ser actores de primer orden en las acciones que se llevaron a cabo; ya que la responsabilidad recae en aquellos que participaron directamente, que fueron capaces de elegir, autores de sus propios actos ante el desprotegido prisionero político. 
Pues mantengo mis dichos que, se hace necesario que aquellos uniformados que llegaron a cometer tales brutalidades, hoy no pueden mantener la cara en alto; han sido capaces de negar sus responsabilidades y volcar su culpabilidad en terceros, al menor rango o al uniformado fallecido…  Como también estoy seguro de que estos canallas y criminales a través de que sus ojos delatarán el temor a recibir castigo; estoy aún más seguro que su mente enfermiza no expresará ningún sentimiento de culpa, el cual supuestamente tratarán de negar los actos que cometieron o como tratarán de impedir el juzgamiento con resquicios poco éticos e inmorales… 
Hoy hemos tomado conocimiento de 7 acusados por delitos de Homicidio Calificado y Secuestro Calificado, sin embargo faltan muchos más que deben compadecer ante el Ministro Carroza por sus crimenes cometidos como son: los detenidos – desaparecidos William Millar Sanhueza y Jorge Marín Rossel; detenido – desaparecido Manuel Araya Zavala; ejecutados – desaparecidos Freddy Taberna Gallegos, Rodolfo Fuenzalida Fernández, Demetrio Sampson Ocaranza y  Juan Ruz Díaz; ejecución de Germán Palominos Lamas; ejecuciones de Orlando Cabellos, Luis Manríquez Wilden, Hugo Martinez Guillén, Nicolás Chanéz Chanéz, Juan Rojas Osega y Juan Mamani García; muerte en tortura del gendarme Isaias Higueras Zúñiga; ejecución de Nelson Márquez Agusto; Ejecuciones de Luis Toro Castillo y Alberto Yáñez Carvajal; detenido – desaparecido Henry Torres Flores; ejecución de Manuel “Choño” Sanhueza Mellado…
 
Ojalá que al cumplirse estos 40 años mis compañeros sobrevivientes de Pisagua y a lo largo del país podamos ver la luz de la justicia, puesto que es digno de expresar y saludar por su trabajo ecuanime y acucioso del Ministro Mario Carroza, quien ha desarrollado un trabajo muy profesional y se le respeta.  
Freddy B. Alonso Oyanadel
Comisión Testimonios Histórico de Pisagua
P.D.:  Mi Celular, 96398617  o 2322577
Fuente: Mensaje
De: Freddy Alonso <falonso02@gmail.com>
Fecha: 1 de agosto de 2013

Hermanos: Que Hacemos y por qué

Hermanos

Que Hacemos y por qué

Frente a la injusticia, la distorsión de la memoria y la imposición del olvido, desde el momento en que nació H.I.J.O.S(Hijos e Hijas por la Identidad y la Justicia contra el Olvido y el Silencio)nos planteamos el camino de la recuperación de la historia, de las huellas, de la lucha, de la vida. Es por eso que uno de nuestros objetivos fundacionales es la Restitución de la Identidad de los 500 jóvenes que fueron apropiados durante la última dictadura militar.

Muchas detenidas-desaparecidas estaban embarazadas en el momento en que fueron secuestradas por las fuerzas de “seguridad”, a otras las secuestraron junto con sus hijos pequeños y/o bebes. Esos niños, hoy adultos, nunca fueron devueltos a sus familias biológicas. Se los quedaron los militares o sus amigos. Así como los militares se quedaron con los muebles de las casas de los militantes políticos que detenían, también tomaron a sus hijos como parte de ese “botín de guerra”.

