La larga sombra de la dictadura argentina: ella no era quien creía ser, ni tampoco su padre.
Una joven activista creía que la desaprobación de su padre hacia sus ideas de izquierda era puramente política. Una noche, un beso de despedida la embarcó en un viaje extraordinario que continúa hasta el día de hoy.
.Por Meaghan Beatley
De niña, Analía Azic solía fingir que era secretamente una princesa, la heredera de un reino mágico y lejano. En realidad, era hija de un verdulero llamado Juan Antonio Azic y de una recatada ama de casa llamada Esther Abrego. La familia vivía en la provincia de Buenos Aires, que, como cualquier habitante de la zona te dirá con cierto orgullo, no es la ciudad de Buenos Aires, sino su vecina más ruda. Analía no era de la realeza, pero tenía una voluntad de hierro y una audacia desproporcionada a su pequeña estatura.
A Analía le importaban poco las notas en el Instituto de Señoritas del Sagrado Corazón, donde se juntaba con las dominantes , chicas que se subían tanto las faldas escolares que apenas les servían de cinturón, y soñaban con el fin de semana en que por fin podrían cambiar sus uniformes escolares por vaqueros de marca y camisetas ajustadas y entrar con estilo en Electric Circus, el único club local que admitía menores. Allí, Analía se subía a los altavoces y bailaba, para luego bajar de un salto y jugar con los chicos de la escuela técnica de la Fuerza Aérea Argentina.
Era la década de 1990 y ella y sus amigos eran jóvenes de clase media, provenientes de familias vinculadas a las fuerzas armadas. Entendían que, en la década anterior, la nación había salido de una «guerra sucia» entre dos fuerzas opuestas de igual poder. Por un lado, un ejército nacional que luchaba por la preservación de los valores cristianos y la patria; por otro, guerrilleros marxistas sin escrúpulos que abogaban por su derrocamiento. Ambos bandos habían cometido crímenes, eso era cierto, pero era una guerra y, afortunadamente, el ejército había ganado y restablecido el orden. Analía asimiló esta narrativa tanto en la escuela como en casa, donde su padre, Juan Antonio, arremetía contra lo que él llamaba la «izquierda atea y antipatriótica».
Desde los nueve años, Analía tenía la costumbre de leer el periódico después de que su padre lo terminara, y por las noches se sentaba a su lado para ver sus programas políticos en la televisión. Esto la unió a su padre, al igual que inquietaba a su madre. Esther creía que la política, como trepar a los árboles, no era propia de una mujer. Analía —quien, según ella misma admitía, tenía una «naturaleza rebelde y polémica»— la ignoraba. Pero fue precisamente esa rebeldía la que pronto la llevó a cuestionar la política de sus padres. Cuando Analía cumplió quince años, tuvo en sus manos las obras completas del Che Guevara. Empezó a sentir curiosidad por las ideas de izquierda.
Este fue un período de relativa calma y prosperidad en Argentina, tras décadas marcadas por el caos y las dictaduras militares. Carlos Menem , presidente del país durante la mayor parte de la década de 1990, era un ostentoso bon vivant, bronceado artificialmente, con predilección por posar junto a su Ferrari para reportajes de revistas. Aunque era peronista —miembro del partido de izquierda dominante en Argentina, que lleva el nombre de su fundador, Juan Domingo Perón—, impulsó un programa de liberalización del libre mercado, aprobado por Washington, que incluyó la privatización de más de 400 empresas estatales y el desmantelamiento efectivo del estado de bienestar. A corto plazo, su programa pareció ofrecer un alivio, especialmente a la clase media argentina, que derrochó en bienes importados y vacaciones en Miami. Pero a largo plazo, devastó muchas industrias nacionales y contribuyó a que el país se precipitara hacia una crisis de deuda.
Analía había presenciado de primera mano el aumento vertiginoso de la pobreza a través de su trabajo voluntario con grupos religiosos. Tras leer a Guevara, estas impresiones adquirieron una nueva dimensión política en su mente. Él encarnaba a los guerrilleros latinoamericanos de los años 60 y 70 a quienes le habían enseñado a despreciar. Pero ahora se preguntaba: si habían luchado para aliviar la desigualdad en una de las regiones más desiguales del mundo, ¿acaso no tenían razón?
