Tesis Tamara José Lagos. LOS MARCOS SOCIALES DE LA MEMORIA OFICIAL


LOS MARCOS SOCIALES DE LA MEMORIA OFICIAL

Tesis para optar al título de Socióloga.

TAMARA JOSÉ LAGOS CASTRO

María Emilia Tijoux, Profesora guía

Santiago Chile.

2011

2 Agradecimientos

A mi madre Kattia Castro por enseñarme a vivir en la otra memoria. A mis padres: Mario Lagos por -desde su ausencia- prendar de significado mi devenir, a José Miguel Ortega por decidir/ser mi papá. A Claudio Reyes por todo, a mi Amparo por atrasar esta tesis y revolucionar mi vida. A Marisol Castro y Pía Fuentes por apoyarme siempre.

Al Sub programa de investigación Domeyko: Memoria, Historia y Derechos Humanos que ha patrocinado esta tesis.

A María Emilia Tijoux por dar cabida académica a mis inquietudes, a Roberto Merino por sus generosas conversaciones.

A mi pujante e inquieta memoria.

3


Índice 1. Resumen

6

2.Introducción

7

2.1 Declaración de intenciones

6

2.2 Aclaraciones y nociones

8

2.3 Planteamiento del Problema

12

2.4 Antecedentes

22

2.4.1 Historia y disputa

22

2.4.2 Gobierno democrático y los primeros hitos

29

2.4.3Nuevas apuestas, nuevos lenguajes

32

2.4.4 Surgimiento del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos

35

2.5 Pregunta de investigación

40

2.6 Hipótesis de trabajo.

41

2.7 Objetivos

41

2.8 Relevancia

42

3. Estrategia metodológica

45

3.1 Carácter comprensivo de la Investigación

45

3.2 Enfoque

46

3.3 Tipo de Investigación.

48

3.4 Estrategia de producción de la información.

48

3.5 Muestra

49

3.6 Diseño de las entrevistas

50

3.7 Registro

51

3.8 Técnica de Producción de Información

51

4. El Estado, la génesis del Museo, la ruptura del consenso

54

4.1 El sentido/motivo de la acción

66

4.1.1 El diagnostico: la deuda

67

4.1.2 La subjetivación del consenso, el Estado enmarca su memoria.

68

4.1.3 La sensibilidad de una Presidenta de la República

70

 

4 4.1.4 La excepcionalidad del periodo

74

5. Las memorias, el Re-establececimiento del pasado, afanes de un Museo

80

5.1 Consideraciones iniciales

80

5.2 Marco social de la memoria nacional: para que nunca más

84

5.3 Museo para reparar y dignificar.

93

5.4 Museo para proponer y debatir el presente

100

6. El Museo, la puesta en escena de los vencidos

109

6.1 Condiciones de posibilidad para el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Chile

115

6.1.1 La obra culmine de Michele Bachelet

116

6.1.2 Participación e Información

117

6.2 La construcción del consenso: Comisiones de Verdad

119

6.2.1.Museo para las víctimas

121

6.2.2 Paréntesis de la historia, la polémica del periodo.

125

7. A modo de conclusión

132

7.1 Sobre la experiencia

132

7.2 Sobre la pregunta

132

7.3 Proposiciones y recomendaciones

142

8. Bibliografía

144

9. Anexos

149

 

5

1. Resumen.

La tesis empírica que se presenta a continuación tiene por objeto conocer y comprender cuáles son los sentidos que sustentan y justifican la construcción de un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en Santiago de Chile. Esta iniciativa estatal da cuenta de la necesidad definida por la institucionalidad de generar un espacio de reflexión, información e investigación en torno al pasado reciente del país y forma parte de una serie de iniciativas que desde el año noventa se han ido desarrollando. Estas iniciativas han basado su identidad en „dar a conocer‟ y/o „contar una verdad‟, ejercicio de enorme trascendencia tras 17 años de ocultamiento y tergiversación de los hechos. Esta investigación narra este recorrido institucional y político, caracterizándolo como un tipo de acción social particular que emerge de lo que se ha denominado, razón de Estado. Asimismo ha sido de interés reconocer qué memoria o memorias y qué usos de las mismas nutren estas apuestas, dando cuenta del carácter social que impregna la construcción y posicionamiento de las memorias como verdades que sitúan y delimitan un marco normativo determinado.

Ha sido afán explicito de este documento cuestionar la pertinencia de esta iniciativa así como el modo en que esta se llevo a cabo. Al respecto se advierte que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos solo representa novedad en torno al tipo de puesta en escena de una verdad que no ha cambiado, en este sentido tras veinte años de „retornado‟ el régimen democrático, esta nueva apuesta no ha sido capaz de avanzar en procesos pedagógicos y reflexivos que incorporen nuevos elementos a la mirada en torno al pasado reciente del país y sobre todo a cómo este pasado significa y condiciona el presente, particularmente en relación al estado y compromiso con los derechos humanos en la actualidad.

Palabras Clave: Museo de la Memoria, marcos sociales de la memoria, construcción social de las memorias, razón de Estado, musealización, tipos de acción social, sentido de la acción social.

6

2. Introducción

“Sólo tendrá el don de avivar la chispa de la esperanza en el pasado el historiador que este firmemente convencido de que ni siquiera los muertos estarán seguros frente al enemigo si este triunfa. Y este enemigo no ha dejado de ser el vencedor” (Walter Benjamin)

2.1 Declaración de Intenciones

Comienzo aquí mi tesis de grado para optar al título de socióloga y me enfrento a un problema que puede sonar absurdo pero que conlleva en sí mismo una de las discusiones basales sobre la disciplina, su carácter científico y la relación sujeto-objeto, ¿hasta qué punto debo sincerar mis motivaciones para escribir este documento?

Rápidamente he decidido: ser veraz pero tal vez superficial, pues no es momento de dar testimonios sobre mi memoria, menos a partir del posicionamiento teórico y político que supone este trabajo. Sin embargo, asumo que la problemática de la memoria y del olvido es un tópico que me toca de cerca y de allí emana la intensidad de mi inquietud y mi obcecada decisión por trabajarlo, en este caso con el propósito de dar cuenta de los caminos culebreros e intempestivos de la construcción de las memorias, particularmente de aquella estatal u „oficial‟.

En el año 2005 abandoné la carrera de sociología por formarme como médico en Cuba, al momento de dar este vuelco en mi vida profesional nada hacía presagiar que los meses vividos en esa isla repotenciarían mi pasión por esta disciplina, la sociología, y la percepción sobre su importancia y utilidad en el actual contexto. Viviendo en otras latitudes caí en cuenta que los modos en que los pueblos y sus Estados traen la vida del pasado al presente y aun más los contenidos que nutren estos marcos para el recuerdo -al menos- se relacionan con el enaltecimiento u omisión de ciertos idearios políticos y proyectos vitales que cada país comprende como posible y/o deseable. Contrario a lo que podría haber conjeturado, la nomenclatura de mártir muy utilizada por Cuba en su propaganda me incomodaba, así como también me inquieta la lógica de víctima utilizada para el tratamiento de la historia reciente en Chile, ambos formatos me parecen estrategias profundamente reduccionistas para dar cuenta de procesos sociales e intentar la legitimización de algunos de sus aspectos.

