Con la memoria herida…retraumatizaciones

Con la memoria herida…retraumatizaciones

Por el dolor de Daniela y de los hijos e hijas de Freddy- mi amigo, compañero y colega- Juan Antonio,Rodolfo y  José , ejecutados , y todos los hijos que deben vivir permanentemente el horror reeditado exijo justicia.

El día 29 de octubre se constituyó un Consejo de Guerra que decretó pena de muerte para cuatro personas, las cuales fueron ejecutadas, a las 06:00 horas del día 30 de octubre de 1973 en el Campo de Prisioneros de Pisagua.

En el diario «El Tarapacá» del día 31 de octubre de 1973, se informó la ejecución, haciendo referencia a la supuesta participación de los condenados en un plan destinado a provocar la guerra civil en Chile y la rebelión de las Fuerzas Armadas.

Fueron ejecutadas así, las siguientes personas:

Rodolfo Jacinto FUENZALIDA FERNANDEZ, 43 años, piloto civil, Secretario Regional del Partido Socialista. Detenido el 11 de septiembre de 1973, en su domicilio, trasladado al Regimiento Carampangue, luego al Regimiento de Telecomunicaciones y desde allí al Campamento de Prisioneros de Pisagua.

Juan Antonio RUZ DIAZ, 32 años, militante del Partido Socialista, funcionario de Aduanas en Iquique. Se presentó voluntariamente al Regimiento de Telecomunicaciones.

José Demóstenes Rosier SAMPSON OCARANZA, 33 años, Relacionador Público de la Municipalidad de Iquique, militante socialista. Se presentó voluntariamente a Carabineros de Iquique el 21 de septiembre de 1973.

Freddy Marcelo TABERNA GALLEGOS, 30 años, Director de la Oficina Regional de Planificación (ORPLAN, actualmente MIDEPLAN) en Iquique, militante socialista. Se presentó voluntariamente el día 16 de septiembre de 1973 en el Regimiento de Telecomunicaciones.

Respecto de todos los condenados en este Consejo, a esta Comisión le asiste convicción de la falta de legalidad en la tramitación del proceso. Fundamentan esta convicción los elementos que se indican, sin perjuicio de aquellos que revisten el carácter de generales para todos los procesos:

– No hubo unanimidad de los jueces que concurrieron en el fallo. En la sentencia se deja especial constancia que el Auditor Ad hoc «estuvo por imponer a los citados reos la pena de diez años de presidio mayor en su grado medio, estimando que cabe hacer aplicación al respecto de las normas del artículo 107 de Código Penal, en grado de tentativa, y que los favorece la atenuante de su anterior conducta irreprochable». Así, en este Consejo, no se cumplió un principio básico establecido en la legislación: que la pena de muerte sólo puede aplicarse cuando concuerdan en ella la totalidad de los sentenciadores.
– Se condenó a los prisioneros por delitos que no fueron debidamente probados y que legalmente no procedía imputárseles: los cuatro procesados fueron condenados como autores del delito previsto en el Nº2 del artículo 245, en relación con el artículo 246, del Código de Justicia Militar. La primera de esas normas, a esa fecha disponía: «será castigado con la pena de presidio militar mayor en su grado máximo a muerte:… El militar que sedujere tropa chilena o que se hallare al servicio de la República para que se pase a las filas enemigas o deserte las banderas en tiempos de guerra»; El artículo 246 del mismo Código establecía que: «si en los crímenes indicados en el artículo anterior incurriere un chileno no militar o individuo de la clase de tropa la pena podrá rebajarse en uno o dos grados según las circunstancias, …»;
– Las conductas por las cuales se condenó a los procesados, de haber sido efectivas, se cometieron con anterioridad al ll de septiembre de l973, contrariando la exigencia de la conducta jurídica imputada, cual es que ocurran en tiempos de guerra;
– De haberse cometido estos hechos, ellos no fueron consumados. La propia sentencia se encarga de establecerlo en su considerando 3º: «Que estos hechos, a juicio del Consejo de Guerra, constituyen el delito referido en los artículos 245 Nº2, en relación al artículo 246 del Código de Justicia Militar, en grado de frustración»;
– El único medio de prueba que se cita en la sentencia, para acreditar la participación de los condenados en los delitos señalados, es la supuesta confesión de los procesados. Respecto de las confesiones debe tenerse presente que los antecedentes recibidos por esta Comisión, permiten afirmar que en los interrogatorios practicados en el Campo de Detenidos de Pisagua se utilizó sistemáticamente la tortura, lo cual invalida en la especie este medio de prueba.

