PROYECTO H. Los Padres Sociales de los hijxs del MIR en Cuba.

08/02/2009 

  Proyecto H

  PROYECTO H

  A inicios de los ’80, en Chile se iniciaban las primeras manifestaciones callejeras contra la dictadura. Mientras, a 6.307 kilómetros de Santiago, en la isla caribeña de Fidel, los hijos de los miristas que volvieron a la resistencia fueron acogidos por el Proyecto Hogares.

Domingo 8 de febrero de 2009

Los días miércoles eran los de visita. Se iban todos los domingos en la tarde, casi oscureciendo al internado en la guagüita amarilla, manejada por un barbudo. Así llamaban al autobús que hacía las veces de furgón escolar y que los viernes los traía del colegio a la casa con sus padres comunitarios. Eran los niños, miembros del Proyecto Hogares, hijos de militantes miristas que a inicios del año 80 -mientras sus padres retornaban a Chile clandestinamente- se encontraban a cargo de otros cuidadores en Cuba.

El internado, dedicado especialmente a niños de exiliados chilenos, se llamaba Solidaridad con Chile y, además de hijos del MIR -que eran alrededor de 70-, acogía a cerca de doscientos chilenos y de distintos países: argentinos, angoleños, guyaneses, rusos, entre otros.

La casa, que estaba a media hora de La Habana, en el barrio Alamar, era un añoso edificio del sector con el número D22, donado por el Gobierno cubano. Con 20 departamentos de tres piezas cada uno, living, comedor, cocina y baño, el block de cuatro pisos acogía a cerca de 20 cuidadores, o padres sociales, quienes se hacían cargo de tres a seis niños cada uno.

Las fiestas y cumpleaños de Alamar

En el barrio se gestaba la vida comunitaria de adultos, niños y adolescentes que pasaron años creciendo juntos: todo en colectivo, como buen país socialista. “Teníamos algo, que eran los cumpleaños colectivos, donde se celebraba a todos los que cumplían el mismo mes”, dice Macarena Aguiló -hija del ex miembro de la comisión política del MIR, Hernán Aguiló- y quien trabaja en un documental sobre el Proyecto Hogares, del cual fue parte.

Además de las fiestas de cumpleaños -que incluía el típico regalo de un libro de José Martí-, había actividades recreativas por montones. La idea era que los niños no sintieran la ausencia de su familia y pudieran desarrollarse de la mejor forma posible junto a los tíos y hermanos sociales. Obras de teatro, tardes de dibujo y pintura, cine, fogatas al aire libre e incluso escapadas a Varadero, todo estaba cuidado para ser un ambiente cálido y acogedor. “Vivíamos como familias, pero al mismo tiempo como gran colectivo para todo lo que tenía que ver con actividades recreativas y talleres. La identidad se daba a nivel natural, porque éramos 70 cabros chicos en un mismo lugar donde lo único que hacíamos era jugar todo el día”, explica Macarena.

Uno de los valores más recordados por los niños de Alamar fue el compañerismo, el respeto al “Che” y la abolición de la propiedad privada: los juguetes pertenecían a todos.

Los pequeños se adaptaron al acento cubano, a las tibias playas caribeñas, a los ciclones y huracanes. A ser chilenos sin saber realmente qué era serlo.

Desde un principio supieron que sus padres estaban en Chile combatiendo la dictadura, recibían noticias de ellos por medio de casetes grabados y cartas secretas que siempre tenían una chapa.

El hombre tras el proyecto

“Fue una idea de Miguel”, dice la voz trémula y algo triste de una de las militantes del MIR que rememora el Proyecto Hogares del otro lado del teléfono. En su voz refleja la tristeza que le significa recordar al líder del movimiento revolucionario Miguel Enríquez. Fue él quien poco antes de morir -en un enfrentamiento con la DINA en 1974- planteó la idea de implementar un hogar de acogida para los hijos de padres que estuvieran en la resistencia chilena. Por esos días, la apuesta de Miguel no se implementó.

Más tarde, en 1976, con el inicio de la política de retorno del MIR, las militantes que eran madres plantearon la necesidad de que el movimiento brindara un espacio para sus hijos, mientras ellas aportaban a la insurgencia. Se hizo más urgente, entonces, concretar la idea de Miguel.