La construcción de estos marcos-collage de relatos y retazos del pasado conlleva la elección de ciertos elementos por sobre otros y en consecuencia la omisión de un conjunto de memorias que no son funcionales a la contingencia. Esto supone una asimetría que funda la re-presentación del pasado, es decir a la hora de elegir la escenografía no todos los sujetos tienen a su haber las mismas herramientas para socializar sus memorias, esta idea reviste de dramatismo y complejidad el quehacer de la memoria y las ansías por un relato justo, según la acepción primera del término, a saber: Una de las cuatro virtudes cardinales, que inclina a dar a cada uno lo que le corresponde o pertenece,1 en cuanto la construcción de memorias se vincula con un pasado plagado de conflictividad, procesos sociales revolucionarios, violencia estatal, etc. La pugna por reposicionar a los sujetos y sus idearios dentro de la gama de alternativas discursivas supone una confrontación política que se tiñe de afectividad. En este sentido intuyo la importancia de dar a conocer otras memorias distintas a la „oficial‟ en torno al pasado reciente del país, así como también considero necesario reposicionar en el asunto público la discusión sobre la sociedad que queremos/hemos querido y cómo se ha intentado llevar a cabo esta añoranza. En relación a esto, advierto y pienso que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos es parte de una política pública que nace de criterios ideológicos cuyo contenido trabajaremos y que tiene en relación a ellos, ciertos propósitos.

La historia y la comprensión del proceso de elaboración y ejecución de esta institución museal me interesó en un primer momento por su silencio, su carencia de conflicto, su inexistencia total de desacuerdos públicos, más aun teniendo como antecedente el conflicto (Hite, 2003) generado a partir de la instalación de un monumento a Allende en la Plaza de la Ciudadanía el año 2000. Advertí y me sorprendí entonces de la omisión que acompañaba la elaboración de este museo pero más aun me intrigó cuál iba a ser su contenido, es decir qué elementos definirían institucionalmente y ahora públicamente la memoria del pasado reciente de Chile. El interés se basa en la intuición (o imaginación) de que el tratamiento que aquí hace de este pasado otorga insumos objetivos para entender el presente y sus aparentes incoherencias en torno a la problemática sugerida. Con esto me refiero a que la memoria sin conflicto que ha intentado posicionar la oficialidad, se enfrenta una y otra vez a violentas y disruptivas bocanadas de memoria, que nacen muchas veces desde las violaciones a los derechos humanos ocurridas pero que van muchísimo más lejos, en este sentido el homenaje realizado el 21 de Noviembre del año en curso a Miguel Krassnoff, brigadier en retiro del Ejército de Chile condenado a más de 100 años de presidio por su vinculación con crímenes de lesa humanidad y la interacción allí ocurrida entre manifestantes y asistentes al evento, pone de manifiesto la existencia de un conflicto que no ha encontrado reconciliación ni ha podido ser acallado. Yo estuve ahí y debido a mis cortos años por primera vez experimenté en carne propia una serie de epítetos que solo había leído en libros o investigaciones de prensa, tales como: “Merino tenía razón ustedes no son humanos, son humanoides” o “el error que cometimos fue no matarlos a todos” A partir de este antecedente ejemplificador, surge la pregunta: ¿cómo convive un Museo de la Memoria y los Derechos Humanos con la posibilidad cierta que estos sujetos tienen de realizar con reconocimiento público este tipo de ensalzamientos?

Lo ocurrido en esta convocatoria da cuenta de que el tratamiento reconciliatorio que ha intentado propugnar el Estado para sus ciudadanos no ha penetrado en la conciencia de estos pues la contienda de aquellos años sigue en sus fundamentos, latente en los distintos grupos que conforman la sociedad.

2.2 Aclaraciones y nociones

El 11 de Enero del año 2010 abrió sus puertas al público el denominado “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos” esta iniciativa es la primera apuesta a nivel nacional que busca desde el Estado, con sus fondos y elaboración museográfica dar cuenta de las violaciones a los derechos humanos ocurridas entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1990. Su explicito afán pedagógico pretende facilitar procesos reflexivos en la sociedad en torno al respeto y promoción de los derechos humanos (Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos, 2009). Esta iniciativa es original de la ex Presidenta de la República, Michelle Bachelet Jeria y fue elaborada por la Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos, 9 en conjunto con el Ministerio de Obras Públicas (MOP) y la Dirección de Archivos, Bibliotecas y Museos (DIBAM) del país.

El museo se erige como el espacio donde se consolida y construye la memoria oficial acerca del pasado reciente del país. Así, las definiciones acerca de sus exposiciones, contenidos, ubicación y presupuesto se enmarcan dentro de lo que se puede denominar razón de Estado. El Museo posee colecciones conformadas por objetos de valor simbólico y artístico vinculados con la temática y también cuenta con la mayor colección de archivos documentales que durante años han sido resguardados por distintas agrupaciones de derechos humanos. Este archivo de incalculable valor, busca generar en el museo un sitio propicio para la investigación sobre memoria y derechos humanos que esté en contacto con otras instituciones similares a nivel internacional.

Ante un panorama tan deseable: ¿Porqué problematizar la existencia de este museo? Son múltiples las preguntas, hipótesis y reflexiones que dan cuerpo a este texto y que se fueron construyendo a lo largo de mi experiencia como estudiante de sociología y delimitando a partir del bagaje teórico que fui adquiriendo. En este marco se evidencia por ejemplo, que la construcción social de las memorias conlleva la permanente pugna entre memorias erigidas desde marcos sociales muy distintos e incluso antagónicos. En este sentido podemos afirmar que no existe una „gran memoria‟ ni que ésta se acerca a la construcción de un relato verdadero, por lo mismo la narración que construye a este espacio es solo una de las posibles dentro del entramado social

“La memoria es la vida, siempre encarnada por grupos vivientes y, en ese sentido, está en evolución permanente, abierta a la dialéctica del recuerdo y de la amnesia, inconsciente de sus deformaciones sucesivas, vulnerable a todas las utilizaciones y manipulaciones, capaz de largas latencias y repentinas revitalizaciones.” (Nora, 2009, p. 21)

Este carácter propio de las memorias hace que su tratamiento sea confuso y problemático, y en este sentido la complejidad que conlleva enclaustrarla en un Museo se hace manifiesta, y bien: ¿Por qué es preciso construir un museo de estas características? Es decir cuál es la necesitad reconocida por el Estado que se supone satisfecha con la construcción de este museo. En torno esto advierto que el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos hace parte de una serie de decisiones y acciones que 10 se han materializado en las últimas dos décadas para, desde el Estado hacerse cargo de las violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Ahora bien, no es posible decir si esta nueva institución responde a la ineficacia de las iniciativas anteriores en torno a facilitar la construcción de una cultura de promoción de los derechos humanos, o a un punto más dentro del recorrido de las políticas vinculadas con los derechos humanos en Chile. En torno a esto vale destacar que el tratamiento a nivel estatal acerca del pasado de nuestro país ha trabajado principalmente lo relacionado con los crímenes perpetrados, omitiendo los problemas y consecuencias que trae aparejada la permanencia en el presente de ciertos elementos –enclaves autoritarios- que institucionalmente limitan el carácter de la democracia en curso (Garretón, 2003)

Siguiendo a Garretón, el pasado es uno de los pocos elementos que tiene en común una sociedad histórica y por tanto el tratamiento que de éste se haga, se vincula con la posibilidad de construir un proyecto de país en el cual los individuos se reconozcan como actores, es decir como sujetos sociales. En este sentido el contenido que tengan las memorias que cohabitan una nación así como los sujetos que las representen y sus posiciones dentro de la estructura societal no serán elementos triviales,

“Un país es el modo de enfrentar y proyectar su pasado. Dicho de otra manera, es en torno a cómo resolvamos los problemas del pasado que va a definirse nuestro futuro como comunidad histórico moral.” (Ibíd., p. 216)

En torno a esta problemática se sitúa la presente investigación, cuya línea de interés se sustenta en la siguiente pregunta, ¿Cuáles son los principales factores sociopolíticos que sustentan y justifican (desde la óptica gubernamental) la construcción del denominado “Museo de la memoria y los derechos humanos” en Santiago de Chile, en el marco de la celebración del Bicentenario?

