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Dictaduras en Latinoamérica: la impunidad no cierra heridas

JUNE 14, 2014 

La historia de América Latina esta sembrada de crueles dictaduras militares. El saldo: miles de muertos, torturados y desaparecidos. El juicio al dictador es la forma en que la democracia hace justicia y cierra heridas, pero la mayoría han quedado impunes.

 

Castigo al dictador 12Noelia Ceballos Terron

Mexicana residente en UK.,Psicóloga, maestra, pedagoga, dependienta y limpiadora son solo algunas de las facetas que Mabel ha tenido en su vida laboral. Tras diez años en el Reino Unido ya ha terminado su doctorado en educación que le permite dedicarse a su pasión, la investigación, que combina con una intensa actividad como militante en la organizaciones sociales latinoamericanas. –

 

En la segunda mitad del siglo XX, 18 países de América Latina han conocido en algún momento la violencia de las dictaduras militares. Son 31 los dictadores que han llevado las riendas de esos países sin respeto alguno a los valores democráticos ni a los derechos humanos.

El enjuiciamiento de los responsables de las miles de muertes, torturas y desapariciones que tuvieron lugar durante esos regímenes es lo que más reclaman las víctimas y sus familias como reparación moral a su sufrimiento.

Las cifras en toda la región son difíciles de determinar, pero se pueden estimar más de 470.000 afectados, incluyendo muertos, desaparecidos, torturados y presos políticos.Castigo al dictador 17

En total diez dirigentes enfrentaron juicios por los delitos cometidos en su día. Y cinco siguen cumpliendo condena o están siendo procesados.

Pero un balance que revela que más de la mitad de los dictadores terminaron sus días sin rendir cuentas.  Ello es porque la impunidad es un fenómeno que se ha dado en el área de América Central y del Sur con más frecuencia que a nivel global.

Según revela un estudio de Abel Escribá Folch en la Revista Mexicana de Sociología, tan solo un 31% de los dictadores que gobernaron entre 1946 y 2000, en todo el mundo, permanecieron impunes. Hoy, cuatro ex-dictadores viven sus últimos años sin haber conocido la cárcel.

Ríos Montt

Los dos últimos presidentes de la dictadura militar en El Salvador siguen vivos lejos de su país. Se trata de Arturo Armando Molina, que gobernó de 1972 a 1977, y de Carlos Humberto Romero, que protagonizó el final del régimen de 1977 a 1979. Se cree que el primero reside entre Miami y Panamá, mientras que el segundo viviría en los Estados Unidos tras un primer exilio en Guatemala.

Por su parte, el militar Guillermo Rodríguez Lara, que ostentó el poder del gobierno ecuatoriano entre 1972 y 1976, lleva en la actualidad una vida retirado de la política ysin temor de enfrentarse a juicio alguno, en sus propiedades agrícolas.

Otro caso es el del guatemalteco Ríos Montt. Acusado de genocidio, sus víctimas de etnia maya que fueron asesinadas durante su mandato (1982-1983) ascienden a 1.771. El 10 de mayo de 2013 un tribunal de Guatemala condenó a Ríos Montt a 80 años de prisión.

Sin embargo, la Corte de Constitucionalidad del país anuló la sentencia por desobediencia y desacato del tribunal que la emitió. Hoy este genocida sigue en libertad.

Castigo al dictador 8- Juicio a VidelaCondenas

A pesar de todo, cinco de los responsables de las atrocidades que marcaron el siglo XX suramericano están pagando por lo que hicieron.

La justicia argentina ha sido una de las más duras. Todos los presidentes que estuvieron a la cabeza del país durante el llamado Proceso de Reorganización Nacional (Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola y Leopoldo Galtieri murieron reclusos).

Esto fue posible gracias a la abolición en el 2003 de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida que amparaban a todos los responsables de crímenes durante la dictadura (se calcula que entre 1976 y 1983, 30.000 personas fueron desaparecidas).

Castigo al dictador 14De Reynaldo Benito Bignone, último presidente de la dictadura argentina, se sabe que ingresó en la cárcel en 2010 a la edad de 82 años para cumplir una pena de 25 años, que posteriormente se ha extendido a cadena perpetua, por crímenes de lesa humanidad.