El tiempo era poco, así que a fines de los ’70, los dirigentes pusieron manos a la obra. Para el diseño y puesta en práctica del plan, el comité exterior del MIR contactó al experto: un siquiatra chileno, ex militante y exiliado político que trabajaba con niños víctimas del exilio y la represión. ¿Su nombre? Jorge Barudy, el mismo profesional que en 2005 fue convocado por el fiscal Xavier Armendáriz para ser el principal perito del proceso contra el ex senador DC Jorge Lavandero.

Por esos años de mediados de los 70, Barudy puso todos sus conocimientos al servicio de la causa y se dedicó a diseñar el proyecto para los hijos del MIR.

Los encuentros en Europa

Un primer tema fue escoger a los adultos o padres sociales. En eso, Barudy no tuvo mucho que decir, fue la dirección del MIR la que pidió “voluntarios” entre las familias que se encontraban en el exilio. Una vez hecho eso, el neurosiquiatra se dedicó a realizar la preparación de los cuidadores elegidos para instalarse en Cuba.

La mayoría de ellos estaban exiliados en Europa, por eso para los primeros encuentros con sus nuevos hijos se escogió Lille en Francia y Lummen en Bélgica, países que concentraban un importante número de familias relegadas. En ambos lugares, el equipo profesional -que además de Barudy integraba a dos médicos europeos-, realizó dos “campamentos comunitarios”. En una semana en Lille, se comenzó la capacitación de los futuros cuidadores. Después, la comunidad viajó a Bélgica, donde en un internado, se siguió formando a los padres y se preparó a los niños para el momento de la separación.

Fue recién en esa etapa del proceso que comenzó a cruzarse en la mente de los pequeños la isla caribeña. De a poco, las nuevas familias comenzaron a tomar el avión con dirección a La Habana.

Una vez en Cuba, en el D22 de Alamar, Barudy monitoreó que la separación no fuera muy terrible para los niños, de ahí las constantes cartas y grabaciones en casetes que los padres enviaban a sus hijos.

Tras cuatro años de Proyecto Hogares, las diferencias de la comunidad a cargo comienzan a hacerse más notorias. Aunque hubo niños que no se dieron cuenta porque siguieron viviendo allí, el proyecto terminó el año 1984. “En la cúpula del MIR cubano no todos estaban de acuerdo, Gladys Díaz nunca creyó en el proyecto. La dirección propone que la base a cargo de éste se disuelva y se dedique a otra estructura política”, explica Macarena.

Esto, unido a las diferencias políticas al interior del MIR tras la frustrada operación retorno, provocó el término definitivo de Alamar D22. LND

A 40 AÑOS. AHORA TODOS ESTAN CON LA MEMORIA Y LOS DD. HH.

30 DE AGOSTO DE 2013

Reportaje destaca inéditos relatos a 40 años del golpe

Los testimonios de niños que fueron torturados en dictadura

Han sido reconocidos como víctimas de prisión política y tortura 2.200 menores. Fueron usados para hacer hablar a los padres presos o como moneda de cambio. Algunos fueron privados de libertad en cuarteles y tuvieron que vivir clandestinamente; otros fueron quemados con cigarrillos para hacer hablar a sus progenitores. Un reportaje de Revista Paula revela la cara más desconocida de la dictadura de Pinochet.

La última edición de Revista Paula contiene un reportaje que detalla una de las caras más brutales y desconocidas de la dictadura: la forma en que se torturó niños y se los convirtió en prisioneros políticos, después del 11 de septiembre de 1973.

El texto detalla, por ejemplo, la  historia de Patricio Ibacache, quien en la actualidad tiene 42 años y un presente que le debe mucho a su pasado: le ha costado tener pareja por temor a que le pregunten quien es. “Tenía 2 años y seis meses cuando fue detenido junto a su padre. Su madre lo buscó por 14 días en hospitales, la Cruz Roja y la Intendencia de Valparaíso. Cuando lo encontró, tenía quemaduras de cigarrillos en los brazos. Así sus captores hicieron hablar a su padre”, describe el reportaje que ya tiene una versión on-line y este sábado publica la impresa.

