En el Día Internacional de los Derechos Humanos querella familiares 119 por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman. Chile

Español: Cartel durante la marcha estudiantil ...
Español: Cartel durante la marcha estudiantil del 16 de junio de 2011, frente a la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. La leyenda dice: Chileno, 44 años después, El Mercurio aún miente. (Photo credit: Wikipedia)

Nueva querella criminal contra Agustín Edwards presentaron familiares de detenidos desaparecidos

 Publicado el 11 Diciembre 2013 ESCRITO POR ERNESTO CARMONA*

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por coincidencia, 7º aniversario de la muerte de Pinochet, fue presentada hoy una querella colectiva por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena El Mercurio, y otros personajes vinculados al periodismo.

 

La demanda fue introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos desaparecidos en Chile que en 1975 la llamada Operación Colombo de la DINA presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.

 

La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.

El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.

La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.

En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.

Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos” estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.

A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.

Exterminados como ratones”

La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres, el 22 y 24 de julio de 1975 en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil, en la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, y enseguida en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.

El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan  como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.

 

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

Los periodistas pidieron perdón

Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.

El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.

 

La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.

 

Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”

El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.

Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro “enfrentamiento” al sorprendérsele “poniendo una bomba” a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.

La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

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El otro plebiscito que perpetuó el modelo de la dictadura

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Vía radio.uchile.cl

Un plebiscito realizado en junio de 1989, a solo ocho meses del triunfo del “No”, asentó una serie de reformas constitucionales en las que la Concertación cedió la posibilidad de tener mayoría en el Parlamento y aprobar una serie de leyes que democratizarían efectivamente al país. Para el sociólogo Felipe Portales, esto se explicaría por la concordancia ideológica de la Concertación con el modelo económico de la derecha, algo que se sostiene hasta el día de hoy.

“Faltando menos de dos semanas para el plebiscito de las “54 reformas constitucionales”, la desinformación y la confusión acerca de su significado marcan la percepción del acontecimiento tanto en Chile como en el extranjero. Según se desprende de diferentes encuestas periodísticas publicadas en los últimos días, una gran cantidad de chilenos continúa sin entender qué es lo que está en juego con las reformas. El bombardeo de spots televisivos sobre la materia aún no logra hacer comprensible al gran público cómo actores que estuvieron en posiciones tan disímiles en octubre pasado hoy coinciden en llamar a votar “apruebo” el 30 de julio (…)”.Revista Apsi, 17 al 23 de julio de 1989.

Apenas realizado el Plebiscito del 5 de octubre de 1988, en el cual el triunfo del “No” puso fin a 17 años de dictadura, la Concertación se sentó a negociar con la cúpula militar y la derecha un “acuerdo Nacional por la Democracia y el consenso constitucional”, con el objetivo de generar reformas a la Constitución de 1980.

En mayo de 1989, Augusto Pinochet presentó en cadena nacional el proyecto definitivo de 54 reformas a la Constitución, que contó con la aprobación unánime de la Concertación. Todos los partidos políticos llamaron a votar “Sí” en el plebiscito pactado para el 30 de julio de 1989 y solo una facción conocida como el Partido Socialista Chileno (de tendencia Nacional Socialista) y el Partido del Sur manifestaron su rechazo a la reforma, mientras que el MIR y el Partido Comunista llamaron a anular el voto.

Luego de una rápida campaña comunicacional y pese a la desinformación generalizada, el paquete de reformas fue aprobado por un 93.7% de los votos. ¿Pero qué fue lo que se aprobó, en un plebiscito del que pocos saben o recuerdan? Entre otros asuntos, la Concertación renunció a la mayoría legislativa parlamentaria que le aseguraba la Constitución del 80, al aceptar elevar los quórums para las leyes simples a la mayoría absoluta de los miembros presentes en ambas Cámaras, manteniendo los senadores designados.

De esta manera, todos los cambios económicos y sociales que la Concertación se ha excusado de hacer desde que llegó al poder en marzo de 1990, por no tener mayoría en el Parlamento, se explicarían en el pacto aprobado y promulgado por el mismo grupo político.

Para el sociólogo y académico Luis Felipe Portales, esto solo se explica por la tesis enunciada por el  teórico de la transición, Edgardo Boeninger (DC), en su libro Democracia en Chile: Lecciones para la Gobernabilidad, donde éste reconoce que, a fines de los 80, el liderazgo de la Concertación había llegado a una “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha.

“El liderazgo de la Concertación había experimentado a fines de los 80 un viraje en su pensamiento económico que lo había llevado a una convergencia con la derecha, convergencia que políticamente no estaba en condiciones de reconocer. Con esa frase simplemente uno puede llegar al corazón de la cuestión, que es que el liderazgo de la Concertación modificó completamente su pensamiento, era un liderazgo que había modificado sus puntos de vista en materia económica y social, pero que políticamente no podía reconocerlo porque sus bases no habían experimentado ese cambio y se iban a resentir profundamente”, evidencia Portales.