Tras terminar el libro, Analía se compró enseguida una boina; a partir de entonces, solo se la quitaba para dormir y ducharse. Colgó un póster con la cara de Guevara en la puerta de su habitación. Su padre no lo arrancó, como ella esperaba, sino que, con paciente resignación, le pidió que lo pusiera en la parte interior de la puerta.
«A medida que continuaba oponiéndome al discurso de derecha de mi familia, se abrió una brecha ideológica entre nosotros que se fue ampliando aún más», reflexionó más tarde. En aquel momento, lo veía como «simplemente el resultado de que él era mayor y yo joven». Con el tiempo, llegaría a verlo de una manera muy diferente.
Si bien la ideología política de Analía comenzó como una rebeldía adolescente, para cuando ingresó a la universidad se había consolidado en convicción. Aceptó estudiar Derecho en la Universidad de Buenos Aires después de que Juan Antonio rechazara su primera opción, Sociología. (El departamento era un «nido de izquierdistas», le dijo). Pero fue en la universidad donde se unió a la organización política que definiría su vida.
Venceremos era la rama estudiantil de un movimiento nacionalista y revolucionario autodenominado Patria Libre, que se oponía a las reformas de libre mercado del gobierno. Al finalizar el siglo y mientras Argentina se hundía cada vez más en una crisis económica, el gobierno implementó duras medidas de austeridad. Analía, que aún vivía en casa, se sumó a las protestas cada vez más tumultuosas de Venceremos, mientras les decía a sus padres que iba al cine o que colaboraba como voluntaria en grupos de la iglesia.
Las mentiras la atormentaban. Una noche de 1999, mientras veía las noticias con sus padres, Analía vio en pantalla a una de sus compañeras activistas arrojando una piedra contra el escaparate de una tienda. «Estoy involucrada con ese grupo», exclamó. «Ahí es donde paso mis días. No en la iglesia». Esther se quedó paralizada. Juan Antonio la miró fijamente, con lo que Analía interpretaría más tarde mas como miedo que enojo. «Mi relación con mis padres, y especialmente con Juan Antonio, se deterioró desde el momento en que dejé de mentir», escribió después.
El 1 de diciembre de 2001, el gobierno congeló las cuentas bancarias, impidiendo que los argentinos accedieran a sus ahorros. La gente estalló en disturbios. Analía esquivó los golpes de la policía mientras huía del centro de la capital tras una protesta, con sus tacones resonando en el pavimento (tenía pensado ir a bailar después). Los disturbios se prolongaron durante semanas, alcanzando su punto álgido el 19 y 20 de diciembre, cuando la policía abrió fuego contra los manifestantes, causando 39 muertos.
Los meses inmediatamente posteriores al colapso financiero de diciembre de 2001 fueron de los más sombríos de la historia reciente de Argentina. El desempleo se disparó y la mitad de la población cayó por debajo del umbral de la pobreza . Analía ayudó a establecer comedores sociales y huertos comunitarios para alimentar a las personas sin hogar y desempleadas, y ofreció clases de alfabetización y asesoría legal. Vivía en un banco abandonado que había sido convertido en centro cultural, sin agua caliente. Preocupados por su salud, sus padres insistían en que volviera a casa al menos una vez por semana para comer comida casera.
Fue en una de esas cenas semanales, un jueves por la noche de julio de 2003, cuando la vida de Analía dio un vuelco.
Tras la caída de la última dictadura militar argentina en 1983, el país pareció ofrecer inicialmente al mundo un singular modelo de justicia transicional eficaz. En 1985, nueve comandantes de la junta fueron juzgados en lo que se convirtió en el primer juicio importante por crímenes de guerra desde Núremberg. La fiscalía se basó en gran medida en Nunca Más, un informe de 1984 elaborado por la Comisión Nacional Argentina sobre Desapariciones Forzadas de Personas, que documentó 8.960 casos de desaparición forzada, así como otras atrocidades. El tribunal condenó a cinco de los nueve acusados por «ejecutar un plan criminal» que incluía torturar y asesinar a argentinos. Pero apenas dos años después, cuando se avecinaba una nueva ola de juicios contra oficiales de rango medio, una facción de las fuerzas armadas se amotinó, exigiendo el fin de los enjuiciamientos por crímenes cometidos durante la dictadura.
