Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.

Nuestra Sra. Anita, Luis Emilio, Mañungo, Nalvia y Manuel…presuntos desaparecidos.
Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión. Ana González de Recabarren, activista de Derechos Humanos Chile

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MANUEL GUILLERMO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 7.311.072-6 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-53, 22 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, dos hijos

Actividad            :            Gásfiter

C.Repres.            :            Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : NALVIA ROSA MENA ALVARADO

Rut       : 7.688.548 de Santiago

F.Nacim. : 26-08-55, 20 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casada, un hijo, embarazada

Actividad            :            Dueña de casa

C.Repres. : Militante de las Juventudes Comunistas

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : LUIS EMILIO RECABARREN GONZALEZ

Rut       : 5.473.525 de Santiago

F.Nacim. : 06-02-47, 29 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, un hijo

Actividad            :            Técnico Gráfico. Fotomontajista

C.Repres. : Ex dirigente de la Asociación de Funcionarios de la Universidad Técnica del Estado. Militante del Partido Comunista

F.Detenc. : 29 de abril de 1976

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Nombre : MANUEL SEGUNDO RECABARREN ROJAS

Rut       : 1.464.283 de Santiago

F.Nacim. : 18-09-25, 50 años a la fecha de su detención

Domicilio : “Cantares de Chile” Nº 6271, Paradero 16 de Sta. Rosa, San Miguel, Santiago

E.Civil  : Casado, seis hijos

Actividad            :            Jubilado

C.Repres. : Ex presidente de los sindicatos de Editorial Universitaria y Editorial Nacimiento. Ex dirigente nacional del gremio de Gráficos. Presidente de las Juntas de Abastecimiento y Control de Precios -JAP-de San Miguel. Dirigente del Partido Comunista

F.Detenc. : 30 de abril de 1976

                                                                   

 

 

 

SITUACION REPRESIVA

            Nalvia Rosa Mena Alvarado, casada, un hijo, embarazada de tres meses, dueña de casa, militante de las Juventudes Comunistas; su cónyuge Luis Emilio Recabarren González, técnico gráfico, ex dirigente sindical; su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González, casado, dos hijos, gásfiter; ambos militantes del Partido Comunista y su suegro Manuel Segundo Recabarren Rojas, casado, seis hijos, jubilado, ex dirigente sindical gráfico, militante del Partido Comunista, fueron detenidos por la DINA, entre el 29 y el 30 de abril de 1976. El día 29 de abril, alrededor de las 21:30 horas, Nalvia Rosa Mena fue detenida -en compañía de su esposo Luis Emilio Recabarren González, del hijo de ambos, Luis Emilio Recabarren Mena, de dos años y medio de edad y de su cuñado Manuel Guillermo Recabarren González- por agentes de la DINA en un operativo montado en el sector de Sebastopol con Santa Rosa.

Ese día, aproximadamente a las 19.30 horas, Nalvia Rosa junto a su hijo, fue hasta el lugar de trabajo de su esposo, ubicado en calle Nataniel N° 47 para, en compañía de éste y de su cuñado Manuel Guillermo, dirigirse desde ahí hasta su hogar, cosa que hicieron alrededor de las 21:00 horas; sin embargo, no llegaron a su destino.

El único que llegó, hasta las proximidades del domicilio, fue el pequeño Luis Emilio, quien fue abandonado alrededor de las 23:30 hrs. en el lugar, por un sujeto alto y corpulento que se movilizaba en un taxi.

Por averiguaciones posteriores e informaciones de vecinos que fueron testigos presenciales de la aprehensión, se supo que Nalvia Rosa -con tres meses de gravidez- había sido golpeada en el vientre con la culata de una metralleta, a pesar de sus gritos y súplicas y, en estado inconsciente, introducida en uno de los vehículos en que se movilizaban los agentes.

Al día siguiente, Manuel Segundo Recabarren Rojas, padre de los Recabarren González, salió de casa muy temprano, siendo detenido a las 07:10, en los momentos en que se disponía a abordar un bus con el propósito de iniciar gestiones tendientes a ubicar a sus familiares que habían sido detenidos la noche anterior. Desde ahí, Manuel Segundo Recabarren Rojas fue trasladado por sus captores hasta el cuartel denominado Villa Grimaldi, recinto de detención clandestino de la DINA, donde pudo ser visto por otros detenidos. Algunos de ellos, que recobraron su libertad, declararon ante la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación, haberle perdido el rastro en agosto de 1976. Se consignó en el informe de esa Comisión que, desde esa fecha, de ninguno de los cuatro detenidos se ha vuelto a tener noticias.

Cabe señalar que, a pesar que el Gobierno militar negó la detención de los afectados, constan declaraciones del 14 y 17 de julio de 1976 de la División Nacional de Comunicación Social, (DINACOS), a través de las cuales dio a conocer que tras operativos realizados por los servicios de seguridad se había logrado desbaratar treinta y dos casas-buzones del Partido Comunista, que servían de enlace entre la Dirección Nacional de dicho partido y sus Comités Regionales; además de la detención de militantes de dicha colectividad, se agregaba que no se podían entregar más antecedentes a fin de no entorpecer las investigaciones que se realizaban.

Otro antecedente probatorio de la acción de organismos de seguridad en la desaparición de los afectados, apareció en la edición del 12 de agosto de 1976 del semanario “Qué Pasa”, en el que en un artículo bajo el título “Del MIR al PC” se señala que habían sido detenidos militantes y dirigentes del Partido Comunista, tras operativos realizados por los organismos de seguridad. Incluso, se entregaban nombres de algunos de los detenidos.

 

 

GESTIONES JUDICIALES Y/O ADMINISTRATIVAS

El 30 de abril de 1976 se interpuso un recurso de amparo ante la Corte de Apelaciones de Santiago en favor de Luis Emilio Recabarren González, Nalvia Rosa Mena Alvarado, Manuel Guillermo Recabarren González y de Manuel Segundo Recabarren Rojas, el que fue rolado con el N°352-76. Durante la tramitación de éste -y sólo 20 días después de ser presentado- el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, ofició informando que ninguno de los amparados se encontraba detenido por orden de esa Secretaría de Estado, agregando que la Dirección de Inteligencia Nacional (DINA) no registraba en sus kardexs antecedentes relativos a las víctimas, (20 de mayo de 1976). El 26 de mayo del mismo año, el Ministro Benavides reiteró dicha información. El 1° de junio de 1976, y sin otras diligencias, la Corte rechazó el amparo. La Corte Suprema confirmó la resolución el 7 de junio de 1976 ordenando a la Corte de Apelaciones que dispusiera la remisión de los antecedentes al Tribunal del Crimen correspondiente.

Así, se instruyó, en el 2° Juzgado del Crimen de San Miguel la causa rol N°109.195, el 24 de junio de 1976, la que fue acumulada al proceso rol N°20.027-9 originado en una denuncia por secuestro que había presentado la familia de los afectados, el 18 de junio de 1976, ante el mismo Tribunal.

El 26 de agosto de 1976, el General de División y Ministro del Interior, Raúl Benavides Escobar, informó que ninguno de los afectados se encontraba detenido por orden de dicho organismo. Ante una orden judicial, Investigaciones señaló haber concurrido a la Cárcel de Santiago, Penitenciaría y Casa Correccional, sin obtener resultados positivos. Asimismo, dijo que en los listados de la Secretaría Nacional de Detenidos (SENDET) no aparecían registradas las víctimas (30 de julio de 1977). Después de que se tomaron declaraciones a familiares, sin otras diligencias, el 30 de septiembre de 1977, se cerró el sumario y se sobreseyó temporalmente la causa porque, no obstante aparecer”comprobado” con los antecedentes de autos la existencia del delito de secuestro denunciado de Nalvia Rosa Mena Alvarado, Luis Emilio Recabarren González, Manuel Guillermo Recabarren González y Manuel Segundo Recabarren Rojas, no existen indicios suficientes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinadas personas”. El 17 de noviembre de 1977, la Corte de Apelaciones de Santiago confirmó la resolución consultada.

El 7 de diciembre de 1977, Ernestina Elena Alvarado Rivas -madre de Nalvia Rosa Mena- interpuso una querella en contra de Nelson Rivas, funcionario civil del Ministerio de Defensa Nacional, por su calidad de encubridor del delito de secuestro perpetrado en las personas de sus familiares. En la presentación relató las circunstancias que rodearon las detenciones de ellos y agregó que en julio de 1976 había dirigido una carta al General Rolando Garay Cifuentes con el objeto de que éste, en su calidad de Jefe Militar de la Plaza de Santiago, le informara sobre el paradero de los afectados. En los primeros días de agosto, señalaba Ernestina Alvarado, concurrió al Departamento Confidencial del Ministerio de Defensa (6° piso) para inquirir sobre el resultado de la investigación solicitada al General Garay. Allí la atendió un funcionario de civil que le dijo llamarse Nelson Rivas, y quien -en una segunda visita- le comunicó que la investigación tocaba a su fin y que sus familiares se encontraban vivos y ubicados. A fines de agosto de 1976, la testigo volvió a encontrarse, por tercera vez, con Nelson Rivas, quien desmintió lo expresado en la reunión anterior. Ante la insistencia de Ernestina Alvarado, Nelson Rivas respondió “¿Le he entregado algo por escrito? Yo debo cuidar mi pellejo”. El Tribunal dio lugar a la querella, reabriendo el proceso rol 20.027-9 el mismo 7 de diciembre de 1977.

