Niños asesinados: 307 menores ejecutados por la Dictadura de Pinochet.

Niños asesinados: 307 menores ejecutados por la Dictadura de Pinochet.

Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”

Juan San Cristóbal | Jueves 29 de agosto 2013 0:10 hrs.

carlos fariña

A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.

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Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.

La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Rodrigo Anfruns

Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.

Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.

La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.

En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.

Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.

Rodrigo Palma

“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.

En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.

Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.

“Chile: Las víctimas infantiles”
Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.

La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.

carlos farina.jpgCarlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.

En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.

memorialOtros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.

Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.

La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.

Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.

Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.

Mujeres y Militancias en el Movimiento de Derechos Humanos de Argentina. El caso Tucuman

. Rubén Isidoro Kotler, « Mujeres militantes en el movimiento de Derechos Humanos de Argentina. El caso Tucumán », Amnis [En ligne], 8 | 2008, mis en ligne le 01 septembre 2008,

Comunicaciones y Reseñas memoria

Mujeres militantes en el movimiento de Derechos Humanos de Argentina. El caso Tucumán1

Rubén Isidoro Kotler

Résumés

Cet article analyse quelques caractéristiques de mouvements défenseurs des Droits de l’Homme dans la province de Tucuman (Argentine) en mettant en exergue le militantisme des femmes dans ces organisations à partir de témoignages de : Laura Figueroa, avocate des Droits de l’Homme pour « l’Asociación de abogados por los derechos humanos », une organisation qui avait une petite mais intense participation au cours des premières années de transition vers la démocratie ; Sara Mrad, la principale leader de “Madres…mayo” dans la région de Tucuman, depuis 1981 jusqu’à nos jours ; Angela Nassif, la dirigeante historique du Parti Communiste Révolutionnaire dans la région du Tucuman et l’une des fondatrices de « l’Asamblea por los Derechos Humanos » dans…

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Comisión de Verdad Chile y Menores afectados por Represión de Estado Dictadura Pinochet.

Comisión de Verdad Chile y Menores afectados por Represión de Estado Dictadura Pinochet.
DECLARACIÓN DE LA AGRUPACIÓN DE EX MENORES DE EDAD, VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA

*A LA OPINIÓN PÚBLICA*La *Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura* viene a declarar que:

Como es de público conocimiento, nuestra organización presentó entre el 31 de enero y el 31 de marzo de este año 164 casos de menores de edad víctimas de prisión política y tortura ante la Comisión Valech para su reconsideración dentro de los plazos legalmente establecidos.

De estos casos presentados, el número de casos aprobados por la Comisión es de sólo 34 casos, y no de 70 como le ha señalado a la prensa la misma comisión Valech.

En un análisis preliminar, podemos afirmar que el perfil de los casos rechazados por la Comisión Valech *que se encuentran dentro de su mandato son:*

1. *Caso de menor en gestación:* ambos padres se encuentran reconocidos como presos políticos víctimas de prisión política y tortura por la Comisión Valech en su informe entregado en noviembre del 2004. La madre fue torturada con un mes de embarazo, con golpes y aplicación de corriente. Al nacer, esta persona presentó claras secuelas de la tortura que sufrió en el vientre materno, como una sordera que la acompaña de por vida. Denunciamos que se le presentaron todos los antecedentes del caso a la Comisión para que este caso fuera aprobado *COMO LO ORDENA SU MANDATO. *

2. *Caso de gestación producto de la violación de su madre, seguido de tortura durante la gestación y posterior nacimiento en prisión:* madre se encuentra reconocida como presa política víctima de prisión política y tortura por la Comisión Valech en su informe entregado en noviembre del 2004. La madre permaneció en un centro de tortura por espacio de un año y medio, donde fue violada, torturada estando embarazada y donde también dio a luz. Denunciamos que se le presentaron todos los antecedentes del caso a la Comisión para que este caso fuera aprobado *COMO LO ORDENA SU MANDATO. *

