“Estás en La Cacha, de Cachavacha, la bruja que desaparece gente”

“Estás en La Cacha, de Cachavacha, la bruja que desaparece gente”

Año 5. Edición número 205. Domingo 22 de abril de 2012

Plano. Los croquis dibujados por algunos de los sobrevivientes permitieron reconstruir el edificio de la cacha, demolido a principios de los ’80 para no dejar rastros./ Panorámica. el penal de Olmos, en cuyos terrenos estaba el centro clandestino de detención./ Inteligencia. el destacamiento 101 tenía sede en La Plata./ Documento. esta vieja fotografía del edificio de la cacha fue rescatada del archivo del S.P.B./ Fachada. la cacha funcionó en la vieja planta de Radio provincia.

Otras notas

  • La Justicia Federal elevó a juicio oral la causa en la que están imputados 18 represores por más de 130 casos de privación ilegítima de la libertad, tormentos y apropiación de hijos de desaparecidos, ocurridos en el centro clandestino de detención conocido como La Cacha, que funcionó durante la dictadura en las afueras de la capital provincial. La medida la adoptó el juez federal Manuel Humberto Blanco, luego de la acusación que presentó la Unidad Fiscal Federal, representada por los fiscales Marcelo Molina, Hernán Schapiro y Gerardo Fernández.

  • El miércoles pasado, después de años de años de dilaciones que parecían interminables, la Justicia Federal platense a través de los integrantes del Tribunal Oral Federal 1 inició el juzgamiento de los acusados por su participación en los delitos de lesa humanidad cometidos en las instalaciones del CCD conocido como La Cacha, que estaba ubicado en el predio de la cárcel de Olmos, en las afueras de La Plata.

  • En La Cacha cada detenido era propiedad del grupo de tareas que lo secuestraba. Su vida, su muerte, su destino, era propiedad del grupo de tareas. A mí me llevaron a la madrugada y me dejaron dos días tirado en un colchón, encadenado al piso, sin interrogarme, porque el grupo que me secuestró hacía turnos de 24 por 48 y empezaba el franco. No me interrogaron hasta que volvieron. De eso me di cuenta muy rápido, porque había gente en la misma situación que yo.

  • Para fines de abril de 1977, Ricardo Victorino Molina –Pancho para sus compañeros y también para sus secuestradores– tenía pocas esperanzas sobre su futuro. Llevaba más de diez días tirado sobre una colchoneta, encadenado a la pared, encapuchado, con el cuerpo marcado por la tortura. Fue entonces cuando uno de los guardias de los “Carlitos”, pronunció una frase que le reveló dónde estaba. Todavía hoy la sigue escuchando en su memoria: “¿Saben donde están, terroristas, zurdos de mierda?

  • Solamente salíamos (de las celdas de 2 por 1,50 m) para comer, una vez cada dos días. En cada celda había tres o más mujeres y el inodoro era una botella de lavandina cortada arriba”. El testimonio es de Adriana Calvo de Laborde, publicado en el Nunca Más (Legajo N° 2531). “La prohibición de hablar era total y los guardias miraban cada 10 o 15 minutos por la mirilla. Todo el tiempo se oían los gritos de los detenidos a los que estaban interrogando”, agregó entonces. Calvo ya tenía un hijo y estaba embarazada de 7 meses cuando fue secuestrada, en 1977.

  • De acuerdo con el acta secreta N° 31 de la Junta Militar de la última dictadura –una de las 280 encontradas en el subsuelo del Edificio Cóndor hace dos semanas–, en la reunión realizada el 21 de julio de 1977 en el edificio del Congreso de la Nación, los comandantes de las tres fuerzas armadas resolvieron inhabilitar a 31 empresas a las que consideraban “responsables de ocasionar perjuicios a los superiores intereses de la Nación”. La mayoría de esas compañías –enumeradas en el anexo II del acta– pertenecían o habían pertenecido al Grupo Graiver, entre ellas el Banco de Hurlingham.

Funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata y fue uno de los centros clandestinos de detención más sofisticados de la dictadura. Ahora, la causa que lo investiga fue elevada a juicio.

El Juzgado Federal Número 1 de La Plata, a cargo del juez Manuel Blanco, acaba de elevar a juicio las actuaciones que permitirán juzgar y condenar a los responsables mediatos e inmediatos de La Cacha, un centro clandestino de detención que funcionó entre 1977 y 1978 en las afueras de La Plata y que constituye un caso emblemático de la represión ilegal por su carácter de interfuerzas y su estructura operativa y de inteligencia. La Cacha fue creado en el marco de una etapa definida del plan sistemático de represión ilegal diseñado por la junta militar y respondió a la necesidad de obtener información precisa para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura cívico militar. Miradas al Sur tuvo acceso a documentación hasta ahora desconocida sobre su funcionamiento, entrevistó a sobrevivientes y pudo establecer el modus operandi de sus grupos de tareas y de sus equipos de interrogadores, así como reconstruir su estructura edilicia, destruida hasta los cimientos por los represores para borrar todo vestigio de su existencia.
A principios de 1977, la vasta geografía de la Capital Federal y las provincias de Buenos Aires y La Pampa se hallaba bajo la jurisdicción militar de la Zona I dependiente del Comando del Primer Cuerpo de Ejército, en ese entonces al mando del general Guillermo Suárez Mason. La línea de comando se continuaba en la Subzona 11 y finalizaba en el Área 113 para los partidos de La Plata, Brandsen, General Paz y Monte. Los mandos del Ejército, que tenían “la responsabilidad primaria en el esfuerzo de inteligencia en la lucha contra la subversión”, instrumentaron en esta área varios centros clandestinos de detención, el COT1 en Martínez, el pozo de Banfield, el pozo de Quilmes, Arana en las afueras de La Plata, la Comisaría Octava y la Brigada de Investigaciones en La Plata y La Cacha (también conocida como “el Casco” por algunos represores de otras jurisdicciones). Esta última estaba ubicada en Lisandro Olmos, en terrenos de la Unidad Carcelaria Número 1 del Servicio Penitenciario Bonaerense, en un edificio de la vieja planta transmisora de Radio Provincia. En todos ellos, los represores de las Fuerzas Armadas, policiales, penitenciarios y civiles adscriptos ejercieron un poder de vida o muerte a fines de “neutralizar y aniquilar al oponente”, que eran “todas las organizaciones o elementos integrados en ellas existentes en el país o que pudiera surgir del proceso que de cualquier forma se opongan a la toma del poder y/o obstaculicen el normal desenvolvimiento del gobierno militar a establecer”.
La función de las unidades de inteligencia militar –que en el área 113 estaban a cargo del Destacamento de Inteligencia 101, en la calle 55 entre 7 y 8 de La Plata, al mando del coronel Alejandro Arias Duval– fue diseñar y controlar el accionar represivo, seleccionando blancos, determinando el orden de los detenidos, asignándoles un destino de acuerdo a un patrón operacional y planificar la continuidad en el tiempo y el terreno de la actividad contrainsurgente. Este accionar no era improvisado ni espontáneo, se enmarcaba estrictamente en Reglamentos, Normas, Manuales y Órdenes de combate de las Fuerzas Armadas.

La Captura. Todo comenzaba con una operación que era casi siempre igual a sí misma, un procedimiento mecánico: un grupo operativo (llamado Grupo de Acción Especial, GAE en la terminología de la inteligencia militar) formado por seis u ocho personas armadas se desplazaba en dos o tres automóviles hacia una “zona verde” o “zona libre” donde irrumpían violentamente en un domicilio –generalmente, de noche– y secuestraba un hombre, una mujer, una familia entera, un adolescente, un anciano, un “objetivo” previamente confirmado a través de una precisa cadena de mandos. En sus declaraciones a la Conadep, el suboficial del Ejército Orestes Vaello (Legajo Conadep 3675) describió minuciosamente (y aportó copias cuyos originales no han podido ser aún fehacientemente contrastados con los originales en sede judicial) las fichas que los destacamentos de Inteligencia militar usaban para determinar y controlar la acción represiva sobre sus objetivos.
Luego del secuestro, el paso siguiente era el traslado del “paquete” –como llamaban a las víctimas los miembros de las patotas– al QTH prefijado, un LRD (Lugar de Reunión de Detenidos), un centro clandestino de detención, donde otra rutina, siniestra e inhumana se ponía en marcha: el interrogatorio bajo diversas formas de tortura y el cautiverio por días, semanas y meses en condiciones de privación sensorial (encapuchados), atados o encadenados, mal alimentados y en precarias condiciones de salud por la tortura y la falta de higiene. En La Cacha, esta metodología alcanzó un grado extremo de sofisticación.

La investigación. El expediente judicial elevado a juicio hace unos días establece que el punto nodal del inicio de la investigación sobre La Cacha se puede ubicar en “la valiosa y valiente declaración conjunta de parte de los sobrevivientes en la Comisión Arquidiocesana para los Derechos Humanos del Arzobispado de Sao Paulo, Brasil que se conoce como Clamor”. En esa declaración, firmada el 20 de octubre de 1983 por los sobrevivientes Néstor Torrillas, Nelva Falcone, Alberto Diessler, Roberto Amerise, Anamaría Caracoche, José Luis Cavalieri, Alcira Ríos y Luis Pablo Córdoba, aparece por primera vez un croquis y una descripción de las instalaciones de La Cacha con su distribución interna y, no menos importante, una lista con los apodos y la pertenencia de los represores a cada arma o dependencia que intervenía y su distinción funcional (guardias, torturadores). Los oficiales Daniel y Pituto de la Marina; los “Carlitos”, guardianes que pertenecían a esa arma, El Bueno, El Enfermero, Puente Roto. El mayor del Ejército Cordobés, los tenientes Inglés y Amarillo, el cabo Willy, el cabo Mostaza. El siniestro interrogador El Francés del SIE (Servicio de Informaciones del Ejercito, al principio erróneamente consignado como de la Side), los agentes Pablo, Jota y Tarzán. El brutal Oso Acuña, del Servicio Penitenciario Bonaerense, y los agentes Sabino, Dani y Palito. Apodos que la memoria de los sobrevivientes y su compromiso con la vida y la verdad aportaron al diagrama general del circuito represivo que la investigación judicial se encargaría de ampliar y profundizar.
A partir de las declaraciones en San Pablo, otros testimonios de sobrevivientes ante la Conadep y durante los Juicios por la Verdad engrosaron el caudal informativo que fue motivo de requisitorias solicitando detenciones de personal penitenciario acusado por denuncias anónimas presentadas ante la Secretaría de Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires. Sumando otras denuncias que responsabilizaban a personal militar, la Secretaría Especial del Juzgado 1 comenzó en 2004 un minucioso trabajo de recolección de testimonios e investigación de legajos militares, policiales y penitenciarios. La traba que significaba el secreto de Estado para el personal civil que había revistado en los destacamentos de Inteligencia fue removida por decreto presidencial del 6 de enero de 2010, lo que permitió el cotejo de los nombres y apodos surgidos en las actuaciones judiciales con los legajos de personal actuante en los años investigados. Las querellas presentadas por la Asociación de Ex detenidos desaparecidos, las Abuelas de Plaza de Mayo y la Secretaría de DD.HH. de la Nación sumaron su aporte presentando imputaciones, acompañando informes y solicitando detenciones.
La dedicación de los integrantes de la Secretaría Especial del Juzgado, Ana Cotter, Sandra Mañanes, Laura Pozzio, Emiliano Gassaneo y Agustin Erpen que procesó una masa enorme de documentos, declaraciones testimoniales, indagatorias, pruebas documentales y pericias técnicas, arroja un panorama esclarecedor sobre un centro de detención que funcionó desde principios de 1977 a finales de 1978, cuando fue desactivado y configuró un caso atípico entre el resto de los centros desplegados en el área 113.