Si bien quienes lideraban la Concertación en los inicios de la transición a la democracia han justificado su inoperancia política por el “miedo” que las Fuerzas Armadas y el dictador aún despertaban en esa época, para el profesor Portales esta explicación es “absurda”, debido a que los intentos por volver a un régimen dictatorial ya habían sido desestimados.

“El temor puede inducir a muchas cosas pero no a entregarle el poder al adversario al que temes. Y menos todavía en el caso de mediados del 89, si ya Pinochet en la noche del 5 de octubre trató de hacer algo, incluso un golpe, y tuvo el rechazo total de la derecha política, la derecha económica y las ramas de las Fuerzas Armadas, con menor razón a mediados del 89 iba a tener la fuerza para hacer un golpe de Estado porque la Concertación no aceptaba cambiar su propia constitución”, explica.

Para el académico, la comodidad con el modelo que los líderes de la Concertación experimentaron en los albores de la transición continúa hasta ahora, por lo que nada asegura que en el futuro puedan dar paso a las reformas a las que se han negado durante más de dos décadas.

“Hemos vivido en un brutal engaño en estos más de 20 años por parte del liderazgo de la Concertación, un brutal engaño en que ellos se siguen tratando de presentar como centroizquierdistas pero han sido de derecha, han sido claramente de derecha. Pruebas hay numerosísimas, el tema es el control comunicacional que se tiene. Obviamente al liderazgo de la Concertación no le va a convenir para nada desnudar esto y a la derecha tampoco, si la derecha ha sido la más beneficiada con esta conversión. No le interesa a El Mercurio, a La Tercera estar poniendo el dedo en la llaga”, acusa.

Así, en lugar de aprovechar el triunfo del 5 de octubre de 1988 para avanzar hacia la democratización del país y la sustitución del modelo neoliberal, con las reformas aprobadas ocho meses más tarde, el 30 de julio de 1989, el liderazgo de la Concertación se acomodó al legado de la dictadura.

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Un delator en la comitiva de Michelle Bachelet en México. Claro Valdés Ricardo

Ricardo Claro se sacude en su tumba
Ricardo Claro se sacude en su tumba (Photo credit: tomasoski)

Claro Valdés Ricardo

http://www.memoriaviva.com/Complices/claro_ricardo.htm

Un delator en la comitiva de Michelle Bachelet en México

Pero la memoria todavía existe –

Por Margarita Labarca  Goddard

Distribuido por Politica ConoSur – Marzo 2007

 Soy chilena, abogada. Salí de Chile exiliada con mi familia con motivo del golpe militar y desde hace muchísimos años vivo en México: mi vida, mi trabajo, mis hijos están en este país. Aquí murió mi marido y aquí están depositadas sus cenizas.

Al leer las noticias sobre la visita de la presidenta Michelle Bachelet veo que forma parte de su comitiva Ricardo Claro Valdés.

Ricardo Claro era compañero mío en la escuela de derecho de la Universidad de Chile, en el año 1954. En ese tiempo estaba vigente en Chile la Ley de Defensa de la Democracia, llamada Ley Maldita, que puso fuera de la ley al partido comunista y mandó a campos de concentración a sus militantes o a quienes eran acusados de serlo.

Sin embargo, el Partido Comunista subsistía. En la escuela de leyes había un pequeño núcleo en el cual yo militaba. Básicamente realizábamos tareas de propaganda: repartir documentos y un diario mural. Lo hacíamos abiertamente, porque creíamos que a nadie se le ocurriría coartar la libertad de expresión dentro de la Universidad.

Pero a Ricardo Claro sí se le ocurrió. Nos denunció a las autoridades policiales por estar infringiendo la ley. Delató a sus propios compañeros de estudios: su propósito era que fuéramos a parar a la cárcel o a un campo de concentración.  Finalmente no pasó nada, porque el gobierno de entonces no era tan torpe como para entrar a la Universidad a detener a unos chicos ingenuos y bastante inofensivos.

Se podrá decir: “Hace tantos años… Fue un pecado de juventud”. Pues no; la delación no es tolerable nunca. A los niños generalmente se les enseña que jamás deben “acusar” a un compañero. Y Claro lo hizo libre y espontáneamente.

Por lo demás, este “pecado de juventud” fue un digno comienzo para su trayectoria posterior. Al respecto sé lo que sabe todo el mundo: que Claro se convirtió en un exitoso empresario, dueño, entre otras cosas, de la Compañía Sudamericana de Vapores. Y que en los comienzos de la dictadura, muchos prisioneros políticos detenidos en Valparaíso y lugares cercanos fueron llevados a barcos convertidos en centros de detención y tortura. Dos de estos barcos, el Lebu y el Maipo, pertenecían a esa compañía, que los facilitó para esos efectos. Todo esto se encuentra documentado en el Informe Valech, una comisión de prestigio e independencia incuestionables, que investigó las detenciones y torturas y entregó su informe en 2004. Los datos de los barcos de Ricardo Claro se encuentran en las páginas 356, 365 y 366 de ese documento.

