Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”
A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.
Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.
La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.
Rodrigo Anfruns
Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.
Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.
La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.
En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.
Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.
Rodrigo Palma
“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.
En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.
Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.
“Chile: Las víctimas infantiles”*
Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.
La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.
Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.
En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.
Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.
Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.
La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.
Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.
Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.
Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”
A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.
Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.
La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.
Rodrigo Anfruns
Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.
Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.
La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.
En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.
Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.
Rodrigo Palma
“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.
En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.
Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.
“Chile: Las víctimas infantiles”
Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.
La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.
Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.
En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.
Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.
Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.
La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.
Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.
Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.
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LEONARDO PATRICIO PARGA ORTEGA
Fotos suministradas por su hermana.
PARGA ORTEGA, LEONARDO PATRICIO: 17 años, estudiante, soltero, muerto el 14 de septiembre de 1973 en Santiago.
Leonardo Patricio Parga Ortega murió ese día a las 20:00 horas, en el Hospital José Joaquín Aguirre, por una herida de bala torácica cervical, según el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.
De acuerdo con lo señalado por vecinos, alrededor de las 16:00 horas de ese día, Leonardo Parga y su amigo Angel Gabriel Moya Rojas se encontraban en la intersección de las calles Escanilla y Borgoño, cuando fueron interceptados por una patrulla militar. Los retuvieron, allanaron sus ropas y luego les ordenaron retirarse. En ese momento, uno de los militares escuchó un insulto y disparó a ambos menores por la espalda. Angel Gabriel Moya Rojas falleció en el acto y Leonardo Parga, algunas horas después.
El caso de Angel Gabriel Moya Rojas fue conocido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y se le declaró víctima de violación de derechos humanos por agentes del Estado.
Considerando los antecedentes obtenidos en la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior declaró a Leonardo Patricio Parga Ortega víctima de violación de derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza.
(Corporacion)
* EL PROCESO CONTRA EL EX DICTADOR EN LONDRES
Pinochet: publican 26 casos de niños víctimas de la dictadura
Lo hizo Amnistía Internacional a través de un informe difundido en Londres
- Son menores asesinados o desaparecidos durante el régimen militar
- La organización dice que Pinochet debe ser enjuiciado
MARIA LAURA AVIGNOLO Londres. Corresponsal
Sergio Alberto Gajardo Hidalgo, un adolescente chileno de 15 años, caminaba por una población de Santiago rumbo a la casa de sus tíos el 15 de setiembre de 1973 cuando fue baleado por una patrulla militar en la cabeza, cuatro días después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Sus familiares buscaron desesperadamente su cuerpo hasta 1991, cuando lo encontraron en una tumba NN del cementerio de Santiago.Una suerte similar corrieron Nadia Fuentes, que recién había cumplido 13 años, y la jovencita embarazada Elizabeth Contreras, ejecutada por la policía chilena tras hacerla correr, dispararle y arrojar su cuerpo al río Mapocho en octubre de 1973.Estos son algunos casos de los niños víctimas del régimen militar del general Augusto Pinochet, que han sido ignorados en el largo proceso que se lleva adelante en Londres para decidir si el ex dictador tiene o no inmunidad de jefe de Estado para evitar el pedido de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón, que lo quiere procesar por genocidio.La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional publicó ayer un informe detallando algunos de los 80 casos conocidos de niños muertos o desaparecidos durante el régimen militar chileno, entre 1973 y 1990.Para Amnistía Internacional, en el juicio a Pinochet en Londres se están olvidando de sus víctimas y perdiendo sus argumentaciones en legalismos que ignoran a las 3.197 personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Pero especialmente, no cuenta la suerte de los 80 chicos menores de 16 años fusilados por las fuerzas de seguridad o secuestrados por militares chilenos.En el informe titulado Chile: las víctimas infantiles, Amnistía Internacional describe 26 casos de asesinatos y desapariciones de niños y adolescentes por patrullas militares en Chile con similar metodología. Un estilo que incluye palizas previas y ejecución sumaria, arrestos y posteriores desapariciones, asesinatos de familias completas después de un allanamiento policial.Amnistía ha hecho campaña para que Pinochet sea llevado a la Justicia por la comunidad internacional no sólo por las miles de víctimas en Chile, sino también para enviar un mensaje claro a los torturadores del mundo y a los escuadrones de la muerte de que no pueden cometer sus crímenes con impunidad, dice el comunicado de la organización humanitaria, que actúa como testigo en el proceso que se lleva a cabo en Londres al ex dictador en la Cámara de los Lores.A los 13 años, Carlos Patricio Fariña Oyarce fue arrestado en la villa miseria de La Pincoya por una patrulla del ejército, la policía y la policía de investigaciones. Hasta ahora permanece desaparecido por las fuerzas de seguridad, según un documento de la Comisión de Paz y Reconciliación chilena. - Samuel Castro fue asesinado por una patrulla militar a balazos en su espina dorsal cuando jugaba al fútbol con otros chicos en la calle frente a su casa, el 24 de setiembre de 1973. Había cumplido 13 años. Una suerte similar a la de Alicia Aguilar Carvajal, que jugaba con sus hermanas frente a su domicilio cuando una patrulla abrió fuego indiscriminadamente el 18 de setiembre de 1973. Tenía apenas 6 años.El gobierno chileno argumenta que Pinochet sólo puede ser juzgado en Chile, pero ese juicio no podrá hacerse por la inmunidad legal y constitucional que tiene. Las 3.197 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de Pinochet, entre ellas 80 niños, representan 3.197 razones por las que Pinochet debe ser enjuiciado, sostiene Amnistía.
HIJXS . VOCES 
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