Ambos casos son un botón de muestra de lo que la *Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura *viene planteando desde diciembre del año pasado: *que la Comisión Valech careció de una línea de investigación clara que identificara y reconociera a quienes fuimos víctimas de prisión política y tortura siendo niños y niñas con criterios ecuánimes. Constatamos con estupor que en este período de reconsideración nuevamente la calificación quedó a criterio del funcionario que recibió el caso. *

Así mismo, denunciamos que la Comisión Valech rechazó un sinnúmero de casos que se encuentran dentro de su mandato, por razones que desconocemos ya que ni siquiera se dignó a entregarnos una respuesta. Entre esos casos rechazados, tenemos casos de:

3. Nacimiento en prisión
4. Secuestro y detención de menores en cárceles de menores, hogar de menores de Carabineros de Chile y comisarías.
5. Secuestro de menores en ratoneras, donde fueron brutalmente interrogados y maltratados.
6. Caso de arresto domiciliario por espacio de un mes. Casos rechazados por la Comisión Valech *que se encuentran fuera de su restringido mandato:*

1. Casos de tortura e interrogatorios a niños y niñas durante el allanamiento SELECTIVO de su domicilio.
2. Secuestro de menores y sometimiento a simulacros de fusilamiento de connotación pública en su época.
3. Adolescentes detenidos durante protestas, golpeados y torturados.

En segundo lugar, denunciamos que, a pesar de que nuestra organización le viene planteando a la Comisión Valech desde el mes de diciembre del año pasado, que ha marginado de su reconocimiento a personas que fueron víctimas de prisión política y tortura siendo niños y niñas debido a su propia falta de directrices claras hacia este grupo, *no ha existido la voluntad política necesaria por parte del ejecutivo para remediar esta importante omisión. *

En tercer lugar, sostenemos que frente al cierre y disolución de esta comisión no nos queda más que recurrir a la justicia para garantizar un mínimo de igualdad ante la ley, y denunciar esta marginación de la que hemos sido objeto ante organismos internacionales de Derechos Humanos.

Sin otro particular,

Se despide atentamente

*AGRUPACIÓN DE EX – MENORES DE EDAD
VÍCTIMAS DE PRISIÓN POLÍTICA Y TORTURA
*exmenores@gmail.com


Santiago, 21 de abril de 2005

Señor
Ricardo Lagos Escobar
Presidente de la República
Presente

Junto con saludarle, nuestra organización viene a señalar lo siguiente:

La Agrupación de Ex – Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura reconoce el valor ético que tuvo el Informe emitido por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para la sociedad chilena, ya que estableció que la tortura constituyó una política de Estado destinada a someter y aterrorizar a la población durante la dictadura militar.

Sin embargo, hemos hecho pública nuestra preocupación por la ausencia de una línea de investigación en la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura que permitiera identificar y otorgar el debido reconocimiento a quienes fuimos víctimas de esta política de Estado siendo niños y niñas.

Sin lugar a dudas la publicación de un anexo con 102 personas en el Informe Valech titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”, constituyó un primer paso para visibilizar este tema en la sociedad chilena. No obstante, desde la publicación del informe ha quedado al descubierto que los niños y niñas torturados fuimos muchos más que 102. Pese a carecer de mayores recursos, nuestra agrupación localizó y presentó durante el período de reconsideración de la Comisión (diciembre 2004 – marzo 2005) 163 casos de niños, niñas y adolescentes torturados y prisioneros políticos que no se encuentran en el Informe Valech. Además, Fundaciones como el Programa de Infancia Dañada por los Estados de Emergencia (P.I.D.E.E.) o la Vicaría de la Solidaridad, que cuentan con archivos que han sido declarados Patrimonio de la Humanidad por Naciones Unidas, contienen numerosos antecedentes sobre este tema.