No dudo de que el señor Claro tenga muchas otras actuaciones “interesantes” –que fue asesor del gobierno de Pinochet, por ejemplo-. Pero creo que con las que he señalado es suficiente.

Y ahora está en México, formando parte de la comitiva de la presidenta Michelle Bachelet, para reunirse con empresarios mexicanos y hacer negocios patrocinado por el gobierno de la Concertación.  Bussines por encima de todo, esa es la consigna .

Martes 23 de septiembre de 2008   La Nación

Fallo adverso a Claro en juicio contra La Nación

Luego de casi cuatro años de publicado en La Nación Domingo el reportaje “La cara civil de la tortura: los top ten”, Ricardo Claro Valdés perdió el juicio que entabló en contra del entonces director del medio, Juan Walker Edwards, y de la periodista Ana Verónica Peña por injurias graves con publicidad.

Ambos profesionales fueron notificados ayer de la sentencia absolutoria en la causa criminal y del rechazo en todas sus partes de la querella civil presentada en su contra y, subsidiariamente, en contra de La Nación por mil millones de pesos por supuestos daños morales causados a Claro con la publicación del reportaje -y de una foto suya en la portada del 5 de diciembre de 2004- referido al soporte comunicacional, jurídico y político que tuvo el régimen militar para violar sistemáticamente los derechos humanos en Chile.

Claro fue uno de los diez civiles con que el medio ejemplificó periodísticamente este apoyo o desprotección a los derechos fundamentales, en el contexto que estableció el “Informe sobre prisión política y tortura”, elaborado por la Comisión Valech, dado a conocer en noviembre de ese año.

Entre los testigos que prestaron declaración a favor de Claro, para establecer “el daño moral sufrido”, se encuentran el presidente del Senado, Adolfo Zaldívar, el senador Fernando Flores y el presidente del Tribunal Constitucional, Juan Colombo Campbell.En el fallo el tribunal establece que Ricardo Claro “no ha controvertido las afirmaciones” referidas a su persona, que dicen relación a su apoyo e integración al gobierno militar desde el mismo 12 de septiembre de 1973.

Por otro lado establece que “si el querellante ha estimado que su inclusión en el referido reportaje contiene imputaciones falsas, se ha sentido ofendido o injustamente aludido, la forma más rápida y eficaz de revertirlas habría sido ejercer su derecho consagrado constitucionalmente a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida por el mismo medio”.

Asimismo, la sentencia consideró que el reportaje no se encuentra referido sólo a su persona, que está redactado en términos narrativos haciendo referencia a hechos ya publicados por otros medios y que no existe en él ánimo “o intencionalidad ofensiva de las expresiones contenidas en el reportaje de marras”.

El tribunal también señala que la ley sobre libertades de opinión e información y ejercicio del periodismo constituyen un “derecho fundamental de todas las personas” y que queda de manifiesto en los antecedentes reunidos que “los imputados han ejercido este derecho”.

La sentencia también consideró entre los antecedentes el que de los diez aludidos, sólo dos dedujeron acciones penales: Claro y el sacerdote Raúl Hasbún. En este último caso, la Corte de Apelaciones de Santiago estimó que no ha concurrido el ya mencionado ánimo de injuriar.

Diez civiles clave del régimen que torturó al menos a 28 mil chilenos

Los Imperdonables – Domingo 5 de diciembre de 2004

Ninguno de ellos colocó un cátodo de electricidad o introdujo ratones en los cuerpos de algunos de los miles de prisioneros torturados. Ni siquiera los golpearon. Pero como lo reconoció el general Juan Emilio Cheyre, en esto hubo una responsabilidad institucional, que por cierto va más allá de los uniformados. Fue un entramado político, jurídico y comunicacional que dio sustento al régimen militar, tal como lo consigna el informe sobre Prisión Política y Tortura. Estos hombres no vistieron uniforme, pero sí se pusieron la camiseta para avalar estos horrores. Algunos dicen que no sabían, que fueron engañados y que incluso ayudaron para que estos hechos no siguieran ocurriendo. El 76 por ciento de los consultados por la Fundación Futuro cree que sí sabían. El 84 por ciento estima que deben pedir perdón. Y usted ¿qué cree?

Agustín edwards

Los atentados y restricciones a la libertad de expresión durante la dictadura fueron los más duros y extensos en la historia de Chile. Desde el mismo día del golpe se cerraron y se expropiaron medios. Centenares de periodistas debieron salir al exilio. Decenas fueron detenidos y torturados y algunos hasta asesinados, como el editor de Análisis José Carrasco.

Sin embargo, los medios que subsistieron –El Mercurio, La Tercera, Qué Pasa, Ercilla y La Nación- nada dijeron al respecto, salvo para justificar los hechos en toda su dimensión. De ahí que el Informe sobre Prisión Política y Tortura sostenga que los medios de comunicación durante la dictadura “constituyeron un soporte cotidiano del gobierno”.

