Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

Voces de los hijxs contra la impunidad de los violadores de derechos Humanos

Familia Gallardo responde a Matías del Río y al periodismo que pretende desviar la atención de temas de Derechos Humanos

Vicepresidente, Corporación Parque por la Paz Villa Grimaldi.

Hace una semana, el periodista de TVN Matías del Río publicó una pregunta en Twitter sobre si se deberían respetar los derechos humanos de los violadores de derechos humanos. Esta es la respuesta de Beto Rodríguez Gallardo, sobreviviente de la familia Gallardo, brutalmente asesinada en noviembre de 1975.

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Mi nombre es Beto Rodríguez Gallardo, soy miembro sobreviviente de la Familia Gallardo, familia brutalmente torturada y asesinada en noviembre de 1975, la cual es conocida además por el Montaje de Rinconada de Maipú. No entraré en los detalles de que han envuelto nuestro caso porque ya han sido ampliamente difundidos por los medios.

 

Me quiero centrar en lo que esconde la pregunta que levanta el conductor de noticias de TVN Matías del Río al hacer la pregunta en la red social del pajarito.

Sabemos que una pregunta deja al descubierto una realidad, pero inmediatamente deja oculta otras realidades y en este contexto lo que el periodista hace es dejar oculta las preguntas relativas al avance en materia de Verdad, Justicia y Memoria. Es curioso, porque jamás le he escuchado una palabra respecto de estos temas.

Antes de poner el tema de los Derechos Humanos de los Violadores de Derechos Humanos como discusión en la opinión pública, me gustaría saber su opinión como periodista sobre las medidas que orientan los avances en Justicia. Me gustaría que pudiera realizar preguntas tales como los grados de satisfacción de los familiares respecto de la espera de más de 40 años de Justicia para que después de investigar y sancionar las condenas sean mucho menores que los tiempos de espera. Que pudiera preguntar sobre el destino final de los Detenidos Desaparecidos, ya que sólo el 8% de sus restos ha sido identificado y y devuelto a sus familiares para ser enterrados cumpliendo con el rito funerario. Me gustaría que este periodista pudiera preguntarle a los propios perpetradores de estos crímenes que sentían al momento de infringir tormentos en los centros de detención clandestinos, cuando interrogaban a hombres y mujeres amarrados o colgados, cuando los torturaban frente a familiares, cuando les amenazaban con torturar a su hijos/as. Preguntarles que sienten al haber traicionado a la patria cumpliendo órdenes de Estados extranjeros, ya que como sabemos a estas alturas, las órdenes vinieron del país del Norte. Preguntar por los miles de agentes de la DINA y la CNI, que siguen estando al amparo de las fuerzas armadas. Otra pregunta pertinente en el actual contexto es qué políticas públicas ha impulsado el Estado como garantía de No Repetición de los crímenes de Lesa Humanidad.

En resumen, hay una tremenda cantidad de preguntas que se encuentran pendientes incluyendo muchas respecto de las políticas de reparación, etc. Todas estas preguntas me parece son fundamentales para solidificar la Democracia y que son anteriores a la pregunta hecha por el periodista Matías del Río. Curioso por decirlo menos, ya que antaño el periodismo jugó a favor de la violaciones de Derechos Humanos. Vaya que si lo sabemos nosotros como familia afectada, y hoy un periodista pretende desviar la atención de los temas relevantes para la convivencia democrática. Curioso, por decirlo menos.

24.11.2016

Manuel Guerrero por libertad condicional a asesino de su padre: “Si esto no es impunidad, pues qué es lo que es”

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, que constituyó el Caso Degollados.

Por @eldesconcierto

Agencia UnoAgencia Uno

Ayer por la mañana, la Corte Suprema decidió entregarle el beneficio de libertad condicional al criminal de lesa humanidad, Guillermo González Betancourt.

El ex Carabinero y agente de la Dirección de Comunicación de Carabineros (Dicomcar), fue condenado a cadena perpetua por secuestrar y asesinar a José Manuel Parada, Manuel Guerrero y Santiago Nattino en 1985, horrendo crimen que constituyó el Caso Degollados. 