Para sofocar los disturbios, el presidente Raúl Alfonsín promulgó dos leyes. La primera, conocida como la Ley de Punto Final, estableció un plazo de 60 días para cualquier nuevo procesamiento por violencia política. La segunda, la Ley de Debida Obediencia, otorgó inmunidad a los oficiales de menor rango con el argumento de que actuaban bajo órdenes cuando cometían delitos. Muchos argentinos simplemente las llamaban las «leyes de impunidad». Esto significaba que, una década después del fin de la dictadura, uno podía encontrarse haciendo fila en el supermercado detrás del mismo hombre que lo había torturado.
Tras la crisis financiera de 2001, muchas organizaciones de izquierda exigieron la derogación de las leyes de impunidad y el reconocimiento oficial de 30.000 desaparecidos, cifra muy superior a los 8.960 casos documentados en el informe Nunca Más de 1984, que solo contabilizaba a los desaparecidos confirmados en aquel momento. Ante la ausencia de mecanismos legales para exigir responsabilidades a los sospechosos de crímenes de guerra, los manifestantes se plantaban frente a sus casas o lugares de trabajo y los denunciaban por sus supuestos crímenes, en una especie de humillación pública. Analía fue una de las participantes en estas protestas, conocidas como escraches .
Alrededor de las 10 de la noche del 24 de julio de 2003, Analía se encontraba en casa de sus padres para una de sus cenas semanales cuando su padre salió de su habitación impecablemente vestido. Le pidió a Analía que se quedara en casa esa noche y luego se marchó, «sin ninguna explicación, aunque nos besó para despedirse», recordó Analía, añadiendo que fue «una sorprendente muestra de afecto».
Unas horas después, sonó el teléfono. Analía contestó. Era su padre, con una voz extraña. Le dictó un número para que lo anotara y le pidió que llamara en una hora. Cuando lo hizo, una voz masculina respondió: «¿Analía, eres tú?». El hombre dijo: «Tu padre está en el hospital. Se acaba de suicidar».
En el hospital, Analía encontró a su padre inconsciente y desfigurado. La bala no le había dañado el cerebro, pero lo había desfigurado por completo. Conmocionada, salió de la habitación y se dirigió a la sala de espera. Fue entonces cuando vio una lista de nombres en letras rojas brillantes que se desplazaba por la pantalla del televisor. Pertenecían a unos 40 miembros del ejército argentino que habían servido bajo la junta militar y que se enfrentaban a la extradición a España para ser juzgados por crímenes de la época de la dictadura. Juan Antonio Azic, su padre, figuraba en la lista. (Los juicios debían celebrarse en España gracias a los esfuerzos del juez Baltasar Garzón, quien, amparándose en la doctrina de la jurisdicción universal, permitía a los tribunales de un país enjuiciar graves crímenes contra los derechos humanos cometidos fuera de ese país).
Azic operó como torturador en la ESMA. Era oficial de Inteligencia del GT Entre los crímenes que se le imputan están el de torturar a un bebé de 20 días, el hijo de Carlos Lordkipanidse. Primero, Azic amenazó de estrellarlo contra el piso si el padre no hablaba y luego lo puso en el pecho de su padre, mientras lo torturaban. También torturó a Víctor Fatala y Lázaro Gladstein.En el año 2003, al ser imputado por crímenes contra la humanidad en España, trató de suicidarse poníendose un revolver en la boca. No lo consiguió. Fue detenido en la megacausa de la ESMA y está en un hospital psiquiátrico. En Mayo de 2007 fue procesado junto a su esposa, Esther Abrego, por el robo y sustracción de la identidad de una bebé, la hija de Silvia Daneri.Sus apodos eran «Piraña», «Claudio» y «Fredy».