El reportaje también cuenta la historia de Ninoska Henríquez. “Tenía 9 años cuando fue detenida junto a sus abuelos. Recuerda haber dormido en literas, haber sido obligada a ingerir unas pastillas celestes y a contestar preguntas. También recuerda una imagen que hasta hoy la atormenta: ‘Vi que a mi abuelo lo tenían colgando de los brazos, pendiendo de un palo. A mi abuela la tenían sentada en una silla’”, dice el reportaje. Ella vio a su abuelo torturado. Después de eso su familia fue perseguida y ella debió vivir con un nombre de “chapa” a pesar de su corta edad. Su testimonio ayudó a registrar otro centro de torturas: el cuartel Venecia.

El reportaje también destaca la historia de la documentalista Macarena Aguiló. “En febrero de 1975 ella estaba en El Tambo, en San Vicente de Tagua Tagua, en casa de unos tíos –pues su madre estaba detenida– cuando la DINA irrumpió violentamente: querían saber sobre su padre, Hernán Aguiló, jefe militar del MIR y clandestino desde el Golpe. Como su tío no colaboró se lo llevaron detenido. Y tomaron al resto de los integrantes de la casa como rehenes en su propio domicilio: Macarena, su tía embarazada y su primo de dos años, convivieron durante tres semanas con los militares en condiciones que ella no logra recordar con nitidez…”, relata uno de los párrafos del reportaje, que cuenta de la calificación que hizo la Comisión Valech de estos menores y en la versión on-line también da cuenta de menores que no calificaron como víctimas.

“Por eso cuando no calificaron, sentí mucha culpa de haberlos expuesto. Mi intención de insertarlos como niños normales en la sociedad, de practicar el olvido no funcionó”, dice Patricia en el reportaje; la madre de uno de los menores que no calificó.

Nota de Hijxs Voces

Y aquellos niños que nacieron en prisión,hijos e hijas de jóvenes mujeres estudiantes, trabajadoras,campesinas,empleadas que fueron detenidas, torturadas y que pagaron con prisión el adherir a un proyecto histórico que el planeta entero segía con admiración y respeto, llevado a cabo en este Chile, eterno laboratorio de políticas económicas y sociales?

Aquellos niños nacidos en campos de prisioneros, criados en prisiones , -con fecha de vencimiento- una vez que cumplían los años que la ley permitía a sus madres tenerlos con ellos, debían enfrentar  aún balbuceantes, un destino incierto.

Aquellos niños en el vientre materno que sufrían las descargas eléctricas, los puños de hombres fuertes, las ratas subiendo por las vaginas maternas…Niños que sabiendo acerca de éso han vivido trastornos mentales serios y permanentes, niños hoy en la mitad de su vida, que son un sujeto social que al parecer recién son descubiertos por quienes los negaron, invisibilizaron, que han esperado 40 años para solicitar les perdonen…

Niñas violadas, drogadas, estigmatizadas, niñas y niños producto de violaciones por los torturadores de sus madres, niños, rechazados, estigmatizados, apátridas, con familias fracturadas, niños chilenos nacidos en Africa, Europa, Australia y América toda…negados por el país de orígen de sus padres que ni el derecho voto les otorga…

Niños resentidos, niños alienados de su identidad latinoamericana, niños sudaka,niños cabeza negra, niños escoria de los países ricos…niños que no hablan castellano, niños sin abuelos ni primos,niños mapuche en Holanda, Suecia, Canadá,Mozambique,Camberra, niños que sin conocer la Historia de Chile no logran respetar ni entender a sus padres…niños chilenos con ira y desgarro. Niños-jóvenes sentados durante 40 años en las puertas de la Villa Francia esperando el regreso del padre que se llevaron una noche. Niños- jóvenes que han parido hijos que hoy son reprimidos en las calles de un país que pide dar vuelta la página.

Y la civilidad cómplice pide hoy perdón. Todos y todas al parecer estaban defendiendo- muy disimuladamente- los derechos humanos de las víctimas…

Estos 40 años son 40 años de shock post traumático, que solo las víctimas experimentan, ellos y sus descendientes, porque para los que vencieron por las armas, y escribieron la Historia Oficial en un largo lapso de tiempo- el suficiente como para que una generación completa perdiera su memoria contingente-  están indemnes.