Manuel Guerrero, hijo de uno de los asesinados por la dictadura cívico-militar, escribió una carta donde criticó las medidas de la justicia chilena en los casos de Derechos Humanos.

Aquí te dejamos íntegra su misiva:

“Durante mucho tiempo hemos tocado todas las puertas y campanas advirtiendo, llamando la atención, instalando el tema en el espacio público: condenados a crímenes de lesa humanidad no deben recibir beneficios extracarcelarios, las penas ya son bajas, viven en condiciones de privilegio con relación al resto de la población carcelaria del país, se les aplica reglamentos y consideraciones como si se tratara de delitos simples en condiciones que cometieron crímenes de lesa humanidad. Pero la impunidad institucionalizada, que es una de las formas que adoptó la transición chilena a la democracia, ha sido más fuerte y el tema de la justicia no ha sido recogido por la sociedad civil como parte de su agenda de movilización.

Se ha avanzado en cuotas de memoria simbólica -aunque victimizada-, pero no en resolución de miles de causas pendientes de compatriotas que fueron vejados, asesinados y hechos desaparecer por agentes del Estado. Siendo miles los detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, y decenas de miles las personas torturadas, apenas un centenar de personas cumple condena en Punta Peuco por violaciones a los derechos humanos, obteniendo pensión de sus instituciones militares y rebajas de condena y múltiples beneficios. Un centenar ante decenas de miles. Si esto no es impunidad, pues qué lo que es. Tal es el estándar de la justicia chilena, bajo, muy bajo.

En el caso de mi padre, si bien son los jueces y una sala la que marca a firme la libertad condicional de Gonzalez Betancourt -lo que constituye ya el segundo caso-, es importante reconocer que en el fondo es la sociedad chilena la que ha permitido que esto suceda.

Mientras la temática de la defensa y promoción de los derechos humanos, y la denuncia y exigencia de justicia por sus violaciones, quede fundamentalmente relegado al círculo e incansable labor de los afectados directamente -especialmente las familias y sobrevivientes-, la impunidad seguirá corroyendo los cimientos de una sociedad que niega mirar la verdad a la cara y actuar en consecuencia: el Nunca Más no puede ni debe ser una consigna de corrección política, sino que tiene que expresarse en medidas y acciones concretas.

Una de ellas es el cumplimiento de condena de quienes han sido enjuiciados con debido proceso. No hacerlo, otorgar estos beneficios extracarcelarios, no es un acto de misericordia, sino denegación de justicia. Con ello el Estado nuevamente atenta contra quienes les fueron violados sus derechos humanos. Sin justicia, verdad y reparación no hay posibilidad de no repetición de los crímenes cometidos.

Esa es la lección que la sociedad chilena se niega a asumir y practicar. Las consecuencias de tal negacionismo es que recaerá, sobre esta misma sociedad pero sobre otros cuerpos esta vez, la comisión de actuales y futuras violaciones a los derechos humanos por parte agentes del Estado contra población civil. Ya ocurre y con estas medidas seguirán incrementándose.

Quien siembra vientos cosecha tempestades. Sino se practica la justicia lo que reviene es injusticia. Y en ello son las mayorías las que se verán afectadas. No solo los familiares que hoy nos vemos moralmente lesionados e indignados con esta medida.

Y respecto de estos jueces, vale la reflexión de Bertolt Brecht: “Son incorruptibles, nadie puede inducirlos a hacer justicia”.

Consenso y Disenso en la Memoria Histórica y en las Actitudes Hacia la Reparación en Tres Generaciones de Chilenos.

Resumen

CARVACHO, Héctor et al.

Consenso y Disenso en la Memoria Histórica y en las Actitudes Hacia la Reparación en Tres Generaciones de Chilenos. Psykhe[online]. 2013, vol.22, n.2, pp. 33-47. ISSN 0718-2228.  http://dx.doi.org/10.7764/psykhe.22.2.601.