Analía sabía que su padre había estado en el ejército, pero siempre había supuesto que simplemente había cumplido con el servicio militar obligatorio. Ahora se enteró de que había pertenecido a un grupo especial que secuestraba, torturaba y hacía desaparecer personas en la Esma, una escuela de mecánica naval convertida en uno de los centros de detención clandestinos más grandes y letales, en pleno centro de Buenos Aires. Se calcula que unas 5.000 personas estuvieron recluidas allí durante la dictadura. Descubrió que el hombre que la había criado había usado una picana eléctrica contra los prisioneros para obligarlos a hablar. «Mi padre dejó de ser un inocente comerciante de frutas y verduras y se convirtió en una de las personas cuyo encarcelamiento yo llevaba años exigiendo», dijo.
Se puso en contacto con las Abuelas de Plaza de Mayo , un reconocido grupo de derechos humanos que luchaba contra la impunidad de la época de la dictadura, con quienes Analía había colaborado en campañas. Pidió hablar con su presidenta, Estela de Carlotto, una matriarca elegante con una aureola de cabello blanco. «Le dije que necesitaba disculparme, porque había descubierto que mi padre era un torturador, pero que también necesitaba oír que seguía teniendo derecho a participar en la política, que mi herencia genética no me inhabilitaba automáticamente para seguir luchando por las causas en las que creía». Estela organizó una reunión. Solo más tarde, Analía, que había estado sollozando durante la llamada, pensaría que Estela había sonado extrañamente serena.
Unos días después, Analía entró en un bar para encontrarse con Estela y otros miembros de organizaciones de derechos humanos. Le informaron que tenían motivos para creer que no era hija biológica de Juan Antonio y Esther, y le sugirieron que se hiciera una prueba de ADN. Lejos de ser hija de un criminal de guerra, tenían pruebas contundentes de que Analía podría ser hija de una pareja de disidentes de izquierda desaparecidos por la junta militar.
En toda Latinoamérica, al igual que en otros lugares, la década de 1960 fue una década de revolución. En Argentina, una serie de golpes de Estado y la prohibición del peronismo por parte de un general —más que un partido político, el credo del trabajador— contribuyeron a la rápida radicalización de la juventud argentina. Algunos se volcaron a la lucha armada.
Las dos organizaciones guerrilleras más destacadas fueron el Ejército Revolucionario del Pueblo, de ideología marxista-leninista, y los Montoneros, de ideología peronista. Estos grupos asaltaban comisarías y cuarteles militares en busca de armas, robaban bancos para financiar sus operaciones y secuestraban a oficiales militares y empresarios, a veces para pedir rescate, a veces para ejecutarlos.
El 24 de marzo de 1976, una junta militar tomó el poder mediante un golpe de Estado y comenzó a desmantelar toda oposición de izquierda. Para entonces, los Montoneros estaban debilitados, pero fueron tildados de terroristas y perseguidos por el nuevo régimen, junto con estudiantes, sindicalistas, intelectuales y cualquier persona sospechosa de oponerse a la izquierda.
Los guerrilleros pasaron a la clandestinidad. Entre ellos se encontraban una pareja de los Montoneros: María Hilda Pérez, conocida como Cori, y José María Donda, conocido como El Cabo o Capitán. Cori era apasionada e impulsiva. Cuando su padre le ordenó que sacara un arsenal de armas que había escondido en su casa, las metió a la fuerza en una enorme bolsa de lona y la arrastró calle abajo gritando «¡Cobardes!» a sus hermanas, que la miraban atónitas. José era callado y autoritario. Rápidamente ascendió a una posición clave dentro de los Montoneros.
El amor de Cori y José por el peronismo, al que veían como una fuerza liberadora en Argentina, solo era comparable al amor que se tenían el uno al otro, y se casaron en una pequeña ceremonia en 1973, cuando ella tenía 22 años y él 19. Su testigo fue el hermano mayor de José, Adolfo Donda, un oficial de carrera de la marina diez años mayor que él, a quien José había idolatrado de niño, incluso cuando sus divergentes posturas políticas abrieron una brecha entre ellos.