Como caso emblemático, el informe reproduce un editorial de El Mercurio del 5 de octubre de 1973, en el cual se afirma que la actuación de los servicios de seguridad estaba “plenamente justificada” porque el país se encontraba en guerra. También alude a un editorial de Las Ultimas Noticias, de abril de 1978, en el que se celebraba el “buen criterio, ponderación y responsabilidad” con que actuaba el régimen.

El informe no lo incluye, pero resulta memorable también un titular de La Segunda, de junio de 1975, que dio cuenta de la muerte de 119 chilenos que a esa fecha figuraban en las listas de detenidos desaparecidos: “Miristas se matan como ratas”. Sobre el mismo caso, hoy conocido como Operación Colombo, El Mercurio publicó que “estos seudo detenidos o secuestrados son transportados a Argentina a fin de que se incorporen a movimientos guerrilleros y, tras recibir adiestramiento, son retornados a Chile”.

Todos estos medios estaban en las manos y bajo la atenta mirada de su dueño, Agustín Edwards Eastman. El ‘Duny’, como le llaman sus cercanos, no ha hecho ningún gesto de arrepentimiento.

La Tercera también hizo lo suyo y reprodujo esta noticia tal y como la presentó la DINA en sus comunicados. Incluso fue más allá. Sostuvo que el hallazgo de los cadáveres “ponía en descubierto las burdas maniobras con que los elementos de izquierda se preparaban para esperar a la llamada Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas”, agregando que Amnesty International “no tendrá otra cosa que borrar sus nombres de la lista de personas desaparecidas en Chile”. El director de La Tercera a esa fecha era Alberto Guerrero.

Jaime Guzmán

El asesinado senador fue de los primeros civiles en ponerse a disposición de los militares. No ejerció cargo de autoridad en el gobierno, pero operó en las sombras; al principio, como principal asesor y consejero de la Junta Militar y de Pinochet -a quien incluso le escribía sus discursos- y, tiempo después, como miembro de la Comisión de Estudios de la Nueva Constitución y luego de la Comisión de Estudios de Leyes Orgánicas Constitucionales, que dieron sustento jurídico al régimen.

Sólo días después del golpe de Estado, en una de sus primeras minutas a la Junta, Guzmán marcaba la pauta de la brutalidad con que actuaron los servicios de seguridad: “El éxito de la Junta está directamente ligado a su dureza y energía, que el país espera y aplaude. Todo complejo o vacilación a este propósito será nefasto. El país sabe que afronta una dictadura y lo acepta… Transformar la dictadura en dicta-blanda sería un error de consecuencias imprevisibles”.

El fundador del gremialismo y miembro de Patria y Libertad (entre 1970 y 1972), tenía en mente desde los inicios del régimen la creación del movimiento que en 1983 se convirtió en la UDI, un partido a la medida del régimen. De hecho él mismo lo definió como “un nuevo movimiento cívico-militar que respalde a la Junta y dé prolongación fecunda y duradera a su gestión”, cuando propuso su creación, en otro memorando a la Junta fechado en octubre de 1973. Tiempo después, en 1978, los gremialistas se declararon abiertamente pinochetistas.

Fue así que el gremialismo -y UDI después- se levantó como el principal grupo de poder de la dictadura. La historia se encarga de confirmarlo. Los nueve senadores de la UDI en ejercicio fueron funcionarios de Pinochet y la mayoría de sus diputados fueron alcaldes designados o directivos de la Secretaría Nacional de la Juventud. Todos los presidentes que la UDI ha tenido fueron también funcionarios del régimen: Julio Dittborn fue director de Pro Chile, director de la Refinería de Con Con y subdirector de Odeplan, Jovino Novoa fue subsecretario de Gobierno y Pablo Longueira fue asesor del ministerio de Vivienda y Urbanismo.

Jovino Novoa

Después de conocer el Informe Valech, Jovino Novoa dijo que los civiles que cumplieron funciones en la dictadura no tenían causa, razón o motivo para sentirse avergonzados o arrepentidos. “La participación de los civiles significó una mejoría notable en la situación de los derechos humanos”, sostuvo, refiriéndose a la “civilización” del régimen iniciada en 1978, cuando la DINA fue reemplazada por la CNI y asumió el ministerio del Interior el hoy senador por la UDI Sergio Fernández. Mérito que también le correspondería, porque él entró al gobierno militar en junio de 1979.

Pero si bien el Informe Valech sostiene una baja numérica de las prácticas de tortura después de esa fecha, igualmente consigna que de ahí en adelante el sistema de violación de los derechos humanos “se caracterizó por un mayor refinamiento”, tanto en el uso de instrumentos jurídicos que facilitaron la tortura como en el empleo de aparatos más sofisticados, que permitían graduar el voltaje de la electricidad que aplicaba a las víctimas.

“La autorización para mantener incomunicados a los detenidos por largos períodos …favorecía la aplicación de torturas”, afirma el informe. Y esas autorizaciones venían del Ejecutivo en el que Novoa participaba.