El análisis de una pregunta abierta muestra consenso intergeneracional y entre grupos políticos en que el golpe de Estado de 1973 y la transición a la democracia son los elementos centrales de la historia política chilena. Usando un modelo de ecuaciones estructurales, se encontró que los grupos políticos disienten en su valoración de las políticas de reparación (la izquierda tiene actitudes más positivas), en función de las actitudes ideológicas que subyacen a la orientación política.

Palabras clave : generaciones; memoria histórica; socialización política; orientación política; actitudes ideológicas.

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En 2 estudios correlacionales, con muestras basadas en cuotas de nivel socioeconómico, edad y género (N1 = 996 y N2 = 841), en Santiago de Chile se evaluaron 2 hipótesis: (a) chilenos que se socializaron políticamente en diferentes épocas (previa, durante y posterior a la dictadura) y que tienen diferente orientación política (izquierda, centro o derecha) manifiestan consenso en su memoria histórica, pero disenso en su valoración de las políticas de reparación hacia víctimas de la dictadura y (b) las actitudes ideológicas (autoritarismo, apoyo a la democracia y orientación a la dominancia social) explican las diferencias en la valoración de las políticas de reparación. El análisis de una pregunta abierta muestra consenso intergeneracional y entre grupos políticos en que el golpe de Estado de 1973 y la transición a la democracia son los elementos centrales de la historia política chilena. Usando un modelo de ecuacionesestructurales, se encontró que los grupos políticos disienten en su valoración de las políticas de reparación (la izquierda tiene actitudes más positivas), en función de las actitudes ideológicas que subyacen a la orientación política.

Palabras clave: generaciones, memoria histórica, socialización política, orientación política, actitudes ideológicas


In 2 correlational studies conducted in Santiago de Chile (N1= 996 and N2= 841) —with samples based on quotas of socioeconomic status, age, and gender— 2 hypotheses were tested: (a) that Chileans socialized in different political context (before, during or after the dictatorship) and who have different political orientations (left, center or right) exhibit consensus in their historical memory, but differ concerning the evaluation of reparation policies toward victims of the dictatorship, and (b) that ideological attitudes (authoritarianism, support for democracy, and orientation towards social dominance) explain differences in the evaluation of the reparation policies. Analysis of an open question showed consensus between generations and between political groups about considering the coup d’état in 1973 and the transition to democracy as the central elements of Chilean political history. Results of structural equation modeling showed that political groups differ in their evaluation of reparation policies (with the left being more supportive). Dissent was explained by the ideological attitudes underlying the left-right distinction.

Keywords: generations, historical memory, political socialization, political orientation, ideological attitudes


¿Qué tan profundo es el impacto de los eventos políticos más importantes de la historia en la cultura política de un país? ¿Es posible hablar de generaciones que son definidas por su experiencia compartida en torno a uno de estos eventos? Durante los últimos 100 años no hubo un evento más relevante para la historia política chilena que el golpe de Estado de 1973 y la subsecuente dictadura que duró 17 años. A través de dos estudios, buscamos, en primer lugar, explorar el impacto que tuvo la dictadura en la cultura política chilena y, en particular, si la memoria es afectada por el contexto político en el que las personas han sido socializadas: antes, durante o después de la dictadura. En segundo lugar, examinamos la relación entre las actitudes sociales que subyacen la orientación política y las actitudes sobre las políticas de reparación hacia las víctimas de violaciones de los derechos humanos.

La relevancia del golpe de Estado del 11 de Septiembre de 1973 y la dictadura encabezada por Pinochet hasta Marzo de 1990 se refleja en el estudio de la memoria histórica en Chile. Esta línea de investigación se ha concentrado en identificar cómo la memoria histórica se construye usando el golpe de Estado y la dictadura como sus referentes más importantes (e.g., Arnoso, Cárdenas & Páez, 2012; Escobar & Fernández, 2008; Haye, 2003; Manzi, Helsper, Ruiz, Krause & Kronmüller, 2003; Piper, 2005; Prado & Krause, 2004; Tocornal, 2008; Waldman, 2009). Se han descrito, por un lado, los patrones discursivos de los distintos grupos ideológicos involucrados en el conflicto (e.g., Manzi et al., 2004; Ruiz & Krause, 2003) y, por otro, las diferencias entre generaciones que fueron socializadas en distintos contextos políticos (Arnoso et al., 2012; Concha, Guichard & Henríquez, 2009; Guichard & Henríquez, 2011; Manzi et al., 2003).

