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Reparación integral del daño.

Reparación integral del daño 
Valeria Moscoso Urzúa *
Hoy en día en nuestro país, el tema de la reparación en los casos de violaciones a los derechos humanos ha ganado mayor visibilidad, no sólo gracias a las sentencias proferidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre México por diversas violaciones a estos derechos, sino también a partir de las exigencias de los movimientos de víctimas y la ciudadanía en general. Entender lo que significa la reparación, sin embargo, es tremendamente complejo.
Por un lado, antes de hablar de reparación es necesario hablar del daño, es decir, ¿qué es lo que se debe reparar?, frente a esto, entonces, surge una primera afirmación: cualquier violación a los derechos humanos genera un impacto que afecta todos los ámbitos de la vida de las personas extendiéndose, además, no sólo sobre el individuo que la vive directamente sino también en su entorno y la sociedad en su conjunto.
Las violaciones a derechos humanos constituyen para las personas experiencias negativas de carácter traumático que pueden derivar en una serie de dificultades a nivel individual (padecimientos físicos, psíquicos, problemas relacionales, quiebre de las creencias básicas, ruptura de los proyectos vitales, así como en las distintas esferas en que se mueve una persona) y a nivel social (progresiva pérdida de confianza en las instituciones, la consolidación del miedo y la paralización de las respuestas sociales, ruptura de los vínculos, pérdida de la capacidad crítica, la normalización de las dinámicas violentas, etc.); a diferencia de otros crímenes, en este caso es el Estado –la institución encargada de proteger a los ciudadanos– el que no ha respondido adecuadamente, porque ha actuado en calidad de perpetrador o cómplice o por omisión, abandonando a quienes sufren la violación de sus derechos, elementos que funcionan como agravantes del daño.
Frente a lo anterior se aprecia que el impacto provocado por las violaciones a derechos humanos afecta la integralidad de las personas y grupos y que no puede reducirse a meros diagnósticos médicos o psicológicos, aislados de los aspectos políticos, económicos o sociales que los rodean, pues la magnitud real que puede alcanzar es más amplia y comprende situaciones que trascienden las nociones de patología. Estas alteraciones, a su vez, corresponden a reacciones normales frente a condiciones que son anormales, es decir, lo patológico o anormal no son necesariamente las respuestas sintomáticas sino, más bien, las situaciones de violencia y amenaza presentes en el contexto social.
De aquí, entonces, surge una segunda afirmación: frente a este impacto/daño generado por las violaciones a derechos humanos, surge para los Estados la obligación de reparar. Además de la evidente obligación moral de resarcir lo que ha sido dañado, en términos jurídicos toda violación de las obligaciones contempladas en los instrumentos internacionales crea para el Estado el deber de repararla.
Según los estándares internacionales, la reparación se ha llegado a definir desde un concepto amplio cuyos objetivos esenciales apuntan a brindar a las víctimas las herramientas para que logren dar sentido a la experiencia y construir proyectos de vida acordes con sus expectativas; ayudarlas a mejorar su situación y enfrentar las consecuencias de la violencia vivida, restableciendo y reconociendo sus derechos y su dignidad como personas y; construir un camino para restablecer la confianza de las víctimas en la sociedad y las instituciones. A su vez, en términos concretos, las distintas medidas de reparación han sido agrupadas en cinco dimensiones:
Restitución; rehabilitación; indemnización por los daños; garantías de no-repetición, medidas de satisfacción.
Ahora bien, así como el impacto de las violaciones a derechos humanos es integral, la reparación también debe ser asumida desde una perspectiva de integralidad que abarque los diferentes ámbitos en que se desarrollan las personas, que asuma en toda su complejidad los daños individuales y colectivos y cuyo efecto impacte, igualmente, tanto en lo individual como en lo social.
Las características que adopte esta reparación, a su vez, también influirán en el carácter traumático de las violaciones, aportando al alivio de su impacto o contribuyendo a su mantenimiento o profundización; en este sentido, las distintas medidas reparatorias deben seguir una determinada lógica y coherencia entre sí para que desplieguen realmente su potencial reparador y tanto su incumplimiento como el cumplimiento simulado o parcial no sólo anulan dicho potencial sino que pueden resultar, incluso, más dañinos que la violación misma, lo que arraiga su afectación individual, familiar y social.
En el caso mexicano, el actuar del Estado en este tema no sólo ha resultado ineficaz sino que se ha visto agravado por las omisiones e incluso, el accionar del mismo Estado, poniendo constantes trabas, negociando o “regateando” las medidas de reparación frente a las víctimas, cumpliendo estas disposiciones a medias o de forma mecánica, a modo de trámite y sin tomar en cuenta el sentir ni las necesidades de a quienes se debe reparar, dando muestra de una profunda falta de comprensión respecto del sentido complejo y profundo de la reparación. Estas respuestas, a su vez, son parte de los elementos que han configurado un contexto de impunidad en nuestro país, constituyendo uno de los principales factores que permiten la repetición de las violaciones.
Cuando el Estado no condena y, más aún, cuando participa de hechos como los que hoy están en discusión, lo que le transmite a la sociedad es que los aprueba o, por lo menos, los tolera, no reconociéndolos como delitos o, simplemente, dejándolos sin castigo; la impunidad vuelve difusos los límites entre lo permitido y lo prohibido, creando una cultura donde las esperanzas de justicia y equidad se pierden, la credibilidad del estado de derecho decae y se legitiman conductas que desvalorizan la libertad y la vida, recreando relaciones sociales alienadas y deshumanizantes. Igualmente, con la falta de reparación de estos crímenes, el Estado desconoce e invalida el dolor de las víctimas y sus consecuencias, desprotege a la ciudadanía y la despoja de la posibilidad de resignificar los hechos (tanto de forma individual como colectiva), de darles un sentido en el continuo vital, impidiendo su elaboración, así como su inscripción en lo social e histórico.
Con sólo estos pocos elementos queda claro que la “reparación integral” no es un tema sencillo ni lineal, sino que se alimenta de múltiples factores; resulta comprensible cómo ciertas acciones que debieran servir a un objetivo reparador pueden terminar perdiendo este potencial y convertirse en nuevas fuentes de victimización, como ocurrió recientemente en los Actos Públicos de Reconocimiento de Responsabilidad Internacional realizados por el Estado mexicano en las sentencias del Campo Algodonero y del Sr. Rosendo Radilla Pacheco, donde el proceder de las autoridades derivó en que dichos eventos se realizaran sin el acuerdo, la participación y presencia de las víctimas.
En este sentido, pierde su función reparadora el realizar acciones de reconocimiento de responsabilidad y desagravio sin la participación de las víctimas, brindar atención psicológica cuando el contexto general sigue estando marcado por constantes violaciones, entregar indemnizaciones mientras no hay investigación de los hechos ni sanción de los culpables, restituir la situación previa a la violación si no se realizan los esfuerzos institucionales por impedir su repetición y cambiar las estructuras que los hicieron posibles.
En todo esto, sin embargo, no es la sociedad la encargada de comprender el concepto y las implicaciones de la reparación, o no solamente, corresponde a una obligación del Estado –por su condición de responsable del daño y también por su condición de garante de los derechos de quienes habitan su territorio- entenderla, aplicarla y garantizarla propiciando, de esta forma, una verdadera transformación en las relaciones que el Estado establece con las víctimas y la sociedad en general y aportando a la construcción de una sociedad realmente equitativa, democrática y respetuosa de los derechos humanos de todos y todas.
* Coordinadora del Área de Atención Psicosocial de la CMDPDH
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A MI PADRE

