En 1973, luego del golpe militar, decenas de detenidos extranjeros fueron torturados en el Estadio Nacional. Entre ellos, 80 ciudadanos brasileños que se encontraban en Chile tras huir del gobierno de facto del dictador Emilio Garrastazú Médicci.
Algunos de ellos perdieron la vida en los durísimos interrogatorios; otros, sencillamente fueron fusilados; incluso hay quienes jamás aparecieron. Hubo pocos sobrevivientes.

Desde Brasil viajó parte de la Comisión Nacional de la Verdad (CNV) de ese país, en busca de antecedentes para investigar lo sucedido. El grupo, que continúa en Chile, es liderado por el politólogo Paulo Sergio Pinheiro. Llegaron a Santiago para reunirse con representantes de organizaciones de DDHH que aseguran tener documentos en los que se demuestra que miembros de la embajada brasileña, en ese entonces, revelaron información de sus coterráneos en vez de protegerlos.

La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, fue quien impulsó esta misión. Su objetivo es identificar a los responsables de las violaciones a los derechos humanos de sus connacionales que se cometieron en el Estadio Nacional de Santiago, que como es sabido se transformó en campo de concentración entre septiembre y noviembre de 1973.

Sergio Bitar, exministro de Minería de Salvador Allende, en conversación con Cambio21, recordó que «yo vi militares brasileños al momento del golpe en el 73. Nos trasladaron a los exministros de Allende desde la Escuela Militar al aeropuerto para llevarnos a un campo de concentración, que no sabíamos cual era, hasta que llegamos a la Isla Dawson. Tengo en la retina a estos militares uniformados brasileños, de los que nunca hubo mucha información sobre su presencia y su vínculo con la dictadura de Pinochet».

El misterio se prolongó hasta que hace un año -continúa Bitar- «se hicieron públicos por ley en Estados Unidos, documentos de la época de Nixon, en los que constan las actas de las reuniones del presidente Nixon con el dictador de Brasil, Emilio Garrastazú Médicci, donde ambos se coordinan con el fin de derrocar al gobierno de Allende».

Las declaraciones de Sergio Bitar a nuestro medio resultan reveladoras, ya que permiten entrar en conocimiento de que las labores que realizaron los militares brasileños en Chile no sólo se limitaron al momento del golpe, sino que se mantuvieron en el tiempo, lo que explica que tuvieran oportunidad de enseñar a sus homólogos chilenos técnicas de tortura -el terrible «pao de arara», entre otros- y el funcionamiento de máquinas de choque eléctrico contra los detenidos.

Declaraciones de los presos

El documento, titulado como «secreto y urgentísimo», constata que 80 ciudadanos brasileños fueron detenidos y torturados en el Estadio Nacional por sus propios compatriotas que llegaron a Chile con la misión de enseñar técnicas de tortura a los militares nacionales durante el régimen de Pinochet, cuando Manuel Contreras dio inicio a la DINA. Además, es considerado como el «embrión» de lo que luego se conocería como Operación Cóndor, una red internacional entre las dictaduras de la región para terminar con los opositores.

Un exmilitante de la izquierda brasileña, Tomás Tarquinino, declaró frente a la Comisión y contó que estuvo preso en Chile y que fue interrogado y agredido por militares compatriotas suyos y dijo que «ellos querían informaciones sobre una asociación de exiliados brasileños en Chile, que ayudaba a quienes querían huir de la dictadura de Garrastazú». A esto agregó que «lo más trágico es que las cárceles en el Estadio Nacional fueron una de las primeras cooperaciones internacionales para la tortura».

Nielsen de Paula Pires, profesor universitario, fue una de las ocho personas que declaró ante la Subcomisión de Memoria, Verdad y Justicia del Senado de Brasil por los actos represivos en Chile en la dictadura. Dijo que «torturas a brasileños y otros extranjeros detenidos ocurrieron en los vestidores del estadio. El terror era psicológico y el interrogatorio ofensivo, sin contar que los agentes nos golpeaban para tratar de amedrentarnos». Además expresó que «ellos (los brasileños) nos preguntaron mucho sobre la ‘cajita’, probablemente pensando en la red de ayuda internacional que nos mantuvo en el exilio».