La cueva de la bruja. Según los relatos de los sobrevivientes (ver entrevista a Ricardo Molina) el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje de Hijitus, la bruja Cachavacha, que tenía una escoba que “hacía desaparecer gente”. La dinámica interna de este centro clandestino se caracterizó básicamente por dos aspectos novedosos: era un centro “interfuerzas” donde actuaban el Ejército, la Marina y personal penitenciario en forma relativamente independiente; en él se aplicaron técnicas de reunión de información más sofisticadas que en otros centros y algunos de sus interrogadores eran estudiantes de las Facultades de Agronomía y Veterinaria de la Universidad Nacional de La Plata devenidos en agentes civiles de inteligencia.
La creación de La Cacha es indicativa de un momento –desde diciembre de 1976– en el que las fuerzas represivas buscaban precisar, hacer más eficiente, más “científico” el trabajo de inteligencia apuntando no sólo a la obtención de información de uso “táctico”, sino a una perspectiva de más alcance: obtener la colaboración activa y el quiebre ideológico de algunos detenidos.
Las patotas secuestraban a los objetivos y los entregaban al personal de guardia o al grupo de interrogadores de la fuerza que correspondía. Una vez concretadas las sesiones de tortura, el secuestrado era custodiado por guardias que hacían turnos de 24 por 48 horas y eran alternativamente pertenecientes a alguna de las fuerzas mencionadas. Estos guardias tenían vedado interrogar o interactuar con los detenidos, que “pertenecían” a quienes los habían “levantado”. En la práctica, esta compartimentación no siempre se respetaba y debido a ello existía cierto intercambio, cierto diálogo con algunas guardias, que fue la base de información valiosa para la instrucción de la causa judicial. Pero también es cierto que muchos de estos intercambios eran promovidos por los agentes civiles de inteligencia que hacían guardia en La Cacha con el objeto de ganarse la confianza de los secuestrados y extraer información.
La construcción constaba de un sótano, una planta baja y un primer piso. Se sabe –por testimonios de sobrevivientes– que en el entrepiso entre la planta alta y la planta baja donde los prisioneros permanecían encadenados, se habían instalado grabadores. Esto fortalece la presunción de que la relativa flexibilidad que mostraban algunos guardias era parte de una maniobra destinada a obtener información no en base a la presión del maltrato y la tortura, sino al clásico juego del “policía bueno” o a los diálogos entre los detenidos cuando éstos suponían que no estaban siendo vigilados.
Otro aspecto indicativo de la combinación de diversas técnicas de inteligencia fue la participación activa de secuestrados “quebrados” que colaboraban con los represores en la obtención de información incluso durante las sesiones de tortura, cotejando los dichos de las víctimas con su propia información y orientando a los interrogadores en las preguntas. También entrevistaban detenidos en interrogatorios sin tortura (ver entrevista a Javier Quinterno) planteando discusiones en torno a cuestiones políticas e ideológicas, mostrando las ventajas de transformarse en colaborador, de cambiar de bando.
Uno de los rumores que circulaban por La Cacha –seguramente promovido por los represores– aludía a la existencia de una “Cacha o Cachavacha Súper Star”, un lugar retirado, supuestamente una quinta donde una vez superada la instancia de la tortura, algunos de los secuestrados –quizás los menos comprometidos– serían ubicados con un régimen más benigno, con visitas de familiares, sin maltratos ni privaciones, un módico Paraíso después del infierno al que supuestamente eran trasladados algunos de los detenidos que habían colaborado. No hay noticias de que ninguno de ellos haya sobrevivido.

 

El Centro Clandestino de Detención “La Cacha” fue creado en el Área 113 del Comando del 1er Cuerpo del Ejército para desmantelar los últimos vestigios de resistencia organizada a la dictadura. Funcionó entre mediados del ‘76 y fines del ‘78 en la antigua planta transmisora de Radio Provincia, al lado de la Cárcel de Olmos. Fue uno de los CCD más sofisticados de la dictadura, por la participación que tuvieron El Ejército, la Marina, las Policías bonaerense y federal, el Servicio Penitenciario Bonaerense y el SIE ( Servicio Inteligencia Ejército). Según los relatos de algunos sobrevivientes el nombre “La Cacha” estaba referido al personaje la bruja Cachavacha de la tira “Hijitus”, del dibujante García Ferré, que en un cínico paralelo utilizado por los represores “hacía desaparecer gente”.

Los primeros relatos sobre el lugar, su funcionamiento y apodos de represores los tiene la justicia hace 30 años, y fueron producidos por testimonios de sobrevivientes en Brasil año 1983 (grupo CLAMOR en San Pablo), testimonios en la CONADEP y reconocimiento del predio 1984.

Anuladas las leyes de impunidad en 2003, y radicada la causa en el Tribunal N°1 de Humberto Blanco y Ana Cotter, hubo que esperar hasta enero de 2005 para que el expediente se moviera: el Fiscal Franco hizo una ampliación del requerimiento basada en un informe de la Secretaría de DDHH de la Provincia donde tres ex penitenciarios señalaron a sus colegas por participar en este CCD. Allí se hicieron las primeras indagatorias. Pero recién en diciembre de 2009, la fiscalía solicitó la detención de una veintena de imputados. Y se comenzó a fragmentar la instrucción, según Blanco por “la imponente cantidad de casos, el prolongado lapso de funcionamiento del campo y su complejidad”.

Entre febrero y marzo de 2010 se detuvo a 17 genocidas que actuaron como Personal Civil de Inteligencia, aunque poco después se liberó a varios de ellos, y se ordenó la captura de 3 prófugos: Ricardo Luis Von Kyaw (aún en Paraguay), Teodoro Aníbal Gauto (aún en Israel) y Miguel Angel Amigo, recapturado y sumado al juicio a último momento.

En marzo de 2012 Blanco clausuró la instrucción y elevó la causa a juicio, incluyendo a sólo 17 genocidas por 137 casos. El juez fragmentó la causa argumentando que “a los efectos de no dilatar ni entorpecer el proceso corresponde efectuar una separación de causas” y generó un nuevo expediente “para proseguir con la investigación de los restantes delitos” donde ubicó a los genocidas prófugos y los casos de los compañeros que no tuvo en cuenta en esta etapa. Esto significó que se parcializaran las causas tomando sólo los casos del año 1977 y no incluyendo a todos, dejaron causas “residuales” de desaparecidos del 77 y dejaron para otro juicio futuro los desaparecidos de 1978 en el mismo CCD.

Hasta ese momento, el juicio incluía a sólo 2 responsables del mando político (el gobernador militar, General Ibérico Saint Jean y su ministro de gobierno Jaime Smart), 13 integrantes del Destacamento 101 (incluido su jefe Arias Duval), 2 penitenciarios (el “Oso” Acuña y su jefe Isaac Miranda) y 1 marino (Juan Carlos Herzberg).

En mayo de 2012 el coronel Arias Duval, el único acusado por los homicidios y la apropiación de bebés, murió impune mientras se realizaba el juicio “Circuito Camps”, con lo que escapó a la justicia la cabeza de mando de la Inteligencia Militar en la zona. Y en septiembre de 2012 murió impune el genocida Saint Jean. Ambos nombres pasaron a integrar la irreversible cifra de 340 represores muertos impunes en 10 años, 8 de ellos imputados en causa Cacha. De hecho, por esas muertes impunes, hubo que recaratular la causa con el nombre del represor “Hidalgo Garzón”, juzgado en hechos de Campo de Mayo y La Cacha , al que el juez Rozansky tuvo que quitar el beneficio del reposo en un geriátrico porque la joven apropiada por el genocida lo encontró andando en bicicleta como si nada.

Con un juicio como éste, fragmentado y tardío, se pierde la oportunidad de investigar en unidad el funcionamiento de la maternidad clandestina más grande de la zona, el rol operacional del esquema de inteligencia militar y la coordinación represiva entre los grupos de tareas de la Policía, Penitenciarios, de la Armada y del Ejército.

A pedido de parte de las querellas, se sumó al juicio la causa por los asesinatos en noviembre del ’76 de Marcelo Bettini y Luis Bearzi, donde están imputados Smart, Etchecolatz, Luján, Gargano y Garachico, uno de los represores mencionados por Lopez en su testimonio sobre los CCD de Arana.

Este juicio es fiel reflejo del proceso de juzgamiento en todo el país, que en 10 años sólo ha condenado a 403 represores por 2400 víctimas en 104 juicios en todo el país. Ello representa el 20% de los 2.000 genocidas procesados en estos años. El año 2013 representa un estancamiento de juicios llegados a sentencia: 16 en todo el año, contra 25 concluidos en 2012.

En La Plata se llegó a fines de 2013 con 46 represores condenados en 10 juicios fragmentados, mientras hay otros 80 represores a la espera de ser juzgados. Es decir que el proceso que el Estado propone cerrar en 2015, no incluye para el Circuito Camps (29 CCD en toda la zona) más que 150 represores.

Memoria desde Fuera. The Stone and the Moon. Un film de Ricardo Letelier.

 

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Equipo

Directed by:                                                  Director of Photography:
Vincenzo Mistretta                                        Vincenzo Mistretta
Ricardo Letelier Brecht

Original Music By:                                      Production Designer:
Osvaldo Torres                                             Carlos Baeza de la Torre
Franck Malesieuux
Marc Hoffelt
Aristote/Productions

Lighting Design:                                         Camera Operator:
Elizabeth Finnegan                                      Adam Cumins

Photographer:                                             French Translation:
Marten Czamanske                                      Sophie CHEGARAY   Unité Documentairies

 

 

Esta película está profundamente ligada a la historia reciente de Chile, donde hay muchos conflictos no resueltos relacionados con la dictadura de Pinochet que afectaron profundamente  la conciencia del país. A pesar de la negativa de los ex golpistas, la justicia está trabajando para traer a la palestra el tema de las violaciones a los derechos humanos en el país. Artistas de todos los géneros están involucrados en un renacimiento de la conciencia social, como los cineastas que exploran lo que pasó y lo que queda por hacer. También cabe mencionar el otro cine, el cine que pretende desconocer la Memoria y mostrarnos una visión incompleta de la historia.

La piedra y la Luna es un relato ficticio basado en situaciones reales de muchos de los presos políticos de la época. El lamentable encarcelamiento y el posterior exilio dejó huellas profundas en la memorio de los niños que sufrieron el trauma de la dictadura.

Para muchos de esos niños que ahora son adultos, la idea de ​volver es una utopía, un sueño con el temor de ser alienados por un país que no conocen, haber nacido en una familia que sólo ha podido recrear las referencias culturales a través de relatos orales e imágenes perdidas en la memoria.

Un país es mucho más que eso. Un país es un lugar infinito donde es imposible capturar todo lo que hay en una obra de arte sea cual sea la forma de representación. Que es casi imposible imaginar el retorno sin sentirse completamente perdidos y desconectados de la realidad.

La piedra y la Luna es una película única porque el tema es visto desde el exterior. El personaje (Emilia) quiere volver. No a la permanencia definitiva o tratar de volver a conectarse, porque ella entiende que sería imposible. Ella acepta su realidad y por tanto está protegida de los falsos sueños. Emilia tiene una enorme curiosidad por su pasado, y encuentra la oportunidad de viajar y explorar su país de nacimiento del cual fue sacada siendo niña.

Queremos entender este viaje psicológico y transmitirla en una película que todo el mundo puede apreciar, que no trate de dividir a los espectadores, si no para entender la humanidad y las experiencias de la protagonista. Trataremos de mostrar que el exilio no es una cuestión solo de geografía, sino que está internalizado para miles de personas que están marginadas en su propia tierra.

Cuando Emilia regresa a Chile hace un viaje hacia el futuro y no al pasado. Su viaje le permitirá vivir el futuro con una visión mucho más clara de lo que realmente le sucedió a sus padres, y la razón por la cual ella es la mujer que es. Las personas siempre buscan entendimiento cultural, y Emilia es la fusión de dos culturas, la Americana y la Chilena, ella necesita fusionar las dos facetas de su vida para sentirse completa.

Nosotros, los artistas jugamos un papel importante en la búsqueda de una vida mejor. Cualquier forma de arte es de vital importancia para la sociedad en la que vivimos y esta película en particular será un instrumento para la memoria.

Ricardo Letelier Brecht

 

Siempre he tenido una afinidad con las artes visuales ,desde muy pequeño, de hecho, recuerdo vívidamente la primera vez que mi padre me preguntó qué quería hacer cuando fuera grande y yo respondí inmediatamente que quería ser fotógrafo. Me he centrado en este objetivo a partir de entonces y mi primera oportunidad llegó cuando era un hombre joven en Ecuador y un director de noticias de una revista se me acercó para fotografiar la vida cotidiana de la gente a través de mi lente.

Allí comencé a entender el poder de las imágenes, la forma en que una historia podría cobrar vida cuando se utilizaron una serie de fotografías para contarla y eso me inspiró aún más a derramar mis energías en mi vocación. Más tarde, tuve la oportunidad de fotografiar a los bailarines en el Ballet Nacional, en Quito, donde el arte de las imágenes en movimiento se entretejen en mi fotografía y mi imaginación se disparó ya que había descubierto nuevos métodos con los cuales trabajar. De repente, la fotografía en sí ya no podía soportar todo lo que yo soñaba con hacer, con la adición de movimiento, el cine se convirtió en un mejor medio y el documental se convirtió en el vehículo que me permitiera contar la historia.

Mi primer documental fue filmado en el Páramo de los Andes, un lugar desolado donde muchos agricultores viven y trabajan la tierra lo mejor que pueden. Inspirados por su fuerza y ​​dignidad ,ser testigo de la dura vida de los campesinos tachando la vida de la tierra y su doble explotación cuando trataban de encontrar un futuro mejor en las ciudades , creamos Un Solo Camino, un documental de 60 minutos junto a mi compañero cineasta Carlos Baeza de la Torre. Fue entonces cuando empecé a dedicarme por completo y definitivamente a este nuevo arte, una nueva forma de comunicación, donde se integran por completo los hilos de – lenguaje, los mensajes, la belleza y la educación en el lente de la cámara. Me ofrecí a trabajar en películas de mis colegas para mejorar mi sentido de las imágenes, el sonido y la iluminación, el aprendizaje y compartir el arte con diferentes grupos. La edición fue la siguiente gran transformación y al igual que las otras cuerdas aprendí a tocar esas notas también. Y, por último, también experimenté las dificultades sentidas por la mayoría de mis colegas que es el financiamiento de los cineastas independientes, que es siempre tenue y difícil de alcanzar, sobre todo para los pequeños proyectos creativos.

escrito por Ricardo Letelier.