Ana Ponce        * Ubicación: Lautaro : Novena Region : Chile
  Con orgullo digo que soy la hija de Eligen Ponce Arias este blog se lo dedico con todo mi respeto y admiracion Mis blogs      Miembros del equipo HOMENAJE A ELIGEN PONCE ARIAS
Eligen Ponce Arias nacio el 28 de Mayo de 1935 
Realizo sus estudios en la ciudad de Lautaro, en Chile 
Se caso a la edad de 22 años con Telma del Rosario Montes Hernandez con la cual tuvo 8 hijos 
Fue Jefe de obras de la Corporación Habitacional (CORHABIT) hoy en dia 
Sirvio como militante del partido comunista, fue detenido por tres toyotas y un jeep el dia 27 de septiembre de 1973 al mando del capitan en ese entonces JORGE NIBALDO DEL RIO DEL RIO quienes lo llevaron a la cuesta de Muco Alto donde ahi lo torturaron practicandole mas de 30 punzasos con los yataganes, le introducieron un coligue en el ano mas o menos como de un metro, ademas de degollarlo pegarle un culatazo en la cabeza donde le fracturaron el craneo y un balazo en la cien derecha con pistola… todo por pensar diferente y ser un idealista. 
leer más http://homenajeaeligenponcearias.blogspot.com/