Dos días más tarde, el 9 de diciembre, el Juez impartió una orden de investigar, la que fue respondida el 9 de febrero de 1978. Sin embargo, el 7 de marzo de 1978, se debió dar una nueva orden puesto que el Tribunal verificó que la investigación anterior “no se extendió en absoluto a la persona de Nelson Rivas”, sindicado como encubridor del delito de secuestro. El 19 de abril del mismo año, Investigaciones informó que “en relación al funcionario Nelson Rivas, no hay ninguno de ese nombre en el Departamento (Confidencial), ni lo ha habido anteriormente”. Se agregaba que en el Departamento del Personal del Ministerio de Defensa “no se obtuvieron informaciones en relación a Nelson Rivas, por desconocerse el apellido materno y el grado que pudiera haber tenido”.

El 28 de abril de 1978, se cerró el sumario y se sobreseyó total y definitivamente la causa en virtud del Decreto Ley de Amnistía 2.191, dictado el 19 de abril de ese mismo año. El dictamen del Fiscal señaló que “acreditado el delito de secuestro investigado en estos autos y no habiéndose hasta ahora reunido antecedentes para acusar como autor, cómplice o encubridor del mismo a determinada persona, este Ministerio es de parecer de dejar sin efecto la resolución que se consulta en cuanto sobresee definitivamente la causa, y ordenar se prosiga la investigación con el objetivo señalado o, en subsidio, se sobresea temporalmente la causa”. El 21 de junio de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago dispuso que el sobreseimiento debía tener el carácter de temporal. Se apeló de la resolución y el 4 de octubre de 1978, la Corte de Apelaciones de Santiago ordenó la reapertura del sumario indicando la necesidad de individualizar al funcionario Nelson Rivas y su citación a comparecer ante el Tribunal.

Frente a las consultas realizadas por el Tribunal, el Coronel Julio Bravo Valdés, Subsecretario de Guerra, informó, el 8 de noviembre de 1978, que Nelson Rivas no figuraba en los registros de personal del “Organismo que funciona en el 6° piso de este Ministerio”. En octubre de 1979 -y después que se realizaran distintas diligencias en orden a ubicar a Nelson Rivas- el Tribunal se constituyó en el Gabinete de Identificación de Santiago, constatando que existía un total de 49 personas que respondían a dicho nombre. Se anexaron entonces al proceso las fichas dactiloscópicas de esas personas y sus respectivas fotografías. Simultáneamente se expedían Oficios tendientes a individualizar al ya mencionado Nelson Rivas. Respecto a él, el Ministro del Interior Subrogante, Enrique Montero Marx, informó el 4 de febrero de 1981, que la Superioridad de la Central Nacional de Informaciones (C.N.I.) había expresado carecer de antecedentes. El 19 de febrero del mismo año, el Coronel Rigoberto Majmud Gallardo, Jefe del Estado Mayor Subrogante de la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que en su Repartición “no ha existido ni existe funcionario de nombre Nelson Rivas”. Por su parte, el Teniente General y Ministro de Defensa Nacional Washington Carrasco Fernández, ante una consulta tendiente a identificar al Jefe de Departamento que funcionaba en el 6° piso de dicha Secretaría de Estado en agosto de 1976, comunicó que era “imposible acceder a lo solicitado” por cuanto la documentación sobre materias de personal había sido destruida por disposiciones internas puesto “que no se cuenta con el espacio suficiente para su archivo”.

El 3 de noviembre de 1982, compareció ante el Tribunal Ernestina Alvarado, la que ratificó todas sus declaraciones anteriores y expuso que ninguna de las fotos que se le exhibieron correspondía al Nelson Rivas que trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa. Agregó que, posteriormente, fue atendida en dicho lugar por el Coronel Cruz quien le dijo que efectivamente allí no había ningún Nelson Rivas y que “posiblemente se trataba de alguna persona que estaba con chapa”. En un escrito de marzo de 1983, Ernestina Díaz señaló que también se habían entrevistado con el Coronel Cruz, Ana González González -madre de los hermanos Recabarren González y cónyuge de Manuel Recabarren Rojas- y Viviana Díaz Caro, hija del actualmente detenido desaparecido Víctor Díaz López. Al respecto, Ernestina Alvarado solicitó que se individualizara al Coronel Cruz y que se citara a declarar al General Rolando Garay Cifuentes. En relación a estas solicitudes, el Vicealmirante Patricio Carvajal Prado, Ministro de Defensa Nacional, ofició diciendo que en esa Secretaría de Estado no se desempeñaba ningún Oficial Superior de apellido Cruz (29 de septiembre de 1983) y que el Mayor General Rolando Garay se encontraba en retiro, desempeñándose como Embajador de Chile en la República de Egipto. (12 de septiembre de 1983).

Viviana Díaz Caro declaró ante el Tribunal el 21 de junio de 1984 exponiendo que efectivamente en el mes de enero de 1979 había acudido al Ministerio de Defensa, junto a la señora Ana González González, con el objeto de pedir autorización para realizar un acto en el Teatro Caupolicán relativo a los detenidos desaparecidos. Para ello, debieron subir al 6° piso de dicha Secretaría de Estado, en donde las atendió un Coronel de Ejército de apellido Cruz. Fue entonces cuando la señora González le preguntó si conocía a Nelson Rivas, a lo que el Oficial respondió positivamente, ofreciendo incluso llamarlo. Sin embargo, cuando llegó a la oficina una persona, el Coronel Cruz le preguntó si él era Nelson Rivas, quien contestó que su nombre era Nelson pero que su apellido no era Rivas. Entonces el Coronel Cruz les manifestó que se había confundido y que allí no trabajaba ningún Nelson Rivas. Por su parte, la señora Ana González agregó que el Coronel Cruz le había dado “su palabra de Militar” de que allí trabajaba Nelson Rivas. Posteriormente se logró identificar al Coronel Cruz como a Marcelo Moren Brito, funcionario de la DINA.

En virtud de estos últimos antecedentes, el Tribunal solicitó el Extracto de Filiación y Antecedentes de Marcelo Luis Manuel Moren Brito, Rut 3.392.364-3, el que compareció al Tribunal el 27 de junio de 1985. Dio a conocer su curriculum al interior del Ejército, diciendo que había sido llamado a retiro en mayo de 1985 y que había estado asignado a la DINA desde fines de 1973 y hasta 1977, permaneciendo en Villa Grimaldi y en el Cuartel General. Agregó que en 1979 trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa, en la Comandancia en Jefe del Ejército y que él era la persona que informaba al General Enrique Morel Donoso sobre “los supuestos desaparecidos”. Explicó que en esa época el General Rolando Garay se desempeñaba como Intendente de Santiago y que éste le pedía al General Morel la información relacionada con los “presuntos desaparecidos”. Su rol -señaló Moren Brito- era hacer las consultas a Investigaciones, CNI y otros organismos, para informar al General Morel. Agregó que en su repartición no existía ningún Coronel Cruz y que debe haber sido él mismo quien atendió a las mencionadas señoras. Finalizó diciendo que en el 6° piso del Ministerio de Defensa trabajaba un Cabo de apellido Rivas, pero que no se llamaba Nelson y que no recordaba su nombre preciso, el que debiera estar registrado en la Comandancia en Jefe.

El 25 de julio de 1985, tuvo lugar un careo entre Viviana Díaz Caro y Marcelo Moren Brito. Ella reconoció al agente como el “Coronel Cruz” y reiteró sus declaraciones. Por su parte, Marcelo Moren Brito dijo que nunca se había hecho llamar “Coronel Cruz”, que efectivamente había un Cabo de apellido Rivas y que recordaba haber atendido a la testigo en su oficina del 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional. También este mismo día, Moren Brito fue careado con al señora Ana González González, quien reconoció en él al “Coronel Cruz”, agregando que éste le había dicho que allí había un funcionario de nombre Nelson Rivas, cuestión que después le negó. Moren Brito reiteró los términos anteriores y señaló haber conversado con Ana González en el 6° piso del Ministerio de Defensa.

A partir de las declaraciones de Moren Brito, el Tribunal inició diligencias tendientes a ubicar al Cabo Rivas. El 19 de diciembre de 1985, el Brigadier General Carlos Ojeda Vargas, Comandante General de la Guarnición de Ejército de Santiago, ofició diciendo que esa repartición no tenía antecedentes que algún Cabo de apellido Rivas hubiese prestado servicios entre los años 1973 y 1974. Se expidió entonces una orden judicial en la que señalaba que el Cabo Rivas trabajaba en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional, Oficina Confidencial, y que en los años 73-74 estaba en la Comandancia General de la Guarnición de Ejército de Santiago. El 7 de marzo de 1986, Investigaciones informó que en el Ministerio de Defensa no se pudo realizar la diligencia encomendada por no contarse con mayores datos respecto a su nombre. También se hizo presente que en esa Secretaría de Estado les habían manifestado que todo tipo de consultas que requiriera el Tribunal debía hacerlas mediante Oficio.