Vincenzo Mistretta

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Vincenzo Mistretta es director de cine y artista visual. Nació en Palermo, Sicilia y emigró a los Estados Unidos con su familia cuando era niño. Ha vivido en Buffalo, NY, New York City; Roma, Italia, y Palermo, Sicilia. Comenzó su carrera como artista visual en 1989 al graduarse de Pratt Institute en Nueva York con un BFA en Pintura. Sus pinturas han sido exhibidas en Europa y en los EE.UU. y se encuentran en numerosas colecciones en Italia, los EE.UU. y Francia.

Mistretta comenzó a hacer películas en 1989 en la ciudad de Nueva York. Obtuvo una maestría en Estudios de Medios y Literatura Italiana de la Universidad de Buffalo en 1998 y una Maestría en Estudios de Medios de la misma institución en 2006. Ha trabajado en diversos géneros como experimental, narrativo y documental, a menudo utilizando un híbrido de los tres. Temas recurrentes en su rango de trabajo de la identidad cultural y lingüística con el género y la sexualidad a las preocupaciones formales con la esencia material de la película en sí. Su interés de larga data en el activismo político le ha llevado a producir una serie de documentales sobre las mujeres de Negro en la red de paz en Buffalo y Nueva York, y en 2006 fue galardonado con una beca Fulbright para continuar su investigación y documentación de Mujeres de Negro en Roma y en el resto de Europa . En 2011 recibió una beca de Canales de Squeaky Wheel / Buffalo Media Recursos para trabajar con la Coalición sin fines de lucro de Aire Limpio de WNY en Tonawanda , Nueva York en un documental sobre la organización. Después de que el proyecto había terminado, él mantuvo sus estrechos vínculos con el grupo y continúa trabajando en varios proyectos de vídeo, incluyendo un documental que examina los problemas ambientales críticos en el oeste de Nueva York.

Mistretta ha recibido una Miquel Vinciguerra cine Grant, así como becas y subvenciones del Niagara ( NY ) del Consejo de las Artes, el Condado de Erie ( NY) Consejo de las Artes , el Centro de Televisión Experimental , y otros. Ha proyectado y expuesto su obra a nivel internacional en salas y festivales , incluyendo abrir proyectos de vídeo y el Festival de Cine Arcipelago en Roma ; el Festival de Cine O’Curt en Nápoles ; Netwerk / Centro de Arte Contemporáneo , Bruselas , el Festival Internacional de Cine de Madrid y de la Internacional Festival de Cine Independiente en la ciudad de Nueva York. También ha presentado ponencias en varios congresos académicos sobre el género, la cultura popular, el cine italiano, y la globalización en la Universidad de Rutgers (Newark, NJ), en la Universidad de Buffalo , así como el 13 º Salón Internacional de Historia Oral en Roma, Italia.

Mistretta ha enseñado el cine, el análisis de la película, y documental de producción en la Universidad de Buffalo y SUNY Fredonia . También ha trabajado como curador Acefalo Galería de Arte en Palermo , Italia, y programador de medios en Abrir Proyectos de vídeo , un archivo de vídeo con sede en Roma, que facilita las proyecciones de videoarte / cine en toda la ciudad y en el extranjero . Su compañía de producción de video, La Ricecooker Productions, sirvió como base para su trabajo en comerciales de televisión y producciones independientes.

Es un honor para mí trabajar en el proyecto de la Memoria junto a mi compañero Ricardo Letelier Brecht. La piedra y la Luna es sin lugar a dudas una película original en la medida que proyecta el retorno dentro de un marco investigativo con miras al futuro.

escrito por Vincenzo Mistretta

«La Vida se abre paso… entre los escombros del recuerdo». Caso Conferencia

 

 

DDHH – Reparación y Justicia:   EL CASO CONFERENCIA – Reportaje documental

http://www.chilenos.ru/print_552.htm

El llamado Caso Conferencia es una operación llevada a cabo por la DINA en 
1976 que asestó un duro golpe a la dirección clandestina del Partido Comunista, 
donde desaparecieron, entre otros, Víctor Díaz, a quien, según las pesquisas, 
los miembros de la Brigada “Lautaro” lo habrían asesinado a golpes.

::Si la muestra se detiene apriete la tecla F5 y retome el capítulo correspondiente con  

 

«La Vida se abre paso… entre los escombros del recuerdo»

 

Algunas opiniones recogidas del Foro respecto del documental: 

Opiniones: Claudia Poveda 
«Será ético pedirles a los familiares de Detenidos Desaparecidos que olviden? que perdonen? 
Será ético que como sociedad demos vuelta la página? 
Cuantos sicópatas sueltos en nuestras calles, con vidas normales y perfectas, cuantos son padres y abuelos, cuantos hijos sin saber como realmente son sus padres? 
La tragedia de Chile es la tragedia de todos, unos, por el dolor de una perdida irreparable, el dolor de la justicia denegada, otros, el dolor y la vergüenza del engaño, de la vida falsa, de la mentira, del horror. 
Cuando será posible que sanen tantas heridas? 
Como dijo una amiga el fin de semana: es increíble la capacidad liberadora de la verdad 

Opiniones: Daniel Barril 
«… como muchos, quedé atónito ante la magnitud de la violencia y el abuso cometido por la DINA a los militantes del Partido Comunista de Chile, durante los primeros años de la dictadura de Pinochet. Impresionante. Sobrecogedor. Terminamos la noche del lunes abrazados a las lágrimas de rabia y cada vez más comprometidos con la vida… la memoria se abre paso, más allá de las convenciones y los tiempos “políticamente correctos”… retratos tan crudos como este, nos ayudan a despertar del automatismo en que parece, por largos momentos, vivir este país…»

Fecha: 2007-08-19

Por: Informe Especial TVN

Fuente: YouTube

Idiomas: Russian language

La Gran Mentira

El caso de las “Listas de los 119”

Aproximaciones a la Guerra Psicológica de la Dictadura Chilena.
1973-1990

Comité de Defensa de los Derechos del Pueblo
CODEPU – DIT – T

La Gran Mentira

Indice


 


 

Derechos Humanos en Chile | Desaparecidos Chile | Biblioteca Virtual

 


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Este libro ha sido editado en internet por Equipo Nizkor y Derechos Human Rights el 25feb02.

Estado de Chile es obligado por la solidaridad nacional e internacional a tratar médicamente a héroe de la Resistencia contra Pinochet

“Soy un ex prisionero político de la dictadura contemplado en la ley Valech ( http://fundacionallende.blogspot.com/ ), como tantos otros” comienza la cita ‘El Ronco’ con la encargada nacional del PRAIS, Paula Godoy, y sustancia que “Requiero urgentemente una operación a la vesícula en un contexto donde ya tengo intervenciones anteriores de cáncer, intoxicación y envenenamiento en las cárceles de la dictadura.

Revista de prensa -- Alternativas -

-Caso de Guillermo Rodríguez, El Ronco“El Ronco”, revela que los pocos criminales de la tiranía encerrados viven en cárceles cinco estrellas, mientras miles de víctimas reciben trato de indigentes.

Andrés Figueroa Cornejo

El 31 de julio, cerca del mediodía, un Comando de Apoyo acompañó al reconocido militante de la Resistencia contra la tiranía pinochetista, Guillermo Rodríguez Morales, ‘El Ronco’, a una reunión en el Ministerio de Salud con la responsable nacional del Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos, PRAIS (creado en 1991), Paula Godoy, para conocer su respuesta ante la gravedad sanitaria que atraviesa el ex prisionero político ( http://www.rebelion.org/noticia.php?id=171949 ).

La cartera de Salud está ubicada en el centro de Santiago de Chile. Apenas dos días antes se había echado a correr por las redes sociales la carta de Guillermo Rodríguez, y ya la solidaridad nacional e internacional tapizó con protestas al Ministerio y con…

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Miguel Enríquez Espinosa. (1944-1974).

Miguel Enríquez Espinosa. (19441974). Médico chileno. A los 23 años de edad, el IV Congreso del MIR lo elige su Secretario General, responsabilidad que asume hasta su heroica muerte.

Síntesis biográfica

Familia

Su padre el Dr. Edgardo Enríquez Frodden (19121997), descendiente de familias de clase media acomodada con fuerte arraigo a la zona de Concepción, médico especialista en Anatomía, director de hospital, profesor universitario, destacado miembro de la Masonería, Rector de la Universidad de Concepción (19691972), Ministro de Educación en 1973, durante el gobierno del presidente Salvador Allende.

Su madre Raquel Espinosa Towsend, oriunda de Temuco, egresada de la Escuela de Leyes de la Universidad de Concepción, mujer cariñosa y de gran sensibilidad humana.

Nacieron 4 hijos: Marco Antonio (noviembre 1939), Edgardo (diciembre 1941), Ines (1942), y Miguel. La familia vivió en un comienzo en la calle Caupolicán 112 de Concepción. En mayo de 1943 se mudan a la casa número 120 en la zona militar del Apostadero Naval de Talcahuano.

Estudios

Desde que Miguel inicia sus estudios secundarios, se manifiestan o afianzan en él, características que le acompañaron durante su breve vida. Contrario y tenaz en el enfrentamiento a las injusticias, interesado en los problemas sociales, inteligente y estudioso, rápido en sus razonamientos y en el hablar, facilidad para expresar sus ideas, disposición a enfrentar dificultades y buscarle solución, abierto a diversas manifestaciones culturales, estudiante destacado, franco, directo, hábil, alegre, lector multifacético y constante, gran simpatía, solidario y buen amigo, autodidacta, responsable, jugaba ajedrez, practica gimnasia, disfrutaba de la música clásica, gusta del excursionismo, etc. Sus inquietudes sociales y políticas se manifiestan ya a los 11 años.

Querido por los buenos educadores, detestado por los mediocres. Muchas fueron las oportunidades en que supo enfrentar con vehemencia y claros argumentos el actuar injusto de algunos profesores contra sus compañeros o él mismo; actitud que le acarreó dificultades, como en segundo año cuando un inspector superado en una discusión le pegó y él le respondió cuanto pudo con su fuerza física, o un injusto intento de expulsión en cuarto que lo anuló con sus argumentos. En el transcurso de sus estudios de enseñanza media, además de sus hermanos Marco Antonio y Edgardo conoce compañeros de su propio curso, y de otros que más adelante le acompañaran en su camino político.

En el tercer curso y cuando solo contaba con 13 años de edad tiene su bautismo inicial en la lucha callejera con ocasión de las movilizaciones populares del 2 de abril de 1957, estudiantes junto a obreros y pobladores salen a la calle en protestas contra la cesantía, la política de alzas del segundo gobierno de Carlos Ibañez y sus medidas represivas.

Durante la campaña presidencial de 1958, se interesa y participa con sus hermanos en algunas actividades políticos de la alternativa popular, asiste a masivas y combativas concentraciones, y comparte la frustración que produjo la estrecha derrota de Salvador Allende candidato del Frente de Acción Popular, FRAP, y el triunfo de Jorge Alessandri candidato de los patrones; le surgen allí las primeras interrogantes e intentos de respuestas iniciales para el cuestionamiento futuro a la política de los partidos de izquierda tradicional.

El 1 de enero de 1959 se produce el triunfo de la Revolución Cubana dirigida por el Movimiento 26 de julio encabezado por Fidel. Esta victoria remece y despierta a los explotados de Latinoamérica, crea una nueva situación que potencia el actuar revolucionario en sectores populares y en la juventud audaz e inquieta, que buscaba descubrir y trazar nuevos caminos para que junto a las masas oprimidas luchar por una revolución verdadera.

Vocación por la lectura

Miguel como todos sus hermanos desde muy niño le gustó estar informado. Leía periódicos, incluso las editoriales, revistas, etc. Le encantaba escuchar conversaciones de personas mayores.

Para que dispusieran de libros y revistas su padre les abrió una cuenta en una de las mejores librerías de Concepción. Quien en general dirigía las lecturas de sus hermanos, especialmente cuando estos eran pequeños, era su hermano mayor, Marco Antonio, de esta forma fue formando su propia biblioteca con obras realmente selectas, tenía desde la Biblia hasta El Capital de Carlos Marx. Textos de historia, filosofía, economía, sociología, biografías, libros de arte, de literatura, etc.

Muchos de estos libros le fueron robados cuando la policía allanó su domicilio. Para fomenta el interés de Miguel por la ciencia, las artes, la cultura en general y aún la política, su padre siempre se preocupó de llevar a la casa profesores, artistas, investigadores, conferencistas, profesionales, parlamentarios y hasta sacerdotes. En estas reuniones familiares, desde 1959, siempre estaba presente la conversación, él no sólo escuchaba sino que también intervenía, fuera para hacer preguntas, fuera para dar su opinión con el correspondiente respeto y mesura.

Vida universitaria

En marzo de 1961 Miguel es seleccionado e ingresa a estudiar Medicina en la Universidad de Concepción, allí estrecha sus lazos de amistad y coincidencia político ideológica temporal o permanente con compañeros de la carrera y otras facultades, Bauchi, Tranquilo Romero, Beatriz (Tati) Allende, J. Gutiérrez, Luciano, Edgardo Condeza, Juan Saavedra, Ariel Ulloa, y muchos otros.