Mientras Novoa fue subsecretario General de Gobierno, en esas dependencias se planeó el asesinato de Tucapel Jiménez. Y, según afirmó el hijo del sindicalista a LND, Novoa fue quien “dio la orden de perseguir y amedrentar” a su padre. El crimen lo ejecutaron miembros de la Secretaría Nacional de los Gremios, que estaba a su cargo. Los tribunales no encontraron razones para juzgar a Novoa.

Además del control de la Secretaría de los Gremios, la Segegob tenía a su cargo la Secretaría Nacional de la Mujer y de la Juventud y la movilización de civiles para los actos del régimen. También le correspondía ejercer el control de los medios de comunicación, que incluía el nombramiento de ejecutivos y directores en TVN y La Nación, la censura previa ejercida por Dinacos y la implementación de la política comunicacional.

Al término de sus servicios en el aparato de gobierno, Novoa asumió como jefe de servicios informativos de El Mercurio.

Ricardo García

Ricardo García Rodríguez reemplazó a Sergio Onofre Jarpa en el ministerio del Interior en febrero de 1985, implementando una política aún más dura que la de su antecesor. Debutó en el cargo con el caso degollados, ocurrido en marzo del mismo año, que terminó con tres profesionales comunistas muertos y abandonados en un camino en Quilicura y determinó la salida de la Junta Militar del director general de Carabineros César Mendoza. Al mes siguiente fue secuestrada la sicóloga Carmen Andrea Hales, hija del ex ministro de Minería Alejando Hales y hermana del diputado Patricio Hales.

En julio de 1986, durante la represión de una protesta, son quemados vivos los jóvenes Carmen Gloria Quintana y Rodrigo Rojas Denegri, quien fallece a consecuencia de las lesiones.

Tras el atentado contra Pinochet, en septiembre de ese mismo año, García decreta el estado de sitio. La medida se tradujo en allanamientos masivos y diversas operaciones en toda la Región Metropolitana, con más de un centenar de detenidos; entre ellos, el ahora Presidente Ricardo Lagos, el actual diputado Patricio Hales, el ex ministro Germán Correa, entonces dirigente del MDP, y el sacerdote Rafael Maroto. Simultáneamente decretó el cierre de las revistas Análisis, Apsi, Hoy, Cauce y La Bicicleta, del diario Fortín Mapocho y las agencias Ansa, Reuter y Latín Reuter.

En la madrugada del 9 de septiembre fueron detenidos en sus domicilios el editor internacional de Análisis José Carrasco, el electricista Felipe Rivera, el publicista Abraham Muskatblic y Gastón Vidaurrázaga. Al día siguiente aparecieron los cuerpos de los cuatro infortunados, con 15 balazos cada uno.

En 1987, poco antes de abandonar el cargo, Ricardo García firma el requerimiento en contra del dirigente socialista Clodomiro Almeyda.

Su hermano, Juan Ignacio García, fue designado director del Servicio Electoral cargo que desempeña hasta hoy.

Cura Hasbún

Entre las víctimas de la dictadura se cuentan cuatro sacerdotes asesinados: Miguel Woodward, Juan Alsina, Gerardo Poblete y André Jarlán. Otro, Antonio Llidó, engrosó las listas de los desaparecidos tras ser detenido por la DINA en 1974. Decenas de curas y monjas sufrieron tortura en centros de detención y centenares debieron abandonar el país con órdenes de expulsión.

Mientras todo esto ocurría, Hasbún se dedicaba a dar sus opiniones por las pantallas de canal 13, en las páginas de El Mercurio y en radio Agricultura. Desde allí apoyó y alentó a las fuerzas de seguridad y al régimen en general. También fue un ferviente defensor de Colonia Dignidad. El Informe Valech señala que “hubo testimonios que coincidieron en señalar que algunos detenidos por la DINA o la CNI fueron trasladados a la Colonia Dignidad. Ex detenidos la mencionan como centro de detención y tortura”.

Hasbún sostuvo en su oportunidad que Chile debía estar “agradecido” de la DINA, que el sufrimiento de Pinochet en Londres era similar al de Jesucristo y que el juez Garzón era un “sinvergüenza”. En una de sus últimas intervenciones en Canal 13, dijo que los socialistas son “intrínsecamente antipatrias” y “parásitos que profitan chupando la sangre ajena”. Hoy sigue haciendo de las suyas en las pantallas del Mega, el canal de Ricardo Claro.

Sergio Onofre Jarpa

Sergio Onofre Jarpa es uno de los 39 extraditables del juez Garzón. Este fundador de RN y ex presidente del partido fue delegado del régimen ante la ONU en 1974, embajador en Colombia y en Argentina y ministro del Interior entre 1983 y 1985. Su misión en esta cartera fue encabezar la apertura, la transición que terminaría por entregar el gobierno a la civilidad. En ese contexto inició el diálogo con la opositora Alianza Democrática, bajo los oficios del cardenal Juan Francisco Fresno. Pero ello no detuvo la ola de violencia política, todo lo contrario.