Los cadáveres de las víctimas jamás fueron entregados a sus familiares, no obstante que resultaba moral y jurídicamente obligatorio hacerlo así. Algunos familiares de los condenados recibieron el 30 de octubre de l973 una carta de la VI división del Ejército en la cual se les comunicaba que: «… en el día de hoy se ajustició en Pisagua a…, por resolución acordada por los Tribunales Militares en Tiempo de Guerra. Se les dio cristiana sepultura en el Cementerio de Pisagua». Nunca se dijo a los deudos cuál era el lugar preciso dónde se encontraban enterrados. Hasta la fecha, sus cuerpos no han sido encontrados.

Esta Comisión tiene así la convicción que Rodolfo Fuenzalida, Freddy Taberna, Juan Ruz y José Sampson fueron ejecutados por agentes del Estado en un proceso que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los derechos humanos de los procesados.

Informe Rettig

juan antonio ruzEn un sórdido relato que hizo en el programa del Rumpy, un ex conscripto ya identificado como Guillermo  Reyes Rammsy ,quien desempeñó funciones en el regimiento Carampangue de Iquique, reconoció haber participado en el asesinato y posteriormente haber  dinamitado a ex prisioneros políticos. Los hechos ocurrieron en el campo de Prisioneros de Pisagua, mientras que en su relato alude a Juan Antonio Ruz, el único regidor que figura en la lista de detenidos desaparecidos de Iquique.

En su crudo y grotesco relato el ex concripto, cuyo centro es la historia “de amor” con la novia y luego esposa del ex regidor de Iquique, va contando los entretelones, usando un despreciable lenguaje. Todo ello sin reparar que lo realmente importante, era la entrega de importantes antecedentes en la búsqueda de los detenidos desaparecidos, una incansable lucha que han dado sus familiares sobrevivientes.

guillermo rodriguez reyesY sin darse cuenta revela que estuvo en el “operativo”  en el que terminó dinamitado Juan Antonio Ruz, quien era casado a la fecha de su asesinato, con una dama de apellido italiano y que integraba una familia iquiqueña, de buena situación económica. En la entonces joven descendiente de italianos, el ex conscripto, cuando cursaba cuarto año medio, antes del golpe militar, había puesto sus ojos.

Hasta el día de hoy, el joven regidor socialista, mantiene la calidad de detenido desaparecido, al igual que otros compañeros de esa colectividad, todos altos jerarcas del PS. En la búsqueda permanente, siempre corrió un rumor en el sentido que los integrantes de la plana mayor socialista, podrían haber sido dinamitados, como máximo  castigo y para no dejar vestigios.

Hay que recordar que tras el hallazgo de la fosa clandestina de Pisagua, donde se encontraron a 29 ejecutados, no apareció ni Ruz, ni sus compañeros dirigentes del Partido Socialista.

De ser efectivo los hechos que relató Guillermo  Reyes Rammsy, hechos que ya son investigados por la Unidad de DDHH del Ministerio del Interior, la PDI y las organizaciones de Derechos Humanos, junto a Ruz, podrían haber ocurrido similar suerte, José Sampson, Rodolfo Fuenzalida y Freddy Taberna.

CONSEJO DE GUERRA

Recordando la triste historia de los ejecutados y de acuerdo a los antecedentes que obran en poder de las instancias de derechos humanos, el 29 de octubre de produjo en Pisagua un consejo de guerra donde se acusa a altos jerarcas del Partido Socialista Rodolfo Fuenzalida, Juan Antonio Ruz, José Sampson y Freddy Taberna.

Según se establece por la Comisión Rettig, el procedimiento estuvo  revestido de una serie de irregularidades. La principal tesis es que no había estado de guerra en Chile, sino que un golpe de estado.