El año anterior había ingresado a la Federación Juvenil Socialista de la cual ya su hermano Edgardo era miembro. El 17 de abril de 1961 y días siguientes es uno de los organizadores y conductores de las movilizaciones solidarias de los estudiantes y sectores del pueblo de Concepción contra la invasión mercenaria y de Estados Unidos a Cuba en Playa Girón. A fines de 1961 participa junto a otros dirigiendo los estudiantes en apoyo a la larga huelga del magisterio.

Antes de finalizar el año escolar enfrenta en asamblea de alumnos de primer año al rector de la Universidad, David Stitchkin, rechazando la forma en que trata a sus alumnos. En los años siguientes, además de sus estudios de medicina, la militancia política, el estudio teórico, asiste a clases o estudia por su cuenta materias que le interesan: economía, sociología, filosofía, historia. Gran impulsor del trabajo estudiantil voluntario en poblaciones de Concepción donde además de la agitación política se organizan cursos de alfabetización y se atiende a pobladores en policlínicos de salud.

Su participación creciente en la práctica de la lucha de clases, le fueron mostrando muy pronto el auténtico carácter del Partido Socialista donde militaba.

Actividad política

En el centro Universitario de Concepción, inició sus pasos como dirigente político estudiantil, inspirado en el ejemplo de la triunfante Revolución Cubana.

Militó en el Partido Socialista hasta 1963, posteriormente formó la Vanguardia Marxista (VRM), donde se agruparon jóvenes que en 1965 dieron vida al Movimiento de Izquierda Revolucionario (MIR).

Era un gran estudioso de cuestiones militares, económicas, políticas y psicológicas.

Su actividad política y sus responsabilidades como Secretario General del movimiento lo llevaron a abandonar la especialidad y asumir por completo las tareas de dirigente.

En 1967, en el Tercer Congreso del MIR presenta su tesis político militar de convertir el Movimiento en un Partido Revolucionario.

En 1969, el MIR es objeto de una intensa represión por parte del gobierno de Eduardo Frey y pasa a la clandestinidad, hasta que termina con el advenimiento de Allende como Presidente de la República.

El MIR apoyó la candidatura, chequeaba los actos de masa y se dedicó fundamentalmente a las tareas revolucionarias, a la información de las actividades del enemigo y a la protección de Salvador Allende.

Allí se formó el primer aparato de seguridad integrado por el MIR y el Partido Socialista, en donde el MIR capacitó y trasladó sus experiencias a los últimos. Miguel chequeaba este trabajo y vigilaba directamente estas actividades.

Miguel y el presidente Allende

La noche del 10 de septiembre de 1973 circula información sobre desplazamientos de tropas, cuestión reiterada en esos tiempos. La comisión política del MIR está a la espera del próximo día: Allende entregará un mensaje al país anunciando llamar a un plebiscito y ofrecerá su renuncia; se discutirá el texto de una declaración y plan del MIR y otros sectores de la izquierda, incluido el PS para impulsar una contraofensiva popular y revolucionaria. Demasiado tarde.

Contando con el factor sorpresa las clases dominantes a través de su brazo militar, las FF.AA habían iniciado el momento militar por la reconquista plena del poder. El 11 de septiembre, a las 7 de la mañana se reúne la CP en una casa de San Miguel. Alerta máxima: cada militante y unidad del partido en sus frentes y puestos de lucha, constitución de direcciones y fuerzas, desarrollar el plan militar definido, apertura de depósitos y distribución de las pocas armas disponibles y el armamento casero, desarrollar una ofensiva general concentrando los focos de resistencias en los cordones industriales y poblaciones e integrando a las masas y a la izquierda al combate. Poco se logra, muchos dispuestos a empuñar las armas, los medios de combate son escasos y falta experiencia combativa.

Miguel en varias oportunidades trata de contactar al presidente Allende. “Tati” entrega el mensaje a su padre: se le insta y propone un plan y los medios para salir del [[Palacio de La Moneda]] y pasar a dirigir la lucha de resistencia clandestina desde las poblaciones populares. Allende no acepta:

“Yo no me muevo de aquí, cumpliré hasta mi muerte la responsabilidad de presidente que el pueblo me ha entregado. Ahora es tu turno Miguel”.

Un par de horas después Salvador Allende presidente de Chile, gran patriota revolucionario pagaba con su vida, su lealtad a la causa de los trabajadores, levantando una eterna bandera de lucha, y ofrendando en el testimonio de su sangre, que el movimiento popular no se rinde ante los aparatos armados del estado burgués.

Miguel y otros miembros de la CP se reúnen después del mediodía con dirigentes del Partido Socialista y el Partido Comunista en el centro fabril metalúrgico Indumet del Cordón Cerrillos para coordinar un plan de resistencia armada, hay acuerdo con socialistas, los compañeros comunistas son contrarios, están a la espera si se cerrará el Congreso Nacional, se retiran. Los restantes junto a obreros son cercados. Combaten por horas. Rompen el cerco. Hay escaramuzas en diversos lugares. En la tarde con el país controlado por las FF.AA y el movimiento de masas pasivo y replegado era evidente la no contención del golpe. Con gran impotencia y rabia Miguel y la CP dan orden de repliegue, mantención de acciones de hostigamiento y el paso a la clandestinidad. La situación hacía evidente para el MIR que, a pesar de sus denodados esfuerzos, de transformarse en el curso de la crisis del sistema de dominación, de grupo en vanguardia revolucionaria del movimiento de masas, no lo logró y, allí residió una de las causas fundamentales de la derrota en el enfrentamiento de septiembre de 1973.

El último documento

El último documento conocido es una declaración pública. Fue redactada por el secretario general del MIR 25 días antes de su heroica muerte. No sólo tiene valor histórico por ese motivo, sino también porque da a conocer uno de los episodios más importantes de ese período: el intento de negociación con el MIR del jefe del SIFA, comandante Edgar Ceballos Jones, procesado por su responsabilidad en la desaparición de prisioneros políticos. La declaración fue publicada en número 101 de El Rebelde, órgano del MIR en la clandestinidad, y en el Correo de La Resistencia, números 3-4 de septiembreoctubre de 1974.

Carta

En los últimos años Miguel tuvo la certeza de que su vida sería corta. Por tal motivo no se permitió el lujo de perder el tiempo y escribió una carta a una persona muy especial.

En ella le decía que tenía que apresurarse en hacer las cosas porque cualquier día iba a caer y sus huesos probablemente quedarían esparcidos por ahí, blanqueándose al sol. En esa misma carta daba algunas indicaciones sobre lo que quería que hiciera con su mujer y su hija.

Daba algunas instrucciones hacia el futuro.En tiempo de la Unidad Popular, cuando ya había dejado la clandestinidad a que lo había llevado la persecución política e ideológica de Frei, fue un día a casa de sus padres y en esa conversación explicó a su madre cómo quería que fuera educada su hija Javiera, que entonces tenía unos dos años de edad.

Le dijo:

Que nadie me la vaya a presionar, que nadie pretenda orientarla hacia la política porque su padre dedicó prácticamente toda su vida. Quiero que sea una niña feliz, que crezca y se forme como todos los niños, despreocupada y libre, que ojalá practique una actividad artística. Si cuando más grande ella decide participar en política, que sea su decisión, que nadie la utilice para ningún fin que ella no desee o la motive. Si lucho por la libertad y felicidad de hombres y mujeres, cómo no voy a querer que mi hija sea feliz.

Muerte

El cerco represivo se estrechaba en torno a la dirección. Había que tomar decisiones rápidas y extremas. El 5 de octubre de 1974 un “grupo de tarea” de la DINA, continúa sus reconocimientos en un “sector posible y sospechoso” en San Miguel. Llegan a la calle Santa Fe esquina Chilo. Sin saberlo inicialmente, hacen contacto con el objetivo perseguido y buscado largo tiempo. La decisión de Miguel es combatir. Resiste solo los momentos más intensos del combate, al ser abandonado por otros que le acompañaban al creer que estaba herido de muerte. Enfrenta cerca de dos horas a centenas de efectivos de fuerzas militares combinadas que, al final logran darle muerte.

Diez balas acabaron con su vida, la cual había entregado completamente a los intereses del proletariado y las masas populares y, a la lucha por construir una sociedad distinta. Su sueño, ideario y aspiraciones camina en los senderos del porvenir histórico de su pueblo. Esa consecuencia y grito libertario irrumpió con fuerza en eternos combates populares, vestido de obrero, de campesino, de mapuche, de poblador, de estudiante, de miliciano, de mujer, de hombre y de joven en su lucha irrenunciable por la dignidad, la libertad, la justicia, la democracia y un sistema social justo en su patria.

La noticia de su muerte

La Sra. Laura Allende comunicó la noticia a los padres de Miguel y fue la primera en llegar al departamento a acompañarlos, no descansó hasta que Miguel estuviera sepultado. Laura era hostigada y agredida por el ejército, la DINA y la SIFA. Fue detenida, torturada y luego expulsada del país. Años más tarde moriría en La Habana, Cuba.

Entierro

Miguel fue enterrado el 7 de octubre de 1974, a las 07:30 de la mañana, en un nicho del Cementerio General de Santiago de Chile. Autorizaron acompañarle diez miembros de su familia, vigilados por cientos de hombres y armas de enemigos temerosos. Aunque el pueblo no pudo estar presente, una mujer representó el sentir de miles de ausentes, cuando su madre Raquel, en medio del silencio con voz fuerte y entera dijo:

” Tú no has muerto.
Tú sigues vivo,
y seguirás viviendo
para esperanza y felicidad
de todos los pobres del mundo.”

Fue sepultado con una simple cruz de cemento sin más inscripción que el número 2360 y la fecha que marcan en el folio 5 la tumba del luchador revolucionario.

Fuentes

Recomposiciones y apropiaciones de la memoria .Estudio sociológico sobre un grupo de exiliados chilenos en Paris,

Comunicaciones y Reseñas memoria

Recomposiciones y apropiaciones de la memoria  

Estudio sociológico sobre un grupo de exiliados chilenos en Paris, entre octubre de 1998 y marzo de 2000

Fanny Jedlicki, doctorante en sociologia en la faculdad Paris VII – URMIS

(Unidad de Investigacion Sobre Las Migraciones y la Sociedad).

Con la indispensable ayuda para la traducción de Natalia Lavalle.

El 16 de octubre de 1998 quedará grabado en la memoria de todos los chilenos, especialmente en la de aquellos que aún viven en los países donde se refugiaron después del golpe militar de 1973. Se trata justamente de la recuperación de esta memoria en el “caso Pinochet” y de la movilización activa realizada por los ex-refugiados y sus hijos. Y son éstos últimos, los que con su presencia y compromiso asumen la lucha contra la impunidad de Pinochet, quedando en evidencia la relación con la memoria familiar del exilio.

El…

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mantener a flor de piel el terror en la población

A los héroes del cerro Chena

por Manuel Ahumada Lillo

Entre el 4 y el 6 de Octubre de 1973 en los cerros de Chena se llevó a cabo el asesinato de una veintena de detenidos, entre los que se encontraban dirigentes sindicales, obreros, pobladores y jóvenes secundarios. Se ha logrado determinar que fueron horriblemente torturados y que, encontrándose en deplorables condiciones, se les hizo creer que si corrían podrían salvar sus vidas. Se les ordenó quitarse las vendas y, en la oscuridad, se les hizo correr hacía el cerro y se les disparó a discreción, recibiendo cada uno de los detenidos varios impactos de bala.

A mi compañero y amigo Manuel González Vargas, el “conejo” González lo encontró su esposa en el Instituto Médico Legal, y cuando unas horas después me describió como estaba, sólo atinamos a llorar abrazados junto a alguno de sus hijos.

A los obreros fusilados de la Maestranza de San Bernardo, con quienes tuve el honor de compartir sus últimos días de vida, a 34 años desde que fueran asesinados un día de Octubre de 1973, el recuerdo imperecedero, el homenaje sincero y la reiteración del compromiso de darlo todo por la clase trabajadora, en vuestro honor y el de todos los que cayeron.

A LOS HEROES DE SAN BERNARDO **

“Dice don Oscar Aguayo, en Vida y anécdotas de la Maestranza San Bernardo, de Rosana Ojeda:

“En el año 1939 se repite una vez más esa tendencia imperante a lo largo de la historia. Se intenta derrocar el gobierno democrático de don Pedro Aguirre Cerda.

Los ferroviarios suman fuerzas en cuestión de horas. Hay una visión unitaria y la movilización maestrancina es el primer síntoma de lucha.

Estaba en la Maestranza (Central de San Bernardo) informando lo que sucedía cuando llegó un auto, era de Santiago, venían tres ciudadanos, uno de ellos era Salvador Allende, ministro de Salubridad del gobierno de don Pedro Aguirre Cerda. Nos dijeron que nosotros éramos una fuerza importante y que teníamos que tomar medidas para abortar el golpe.

Con aproximadamente mil doscientas personas se formó el batallón maestranza, organizados por escuadras, todo se hizo rápido. Preparamos un tren blindado para ir al paso nivel, ahí estaba la parte armada de los militares de San Bernardo. Teníamos todo listo para ir a pelear cuando un jeep militar entra en la Maestranza con don Galvarino. Nos informa que el golpe está terminado.