A sólo un día de haber asumido, el 11 de mayo de 1983, sacó 10 mil soldados a la calle para hacer frente a la primera protesta nacional. Hubo decenas de muertos y centenares de heridos, especialmente en las poblaciones más populares.

Su mandato estuvo lleno de hitos en la violación de los derechos humanos. La comisión Rettig consignó decenas de muertes a manos de los servicios de seguridad durante su período, algunas en acciones concertadas. Como la ocurrida el 7 de septiembre del mismo año, cuando la CNI ejecutó a cinco miristas en calle Fuenteovejuna y Janequeo. En este proceso, Jarpa declaró como inculpado. El 11 de noviembre de 1983, Sebastián Acevedo se quemó a lo bonzo en la plaza de Concepción, como una manera desesperada de exigir que la CNI liberara a sus dos hijos que estaban siendo torturados en recintos secretos. El hecho dio pie para la creación del Movimiento Nacional Contra la Tortura Sebastián Acevedo, que quiso oponer la no violencia a la brutalidad del régimen. Sus miembros fueron violentamente reprimidos en cada una de sus manifestaciones, no sólo por carabineros, sino también por los memorables “gurkas”, civiles que se infiltraban entre los manifestantes y que hicieron su debut con Jarpa.

En agosto de 1984, tuvo lugar otro operativo simultáneo de la CNI en varias ciudades del sur, que dejó 7 miristas muertos.

Mientras Jarpa estuvo en Interior, se creó también la Dicomcar, el aparato de inteligencia de Carabineros, que operó impunemente durante este período, igual que el Comando de Vengadores de Mártires, Covema.

Jarpa tampoco trepidó en aplicar la Ley de Seguridad Interior del Estado para clausurar medios y aplicar una férrea censura a otros, que terminó con ediciones de revista Hoy, Apsi y Análisis con páginas en blanco. Las detenciones, amedrentamientos, golpizas y relegaciones de periodistas se hicieron cotidianas.

Jarpa dejó su cargo en medio del Estado de Sitio.

Ambrosio Rodríguez

El ahora presidente del Tribunal Supremo de RN, Ambrosio Rodríguez, comenzó sus servicios a la dictadura como encargado de los sumarios a los profesores de la Escuela de Periodismo de la Universidad de Chile, recién acaecido el golpe de Estado. Por esa vía expulsó al 80 por ciento de los docentes, aduciendo que impartían marxismo en sus clases.

En 1977 tuvo una oscura participación, en calidad de abogado de la familia, en la desaparición en Argentina del matrimonio chileno integrado por Jacobo Stoulman y Matilde Pessa. Pese a ser citado a declarar en varias oportunidades en este caso, nunca se presentó ante tribunales.

A poco andar se transformó en asesor jurídico del ministerio del Interior y, en esa calidad, en 1978, declaró a la prensa que “los supuestos desaparecidos” estaban viviendo en el extranjero con identidades falsas. En el mismo cargo, en 1980 representó al gobierno militar en la vista del recurso de amparo que buscaba dejar sin efecto la expulsión del país del DC Jaime Castillo Velasco, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos. Y ganó la contienda.

Años después se le inventó el cargo de Procurador General de la República para darle más prestancia. Allí estaba cuando, en 1988, se ejecutó la Operación Albania, que terminó con 12 miembros del FPMR muertos a manos de la CNI. Para validar la tesis del enfrentamiento, que luego los tribunales se encargaron de desvirtuar, Rodríguez aseguró que todo se había hecho en presencia de un juez y un fiscal.

Tras el término de la dictadura, Rodríguez ha complementado sus actividades políticas con el ejercicio de su profesión de abogado, en la defensa de Augusto Pinochet, en Londres y Santiago; del ex director de la CNI Humberto Gordon; de los procesados en el Caso Degollados; de Augusto Pinochet junior en el caso Pinocheques; y en la mismísima Operación Albania.

También asumió la defensa del ex ministro de la Corte Suprema Hernán Cereceda Bravo, destituido por el Senado “por notable abandono de deberes” en el caso de Alfonso Chanfreau, desaparecido en 1974.

Manfredo Mayol

Manfredo Mayol es en la actualidad uno de los samuráis de Lavín, encargado del manejo comunicacional de su candidatura. Misma función que cumple en la UDI, en donde ha tenido una importante participación en el manejo del caso Spiniak. En mayo de este año, tras la salida de Longueira de la presidencia del partido, Mayol obtuvo la primera mayoría como integrante de la nueva comisión política de la colectividad.

En tiempos de dictadura, Mayol fue vicepresidente de Radio Minería, director de Ercilla y ejecutivo de canal 13 y TVN. Para el golpe, Mayol era subeditor de prensa en canal 13 y el sacerdote Raúl Hasbún el director del medio. Cuando Hasbún dejó el cargo, en marzo de 1974, Mayol ascendió a editor. En 1978, para la consulta, era gerente de TVN.