En los estudios que reportamos en este artículo buscamos extender esta línea de investigación, abordando, en primer lugar, los aspectos consensuales de la memoria intergeneracional y, en segundo lugar, los elementos ideológicos que subyacen al disenso entre grupos ideológicos.

Memoria y Generaciones Políticas

El concepto de generación política viene de la tradición de la sociología del conocimiento y fue usado inicialmente por Karl Mannheim (1952), quien postuló que las condiciones socio-históricas en que las personas viven definen sus posibilidades de conocimiento. De este modo, un grupo de personas que comparten un cierto tiempo o época deberá estar marcado por las condiciones socio-históricas específicas de ese tiempo. Este grupo corresponde a una generación.

El desarrollo posterior del concepto fue influido por la psicología del desarrollo. La discusión se centró en vincular el desarrollo psicológico individual con los procesos socio-históricos desde dos perspectivas dominantes. La primera, más prominente en la sociología, se centra en el concepto de trayectorias individuales de vida (Mayer, 2009), observando el impacto en ellas de las estructuras macrosociales y de las instituciones. La segunda ha predominado en la psicología y se basa en el concepto de ciclo vital (Baltes, 1987; Baltes, Staudinger & Lindenberger, 1999), reconociendo una multiplicidad de elementos que convergen para explicar los procesos de cambio: factores del desarrollo; dinámicas de crecimiento y ganancia, por un lado, y deterioro y pérdida, por otro; factores históricos y otros elementos de la estructura sociocultural; plasticidad en el desarrollo y procesos de adaptación.

Desde la perspectiva psicológica, se ha derivado la hipótesis de los años impresionables, que subyace a la idea de generaciones políticas (Alwin & Krosnick, 1991; Osborne, Sears & Valentino, 2011; Sears & Valentino, 1997; Valentino & Sears, 1998). Esta hipótesis plantea que el final de la adolescencia y el comienzo de la adultez joven constituyen etapas en que las personas son especialmente susceptibles de ser impactadas por su entorno socio-histórico. Como resultado, las experiencias políticas que son vividas en estas etapas del ciclo vital juegan un rol central en la consolidación de las configuraciones ideológicas, incluida la memoria, y permanecerán estables por el resto de la vida. El estudio de las generaciones políticas ha sido de central importancia para la investi gación sobre memoria histórica. La proximidad de eventos históricos relevantes a los años impresionables deja una marca importante en la forma en que las personas construyen su memoria, siendo estos eventos recordados y catalogados como los más importantes para la sociedad (Schuman & Corning, 2006; Schuman & Rodgers, 2004; Schuman & Scott, 1989).

En el caso chileno, las investigaciones en el tema han mostrado resultados mixtos. Por un lado, cuando se ha preguntado por los eventos más importantes de la historia, los resultados muestran un consenso en torno a la centralidad del golpe de Estado entre generaciones socializadas antes, durante y después de la dictadura (Manzi et al., 2003). Estos resultados llevaron a Manzi et al. (2003) a concluir que, a pesar de la existencia de un componente generacional, la prominencia del golpe para la memoria histórica chilena es tal que sobrepasa las diferencias generacionales. Por otro lado, en un estudio más reciente, en el que los participantes debían mencionar un evento que hubiese ocurrido durante el transcurso de sus vidas, los resultados mostraron que el golpe de Estado es central para quienes lo vivieron en sus años impresionables o después, pero para quienes lo vivieron a muy temprana edad la vuelta a la democracia cobra mayor relevancia (Concha et al., 2009; Guichard & Henríquez, 2011). Esta idea es concordante con la de la existencia de una nueva generación posterior al plebiscito que puso fin a la dictadura (Toro, 2008). Tanto el estudio de Manzi et al. (2003) como el de Guichard y Henríquez (2001 presentan limitaciones que deben ser abordadas. Una de las limitaciones del estudio de Manzi et al. (2003) es que se llevó a cabo en un periodo en que la figura de Pinochet estaba en el centro de la discusión pública, pues en esa época había sido detenido en Londres por el juicio que se llevaba en su contra por crímenes contra la humanidad. Esto pudo haber hecho saliente los eventos conectados con la dictadura, causando que el nivel de consenso encontrado fuera mayor (ver Jelin, 2001). Se vuelve relevante, entonces, replicar el estudio en un momento en que no haya una contingencia noticiosa que influya directamente en los resultados. El estudio de Guichard y Henríquez (2011), por su parte, solo permitió identificar hechos que ocurrieron durante la vida de los entrevistados, por lo que la valoración del golpe de Estado por parte de las generaciones jóvenes no se exploró. A pesar de que el golpe de Estado es un evento que los jóvenes no vivieron personalmente, la transmisión intergeneracional podría haberlo convertido en el evento más relevante pare ellos.