Le dijimos, vamos a hacer un desfile.

Háganlo no más dijo, no hay problema.

Con el batallón maestranza y el orfeón Ferroviario salimos a desfilar por San Bernardo. Pasamos por la plaza, ahí estaba la escuela de Aplicación, ellos nos aplaudían.

34 años después, a fines de Septiembre de 1973, soldados de la Escuela de Infantería, armados hasta los dientes, ingresaron a la Maestranza Central con una lista de nombres.

Recorrieron los talleres llamando a viva voz a los requeridos y los fueron sacando de sus lugares de trabajo, separándolos de sus compañeros, quienes ignoraban en ese momento que los veían con vida por última vez.

Manuel González, “el conejo”, de herrería; Ramón Vivanco, del taller ruedas; Pedro Oyarzún, “el chueco”, de frenos de aire; Arturo Koyck, “El tata”, de eléctrico; José Morales, presidente del consejo; Joel Silva, “el negrito”, de Pabellón Central; al igual que Adiel Monsalves; Roberto Avila, de albañilería; Alfredo Acevedo, Raúl Castro, y Hernán Chamorro, llegaron tarde en la noche del 28 de septiembre al campo de prisioneros de Chena, lugar en el que ya se encontraban decenas de detenidos.

Al contrario de lo sucedido en 1939, en esta ocasión sí se produjo el golpe de estado y ni los ferroviarios ni ninguno de los gremios organizados pudo prepararse y resistir.

Conocedores los golpistas locales de la fuerza de la organización ferroviaria, no trepidaron en fusilar a los dirigentes detenidos.

Con tal acción daban una muestra de su actuar a los ferroviarios, y sembraban el terror en la población.

El apacible San Bernardo se transformó, entonces, en una comuna militarizada, vigilada de día y de noche por patrullas militares armadas, que se hacían notar disparando a discreción. El único interés que los movió durante esos años fue mantener a flor de piel el terror en la población.

El cerro Chena pasó de lugar de esparcimiento a centro de detención clandestino. Los militares, que formaban parte del paisaje de la ciudad, se transformaron en carceleros torturadores y verdugos” .

** Del libro Cerro Chena – Testimonio
http://www.cgt-chile.cl/homenaje.htm

Web CGT
cgt-chile.cl

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI)

21 de agosto, 2012

(SANTIAGO – 21 de agosto de 2012)

El Grupo de Trabajo de las Naciones Unidas sobre las desapariciones forzadas o involuntarias (GTDFI) visitó Chile del 13 al 21 de agosto de 2012. El GTDFI quisiera agradecer al Gobierno de Chile por haberle extendido una invitación para visitar el país, por su positiva cooperación antes y durante la misión y por la apertura al diálogo con los integrantes del Grupo de Trabajo. Adicionalmente, el GTDFI quisiera agradecer a las organizaciones de la sociedad civil, en particular de familiares de personas desaparecidas y todos los sectores de la sociedad con los que se reunió. Finalmente, el GTDFI quisiera agradecer al sistema de Naciones Unidas, en particular a la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en Santiago por su valioso apoyo.
La misión estuvo integrada por dos miembros del GTDFI: la Sra. Jasminka Dzumhur y el Sr. Ariel Dulitzky. El objetivo de la visita fue examinar las principales iniciativas y políticas emprendidas por el Estado chileno sobre cuestiones relativas a las desapariciones forzadas o involuntarias de personas en el contexto de las violaciones a los derechos humanos del pasado, y analizar el desarrollo de las investigaciones y causas judiciales que han tenido lugar sobre casos de desapariciones forzadas, así como otros aspectos, incluidos temas relativos a la verdad, y la reparación para las víctimas de desapariciones forzadas.
Los expertos se reunieron con diversas autoridades incluyendo el Ministro de Justicia, el Director General Adjunto para Asuntos Multilaterales y Globales, y el Director de Derechos Humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores; la Subsecretaria del Interior (s) y la Secretaria Ejecutiva Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública; el Director Nacional del Servicio de Registro Civil e Identificación; el Director Nacional del Servicio Médico Legal; la Subsecretaria de Justicia; el Subsecretario de Defensa; la Corporación de Asistencia Judicial, Región Metropolitana; el Jefe del Departamento de Derechos Humanos de Carabineros; el Jefe Nacional de delitos contra los derechos humanos de la Policía de Investigaciones; el Fiscal Nacional (Ministerio Público), y el Director Nacional de Gendarmería. El GTDFI se reunió también con el Presidente del Senado y los Presidentes de las Comisiones de Derechos Humanos, Nacionalidad y Ciudadanía, y de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento  del Senado; así como con el Presidente del Consejo de Defensa del Estado; el Presidente de la Corte Suprema de Justicia, así como con el magistrado coordinador de causas sobre derechos humanos.
El GTDFI se reunió también con el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), así como con organizaciones de familiares de personas detenidas desaparecidas, ejecutados y exiliados políticos, así como otras organizaciones de la sociedad civil y académicos. Los expertos se reunieron además con el Arzobispado de Santiago.  Durante la misión, el GTDFI visitó el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos, Londres 38, Villa Grimaldi y el memorial de Paine.
Desde su creación, el Grupo de Trabajo ha transmitido 908 casos al Gobierno de Chile, de los cuales 806 siguen sin resolverse.
 