A los hijos de la memoria de Chile le duelen estos 40 años en que todos recuerdan, todos equiparan dolores, todos hacen hipócritas mea culpa y solicitan perdón y reconciliación, aquellos que parean las colas para conseguir mercadería con las muertes a ráfaga de metralleta…

Los Anselmo, Marcos, Anita, América, Manuel, Amandas, Tanias y Tamaras, los Lenin y los Ilich, Wladimir y Camilos, las Libertad y las Victoria, los portadores de los nombres políticos de sus padres asesinados, los que dan a sus hijos los nombres de sus madres torturadas, no perdonan, no olvidan, no se reconcilian.

Cuarenta años van desde entonces..bernardo Guerrero.

Cuarenta años van desde entonces

Era domingo y la primavera ya se anunciaba.
En el Nacional se exhibía una película mexicana filmada en los estudios Churubusco.
Las calles de Iquique estaban todas pintadas:
Alessandri, Tomic y Allende.
Uno solo debía ganar.
Hablo del 70.
Entonces el Quilapayún competía con Led Zeppelin.
El Che había muerto hace un par de años,
al igual que Jimmy Hendrix:
ambos de sobredosis.
El primero de ideología
y el segundo, ya sabemos de que…
El Don Sata le puso la música a los adolescentes de esa época:
Las lolas encarnaban a la “American Woman”
La Bati, la Menry, la Marcia y tantas otras olían a jazmín.
Teníamos entonces 16 años
y un futuro por delante.
La revolución en Libertad de Frei
nos había dejado con un gusto a poco.
Y el ejemplo de Vietnam ofrecía multiplicarse
La otra, la revolución con vino tinto y empanadas
prometía…
Leíamos “Pekín Informa”
a Lenin y escuchábamos a Lennon
y tres años después entenderíamos eso del izquierdismo como enfermedad infantil
La cara de Mao
era la misma que la del chino de la esquina.
El barrio aún tenía veredas de maderas
y una cancha de básquetbol que era nuestra
o al menos así creíamos
o así nos habían hecho creer.
Cuando la tarde cayó de bruces
sobre la plaza Condell
se armó un escenario
en pleno frontis de la Ilustre Municipalidad
Soria ya era realidad…
los corredores bio-oceánicos un sueño
(y Ramón Pérez, ¿por quién habrá votado Ramón?
Dicen que Valverde no durmió esa noche).
El chico Coloma bailó una cueca que daba gusto…
Zapateaba como desaforado, sus bigotes sonreían…
Eloy Ramírez y Romilio Jiménez
sellaban la unidad en un abrazo compañero y masculino.
Mi abuelo negro
se fumó un “Liberty” como condenado,
el último quizás,
después se cambió al “Cabaña”.
“Hasta el fumar es ideológico” me decía.
Lo demás es historia conocida.

Bernardo Guerrero J

Menores desaparecidos y asesinados por la Dictadura chilena. A los 40 Años del Golpe de Estado denuncian.

Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”

 

A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.

Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.

La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Rodrigo Anfruns

Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.

Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.

La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.

En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.

Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.

 

Rodrigo Palma

“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.

En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.

Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.

“Chile: Las víctimas infantiles”*

Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.

La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.

Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.

En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.

Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.

Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.

La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.

Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.

Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.

http://radio.uchile.cl/2013/08/29/menores-desaparecidos-la-dictadura-no-tuvo-limites-a-la-hora-de-los-crimenes

Menores desaparecidos: “La dictadura no tuvo límites a la hora de los crímenes”

 

A propósito de los cuarenta años que se cumplen del Golpe de Estado, las voces que exigen verdad y justicia mantienen su deseo por ver en juicio a los responsables. En ello, una de las áreas menos abordadas en violaciones a los derechos humanos refiere a la desaparición de menores. Desde las organizaciones que han indagado el tema, destacan que las autoridades, en democracia, no han respondido a la investigación que requieren estos hechos.

Michelle Peña Herreros fue estudiante de la Universidad de Santiago, militante socialista detenida en 1975 por efectivos de la DINA, quienes la buscaron durante todo su embarazo, lo que obligó distintos esfuerzos para cumplir sus controles médicos sin ser secuestrada. Una vez trasladada a Villa Grimaldi, se pierde todo rastro de ella, y del eventual nacimiento de su hijo.