Fue Adolfo quien, como alto oficial de inteligencia dentro de la junta, le tendió una trampa a Cori y la hizo arrestar en marzo de 1977, cuando tenía cinco meses de embarazo. Cuando José se enteró, le dijo a un vecino que creía que Adolfo la había incriminado para llegar hasta él. El propio José fue capturado ese mismo mayo. Años después, un hombre que había sobrevivido al encarcelamiento en la ESMA y que se cruzó allí con Adolfo testificó haberlo oído decir: «Esto es una guerra. Y en una guerra no se puede tener piedad del enemigo. No tuve piedad de mi propio hermano, que era de Montonero. Y no tuve piedad de mi cuñada».
Para evitar la mala prensa que había perseguido a la España de Franco y al Chile de Pinochet con sus pelotones de fusilamiento —ejecuciones escandalosas y ostentosas que recibieron condena internacional—, la junta recurrió a otro método de exterminio: el «vuelo de la muerte». Este consistía en inyectar a los prisioneros un narcótico somnífero, atarles piedras a los pies, subirlos a una avioneta y arrojarlos en pleno vuelo al Río de la Plata o al Atlántico.
En abril de 1977, un grupo de 14 mujeres se reunió en la Plaza de Mayo, frente a la Casa Rosada, el palacio presidencial bajo y de color rosa, exigiendo información sobre sus hijos desaparecidos. En pocas semanas, las filas de las que se conocerían como las Madres de la Plaza de Mayo habían crecido hasta superar las 100. Seis meses después, algunas, que pronto serían llamadas las Abuelas de la Plaza de Mayo, hicieron otra pregunta: ¿Dónde estaban los hijos de sus hijas embarazadas desaparecidas? Circulaban rumores de que a las mujeres embarazadas capturadas las mantenían con vida el tiempo suficiente para dar a luz, solo para que luego se llevaran a sus hijos y los dieran en adopción, a menudo a simpatizantes del régimen.
Tras su detención en marzo de 1977, Cori permaneció prisionera en la prisión de Esma. Dio a luz sobre una mesa de madera en una pequeña habitación del ático entre julio y septiembre de ese mismo año. Era su segunda hija; la primera, una niña de dos años, estaba al cuidado de su abuela. Le pidieron a Cori que escribiera una carta a su familia pidiéndoles que cuidaran también de la recién nacida. Sospechando que ni la carta ni la niña llegarían jamás a sus manos, ideó un plan con su compañera de celda, Lidia Vieyra, una joven de 19 años a la que habían obligado a actuar como comadrona, a pesar de no tener experiencia previa. Con una aguja y restos de hilo quirúrgico azul del parto, cosieron pequeños aros azules alrededor de las orejas de la bebé. Cori esperaba que, algún día, si la liberaban, alguien recordara a la bebé con los aros azules en las orejas, y que esa señal les ayudara a encontrarla.
Quince días después del parto, le arrebataron al bebé y, según testimonios de supervivientes del Esma, Cori fue «trasladada». «Traslado» era el eufemismo que los militares usaban para referirse al vuelo de la muerte. Su cuñado, Adolfo, formaba parte de la dirección del centro de detención que decidía los «traslados» semanales. Las circunstancias de la desaparición de José no están claras.
Lidia Vieyra, la excompañera de celda de Cori, sobrevivió. Tras su liberación en julio de 1978, buscó a las Abuelas de la Plaza de Mayo para contarles sobre la desaparición de la bebé de Cori. Durante las décadas siguientes, una serie de pistas las acercaron poco a poco a descubrir la nueva identidad y el paradero de la niña. Una de ellas provino de alguien que cuestionó si sus vecinos, Juan Antonio Azic y Esther Abrego, que hasta entonces no habían tenido hijos, eran realmente los padres de la bebé que había aparecido repentinamente en su casa. Otra provino de la esposa de un joven oficial de la guardia costera, quien dijo que en 1977, poco después de dar a luz a su propio hijo, un oficial al mando de la Esma le entregó una niña de menos de un mes de edad y le pidió que la amamantara. Cuando tomó a la bebé, notó algo inusual: pequeños hilos azules cosidos a través de sus orejas, como diminutos aros azules.
Vieyra tenía una última información. Antes de morir, Cori le había puesto nombre a la bebé. La había llamado Victoria.