Tampoco hubo unanimidad de los sentenciadores, como se requiere en el proceso legal. Además, los delitos no fueron debidamente aprobados.  Y lo más contundente, es que se reconoce la tortura sistemática como método para obtener información.

La Comisión establece que los 4 acusados fueron “ejecutados por agentes del Estado en un proceso, que por no haberse ajustado a derecho, vulneró las reglas de resguardo a los DDHH de los procesados”.

*Información competa de este caso, en el Tomo 1 del Informe Verdad y Reconciliación, páginas 240 y 241.

 ¿QUIÉNES ERAN?

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Rodolfo Fuenzalida Fernández,  43 años, piloto civil, detenido el mismo 11. Era militante del Partido socialista. Como casi todos los detenidos, hizo el periplo desde su lugar de detención al Regimiento de Telecomunicaciones y de allí a Pisagua.

Juan Antonio Ruz, 32 años. Se desempeñaba como funcionario de Aduanas y se entregó voluntariamente en el Telecomunicaciones.

José Sampson Ocaranza,  33 años, quien se desempeñaba como Relacionador Público de la municipalidad de Iquique, También se presentó voluntariamente. Lo hizo ante Carabineros.

Freddy Taberna Gallegos era el más joven de este grupo, con sólo 30 años y como los otros, se presentó voluntariamente, sin presagiar que esa decisión sería sin vuelta atrás. Hoy, una calle de su barrio El Morro, le recuerda con su nombre.

Escuchar audio completo

https://www.facebook.com/GrupoWurtlitzer/videos/1064234260339667/?video_source=pages_finch_main_video&theater

Libro: El desperdicio militar obligatorio, de autoría de Guillermo Reyes:

http://desperdiciomilitarobligatorio.blogspot.cl/search?updated-max=2007-10-26T15:32:00-07:00&max-results=7

La recuperación de los sitios de Memoria y la necesidad de preguntarnos por las fuerzas militares

12 de Julio de 2013 –

 

Ni tontos ni perezosos del 28 de enero 2012

Siguiendo con el segundo mes de análisis y conversación sobre Educación Militar, en Ni Tontas Ni Perezosos, decidimos invitar a Pablo Ruiz Félix Madariaga,el primero,del Observatorio de la Escuela de las Américas,y el segundo,parte de los procesos de recuperación de el ex-centro de detención 3 y 4 álamos,donde hoy, existe un centro de detención de niños perteneciente a SENAME. Inaudito.

 

En esta oportunidad hablamos del adoctrinamiento militar en la Escuela de las Américas, un poco de su historia, las tensiones que ha generado, su vinculación en golpes de Estado en latinoamérica, y el continuo envío de soldados chilenos a entrenarse en contra-insurgencia. Al mismo tiempo, conversamos  del Fuerte Aguayo base militar norteamericana instalada en Con Con durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Además repasamos la importancia de la recuperación de los sitios de Memoria, y la impostergable necesidad de preguntarnos por las fuerzas militares y el rol que cumplen en el mantenimiento de un estado de cosas desigual y muy favorable para las elites políticas y económicas del país. Una conversación desde las entrañas del mal, y la memoria perdi

 

Escucha Chile, de Radio Moscú, “la voz de la solidaridad internacional” – Noticias – Historia – La Voz de Rusia

Escucha Chile, de Radio Moscú, “la voz de la solidaridad internacional” – Noticias – Historia – La Voz de Rusia.