El 11 de marzo de 1986, el Tribunal decretó una serie de diligencias. Entre ellas, una nueva citación al Coronel (R) Marcelo Moren Brito; citar a Orlando José Manzo Durán, a raíz de que muchos detenidos fueron recluidos en el Campamento de Cuatro Alamos; solicitar informes por escrito sobre estos hechos a los Generales Rolando Garay y Enrique Morel; y oficiar a la Comandancia en Jefe del Ejército para que informara si era habitual que los funcionarios que se desempeñaban en la Oficina Confidencial del 6° piso del Ministerio de Defensa, usaran nombres distintos a los propios, atendido el carácter de sus funciones.

El 8 de mayo de 1986 compareció Orlando José Manzo Durán quien declaró que entre 1974 y 1977 estuvo en comisión de servicio en la DINA, desempeñándose como Comandante del Campamento de Cuatro Alamos. En relación a los afectados, dijo no tener antecedentes que proporcionar e ignorar si estuvieron detenidos o no en Cuatro Alamos, aunque era factible que ello hubiera podido ser.

El 17 de junio de 1986, por Oficio, declaró el Mayor de Ejército Enrique Morel Donoso. Dijo que en 1976 se desempeñaba como Comandante de la II División de Ejército con asiento en Santiago, y que nada tenía que ver con problemas de detenidos o de desaparecidos. Agregó que en 1976 Marcelo Moren Brito no se encontraba en Chile, sino que cumplía comisión de servicio en Brasil. También aclaró que no tenía “el recuerdo ni la sensación de que el señor General Garay como Intendente de Santiago, me haya formulado peticiones de informes sobre presuntos desaparecidos”. Más aún, agregó estar seguro de no haber tenido conocimiento que se hubiese practicado alguna investigación ordenada por él.

El 25 de junio de 1986, se consignaron las declaraciones que por Oficio prestó el Mayor General Rolando Garay Cifuentes. Dijo que durante 1976 se desempeñaba como Comandante de la Guarnición de Ejército de Santiago y Jefe de la Zona en Estado de Emergencia de la Región Metropolitana. Manifestó que en calidad de tal recibía todo tipo de cartas cuyos contenidos no recuerda. En cuanto a Marcelo Moren Brito expresó ubicarlo por su nombre, pero que no lo conocía personalmente. Expresó también que su labor de Intendente de Santiago la desempeñó desde 1977 y hasta 1980.

El 8 de julio de 1986, compareció, por segunda vez, Marcelo Moren Brito. En esta oportunidad dijo no recordar las características físicas del Cabo de Ejército de apellido Rivas y reiteró que el General Enrique Morel Donoso ordenaba hacer averiguaciones sobre “presuntos desaparecidos”. Casi simultáneamente, el 15 de julio de 1986, el Coronel Sergio Moreno Saravia, Subsecretario de Guerra, informaba al Tribunal que en el 6° piso del Ministerio de Defensa Nacional no existía ningún Departamento Confidencial y que su personal no usaba nombres distintos a los verdaderos. En lo referente a Marcelo Moren, se decía que éste se había desempeñado en las dependencias del 6° piso entre fines de 1978 y enero de 1981 y que no existía antecedente alguno respecto a “que le haya correspondido indagar, participar o dirigir las averiguaciones por el desaparecimiento de las personas mencionadas” (Familia Recabarren).

El 4 de noviembre de 1986 se cerró el sumario y sobreseyó temporalmente la causa por octava vez. En su dictamen el Fiscal señaló “se consulta una vez más a este Ministerio, el dilema de aceptar pasivamente que el Juez se estrelle contra el Muro del Silencio o pedir a SS.Iltmas. que le haga insistir que los obstáculos son para vencerlos; esto requiere un exceso de afán investigatorio que en épocas de normalidad jurídica, cuando el Juez era Juez, sus órdenes, acatadas y respetadas, era una característica sobresaliente”. Se finalizaba diciendo “sea cual sea el resultado, el destino de este proceso es posible que no pueda tener su elemento esencial, el reo, pero podríamos, por lo menos, dar una indubitada sensación de que se ha hecho lo imposible para proporcionar la tranquilidad de saber el destino de las personas desaparecidas”. Firmaba el dictamen el Fiscal Tomás Dahm Guíñez. El 5 de diciembre de 1986, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución consultada y ordenó la reapertura del sumario.

Posteriormente, en marzo de 1987, ante un nuevo sobreseimiento temporal el Fiscal Dahm expresó “al examinar los antecedentes que se agregan a este proceso, para este Ministerio es la sensación de una noche triste, larga, oscura, infecunda, en búsqueda de la verdad”. Por último, agregaba “a pesar de los 10 años de tramitación sin resultados positivos, de las trescientas noventa y tres fojas, este Ministerio es de opinión que los efectos de sobreseimiento temporal se suspendan, revocándose la resolución consultada”, (6 de marzo de 1987). El 28 de agosto de 1988, la Corte de Apelaciones de San Miguel revocó la resolución del Juez y ordenó, entre otras cosas, una nueva comparecencia al Tribunal de Marcelo Moren Brito.

En esta etapa del proceso, el 6 de octubre de 1988, el Brigadier Humberto Leiva Gutiérrez, Vicedirector Nacional de la C.N.I., informó que ninguno de los afectados registraba actividades políticas u órdenes de aprehensión pendientes. El 16 de diciembre del mismo año el Mayor General Enrique Morel Donoso hizo una segunda declaración, por Oficio, en la que reiteró tener la seguridad que el General Garay no le solicitó ninguna investigación relativa a personas desaparecidas. También el Mayor General Rolando Garay Cifuentes, en diciembre de 1988, declaró una vez más por Oficio, señalando que entre los años 1977 y 1980 se desempeñó como Intendente de Santiago y que, en su calidad de tal, no estaba relacionado con situaciones de detenidos. Cuando se encontraba pendiente la citación a Marcelo Moren Brito -sin que hubiese sido posible para el Tribunal su ubicación- el 9 de agosto de 1989, el II Juzgado Militar de Santiago solicitó la inhibitoria del 2° Juzgado del Crimen de San Miguel para seguir conociendo del proceso. De esta manera, la Justicia Ordinaria se declaró incompetente, y los antecedentes fueron remitidos a la Justicia Militar, la que los radicó en la 2a. Fiscalía, siendo acumulados a la causa rol N°553-78 (16 de octubre de 1989), la que se había originado en una querella que familiares de 70 detenidos-desaparecidos presentaron en contra del General Manuel Contreras Sepúlveda, del Coronel Marcelo Moren Brito y del Teniente Coronel Rolf Gonzalo Wenderoth Pozo.

Sin que se realizara ninguna diligencia en relación al desaparecimiento de Nalvia Rosa Mena, de los dos hermanos Recabarren González y del padre de éstos, Manuel Recabarren Rojas, y ninguna diligencia durante cuatro años, el 20 de noviembre de 1989, el Teniente Coronel de Ejército Enrique Ibarra Chamorro, Fiscal General Militar, solicitó para esta causa la aplicación del Decreto Ley de Amnistía (D.L. 2.191), porque el proceso había tenido como finalidad exclusiva la investigación de presuntos delitos ocurridos durante el período comprendido entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1978 y porque, durante los 10 años de tramitación, no se había logrado “determinar responsabilidad de persona alguna”. El 30 de noviembre de 1989, la solicitud fue acogida por el 2do. Juzgado Militar, el que sobreseyó total y definitivamente la causa -la que aún se encontraba en etapa de sumario- por “encontrarse extinguida la responsabilidad penal de las personas presuntamente inculpadas en los hechos denunciados”. Las partes querellantes apelaron de dicha resolución a la Corte Marcial, la que confirmó el fallo en enero de 1992. Se interpuso entonces un Recurso de Queja ante la Corte Suprema de Justicia, la que al mes de diciembre de 1992, aún no evacuaba su resolución.

(Antecedentes completos de la Querella en contra de Manuel Contreras Sepúlveda se encuentran en la ficha de Eduardo Alarcón Jara, 30 de julio de 1974).

 

  Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Carta de Ana Gonzalez a Juan Emilio Cheyre

Santiago, 28 de Enero del 2004

Ejército de Chile
Comandante en Jefe
General del Ejército

Juan Emilio Cheyre Espinosa:

Quiero empezar esta carta abierta dirigida a usted, General Cheyre,
con el pensamiento de un poeta, al que nuestra poetisa Gabriela
Mistral, admiraba: “Los hombres van en dos bandos, los que aman y
fundan, los que odian y deshacen”. En su entrevista de la revista
“Siete más siete”, usted expresa que tiene miedo, yo diría que como
buen militar, no es el miedo lo que lo invade, sino que usted está
horrorizado, espantado ante los brutales y macabros crímenes,
violaciones y torturas, que sus subalternos le han relatado; crímenes
que repugnan a la conciencia de cualquier ser humano normal.

Razonemos juntos, General, si algunos militares fueron tan valientes
para dar el Golpe de Estado y optaron por la cultura de la muerte,
con el pretexto de salvar al país de los siniestros
constitucionalistas, entre ellos al General Prats. ¿Por qué
abandonaron esa valentía, al momento de reconocer los crímenes,
diciendo la verdad?

General, dice usted que su señora sabe llevar sus penas. Me alegro
por ello, sólo que entre mis penas y las de su señora existe una gran
diferencia. Ella sufre por su padre acusado por violar los Derechos
Humanos. Yo sufro por los mágicos y soñadores 21 años de mi nuera
Nalvia, embarazada de tres meses, por mis hijos Luis Emilio y
Mañungo, y por mi esposo Manuel. Todos ellos fueron detenidos y
ocultados en el fondo de la tierra. Pero yo no sufro sólo por mi
dolor de ausencia, muero un poco cada día al pensar lo que mis amados
sufrieron, en la más completa indefensión.