Esta metodología de secuestro y apropiación de los hijos de las desaparecidas no fue un hecho aislado sino que, por el contrario, los militares tenían armado un plan para la apropiación de niños. Este plan sistemático de apropiación de menores, que se llevó a cabo durante la dictadura más sangrienta que se vivió en la Argentina, es uno de los motivos, aunque no el único, que confirma que en Argentina hubo un Genocidio. La convención contra el genocidio de las Naciones Unidas dice:

se entiende por genocidio cualquiera de los actos mencionados a continuación, perpetrados con la intención de destruir, total o parcialmente, a un grupo nacional, étnico, racial o religioso, como tal:

a) Matanza de miembros del grupo;

b) Lesión grave a la integridad física o mental de los miembros del grupo;

c) Sometimiento intencional del grupo a condiciones de existencia que hayan de acarrear su destrucción física, total o parcial;

d) Medidas destinadas a impedir los nacimientos en el seno del grupo;

e) Traslado por fuerza de niños del grupo a otro grupo1

Si bien en la década del setenta los militares utilizaron varios de los puntos recién mencionados como metodología para implantar el terror, aquí remarcamos solamente los dos últimos pues nos estamos refiriendo a la apropiación de menores

Los chicos secuestrados y apropiados son alrededor de 500. Hasta ahora sólo 90 de ellos recuperó su verdadera identidad. Es decir, en la Argentina del siglo XXI, hay más de 400 desaparecidos con vida. Son 400 jóvenes que no saben quienes son. Son 400 familias que buscan, después de 30 años, con la misma ansiedad y desesperación que el primer día. Son abuelas, abuelos, hermanos, hermanas, tíos, tías, primas, primos y hasta, en algunos casos, padres que los siguen esperando porque saben que están con vida en algún lugar y que, tal vez, no están al tanto que existe una familia que los busca. Pero, además, es una sociedad que si no busca debe hacerlo. Porque una sociedad que no pretende averiguar la verdad acerca de su pasado, está destinada al fracaso. Por todo esto es que los buscamos.

Decimos que son nuestros hermanos porque algunos de los miembros de la agrupación buscan a sus hermanos/as biológicos/as, pero también porque generacionalmente (aunque no sean parte de nuestra familia biológica) los consideramos nuestros hermanos. Porque son los hijos de la generación de nuestros padres y sus compañeros.

La restitución de la identidad supone localizar a los y las jóvenes desaparecidos/as, determinar su identidad biológica, restituir una historia, la historia de vida de sus padres y sus compañeros/as.Porque la apropiación de menores durante la dictadura fue algo pensado para borrar toda huella de esos padres y de la lucha de esa generación.

La búsqueda de la identidad de nuestros hermanos/as no es sólo la búsqueda de ese chico/a, sino que implica la búsqueda de la identidad de toda una generación, búsqueda absolutamente necesaria para reconstruir la verdadera historia de nuestro pueblo. Porque mientras haya una sola identidad cambiada toda una generación podrá tener dudas acerca de su origen.

1 Convención contra el Genocidio. Tratado Internacional con jerarquía Constitucional desde 1994. Adoptada y abierta a la firma y ratificación, o adhesión, por la Asamblea General en su resolución 260 (III), de 9 de Diciembre de 1948. Entrada en vigor: 12 de Enero de 1951, de conformidad artículo XIII.


LA COMISIÓN DE HERMANOS EN EL PAÍS.En 1998 se crea a nivel Nacional la comisión Hermanos. A la fecha, funciona en las regionales de Capital, Chaco, Córdoba, Jujuy, La Plata, Mendoza, Paraná, Río Cuarto, Rosario, Santa Fe, Tucumán y Zona Oeste.

Alrededor de tres veces por año nos juntamos las comisiones de todas las regionales, para poder delinear políticas de trabajo en conjunto, discutir e intercambiar información y experiencias.

Si te querés comunicar con alguna de ellas acá te dejamos los datos para que puedas hacerlo.

CIUDAD DE BUENOS AIRES: Teléfono : (011) 15-3-571-0767
E-maiL: hermanos@hijos-capital.org.ar

MENDOZA: Teléfono: (0261) 15- 460-5552
E-mail: hermanosmza@yahoo.com.ar

RIO CUARTO: Teléfono: (0358) 15- 412-1209
E-mail: hermanosrio4@hotmail.com

ROSARIO: Teléfono: (Sólo los sábados de 18 a 22) (0341) 447-0541
E-Mail: hijosrosario@argentina.com.ar

TUCUMAN: Teléfono: (0381) 15- 467-8744
E-mail: hermanos_tucuman@hotmail.com