Por esto reiteramos hoy nuestra petición de reabrir la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura para todas las víctimas de prisión política y tortura, y en lo que se refiere a los menores, modificar su mandato para que todos los que fuimos víctimas de esta política de Estado siendo niños y niñas, seamos reconocidos como tales. Además, se hace indispensable que la Comisión defina el concepto de tortura en niños y niñas de acuerdo a los estándares internacionales, y aborde este tema en su real dimensión.

En segundo lugar, queremos reiterar nuestro profundo desacuerdo con la distinción que hizo la Ley de Reparaciones nº19992 promulgada el 24 de diciembre de 2004, al hacer una diferencia entre las reparaciones entregadas a quienes tenían participación política o social al momento de su detención (listado de víctimas) y quienes, por ser niños y niñas, no la teníamos (anexo de menores de edad). Reconocemos que la Comisión hizo un gesto para enmendar esta situación, traspasando a una gran cantidad de personas que estaban en el anexo al listado de víctimas. Sin embargo, aún quedan 13 personas en el anexo que no tienen ese reconocimiento, y que por lo tanto, no tienen derecho a las mismas reparaciones que los demás. Según se nos ha informado, se trataría fundamentalmente de personas que estaban en gestación cuando sus madres fueron detenidas, y que por lo tanto, fueron víctimas de tortura intrauterina.

No es posible medir el grado de sufrimiento experimentado. No es posible establecer una escala que mida el impacto que la tortura puede tener en una persona. No se puede establecer si el sufrimiento de un niño afectado por su uso en calidad de rehén es mayor o menor al sufrimiento experimentado por otro niño debido a la tortura que sufrió cuando se encontraba en gestación.

Por esto solicitamos a usted que todas las personas que fueron víctimas de prisión y tortura tengan el pleno reconocimiento de su calidad de víctimas, y que por lo tanto, se beneficien de las mismas reparaciones que establece la ley.

En tercer lugar, la misma Ley de reparaciones nº19992 en su artículo nº15 cubrió con un manto de silencio de 50 años los antecedentes recopilados por la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura, no permitiendo si quiera su acceso a magistrados del Poder Judicial que investigan causas de Derechos Humanos. Los tratados internacionales establecen que la tortura de niños y niñas es un crimen de lesa humanidad imprescriptible que no puede quedar en la impunidad. La Comisión de Derechos Humanos de Naciones Unidas adoptó recientemente una resolución en la que afirma que “los Estados tienen la obligación de investigar y si hay pruebas suficientes, llevar ante la Justicia a los responsables y castigar a los culpables de esas violaciones”. Chile merece avanzar hacia el futuro por el camino de la verdad y la justicia, y por eso exigimos que este manto de impunidad se levante.

Por último, queremos reiterar nuestra solicitud de audiencia, hecha el 12 de enero del presente año, para abordar estos temas.

Sin otro particular,

Se despide atentamente,
Agrupación de Ex – Menores de Edad
Víctimas de Prisión Política y Tortura

exmenores@gmail.com


LLAMADO DE LOS EX PRESOS MENORES DE EDAD DE LA DICTADURA

Santiago, 21 de enero de 2005

Estimados amigos y amigas,

Junto con saludar la labor que ustedes realizan por la protección de los Derechos Humanos en Chile, queremos señalar lo siguiente:

Somos una organización de personas que siendo menores de edad fuimos víctimas de prisión y tortura en Chile durante la dictadura militar. Hoy es de público conocimiento que el Estado de Chile implementó durante esos años una política de Estado destinada a desarticular los movimientos sociales y políticos de la época, sometiendo a sus opositores a vejámenes y torturas ampliamente descritas en el Informe Valech.

Esta política de Estado no dejó fuera a los menores de edad, siendo hoy sorprendente a los ojos de la opinión pública que niños, niñas y adolescentes hayan permanecido secuestrados, interrogados y torturados durante días, e incluso semanas, en recintos como Villa Grimaldi, Cuartel Borgoño, Tres Álamos, y en algunos casos en sus propios hogares. Hoy nos enfrentamos a la constatación de que nuestro uso como niños y niñas, tanto en calidad de rehenes, como en prácticas de tortura física y psicológica hacia nuestros padres, e incluso hacia nosotros mismos, constituyó un hecho generalizado y fue una práctica frecuente de los organismos de represión en época de dictadura.