Por su parte, en Panamá fue Noriega el último déspota que dirigió el país centroamericano: de 1983 a 1989, pero fue extraditado en 2011 para cumplir una pena de 60 años por el asesinato de once panameños durante su gobierno. Esta condena se produjo tras 19 años en penales de Estados Unidos y Francia por delitos de narcotráfico y blanqueo de dinero. La cifra de víctimas de esta dictadura asciende a 107.

Otro de los casos que terminaron con condena fue la del peruano Alberto Fujimori. Durante sus mandatos, de 1990 al 2000, el entonces presidente fue responsable de ordenar el asesinato de civiles con la excusa de la guerra contra el terrorismo. Fue hallado culpable de crímenes como los de Barrios Altos en 1991 y La Cantuta en 1992, por lo que el 7 de abril del 2009 inició una pena de 25 años de prisión, a sus 70 años.

Castigo al dictador 3Bolivia se suma a una breve lista de países que han logrado meter entre rejas a sus dictadores. A pesar de que Hugo Banzer, quien mantuvo al país bajo su yugo entre 1971 y 1978 causando la desaparición de 150 presos políticos, murió impune, otro déspota boliviano rinde cuentas a la justicia. Es Luis García Meza, gobernante entre 1980 y 1981, período durante el cual ordenó asesinar a miembros de la oposición. Por ello cumple desde 1995 una pena de 30 años en el centro de Chonchocoro, en el altiplano boliviano.

Hay casos como el de Haití en que no es fácil someter al antiguo dictador a la justicia. Aunque finalmente, en febrero de 2013, un tribunal haitiano obligó a Jean-Claude “Babydoc” Duvalier a presentarse ante el juez. Desde entonces se enfrenta a un proceso en el que se le acusa de crímenes de lesa humanidad.

Sin embargo ha transcurrido un año sin que Duvalier haya vuelto a presentarse a ninguna sesión. Las víctimas durante su mandato (1971-1986) se cifran en unas 30.000 personas detenidas, muertas y exiliadas.

Reparaciones a víctimas

Castigo al dictador 11Parte del proceso de recuperación de un país tras un episodio de violencia es restablecer los hechos lo más objetivamente posible, para señalar a responsables y reconocer los daños causados a las víctimas.

El modo que más se ha extendido en América Central y del Sur son las Comisiones de la Verdad. Según la organización Amnistía Internacional, entre 1974 y 2007 se crearon estos grupos en 28 países alrededor del mundo. La mitad fueron países latinoamericanos.

La labor de estas comisiones, creadas por decisión gubernamental y con un mandato de tiempo limitado, es investigar los ataques a los derechos humanos de los ciudadanos por el aparato del Estado.

Castigo al dictador 5De los 18 estados que conocieron dictaduras militares en Latinoamérica, 14 han puesto en marcha dichas Comisiones, recibiendo denuncias y testimonios de víctimas de la represión y sus familiares. Los casos son examinados uno a uno para verificar la condición de víctima, y así cifrar los afectados. Las recomendaciones más comunes de los informes finales son el reconocimiento de los derechos de las víctimas, y las reparaciones económicas.

A pesar de ello, tan solo ocho gobiernos latinoamericanos conceden indemnizaciones a los afectados por la violencia de estos regímenes.

Argentina es uno de ellos. Entre 1991 y 2004 el Congreso aprobó tres leyes que indemnizan a los presos políticos, los familiares de desaparecidos y los hijos nacidos en cautiverio. De este modo, las familias de los desaparecidos fueron resarcidas con 224.000 dólares. Los ex-convictos recibieron 74,66 pesos por día de encierro. Los hijos nacidos durante la detención tuvieron acceso a una compensación de entre 70.000 y 245.000 pesos.

Castigo al dictador 16El estado paraguayo dio el paso de crear su Comisión de Verdad y Justicia en el 2003. Así se estableció la cifra de 20.090 víctimas directas de la represión de Stroessner.

En 2011 el gobierno gastó 9,4 millones de dólares en las reparaciones económicas a víctimas y familiares de desaparecidos bajo la dictadura. Pero desde entonces, más de 2.400 víctimas reconocidas no han percibido la ayuda prometida.

Otra de las naciones que reconoce el derecho a la reparación es Chile: prisioneros políticos, funcionarios públicos despedidos, y víctimas de tortura y los desaparecidos perciben pensiones anuales de entre 2.314 y 2.648 dólares de por vida, desde la ley de 2004. Además, se les incluye en el sistema público de salud. Los beneficios se extienden a los hijos de las víctimas, quienes gozan de educación gratuita y están exentos de realizar el servicio militar obligatorio.