El objetivo general de este trabajo es develar y comprender los sentidos (verstehen) que sustentan y justifican la construcción del denominado “Museo de la memoria y los derechos humanos” en Chile.

A luz de la pregunta de investigación y el objetivo general definido para esta tesis, el enfoque metodológico a partir del cual trabajé es el cualitativo pues me permite 11 indagar en los elementos simbólicos que construyen la cotidianidad de los sujetos y su discurso, que a la vez otorga coherencia a sus decisiones y acciones.

Para dar cuenta del problema de investigación que basa este trabajo construí una muestra teórica que contiene tres de los actores que parecieron – a partir de la revisión de antecedentes- fundamentales en la elaboración y ejecución de este Museo, a saber: Por el Estado, los y las funcionarios/as de la Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos y del Ministerio de Bienes Nacionales, como asesor externo, FLACSO y por último algunos integrantes del directorio del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos en la actualidad. Esta muestra teórica se fue ampliando a partir de la información entregada por estos primeras contactaciones. El carácter de la entrevista en profundidad fue semi estructurada y el análisis de las mismas lo realicé a través de un análisis de contenido temático.

12 2.3 Planteamiento del problema

La presente tesis tiene como fin conocer y comprender las distintas lógicas que permiten, nutren y justifican la construcción del denominado “Museo de Memoria y los Derechos Humanos”, iniciativa estatal propiciada por el poder ejecutivo y enunciada por primera vez en la cuenta pública del 21 Mayo del año 2007. En este espacio se decide exponer un fragmento de la historia nacional comprendido entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 11 de Marzo de 1990. Frente a esta apuesta estatal, surgen las siguientes preguntas ¿Porqué un Museo de la Memoria?, ¿Qué memoria y para quiénes? A partir de estas preguntas ingresaremos en la problemática particular definida para esta tesis.

Se puede advertir que la edificación de este lugar asume y expone la historia nacional según los elementos que ésta tiene para la ex presidenta de la República Michelle Bachelet –ideóloga de este espacio- y la Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos, organismo de su entera confianza; es decir es parte de la narrativa oficial que produce y reproduce de manera más menos consciente elementos que permiten definir y reforzar sentimientos de pertenencia que apuntan a mantener la cohesión social y a defender fronteras simbólicas. En palabras de Jelin (2002), estas memorias “proporcionan los puntos de referencia para <<encuadrar>> las memorias de grupos y sectores dentro de cada contexto nacional.” (Jelin, E., 2002, Pág. 40)

Ahora bien es preciso mencionar que este museo no es la primera edificación que se erige para dar a conocer las violaciones a los derechos humanos ocurridas en la dictadura, así tampoco es la primera construcción que incluya dentro de sus objetivos promover una cultura de respeto y promoción de los Derechos Humanos.2

2 A modo de ejemplo se sugiere revisar

http://villagrimaldi.cl/educacion/ y http://www.londres38.cl/1937/w3-propertyvalue-32007.html

Desde el año 2000, el Estado chileno comenzó a entregar fondos para la construcción de memoriales, placas u otros símbolos cuyo destino fuera reivindicar la memoria de quienes fueron vulnerados en sus derechos humanos con resultado de muerte. En su mayoría estos proyectos fueron protagonizados por familiares de ejecutados políticos o detenidos desaparecidos durante la dictadura militar. “El 3 de 13 marzo, al conmemorarse los 12 años del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, se firma en la Moneda un Acta de Acuerdo entre el Gobierno y Agrupaciones de Familiares de las víctimas, para construir obras de reparación simbólica en diversos lugares del país”3.

3 Véase www.ddhh.gob.cl/historia_programa.htlm

4 Veáse http://www.museodelamemoria.cl/ES/Museo/Fundamentos/Comisionesdeverdad/InformeRettig.aspx

Desde ese momento -en particular- el Estado asume un rol central en el quehacer de la memoria, específicamente en la construcción de la memoria de los/as que denomina víctimas de las violaciones a los derechos humanos. El reconocimiento institucional de estos/as se cristaliza a través de proyectos y concursos públicos que abren licitaciones para la construcción de distintos espacios con este fin. La Comisión Asesora Presidencial para Políticas de Derechos Humanos encargada de elaborar y ejecutar el proyecto museo se posiciona desde una perspectiva puntual, asumiendo su gestión como un paso necesario para la reconstitución de la comunidad nacional garantizando tanto simbólica como institucionalmente que no se repitan situaciones de violencia como las vividas en él pasado. Este camino reconocido popular y públicamente a partir de la consigna del “nunca más” se inicia institucionalmente con la publicación del informe entregado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación el 8 de Febrero de 1991. El objeto de este trabajo fue investigar y aportar al esclarecimiento de la verdad sobre la desaparición, ejecución y torturas con resultado de muerte que ocurrieron tanto en el país como en el extranjero por el Estado o sus agentes. 4

Siguiendo con este proceso el año 2003 Ricardo Lagos entonces presidente, decide crear la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura cuyo afán fue esclarecer y dar a conocer una verdad que hasta el momento no había sido reconocida institucionalmente, es así como este informe da cuenta de los miles de chilenos y chilenas que sufrieron torturas y encarcelamientos; evidenciando el uso sistemático de la tortura y de sus mecanismos. Así sale a la luz pública la existencia a lo largo del país de centros clandestinos de detención y tortura.

“El informe es una expresión de la fortaleza moral de Chile, que necesitaba mirar con madurez la profundidad del abismo en el cual un día cayó. Da cuenta de una comunidad que puede, ahora más que antes, mirar de frente y 14 sin temores, las desventuras que jamás deberían haber ocurrido en esta tierra. Da cuenta de un país que hoy es más fuerte, porque esta cohesionado en torno a la paz, la libertad y el derecho” (Lagos, 2003)

Esta iniciativa es reabierta el año 2010 a cargo de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, durante las 91 sesiones que tuvo esta comisión se presentaron 32.453 casos (622 para Rettig y 31.831 para Valech) siendo calificados en definitiva a 30 personas como detenidos desaparecidos y ejecutados políticos y a 9.795 como víctimas de prisión política y tortura.5

5 Véase http://www.comisionvalech.gov.cl/InformeComision/Informe2011.pdf

Ambos informes son símbolos del tratamiento institucional que han recibido las violaciones a los derechos humanos y en consecuencia parte del pasado reciente del país. Es difícil negar la importancia que éstos tuvieron en el contexto de su aparición sin embargo han sido duramente criticados. Estos cuestionamientos se basan en el origen, calidad y profundidad de la democracia en curso y por ende en la trascendencia que estos informes tuvieron y tengan en el tratamiento de los derechos humanos en la actualidad. (Lira, E. & Loveman, B., 2000, 2002; Garretón, M., 2003)

Ahora bien en los dos episodios relatados recientemente como en la detención de Augusto Pinochet en Londres (1998), su posterior muerte (2006), la edificación de un monumento en homenaje a Jaime Guzmán (2008) y el reciente homenaje al ex brigadier del Ejército de Chile Miguel Krassnoff (2011), han sacado a relucir los distintos modos de hacer memoria que habitan en la sociedad chilena. El carácter antagónico que presentan estas propuestas ha significado el resurgimiento de un conflicto basado en la interpretación de la historia. Esto se ilustra en los distintos discursos que han realizado personajes políticos claves del país, en ellos es posible encontrar la constante alusión al pasado y a la reconciliación como tarea principal de todos los chilenos y chilenas.