General, sólo hay una manera que usted comprenda. Pongámonos cada uno
en el lugar del otro. Piense por un segundo que yo soy usted y le
hubiesen arrebatado a sus hijos, a su nieto por nacer, a su amada
señora, a su querida madre y nadie le diga absolutamente nada,
indefenso frente al Estado, indefenso frente a la Justicia, indefenso
frente a los medios de comunicación. Sin embargo, su suegro, el
General Forestier, ha tenido la Justicia y el derecho a tener cerca a
los suyos; los míos no tuvieron nada, sólo oscuridad y desamparo.

Yo quisiera creer que para los míos no hubo parrillas, ni pau de
arará, ni submarinos húmedos o secos. Yo quisiera creer que el bebé
de Nalvia nació y otras manos mecieron su cuna, yo quisiera creer que
ese nieto aun vive y tendría 27 años y que algún día lo encontraré.
Toda esa verdad, General, está en sus manos, verdad que no destruirá
al Ejército. Al contrario, sólo entonces, será su ejército y mi
ejército, y el ejército de todos los chilenos, porque se habrá
reivindicado de lo que un día los llevó a matar a sus propios
hermanos.

Usted ya conoce la terrible historia, por lo tanto tiene una parte de
la solución, no puede seguir siendo el paño de lágrimas o escuchando
el golpe de pecho de un mea culpa, no sólo tiene que ver con el
ejército sino que con la Patria toda.

No puede haber impunidad porque este drama atraviesa a toda la
Sociedad y, por el bien de ella, es necesario que haya Verdad y
Justicia, ¡Ya y ahora!

Cuando el Derecho ejercitado por instituciones, por personas que
ocultan la verdad, se parece mucho al crimen, se declara usted
“desesperanzado” por los entrabamientos que a su juicio han tenido
los proyectos de ley sobre derechos humanos, porque “a las víctimas
no les están dando respuesta a sus legítimas aspiraciones y las
mantienen en un duelo permanente. Y para los procesados, muchos de
los cuales pueden ser incluso no culpables, se les aplica una
situación casi de venganza al no poder avanzar los procesos.

¿Usted se declara desesperanzado, General Cheyre? ¿Cómo debería
sentirme yo y los miles de familiares de los detenidos desaparecidos
en Chile, que llevamos una vida entera clamando por Verdad y Justicia?

Esas son nuestras “legítimas aspiraciones” que usted dice
reconocernos. ¿Por qué habla usted de “una situación casi de
venganza” al referirse a los procesados por violaciones a los
derechos humanos?

Le invito a que busque una sola declaración, una acción, un gesto de
nuestra Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, o en mi
propia lucha que se asocie con venganza.

Precisamente porque no nos anima la venganza es que apelamos a la
Justicia, la forma civilizada que tiene la sociedad de investigar y
castigar los delitos. Porque aún creemos en la Justicia, pese a todo.
Es que nunca transigiremos con la impunidad que aún persiguen
denodadamente quienes no quieren entender que los crímenes de lesa
humanidad no son amnistiables, no prescriben y gozan de jurisdicción
universal.

General, usted no es insensible al dolor, como yo. A usted y a mí, la
verdad nos estremece, pero usted parece no haber asumido aún que la
verdad y la justicia son una necesidad imperiosa para el bien de
nuestra sociedad.

Apelo a su honor militar, a su conciencia, a su amor por la
institución. Los porfiados hechos lo llevan a un único camino: la
impunidad no puede ser el epílogo de esta tragedia nacional. Sólo
entonces, sólo entonces, habrá un Nunca más, como usted y yo lo
deseamos.

Sin embargo, en sus palabras yo noto una velada amenaza al decir que
“siempre que nos portemos bien”, y con esta frase entre líneas, me
está usted quitando el derecho a soñar en un mañana mejor.

Nunca más un 11 de septiembre, nunca más masacres en la Escuela Santa
María, nunca más masacre en Lonquimay, nunca más masacres en el
Seguro Obrero, nunca más masacres en Plaza Bulnes, nunca más masacres
en José María Caro, nunca más masacres en Puerto Montt, nunca más
masacres en ningún rincón del país, nunca más violaciones de los
derechos humanos, nunca más, nunca más, nunca más.

Ana González de Recabarren

119 de Nosotros y el papel de la Prensa. Operación Colombo.

A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”
foto Luis Fernando Arellano (Kallejero)
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A 41 años de la Operación Colombo: “La espera es un óxido terrible, ¡sigan nuestra lucha!”

22 Julio 2016

Lucía Sepúlveda Ruiz

/ periodismosanador.blogspot.com

Dirigiéndose con voz desgarrada a estudiantes de derecho de la U de Chile en el conversatorio “41 años de la Lista de los 119”, la señora Rosa Acuña, hermana de Miguel Angel Acuña Castillo, les exhortó: “Les pido a ustedes, que por favor sigan con fuerza nuestra lucha, que no concluya cuando ya no estemos. Porque nos queda muy poco y necesitamos que se sepa la verdad. La espera por justicia es un óxido terrible. Nos está matando de a poco. Mi madre antes de morir me pidió que buscara a Miguel Angel y lo enterrara junto a ella.” Cuando fue secuestrado el 8 de julio de 1974, Miguel Angel (“Pampa”) tenía 19 años, era estudiante del Pedagógico y dirigente del Frente de Estudiantes Revolucionarios FER. Su nombre figuró en la fatídica Lista de los 119, publicada en 1975.

El conversatorio que tuvo lugar en la escuela de derecho, fue organizado por Familiares y Amigos de los 119, junto a Actuar Colectivo y Londres 38 Espacio de Memoria el 20 de julio. Hace 41 años, el 24 de julio, los diarios del duopolio publicaron la llamada “Lista de los 119”, un montaje transnacional que fue el preludio de la Operación Cóndor y que pretendía encubrir los secuestros y desapariciones de luchadores antidictatoriales. La DINA, el servicio secreto de Pinochet, denominó “Operación Colombo” a este montaje. Los diarios de la cadena El Mercurio fueron parte crucial de la maniobra “informando” en grandes titulares que ellos habían muerto en el exterior producto de rencillas internas. Reprodujeron notas de Lea y O Dia, revistas creadas para ese fin en Argentina y Brasil.

Presentes

Los criminales y sus cómplices de la prensa que aún nos desinforma, nunca imaginaron que los y las caídos en la Operación Colombo seguirían con nosotros, de las más diversas maneras. Los estudiantes de derecho aplaudieron al enterarse que por fin este año para los casos de Darío Chávez, Germán Moreno y Cecilia Castro, que pasaron por sus mismas aulas, la justicia comenzaba a hacer su tarea, con fallos de primera instancia en los dos primeros casos, y con acusación en el de Cecilia Castro.

“Los 119” están asimismo presentes en el 10° Encuentro del Instituto Hemisférico de Performance y Política “excéntrico: Disidencias, soberanías, performance” que se desarrolló en Santiago. En la mañana del jueves 21, la canadiense Christine Brault presenta “Tejiendo memorias” en Londres 38 mientras que la performance del Complejo Conejo es “Exterminados como ratones”, en tránsito desde Londres 38 al Teatro Antonio Varas.

Los sobrevivientes vieron por última vez a estos luchadores antidictatoriales en centros de tortura ubicados en Londres 38, Villa Grimaldi, la “Venda Sexy” o Cuatro Álamos y su valiente testimonio ha permitido un avance lento pero sostenido en las demandas por justicia. Al igual que el año pasado, una huelga de hambre de expresos políticos opera como telón de fondo de la impunidad y desmemoria oficial.

carmen bueno

Se llamaban María

Entre las 19 jóvenes mujeres desaparecidas en este montaje de la dictadura, había 7 que se llamaban María, como María Inés Alvarado, M. Angélica Andreoli, M. Teresa Bustillos, M. Teresa Eltit, M. Elena González, M. Isabel Joui, M. Cristina López. Los otros nombres eran Jacqueline Binfa, Carmen Bueno, Sonia Bustos, Cecilia Castro, Muriel Dockendorff, Jacqueline Drouilly, Violeta López, Eugenia Martínez, Marta Neira, Patricia Peña, y Bárbara Uribe. En la comuna de Quinta Normal, habrá el 26 de julio una representación teatral de la Compañía Ruta de la Memoria, con la obra “Cuerpo Quebrado”, en homenaje a ellas, que sufrieron tortura y violencia sexual.

Once de los 119 desaparecidos eran secundarios, y siete de ellos eran egresados del Liceo Manuel de Salas. Del total, 47 eran alumnos, egresados o docentes de la Universidad de Chile, del Pedagógico, o de Arquitectura, Conservatorio, Medicina, Periodismo, Trabajo Social, Ingeniería; 11 lo eran de la Universidad Técnica, hoy USACH y 9 eran de la U de Concepción. Varios eran de Ñuñoa, otros de Villa Francia, o de las poblaciones José María Caro, La Legua, La Bandera, o Lo Hermida. Algunos eran originarios de Antofagasta, o La Serena, Talca, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. La mayoría militaba en el MIR pero también había comunistas, socialistas, del MAPU o sin militancia.