La modalidad varía en Perú, donde las principales reparaciones son colectivas. A finales de 2013, 1.946 comunidades habían recibido 100.000 soles para proyectos de desarrollo económico Pero las poblaciones no lo consideran como una reparación por la violencia sufrida durante el conflicto. Recientemente el ejecutivo ha dado salida a una indemnización de 10.000 soles a padres y cónyuges de las víctimas. Aunque hasta ahora sólo una quinta parte de los casi 79.000 beneficiarios reconocidos la han percibido.

Castigo al dictador 15El plan para el reconocimiento de las víctimas puesto en marcha por Uruguay es más extenso. Además de dotar a 277 familiares y víctimas de la dictadura con 15.000 dólares por los daños causados, también les presta asistencia médica gratuita así como psicológica.

En cambio, en Bolivia, pese a la aprobación de una partida de 3,6 millones de dólares para sus 6.221 víctimas del despotismo de Hugo Banzer y Luis García Meza, la ley prevé que solo un 20% de los afectados se beneficien de la ayuda.

A la cola se encuentran estados como Guatemala que, con un lastre de 200.000 fallecidos por la violencia, especialmente durante el genocidio maya a manos de Ríos Montt: no concede compensación económica de ningún tipo.

Memoria histórica pendiente

La memoria histórica es un concepto que crea polémica. El reconocimiento por parte de las instituciones de lo ocurrido en el pasado y los daños provocados, así como la promoción de acciones para esclarecer el pasado son bien acogidas por aquellos que creen que un pueblo debe mantener viva su memoria para no volver a cometer los mismos errores.

Castigo al dictador 4En América Latina, la voluntad política por preservar esta memoria se ha extendido en los últimos años, aunque no es mayoritaria en la región. Un solo país, Venezuela, cuenta con una ley de memoria histórica.

Y menos de la mitad de las antiguas dictaduras han visto al jefe del Estado u otros agentes de la administración pedir perdón por los crímenes del pasado, cosa que ha sucedido únicamente en 7 países.

Las exhumaciones son otro de los temas pendientes para las familias y las víctimas, pues la mitad de estos estados todavía no realiza las investigaciones forenses necesarias para la identificación y la restitución de los restos.

Aún así, la conmemoración simbólica de las víctimas es la forma más frecuente en que dichos países mantienen viva la historia. En 11 de las 18 ex-dictaduras es posible encontrar monumentos, museos y centros para la memoria y los derechos humanos.

Castigo al dictador 10El caso de Argentina es llamativo. Es el estado con mayor índice de condenas por crímenes contra los derechos humanos, y donde más se ha perseguido a los responsables de la dictadura. Sin embargo, ningún presidente desde la vuelta a la democracia en 1983 ha pedido oficialmente disculpas a las víctimas. El único gesto de reconocimiento fue la instauración del Día Nacional por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo.

En el caso de Chile, el proceso de exhumaciones sigue abierto y ha tenido gran repercusión en casos como el del poeta Pablo Neruda.

El perdón por la actitud de la administración durante el período Pinochet todavía no ha llegado por parte del gobierno, pero los jueces se disculparon públicamente el pasado 5 de octubre por sus “acciones y omisiones” al negar protección a quienes denunciaron la represión entre 1973 y 1990.

La nación guatemalteca también recibió las disculpas del ex-presidente Álvaro Colom por el genocidio cometido sistemáticamente por los aparatos estatales entre 1960 y 1996. Y en mayo pasado un tribunal resolvió que el presidente deberá volver a disculparse con la etnia ixil. El Ejército y los ministros de Gobernación y Defensa deben todavía sumarse a la declaración.

Paraguay es otra de las naciones que está trabajando a favor de los derechos de las víctimas y los familiares. El pasado 14 de febrero liberó una partida de 72.600 dólares para la identificación de 20 cadáveres, que se sumaron a los 72.400 dólares que se destinaron el pasado mes de agosto a la Dirección de Reparaciones y Memoria Histórica.

Castigo al dictador 1Además, en 2008 el presidente Fernando Lugo salió públicamente a pedir perdón a las víctimas de la persecución de Stroessner.

Colombia, Honduras, Cuba, Ecuador, la República Dominicana y Haití son los países que menos trabajo han hecho a favor de su memoria colectiva por las dictaduras del pasado.