El 4 de Marzo de 1991, Patricio Aylwin Azócar dio a conocer los resultados entregados por la Comisión Nacional por la Verdad y la Reconciliación, en su discurso pide perdón por lo acaecido y asume la tarea de propiciar la reconciliación nacional.

15 Muchos compatriotas piensan que es tiempo de poner “punto final” a este asunto. Por el bien de Chile, debemos mirar hacia el futuro… Es la hora del perdón y la reconciliación. ¿Quién podría no compartir estos anhelos? Para realizarlos, sin embargo, hay que empezar por precisar quiénes son los ofendidos llamados a perdonar y quiénes los ofensores que han de ser perdonados. Yo no puedo perdonar por otro. El perdón no se impone por decreto. El perdón requiere arrepentimiento de una parte y, de la otra, generosidad” (Aylwin, 1991).6

6 Discurso pronunciado por Patrico Aylwin el 4 de Marzo de 1991, al dar a conocer los resultados del informe entregado por la Comisión Nacional por la Verdad y la Reconciliación. Véase http://es.wikisource.org/wiki/Discurso_de_Patricio_Aylwin_Az%C3%B3car_al_dar_a_conocer_a_la_ciudadan%C3%ADa_el_informe_de_la_Comisi%C3%B3n_de_Verdad_y_Reconciliaci%C3%B3n

7 Discurso de Eduardo Frei Ruiz-Tagle ante la detención de Pinochet en Londres. Véase http://www.fundacionfrei.cl/efr/pdf/579.pdf

8 Ídem.

Posteriormente el 22 de Octubre de 1998, en el contexto de la detención de Pinochet en Londres, Eduardo Frei se dirigió al país a través de un comunicado oficial y público en el que cuestionó el actuar del juez Baltasar Garzón, defendiendo la soberanía de la nación a través de la solicitud de extradición de Pinochet.

“Mi Gobierno ha sostenido y seguirá sosteniendo dos criterios jurídicos internacionales pegados a nuestra tradición: la inmunidad diplomática y la soberanía de nuestros Tribunales para juzgar delitos cometidos en nuestro país. (Frei, 1998)7

El ex mandatario argumentó sus intenciones basándose en el precario estado de salud del senador como un elemento a tener en cuenta a la hora de tomar decisiones,

“En el Consejo de Gabinete de hoy, donde analizamos todos los aspectos de esta situación, estuvo también presente la preocupación por los aspectos humanitarios de su situación. Lo destaco especialmente porque en este Consejo hay Ministros de Estado que fueron objeto de tortura y de exilio, y hoy hablaron de humanidad. Así se construye la verdadera reconciliación nacional.”8 (Ibíd.)

16 A este respecto la ex Presidenta de la República Michelle Bachelet, en el discurso de asunción en el cargo el 11 de Marzo del 2006 explicitó la voluntad de ser la mandataria de todos los chilenos, declarando que es preciso mirar al futuro único momento en el que se puede retomar la idea de comunidad,

“Hoy no hay más que futuro. Un futuro donde caben todos, donde todos podemos construir una patria mejor…Ha llegado el momento, en que nos miremos unos a otros, cara a cara, sin resquemores ni suspicacias. El pasado es lo que es: Pasado. No lo olvidaremos nunca, pero nuestra mirada esta en el mañana”9(Bachelet, 2006)

9 Discurso pronunciado por Michelle Bachelet en el Palacio de La Moneda con motivo de asunción en el cargo. Véase http://www.redmujeresconbachelet.net/Noticias/MichelleBacheletDiscurso.htm

10 Discurso de Pablo Longueira con motivo de la inauguración de memoria a Jaime Guzmán. Véase http://www.fjguzman.cl/put_document.php?file=file_491d91730fbfc.pdf

El 10 de Noviembre del 2008 se inauguró el monumento erigido en homenaje al senador Jaime Guzmán asesinado por miembros del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR) el 1 de Abril de 1991. En esta ocasión el orador principal fue Pablo Longueira, senador en ejercicio del país y militante de la Unión Demócrata Independiente (UDI).

“Todos nosotros somos hoy los que nos sentimos integrados en esta escultura…Los que queremos construir un Chile siempre unido y mirando al cielo, más allá de nuestras discrepancias, credos o condiciones… Los que queremos compartir el ideal más profundo y trascendente de Jaime Guzmán… La unidad de todos los chilenos mirando hacia el futuro y dejando atrás en nuestros corazones las divisiones y conflictos del pasado. (Longueira 2008)”10

Como se corrobora en los párrafos anteriores la reconciliación así entendida y la recomposición del tejido social que sugiere, fueron pilares en torno a los cuales se decidió y actuó. Muchas veces esta convicción tuvo como resultado arduas críticas dirigidas a las negociaciones que se hicieron en materia de Derechos Humanos, por ejemplo al establecer facilidades para los victimarios a la hora de entregar información. Esto refiere al secreto profesional instalado por la Mesa de Diálogo en el año 2003. Este 17 tipo de decisiones así como la permanencia de la carta constitucional creada en 1980 por la dictadura militar son entre otros, elementos que dan pie para que se cuestione la idea de una reconciliación que se genere teniendo como parámetros elementos heredados del régimen militar. En este sentido Garretón (2007) refuta la idea de un consenso acabado, al que contrapone la tesis del carácter incompleto de la democracia debido a la permanencia de ciertos enclaves autoritarios. Asimismo asume la incapacidad que la sociedad chilena ha tenido de construir una memoria ética que otorgue sustento a la democracia. “Después de 16 años de terminada la dictadura militar -hemos sostenido a lo largo de este libro- Chile sigue entrampado en la época pospinochetista y no logra hacer el salto a la época o sociedad democrática o del bicentenario” (Ibíd., Pág. 111). En la misma línea de pensamiento, Ruiz (2006) asevera que la impronta con la que se ha cargado el ideal de reconciliación ha mermado el establecimiento de la verdad y el quehacer de la justicia. En efecto, ha limitado al régimen mismo.

“Vemos aquí como el ideal de la reconciliación, un ideal tal vez más religioso que político, se pone por encima de la verdad y la condiciona y limita, así como limita también al régimen democrático mismo” (Ibíd., Pág. 19).

Moulian (2006) en este mismo sentido destaca el modo en que se posiciona la idea de reconciliación:

“el duelo que propone la transición nace de la combinación de dos operaciones: la primera es la que marca el reconocimiento de la culpabilidad a través del informe Rettig y la segunda es el llamado a disolver esta culpabilidad en el abrazo solidario de la reconciliación entre víctimas y victimarios” (Ibíd., Pág. 24).

Por su parte Jocelyn-Holt (2006) enuncia lo se podría denominar como una ideología del consenso que ha intentado fallidamente, frenar las latentes conflictividades que conlleva la historia reciente y el tratamiento que los sectores en el poder han hecho de ella.

“Pienso que en lo que respecta estrictamente al mundo oficial –quienes ejercen el poder- hemos pasado de una historia de engaños contrapuestos, ofertas alternativas de embustes, a una historia de ocultamiento compartido, consensual, hasta terminar en nuestros días, en una historia 18 oficial que simplemente hace agua, no convence, apenas sirve.”(Ibíd., Pág. 28)

A su vez, Lechner (2006) enuncia aquello que fundamenta este trabajo y otorga coherencia a las citas anteriores. En efecto da cuenta del fracaso que han tenido los sectores políticos en el poder aun considerando los esfuerzos materializados en la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, la mesa de diálogo o la Comisión Nacional sobre Prisión política y Tortura para hacer del ideal reconciliatorio una realidad. La supremacía que se ha otorgado a la gobernabilidad, al orden y el temor al caos, no han sido suficientes para acallar los resabios de la historia reciente.