Para el plebiscito del 88, era asesor del subsecretario de gobierno, coronel Alfonso Rivas, y fue uno de los convocados por el ministro del Interior Sergio Fernández para mejorar la franja del Sí, después que su primera edición alterara los ánimos de los pinochetistas. Fue uno de los creativos que puso a la ex esposa de Ricardo Lagos en la pantalla haciendo íntimas y duras críticas a su ex cónyuge. Lejos de repuntar, la franja del Sí perdió más adherentes.

A Mayol se le atribuye también la autoría de varios tongos comunicacionales ideados para distraer la atención pública de los hechos que ocurrían en el país. Uno de ellos es el exagerado despliegue de prensa para el paso del cometa Halley, que finalmente casi nadie vio. Otro, más ambicioso, fue en las apariciones de la virgen en Villa Alemana entre junio de 1983 y mediados de 1988, cuando las protestas contra el régimen ardían.

El compromiso de Mayol con el régimen fue más allá de su desempeño profesional como publicista. Mayol integró el Frente Juvenil que surgió como un movimiento de apoyo al régimen en la ceremonia de Chacarillas, en julio de 1977, y mantuvo estrechos vínculos con agentes de seguridad. De hecho, la propia defensa de Alvaro Corbalán Castilla, en el caso Operación Albania, aportó a tribunales la nómina de vistas registradas en su residencia la noche anterior a cometerse el crimen. Entre ellas estaba Manfredo Mayol.

Ricardo Claro

Ricardo Claro se integró al gobierno militar como asesor del canciller, contraalmirante Ismael Huerta, el 12 de septiembre de 1973. Días después acompañó a Huerta a Washington en lo que sería la primera intervención del régimen ante la Asamblea de la ONU. Su función fue bien específica: conseguir recursos económicos para el gobierno militar.

Para la realización de la sexta asamblea de OEA, en Santiago en 1976, Claro fue designado coordinador general del encuentro. Las violaciones de los derechos humanos fueron tema obligado y los esfuerzos de Pinochet y sus funcionarios dieron sus frutos: la resolución final hizo una tibia censura que El Mercurio transformó en apoyo total. El entonces presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, Jaime Castillo Velasco, y Andrés Zaldívar se las ingeniaron para hacer llegar a los delegados algunos documentos que denunciaban las muertes, desapariciones y torturas. Ricardo Claro los acusó de traidores y el régimen dispuso la expulsión de Castillo y la prohibición de ingreso de Zaldívar. Claro también estuvo presente en la reunión que Pinochet sostuvo con Henry Kissinger en aquella ocasión.

A Claro también se le ha vinculado en la detención y desaparición de un grupo de trabajadores de Elecmetal, empresa de su propiedad. Según ha relatado Mario Fernández, hermano de dos de las víctimas y ex trabajador de esa compañía, él mismo presenció cómo ellos fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri, para ser entregados a carabineros.

Hace un par de años Claro fue funado en las puertas de Megavisión. Los manifestantes aseguraron que Claro puso a disposición de las fuerzas de seguridad dos barcos de otra de sus empresas, la Compañía Sudamericana de Vapores, para ser usados como centros de detención y tortura. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua. Muchos de sus “pasajeros” perdieron la vida. El otro, el Lebu, cumplió el rol de cárcel flotante y más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes.

Sergio Diez

El ahora presidente de RN fue delegado ante la Tercera Comisión de la Asamblea General ONU en 1975. Allí le tocó dar explicaciones por más de un centenar de chilenos que figuraban como detenidos desaparecidos en listas elaboradas por organismos de derechos humanos.

En su impecable labor presentó documentos para desmentir las acusaciones. Entre ellos, falsos certificados de autopsia emitidos por el Instituto Médico Legal que indicaban la muerte en enfrentamiento de algunas de las víctimas. En otros casos mostró certificados del Registro Civil que afirmaban que algunos “no tenían existencia legal en Chile”.

La tienda de Diez tampoco está exenta de responsabilidad, pese a que a sus dirigentes les fascina sostener lo contrario, argumentando la “juventud” del partido. RN nació en plena dictadura. Su antecesor directo, el Movimiento de Unidad Nacional (MUN), encabezado por Andrés Allamand, fue digitado desde el gobierno en 1983 por el entonces ministro del Interior, Sergio Onofre Jarpa. La fundación de RN, en 1987, reunió al MUN con la UDI y el Frente Nacional del Trabajo, fundado por Jarpa cuando abandonó el gobierno, en 1985. Esta unidad se quebraría recién en 1988, cuando el plebiscito estaba ad portas.