Justicia en cámara lenta

A julio de 2016, ha habido 44 fallos de la Corte Suprema, pero tan sólo por 33 de los 119 crímenes los perpetradores cumplen prisión efectiva (ver cuadro 1) ya que en otros casos las penas fueron muy bajas. Apenas en 28 de estas 44 sentencias de la Suprema, los perpetradores recibieron penas mayores a los 10 años de prisión por los crímenes de la Operación Colombo, considerada hoy como la marcha blanca de la Operación Cóndor desarrollada posteriormente por la DINA junto a los servicios de inteligencia del Cono Sur y otros.

Además, hay 9 sentencias ya confirmadas por la Corte de Apelaciones que deben seguir su camino hacia el alto tribunal, y en total son 34 los fallos de primera instancia (ver cuadro 2) pendientes.

Entre julio de 2015 y julio de 2016 el máximo tribunal emitió un total de 17 fallos que apuntan a revertir la tendencia a la impunidad. Y ahora los fallos de primera instancia emitidos por el ministro Leopoldo Llanos incluyen por primera vez sentencias a veinte años para los principales perpetradores, en casos como los de las compañeras Jacqueline Drouilly (embarazada), M. Teresa Eltit y M. Isabel Joui, entre otros. Por su parte, el ministro Hernán Crisosto ha llevado adelante el mayor número de investigaciones y fallos de primera instancia en el período ya señalado.

La primera sentencia de la Corte Suprema por estos crímenes fue dictada en 2004, confirmando el fallo original del entonces ministro Alejandro Solís por el secuestro de Miguel Ángel Sandoval, mirista, ex miembro del GAP en su primera fase (escolta del presidente Allende). El 28 de enero de 2005 el criminal jefe de la DINA, Manuel Contreras fue llevado a la fuerza al Penal Cordillera donde comenzó a cumplir la primera de 17 condenas. Al morir en 2015 seguía siendo procesado en más causas y sólo cumplió 10 años de prisión.

colombo

Juicios sin castigo

La justicia tardía no alcanza. Como clama la señora Rosa, muchas de las madres fallecieron esperando alcanzar justicia. Sin sentencias concluyó el juicio penal por el secuestro de Rodolfo Marchant, ex dirigente sindical de ENAFRI (Empresa nacional de Frigoríficos) en que todo era insólito. Los condenados eran sólo dos: Marcelo Moren Brito, ex jefe de Villa Grimaldi quien murió el mismo día que se dictó la sentencia, el 11 de septiembre de 2015, y Manuel Contreras, muerto un mes antes. Ellos mantuvieron hasta el fin sus altas pensiones y grados militares. Moren Brito también había sido condenado en septiembre y julio de 2015, respectivamente, por los secuestros y desapariciones de Zacarías Machuca, topógrafo y trabajador de ENDESA, y Germán Moreno – trabajador de la salud y estudiante universitario, lo que se sumaba a otras 17 condenas anteriores. El principal responsable de la DINA, Augusto Pinochet Ugarte, procesado y prontuariado por estas causas y muchas más, murió sin recibir condena alguna.

El truco de la “Media Prescripción”

Una sentencia de la Corte Suprema en 2009 por la desaparición de la estudiante de servicio social y miembro del MIR, Jacqueline Binfa, aplicó la “media prescripción” exculpando a todos los criminales, y revocando la sentencia del ministro de fuero Alejandro Solís quien calificó los delitos como de lesa humanidad. En esa sala penal estaba ya el actual Presidente de la Corte Suprema, Hugo Dolmetsch, entusiasta defensor de ese criterio que ignora la doctrina internacional de derechos humanos y es contrario a la opinión de la Corte Interamericana de Justicia. También debido a la prescripción, están libres los criminales responsables de los secuestros del ex estudiante de Historia en el Pedagógico, Félix de la Jara Goyeneche; el estudiante de ingeniería en minas Julio Flores; el carpintero socialista Ofelio de la Cruz Lazo; el interventor de la industria de aceros Franklin, Sergio Montecinos; el estudiante de ingeniería y dirigente del MIR Osvaldo Radrigán; el estudiante de sociología Jaime Robotham, el electrónico Marcelo Salinas, el decorador Fernando Silva Camus, y su hijo, Claudio Silva, estudiante de Pedagogía.

 

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Sin sentencia más de la mitad

De los 75 casos restantes, hay 15 con acusación formulada, y se espera el fallo correspondiente. En 6 de estos casos ya se han dictado los procesamientos que preceden a una acusación (detalles en Cuadro 2). Pero hay 14 demandas que no han tenido ningún avance entre 2015 y 2016. La impunidad continúa respecto de los secuestros del obrero de la construcción Eduardo Alarcón Jara; del estudiante de Biología y ex alumno del Manuel de Salas Luis Fuentes Riquelme; del ex estudiante valdiviano de ingeniería comercial y miembro del GAP Néstor Gallardo Agüero; del secundario del Liceo Ché Guevara de San Miguel, Jorge Antonio Herrera Cofré; y del joven militante del MIR de Lautaro, Ramón Labrador Urrutia.

Tampoco hay novedades judiciales en el caso del militante del MAPU y ex redactor de “Chile Nuevo”, Sergio Lagos Hidalgo; del comerciante y militante comunista Juan Bautista Maturana Pérez; del ex dirigente sindical socialista Edgardo Morales Chaparro; ni del futbolista de barrio y dirigente del MIR de Lo Valledor, Leopoldo Muñoz Andrade. La impunidad continúa en la desaparición de Ramón Núñez Espinoza, joven estudiante de la USACH.

La justicia ni se asoma por la Bandera, en el caso del dirigente poblacional Gary Olmos Guzmán, ni investiga aun el caso del estudiante de sociología Carlos Salcedo Morales, desaparecido desde el campo de concentración y tortura de Cuatro Álamos.

Cartas bajo la manga

Por su edad o enfermedades, varios de los criminales de Punta Peuco pretenden obtener “beneficios carcelarios”, carta bajo la manga de la Corte Suprema, coludida con Bachelet, parlamentarios de oposición y los senadores Guillier, Quintana, Zaldívar, Matta y Tuma; el jesuita Fernando Montes y el obispo Goic y las fuerzas armadas. Buscan imponer con sigilo la impunidad en delitos de lesa humanidad, olvidándose del mentado “Nunca Más” y del respeto a los compromisos derivados del derecho internacional en derechos humanos. En el Senado hay un proyecto de acuerdo en ese sentido y otros criminales ya están en la calle con la carta ganadora.

Es alarmante comprobar que pese al discurso oficial, la impunidad se bate por ser la tendencia dominante. Sólo 14 criminales cumplen sentencia efectiva por los casos de Operación Colombo fallados por la Corte Suprema: Miguel Krassnoff (cabeza de la brigada Halcón, por 29 casos); Manuel Carevic (Agrupación Purén), Pedro Espinoza (ex jefe DINA), César Manríquez Bravo (subdirector de la DINA), Francisco Ferrer (ex jefe DINE), Gerardo Godoy (ex jefe Brigada Tucán); Raúl Iturriaga (ex jefe sección exterior DINA); Rolf Wenderoth (Brigada Mulchén), Fernando Lauriani (ex jefe grupo Vampiro), Gerardo Godoy (ex jefe del grupo Tucán), Orlando Manzo, ex jefe de Cuatro Álamos; Basclay Zapata integrante del grupo Halcón; y los ex agentes Alejandro Astudillo y Demóstenes Cárdenas.

Todos continúan recibiendo millonarias pensiones y mantienen su grado militar. Continúa prófugo Ricardo Lawrence (integrante de la agrupación Águila 1), condenado a 20 años por varios crímenes, entre ellos el secuestro de M. Isabel Joui y el de Alfonso Chanfreau. Usó un cajero automático este año pero la policía es incapaz de detenerlo.

Como señaló en el citado Conversatorio una integrante de “Actuar Colectivo”, la justicia que se ha alcanzado hasta hoy no se logró gracias al impulso del gobierno ni del parlamento ni del poder judicial, sino fundamentalmente por la incesante lucha de los familiares y las organizaciones de derechos humanos. Por ello el único dique de contención de la impunidad es la continuidad de esa lucha, que para trascender, busca vincularse a los movimientos sociales que llevan adelante hoy las demandas y luchas por educación, y por los derechos a la salud y a los bienes comunes como el agua y la semilla, así como los derechos de la nación mapuche.

cuadro 1 sentencias a firme

cuadro 2 final

Foto principal: Los 119 en frontis U Chile. A 30 Años. Adriana Goñi.-

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Roberto Nordenflycht

Roberto Nordenflycht

Historias de vida combatiente

URBESALVAJE

Por José Miguel Carrera

nordenflych

Cierto día, como “siempre”, Manuel se preparó para cumplir la rutina diaria de trabajador de oficina. Esa era la leyenda con que lo conocía la dueña de la casa donde arrendaba una pieza. A las ocho de la mañana, puntualmente, se despedía de ella y abría la reja del ante jardín, revisaba el buzón y de vez en cuando encontraba una de las cartas que él mismo se enviaba de vez en cuando para no levantar sospechas. Pero aquel no sería como todos los días en su “normal” vida de clandestino.