Memoria e Ideología

Desde Halbwachs (1925) y Bartlett (1932), la memoria histórica se concibe como una dimensión social y una construcción colectiva. Más aún, en los últimos años se ha mostrado cómo los procesos de categorización e identificación grupal tienen un impacto directo en la memoria (Haye, 2003; Sahdra & Ross, 2007). Haye (2003) mostró experimentalmente que la identidad grupal afecta el juicio de verdad respecto de un recuerdo y los recuerdos, a su vez, afectan los procesos de categorización grupal. El estudio se centró en el caso chileno y mostró cómo las identidades políticas de izquierda y derecha (a nivel grupal) son centrales para la formación de memoria específica que se construye en relación con estas identidades.

Los hallazgos de dicho estudio son concordantes con otros que, usando diferentes metodologías, han mostrado también que el relato histórico depende de la identidad política de los sujetos (Manzi et al., 2003, 2004; Piper, 2005; Ruiz & Krause, 2003; Tocornal, 2008; Waldman, 2009). De estos estudios se concluye que, a pesar del consenso respecto de cuáles son los eventos más importantes, existe un notable disenso respecto de la interpretación de las causas y consecuencias del golpe y la dictadura, que depende de las orientaciones políticas.

El estudio de las consecuencias de la dictadura ha abordado múltiples elementos. Entre ellos destaca la transmisión, no solo de la memoria a las nuevas generaciones, sino también de la experiencia de traumatización, tanto de víctimas directamente afectadas por la represión como de sus familiares y cercanos y de personas que han estado en contacto con la experiencia traumática represiva (Becker & Díaz, 1998; Cornejo, Brackelaire & Mendoza, 2009; Cornejo, Morales, Kovalskys & Sharim, 2013; Faúndez & Cornejo, 2010; Kovalskys & Morales, 2001; Lira, Becker & Castillo, 1991; Lira & Castillo, 1991; Morales & Cornejo, 2013; Sharim, Kovalskys, Morales & Cornejo, 2011). Sin embargo, el ámbito en el que el disenso basado en identidad política ha sido más evidente es el de las políticas de reparación (Cornejo et al., 2007; Lira & Morales, 2005; Montenegro & Piper, 2009; Reyes, 2007; Ruiz & Krause, 2003). Se ha mostrado que las políticas que buscan la reconciliación son percibidas controversialmente. Las instancias más importantes sobre verdad y reconciliación que ha llevado a cabo el Estado chileno han sido la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación en 1990, la Comisión Nacional Sobre Prisión Política y Tortura en 2003, la Mesa de Diálogo en 2001 y la Comisión Asesora Presidencial Para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura en 2009 (Cárdenas, Páez & Rimé, 2013; Cornejo et al., 2007; Cornejo, Rojas & Mendoza, 2009; Lira & Morales, 2005). Mientras las personas de izquierda consideran que el enjuiciamiento de los responsables por las violaciones de los derechos humanos, el reconocimiento público del daño causado y la reparación hacia las víctimas son condiciones necesarias para la reconciliación, las personas de derecha consideran que la unidad nacional conseguida a través del perdón de las víctimas es lo más importante pare la reconciliación (Ruiz & Krause, 2003). Estudios con jóvenes universitarios, muy distantes biográficamente con los hechos del golpe de Estado, muestran también importantes diferencias entre quienes se identifican con la derecha y la izquierda en la propensión a reparar y a perdonar a la otra parte (ver González, Manzi & Noor, en este número).