Se estima que unos 500 bebés fueron robados durante la dictadura y, como parte de un plan sistemático, entregados a familias de militares o simpatizantes de la junta, quienes los hicieron pasar por suyos. Las parejas que deseaban tener un hijo se inscribían en listas de espera en hospitales militares. Ahora, Analía Azic tenía motivos para creer que era una de las niñas robadas.
Además de su dolor y confusión, cargaba con una enorme responsabilidad. Someterse a la prueba de ADN y confirmar que Juan Antonio Azic y Esther Abrego no eran sus padres biológicos podría significar enviarlos a prisión. Estaba convencida de que Juan Antonio, quien trabajaba en la ESMA cuando Cori dio a luz bajo custodia, había ocultado a su esposa el origen de su bebé, y que Esther, una esposa obediente y tímida, simplemente nunca había preguntado. Aún más difícil era conciliar sus sentimientos hacia Juan Antonio. Lo describía como un padre severo pero cariñoso, y «el hombre más importante de mi vida».
No fue hasta casi un año después, el 24 de marzo de 2004, que Analía finalmente decidió hacerse la prueba. Recibió los resultados en octubre. Había un 99,99% de probabilidades de que fuera pariente de Cori y José María Donda. A estas alturas, no debió sorprenderle. Le habían enseñado una foto tamaño pasaporte de Cori. Con los ojos entrecerrados que transmitían tanto rebeldía como hastío adolescente, el cabello negro azabache que le caía sobre las sienes, los labios carnosos y la barbilla fuerte, Cori era su viva imagen.
Analía cambió su nombre a Victoria Donda, el nombre que le dio su madre al nacer y el apellido de su padre. Esto ocurrió poco después de la elección del candidato peronista Néstor Kirchner, cuya presidencia inauguró una nueva era de rendición de cuentas por los crímenes de la dictadura. Kirchner derogó las leyes de «Punto Final» y «Debida Obediencia», poniendo fin a la protección de los culpables de violaciones de derechos humanos, y anuló un decreto que prohibía la extradición de argentinos acusados de tortura y asesinato durante la dictadura.
En este nuevo contexto, Victoria se hizo muy conocida en Argentina como la niña encontrada por las Abuelas de Plaza de Mayo. Al principio no se sentía cómoda con la atención, aunque luego llegó a verla con mejores ojos. «Es bueno que la sociedad sepa lo que pasó», dijo. «Argentina era un país donde no se hablaba de la dictadura».
La persona que más sabía sobre sus orígenes —su tío biológico, Adolfo Donda, el oficial naval que había formado parte del grupo de liderazgo que ordenó el “traslado” de su madre, Cori— aún no se había pronunciado.
Adolfo Donda fue arrestado por primera vez en 1987, pero fue liberado tras solo cuatro meses. Esto ocurrió aproximadamente en la época en que se aprobaron las leyes de impunidad. Durante más de una década, no enfrentó más consecuencias legales. Eso cambió en 2003, cuando se derogaron dichas leyes y fue arrestado nuevamente. En 2011 y 2017, finalmente fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua por una serie de delitos, entre ellos secuestro, tortura y asesinato. Pero no por el secuestro de Victoria.
La nueva identidad de Victoria afianzó su compromiso con la política de izquierda. «Siempre había sido una mujer de izquierdas, pero descubrir que esto coincidía con mis padres, que era lo primero que les había contado, me dio un nuevo impulso».
En 2007, miembros de la coalición de Kirchner animaron a Victoria a postularse para un escaño en el Congreso por la provincia de Buenos Aires. Ella no estaba segura de estar lista para cambiar el activismo por un papel en la política formal. Pero tras ser persuadida, aceptó. A los 30 años, se convirtió en la persona más joven jamás elegida al Congreso argentino y en la primera niña secuestrada por la dictadura. Se comprometió plenamente con la defensa de los derechos humanos. «Se lo debo a mis padres», escribió más tarde, «que dieron su vida para construir un mundo más justo para sus hijas».