Corrían los años finales de la década de los ochenta. Había asumido nuevas responsabilidades en la organización y aún no se cumplía un año desde la muerte del primer jefe del Frente, “Benjamín” Raúl Pellegrin. Era la época en que la dictadura caminaba inexorablemente a su fin y en medio de ese escenario, los rodriguistas…

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Los hijos del Cóndor.Carla Rutila Artes.

Los hijos del Cóndor.Carla Rutila Artes.
Argentina|Descansa Carlita Rutila Artes, a quien de bebé la dictadura de Banzer quiso desaparecer.
 Hija de Graciela Rutila y Enrique López, de nacionalidad uruguaya, Carla Graciela López Rutila nació el 28 de junio de 1975 en Miraflores, Perú. Vivieron durante un tiempo en Bolivia donde Graciela fue detenida junto a su pequeña hija el 2 de abril de 1976 en la localidad de Oruro. Según consta en un radiograma oficial, el 29 de agosto de ese mismo año las autoridades bolivianas entregaron a Graciela y a Carla a las fuerzas de seguridad argentinas, en el marco del “Plan Cóndor”.
Por testimonios de sobrevivientes pudo saberse que ambas permanecieron detenidas en el CCD  “Automotores Orletti”. Enrique fue asesinado el 17 de septiembre de 1976 en la ciudad de Cochabamba, Bolivia.
En diciembre de 1983 Abuelas de Plaza de Mayo localizó a Carla en poder de Eduardo Alfredo Ruffo, integrante de la Triple A, y su esposa Armanda Cordero. El matrimonio se encontraba prófugo de la justicia hasta que en 1985, tras una intensa búsqueda, fueron localizados. La niña se realizó los análisis inmunogenéticos en el BNDG y en septiembre de 1985 los resultados confirmaron que se trataba de Carla, hija de Graciela y Enrique. Su madre permanece desaparecida.

La TV Pública presenta “Nietos, historias con Identidad”, una serie de micros con relato de Víctor Hugo Morales en los que a través de testimonios de los protagonistas, se cuenta la historia de búsqueda de familiares de desaparecidos y de hijos de desaparecidos que recuperaron su identidad y fueron restituidos a sus familias. Además, se invita a todos aquellos jóvenes que tienen dudas sobre su identidad a acercarse a Abuelas de Plaza de Mayo.

Emitido el 15-08-12 por la TV Pública.

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Carla Rutila Artes falleció este 22 de febrero de 2017, con 41 años en Buenos Aires-Argentina a causa de un cáncer que ni en los peores momentos le impidió reclamar memoria, verdad y justicia.
Su historia, es una prueba del terrorismo de Estado y la existencia del Plan Cóndor, una estrategia de coordinación entre las dictaduras latinoamericanas con el apoyo de la CÍA, en la década de los años 70.
Carlita nace el 28 de junio de 1975 en Miraflores-Perú, hija de la joven pareja de militantes internacionalistas Graciela Rutilo (argentina) y Enrique Lucas López (uruguayo). Por entusiasmo de Graciela, quien creció y estudió en La Paz, la pareja se traslada a Bolivia y milita en el Ejército de Liberación Nacional (ELN) con el fin de detener la dictadura banzerista que sume a Bolivia en un ambiente autoritario y represivo.
Enrique es asesinado en septiembre de 1976 por grupos paramilitares y sus restos permanecen desaparecidos hasta el año 1999. El 2 de abril del año 1976, Graciela apoya una huelga minera en Oruro y es secuestrada junto a Carlita, quien tiene 9 meses. Madre e hija son llevadas al Departamento de Orden Político (DOP) de Oruro y posteriormente a la ciudad de La Paz. En el nuevo destino Graciela es sometida a interrogatorios en un centro de tortura y la bebé queda en custodia de 4 miembros del Ministerio de Gobierno boliviano, que envían a la menor al hogar “Carlos Villegas” y posteriormente al orfanato “Virgen de Fátima” bajo el nombre falso de Nora Nemtala (N.N.). Por distintos testimonios y problemas de salud en Carla, se comprueba que los represores la sacaron del orfanato para llevarla a las sesiones de tortura de Graciela, donde golpeaban a la bebé para atormentar a su madre. Debido a esta acción, Carlita pierde parte de su audición y años más tarde debe utilizar audífonos.
El 29 de agosto de 1976, la dictadura de Banzer en Bolivia entrega de forma ilegal a Graciela y Carla a la dictadura de Videla en Argentina. El traslado y con ello, la responsabilidad y complicidad del estado boliviano en la desaparición de madre e hija, queda certificado en un radiograma emitido por el Ministerio de Gobierno boliviano en el que comunica que Graciela y Carla son expulsadas de Bolivia por el puente internacional con Argentina (Villazón-La Quiaca). En la frontera, los represores bolivianos obligan a Graciela a firmar un certificado donde reconoce que le entregan a su hija en buen estado de salud.
En Buenos Aires, ambas son trasladadas al centro clandestino de tortura Automotores Orletti, donde Graciela desaparece. En dicho lugar, Carla es robada por el torturador argentino Eduardo Alfredo Ruffo, miembro de la Triple A (Alianza Anticomunista Argentina) quien inscribe a Carla como hija propia bajo el nombre de Ginna Amanda Ruffo. A su vez, el torturador se apropia de otro niño y le pone el nombre de Alejandro. Ambos niños crecen pensando que son hijos biológicos de la familia Ruffo.
Mientras los organismos de inteligencia latinoamericanos operan con el terror de forma sistemática. Matilde Artes (madre de Graciela) emprende una larga búsqueda de 9 años para encontrar a su hija y nieta con el apoyo de madres, abuelas de plaza de mayo y otros organismos internacionales. Carla recordaba que la primera vez que vio a su abuela materna fue por televisión en los inicios del proceso democrático argentino y que su primera reacción fue pensar y preguntar a su apropiador: “¿Qué hace esta señora con mi foto?”. A lo que Ruffo la golpea y le indica que es una vieja bruja que le quiere sacar la sangre.
En el año 1983, Abuelas de Plaza de mayo localiza a Carla, pero los apropiadores huyen. Dos años más tarde las abuelas relocalizan a la niña y mediante una prueba de ADN confirman su verdadera identidad. En una entrevista, Carla recuerda el reencuentro con su abuela de la siguiente manera: “El juez nos presenta y me dice Carla esta es tu abuela y mi abuela dice “sí carlita soy tu abuela y hace 9 años que te busco mi amor”. Entonces abre el poncho y no sé si fue instintivo el hecho de apoyar la cabeza y abrazarnos, estuvimos como 10 o 15 minutos. Y sentí que ese abrazo y momento, me restituyó todo el amor que me habían robado”. Por motivos de seguridad, Matilde decide irse a España con su nieta.
En España, Carla rehace su vida junto a su abuela y se convierte en madre de 3 hijos: Graciela, Anahí y Enrique a los que cría sola. Sin embargo, las circunstancias económicas y políticas la hacen regresar a Latinoamérica. En el año 1999, durante el segundo gobierno de Banzer, se encuentran los restos de su padre Enrique Lucas López en Bolivia. En ese contexto, Carla Rutila Artes, quien fuera una bebé ilegalmente sacada del país por la dictadura de Banzer, regresa de forma legal con 25 años para denunciar su caso y la impunidad de la represión dictatorial. Sin embargo, pocos fueron los medios que pudieron darle un espacio, e incluso la revista Informe R que le realiza un reportaje, sufre la incautación de sus ejemplares por parte del Ministerio de Gobierno, en una acción dictatorial ejecutada en tiempos democráticos. La corta estancia de Carla en Bolivia puso nervioso al gobierno banzerista. “Carlita, vives y vuelves a contar que es un asesino el General, pero él no quiere recordar, aunque te quiso matar” escribió Antonio Peredo, en un poema dedicado a Carla durante su valiente estancia en Bolivia.
En el año 2011 Carla se traslada a Argentina donde su memoria fotográfica ayuda a dar sentencia a distintos represores que tenían contacto con su apropiador Eduardo Ruffo. A su vez, pudo declarar y enfrentar desde cercana distancia al mismo, quien no pudo sostenerle la mirada mientras lo denunciaba por maltrato infantil, psicológico y sexual. En medio de distintas investigaciones, Carla conoce a Nicolás Biedma,* hijo de un desaparecido chileno en Automotores Orletti, ambos se enamoran, se convierten en compañeros de vida y el año 2012 se casan. Carla vivió dicha acción con emoción y la describía como “un acto en defensa de la vida”, de la misma forma, contaba con alegría y entusiasmo el nacimiento de su nieta Nina.
Quienes conocimos a Carla podemos hablar de una mujer fuerte, la más fuerte, como su nombre significa. Una persona con capacidad de luchar por la misma causa en todo lado, desde todo espacio. Una niña que le ganó al terror y la muerte, una mujer que se hizo cargo de su historia, de su verdadera identidad y de la lucha de sus padres. Creo que por ese motivo su última voluntad fue ser cremada y colocada en el centro de detenciones Orletti, que Carla consideraba un lugar que la acerca a su madre, porque es el lugar hasta donde llegó la investigación sobre el paradero de Graciela. Independientemente de esta acción simbólica, Carla ahora se convierte en parte de nuestra historia y se une a los muchos y muchas que debemos recordar.
La historia de Carlita demuestra la coordinación de las dictaduras de Bolivia, Argentina, Uruguay, e incluso Chile. Su testimonio incomodó a muchos, porque es la demostración de que las dictaduras impusieron su sistema desde una barbarie que ni siquiera tuvo piedad con los bebés. Me niego a decir que está muerta la bebé que le ganó al miedo, a la dictadura, al olvido y a la muerte. Me atrevo a soñar que por fin se reencontró con sus padres, me animo a decir que descansa, mas no en la paz que se merece, porque la cultura de la impunidad lamentablemente sigue vigente. La existencia de Carla me hace entender que el pasado no terminó y tiene consecuencias en el presente, nos invita como continente a hacernos cargo de nuestra historia para construir nuestra verdadera identidad. Carlita vive y vivirá siempre porque no pudieron vencerla, guardaremos su historia y valentía en nuestro recuerdo y estará con nosotros cada vez que enfrentemos a quienes pretenden hacernos olvidar lo que no tiene perdón. Carla quedará en nuestra utopía, en nuestros sueños de justicia y cada vez que gritemos con fuerza: NUNCA MÁS.

