“Para algunos chilenos, la dictadura parece no haber existido”. 119 de nosotros

03 de junio de 2008

“Para algunos chilenos, la dictadura parece no haber existido”

Reproducción

La periodista Lucía Sepúlveda Ruiz, autora de 119 de nosotros, un crudo testimonio sobre la dictadura pinochetista.

Paul Walder
Santiago, Chile

 

 

El juez chileno Víctor Montiglio inició la semana pasada un importante proceso judicial destinado a esclarecer y condenar numerosos crímenes perpetrados durante la dictadura de Augusto Pinochet (de 1973 a 1990). Ya hay 98 ex militares y agentes del régimen que han sido detenidos para que declaren sobre la desaparición y el asesinato de 119 personas, la gran mayoría jóvenes y adolescentes que fueron secuestrados en Chile por la DINA entre 1974 y comienzos de 1975, en una maniobra de los servicios secretos denominada “Operación Colombo”, cuyo objetivo no sólo fue eliminar a esos jóvenes, sino también difundir una campaña de terror a través de los medios de comunicación.

La periodista y ex integrante del Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR)Lucía Sepúlveda Ruiz ha relatado esa trágica y perversa historia en un libro. En 2005, cuando se cumplieron los 30 años del sangriento episodio, publicó 119 de nosotros (LOM Ediciones, Santiago de Chile, 2005), un texto que es investigación y también testimonio. Los 119 asesinados eran personas de su generación, sus compañeros, sus amigos. Lucía, aun cuando no fue detenida por la dictadura, vivió largos años en la clandestinidad y trabajó para salvar las vidas de muchos compañeros detenidos. Su primer esposo, sin embargo, es un ejecutado político.

De los desaparecidos, cuenta Lucía, 94 eran miembros del MIR, nueve eran comunistas, nueve socialistas, dos del Mapu, uno de la Liga Comunista y cuatro de militancia desconocida. La mayoría eran santiaguinos de Ñuñoa, Villa Francia, las poblaciones José María Caro, La Legua o Lo Hermida. Pero también había quienes venían de Antofagasta, La Serena, Talca, Concepción, Temuco, Chillán, Valdivia, Los Angeles y Longaví. En el grupo había estudiantes secundarios (varios del Manuel de Salas y del Instituto Nacional y el Liceo 7 de Niñas), interventores, empleados públicos, metalúrgicos, sastres, textiles, obreros, pobladores, vendedores ambulantes y hasta un peluquero. También 47 de ellos eran alumnos o egresados o docentes de la Universidad de Chile, y once estudiaban en la Universidad Técnica del Estado, actual USACH. Había nueve que venían de la Universidad de Concepción, y tres de la Universidad Católica, entre ellos, la actriz Carmen Bueno, egresada de la Escuela de Arte y Comunicación. La inmensa mayoría eran menores de 30 años, y en el grupo había 19 mujeres. Entre todos, tenían 97 hijos, de los cuales 13 fueron póstumos y dos nacieron en cautiverio, pues sus madres fueron también a prisión.

Entrevista

Terra Magazine: ¿Qué te llevó a escribir este libro 30 años después de los hechos?
Lucía Sepúlveda Ruiz: La escritura de este libro tiene que ver con la amnesia y la afasia en este país. Con lo que no se ve ni se dice. El periodo de la dictadura, para algunas personas y medios de comunicación chilenos, parece no haber existido. Un pueblo no puede vivir sin historia, o con una historia fragmentada. Consideré un deber, una deuda con mi generación, dar a conocer los hechos que tuvieron que ver con esta operación mediática de la DINA para encubrir las desapariciones de chilenos y chilenas en el año 1974 y comienzos de 1975, que fue el periodo más feroz de represión. Fue cuando había mayor terror, estaban frescas las huellas del bombardeo a La Moneda, los hechos más sangrientos, por tanto eran momentos muy difíciles. Hoy, a más de 33 años de estas detenciones, se comienzan a ver ciertos atisbos de justicia.