“se enfatiza el futuro posible en detrimento de un pasado de conflictos. Mas el silenciamiento del pasado no elimina las divisiones. De modo recurrente irrumpe el pasado, socavando la construcción política del consenso. La mala memoria no permite fortalecer el vinculo social y las capacidades de la acción colectiva.” (Ibíd., Pág. 18)

Se advierte a partir de lo anterior que el tratamiento que se ha hecho de la memoria tanto por los grupos dominantes de una sociedad y del Estado, como por parte de los sectores sociales subordinados son decisivos en la reaparición y el ocultamiento de conflictos vinculados con la historia de un país. En este sentido es preciso comprender enfáticamente que el concepto de memoria, así como el de olvido lleva de la mano el proceso de su construcción, por tanto se vuelve imprescindible considerar su carácter social y el vínculo que estos procesos tienen con la acción social. En palabras de Elizabeth Jelin (2002) es preciso

Reconocer a las memorias como objetos de disputas, conflictos y luchas, lo cual apunta a prestar atención al rol activo y productor de sentido de los participantes en esas luchas, enmarcados en relaciones de poder” (Pág. 2).

En efecto es posible reconocer la existencia de múltiples memorias vinculadas por ejemplo, con la posición que sus oradores tengan en el entramado social por tanto es factible reconocer al denominado “Museo de la Memoria y los Derechos Humanos” como representante de la memoria oficial y asumir a la vez la existencia de memorias alternativas cada una de las cuales conlleva sus olvidos correspondientes: “En cualquier 19 momento y lugar, es imposible encontrar una memoria, una visión y una interpretación únicas del pasado, compartidas por toda una sociedad”(Ibíd., Pág. 5).

Ante el panorama expuesto se manifiesta la importancia que ha tenido tanto el Estado, liderado hasta el año 2010 por la Concertación de Partidos por la Democracia, como también los partidos de oposición: Unión Demócrata Independiente y Renovación Nacional en el devenir que ha seguido la construcción social de las memorias y de los olvidos, que hoy se cristaliza en el discurso instaurado en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Así lo dejo ver la ex presidenta Michelle Bachelet al inaugurar este espacio

“Por eso digo que me cuesta describir las emociones que se aglomeran esta tarde. Pero me he sentido acompañada, acompañada de la historia y de nuestro pueblo, representado en estos tres hombres justos que han hecho el recorrido junto a mí. Nuestros ex Presidentes Patricio Aylwin, Eduardo Frei y Ricardo Lagos, que representan 20 años de libertad y de respeto por los derechos humanos. (Bachelet, 2010)11

11 Discurso inaugural completo veáse : http://www.museodelamemoria.cl/LinkClick.aspx?fileticket=h4vUy6zvoaY%3d&tabid=78

En su conjunto han liderado las apuestas con que el Estado ha intentado hacerse cargo del pasado reciente, particularmente en lo relativo a las violaciones a los derechos humanos ocurridas bajo su alero.

Sociológicamente se puede afirmar que las memorias y los olvidos son productos sociales que emergen a partir del conflicto en que se enfrentan dos o más formas de revivir el pasado, de resignificarlo en función de un presente determinado.

“partiendo del lenguaje encontramos una situación de luchas por las representaciones del pasado, centradas en la lucha por el poder, por la legitimidad y el reconocimiento. Estas luchas implican, por parte de los diversos actores, estrategias para oficializar o institucionalizar la narrativa del pasado.”(Jelin, 2002, Pág. 37)

En otras palabras la problemática acerca de las memorias y los olvidos surge del enfrentamiento al interior de una sociedad dada entre memorias antagónicas que disputan el carácter de verdadero y hegemónico para sus discursos particulares.

20 Así si se establece la necesidad de construir una comunidad democrática inclusiva, el uso que se haga de las memorias es particularmente relevante. En este sentido los elementos que se rescaten del pasado reciente irán definiendo lo que se entiende por Chile y por los chilenos. Esta definición es necesaria y fue detectada el año 2001 por el PNUD (2002)

“El desafío de la cultura, en la perspectiva del Bicentenario, consistiría en crear y afianzar un “proyecto país”. Esto plantea una doble tarea. Por un lado, se ha de generar una visión de país en la cual todos puedan reconocerse como miembros plenos de una comunidad de ciudadanos y como actores eficaces en su desarrollo” (Pág. 18).

Sin embargo este proceso no puede llevarse a cabo a partir de la obsesión por el orden y el temor al caos,

Sin duda que la llamada “democracia de los acuerdos” ha sido un hito decisivo en el proceso de transición. No obstante, si el miedo al conflicto se proyecta al futuro, podría restar vitalidad a la democracia, porque obliga a una delimitación estrecha (no conflictiva) de lo “posible” (Ibíd., Pág. 24).

Ahora bien las memorias tanto individuales como sociales no pueden ser pactadas, difícilmente reconciliadas y esto tiende a complejizar esta problemática, en este sentido es preciso establecer que no existe una memoria neutra,

“Hay memorias oficiales alimentadas por instituciones, incluso Estados, y memorias subterráneas, escondidas o prohibidas. La <<visibilidad>> y el reconocimiento de una memoria dependen, también, de la fuerza de quienes la portan” (Traverso, 2000, Pág. 48).

En este contexto el problema no es que existan lugares que narren un fragmento de la historia, sino que el carácter fragmentando de esta narración no sea reconocido como tal y sea entregado como la historia en tanto serie de acontecimientos objetivos que otorga sentido a las prácticas de los sujetos. Ante esto es preciso reconocerla como una construcción social e identificar los elementos que la sustentan

A lo largo de esta problematización se han enunciado los elementos que hacen pertinente investigar esta temática que refiere al reconocimiento de este museo como 21 una puesta en escena de la memoria oficial construida a partir de los consensos alcanzados por la elite política en estos 21 años de democracia. Todo este proceso ha ido configurando un modo de hacer y sentir la memoria, hasta convertirla en un hecho social que se caracteriza sociológicamente por la fuerza de primar sobre las conciencias individuales.

“He aquí entonces un orden de hechos que presentan caracteres muy especiales: consisten en formas de obrar, pensar y sentir, exteriores al individuo y están dotados de un poder de coacción en virtud del cual se imponen.” (Durkheim, 2003, Pág. 36)

Ahora bien para terminar este acápite, si se estimara que el proceso de Reconciliación ha sido políticamente exitoso, ¿Qué hace necesario desde la lógica gubernamental la construcción de este museo? ¿Cuáles serán los temas que expone? En síntesis ¿Cuál es el uso político de este pasado, y las implicancias que tiene en el presente? Lechner (2006) ya lo había enunciado: “Los usos de la memoria pueden justificar tanto la repetición del pasado como legitimar la transformación del presente” (Pág. 18)

22 2.4 antecedentes

2.4.1Historia y disputa

Los comienzos de los trabajos teóricos sobre la memoria y los distintos adjetivos que sucesivamente la van calificando (social, histórica, colectiva, oficial) aparecen ya a inicios del siglo pasado siendo uno de sus relevantes representantes el sociólogo Maurice Halbwachs con “Les Cadres Sociaux de la mémoire” (1994) Aun así es a partir de los acontecimientos ocurridos durante la Segunda Guerra mundial que esta cuestión se eleva como un tema de enorme interés para teóricos de distintas disciplinas. El exterminio allí ocurrido contó con características distintas a otros episodios bélicos que suscitaron enormes inquietudes

Se exterminó a una vastísima población, que incluía a los grupos considerados “sobrantes” en la sociedad europea –en particular judíos y gitanos–, mediante el desarrollo de tecnologías de exterminio masivas y eficientes, como medio de garantizarlo” (Calveiro, 2006, Pág. 361).