Comunicado Público Colectivo Memoria PUC por declaraciones del profesor Gonzalo Rojas

Comunicado Público Colectivo Memoria PUC por declaraciones del profesor Gonzalo Rojas

Comunicado Público Colectivo Memoria PUC por declaraciones del profesor Gonzalo Rojas

El Colectivo Memoria PUC manifiesta su más profundo rechazo e indignación ante las expresiones del profesor de Derecho de la Pontificia Universidad Católica, Gonzalo Rojas en su columna de El Mercurio del 23 de noviembre, quien hace una inédita defensa del terrorismo de Estado y el brutal atropello a los Derechos Humanos realizado por la dictadura cívico-militar de Augusto Pinochet. 
Como parte de la Memoria de los 28 Estudiantes y Profesores de nuestra Comunidad Universitaria Detenidos Desaparecidos y Asesinados durante la dictadura, hemos vivido y sentido aires renovadores en la UC, sobre todo después de participar en el Acto Homenaje del 17 de noviembre recién pasado a nuestros 28 compañeros, con una Misa concelebrada por el Vice Gran Canciller de la UC y el Vicario Episcopal para la Educación. En su Homilía ellos rechazaron estas graves violaciones a los Derechos Humanos y solidarizaron con las víctimas y sus familiares. Esta ceremonia fue organizada por la FEUC 2011 y la nueva FEUC 2012 que asume hoy, 25 de Noviembre. Destacamos también la inauguración, después de la Misa, de una Placa Recordatoria por parte de los estudiantes de la UC en recuerdo de estas 28 víctimas.
Nos parece inmoral y falto de toda ética las advertencias explícitas que el señor Rojas hace al señalar que el golpe militar y la brutal represión, los crímenes, las torturas y las violaciones de los derechos fundamentales de las personas efectuados por la dictadura cívico-militar fueron la respuesta natural y lógica al reclamo de algunos sectores de una intervención golpista de las FF AA para quebrantar el orden constitucional.
Resulta inadmisible que en su carta de respuesta a la FEUC, del 24 de noviembre, el señor Rojas considere que sus expresiones, reafirmadas nuevamente, en ningún momento quebrantan la declaración de principios de la PUC, basados en la doctrina católica que él dice suscribir plenamente.
Celebramos las declaraciones del Consejo Superior de la FEUC, como también la de los académicos de la UC, a través de las cuales la Comunidad Universitaria UC está expresando su repudio.
Hoy, es más necesario que nunca que las autoridades de la Universidad Católica se pronuncien y condenen las expresiones del señor Rojas, señalando que no representan a las autoridades ni a la Comunidad de la Universidad Católica. También nos parece que es el momento apropiado para que realicen el reconocimiento tan postergado a las 28 víctimas y sus familiares, presentando las disculpas públicas por los hechos ocurridos y el compromiso permanente de la Universidad por la defensa de los Derechos de todas las personas.
Colectivo Memoria PUC
Links de interés


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