Terra Magazine: Fuiste parte de esa generación, conociste a muchas de las víctimas. ¿Podrías hacer un perfil de ellos?
Lucía Sepúlveda Ruiz: La mayor parte de ellos eran jóvenes, lo que era muy notable, y había estudiantes secundarios, universitarios, recién recibidos de ingeniería, de veterinaria… Así era la generación del MIR, muy comprometida. No eran opositores, eran miembros de la resistencia a Pinochet. Fueron 119 personas, de las cuales la gran mayoría eran miembros del MIR. De manera que era gente muy vital, que estaba comenzando a vivir. Había también algunos mayores, profesores de la universidad, profesionales. Era un grupo muy calificado, gente muy valiosa. Fue también una masacre de cerebros.

Terra Magazine: ¿Dónde y cuándo fueron detenidos y asesinados?
Lucía Sepúlveda Ruiz: Entre 1974 y 1975. Fueron detenidos en sus lugares de trabajo, en las universidades. Fueron detenciones selectivas, que correspondían a un plan de la DINA.

Terra Magazine: ¿La “Operación Colombo” -nombre, por cierto, inventado por la DINA- estuvo especialmente dirigida al MIR?
Lucía Sepúlveda Ruiz: La DINA le puso ese nombre, sí. En el fondo, según el informe Rettig, 1974 fue el año en que la DINA centró sus objetivos en el aniquilamiento del MIR, así como más tarde el objetivo fue el Partido Comunista. La DINA tuvo brigadas, como la Halcón, dirigida por Krassnoff, absolutamente dedicadas a la persecución, detención, tortura y aniquilamiento de miembros de la resistencia y del MIR. Esto fue como un ensayo de la Operación Cóndor, que implicaba el traslado de gente desde el exterior. Acá se dijo eso, pero en el fondo todos fueron detenidos en Chile y su destino final se perdió también en el país, porque habían sido vistos en centros de exterminio en Chile. Lo que hizo la DINA es conectarse con los órganos de inteligencia del exterior para el montaje. En los preparativos previos a la salida de la noticia en Chile, aparecieron cadáveres en Argentina, que en realidad eran cadáveres de personas argentinas a quienes se les puso cédulas de identidad de chilenos. Se avisó a las familias, incluso, pero las familias no pudieron reconocer los cadáveres. La DINA llevó las cédulas de identidad. Aquí entró en acción Iturriaga, que era el encargado de la sección exterior de la DINA. El montó la operación, y después le puso el nombre. Porque el nombre se encontró en los papeles de Mario Arancibia, que estuvo involucrado en el crimen del general Prats. Pero ese es el caso emblemático de la Operación Cóndor. Arancibia ya estaba instalado en Argentina cuando comienzan estas detenciones en 1974, y en su oficina se encontraron cédulas de identidad de chilenos. ¿Qué era lo que buscaba la DINA? Decir que los miristas se mataron en Salta, en Brasil, por peleas de dinero. Eso fue lo que publicaron más tarde los medios de comunicación.

Terra Magazine: Durante la campaña mediática, ¿ya los habían asesinado?
Lucía Sepúlveda Ruiz: Para preparar esto tenían a las personas o detenidas o ya las habían matado, lo que aún no está determinado. Sí está comprobado que sus documentos de identidad fueron llevados a Argentina, algo que quedó en evidencia luego de que la oficina de Arancibia fuese allanada. Lo raro es que ningún magistrado tomó este caso como parte de la “Operación Colombo”. Sabemos que la detención de Pinochet en Londres abrió el espacio para que la justicia chilena, cómplice absoluta de la dictadura, se viera presionada por la comunidad internacional y empiece a procesar y a juzgar. En ese sentido, está el gran mérito del juez Juan Guzmán, que es el primero que más activamente investiga. De este modo, las investigaciones actuales de la “Operación Colombo” comienzan con la detención de Pinochet en Londres y el nombramiento de jueces especiales. Ahí empiezan los casos investigados uno a uno. Si uno tenía suerte, su caso era nombrado por uno de los jueces especiales. Pero no todos los 119 casos quedaron con jueces especiales, y no todas las investigaciones pudieron avanzar. Pero el primero que le llamó a esta lista “Operación Colombo” fue el juez Guzmán. Y el primero que condenó a miembros de la DINA fue el ministro Solís.