Este exterminio instala la novedad de la utilización de la racionalidad instrumental en su máxima pureza, expresada en los campos de concentración y con ello la construcción y posterior instalación de una pedagogía del exterminio que se difunde a nivel mundial.

A partir de estos acontecimientos, el paradigma moderno y su promesa de progreso emancipatorio se sumerge en una profunda crisis, dando paso a la pregunta existencial por la condición humana y el devenir de la especie: el cuestionamiento filosófico por la cuestión humana se entrecruza con el momento histórico y político en Europa. Múltiples fueron los pensadores que desarrollaron esta reflexión, dentro de los cuales podemos nombrar a Hobsbawm (1998) y su idea de la aceptación y acomodación del ser humano a condiciones de vida deplorables, fácilmente asimilables a la barbarie, que crítica 23 además el fenómeno de destrucción del pasado ocurrido en las postrimerías del siglo XX, tildándolo como uno de los hechos más curiosos y característicos de esta época. 12

12 La sociología por su parte también se verá tocada directamente por los acontecimientos de las Guerras mundiales. No solo se modificarán los puntos de vista para observar la sociedad, sino también surgirán propuestas metodológicas para examinar las subjetividades y los significados de las acciones humanas.

Habermas se suma a este cuestionamiento, caracterizando al siglo XX como un periodo sombrío a causa de los totalitarismos de la época, que serán caracterizados por el autor, como socialmente inhumanos y opuestos a las ideas que previamente se forjaron en la ilustración. (Habermas, 2000). Traverso, parafraseando a los teóricos de la Escuela de Frankfurt, sostendrá que el nazismo y en general los totalitarismos, se sustentan en la transformación de la razón en instrumento de dominación que niega el carácter emancipador definido en sus orígenes. (Traverso, 2007). Los hombres se habrían convertido en “especialistas sin espíritu, hedonistas sin corazón” (Weber, 1985, Pág. 38).

Una salida para aprehender lo acontecido es el camino de la memoria, basado principalmente en la denuncia y la proliferación de testimonios. La necesidad de verdad y el quehacer de la justicia van junto con la urgencia de escribir la historia lo ocurrido como forma de traspasar a las nuevas generaciones lo acaecido, generando un sustrato cívico que posibilite que no exista olvido ni vuelvan a ocurrir sucesos similares.

Así, paulatinamente al pasar los años, los sobrevivientes y los Estados propiciaron iniciativas que otorgaron un espacio en la narrativa nacional a estos relatos cuyo valor simbólico facilitaría el proceso de reconstitución del tejido social y de los principios que fueron destruidos por el siniestro. Frente a esto es necesario comprender que la aniquilación de personas particulares se constituye como una práctica social que nace mucho antes del asesinato puntual y va más allá del mismo, destruye mucho más que una vida humana pues pretende erradicar una específica forma de ser, actuar y pensar; además la práctica de exterminio busca justificar y legitimar su accionar,

“su eje no gira tan sólo en el hecho del “aniquilamiento de poblaciones”, sino en el modo peculiar en que se llevan a cabo, en los tipos de legitimación a partir de los cuales logra consenso y obediencia y en las consecuencias que produce no sólo en los grupos victimizados sino también 24 en los perpetradores y en los testigos, que ven modificadas sus relaciones sociales a partir de la emergencia de esta práctica” (Feierstein, 2007, Pág. 35).

La historia del siglo XX y sus nuevas formas de exterminio posicionaron la temática de los Derechos Humanos y de la memoria en un sitial de gran importancia, urgencia y renombre. Esta discusión tiene su epicentro el año 1946 momento en que Naciones Unidas convocó a los Estados miembros de su organización para definir el nuevo tipo legal efecto de los asesinatos perpetrados por el nazismo (Feierstein, 2007) Este nuevo tipo legal se cristalizó en la convención para la prevención del delito y la sanción del delito de genocidio del año 1948. En dicha convención se plantearon cuatro ámbitos en los cuales el concepto de genocidio puede ser utilizado, estos son: étnico, nacional, racial o religioso; dejando fuera de la categoría de genocidio a los asesinatos masivos ocurridos dentro de un mismo territorio nacional producto de diferencias políticas, generando así un vacío legal para estas situaciones

“Muchos de los propios Estados que avalaban la convención adujeron que la inclusión de los grupos políticos podía poner en riesgo la aceptación de esta por parte de gran cantidad de Estados, porque estos no querían involucrar a la comunidad internacional en sus luchas políticas internas” (Ibíd., 2007, Pág.. 39)

El vacío legal que conlleva entonces, la utilización de la noción de genocidio no es un resultado azaroso sino responde más bien a los propios conflictos de interés existentes entre los países miembros de la ONU. Esta laguna es un antecedente a considerar en el contexto posterior de las dictaduras latinoamericanas y durante el inicio de los regímenes democráticos, ya que a consecuencia de esta categorización el exterminio ocurrido en América Latina a partir de razones políticas no encuentra en esta caracterización un lugar, quedando fuera del resguardo institucional e internacional definido por la ONU.

Durante el siglo XX en el contexto de la guerra fría, específicamente entre la década de los 50s y los 90s se desarrollaron en América Latina numerosas dictaduras, mayoritariamente éstas buscaban restablecer y otorgar estabilidad a sus países (Lira, Loveman, Mifsud, Salvat, 2001) „asediados‟ por la intromisión del marxismo 25 internacional y sus victorias, de estas la Revolución Cubana del 1 de Enero de 1959 logró notable influencia para los proyectos revolucionarios latinoamericanos.

Los regímenes dictatoriales fueron liderados en su mayoría por juntas militares que a través de la violencia estatal, la tortura, ejecución y desaparición forzada, entre otros mecanismos logró posicionar una pedagogía del horror que se instala a modo de paréntesis, de „mal necesario‟ dentro de las historias nacionales y que según los propios protagonistas de los golpes militares pueden estar plagadas de errores mas no de horrores pues nacen con la convicción y debido a la necesidad de proteger el bien común frente al desorden y la inminente guerra interna.

La premisa fundamental de la intervención militar era que el país “estaba en guerra” y que se requerían medidas militares para salvar la patria del enemigo, el marxismo y el comunismo, que tenían proyecciones externas e internas” (Lira, Loveman, 2002, Pág. 232).