La incertidumbre sobre el hijo de Michelle Peña se suma a otros ocho casos de mujeres embarazadas que fueron detenidas en dictadura. Más aún, el Informe Rettig certifica 307 casos de menores de 20 años ejecutados, niños de seis meses hasta la adolescencia, de los cuales se desprenden 75 casos de infantes detenidos desaparecidos. Por su parte, el Informe Valech sumó un anexo con 102 casos titulado “Menores de edad detenidos junto a sus padres o nacidos en prisión”.

Rodrigo Anfruns

Algunos casos han salido a la luz pública, como el menor Rodrigo Anfruns, cuyo cuerpo apareció a pocos metros del lugar de su desaparición en junio de 1979, bajo circunstancias que aún no son esclarecidas. O el caso de Carlos Fariña Oyarce, menor de 13 años detenido en la población La Pincoya, y su cuerpo encontrado en 2000, quemado y con múltiples heridas a bala.

Para Mireya García, vicepresidenta de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, esta situación revela la actitud de los militares hacia civiles sin militancia política: “La dictadura no tuvo límites. Para los represores, la condición de mujer, anciano o niño, no tuvo importancia al momento de cometer crímenes. Es una herida de la que poco se ha hablado todavía”.

La dirigente recalca que son apenas 60 los uniformados involucrados en juicios por violaciones a los derechos humanos, pese a ser miles los casos de detenidos, ejecutados y desaparecidos por el régimen militar.

En esta línea, destaca que aún es necesario sumar investigaciones, ya que “falta justicia, investigación y procesamiento, encontrar a los culpables, y hacerlo ahora. En cinco años más ya no quedarán violadores a los DDHH con vida. O se hace ahora, y la justicia se dedica a investigar, o terminaremos con 60 condenados de un universo de más de tres mil víctimas”.

Gonzalo Taborga, presidente de la Comisión Chilena de Derechos Humanos, destaca que la violencia contra menores es un tema pendiente, en contraste a la dictadura en Argentina, con organizaciones dedicadas a buscar la verdad sobre menores detenidos, o nacidos de militantes en cautiverio.

Rodrigo Palma

“Ha tenido un desarrollo muy diferente a Argentina. Acá las organizaciones no han tenido de parte de las autoridades, el respaldo que hubiesen querido, y que ameritaba que recibieran. Terminado el gobierno militar, esta situación no tuvo relevancia, porque no se conocían casos, pese a existir las listas, las situaciones de menores que hasta el día de hoy no se han investigado y que están pendientes”.

En 2005 se constituyó una Agrupación de ex Menores de Edad Víctimas de Prisión Política y Tortura, algunos años más tarde la AFDD abrió una línea telefónica para recibir antecedentes de menores, entre otras intenciones para sumar información.

Otro aspecto relacionado a la desaparición de menores, fue develado por el periodista Mauricio Weibel, de la agencia alemana DPA, quien, luego de tener acceso a más de 30 mil documentos reservados de la CNI, descubrió que existió un seguimiento en colegios, coordinado desde el ministerio de Educación, que espió a estudiantes, académicos y apoderados, durante los años de la dictadura.

“Chile: Las víctimas infantiles”

Ese es el nombre de un informe divulgado por Amnistía Internacional, a propósito de la detención de Augusto Pinochet en Londres. Un documento que reconoce 26 casos de niños muertos por militares durante la dictadura en Chile. La falta de documentación en menores sin cédula de identidad es un punto en contra a la hora de sumar indagatorias por su paradero. En este período se consideraba menor de 21 años para definir un menor de edad, incluyendo en este grupo a muchos jóvenes perseguidos por sus ideales políticos.

La historia de Carlos Fariña Oyarce explica la muerte de una de las víctimas más jóvenes de la dictadura, quien falleció a los 13 años, luego de ser abatido por dos tiros por la espalda, y luego su cuerpo quemado.

Carlos fue derivado a un centro de menores, donde sufrió abusos sexuales, por lo que fue devuelto a su casa. Al ser visto por una vecina, ésta denunció su presencia a los militares, quienes lo arrestaron y no se supo de su paradero hasta el año 2000. Su madre murió en 1977, con la angustia de golpear puertas todos los días, sin recibir noticias del menor. Sus osamentas fueron encontradas en la avenida San Pablo. Vestía la misma ropa que al momento de su detención, permitiendo su rápida identificación. Según militares testigos, su ejecutor, el oficial Erasmo Enrique Sandoval Arancibia (ex funcionario del municipio de Providencia), no mostró compasión a los ruegos del niño, disparándole por la espalda y ordenando su incineración.