Terra Magazine: Esta operación tuvo como objetivo el amedrentamiento de la población. Se montó una campaña mediática con ese objetivo. ¿Qué has podido investigar sobre eso?
Lucía Sepúlveda Ruiz: El objetivo de la inteligencia de la dictadura, de los servicios secretos, era mostrar que quienes resistían al nuevo gobierno eran mala gente, pistoleros, gente que no merecía piedad ni simpatía ninguna. Esto estaba orientado a que nadie ayudara, a que nadie se hiciera parte del movimiento de resistencia. Había que presentarlos como gente malvada. Empezaron a publicar en los diarios informaciones que crearon un clima de este tipo, en un tiempo en que las fuerzas de izquierda estaban en un estado de shock y de reorganización muy incipiente. Lo primero fue una información sobre enfrentamientos por Talca.

Terra Magazine: ¿Eso salía en todos los medios?
Lucía Sepúlveda Ruiz: En todos, que eran los mismos de ahora: El Mercurio, La Tercera y la televisión chilena. Se digitaba desde la oficina central de información de la dictadura y se repartía a los medios, y desde allí se publicaba. Tal cual.

Terra Magazine: ¿Esa información la producían periodistas?
Lucía Sepúlveda Ruiz: Yo creo que la publicaban los periodistas. Era hecha por la DINA, que tenía gente que producía información.

Terra Magazine: Y los periodistas, ¿nunca chequearon esa información?
Lucía Sepúlveda Ruiz: No reportearon jamás. Publicaban los que le entregaba la DINA. Más tarde, en julio de 1975, esta campaña se lanzó oficialmente como si fuera un cable de agencia que llega a Chile. La operación fue republicar una noticia que había aparecido en un medio brasileño y uno argentino. Pero ninguno de esos dos medios existía, fueron creados por la DINA en colaboración de agentes en el Cono Sur. En Brasil había existido una revista, O Día, que se recreó para sacar un solo número con esta noticia de chilenos que se pelean entre ellos y que mueren en una balacera. Y luego lo mismo se hizo en Argentina. Esa noticia es la que toman los diarios chilenos. Primero aparece en La Segunda, con un enorme titular que dice “Exterminados como ratas”, expresión que más tarde analizan expertos en salud mental. ¿A qué asocias con una rata? ¿Y exterminio? Una evidente campaña, que penosamente ha ido quedando en la sociedad chilena. Eso explica el miedo, la amnesia. Una operación de alto vuelo.

Terra Magazine: Un titular como ese compromete gravemente a personas del gremio. Eso lo investigó el Colegio de Periodistas.
Lucía Sepúlveda Ruiz: Existe un grupo de familiares de estas 119 personas. Ellas crearon originalmente la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, la que por otros motivos se terminó dividiendo. Hace dos años le pidieron a la Comisión de Etica del Colegio de Periodistas, que debe resguardar el ejercicio de la profesión, que investigara. La comisión investigó, identificó a los directivos de El Mercurio y de La Tercera de la época, y ellos fueron a declarar. No se pudo determinar con exactitud, pero se cree que fue una mujer la que hizo el titular en La Segunda. Ella lo niega. Otros explicaron cómo era el proceso, lo que está en un acta de más de cien páginas, que es muy interesante de revisar, sobre los límites del periodismo. Aquí se muestra cómo la dictadura elaboraba las noticias; ellos, como periodistas, no podían no publicar lo que la DINA les pasaba. “Así era el periodismo de la época”, se justificaron. Pero lo más chocante es lo de El Mercurio y La Tercera, que en ese entonces le dedicaron a ese caso portadas, páginas y páginas, editoriales sobre la condición moral de los miristas, que se mataban afuera, que la Vicaría de la Solidaridad mentía para perjudicar al gobierno porque no había desaparecidos, etc. Y ahora no han publicado nada, o casi nada sobre el tema.