 
VERDAD
Chile sufrió graves y sistemáticas violaciones de derechos humanos entre 1973 y 1990, incluyendo desapariciones forzadas. Desde el retorno a la democracia, ha habido varios procesos institucionales importantes para hacer frente a cuestiones relativas a la verdad sobre las desapariciones, incluyendo la creación de comisiones de la verdad y otros órganos encargados de determinar la suerte de las víctimas.
La primera entidad establecida con este propósito, en 1990, fue la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (conocida como Comisión Rettig) con el mandato de investigar la situación de personas desaparecidas y ejecutadas durante la dictadura militar. La Comisión concluyó sus trabajos en febrero de 1991 con un informe final. Según dicho informe, la Comisión recibió 3, 550 denuncias, de las cuales 2,296 se consideraban casos calificados, y de ellos, 979 casos de desapariciones forzadas. Durante la presentación de este informe, el Presidente ofreció una disculpa oficial y se enviaron cartas individuales a las familias.
En febrero de 1992, de conformidad con la Ley no. 19.123, se creó la Corporación Nacional de la Reparación y Reconciliación con la finalidad de coordinar e implementar las medidas de reparación propuestas por la comisión Rettig, asimismo para calificar como víctimas de violación de derechos humanos aquellas que la Comisión Rettig no pudo considerar debido a falta de pruebas o porque los antecedentes no fueron presentados a la Comisión. La Corporación publicó el Informe sobre la Calificación de Víctimas de Derechos Humanos y Violencia Política, añadiendo 123 casos de desapariciones forzadas.
En 1990 se creó la Mesa de Diálogo con miras a incorporar a las Fuerzas Armadas al diálogo nacional sobre violaciones de derechos humanos bajo la dictadura militar y recopilar información sobre el destino final de las personas desaparecidas. En la Mesa de Diálogo participaron representantes de las instituciones militares y religiosas, de la sociedad civil, abogados y defensores de los derechos humanos. Algunas fuentes informaron que uno de los más importantes logros de la Mesa fue el nombramiento de jueces para investigar casos de violaciones de derechos humanos, mientras que un grave retroceso fue que la información suministrada por las fuerzas armadas era a menudo incompleta, o equivocada, lo que suscitó desconfianza en las organizaciones de familiares de víctimas.
En agosto de 2003 se estableció la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (Comisión Valech). La Comisión Valech preparó un listado de las víctimas que habían sido privadas de su libertad y torturadas por razones políticas, o sea situaciones que no habían sido abordadas en la investigación llevada a cabo por la Comisión Rettig. La Comisión Valech recibió los testimonios de 35,868 personas.
Finalmente, con la Ley 20.405 del 10 de diciembre de 2009, se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH). De conformidad con esta ley, se formó también la Comisión Asesora para la calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, la cual fue encargada de analizar y calificar los casos de desaparición forzada que no habían sido reconocidos ni por la Comisión Rettig ni por la Corporación para la Reparación. En el informe producido por la Comisión en agosto de 2011 se reconocieron 30 nuevos casos, 8 de los cuales de víctimas de desapariciones forzadas. Algunas fuentes indicaron que esta Comisión habría tenido criterios poco claros para calificar los casos, así como la falta de vías para impugnar la clasificación. El GTDFI considera importante, que al igual que con las víctimas calificadas en las Comisiones anteriores, en un gesto de reparación, el Presidente de la República envíe cartas individuales a los familiares de las víctimas.
Las tres Comisiones juntas calificaron a unas 1,110 víctimas como víctimas de desapariciones forzadas, de los cuales se restaron siete casos de personas clasificadas erróneamente para llegar a un total de 1,103 casos de desapariciones forzadas. El GTDFI reconoce la importancia del trabajo de estas comisiones como un gran avance en el proceso de la búsqueda de la verdad. Sin embargo, las disposiciones en la ley que prevén el carácter secreto de los documentos, testimonios y antecedentes se contradicen con la misma esencia del derecho a la verdad y la justicia. El GTDFI recomienda que se reconsideren estas disposiciones.
Dado que las investigaciones judiciales siguen progresando, es posible que surjan nuevos casos de desapariciones forzadas de la época de la dictadura. Al respecto, el GTDFI recomienda que Chile establezca un proceso permanente a través del cual dichas víctimas de desaparición forzada sean reconocidas como tales.
El Programa de Derechos Humanos del Ministerio de Interior
Otro importante instrumento institucional desarrollado para realizar el derecho a la verdad fue la creación en julio de 1997 del Programa de Derechos Humanos, bajo el Ministerio del Interior. El mandato del Programa consiste en brindar asistencia legal y social que puedan requerir los familiares de las víctimas basándose en el principio plasmado en la ley de que “la ubicación de las personas detenidas desparecidas, como igualmente la de los cuerpos de las personas ejecutadas y las circunstancias de dicha desaparición o muerte, constituyen un derecho inalienable de los familiares de las víctimas y de la sociedad chilena.”
El Programa de Derechos Humanos promueve y contribuye a medidas para averiguar la verdad sobre el destino final o el paradero de las víctimas de las desapariciones forzadas. Según la información recibida, el Programa se constituyó como parte en 592 procesos por violaciones a los derechos humanos. De estos, 219 se referían a casos de desapariciones forzadas, para un total de 568 víctimas.
Muchos actores expresaron la preocupación que en los últimos años hubo cambios en el personal del Programa de Derechos Humanos, del que se han ido varios abogados con mucha experiencia. Este Programa también se tropieza con muchos obstáculos en la aplicación de su mandato, incluyendo el hecho de que ha pasado mucho tiempo desde que se cometieran las violaciones; la destrucción de documentos y de pruebas materiales; el fallecimiento de los testigos y los agentes; el ejercicio del derecho a guardar silencio de los inculpados; y las tácticas dilatorias de los abogados de los acusados. El GTDFI recomienda fortalecer el Programa mediante la consolidación de un equipo de trabajo con alta capacidad profesional y experiencia relevante.
Búsqueda e investigación
Una etapa muy importante en el proceso de obtención de la verdad es la identificación de las víctimas de las desapariciones. Al respecto, el Servicio Médico Legal (SML), una entidad bajo el Ministerio de Justicia, tiene un papel esencial en la determinación de la identidad de las personas desaparecidas, como también en el establecimiento de las posibles causas de la muerte en caso de haber habido identificación de los restos. EL SML mantiene una excelente cooperación con instituciones acreditadas e instituciones en el extranjero. El GTDFI quedó muy impresionado por la labor y el desarrollo del SML, que se llevan a cabo a pesar de las dificultades relacionadas, entre otras, a las malas condiciones en que se encuentran los restos óseos, la fragmentación, las dificultades en ubicar a familiares donantes y el fallecimiento de los familiares más idóneos. La errónea identificación de los restos como los que se encontraron en el Patio 29 del Cementerio General ilustra la necesidad de contar con un servicio médico legal altamente calificado.
El SML ha llevado a cabo 282 identificaciones de personas desaparecidas y personas ejecutadas a partir de restos recuperados. Unos 142 casos de éstos corresponden a víctimas de desapariciones forzadas. Entre julio de 2007 y julio de 2012 se ha informado de un total de 122 identificaciones a los tribunales y a los familiares. El SML ha desarrollado una base de datos nacional con muestras de ADN de los familiares de las víctimas clasificadas por las distintas Comisiones para que en caso de que haya nuevos hallazgos de restos humanos, éstos puedan ser identificados correcta y rápidamente. El SML ha también tomado muestras de sangre a 3470 familias de 978 víctimas. Se han establecido lazos de cooperación con los familiares de las desapariciones forzadas.
El GTDFI señala la importancia de seguir llevando adelante las actividades de exhumación e identificación de las víctimas de las desapariciones forzadas. Se debe dar inmediatamente el necesario apoyo al SML, teniendo en cuenta las limitaciones de tiempo y otros obstáculos que tiene el proceso. Hay que prestar particular atención a la determinación en la ley del papel de los familiares como garantes del proceso a fin de fomentar la confianza y la aceptación de los resultados.Las actividades en materia de desapariciones forzadas requieren plena cooperación y coordinación, tanto intersectorial como entre las distintas agencias. El SML debería relanzar su campaña para recolectar muestras de los familiares de la totalidad de las personas desaparecidas.
Las familias de los desaparecidos desean saber la verdad sobre el destino final o el paradero de sus seres queridos. El GTDFI recibió información sobre la labor y los protocolos desarrollados por el SML para interactuar con las familias y que se comprometan plenamente en el proceso de identificación de los restos. Estas prácticas deben ser apoyadas cabalmente, y ellas pueden servir de modelo a otras instituciones. En aras de la búsqueda de la verdad al GTDFI le preocupa particularmente la información suministrada por algunos familiares de desaparecidos acerca de la falta de confianza en el Programa de Derechos Humanos, y la ausencia de interacción con las principales organizaciones de familiares. Según varias fuentes, algunos jueces carecen de un enfoque hacia las víctimas, habida cuenta el sufrimiento y el impacto de las desapariciones forzadas. El GTDFI recomienda la adopción de un protocolo judicial común acerca de cómo hacer frente a estas situaciones.
La recopilación de datos en el terreno, políticas, promoción, monitoreo de los procesos de exhumación e identificación, concienciación, conmemoraciones, eventos públicos y apoyo a sus miembros, los familiares y las asociaciones de familiares ayudan a acelerar el proceso de aclaración del destino final de sus familiares desaparecidos. El GTDFI cree que los familiares de los desaparecidos forzados y las asociaciones de familiares deben seguir recibiendo apoyo.
El GTDFI también subraya que la búsqueda de desaparecidos no puede ser una tarea exclusiva de los familiares sino una obligación del Estado. Al respecto, es necesario adoptar un Plan Nacional de Búsqueda de Personas desaparecidas para promover y coordinar las acciones de las diversas instancias estatales encargadas en la materia.
Recopilación y sistematización de la información
El GTDFI ha recibido información de distintas instituciones en relación a desapariciones forzadas que indica que las víctimas son clasificadas como víctimas de desapariciones forzadas; víctimas de ejecución política; o víctimas de ejecución política cuando el cuerpo no ha sido entregado a los familiares (situaciones que en otros países se consideraron desapariciones forzadas).
La información en relación a la cantidad de casos registrados, investigados y juzgados, la cantidad de desapariciones forzadas exhumadas e identificadas, las instituciones responsables, las denuncias presentadas con fines de reparación, y el estado de los procesos judiciales no es recopilada por una única institución estatal. La información disponible públicamente en el sitio web del Programa de Derechos Humanos es parcial y no actualizada. Una base de datos central periódicamente actualizada es de capital importancia para promover la transparencia, la exactitud y la seguridad acerca de las desapariciones forzadas así como para comprender los esfuerzos realizados por el Estado en esta área. El GTDFI también observa que la información disponible no está suficientemente desagregada. Por ejemplo, no fue posible obtener información sobre el número de casos de desapariciones de mujeres o de personas Mapuches que están siendo investigados judicialmente.
El GTDFI recomienda la creación de una base de datos central dedicada a recopilar la información en relación a las desapariciones forzadas. Estos datos estadísticos tendrían que ser desagregados por todos aspectos relevantes y ser permanentemente actualizados.
JUSTICIA
Durante la dictadura militar y los primeros años del retorno a la democracia prevaleció una total impunidad en los casos de desapariciones forzadas aun cuando se realizaron ciertas investigaciones judiciales. Solamente a partir de 1998, fecha en que se admiten a trámite querellas contra Augusto Pinochet, que se comienzan a producir avances importantísimos en materia de justicia, fundamentalmente a través de la reapertura de causas sobreseídas por la aplica_ción del Decreto Ley de Amnistía y la atribución de los procesos a la justicia ordinaria que antes estaban en la jurisdicción militar.
Un impulso esencial se produjo a partir de 2001 cuando la Corte Suprema dispuso distribuir las querellas entre un grupo de Ministros de Cortes de Apelaciones y jueces con dedicación exclusiva en todo el país. En el año 2006, se eliminan los jueces de dedicación exclusiva y estas causas se transmiten a Ministros en Visita Extraordinaria coordinados por un Ministro de la Corte Suprema. Todo ello fue realizado con miras a agilizar y garantizar una debida instrucción de los procesos referentes a violaciones a los derechos humanos cometidas en el pasado, y teniendo en consideración su gravedad y complejidad. Actualmente 32 Ministros dependientes de las diferentes Cortes de Apelaciones están abocados al conocimiento de las distintas causas de derechos humanos. Sin embargo, al GTDFI le preocupa la gran congestión de procesos a cargo de los Ministros en Visita.  Hay una evidente escasez de Ministros, que perjudica las posibilidades de una tramitación rápida y efectiva de estos procesos. Además, algunos de estos magistrados continúan con sus tareas regulares en las salas de Cortes de Apelaciones, por lo que no pueden dedicarse exclusivamente a la instrucción de estos procesos.  El GTDFI recomienda a la Corte Suprema nombrar Ministros en Visita adicionales o restablecer jueces de dedicación exclusiva para casos de derechos humanos. Para ello, el Estado debe dotar de fondos adicionales al Poder Judicial.
El GTDFI recibió información coincidente que los avances en materia de justicia se deben a que los jueces chilenos comenzaron a aplicar de manera consistente los tratados de derechos humanos ratificados por el Estado. En este sentido, es de destacar que Chile ha ratificado los principales tratados de derechos humanos, incluyendo la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, la Convención Interamericana sobre la desaparición forzada de personas así como el Estatuto de la Corte Penal Internacional. Es fundamental que a fin de complementar este marco y facilitar la tarea judicial al respecto, Chile ratifique a la mayor brevedad posible la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de los crímenes de lesa humanidad y retire la declaración formulada al ratificar el Protocolo Adicional al Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos.
Chile es quizás el país con la más completa respuesta judicial respecto a las graves violaciones a los derechos humanos, incluidas desapariciones forzadas, donde por lo menos tres cuartos del total de víctimas de desapariciones reconocidas tienen un proceso judicial concluido o en curso. 771 individuos han sido procesados y condenados por violaciones de derechos humanos desde el año 2000. Desde 2002 la Corte Suprema ha dictado 150 sentencias sobre causas de violaciones a los derechos humanos de las cuales 133 son condenatorias. 90 de ellas conciernen a casos de desaparición forzada abarcando 178 víctimas (de las cuales 78 son condenatorias abarcando a 163 víctimas). En la actualidad, 132 causas relativas a desapariciones forzadas se encuentran en tramitación, 93 en sumario; 22 en plenario; 10 falladas y 7 en otros estados procesales. Estas causas abarcan a 556 víctimas en espera de resolución definitiva. El GTDFI felicita al Estado y la sociedad chilena por estos impresionantes avances en materia de justicia y lo insta a continuar y redoblar sus esfuerzos hasta tanto se alcance plena justicia en todos los casos de desapariciones forzadas. 
Sin embargo, el GTDFI estima preocupante que solo 64 individuos condenados por graves violaciones a los derechos humanos con sentencia firme estén actualmente cumpliendo penas de presidio. 173 agentes condenados con sentencia definitiva condenatoria por graves violaciones a los derechos humanos nunca fueron encarcelados. La Declaración sobrela protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas (en adelante la Declaración)exige que la desaparición forzada sea sancionada considerando la gravedad del delito. Ello no solo requiere la adopción de un delito autónomo de desaparición forzada sino también que dicho delito prevea penalidades proporcionales y que aquellas personas encontradas culpables de la comisión de desapariciones forzadas cumplan efectivamente con tales penalidades. El GTDFI recomienda que el Poder Judicial imponga sanciones de cumplimiento efectivo acordes a la gravedad del delito.
Existiría en Chile un patrón que ha ido imponiéndose desde 2007, de imponer penas no efectivas (penas sin encarcelamiento) a los responsables de estos crímenes, o bien de imponer penas efectivas a personas ya encarceladas. Ello se daría fundamentalmente por la aplicación de dos institutos contrarios a los principios emergentes de la Declaración. Por un lado, la utilización de la media prescripción o prescripción gradual, una forma de atenuante prevista en el artículo 103 del Código Penal. El GTDFI entiende que la prescripción gradual no debe ser aplicada ya que, al considerar el paso del tiempo, en los hechos comparte la misma esencia jurídica que la prescripción.Si el efecto de la prescripción gradual es impedir la sanción efectiva, como lo requiere esta Declaración, la misma no puede ser utilizada judicialmente.
Sin embargo, a partir de mayo del presente año la Sala Penal de la Corte Suprema no ha aplicado la prescripción gradual, lo que representa un avance muy importante. Dichos fallos, a diferencia de anteriores emitidos desde mediados de 2007 reconocen que prescripción y prescripción gradual comparten la misma esencia jurídica, por lo cual no correspondería conceder ninguna de las dos figuras, algo que el GTDFI comparte cabalmente. El GTDFI queda a la espera que estas decisiones se conviertan en la jurisprudencia uniforme del Poder Judicial chileno.
También el GTDFI fue informado de 119 casos en los que se aplica como figura atenuante la de la irreprochable conducta anterior a la comisión del delito, aún en el caso de personas que han sido condenadas múltiples veces por ejecuciones y desapariciones forzadas. La forma de considerar tal atenuante tiende a facilitar la no imposición de condenas efectivas. Los tribunales solo consideran que en el momento de la comisión de cada delito, no existía, en contra de tales personas, una condena judicial por otros delitos, condición absolutamente imposible dada el patrón sistemático de impunidad existente durante la dictadura militar.
Adicionalmente, el GTDFI desea subrayar que de acuerdo al Artículo 4.2 de la Declaración se debe prestar fundamental y principal atención, al momento de considerar los atenuantes si “quienes, habiendo participado en actos que constituyan una desaparición forzada, contribuyan a la reaparición con vida de la víctima o den voluntariamente informaciones que permitan esclarecer casos de desaparición forzada.” El GTDFI recomienda que la aplicación de figuras atenuantes debe considerar su efecto en los derechos a la verdad y a la justicia y conforme a la gravedad del delito.Ello está contemplado en el Artículo 11 inciso 9 del Código Penal que prevé la cooperación efectiva. Especial preocupación causa que la aplicación de la prescripción gradual o media prescripción por lo general implica la no aplicación de agravantes especialmente relevantes tales como la alevosía y premeditación.
El GTDFI también recibió con preocupación información acerca de las condiciones de detención de las personas condenadas por desapariciones forzadas. Por un lado, las mismas cumplirían sus detenciones no en cárceles comunes ni de máxima seguridad considerando la gravedad del delito cometido, sino en recintos construidos especialmente en Punta Peuco y Cordillera. Adicionalmente se le informó al GTDFI que varias de las personas condenadas por desapariciones forzadas han recibido privilegios tales como la concesión de beneficios intrapenitenciarios que les permitirían obtener salida dominical, salida de fin de semana,  libertad condicional y/o reducción de pena antes del cumplimiento total de la condena original.
Si bien el GTDFI considera que todas las personas condenadas por desaparición forzada tienen los mismos derechos de la población condenada en general, hay tres elementos indispensables. Por un lado debe existir un debido control judicial de la concesión de cualquier tipo de beneficio. En segundo término, debe considerarse la especial gravedad del delito al momento de evaluar la concesión de estos privilegios. Y en tercer lugar, debe existir un proceso transparente y que asegure la debida información pública acerca de los criterios utilizados para la concesión de estos beneficios y los motivos particulares de la concesión en cada caso concreto.
 