6 septiembre, 12:54
Escucha Chile, de Radio Moscú, “la voz de la solidaridad internacional”
Чили диктатор Чили Аугусто Пиночет
Foto: EPA

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Hoy, cuando se conmemora en Chile y en el mundo el 40 aniversario del Golpe de Estado encabezado por el general Augusto Pinochet, el 11 de septiembre de 1973, el “Golpe Cívico Militar”, como con mayor precisión histórica se le está denominando, el recuerdo de la solidaridad internacional con Chile y la defensa de la democracia, es uno de los temas que resalta en la memoria colectiva.
El exilio chileno, de una magnitud no conocida en la historia del país fue motor de las campañas de solidaridad, llegó a todos los continentes y decenas de países vieron surgir los Comités de Chilenos, que no cesaron en su actividad de denuncia y solidaridad, junto a los movimientos de ciudadanos de los países que los recibieron, apoyaron y que desarrollaron masivas campañas solidarias, apoyaron económicamente a la resistencia chilena, lograron que la comunidad internacional, en Naciones Unidas, condenara cada año las tropelías de la dictadura.
Muchos, además de aprender a comer las empanadas chilenas, a bailar cueca, a vestir ponchos y aprender el “chileno”, hicieron su experiencia política, al calor de la solidaridad con Chile. Y en muchos países, llegaron a ocupar puestos de mando en los Ejecutivos de sus países, y en sus respectivos parlamentos.
Pero había un hilo conductor detrás de todo ello. Radio Moscú y su programa Escucha Chile, en primer lugar, era efectivamente en sus momentos duros, “la voz de los que no tenían voz”, en el país, una voz “que la Junta no podía acallar y la voz de la solidaridad internaciónal”, como decía cada noche, durante años Katya Olevskaya, una figura entrañable para los chilenos.
Muchos vivimos la notable experiencia de trabajar “en Chile”, “para Chile, con las noticias del dia, denunciando, entrevistando, entregando testimonios, desde Moscú, desde la calidez de la solidaridad y amistad de Radio Moscú Internacional, hoy La Voz de Rusia y de su gente.
Es un recuerdo, un orgullo, y un agradecimiento que nos seguirá acompañando toda la vida, tal como lo señala hoy en nuestro programa el Comandante Ernesto Galaz, el oficial de la Fuerza Aérea de mayor rango de los prisioneros de guerra, que aun testimonian el horror de esos días, sometido a Consejo de Guerra y torturas, condenado a muerte, pena que luego le fue conmutada por destierro, exilio.
Fue compañero de celda del general Alberto Bachelet, padre de la ex presidenta Michelle Bachelet, hoy nuevamente candidata a la Presidencia de la República, también torturado por su compromiso con el Gobierno Constitucional de Salvador Allende, y testigo de la muerte de éste en una celda de la cárcel Pública de Santiago, el 12 de marzo de 1974,
Hoy, Ernesto Galaz, que fue comentarista en Escucha Chile, de Radio Moscú, está con nosotros:
-Tuve efectivamente en aquel tiempo la oportunidad de viajar a Moscú, luego de haber estado en la RDA, en el Comité Central del Partido Socialista, y en Moscú tuve la misión de relacionarme con el PCUS, y en esa función, me correspondió hacer una incursión en la Radio Moscú, donde encontré naturalmente una acogida fraternal. Recuerdo con mucha emoción a compañeros, como José Miguel Varas, Marcel Garcés, José Secal, quienes me ayudaron a elaborar y entregar un mensaje al pueblo de Chile, que en aquellos tiempos, evidentemente, su mejor información, venía del exterior.
Resulta paradógico, pero afuera nosotros conocíamos más de lo que pasaba en Chile que los que estaban en el país. Esta Radio Moscú, era una especie de ventanilla que entregaba a mucha gente en Chile una visión de lo que estaba sucediendo, y más que eso, le entregaba una fuerza, una dinámica muy particular para soportar todas aquellas vejaciones, y elementos distorsionadores de su personalidad en este mundo tan difícil que estaban viviendo ellos en Chile.
La Radio Moscú estaba prohibida en Chile en ese momento, y aquí recuerdo algo muy importante que es bueno señalarlo.
Yo tomé contacto con la Radio Moscú en aquella época que fui a la Unión Soviética, pero ya antes había tenido contacto con Radio Moscú, porque en los primeros meses de 1974, cuando nos lanzaron a las cárceles y estuvimos en una asquerosa celda reunidos como 15 personas, además del resto que estaba en ese patio, allí compartíamos celda, el capitán Garvacho, el capitán Vergara, el general Poblete, el teniente Dixon, que acaba de hacer un libro sobre la materia -en fin, habíamos varios oficiales allí hacinados, y nos ingeniamos para llevar una radio portátil, y a través de un ingenioso sistema de alambres en el patio que simulaban tendedores de ropa, logramos una buena antena. Y escuchábamos Radio Moscú, a principios de 1974. encarcelados.
Y allí recuerdo yo la cálida voz de Katia, pidiendo libertad para Corvalán y para todos los presos políticos. Y nombraba a todos aquellos que estábamos allí, lo que nos introducía dos sensaciones. Una de alegría de saber que estaba todo el mundo pendiente de nosotros y otra de de cierto temor, porque Radio Moscù nos estaba diciendo que estábamos en la cárcel, y recordemos que en aquella época nosotros éramos “enemigos internacionales de la Patria”.
Era compleja la situación pero nos alegraba mucho, que una radio internacional sabía que estábamos encarcelados y estaba pidiendo nuestra libertad.
Ahora te voy a decir lo siguiente. Posteriormente, y he conversado con mucha gente que escuchaba Radio Moscú, evidentemente que fue un alivio para ellos, escuchar esa voz, la voz tuya, la de José Miguel Varas, la de Secal, era una especie de ventana para el espíritu de esta gente que estaba en el paìs, prácticamente con una autoestima por los suelos. Y esa voz que llegaba de Moscú, los alentaba, les daba la esperanza que algo distinto podía pasar en un breve plazo. No fue tan breve pero fue una ayuda enorme, espiritual.
Radio Moscú, el programa Escucha Chile, la voz de la solidaridad Internacional revive en el recuerdo de muchos chilenos cuando se conmemora el 40 aniversario del Golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973.
Soy Roberto Garcés, desde Santiago de Chile. Gracias a nombre de todos.
sk
Nota: Las opiniones expresadas por el autor no necesariamente coinciden con los puntos de vista de la redacción de La Voz de Rusia.
Roberto Garcés Corresponsal de Chile
Augusto Pinochet, Chile, aniversario, Historia
Leer más: http://spanish.ruvr.ru/2013_09_06/Escucha-Chile-de-Radio-Moscu-la-voz-de-la-solidaridad-internacional-5897/