A pesar de los intentos por describir la distinción izquierda-derecha como menos relevante en los últimos años, se ha mostrado que esta sigue siendo una categoría fundamental en la que la mayoría de las personas se puede auto-clasificar (Jost, 2006), lo cual también aplica para el contexto latinoamericano y Chile en particular (Colomer & Escatel, 2005). A la distinción izquierda-derecha subyace una serie de actitudes ideológicas que se configuran de forma consistente en diversos contextos (Carvacho & Haye, 2008; Haye, Carvacho, González, Manzi & Segovia, 2009). Dos parecen ser las actitudes más importantes para entender la diferencia: preferencia por cambio versus statu quo y apoyo a la igualdad (Jost, Glaser, Kruglanski & Sulloway, 2003). Específicamente, las personas de izquierda tienden a preferir el cambio social, propiciando una organización más igualitaria de la sociedad, a rechazar actitudes nacionalistas y autoritarias y a mostrar apoyo al régimen democrático. Por el contrario, las personas de derecha muestran preferencia por las tradiciones, la preservación del orden actual de las cosas y las jerarquías sociales. Estas personas tienden a identificarse más con su grupo nacional, muestran más actitudes patrióticas y nacionalistas y cuidan más la cohesión grupal a través de actitudes autoritarias.

En el presente estudio nos enfocamos en tres actitudes ideológicas: autoritarismo de derecha, orientación a la dominancia social y apoyo a la democracia. El autoritarismo de derecha incluye tres dimensiones: (a) agresión autoritaria, que se define como el apoyo a autoridades fuertes y punitivas; (b) sumisión autoritaria, definida como la obediencia irreflexiva a las autoridades y (c) convencionalismo, que es una preferencia por lo previamente existente y un apego estricto a las normas grupales (Altemeyer, 1981). La orientación a la dominancia social es una disposición individual a apoyar y naturalizar las jerarquías sociales basadas en grupos arbitrarios (Pratto, Sidanius, Stallworth & Malle, 1994; Sidanius & Pratto, 1999, 2012). Por último, el apoyo a la democracia se define como la preferencia de regímenes democráticos por sobre regímenes autoritarios o la indiferencia respecto del tema (Carvacho & Haye, 2008). Las tres actitudes subyacen a la distinción entre izquierda y derecha, tanto en Chile como internacionalmente (Haye et al., 2009; Jost et al., 2003; Jost, Federico & Napier, 2009). Es más, se ha propuesto el concepto de configuración ideológica para entender el modo en que estas actitudes se organizan (Carvacho, 2010; Carvacho & Haye, 2008). Esta noción supone que estas actitudes son relativamente estables y son relevantes para entender cómo un sujeto toma posición frente a objetos del mundo político. En culturas en las que el mundo político se organiza en torno a un eje, como izquierda y derecha, estas actitudes pueden ser entendidas como una unidad que se ordena en torno a un núcleo que implica intolerancia y derogación de otros (Carvacho, 2010), donde niveles más altos de estas actitudes (y más bajos para el caso de apoyo a lademocracia) significa más derechismo (Haye et al., 2009).

Las actitudes ideológicas usadas en nuestro estudio son antecedentes de una multiplicidad de actitudes sociales, tales como prejuicio, etnocentrismo y religiosidad (Ho et al., 2012; Mavor, Louis & Laythe, 2011; McFarland, 2010a; Sidanius & Pratto, 2012). Sin embargo, para nuestra investigación fueron de especial interés los resultados de un estudio que mostró que estas actitudes predicen el apoyo a los derechos humanos y su implementación (McFarland, 2010b).

La Presente Investigación