Para mayor información

EL PAIS › EL TESTIMONIO DE CARLA ARTES, APROPIADA POR EDUARDO RUFFO, EN EL JUICIO POR ROBO DE BEBES

“Me restituyeron el nombre y el amor”

Después de vivir veinticinco años en España junto a su abuela Sacha, Carla Artes volvió a la Argentina y reiteró ayer ante el tribunal que Ruffo abusaba de ella y se fugó cuando su abuela la encontró. El represor pidió no estar en la audiencia.

 Por Alejandra Dandan

Cuando Carla Rutila Artes vio por primera vez su foto en televisión y a una señora que decía que la estaba buscando, le preguntó a Eduardo Ruffo quién era esa mujer. El parapolicía, que integraba la banda de Aníbal Gordon, le respondió que era “una vieja bruja” que la buscaba para sacarle la sangre. Tiempo después, cuando finalmente Carla conoció su historia, un juez le presentó a su abuela biológica. “Entra mi abuela y creo que conocer a la vieja bruja fue lo mejor que me pasó en mi vida; el proceso con ella indudablemente fue complicado, pero hay dos cosas que se me restituyen en ese momento: el nombre y el amor, porque con Ruffo tenía todo lo material, pero carecí de todo eso”.

Carla Rutila Artes declaró en la audiencia del plan sistemático de robo de bebés como el año pasado lo hizo en el juicio por los crímenes de Automotores Orletti, base del Plan Cóndor en el país. Esa vez, Carla se sentó frente a su apropiador, que permaneció en la sala para escuchar, entre otras cosas, la primera denuncia que ella se animaba a hacer públicamente sobre la condición de abuso a la que él la sometió desde los tres a los nueve años. Esta vez Ruffo no estuvo presente en la sala. Antes de que empiece la audiencia pidió al Tribunal Oral Federal 6 una autorización para retirarse a la alcaidía. Ruffo se fue. Carla entró. Habló de su historia sin la obligación de esquivar la mirada que el año pasado la hundió durante varias semanas en sus más pesados fantasmas.

Ella volvió al país hace unos meses después de 25 años de vida en España. En el cuerpo lleva la marca de una disminución de la escucha, producto de los golpes de quien la situó durante años como su hija. Se sentó con la cabeza de costado, para escuchar las preguntas. Les pidió a los jueces la compañía cercana de la coordinadora del centro Ulloa de asistencia a las víctimas, para poder sostenerse.

Cuando lo bueno desaparece

A Carla la secuestraron en Bolivia el 2 de abril de 1976 con su madre, Graciela Rutila Artes, dirigente estudiantil en Oruro. “A mí me llevaron a un orfanato, me condenaron a desaparecer desde ese momento, sé que a mi madre la llevaron al Ministerio del Interior de La Paz. El 24 de agosto nos reúnen nuevamente, me sacan del orfanato en medio de un operativo bastante impresionante, a ella la llevan a la cárcel de mujeres y sé que gracias a la denuncia que empezaba a hacer mi abuela hicieron que la Cruz Roja boliviana presenciara la situación. La obligaron a firmar un papel como que estábamos en perfecto estado de salud y el 29 de agosto de 1976 nos trasladaron de Villazón a la Argentina.”

Participaron la Policía Federal argentina y el Servicio de Inteligencia, pese a que hacía tiempo que ninguna de las dos estaban en el país. En Orletti, Carla tenía un año y tres meses. “Yo sé que debo haber estado tres semanas, como mucho un mes. Me acuerdo del suelo, la altura de una canilla, los pitidos del tren: eso no se me olvidó nunca, porque al día de hoy sigo teniendo los pitidos frecuentes adentro del oído.”

Un sobreviviente situó a su madre en ese espacio, pero después nadie supo más nada de ella porque, como su militancia estuvo en Bolivia, en el país nadie la reconoció. “A mí me sacan en esos días y me llevan a Magister, que era una empresa regenteada por Otto Paladino, un lugar encubierto donde trabajaba la Triple A con Eduardo Alfredo Ruffo, Aníbal Gordon. A días de estar ahí, fui apropiada por Ruffo. Me inscribieron como Gina Amanda Ruffo, nacida el 26 de junio de 1976, figuro haber nacido en el seno de esa familia, como hija de él y de Amanda Cordero de Ruffo.”

Los Ruffo tuvieron un hijo un año más tarde. “Nunca me dijeron nada: es decir que yo viví desde el ’76 hasta el ’83 con relativamente alguna normalidad de ir al colegio, de vida normal entre comillas, dentro de lo que se puede considerar una vida normal hasta que este señor Ruffo empieza a ser investigado por la Justicia y en enero de 1984, cuando era inminente el arribo de mi abuela al país porque había nueve denuncias por mi caso, él tuvo cierta urgencia de ponerse prófugo.”

En la sala, el fiscal Martín Niklison hizo la primera parte de las preguntas. “Cuando uno lo ha pasado tan mal y ha tenido una infancia tan infeliz lo poco de bueno desaparece: los únicos recuerdos de la infancia son junto a mi hermano, mi infancia fue una infancia llena de violencia psicológica y física y de abusos sexuales de los 3 años a los 10 años.”

La búsqueda

Con Ruffo prófugo, ellos cambiaron de casa cada tres meses. Carla quedó desescolarizada dos años. “No podíamos salir a la calle, con lo cual yo era el origen de todos sus males: me teñían el pelo todo el tiempo, buscaban la forma de esconder esta carita que era tan parecida a cuando era chica.”

En los vaivenes hubo comilonas y asados con los agentes de la Triple A y de seguridad, rondas de veinte personas con hijos y mujeres. Estaba Gordon, su hijo, el yerno de Otto Paladino. En la sala le preguntaron por las armas. Carla habló de Cariló, una casa con una puerta hacia abajo donde había armas y un arsenal “bastante grande”. “Nunca me olvidaré de una de ellas porque todavía me da pánico –dijo–: era un arma tipo alemana, me di cuenta de que la usaban los nazis.”

El 11 julio de 1984 Carla se vio en televisión. Matilde Artes estaba en la pantalla con fotos de su hija Graciela y de la nieta Carla de año y medio: “Cuando la veo a ella en televisión me reconozco”, dijo. “Las fotos eran de un bebé de un año y medio con el mismo pelito rosado que tenía yo en las fotos que ellos me habían sacado. Y la respuesta de él, aparte de la tremebunda paliza para que no volviera a preguntar nada, es que ella era una vieja bruja que te está buscando para sacarte la sangre.” Después vino un afiche en la calle, Carla mirando en el afiche la imagen de Ruffo y la palabra buscado. La idea de que algo no estaba bien. El operativo en la casa. La detención y un juez que le explica su historia.

“Me dice que no me llamaba como me llamaba sino que me llamaba Carla y que mis padres estaban desaparecidos; y que mi abuela hacía 9 años que me estaba buscando: creo que uno de los actos más importante de mi vida fue cuando me restituyeron mi nombre y no me he dejado de llamar Carla.”

Docentes en Lucha hoy como ayer. La muerte de Carlos Fuentealba

Docentes en Lucha hoy como ayer. La muerte de Carlos Fuentealba

El 4 de abril del 2007 recibió un disparo efectuado con una pistola lanza gases a corta distancia. Tenía 41 años y murió al día siguiente en el hospital Castro Rendón.

02 ABR 2017 –

 

 

Sandra Rodríguez hizo carne el lema “lo personal es político”. El dolor y la furia que expresó su cuerpo al hablar al cierre de una de las marchas con mayor convocatoria en la historia de la provincia, el 9 de abril de 2007, lo dejaron en evidencia: “Al señor gobernador, como le dicen algunos, que dio la orden, quiero decir que fue como jalar el gatillo. Si es responsable como dijo, y si le duele tanto que mi Carlos, el maestro, haya muerto, su deber moral es renunciar”.

Cinco días antes de que Sandra pronunciara ese discurso, su pareja, Carlos Fuentealba, padre de sus hijas Camila y Ariadna, docente del CPEM N° 69 del barrio Cuenca XV había recibido el disparo de un proyectil de gas lacrimógeno efectuado por un pistola calibre 38.1 que portaba el cabo primero José Darío Poblete.