Terra Magazine: ¿Dónde estabas entonces? Tú eras del MIR.
Lucía Sepúlveda Ruiz:: Yo estaba en la clandestinidad, recolectaba información de las personas que estaban desaparecidas. No había nada… Sólo el Comité Pro Paz, la Vicaría de la Solidaridad y la prensa extranjera. Muchas personas deben su vida a esta solidaridad. Tuve la suerte de no ser detenida, pero muchos de mis compañeros sí cayeron. Y mi ex marido, el padre de mi hija, Augusto Carmona, fue ejecutado en 1977.

En el Día Internacional de los Derechos Humanos querella familiares 119 por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman. Chile

Español: Cartel durante la marcha estudiantil ...
Español: Cartel durante la marcha estudiantil del 16 de junio de 2011, frente a la Casa Central de la Universidad Católica de Chile. La leyenda dice: Chileno, 44 años después, El Mercurio aún miente. (Photo credit: Wikipedia)

Nueva querella criminal contra Agustín Edwards presentaron familiares de detenidos desaparecidos

 Publicado el 11 Diciembre 2013 ESCRITO POR ERNESTO CARMONA*

En el Día Internacional de los Derechos Humanos y, por coincidencia, 7º aniversario de la muerte de Pinochet, fue presentada hoy una querella colectiva por “asociación ilícita genocida” contra Agustín Edwards Eastman, el dueño de la cadena El Mercurio, y otros personajes vinculados al periodismo.

 

La demanda fue introducida ante la Secretaría Criminal de la Corte de Apelaciones de Santiago por el abogado Hiram Villagra Castro y familiares de 119 detenidos desaparecidos en Chile que en 1975 la llamada Operación Colombo de la DINA presentó como muertos en “pugnas internas” o enfrentamientos con fuerzas de seguridad de Argentina.

 

La demanda invoca los artículos 292 y 293 del Código Penal para procesar a Edwards, la periodista Mercedes Garrido, en 1975 editora del diario La Segunda de la cadena El Mercurio; Beatriz Undurraga Gómez, en esos tiempos cronista policial de El Mercurio de Santiago; Álvaro Puga, “Alexis”, asesor en comunicación y propaganda de la dictadura cívico-militar encabezada por Pinochet, “y de todos los que además resulten responsables” del mismo delito de “asociación ilícita genocida”.

El libelo acusador de 16 páginas, suscrito por 16 familiares de otras tantas víctimas entre Los 119, relata a la Corte que “a pretexto de una situación de guerra se produjeron graves violaciones a los derechos más fundamentales de la persona humana establecidos en tratados internacionales vigentes en la Constitución y en las leyes”, y explica que “para encubrir los hechos se diseñó la llamada ‘Operación Colombo’, una vasta operación de encubrimiento desarrollada por la DINA y sus colaboradores civiles en una operación de guerra psicológica”.

La demanda judicial describe que a partir de junio de 1975 comenzó una vasta campaña de propaganda mediática en que “diversos medios nacionales de comunicación reprodujeron profusa y ampliamente una información que daba cuenta de la supuesta muerte de 119 hombres y mujeres chilenos, a manos de sus propios compañeros, producto de pugnas internas o en enfrentamientos con las fuerzas de seguridad de diversos países.

En realidad, las personas mencionadas por las listas habían sido detenidas en Chile por la DINA y se encontraban, en esos momentos y hasta hoy, desaparecidas. Como se supo entonces, y tal como lo estableciera posteriormente el Informe Rettig, dicha publicación fue producto de la Operación Colombo, una maniobra destinada a encubrir la detención de cientos de chilenos y que había comenzado en junio de ese año, con la difusión en la prensa chilena de una información que alertaba sobre la presencia de ‘grupos guerrilleros’, integrados por ciudadanos chilenos, que se preparaban en territorio argentino para ingresar al país”, señala la demanda judicial.

Coincidentemente con lo anterior, las autoridades de la época comenzaron a afirmar que muchos de los ‘supuestos detenidos” estaban en realidad en la clandestinidad”, prosigue el libelo acusatorio. “Como parte de esa política de negación, el 4 de julio el general Pinochet anunció su decisión de no permitir el ingreso al país de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, anunciada para el día 10 del mismo mes”.