Menores desaparecidos y asesinados por la Dictadura chilena. A los 40 Años del Golpe de Estado denuncian.

Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”

 

A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.

Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.

La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Rodrigo Anfruns

Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.

Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.

La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.

En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.

Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.

 

Rodrigo Palma

“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.

En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.

Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.

“Chile: Las víctimas infantiles”*

Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.

La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.

Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.

En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.

Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.

Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.

La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.

Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.

Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.

http://radio.uchile.cl/2013/08/29/menores-desaparecidos-la-dictadura-no-tuvo-limites-a-la-hora-de-los-crimenes

Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”

 

A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.

Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.

La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Rodrigo Anfruns

Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.

Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.

La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.

En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.

Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.

Rodrigo Palma

“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.

En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.

Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.

“Chile: Las víctimas infantiles”

Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.

La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.

Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.

En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.

Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.

Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.

La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.

Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.

Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.

http://radio.uchile.cl/2013/08/29/menores-desaparecidos-la-dictadura-no-tuvo-limites-a-la-hora-de-los-crimenes

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LEONARDO PATRICIO PARGA ORTEGA

Fotos suministradas por su hermana.
PARGA ORTEGA, LEONARDO PATRICIO: 17 años, estudiante, soltero, muerto el 14 de septiembre de 1973 en Santiago.

Leonardo Patricio Parga Ortega murió ese día a las 20:00 horas, en el Hospital José Joaquín Aguirre, por una herida de bala torácica cervical, según el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.

De acuerdo con lo señalado por vecinos, alrededor de las 16:00 horas de ese día, Leonardo Parga y su amigo Angel Gabriel Moya Rojas se encontraban en la intersección de las calles Escanilla y Borgoño, cuando fueron interceptados por una patrulla militar. Los retuvieron, allanaron sus ropas y luego les ordenaron retirarse. En ese momento, uno de los militares escuchó un insulto y disparó a ambos menores por la espalda. Angel Gabriel Moya Rojas falleció en el acto y Leonardo Parga, algunas horas después.