El próximo martes se cumplirán diez años de su asesinato. Y hoy, Sandra reflexiona: “Te acordás que en un principio yo hablaba de mi Carlos y después empecé a hablar del Carlos de todos. En realidad esos dos Carlos van a estar siempre, porque nosotros aprendemos a llevar esta imagen pública de Carlos que es la que no hemos querido nunca. Pero por otro lado que se hable de ese papá tan presente, de ese compañero increíble que fue en mi vida. Que Carlos les diera lugar a otras compañeras para refugiarse de esa represión habla de la actitud que tomó en un momento extremo, y en eso se prueba la gente”.

Carlos ejerció como maestro muy poco tiempo. Se recibió en 2004, antes trabajó en la construcción, en un juguera, en el correo. Era técnico químico, tenía 41 años.

El 4 de abril participaba de una medida de fuerza del gremio ATEN que había resuelto realizar cortes en las rutas 22 y 237.

El fallo que condenó a Poblete menciona que fue el comisario Mario Rinzafri, máximo responsable del operativo represivo en Arroyito, quien “los conminó (a los docentes) a abandonar la ruta en cinco minutos, por las buenas o por las malas, e inmediatamente, antes que les den tiempo a replegarse y volver hacia Senillosa, comenzaron a tirar con gas lacrimógeno y balas de goma” .

“Cuando llegamos ya había un cordón de policías, una barricada bien consolidada, estratégicamente puesta. Nos vamos escabullendo algunos a la estación de servicio. Hay griteríos, corridas, bomba de estruendo y viene Jorge (Esparza, de Fasinpat) y me pide que saque gente. En poco rato se transforma en una cacería”, recuerda la docente de la escuela 356 de Valentina Norte Rural, Belén Mantilaro, que se subió de inmediato a la camioneta Ford Ranger de la Pastoral Social.

Sigue: “una caravana se empieza a ir muy despacito, pero corridos, angustiados. En un momento se ve en el espejo retrovisor que la línea que hace la policía no es que se desdibuja, pero está más cerca nuestro. Veo a los policías trotar, se ven como moscardones avanzando, yo estaba frenada. Pasa un auto a mi derecha (el Fiat 147 en el que iba Fuentealba). Veo a un policía con el casco y la punta del arma apuntando a nuestro vidrio. Fueron milésimas de segundo. Nos mira, Poblete nos mira, tiene unos ojos muy negros, muy especiales y pasa por enfrente de la camioneta. Agarro el teléfono y llamo al obispado. En ese ínterin me comunico con Marcelo (Melani, el obispo de entonces), Poblete se inclina, se arrodilla y pega el balazo. Eso lo dije en el juicio: se acomoda y dispara”.

Fuentealba se encontraba en la parte trasera del Fiat 147 sobre la Ruta Nacional 22. El proyectil atravesó la luneta y le produjo un traumatismo craneoencefálico grave. Fue trasladado a la capital donde ingresó ya sin esperanzas, y murió el 5 de abril en el hospital Castro Rendón.

Del operativo participó personal de los grupos especiales (Geop Zapala, Cutral Co, Junín de los Andes), del Departamento Seguridad Metropolitana (Despo) y de la dirección de Bomberos “con el apoyo del hidrante”, precisa la sentencia.

Telma Fernández, maestra en la escuela 154 de Parque Industrial y compañera de Fuentealba en el profesorado, llegó al Castro Rendón con guardapolvo y maletín. Trabajaba en Cipolletti. “Carlos nació bueno e iba bueno por el mundo. Pensé: ‘el negro de esta sale, acá si hay milagro que se dé es el negro el que lo planta’. Y no pudo ser. La tengo acá la marcha, la tengo re patente (se toca el cachete). Les costó meterse en los zapatos de Sandra, viste esta cosa del machismo, esta cosa de que la mujer debe ser sumisa, pero bueno a la flaca no le ha importado y ha estado ahí, y sigue luchando”, dice.

Justicia

La causa judicial se desdobló. Poblete fue enjuiciado, como autor único, y se le impuso la pena de prisión perpetua en 2008. El entonces gobernador Jorge Sobisch no renunció como pidió Sandra en el escenario. Fue citado como testigo en el juicio contra el policía y la investigación conocida como “Fuentealba II”, que terminó con los 15 imputados sobreseídos, no lo alcanzó. “Existieron un montón de factores que hicieron que no llegáramos a buen destino: no hubo voluntad política de dilucidar la verdad. Hay una parcial derrota, que no significa que sea la última”, plantea Sandra. Su nuevo abogado, Marcelo Medrano, será el encargado de llevar el caso ante la Corte Suprema.

Este aniversario se desarrollará en plena huelga docente.

“No puede ser que después de diez años volvamos a vivir situaciones de intolerancia, o de no derecho ante un reclamo salarial y que se empiece así a perseguir a trabajadores, a difamarlos, que se empiece a poner en lugar de demonios a los sindicalistas, como es la palabra que se utiliza, y hacer un desprestigio total de la educación pública, diciendo que no somos bien formados, que tenemos mala calidad, todo eso nosotros ya lo vivimos”, señala Sandra.

Pese al inusitado protagonismo público que adquirió, ella le rehuye a la idea de ubicarse en un lugar icónico, memorable: “yo pagué como mujer que lucha. Cuando vos luchas contra un poder tan cerrado, dentro de una provincia tan feudal, y los costos fueron demasiados altos en el nivel de lo personal, porque el desprestigio, la desvalorización, no sólo al docente sino a mi persona. Sí sentí mucho cariño de parte de los compañeros que también supieron ese día, el 4 de abril l, que podían haber sido ellos, creo que ese sector de gente a la que el asesinato de Carlos atravesó y los modificó, esa gente, que fueron muchos, si tienen un reconocimiento hacia mi persona. Sandra hubiera querido seguir siendo una buena maestra en el aula, a Sandra le hubiera gustado seguir siendo una artista y ser reconocida por otras cosas y no sólo por esto. Es doloroso, es contradictorio. Hice todo lo que hice no por ningún objetivo personal ni de prestigio, sino porque era lo correcto, sigue siendo lo correcto”.

La masiva marcha del 9 de abril de 2007 ocupó 17 cuadras.
Contexto
8 semanas duró la huelga docente del 2007. Las clases debían comenzar el 5 de marzo pero arrancaron el 30 de abril.
14 meses después del asesinato de Fuentealba comenzó el juicio contra el cabo Poblete, el único condenado por el hecho.
7 de septiembre de 2016
El TSJ los sobreseyó por extinción de la acción penal. Declaró inadmisible el recurso extraordinario. La querella fue en queja a la Corte Suprema.
24 de febrero de 2016
Los acusados fueron nuevamente sobreseídos. El Tribunal de Impugnación, con una nueva composición, revocó la decisión.
8 de julio de 2008
El cabo José Darío Poblete fue condenado por homicidio calificado. Actualmente cumple la pena en la Unidad 31 de Zapala.
5 de septiembre de 2014
Sobreseyeron a los 15 imputados en la causa “Fuentealba II”, entre ellos el exjefe de Policía. Fue a pedido de la fiscalía y las defensas.
21 de abril de 2015
El Tribunal de Impugnación anuló los sobreseimientos. La querella pidió formular cargos y buscó imputar a Jorge Sobisch.

Gian Franco Pagliaro/Yo te nombro libertad

YO TE NOMBRO…LIBERTAD (1969) (Gian Franco Pagliaro)

Por el pájaro enjaulado
Por el pez en la pecera
Por mi amigo que está preso
Porque ha dicho lo que piensa.

Por las flores arrancadas
Por la hierba pisoteada
Por el cuerpo torturado
De mi amigo que no canta.

Yo te nombro Libertad.

Por los dientes apretados
Por el nudo en la garganta
Por la rabia contenida
Por las bocas que no cantan.

Por el verso censurado
Por el beso clandestino
Por el joven exiliado
Por los nombres prohibidos

Te nombro en nombre de todos
Por tu nombre verdadero
Te nombro y cuando oscurece
Cuando nadie me ve
Escribo tu nombre en las paredes
De mi ciudad
Tu nombre verdadero
Tu nombre y otros nombres
Que no nombro por temor.

Por la idea perseguida
Por los golpes recibidos
Por aquel que no resiste
Y se queda en el camino.

Por el miedo que te tienen
Por tus pasos que vigilan
Por el déspota de turno
Por los hijos que te matan

Yo te nombro Libertad.

Por las tierras invadidas
Por los pueblos conquistados
Por la gente sin salida
Por los sueños atrapados.

Por el justo ajusticiado
Que no han dicho como y donde
Por el héroe asesinado
que jamás negó tu nombre.

Yo te nombro Libertad.

Espacio de JEAC

Pagliaro2

Otro de mis cantautores preferidos es sin duda Gian Franco Pagliaro, este italiano nacido en Napoli y bautizado bajo el nombre de Carlo Pagliaro. A sus quince años, toda su familia emigró de Italia con destino a Brasil, pero en la escala del barco en Buenos Aires, se enamoraron de la ciudad y decidieron quedarse. Posteriormente tocaré más a fondo su biografía y su vida artística y otros hermosos temas, ya que cuento con un archivo respetable de sus vinilos. Ahora quiero centrarme en ese maravilloso tema que dice “Yo te nombro libertad” y que tantas veces cantamos como himno en nuestro grupo juvenil en aquellas épocas de dictadura de los años 70.

Libertad2

“Con el tiempo “Yo te nombro” o si prefieren, “Yo te nombro Libertad”, se convertiría en una de las canciones más emblemáticas de los setenta y la más utilizada por los partidos de izquierda y organizaciones revolucionarias…

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