A los pocos días, y como respuesta a la presión internacional, se sucedieron diversas informaciones en la prensa argentina y chilena sobre detenidos desaparecidos chilenos cuyos cuerpos habrían sido encontrados en el país transandino. Tal fue el caso de Luis Guendelman, Jaime Robotham y, luego, Juan Carlos Perelman. Incluso se llegó a informar que la verdadera identidad del ‘terrorista Carlos’ [el venezolano Ilich Ramírez Sánchez, llamado también ‘el Chacal’] correspondía a la del chileno detenido y desaparecido Néstor Gallardo Agüero”. Es decir, “encontraron” cadáveres de ciudadanos desconocidos que aparecieron calcinados en Argentina con documentos de identidad de personas detenidas y desaparecidas en Chile.

Exterminados como ratones”

La falsedad de estas y otras informaciones burdamente fabricadas, que fueron difundidas, entre otras, por las agencias United Press International y Associated Press y reproducidas en Chile por los diarios de Agustín Edwards, y el matutino La Tercera, entre otros, quedó al descubierto una vez que se dieron a conocer las listas con los 119 nombres, el 22 y 24 de julio de 1975 en dos publicaciones fantasmas de Argentina y Brasil, en la revista argentina “Lea”, que salió por una sola vez, y enseguida en el diario Novo O’Dia, de Curitiba, que también tuvo una edición única.

El 24 de julio de 1975, el vespertino La Segunda, de Agustín Edwards, tituló en portada “Exterminan  como ratas a miristas” [miembros del MIR, Movimiento de Izquierda Revolucionaria]. La Tercera inauguró un género informativo-editorial, mezclando la “noticia” con interpretación propia: “Habían sido presentados recursos de amparo [habeas corpus] a favor de los miristas muertos o evadidos en Argentina y otros países, con lo cual quiere decir que habría existido una operación malintencionada de los padres, madres, o hijos o cónyuges de los desaparecidos, para procurar el desprestigio del gobierno y de la justicia chilena”, escribió un cronista anónimo.

El Mercurio del 25 de julio de 1975 editorializó: “Los políticos y periodistas extranjeros que tantas veces se preguntaron por la suerte de estos miembros del MIR y culparon al gobierno chileno de la desaparición de muchos de ellos, tienen ahora la explicación que rehusaron aceptar. Víctimas de sus propios métodos, exterminados por sus propios camaradas…”, etcétera, haciendo notar malestar “por el hecho de que los extremistas y una serie de organizaciones que alegan defender los derechos humanos hubieran utilizado a los jueces en el sucio juego de desprestigiar a Chile”, explica la querella.

 

Los cerebros de esta trama de “inteligencia mediática” fueron los asesores comunicacionales de la dictadura, aunque la querella sólo identifica a Álvaro Puga (“Alexis”), “y todos los demás que resulten responsables”. El trabajo de “inteligencia” en Argentina, para el “hallazgo” policial de cadáveres de ciudadanos desconocidos portando documentos de identidad chilenos, fue coordinado por Enrique Arancibia Clavel, chileno, agente DINA, ex bailarín, partícipe del asesinato del general Carlos Prats González en septiembre de 1974, quien terminó sus días asesinado de 34 puñaladas por un explotador de homosexuales, el 29 de abril 2011 en Buenos Aires, después de pasar 11 años en la cárcel.

Los periodistas pidieron perdón

Los demandantes quisieran que los diarios que mintieron sobre sus familiares pidieran perdón en títulos de primera página tan destacados como los publicados en 1975, dijo Roberto D’Orival Briceño, hermano del desaparecido Jorge D’Orival Briceño y uno de los firmantes de la querella. En un extraño incidente, la guardia del Palacio de los Tribunales impidió el acceso a los demandantes que deseaban firmar la querella. La Justicia sólo permitió el ingreso de cinco familiares para impetrar justicia.

El Colegio de Periodistas realizó un juicio interno para procesar, según el Código de Ética de la orden, a los periodistas que participaron en esta tramoya periodística. Algunos de los procesados por el Tribunal de sus pares resultaron sancionados o expulsados y más de uno se desempeñaba como “profesor de ética periodística” en escuelas de periodismo de universidades privadas. En junio de 2008, el Colegio cerró este capítulo deshonroso para la profesión pidiéndole perdón a los familiares de los dos casos más relevantes tratados por sus instancias éticas, el de Los 119 y el de la Rinconada de Maipú, entonces sector rural de Santiago donde 5 miembros de la familia Gallardo Moreno y 3 personas más fueron presentadas como “terroristas caídos en un enfrentamiento con fuerzas de seguridad” que nunca existió. Fue una puesta en escena transmitida in situ por “rostros” de los principales noticiarios de TV de aquella época, en coproducción con la DINA.

 

La familia Gallardo, incluido el padre, Alberto Gallardo Pacheco, tornero de 62 años, fue exterminada en calabozos secretos de Villa Grimaldi entre el 18 y el 19 de noviembre de 1975. Entre los sobrevivientes se encuentra Alberto Rodríguez Gallardo, Beto para sus amigos y familiares, quien también fue detenido en 1975, cuando apenas tenía 6 meses de edad, y concurrió hoy a los tribunales a respaldar esta querella por crímenes de asociación ilícita genocida cometidos bajo dictadura, como el asesinato encubierto de su madre, Catalina Gallardo Moreno, de 29 años. En rigor, los Gallardo fueron 6, y no 5, porque Mónica Pacheco Sánchez, de 25 años, profesora de inglés y esposa de Roberto Gallardo Moreno, de 25 años, estaba embarazada de tres meses.

 

Fabricación rutinaria de “enfrentamientos”

El quinto miembro victimado de esta familia Gallardo fue el padre de Beto, Juan Rolando Rodríguez Cordero, pero el crimen ocurrió al año siguiente, el 20 de octubre de 1976, cuando fue herido en un “enfrentamiento” falso en la vía pública y trasladado por agentes de la DINA a un hospital, de donde salió muerto. Y es que el encubrimiento noticioso por la vía del “enfrentamiento” falso fue el pan informativo que cada día hacían comer a los chilenos los grandes medios como El Mercurio, La Tercera y los canales de TV. Los cientos de casos no caben en una crónica, quizás en un libro de unas 500 páginas, como el del periodista Augusto Carmona Acevedo, asesinado por la espalda el 7 de diciembre de 1977, en Santiago, y presentado casi como un héroe que resistió el arresto por la Central Nacional de Información (CNI), sucesora de la DINA desde 1977.

Por ejemplo, la Operación Alfa Carbón, que exterminó a 7 personas el 23 y 24 de agosto de 1984, movilizó a 60 agentes de la CNI para matar en Concepción, Los Ángeles y Valdivia, cumplió su tarea llevando consigo a un equipo de TVN, a cargo del periodista policial Esteban Montero, quien “cubrió” en exclusiva los “enfrentamientos”, obtuvo “información privilegiada” –pero inventada– e hizo despachos tipo flash “en vivo” que irritaron a los verdaderos periodistas locales, a quienes la CNI les impidió el acceso y cobertura. Otro periodista vinculado al MIR, Juan Elías Espinoza Parra, de Concepción, murió acribillado con 22 disparos, la mayoría por la espalda, el 29 de diciembre de 1985, en otro “enfrentamiento” al sorprendérsele “poniendo una bomba” a plena luz del día, en una concurrida esquina del sector Quinta Normal, Santiago.

La querella de los familiares de los 119 pide citar a los imputados, despachar “orden amplia de investigación” a la Brigada Investigadora de Delitos contra los Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones (PDI), oficiar al Colegio de Periodistas para que remita copias, anexos y materiales del sumario ético realizado por la Operación Colombo y solicitar al cinematografista Ignacio Agüero copia del material no editado de su documental “El Diario de Agustín”.

*) Ernesto Carmona, periodista y escritor chileno

Relacionados