En el caso chileno, una de las causas entregadas por la junta militar para justificar el golpe de Estado fue la crisis económica y política en que se encontraba el país, ésta hacía manifiesta la polarización social (Ibíd., 2002; Jelin, 2002). Pese a esto tienden a privilegiarse argumentos de orden económico e inclusive morales, subordinando la esfera social a la esfera económica. Esta lectura reduccionista es hoy en día utilizada para rescatar y valorar los aspectos positivos de la dictadura militar en Chile. (Garretón, 2003)

Muchos de los países que se vieron involucrados en violentas dictaduras militares han hecho un esfuerzo por trabajar de distinta forma en la resignificación de su pasado reciente, ya sea a partir de la elaboración de Comisiones de Verdad y/o memoriales, museos y monumentos que rescaten ciertos elementos de su historia, este ha sido el caso de Argentina, con su Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas del año 1982 y sus casas de memoria: Ex centro clandestino de detención D2 en Córdova y Casa por la Memoria y la Vida en Castelar, entre otros; En Uruguay un año después del término de su dictadura se desarrolló la denominada Comisión Investigadora sobre la Situación de Personas Desaparecidas y Hechos que la motivaron, posteriormente en el año 2000 se realizó la Comisión para la Paz. El centro cultural Museo de la Memoria (MUME) se encuentra dentro de sus espacios destinados a la Memoria reciente; En San 26 Salvador encontramos el Museo de la Palabra y la Imagen13. En Chile se han vivido procesos similares con la creación de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación el año 1991 (Mismo nombre que la Comisión de Verdad del Perú realizada el año 2000) y el informe entregado por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura el año 2003,14 aun reconociendo este trabajo y la información que fueron paulatinamente posicionando como verdad, es preciso mencionar que cada proceso supuso gran conflictividad y enfrentamiento tanto al nivel de la clase política dirigente como de la sociedad en su conjunto. Las particularidades que tuvo este proceso para cada territorio nacional son justificadas por Garretón (2007) según las características que la transición democrática tuviese en cada lugar. Sin embargo en general todos los gobiernos democráticos post-dictatoriales y en particular los concertacionistas en el caso chileno han elevado como valor fundamental la democracia, su protección y mantenimiento por sobre la verdad, justicia y castigo de los crímenes perpetrados. Para esto creyeron necesario mermar el conflicto haciendo justicia en la medida de lo posible, como lo dijera Patricio Aylwin.

13 Véase http://www.memoriaabierta.org.ar/redlatinoamericana/index.php

14 Para una revisión completa de las Comisiones de verdad desarrolladas mundialmente, véase http://e-archivo.uc3m.es/bitstream/10016/2541/11/ApendiceIII.pdf

15 Discurso de Patricio Aylwin en el estadio nacional, disponible en Museo de Prensa, disponible en http://www.museodeprensa.cl/node/334

“Considero mi deber evitar que el tiempo se nos vaya de entre las manos mirando hacia el pasado. La salud espiritual de Chile nos exige encontrar fórmulas para cumplir en plazo razonable estas tareas de saneamiento moral, de modo que más temprano que tarde llegue el momento en que, reconciliados, todos miremos con confianza hacia el futuro y aunemos esfuerzos en la tarea que la patria nos demanda. (Aylwin, 1991)15

Los sectores que en ese momento eran parte de la oposición transitaron a la democracia a través de una negociación que permitió la existencia y legitimidad del plebiscito de 1988 cuyos resultados significaron que Patricio Aylwin fuera el Presidente de la República por los próximos 4 años. Dentro de esta negociación la derecha liderada por Pinochet, aclaró que existían elementos que no podrían ser modificados, tales como: la constitución política de 1980 y el modelo económico imperante.

27 “Por un lado, la oposición a los gobiernos democráticos, formada por los poderes fácticos empresariales, mediáticos y militares, así como por su expresión en la derecha, principalmente la UDI, definieron como puntos básicos de esa oposición la mantención de la institucionalidad política, la intangibilidad del modelo neoliberal y la impunidad en materia de violaciones a los Derechos Humanos. De modo que en esos puntos cruciales ha habido una oposición cerrada que cuenta, además, con los recursos institucionales, de poder y económico para tratar de impedir cualquier cambio.” (Garretón, 2007, Pág. 80)

Los partidos que integraron la Concertación de Partidos por la Democracia fueron parte -con distintos niveles- del planteamiento que consideraba como necesario relativizar o amilanar cualquier huella que pudiera mantener activos los conflictos previos; ésta idea es el pilar desde el cual se erige el proceso de resignificación del pasado por parte de la oficialidad que se cristaliza en la idea que se manifiesta en numerosos documentos, por ejemplo el informe entregado por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación sobre las responsabilidades compartidas igualitariamente por los protagonistas del conflicto.

“En la campaña electoral de 1989, la Concertación de Partidos por la Democracia proclamaba la “reconciliación” como premisa del futuro gobierno de su candidato Patricio Aylwin Azocar. Los partidos de derecha, igual que el general Pinochet, apelaban también a la “reconciliación” (Loveman, Lira, 2002, Pág. 14).

A pesar de lo anterior y como Garretón asevera, el pasado reciente reaparece en cada debate sobre el presente siendo el 11 de Septiembre de 1973 uno de los hitos fundantes de la memoria colectiva nacional “No hay ningún tema o problema actual y futuro de Chile, cuya resolución no esté marcada por el 11 de septiembre de 1973 como cristalización de un pasado y proyección de un futuro.” (Garretón, 2007, Pág. 80).

La construcción y posicionamiento de las memorias se traslada a un escenario de confrontación política, donde quienes detentan el poder político formal tienen a su haber una específica política de memoria que es reactivada o detenida a partir de distintos hitos; uno de los objetivos de esta investigación es develarla, entenderla y establecer sus 28 posibles vínculos con el proyecto estatal Museo de la Memoria y los Derechos Humanos.”Toda sociedad posee una política de la memoria más o menos explícita, esto es, el marco del poder dentro del cual (o contra el cual) la sociedad elabora sus memorias y olvidos” (Guell, Lechner, 2006, Pág. 22)

Para realizar esta tarea es necesario remontarse a los últimos años de la década de los 80 y principios de los 90, es decir a los inicios de la transición democrática y establecer algunas de sus principales características. En primer lugar este proceso se inscribe dentro de las limitaciones impuestas por la constitución de 1980 que le había permitido al dictador hacer las modificaciones que fueran necesarias para mantenerse de manera indefinida en el poder. Cabe destacar aquí la ley de amnistía de 1978, que benefició a quienes durante el estado de sitio comprendido entre el 11 de Septiembre de 1973 y el 10 de Marzo de 1978, estuviesen comprometidos en hechos que revistiesen características de delito (Loveman, Lira, 1999). Dicha ley se constituyó posteriormente como un impedimento fundamental para el quehacer de la justicia respecto de las violaciones a los derechos humanos. Otro rasgo de la transición democrática chilena es la presencia por largo tiempo de Pinochet en la arena política nacional, primero como comandante en jefe de las Fuerzas Armadas y luego como senador designado obstaculizando la mayoría de las iniciativas parlamentarias destinada a establecer la verdad de lo ocurrido durante el régimen por él conducido.

La permanencia de Pinochet como sujeto de opinión y decisión, su presencia constante en la esfera pública constituyó una fuente persistente de violencia simbólica y evidenció el carácter pactado que había tenido la transición democrática. (Moulian, 1997).

A comienzos de los noventa, la situación en torno a las violaciones de los derechos humanos era crítica, el silencio se hacía insostenible para gran parte de la sociedad civil, las decisiones políticas no debían hacerse esperar, ahora que la democracia había llegado la verdad y la justicia debían cumplir su papel.

“En 1992, a mediados del gobierno de Aylwin, una encuesta de FLACSO señala que la mayoría (61%) de los encuestados se pronuncia por conocer la verdad y castigar; un 18% prefiere conocer la verdad y amnistiar y un 29 13% se inclina por dar por superado el problema” (Guell, Lechner, 2006, Pág. 29)

En este contexto el proceso mediante el cual la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación reconoce, identifica y nombra a 2.279 personas asesinadas por el régimen (informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, 1991) así como posteriormente la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura reconoce la utilización de tortura en 28.000 casos. (Informe de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, 2004), permite reconocer que el exterminio y la tortura fueron prácticas conocidas, comunes y válidas para el Estado.