Sus principales figuran tampoco nacieron ayer. De los siete senadores que hoy tiene RN, sólo Alberto Espina no participó en el régimen militar. Carlos Cantero fue alcalde designado; Mario Ríos Santander fue subsecretario general de Gobierno, director del área de salud de la Corporación Nacional de Desarrollo Social, asesor de los ministros de Salud y Hacienda, presidente de Chile Films y alcalde designado; Antonio Horvath fue director de Vialidad en Aysén y luego seremi de Obras Públicas; Baldo Prokurica fue intendente subrogante y gobernador; José García Ruminot fue seremi de Gobierno, jefe del Departamento Social de la Intendencia y alcalde designado; y Sergio Romero fue subsecretario de Agricultura.

Más de la mitad de sus diputados también tuvo cargos en el gobierno militar. Entre ellos, Alberto Cardemil, quien fue asesor del Ministerio de Agricultura, vicepresidente ejecutivo de Indap, representante del gobierno militar ante misiones especiales, subsecretario de Agricultura subrogante y subsecretario del Interior.

Miércoles 29 de octubre de 2008   El Mostrador                                            

Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos: “Ricardo Claro se murió sin ser juzgado

Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales”, sostuvo la presidente de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos.

La Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP), señaló hoy que lamenta profundamente que el empresario Ricardo Claro Valdés haya fallecido “sin haber sido jamás sometido a proceso por su complicidad en crímenes de lesa humanidad en contra de sus propios trabajadores, así como en la tortura y muerte de chilenos que fueron prisioneros en los barcos de la Compañía Sudamericana de Vapores”.

La organización recordó que el empresario Ricardo Claro Valdés formó parte del directorio de Electmetal, “empresa que retuvo ilegalmente y luego entregó un grupo de trabajadores a una patrulla militar que posteriormente los asesinaría y desperdigaría sus cuerpos por distintos lugares de la capital, presumiblemente para producir un efecto aleccionador”, precisó la presidenta de la entidad Marta Godoy.

“Al 11 de septiembre de 1973 era dueño de la Compañía Sudamericana de Vapores, rol en el cual facilitó sus barcos para allí fueran torturados y hechos desaparecer muchos chilenos, lo que también está probado en tribunales”.

La organización de Derechos Humanos entregó antecedentes judiciales que señalan que el 17 de septiembre de 1973 la Empresa Elecmetal, que después de estar en manos de los trabajadores había sido devuelta a sus antiguos dueños con la nominación de Patricio Altamirano como delegado directo de la Junta  Militar, entregó a seis de sus trabajadores, algunos dirigentes de la empresa  y otros del cordón Vicuña Mackenna a un piquete compuesto por efectivos del Ejercito y Carabineros.

Según relata Mario Fernández, ex trabajador de esa compañía propiedad de Ricardo Claro y hermano de dos de las víctimas, él mismo presenció como sus hermanos Miguel y Juan y varios miembros del sindicato fueron citados a la oficina de la gerencia por el interventor militar Patricio Altamirano, el gerente Gustavo Ross y el director, Fernán Gazmuri. Los trabajadores salieron de allí esposados y en poder de Carabineros. No se les volvió a ver con vida.

“Meses antes que viniera el golpe, el gerente Gustavo Ross, citó a mi hermano Juan para conversar. Le dijo que si no dejaba libre a la empresa, sufrirían las consecuencias”, relata Mario Fernández. Para él está claro que Elecmetal lo entregó para que fuera asesinado y sostiene que aunque la empresa estaba intervenida por los militares, era Ricardo Claro el que daba las ordenes ahí, vía telefónica. “El nunca perdió el poder. Y todos sabían lo que iba a pasar. Sabían en que condiciones estaban matando a los trabajadores”, reclama.

Los trabajadores José Devia Devia, José Maldonado, Augusto Alcayaga, Miguel y Juan Fernández Cuevas y Guillermo Flores, fueron asesinados y repartidos en diversas calles de Santiago, asegura la entidad, la cual asegura que sus cuerpos con señales brutales torturas, quemaduras con soplete y múltiples impactos de bala, fueron ubicados sólo por casualidad en el Instituto Médico Legal poco antes de ser enterrados como N.N.

Según los antecedentes recopilados por la AFEP, la decisión de entregarlos habría sido tomada en una reunión del directorio de la empresa compuesta por Ricardo Claro Valdés, Fernán Gazmuri Plaza, Danilo Garafulic, Gustavo Ross Ossa, Raúl Briones y el delegado de la Junta Milita, Patricio Altamirano, quien personalmente habría retenido en su oficina a Juan Fernández Cuevas y entregado a sus ejecutores. Los demás dirigentes fueron detenidos al interior de Elecmetal y sacados en un vehiculo de Carabineros y otro dispuesto por la misma empresa.

“Por otra parte, desde el mismo 11 de septiembre la compañía Sudamericana de Vapores, puso a disposición de la Armada dos de sus barcos. Uno de ellos, el Maipo, trasladó a 380 detenidos desde Valparaíso hasta Pisagua, lugar en el que varios de ellos fueron asesinados”, precisa la agrupación.

“El otro barco facilitado fue el Lebu, que cumplió el rol de cárcel flotante. Más de dos mil personas pasaron por sus bodegas y camarotes, siendo torturados y algunos asesinados”, detalla.