En esas condiciones, las víctimas de la violencia del Estado están lejos de hallar consuelo para cerrar heridas.

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La Gran Mentira

El caso de las “Listas de los 119”

Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena.
1973-1990

Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo
CODEPU – DIT – T

La Gran Mentira

Indice


 


 

Derechos Humanos en Chile | Desaparecidos Chile | Biblioteca Virtual

 


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Este libro ha sido editado en internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights el 25feb02.

La recuperación de los sitios de Memoria y la necesidad de preguntarnos por las fuerzas militares

12 de Julio de 2013 –

 

Ni tontos ni perezosos del 28 de enero 2012

Siguiendo con el segundo mes de análisis y conversación sobre Educación Militar, en Ni Tontas Ni Perezosos, decidimos invitar a Pablo Ruiz Félix Madariaga,el primero,del Observatorio de la Escuela de las Américas,y el segundo,parte de los procesos de recuperación de el ex-centro de detención 3 y 4 álamos,donde hoy, existe un centro de detención de niños perteneciente a SENAME. Inaudito.

 

En esta oportunidad hablamos del adoctrinamiento militar en la Escuela de las Américas, un poco de su historia, las tensiones que ha generado, su vinculación en golpes de Estado en latinoamérica, y el continuo envío de soldados chilenos a entrenarse en contra-insurgencia. Al mismo tiempo, conversamos  del Fuerte Aguayo base militar norteamericana instalada en Con Con durante el gobierno de Sebastián Piñera.

Además repasamos la importancia de la recuperación de los sitios de Memoria, y la impostergable necesidad de preguntarnos por las fuerzas militares y el rol que cumplen en el mantenimiento de un estado de cosas desigual y muy favorable para las elites políticas y económicas del país. Una conversación desde las entrañas del mal, y la memoria perdi

 

 
Cuando yo entré al Partido
-y que quede registrado que en aquellos años
al Partido no entraba cualquiera
ni era llegar y entrar-
me dijeron:
¡La revolución necesita cuadros!


De mi primer punto

en la acera oriente de calle Portugal
entre Avenida Matta y Victoria
con el diario “La Tercera” del día anterior en la mano derecha
llegué a casa corriendo
tomé un cuadro que mi madre tenía en la pared del salón
y se lo llevé al encargado 
de mi unidad miliciana

Muchos años han pasado

Casi tantos
como agua bajo los puentes 
y si me miro al espejo
lejos de ser un cuadro
sigo siendo
más bien
un círculo

El lunes

sin falta
me pongo a dieta

Inti-Illimani en un concierto
Inti-Illimani en un concierto (Photo credit: Wikipedia)

La Historia nos hermana, decimos, 

La Memoria nos une, decimos

pero la memoria olvida a menudo

que hay tantas memorias

y se hace carne entre nosotros

y en nuestros hijos

y en nuestros nietos

que no tienen nada para recordar

 

Presentación

A 40 años del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, los organismos de derechos humanos, los sitios de memoria, así como parte importante de la sociedad civil, continúan demandando al Estado un mayor compromiso tanto con los esclarecimientos de los crímenes del pasado y su correspondiente enjuiciamiento a los responsables, como un real avance en materia de respeto de los Derechos Humanos en la actualidad. En esta línea es que a 40 años del golpe, surge la necesidad de revisar cómo los gobiernos y la sociedad han afrontado este pasado violento, desde su visión más estática del pasado hasta las acciones de nuevas generaciones que insisten en renovar y revisitar el pasado con una visión crítica y constructiva. Ambas temáticas han convocado progresivamente el interés de académicos a nivel nacional e internacional.

En este contexto el Parque por la Paz Villa Grimaldi invita al debate y reflexión a través de la realización del Seminario Internacional “A 40 años del Golpe de Estado en Chile: Representación, Relato y Memoria. Un debate abierto”, el cual aspira a constituirse como un espacio para compartir y debatir diversas posiciones, investigaciones y experiencias en torno a las formas en que el terrorismo de Estado en Chile, así como en el resto del Sur y Centro América, se ha manifestado, y las maneras en que ha sido narrado por las distintas disciplinas del saber, así como el trabajo de rescate, puesta en valor y transmisión de la memoria que han realizado diversos actores sociales en materia de Derechos Humanos.