El 18 de octubre de 2014, Victoria dio a luz a una niña. La llamó Trilce, en honor a un libro de poemas de César Vallejo, una combinación de las palabras triste y dulce . Dos semanas después, mientras se recuperaba de la cesárea, se enteró de que se iba a votar en el comité del Congreso del que formaba parte un proyecto de ley sobre el aborto, un paso previo a que el proyecto llegara al pleno del Congreso. Tomó una venda, se la ajustó bien alrededor del abdomen, envolvió a Trilce y se dirigió al Congreso. «No quería que mi hija pasara por lo que yo pasé», dijo Victoria.
Muchos años antes, cuando Victoria tenía 19 años, había usado sus ahorros para practicarse un aborto clandestino en un lugar «más o menos aceptable». Más tarde, cuando acompañó a otras mujeres obligadas a abortar en peores circunstancias, se dio cuenta de la suerte que había tenido.
El aborto era un delito en Argentina, estrictamente prohibido por el código penal de 1921, salvo que el embarazo representara una amenaza para la vida o la salud de la mujer, o en casos de violación. Por temor a represalias legales, los médicos a menudo se mostraban reacios a practicarlo incluso en los casos permitidos.
Cuando el proyecto de ley sobre el aborto de 2014 no prosperó debido a un tecnicismo, Victoria se dio cuenta de que la campaña necesitaba un nuevo enfoque. Entre el fin de la dictadura en 1983 y 2016, al menos 3040 mujeres murieron por complicaciones derivadas del aborto en Argentina. Es probable que la cifra real fuera mucho mayor, ya que los hospitales a menudo registraban la causa de muerte tras abortos fallidos como «sepsis». Cientos de miles de abortos clandestinos se practicaban cada año, de los cuales más de 50 000 terminaban en hospitales públicos tras desarrollar complicaciones. Era una crisis sanitaria silenciosa. Sin embargo, ni siquiera los partidos progresistas querían abordarla. Así como el silencio había sofocado los crímenes de la dictadura durante dos décadas de democracia, también se cernía sobre este tema. Victoria quería que el aborto saliera a la luz.
En 2016, mientras viajaba por Tucumán, una de las provincias más pobres de Argentina, Victoria se enteró de una joven que cumplía una condena de ocho años por homicidio tras haber sufrido lo que parecía ser un aborto espontáneo. Belén, el seudónimo con el que se la conocía, había ingresado en un hospital en 2014 por fuertes dolores de estómago. Sin saber que estaba embarazada, fue arrestada en el acto después de que el personal afirmara haber encontrado un feto en el inodoro que ella había usado. La policía la esposó a la cama del hospital y luego la trasladó a prisión.
Victoria sabía que una mujer pobre de una provincia pobre encarcelada por un presunto aborto no sería noticia nacional, a menos que provocara indignación fuera del país. Organizó una visita del relator especial de las Naciones Unidas sobre la tortura, quien, tras escuchar la historia de Belén, condenó públicamente a Argentina en el Congreso en mayo de 2016. Al día siguiente, sus palabras y el caso dominaron la actualidad nacional.
Tras más de dos años en prisión, Belén fue liberada en agosto de 2016 y absuelta en marzo de 2017. El caso ayudó a «mostrar las consecuencias del aborto», dijo Victoria. «Y las consecuencias eran que, si eras pobre, acababas muerta o en la cárcel. Los ricos siempre podían pagarlo. Pero los pobres no».
En los años siguientes, el movimiento feminista argentino, cada vez más influyente, centró su atención en los derechos reproductivos. A principios de 2018, el presidente Mauricio Macri autorizó un debate parlamentario sobre el aborto por primera vez en la historia del país. El 6 de marzo de 2018, Victoria fue una de las cuatro diputadas que impulsaron un proyecto de ley para legalizar el aborto hasta las 14 semanas de gestación.
Durante los meses siguientes, mientras legisladores y ciudadanos exponían sus argumentos a favor o en contra del proyecto de ley (en una inusual sesión en la que se invitó a ciudadanos a hablar ante el Congreso), los opositores reinterpretaron el lenguaje de un crimen con el que los argentinos ya estaban demasiado familiarizados, afirmando que el aborto era «la verdadera desaparición forzada de personas». De esta manera, muchos de los mismos que negaban que 30.000 personas hubieran desaparecido bajo la dictadura ahora acusaban a los progresistas —en particular a las feministas— de ser los verdaderos asesinos en Argentina.