2.4.2 Gobierno democrático y los primeros hitos

El gobierno de Aylwin estableció dos objetivos transversales: por un lado consolidar los principios y valores democráticos a partir de las nociones de consenso y reconciliación como la única forma de evitar que lo ocurrido se repitiese y conseguir una convivencia democrática plena; y por otro reconocer „en la medida de lo posible‟ dentro del marco legal circunscrito por la ley de amnistía de 1978, la existencia de ejecutados políticos y detenidos desaparecidos víctimas del terrorismo de Estado. Esto quedó plasmado en la redacción y publicación del Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación donde es posible encontrar una enumeración no exhaustiva de quienes fueron asesinados y ejecutados así como una breve descripción de las circunstancias en que sucedieron estos crímenes.

Como se ha mencionado en la problematización, este informe tuvo una importancia simbólica trascendente en la medida que esbozó un hito en el proceso de recomposición de las solidaridades y confianzas mínimas necesarias para establecer una convivencia democrática. Sin embargo al asumir Aylwin en nombre del Estado la responsabilidad por los crímenes de lesa humanidad, simultáneamente se genera una expiación de los responsables materiales e intelectuales de las violaciones a los derechos humanos perpetradas durante la dictadura militar. Por otra parte el contenido de este informe constituye principalmente una clasificación de las denominadas victimas que no deja espacio para entender y aprehender la historia como un proceso macro, en donde el tejido social en su totalidad resultó dañado, particularmente en las formas en que los 30 sujetos se relacionaban, imponiéndose una manera de relacionarse e interactuar socialmente basada en la desconfianza, el individualismo y en la idea dominante acerca de la existencia de un enemigo interno, que a lo largo de la historia ha tenido muchos nombres. A partir de dicho informe se inicia la reparación material a los familiares de quienes son reconocidos como víctimas por el documento, esta decisión se cristaliza en la ley 19.123.

Este proceso de esclarecimiento quedó medianamente truncado. Una de las hipótesis que explica esto es el asesinato del líder de la derecha nacional y senador Jaime Guzmán -a quien se reconoce como el ideólogo de la constitución de 1980- a manos del Frente Patriótico Manuel Rodríguez. Es preciso hacer hincapié en lo complejo que resulta comparar el asesinato de un líder político a manos de un grupo minoritario de la izquierda nacional con la liquidación masiva realizada por el Estado; sin embargo éste suceso llevó a dicha situación generando un retroceso en las políticas de Derechos Humanos y en las formas de trabajar la memoria que hasta el momento se venían desarrollando. (Lechner, 2006)

En adelante el tema que adquiere relevancia exclusiva es el valor y el cuidado de la emergente democracia, los crímenes de lesa humanidad perpetrados buscan ser explicados y enmarcados en un Estado de excepción; esto dificulta la noción de la historia entendida como una totalidad en permanente relación.

La detención de Pinochet en Londres significó tal explosión de memorias en conflicto que se generó la iniciativa conocida como Mesa de Diálogo desarrollada a partir de Agosto de 1999; este espacio pretendía sentar las bases de un consenso necesario para la añorada reconciliación, esta iniciativa congregó en un espacio común a abogados/as de larga trayectoria en derechos humanos tanto a nivel nacional como internacional, representantes de las Fuerzas Armadas, de los distintos credos religiosos, historiadores y periodistas. Es relevante destacar que no se observa en este momento la participación de instancias de la sociedad civil. Este encuentro posibilitó la entrega de información acerca del paradero de algunos/as detenidos/as desaparecidos/as por parte de las Fuerzas Armadas sin embargo las declaraciones se sucedieron bajo el alero del secreto profesional, sobreponiendo la Verdad y mermando la justicia. El documento que sintetiza esta experiencia invoca a la responsabilidad compartida de los chilenos en 31 lo ocurrido, dada la incapacidad de frenar la escalada de violencia. Dentro de las responsabilidades mayores se menciona a las Fuerzas Armadas y a organizaciones de izquierda que apelaron a la lucha armada como método político.16

16 Documentos de la mesa de diálogo (1999)

La mesa de diálogo estuvo cargada de simbolismos y gestos que apuntaron a la reconciliación nacional sin embargo su creación fue cuestionada por las agrupaciones de familiares de ejecutados/as y detenidos/as desaparecidos/as. Para ellos la utilización del secreto profesional representaba la continuación institucional de la impunidad.

A partir de este antecedente, Garretón cuestiona a la concertación, básicamente por su incapacidad de desarraigar enclaves autoritarios como la ley de amnistía o la constitución de 1980. Erradicarlos significaría garantizar institucionalmente que no se repitan los crímenes. En su opinión se ha avanzado en términos de reparación simbólica más no en el ámbito institucional:

“Quedan pendientes, así, tres grandes cuestiones en materia de Derechos Humanos, las que deben verse como un horizonte que, aunque no pueda materializarse, sirve como criterio y guía para plantearse permanentemente las tareas que la memoria ética de la sociedad, la justicia, y la convivencia democrática exigen. La primera es la verdad completa, con la información y paradero de los detenidos desaparecidos. La segunda es la justicia, reparación y castigo de todos los crímenes y violaciones cometidos… La tercera cuestión, precisamente, y vinculada a la reconciliación, es el reconocimiento de parte de un sector de la sociedad de los crímenes cometidos”. (Garretón, 1995, Pág. 23)

La información que entregaron las Fuerzas Armadas, bajo las condiciones antes explicadas significó que estas asumieran que existía información escubierta y que esta no había querido ser revelada por las posibles consecuencias penales que esta acción podía acarrear. Así, en síntesis la Mesa de Diálogo les dio la posibilidad de sanear sus culpas, confesándose pero sin tener consecuencias legales.

31 lo ocurrido, dada la incapacidad de frenar la escalada de violencia. Dentro de las responsabilidades mayores se menciona a las Fuerzas Armadas y a organizaciones de izquierda que apelaron a la lucha armada como método político.16

16 Documentos de la mesa de diálogo (1999)

La mesa de diálogo estuvo cargada de simbolismos y gestos que apuntaron a la reconciliación nacional sin embargo su creación fue cuestionada por las agrupaciones de familiares de ejecutados/as y detenidos/as desaparecidos/as. Para ellos la utilización del secreto profesional representaba la continuación institucional de la impunidad.

A partir de este antecedente, Garretón cuestiona a la concertación, básicamente por su incapacidad de desarraigar enclaves autoritarios como la ley de amnistía o la constitución de 1980. Erradicarlos significaría garantizar institucionalmente que no se repitan los crímenes. En su opinión se ha avanzado en términos de reparación simbólica más no en el ámbito institucional:

“Quedan pendientes, así, tres grandes cuestiones en materia de Derechos Humanos, las que deben verse como un horizonte que, aunque no pueda materializarse, sirve como criterio y guía para plantearse permanentemente las tareas que la memoria ética de la sociedad, la justicia, y la convivencia democrática exigen. La primera es la verdad completa, con la información y paradero de los detenidos desaparecidos. La segunda es la justicia, reparación y castigo de todos los crímenes y violaciones cometidos… La tercera cuestión, precisamente, y vinculada a la reconciliación, es el reconocimiento de parte de un sector de la sociedad de los crímenes cometidos”. (Garretón, 1995, Pág. 23)

La información que entregaron las Fuerzas Armadas, bajo las condiciones antes explicadas significó que estas asumieran que existía información encubierta y que esta no había querido ser revelada por las posibles consecuencias penales que esta acción podía acarrear. Así, en síntesis la Mesa de Diálogo les dio la posibilidad de sanear sus culpas, confesándose pero sin tener consecuencias legales. (pág.31 de 176)

DISPONIBLE A TEXTO COMPLETO

Texto completo en: www.cybertesis.uchile.cl/tesis/uchile/2011/cs-lagos_t/pdfAmont/cs-lagos_t.pdf

 

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