En Coquimbo, Jim Christie Bossy tenía 7 años cuando esperaba la navidad de 1973. La tarde del 24 de diciembre jugaba en la calle junto a Rodrigo Javier Palma Moraga, de 8 años. Ambos menores fueron ultimados por miembros del Ejército que custodiaban gasoductos en el sector de La Herradura. La madre de Jim, Maria Josefina Bossy Berruyer, incluso fue arrestada en el regimiento Arica, acusada del secuestro de su hijo y sometida a vejaciones por los militares. Cuatro años más tarde, los cuerpos de los menores aparecieron en el mismo lugar donde se les perdió huella, el mismo sector tantas veces rastreado y sin resultados. En 2002, el juez Juan Guzmán Tapia ordenó la exhumación de los cuerpos, certificando los impactos de bala que provocaron la muerte. Hoy, en la zona de su desaparición existe un memorial que los recuerda.

Otros casos grafican la acusación por “uso indebido de la fuerza” en uniformados. El 18 de septiembre de 1973, oficiales del Ejército irrumpen en la Plaza Panamá, en Santiago, disparando a su alrededor. La menor Alicia Aguilar Carvajal, de sólo seis años, recibió un impacto de bala en el tórax con salida de proyectil, quien falleció en el acto víctima del actuar de militares que no han sido identificados.

Un caso similar es el de Samuel Castro, de 13 años, estudiante que falleció el 24 de septiembre de ese mismo año, a pocas cuadras del Estadio Víctor Jara (ex Estadio Chile), quien fue herido a bala por un militar que custodiaba este recinto, convertido en centro de detención y tortura.

La muerte de Ángel Moya rememora un gesto conocido de los militares. Interceptado a las 16 horas mientras caminaba, en Santiago, el estudiante fue ordenado a correr, arrancar, hasta que fue alcanzado por impactos de bala propiciados por los militares, que lo mataron por la espalda.

Así también pasó con Elizabeth Leonidas Díaz, de 14 años. La joven estaba embarazada, y detenida junto a otras siete personas la madrugada del 14 de octubre de 1973. En el río Mapocho, a la altura del puente Bulnes, fueron bajados de vehículo policial, obligados a correr por la ribera, donde fueron ultimados. Esa noche fueron acribillados catorce jóvenes, ocho de ellos menores de 20 años.

Como se lee, menores de edad que no mueren consecuencia de la militancia política de sus padres, o por estar junto a ellos al momento de su detención. El simple derroche de violencia, el rostro más oscuro de la muerte, la condición humana a su nivel más bajo, a la hora de apuntar con un arma de fuego al alma de un ser humano, de un menor de edad. Y disparar.

http://radio.uchile.cl/2013/08/29/menores-desaparecidos-la-dictadura-no-tuvo-limites-a-la-hora-de-los-crimenes

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LEONARDO PATRICIO PARGA ORTEGA

Fotos suministradas por su hermana.
PARGA ORTEGA, LEONARDO PATRICIO: 17 años, estudiante, soltero, muerto el 14 de septiembre de 1973 en Santiago.

Leonardo Patricio Parga Ortega murió ese día a las 20:00 horas, en el Hospital José Joaquín Aguirre, por una herida de bala torácica cervical, según el Certificado Médico de Defunción del Instituto Médico Legal.

De acuerdo con lo señalado por vecinos, alrededor de las 16:00 horas de ese día, Leonardo Parga y su amigo Angel Gabriel Moya Rojas se encontraban en la intersección de las calles Escanilla y Borgoño, cuando fueron interceptados por una patrulla militar. Los retuvieron, allanaron sus ropas y luego les ordenaron retirarse. En ese momento, uno de los militares escuchó un insulto y disparó a ambos menores por la espalda. Angel Gabriel Moya Rojas falleció en el acto y Leonardo Parga, algunas horas después.

El caso de Angel Gabriel Moya Rojas fue conocido por la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación y se le declaró víctima de violación de derechos humanos por agentes del Estado.