Otto Brockes relató lo ocurrido con el capitán de la policía de Sao Paulo, José de Matos Ahmad, militante de la organización de extrema izquierda conocida como Vanguardia Popular Revolucionaria (VPR), quien fue asesinado en el Estadio Nacional en octubre de 1973 y dijo que «murió por falta de asistencia médica. Debí ser uno de los últimos que lo vio, porque estaba a cargo de llevarlo al médico, pero ya estaba cercano a la muerte, con el abdomen distendido debido a una hemorragia interna, causada por la tortura».

En el Senado de Brasil

Los brasileños víctimas de torturas en Chile también se quejaron ante el parlamento de su país por la omisión de las autoridades diplomáticas de la época por no prestar ayuda a sus compatriotas.

Según los declarantes, uno de los primeros pasos del ejército chileno, luego del golpe, fue perseguir a los extranjeros que eran considerados como enemigos del régimen. Eso incluyó a quienes no tenían actividades políticas.

El abogado Vitorio Sorotiuk, expreso político, dijo que «tenemos información que el ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada de Brasil sabían de la situación, pero estuvieron atados a la dictadura y no a la protección de sus ciudadanos. Estaban allí para enseñar a los chilenos a torturar. Entre los brasileños detenidos, hubo gente que no tenía nada que ver con la actividad política y no recibió atención del gobierno brasileño». El abogado, además, entregó al Senado de su país un documento con información de la división de seguridad de ese ministerio, que contiene una lista con nombres de personas torturadas en el Estadio Nacional.

Sorotiuk, quien declaró ante la Comisión en noviembre del 2012 en Curitiba, dijo que «este equipo represivo no sólo se dedicó a enseñar a torturar, sino que también utilizó equipos de choque eléctricos, que no existían en Chile, para hacerlo».
El presidente de la subcomisión, el senador João Capiberibe, anunció que va a presentar al ministerio de Defensa del Brasil una solicitud de los nombres de todos los funcionarios de las tres armas que se encontraban en Chile en ese momento y al ministerio de Relaciones Exteriores el de los diplomáticos y cónsules de la época, ya que en su opinión «las fuerzas armadas necesitan reconocer sus errores y disculparse con la sociedad brasileña».

Por su parte, Ubiramar Peixoto de Oliveira, calificó al Consulado de Brasil de ese momento en Santiago como una «guarida y cueva de torturadores».

Las víctimas estaban dispuestas a cooperar con la Comisión Nacional de Verdad, e intentaron reconocer a los verdugos brasileños que trabajaban en Chile. Durante la reunión en la CNV vieron fotos de represión brasileña allí exhibidos, sin embargo no identificaron categóricamente a ninguno de ellos.

Justicia chilena

El problema que podría enfrentar la CNV, ahora, es que la Ley de Amnistía brasileña que rige desde 1979 y que fue ratificada en 2010, protege a militares y guerrilleros acusados de secuestro, tortura y asesinatos, por lo que no se puede juzgar a los autores materiales de los hechos.

Nelson Caucoto, abogado chileno de Derechos Humanos, explicó que «si el delito se cometió en Chile, sobre todo uno de lesa humanidad como la tortura, existe la posibilidad de perseguir esta responsabilidad, así como Brasil también puede hacerlo. Cualquier país en el mundo puede ejercer la justicia universal, ya que la Ley de Amnistía no puede oponerse porque ningún tribunal la aplica, puesto que contra los delitos contra los Derechos Humanos ya no procede ni siquiera la prescripción».

Con relación a lo que la justicia chilena puede hacer para ayudar a la Comisión, Sergio Bitar comentó que «si se demostrara un delito como responsabilidad de muerte o de torturas o su vinculación con la llamada Operación Cóndor, que después ocurrió con las dictaduras de Uruguay, Argentina y Chile, por cierto puede haber alguna iniciativa. Entre tanto, a lo menos, la aclaración de cómo se coordinaban las dictaduras latinoamericanas para destruir las democracias en la región y paralizar sus movimientos sociales, es un hecho relevante que merece ser conocido y divulgado».