Los avances en materia de justicia se han dado a pesar de la ausencia de un delito autónomo de desaparición forzada. Ello significa que en el caso de las desapariciones forzadas ocurridas en el contexto de la dictadura militar las personas son juzgadas y sancionadas por secuestro agravado (Artículo 141 del Código Penal), que cubre parcialmente sin abarcar la totalidad, complejidad y gravedad de la desaparición forzada. Si bien la Ley N° 20.357 sobre crímenes de lesa humanidad y genocidio y crímenes y delitos de guerra en su artículo 6 tipifica y sanciona el delito de desaparición forzada de personas en el contexto de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil, aún hoy, la desaparición forzada no se encuentra sancionada penalmente en Chile fuera del contexto de crímenes de lesa humanidad. Se debe tipificar expresamente el delito de desaparición forzada como delito común en el Código Penal. La definición de desaparición forzada en la legislación penal debe ser compatible con la establecida en la Declaración y otros instrumentos internacionales relevantes.
El GTDFI ha recibido información extensa y consistente sobre el trabajo incansable de innumerables abogados particulares de derechos humanos o de organizaciones de la sociedad civil que han sido los principales promotores de las causas judiciales por desapariciones forzadas y otras graves violaciones a los derechos humanos ocurridas durante la dictadura militar. Este trabajo se ha visto fundamentalmente fortalecido por el nombramiento de los Ministros en Visita, que ha logrado impulsar desde el año 2000 el procesamiento de causas por desapariciones forzadas y otros delitos conexos. Sin embargo, aún hoy en vastos sectores de la sociedad y del estado prevalece la idea de que la investigación de las desapariciones forzadas depende de la iniciativa particular de los familiares y sus abogados antes que ser asumida como un deber propio por parte del Estado. Sólo en el año 2009, como consecuencia de la creación del Instituto Nacional de Derechos Humanos,  al Programa de Derechos Humanos se le amplía su mandato permitiéndole intervenir plenamente por toda clase de víctima desaparecida o ejecutada.  A partir de esa misma época ejerce a motu propiola facultad de perseguir responsabilidades penales en estos procesos como querellante (a través del Ministerio del Interior) en vez de parte coadyuvante. También la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana representa a víctimas que actúan como querellantes en varios casos de desapariciones forzadas.
La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones como órgano auxiliar de la justicia encargado de investigar los casos de violaciones de derechos humanos cumple un rol ejemplar y ha sido esencial en el avance de estos procesos. La Brigada ha acumulado una vasta experiencia en la investigación de estos hechos, ha desarrollado prácticas que debidamente consideran la particularidad del crimen de desaparición forzada y la especial sensibilidad con la que se debe interactuar con víctimas y familiares de personas desaparecidas.
Es fundamental fortalecer el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior, la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigación y la Oficina de Derechos Humanos de la Corporación de Asistencia Judicial de la Región Metropolitana – la cual se debería ampliar a otras ciudades y regiones – a fin de brindar un debido acompañamiento judicial y social a los familiares de las víctimas y cumplir cabalmente con la obligación estatal de investigar seria y prontamente las desapariciones forzadas, ya que es un tema cuya responsabilidad no depende exclusivamente del Poder Judicial ni de la iniciativa particular.
De acuerdo a la información disponible, los procesos judiciales tienen una larga duración.  La mayoría de las causas iniciadas o reabiertas desde 1998 aún siguen en curso más de 15 años después. A pesar de la indudable complejidad de algunas de estas investigaciones, dado que la mayor parte de las desapariciones ocurrieron hace más de tres décadas, el Estado, particularmente el Poder Judicial, la Policía de Investigaciones y el Programa de Derechos Humanos deben actuar con la urgencia necesaria. un lado, una investigación eficaz de violaciones graves y sistemáticas a los derechos humanos exige que la misma se realice dentro de un plazo razonable. La razonabilidad y eficacia de tales investigaciones se ve agravada en el caso chileno por los efectos del transcurso del tiempo en cuanto facilitan la destrucción o perdida de material probatorio, la posible muerte de testigos, perpetradores y familiares. Con ello, el derecho a la justicia se ve gravemente afectado.
Los jueces como conductores y garantes del proceso deben evitar cualquier maniobra dilatoria sin restringir los derechos al debido proceso de los imputados de acuerdo a lo requerido por el Artículo16.4 de la Declaración. El GTFDI recibió información indicando que la presentación de querellas por parte del Programa de Derechos Humanos se vería dilatada debido a que las mismas no recibirían prontamente la firma correspondiente del Subsecretario de Interior. Esta práctica produce frustración en las víctimas y entorpece el proceso. El GTDFI recomienda autorizar al Programa de Derechos Humanos a presentar querellas sin requerir la firma del Subsecretario del Interior.
El GTFDI también considera que el fuero militar carece de la necesaria independencia e imparcialidad para abordar violaciones a los derechos humanos, tal como la misma Corte Suprema lo reconoció. La Ley 20.477 de 2010 modificó la competencia de los tribunales militares restringiendo su competencia en el sentido que en ningún caso los civiles pueden estar sujetos a la competencia de los tribunales militares. Sin embargo, los tribunales militares aún conservan la jurisdicción respecto de violaciones a los derechos humanos cometidos por militares o carabineros contra civiles. El GTDFI recibió información del caso del joven José Huenante, desaparecido en 2005 y cuya investigación fue asignada a la justicia militar constituyendo no solo una violación del artículo 16.2 de la Declaración sino un obstáculo clave para poner fin a la impunidad de dicha desaparición forzada. Casos como el de José Huenante deben ser investigados de manera rápida y eficaz por la justicia ordinaria. En este sentido, se solicita al Estado chileno que revise y modifique la normativa interna adecuándola a los estándares internacionales de modo que la jurisdicción militar, de existir, no sea competente en casos de desapariciones forzadas ni otras violaciones de los derechos humanos. En particular, la Policía de Carabineros de Chile debe estar sometida a la jurisdicción ordinaria en el conocimiento de cualquier acto ilícito cometido por sus miembros. El GTDFI ha sido informado de otro proyecto de ley que modificaría nuevamente la jurisdicción militar y espera que en el contexto de este proyecto se restrinja ulteriormente el alcance de su jurisdicción de acuerdo a los estándares internacionales.
Los procesos de 34 víctimas de desaparición forzada han sido sobreseídos total y definitivamente por aplicación del D.L. 2.191 (Decreto Ley de Amnistía). Si bien durante los últimos años los Tribunales de Justicia no han aplicado el Decreto Ley de Amnistía a crímenes de lesa humanidad o de guerra, no hay garantías de que no se vuelva a aplicar. La Declaración establece en su artículo 18.1 que los autores de desapariciones forzadas no se beneficiaran de ninguna amnistía, principio consistente con lo sostenido por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Almonacid. La vigencia del Decreto Ley de Amnistía representa un peligro latente de que una composición diferente o cambio de criterio de la Corte Suprema pueda permitir su aplicación en el futuro. Además se puede interpretar como que los Poderes Ejecutivos y Legislativos no cuentan con la voluntad política para afirmar categóricamente que los delitos de desapariciones forzadas no son amnistiables. Ni siquiera se aprobó un proyecto de ley para ‘reinterpretar’, no la Ley de Amnistía pero sí los artículos del Código Penal relacionados con su aplicación (93 y 103. El GTDFI insta a que se prive de todo efecto jurídico el Decreto Ley de Amnistía a la mayor brevedad posible.
Todo el marco legal que se aplica en Chile para los casos de desapariciones forzadas remonta a la dictadura militar o estaba vigente en ese momento. De modo que todo el proceso de modernización legislativo y ajuste a los tratados internacionales ratificados por el Estado no ha influido en el proceso de justicia. El procedimiento aplicable en estos casos, en función de la fecha de comisión de los ilícitos, es el dispuesto en el antiguo Código de Procedimiento Penal,  un procedimiento inquisitivo, en el cual el juez ejerce la acción penal y lleva a cabo la investigación. Las facultades de instrucción, de acusación y de resolución del caso se concentran en el tribunal. Dicho procedimiento faculta también el ejercicio de la acción penal por parte de otras personas u organismos, a través de la figura del querellante particular. También en el nuevo procedimiento se introduce un programa de protección de testigos que no existía en el antiguo procedimiento.
El GTDFI recibió con beneplácito la afirmación del Gobierno que existe una amplia disposición de las Fuerzas Armadas y de Orden de cooperar plenamente con las investigaciones judiciales y brindar toda la información que se encuentre disponible. Sin embargo, el GTDFI fue informado por distintas fuentes que en el marco de la tramitación de los procesos judiciales por graves violaciones a los derechos humanos, las solicitudes de antecedentes dirigidas a las distintas ramas de las Fuerzas Armadas y de Orden son respondidas parcialmente, omitiendo y negando información de muchísima importancia para poder avanzar en las investigaciones. El GTDFI recomienda que la Fuerzas Armadas y de Orden entreguen toda la información disponible. En caso que la misma no se encuentre disponible por haberse destruido, deben realizarse esfuerzos serios y permanentes para reconstruir tal información.
De acuerdo a la información recibida, muchos de los jueces a cargo de estos procesos, por diversas razones, se concentran en dar avance a los procesos más emblemáticos o algunos casos específicamente elegidos, dejando de lado una gran cantidad de procesos judiciales. Adicionalmente, salvo la recepción de informes preparados por cada Ministro, la labor del Ministro Coordinador es bastante menor, refiriéndose a un apoyo fundamentalmente logístico. Pero diversas fuentes indicaron y la Corte Suprema confirmó, que no existe una coordinación sustantiva entre todos los Ministros en Visita que permita el intercambio de información, la investigación conjunta o complementaria de distintas líneas de investigación que contemple la naturaleza sistemática de las violaciones graves a los derechos humanos. Esto genera, que muchos juicios deban reproducir exactamente las mismas pruebas documentales, testimoniales, periciales existentes en otros juicios o que cada investigación deba comenzar desde un inicio sin perjuicio de los avances en causas conexas. Al respecto, se insta a la Corte Suprema a asegurar que la coordinación efectuada por el Ministro coordinador de las causas de derechos humanos sea no solamente de tipo administrativo, sino que promueva y facilite el intercambio de información entre los jueces para agilizar el proceso investigativo y considere que las desapariciones forzadas fueron parte de un plan sistemático.
La Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones ha desarrollado una práctica de investigar las violaciones desde una perspectiva sistemática y considerando el modus operandidesarrollado en la dictadura. Esta práctica se ve reforzada por la reciente creación, dentro de la Brigada, de una oficina de análisis y de una base de datos que compila el producto de sus investigaciones.
REPARACIONES
Chile posiblemente ha sido el país que mayores reparaciones económicas ha otorgado a víctimas de desapariciones forzadas. El monto total de las reparaciones a ascendería a más de 1.500 millones de dólares.  La Ley N° 19.123 estableció beneficios para los familiares de las víctimas calificadas por la Comisión Rettig y la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación. Respecto de los familiares de las víctimas calificadas por la Comisión Valech II, tienen los mismos derechos establecidos en la Ley N° 19.123 y la Ley N° 19.980. Fundamentalmente, la ley establece una pensión de reparación, destinada a los familiares directos;  un bono de reparación, destinado a hijos/as de víctimas, mayores de 25 años; una bonificación compensatoria, destinada a los familiares directos; becas de estudio para hijos/as de la víctima, hasta 35 años de edad; acceso al Programa de Reparación y Atención Integral en Salud y Derechos Humanos (PRAIS), destinado a otorgar atención gratuita en salud física y mental; exención del Servicio Militar Obligatorio a hijos/as, nietos/as, hermanos/as y sobrinos/as de la víctima y asistencia y acompañamiento de familiares en gestiones relativas a la identificación y restitución de restos de víctimas.  Además, el Programa de Derechos Humanos cubre los gastos asociados a las ceremonias funerarias realizadas por los familiares de las víctimas una vez que son entregados o restituidos los restos de las víctimas, así como los gastos asociados a las diligencias de investigación que sean decretadas por los respectivos Ministros.
El GTDFI reconoce la importancia del sistema universal de pensiones a todos los familiares de personas desaparecidas, establecido por la Ley 19.123. Dicha ley asegura un piso mínimo igualitario para todas las víctimas. Sin embargo, este sistema universal no permite individualizar el daño ni el sufrimiento de la persona desaparecida ni de los familiares. Las reparaciones requeridas por la Declaración deben asegurar que las mismas reparen las consecuencias directas de la desaparición forzada para lo cual deben considerarse la situación particular de cada persona y de cada caso. Desde esta perspectiva, el PRAIS es sumamente importante pues es el único aspecto del conjunto de reparaciones que permite considerar las necesidades individualizadas de cada beneficiario/a. La importancia del programa PRAIS debe ser enfatizada y el mismo debe ser fortalecido mediante una dirección técnica y un proceso de evaluación y ajuste periódico que tome en consideración cómo el paso del tiempo afecta la situación individual y genera nuevas y particulares necesidades en el caso de familiares de personas desaparecidas.Adicionalmente, varios familiares de personas desaparecidas informaron que los beneficiarios del PRAIS confrontan problemas tales como carencia de suficientes médicos especialistas en ciertas materias particularmente en el interior lo que acarrea largos tiempos de espera para recibir atención especializada.
En cuanto a la reparación civil en sede judicial, el Consejo de Defensa del Estado y la Sala Civil de la Corte Suprema entienden que no corresponde acoger estas demandas debido a la excepción de pago de los beneficios establecidos por la Ley 19.123 y a la prescripción extintiva de 4 años que establece el artículo 2332 del Código Civil. Se calcula generalmente la fecha por el comienzo de esta prescripción a partir de la entrega pública del Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación. En cambio la Sala Penal de la Corte Suprema entiende procedente la reparación monetaria por parte del Estado como accesoria a condenas penales a oficiales militares en casos de desapariciones forzadas. Dada la contradicción entre ambas Salas, la Corte Suprema tiene una solicitud para resolver esta materia en su pleno. El GTDFI entiende que la Declaración permite distinguir entre la responsabilidad civil del Estado por la desaparición forzada de una persona (Artículo 5) de la reparación a que toda víctima de desaparición tiene derecho de conformidad con el Artículo 19. El GTDFI recomienda que los beneficios de la Ley 19.123 y las reparaciones civiles en vía judicial no sean considerados como excluyentes. En su caso sólo podría establecerse una excepción de pago parcial.  otra parte, dado que la responsabilidad civil del Estado se genera por la gravedad del crimen de desaparición forzada, nodebería aplicarse la prescripción y particularmente los plazos breves que se establecen en el Código Civil.
La Comisión Valech II demuestra que el universo de víctimas de desapariciones forzadas puede aumentar. En el contexto actual, con más de mil procesos abiertos es factible que nuevos elementos permitan acreditar la existencia de nuevas víctimas de desaparición forzada. Sin embargo, en Chile no existen mecanismos que permitan acreditar la calidad de persona desaparecida a otras personas que no hayan sido incluidas en las Comisiones Rettig o Valech II con lo cual su derecho a la reparación se ve directamente afectado, en violación a la Declaración.
 