Si bien reconocemos el valor ético que ha tenido el Informe Valech para la sociedad chilena, en tanto estableció la existencia de una política de Estado que usó la tortura como método, consideramos que la experiencia de quienes fuimos menores de edad debe ser abordada con mayor profundidad. Por esto nos hemos agrupado por primera vez para reconstruir la memoria desde nuestra propia experiencia.

En este contexto, como organización nuestro primer objetivo es recopilar los testimonios de todas las personas que siendo menores de edad sufrieron prisión política y tortura, hayan calificado o no ante la Comisión Valech, y por lo tanto, incluyendo en esta categoría a quienes estaban en gestación cuando sus madres fueron detenidas aunque no hayan nacido en prisión. La recopilación de estos testimonios es vital para la reconstrucción de la memoria histórica de nuestro país, y es importante que podamos hacerlo desde nuestra propia experiencia.

Asimismo, hemos constatado que la gran mayoría de las personas que siendo menores fueron víctimas de tortura no se encuentra en el Informe Valech. Esto se debe fundamentalmente a que la situación de prisión y tortura fue una situación extremadamente difícil y dolorosa para las familias, y debido a esto mantuvieron esta situación en silencio. Sólo a partir de la publicación del informe, y del reconocimiento de la existencia de menores de edad propiamente tal afectados por prácticas de tortura física y psicológica, muchas familias abrieron este tema en su seno por primera vez, cuando la Comisión ya había cerrado las inscripciones. Por otra parte, algunos padres mencionaron esto sólo en sus propias declaraciones, ya que no se les dijo que sus hijos e hijas debían presentarse personalmente. Por esto hemos iniciado las gestiones necesarias para buscar alguna solución a estos casos.

Un segundo objetivo importante es la presentación de un juicio colectivo de personas que siendo menores de edad fueron víctimas de prisión política y tortura. Un pilar fundamental de la reparación es sin lugar a dudas la justicia, más aún si se trata de crímenes de lesa humanidad cometidos en perjuicio de menores. Les invitamos a formar parte de esta querella que queremos presentar colectivamente en marzo. A la fecha hemos ubicado a cuarenta personas dispuestas a formar parte de esta iniciativa legal; esperamos en marzo ser unas cien personas para colocar con fuerza este tema en el debate público.

Nuestro tercer objetivo tiene que ver con la Ley de reparaciones actualmente vigente. Esta ley no nos consideró como víctimas propiamente tal al dejarnos fuera de la mayoría de sus beneficios. Actualmente nos encontramos solicitándole al gobierno un reconocimiento formal de nuestra calidad de víctimas, y de beneficios concretos en materia de educación, salud y vivienda.

Nos dirigimos a ustedes con el convencimiento de que nos pueden ayudar en este camino. Les solicitamos a todos los organismos de Derechos Humanos, y las personas en general que nos ayuden a localizar a los hijos e hijas de militantes de todos los partidos políticos para que formen parte de esta iniciativa por la memoria y la justicia. Es para nosotros de suma importancia localizar a la mayor parte de quienes vivimos tortura y prisión siendo menores de edad, estén en Chile o en el extranjero. Sabemos que podemos contar con el apoyo y la comprensión de ustedes, en el entendimiento de que esta iniciativa apunta a que nos podamos hacer cargo hoy de una situación para la cual no teníamos herramientas en el pasado, y que éste constituye quizás el acto de reparación más importante que está a nuestro alcance.

Para mayor información pueden dirigirse a:

  • Ana Cortez Salas, 56-2-734-9682 o 09-771-4805
  • Vilma Blamey: 56-2-695-2580
  • Macarena Aguiló Marchi, 56-2-341-3150 o 09-998-3357
  • Correo de contacto: exmenores@gmail.comAgrupación de Ex- Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura


      


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