Por insistencia de una amiga, Victoria leyó El cuento de la criada de Margaret Atwood durante aquellas intensas semanas de debate. Atwood afirmó haberse inspirado en Argentina para la idea de entregar bebés de las clases bajas a la clase dominante. «Fue duro», recordó Victoria sobre la lectura del libro. «Pensé mucho en mi madre. Encerrada. Sin posibilidad de elegir», dijo.
El 13 de junio de 2018, la Cámara de Diputados del Congreso votó el proyecto de ley. Victoria se inclinó hacia el micrófono colocado sobre su escritorio. «¿Cómo pueden los argentinos mirar al mundo, a este mundo desarrollado al que aspiramos a parecernos, cuando llevamos un gen autoritario que nos lleva a encerrar a las mujeres para que den a luz? ¿Qué clase de proyecto perverso nos ha llevado a secuestrar y hacer desaparecer a las mujeres y obligarlas a parir, como si sus úteros fueran botín de guerra, y los bebés que nacen de esos úteros, también lo fueran?». Su voz resonó mientras los legisladores a su alrededor se ponían de pie y sus aplausos resonaban en la cámara.
Tras la movilización de un millón de mujeres , el proyecto de ley fue aprobado por la Cámara de Diputados por un margen mínimo. Dos meses después, fue rechazado por el Senado. Sin embargo, el 30 de diciembre de 2020, el Congreso argentino aprobó una ley que permitía el aborto hasta las 14 semanas. Pocos meses después, un economista excéntrico llamado Javier Milei lanzó una campaña política que combinaba la negación de la dictadura con la promesa de derogar la ley del aborto. Fue elegido presidente de Argentina en noviembre de 2023.
IConocí a Victoria Donda en 2024 en un café de Boedo, un barrio bohemio de Buenos Aires. Afuera, un aguacero torrencial azotaba las calles. La semana anterior, Victoria había estado sentada en una pequeña sala de audiencias, íntima como una capilla, mientras un juez condenaba a su tío, Adolfo Donda, a 15 años de prisión por su participación en el secuestro y por ocultar su identidad. Tras haberse negado a verla años antes en la cárcel, alegando que no era un miembro de la familia «reconocido», durante el juicio Adolfo la había reprendido por ir en contra de su propia «sangre». «La familia es sagrada, Victoria», le había dicho. En su sentencia, los jueces describieron lo sucedido a Cori durante el parto como un «parto deshumanizado». Era la primera vez que una sentencia en uno de los casos de bebés robados en Argentina utilizaba esas palabras.
Victoria no perdonó a Adolfo. Pero sí perdonó a Juan Antonio Azic, el hombre al que una vez llamó padre y al que ahora se refería como «mi apropiador». Tras salir del coma después de su intento de suicidio en 2003, él animó a Victoria a hacerse la prueba de ADN que confirmó su identidad como hija de los desaparecidos, lo que, en 2015, contribuyó a su propia condena por el secuestro. Lejos de las cámaras, Victoria lo visitó regularmente en prisión a lo largo de los años, llevándole unas medialunas , unas pequeñas croissants glaseadas con miel . Ahora cumple el resto de su condena bajo arresto domiciliario y Victoria sigue visitándolo. «Todavía lo quiero», dijo en voz baja, mirando por la ventana mientras las gruesas gotas de lluvia golpeaban el cristal.
Más tarde, sacó su teléfono y revisó fotos de Trilce luciendo una sonrisa de oreja a oreja en las protestas contra el aborto. «Luchamos mucho por esa ley, y mi hija estaba ahí con nosotras», dijo, sonriendo a su hija. Con su cabello oscuro y despeinado, sus ojos hundidos y su amplia sonrisa, Trilce se parecía inconfundiblemente a Victoria. También se parecía mucho a Cori.
Adaptado de Sexo y disidencia: Historias de resistencia feminista en Argentina, Chile, México y España , publicado por Penguin.
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