MEMORIA
En los últimos años ha habido un constante surgimiento de nuevas iniciativas de memoriales y otras manifestaciones para recuperar y preservar la memoria de las graves violaciones a los derechos humanos y de sus víctimas. Los diferentes memoriales constituyen reconocimientos sociales colectivos sobre las violaciones ocurridas así como un rechazo y repudio a las mismas. La visita del Presidente de la República al Museo de la Memoria y Derechos Humanos ha marcado un hito de la mayor importancia para la sociedad chilena. Sería importante que los Ministros del Ejecutivo y jefes de las tres Fuerzas Armadas visitaran el Museo y otros sitos de memoria a fin de resaltar el compromiso institucional del Estado chileno con  la memoria y los derechos humanos.
El creciente número de construcción y mantención de memoriales, y de obras culturales de diversa índole, tendientes a la preservación de la memoria histórica en relación a las víctimas de violaciones graves a los derechos humanos ha sido el producto de iniciativas de la sociedad civil principalmente de las organizaciones de familiares de víctimas y no de una política cuya iniciativa radique en el Estado. El GTDFI ha sido informado, y ha podido constatar en algunos casos, que ciertos memoriales no están siendo adecuadamente mantenidos por parte del Estado. EL GTDFI insta a fortalecer los esfuerzos en esta materia mediante un mecanismo que asegure que de manera permanente el Estado conozca la situación de conservación de cada memorial y sitio de memoria, y asigne partidas presupuestarias para garantizar su adecuada preservación.
El Estado ha llevado adelante una política referente a la realización de Obras de Reparación Simbólica, principalmente en lo concerniente a la construcción y mantención de memoriales, y de obras culturales de diversa índole, tendientes a la preservación de la memoria histórica en relación a las víctimas de violaciones de derechos humanos ocurridas en el pasado. En ese ámbito, el Programa de Derechos Humanos ha tenido un rol preponderante, y hasta la fecha, ha participado en la elaboración y ejecución de 72 proyectos.
De acuerdo a la información proporcionada, el Programa recibiría solicitudes de apoyos a proyectos arquitectónicos y artísticos presentados por las propias agrupaciones de familiares y organizaciones civiles para construir nuevas obras, o bien, para restaurar memoriales existentes. El GTDFI no recibió información sobre los criterios de evaluación utilizados por el Programa a fin de determinar su construcción o reparación, en su caso. Tampoco recibió información sobre algún criterio de priorización o sumas a otorgar cuando los montos solicitados de los diferentes proyectos exceden el presupuesto disponible. El GTDFI recomienda que el Programa elabore y difunda un claro protocolo de aprobación de proyectos.
Coordinación
La mayoría de funcionarios, ONGs y víctimas de desapariciones forzadas señalaron el problema de la parcial o total  falta de coordinación entre las distintas instituciones. El GTDFI recibió opiniones diferentes acerca de la conveniencia de crear una Subsecretaría para los derechos humanos. Aunque en este momento el GTDFI no asume una posición en relación a dicha iniciativa, recalca la importancia de contar con un mecanismo apropiado de coordinación con claras líneas de responsabilidad jerárquica entre las autoridades gubernamentales con el fin de coordinar las actividades de las distintas instituciones que trabajan en la prevención y búsqueda de personas desaparecidas, como también en la investigación de casos de desapariciones forzadas.
Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos
La Conferencia Mundial de Derechos Humanos recomendó que cada Estado contemple la conveniencia de establecer un Plan nacional de acción que identifique las medidas para mejorar la promoción y la protección de los derechos humanos. El GTDFI observó que aún existe una falta de coordinación y un enfoque exhaustivo hacia los derechos humanos, incluyendo en el área de las desapariciones forzadas. Se recomienda la adopción de un Plan Nacional de Acción de Derechos Humanos que contribuya a una mayor promoción y protección de derechos humanos como prioridad nacional.
Concienciación publica, educación en derechos humanos y otras medidas preventivas
La dictadura militar cometió gravísimas violaciones de los derechos humanos. Un elemento esencial para evitar que tales hechos vuelvan a ocurrir en el futuro es que se garantice una profunda conciencia pública de lo que sucedió, que se eduque adecuadamente a las futuras generaciones sobre el pasado y sobre los derechos humanos. En este sentido, el GTDFI recibió con beneplácito la información de que las capacitaciones destinadas a las Fuerzas Armadas y de Carabineros incluyen las asignaturas de derechos humanos y derecho internacional humanitario. El GTDFI destaca la importancia que en la formación del personal militar y de Carabineros, así como del personal médico, de los funcionarios y de otras personas que puedan intervenir en la custodia o tratamiento de las personas privadas de libertad, se incluya la enseñanza y la información necesarias sobre las disposiciones pertinentes de la Declaración, con el objetivo específico de prevenir la participación de esos agentes en desapariciones forzadas; resaltar la importancia de la prevención y de las investigaciones en materia de desapariciones forzadas y velar por que se reconozca la urgencia de la resolución de los casos de desaparición forzada.
Al respecto, como importante medida preventiva en materia de custodia y tratamiento de las personas privadas de libertad se debe establecer a la brevedad un mecanismo de prevención a nivel nacional (NPM) de acuerdo a las obligaciones definidas en el Protocolo Facultativo de la Convención contra la tortura y otros tratos crueles, inhumanos y degradantes (OPCAT).
La Declaración en sus artículos 10, 11 y 12 requiere que las privaciones de la libertad de las personas se realicen con el más estricto apego a la normativa nacional e internacional relativa a los derechos humanos a fin de prevenir desapariciones forzadas. Desde esta perspectiva, el GTDFI recibió con satisfacción la información brindada por Carabineros acerca de la existencia de protocolos de actuación para la detención de personas particularmente en el contexto de movilizaciones masivas. Al respecto, es también destacable la cooperación existente entre Carabineros y el INDH. El GTDFI recomienda la revisión periódica de estos protocolos y la evaluación de su aplicación práctica. Toda privación de la libertad que se produzca en el contexto de movilizaciones masivas debe ser registrada de manera inmediata y en el caso de menores de edad, éstas deben notificarse a las familias a la mayor brevedad posible. Cualquier abuso cometido en este contexto debe ser seriamente investigado y sancionado.
También se le informó al GTDFI que en los cursos relativos a la historia militar chilena no se incluyen referencias a las graves violaciones cometidas por integrantes de las fuerzas armadas durante la dictadura. Ello es esencial para que los futuros oficiales y suboficiales de los cuerpos de seguridad conozcan lo repudiable de estas conductas que nunca pueden ser justificadas. El GTDFI insta al Estado a incluir en los programas de historia militar y policial información sobre las violaciones a los derechos humanos, incluida la desaparición forzada, cometidas durante la dictadura militar.
Por otra parte, la información recibida indica que aun existen sectores de la sociedad chilena que desconocen la gravedad o justifican las violaciones cometidas durante la dictadura. A más de 20 años del retorno a la democracia resulta esencial que el Estado desarrolle  campañas específicas de información y sensibilización sobre las dimensiones del fenómeno de la desaparición forzada cometidas durante la dictadura y sobre la necesidad que no vuelva a repetirse nunca más.
 
Instituto Nacional de Derechos Humanos
El 10 de diciembre de 2009 se creó el Instituto Nacional de Derechos Humanos en Chile (INDH), que comenzó sus actividades el 20 de julio de 2010. El INDH lleva a cabo un importante y reconocido trabajo en la promoción y protección de los derechos humanos relacionados con las desapariciones forzadas. Por ejemplo, el GTDFI subraya la recomendación del INDH al Congreso en relación con la ratificación de la Convención sobre la imprescriptibilidad de los crímenes de guerra y de lesa humanidad; su responsabilidad como custodio  de los archivos de las diferentes comisiones de la verdad; y la inclusión de un capítulo sobre graves violaciones de los derechos humanos en su informe anual. El GTDFI también reconoce como un desarrollo positivo la solicitud de acreditación del INDH bajo los Principios de Paris. Al respecto, se recomienda al Estado de Chile reforzar la independencia, recursos y capacidad del INDH, de acuerdo a los Principios de Paris. Se deberían también tomar medidas para visibilizar la labor del INDH e incrementar su eficiencia.  
Género
Las mujeres fueron víctimas de desapariciones forzadas en Chile y estuvieron y están en primera línea en la lucha en contra de esta horrible práctica. El GTDFI fue informado de que las actividades relacionadas a las desapariciones forzadas no han tenido en debida cuenta una perspectiva de género y que no se prestó particular atención a las necesidades de las mujeres víctimas de desapariciones forzadas.
El GTDFI insta al Estado a adoptar una perspectiva de género y asegurar la igualdad entre los géneros como elementos esenciales en toda actividad legislativa, política, de investigación; así como en la asignación de recursos y en la planificación, implementación y monitoreo de los programas en el área de la desaparición forzada.
 
OBSERVACIONES FINALES
El GTDFI aprecia la información sustantiva que diversas autoridades, organizaciones de la sociedad civil, familiares y víctimas le brindaron con el fin de comprender mejor el fenómeno de las desapariciones forzadas en Chile.
Desde el retorno a la democracia se han dado importantísimos pasos para asegurar la verdad, la justicia, la reparación y la memoria frente a las gravísimas violaciones de los derechos humanos cometidas por la dictadura militar. Los esfuerzos de las diversas Comisiones de la Verdad han facilitado enormemente el conocimiento de estas violaciones. Las reparaciones económicas otorgadas alcanzan montos difícilmente igualables en otras partes del mundo. Las investigaciones judiciales y condenas son importantes hitos en el combate contra la impunidad por la comisión de desapariciones forzadas.
Estos avances se han logrado gracias a iniciativas, muchas de las cuales han sido iniciadas o llevadas a cabo principalmente por familiares de las víctimas o por la sociedad civil y algunos sectores estatales. El Estado debería reforzar su responsabilidad y liderazgo para asegurar que estas iniciativas son parte de una política de Estado comprensiva, coherente y permanente. Con ello se reforzaría claramente el repudio a las desapariciones y fortalecería las bases de un Estado que no permita que nunca más se cometan estas violaciones gravísimas en su nombre.
Sin embargo, aún persisten en Chile importantes desafíos, tales como la vigencia del Decreto Ley de Amnistía, la imposición de sanciones leves a los victimarios, la lentitud en los avances de los procesos judiciales, la permanencia de la jurisdicción militar incluso para casos de violaciones de derechos humanos y la carencia de un plan nacional de búsqueda de personas desaparecidas, entre otros.   
El GTDFI reitera su solidaridad con las víctimas de desaparición forzada y sus familias. Su constante sufrimiento es la prueba palpable de que la desaparición forzada es un delito continuado y una permanente violación de los derechos humanos hasta que la suerte o el paradero de la víctima se hayan esclarecido. El GTDFI también reconoce la labor de los numerosos defensores de los derechos humanos, organizaciones no gubernamentales, abogados, jueces y todos aquellos que trabajan incansablemente, inclusive en condiciones adversas, para juzgar y sancionar a los responsables y para reparar y preservar la memoria de las víctimas de esta terrible práctica. Por ello, realiza un llamado al Estado a apoyar continuamente la labor de estas organizaciones. 
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El Grupo de Trabajo reitera que estas son observaciones preliminares. El análisis de la información recibida durante y con posterioridad a la visita, así como la valoración relativa a los lugares visitados, serán considerados en la elaboración del informe que se presentará al Consejo de Derechos Humanos en marzo de 2013.
El Grupo de Trabajo manifiesta su disposición para continuar el diálogo constructivo con el Estado chileno y expresa su ofrecimiento para brindar su asistencia en la plena aplicación de la Declaración.
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(*) El Grupo de Trabajo sobre las desapariciones forzadas o involuntarias está compuesto por cinco expertos independientes de todas las regiones del mundo. El Presidente-Relator del Grupo de Trabajo es el Sr. Oliver de Frouville (Francia). Los otros miembros del Grupo de Trabajo son el Sr. Ariel Dulitzky (Argentina), la Sra. Jasminka Dzumhur (Bosnia y Herzegovina), el Sr. Osman El-Hajjé (Líbano), y el Sr. Jeremy Sarkin (Sudáfrica).
El GTDFI fue establecido por la Comisión de Derechos Humanos de la ONU en 1980 para asistir a los familiares de personas desaparecidas en la averiguación de su paradero o la suerte que hubieren corrido. El Grupo de Trabajo actúa como un canal de comunicación entre las familias y los Gobiernos involucrados a fin de asegurar que los casos individuales sean investigados, con el objetivo de esclarecer el paradero de las personas que, habiendo desaparecido, se encuentran fuera de la protección de la ley. El Grupo de Trabajo continúa tratando los casos de desapariciones hasta que son resueltos. Asimismo, el Grupo de Trabajo presta asistencia a los Estados para la aplicación de la Declaración de Naciones Unidas sobre la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas.