A 40 años del Golpe de Estado aún existen documentos referidos a los crímenes y violaciones a los derechos humanos que se mantienen confidenciales para el público. Londres 38, ex centro de detención, tortura y exterminio, comenzó la campaña “No más archivos secretos” que durante los próximos meses presentará a las autoridades y distintos órganos de la administración del Estado la petición de desclasificación de la apertura de los archivos.

Esta acción exige un nuevo régimen legal que proteja los archivos, para su conservación y acceso, para así situarlos como una herramienta fundamental para establecer el Derecho a la Verdad y justicia. Londres 38 mediante la junta de firmas exigirá a los órganos de la administración del Estado desclasificar y abrir los archivos de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación (Rettig), de las dos Comisiones sobre Prisión Política y Tortura (Valech) que reúnen declaraciones de las propias víctimas y diversos documentos, a los cuales se les impuso 50 años de secreto.

En el caso de los informes Rettig y Valech se interpelará al parlamento. En cambio, para los Archivos de la ex Colonia Dignidad se exigirá directamente al Poder Judicial y para los Archivos de las Fuerzas Armadas, policiales y de inteligencia se demandará directamente a las instituciones que respondan por la información a la que no se da acceso o ha sido eliminada.

Lorena Pizarro, parte de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), señala que esta política no sólo es un ocultamiento de la información por parte del Estado, sino que es una decisión de mantener en impunidad los nombres de los criminales y cómplices a la violación de los derechos humanos. En este sentido, si bien los 20 años de Transición significaron aplicar la justicia en la medida de lo posible, para la vocera “los informes sobre Prisión Política y Tortura actualmente reconocen víctimas del terrorismo de Estado pero no los victimarios”.

Desde la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos (AFEP) se apoya esta campaña puesto que la publicación de estos informes serían un aporte al conocimiento y, más importantemente, permitiría llevar a la justicia los crímenes que aún quedan pendientes. Sin embargo, dudan cómo se hará factible la desclasificación debido a lo reservados que son los órganos responsables de esta información.

De la misma manera, se exige develar los archivos de la ex Colonia Dignidad incautados en el 2005 que incluyen documentos y fichas producidas por esta organización criminal y que, amparándose en la Ley de Inteligencia Nacional, han sido calificadas como «secreto de Estado» por el juez Jorge Zepeda. También se demanda la desclasificación de archivos que aún se encuentran en poder de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia que se produjeron durante la Dictadura.

Las únicas causales de reserva o secreta por las que se puede denegar parcial o totalmente el acceso a la información son cuando ésta afecta el cumplimiento de las funciones del órgano requerido, los derechos de las personas, la seguridad de la Nación, el interés nacional o cuando se hayan sido declarados reservados o secretos, de acuerdo a las causales señaladas en el artículo 8º de la Constitución.

Para ser parte de la demanda de apertura de los archivos que aún en democracia se mantienen en secreto es necesario firmar en http://londres38.cl/1937/w3-article-93704.html