El caso de Angel Gabriel Moya Rojas fue conocido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y se le declaró víctima de violación de derechos humanos por agentes del Estado.

Considerando los antecedentes obtenidos en la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior declaró a Leonardo Patricio Parga Ortega víctima de violación de derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza.
(Corporacion)

www.memoriaviva.com

* EL PROCESO CONTRA EL EX DICTADOR EN LONDRES
Pinochet: publican 26 casos de niños víctimas de la dictadura

Lo hizo Amnistía Internacional a través de un informe difundido en Londres

  • Son menores asesinados o desaparecidos durante el régimen militar
  • La organización dice que Pinochet debe ser enjuiciado


    MARIA LAURA AVIGNOLO Londres. Corresponsal
    Sergio Alberto Gajardo Hidalgo, un adolescente chileno de 15 años, caminaba por una población de Santiago rumbo a la casa de sus tíos el 15 de setiembre de 1973 cuando fue baleado por una patrulla militar en la cabeza, cuatro días después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Sus familiares buscaron desesperadamente su cuerpo hasta 1991, cuando lo encontraron en una tumba NN del cementerio de Santiago.Una suerte similar corrieron Nadia Fuentes, que recién había cumplido 13 años, y la jovencita embarazada Elizabeth Contreras, ejecutada por la policía chilena tras hacerla correr, dispararle y arrojar su cuerpo al río Mapocho en octubre de 1973.Estos son algunos casos de los niños víctimas del régimen militar del general Augusto Pinochet, que han sido ignorados en el largo proceso que se lleva adelante en Londres para decidir si el ex dictador tiene o no inmunidad de jefe de Estado para evitar el pedido de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón, que lo quiere procesar por genocidio.La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional publicó ayer un informe detallando algunos de los 80 casos conocidos de niños muertos o desaparecidos durante el régimen militar chileno, entre 1973 y 1990.Para Amnistía Internacional, en el juicio a Pinochet en Londres se están olvidando de sus víctimas y perdiendo sus argumentaciones en legalismos que ignoran a las 3.197 personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Pero especialmente, no cuenta la suerte de los 80 chicos menores de 16 años fusilados por las fuerzas de seguridad o secuestrados por militares chilenos.En el informe titulado Chile: las víctimas infantiles, Amnistía Internacional describe 26 casos de asesinatos y desapariciones de niños y adolescentes por patrullas militares en Chile con similar metodología. Un estilo que incluye palizas previas y ejecución sumaria, arrestos y posteriores desapariciones, asesinatos de familias completas después de un allanamiento policial.Amnistía ha hecho campaña para que Pinochet sea llevado a la Justicia por la comunidad internacional no sólo por las miles de víctimas en Chile, sino también para enviar un mensaje claro a los torturadores del mundo y a los escuadrones de la muerte de que no pueden cometer sus crímenes con impunidad, dice el comunicado de la organización humanitaria, que actúa como testigo en el proceso que se lleva a cabo en Londres al ex dictador en la Cámara de los Lores.A los 13 años, Carlos Patricio Fariña Oyarce fue arrestado en la villa miseria de La Pincoya por una patrulla del ejército, la policía y la policía de investigaciones. Hasta ahora permanece desaparecido por las fuerzas de seguridad, según un documento de la Comisión de Paz y Reconciliación chilena.

  • Samuel Castro fue asesinado por una patrulla militar a balazos en su espina dorsal cuando jugaba al fútbol con otros chicos en la calle frente a su casa, el 24 de setiembre de 1973. Había cumplido 13 años. Una suerte similar a la de Alicia Aguilar Carvajal, que jugaba con sus hermanas frente a su domicilio cuando una patrulla abrió fuego indiscriminadamente el 18 de setiembre de 1973. Tenía apenas 6 años.El gobierno chileno argumenta que Pinochet sólo puede ser juzgado en Chile, pero ese juicio no podrá hacerse por la inmunidad legal y constitucional que tiene. Las 3.197 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de Pinochet, entre ellas 80 niños, representan 3.197 razones por las que Pinochet debe ser enjuiciado, sostiene Amnistía.