Considerando los antecedentes obtenidos en la investigación realizada por esta Corporación, el Consejo Superior declaró a Leonardo Patricio Parga Ortega víctima de violación de derechos humanos por agentes del Estado que hicieron uso irracional de la fuerza.
(Corporacion)

www.memoriaviva.com

* EL PROCESO CONTRA EL EX DICTADOR EN LONDRES
Pinochet: publican 26 casos de niños víctimas de la dictadura

Lo hizo Amnistía Internacional a través de un informe difundido en Londres

  • Son menores asesinados o desaparecidos durante el régimen militar
  • La organización dice que Pinochet debe ser enjuiciado


    MARIA LAURA AVIGNOLO Londres. Corresponsal
    Sergio Alberto Gajardo Hidalgo, un adolescente chileno de 15 años, caminaba por una población de Santiago rumbo a la casa de sus tíos el 15 de setiembre de 1973 cuando fue baleado por una patrulla militar en la cabeza, cuatro días después del golpe de Estado que derrocó a Salvador Allende. Sus familiares buscaron desesperadamente su cuerpo hasta 1991, cuando lo encontraron en una tumba NN del cementerio de Santiago.Una suerte similar corrieron Nadia Fuentes, que recién había cumplido 13 años, y la jovencita embarazada Elizabeth Contreras, ejecutada por la policía chilena tras hacerla correr, dispararle y arrojar su cuerpo al río Mapocho en octubre de 1973.Estos son algunos casos de los niños víctimas del régimen militar del general Augusto Pinochet, que han sido ignorados en el largo proceso que se lleva adelante en Londres para decidir si el ex dictador tiene o no inmunidad de jefe de Estado para evitar el pedido de extradición solicitado por el juez español Baltasar Garzón, que lo quiere procesar por genocidio.La organización defensora de los derechos humanos Amnistía Internacional publicó ayer un informe detallando algunos de los 80 casos conocidos de niños muertos o desaparecidos durante el régimen militar chileno, entre 1973 y 1990.Para Amnistía Internacional, en el juicio a Pinochet en Londres se están olvidando de sus víctimas y perdiendo sus argumentaciones en legalismos que ignoran a las 3.197 personas asesinadas o desaparecidas durante la dictadura. Pero especialmente, no cuenta la suerte de los 80 chicos menores de 16 años fusilados por las fuerzas de seguridad o secuestrados por militares chilenos.En el informe titulado Chile: las víctimas infantiles, Amnistía Internacional describe 26 casos de asesinatos y desapariciones de niños y adolescentes por patrullas militares en Chile con similar metodología. Un estilo que incluye palizas previas y ejecución sumaria, arrestos y posteriores desapariciones, asesinatos de familias completas después de un allanamiento policial.Amnistía ha hecho campaña para que Pinochet sea llevado a la Justicia por la comunidad internacional no sólo por las miles de víctimas en Chile, sino también para enviar un mensaje claro a los torturadores del mundo y a los escuadrones de la muerte de que no pueden cometer sus crímenes con impunidad, dice el comunicado de la organización humanitaria, que actúa como testigo en el proceso que se lleva a cabo en Londres al ex dictador en la Cámara de los Lores.A los 13 años, Carlos Patricio Fariña Oyarce fue arrestado en la villa miseria de La Pincoya por una patrulla del ejército, la policía y la policía de investigaciones. Hasta ahora permanece desaparecido por las fuerzas de seguridad, según un documento de la Comisión de Paz y Reconciliación chilena.

  • Samuel Castro fue asesinado por una patrulla militar a balazos en su espina dorsal cuando jugaba al fútbol con otros chicos en la calle frente a su casa, el 24 de setiembre de 1973. Había cumplido 13 años. Una suerte similar a la de Alicia Aguilar Carvajal, que jugaba con sus hermanas frente a su domicilio cuando una patrulla abrió fuego indiscriminadamente el 18 de setiembre de 1973. Tenía apenas 6 años.El gobierno chileno argumenta que Pinochet sólo puede ser juzgado en Chile, pero ese juicio no podrá hacerse por la inmunidad legal y constitucional que tiene. Las 3.197 personas asesinadas por las fuerzas de seguridad de Pinochet, entre ellas 80 niños, representan 3.197 razones por las que Pinochet debe ser enjuiciado, sostiene Amnistía.